Un ejemplo que nos ha permitido constatar que la persecución de la investigación social que caracterizó las décadas centrales del siglo pasado sigue presente, bajo otras formas, en la sociedad española de 2021. A diferencia del autoritarismo represivo que caracterizó la persecución de la investigación y los investigadores sociales de la dictadura franquista, la criminalización actual es más sofisticada. Ha encontrado en la manipulación de la opinión pública, a través de las noticias falsas su espacio privilegiado de intervención. Su patrón es el siguiente. Se inicia mediante una crítica política desde los sectores políticos o sociales que se sienten amenazados por la investigación. Continúa con la judicialización de la denuncia que, con total independencia de su fundamento jurídico, da paso, al momento crucial del proceso. A saber, un juicio paralelo y una condena mediática de la investigación y sus investigadores desde los medios de comunicación afines a los sectores políticos y económicos que ven amenazados sus intereses. El juicio paralelo se basa en los materiales que han obtenido a través de la filtración delictiva del sumario. La condena mediática se sustenta en su manipulación informativa utilizando sus técnicas habituales: la desinformación, la difamación y la calumnia. Por último, los tres momentos anteriores impactan sobre el propio proceso de investigación, lo condicionan en sus diferentes etapas, y permiten abrir una duda ‘nada científica’ sobre los propios resultados empíricos y sobre la integridad institucional, profesional y personal de la universidad y los investigadores del proyecto. Se trata de una estrategia política y mediática muy efectiva que causa un grave daños a sus víctimas apenas tiene consecuencias para sus promotores. En la actualidad, las universidades públicas españolas son incapaces de enfrentar adecuadamente esta realidad.

Veamos. Según el último ranking de Shanghái, la Universitat de València se encuentra entre las 300 mejores universidades del mundo, esta excelente clasificación no ha impedido que cuando el trabajo investigador de su profesorado desvela los intereses económicos, políticos y religiosos de la escuela privada sostenida con fondos públicos, dicho trabajo se convierta en una tarea de alto riesgo que puede llegar a amenazar su propia integridad personal. Nos estamos refiriendo al proyecto de investigación Mapa escolar. El proyecto parte de un convenio suscrito en 2017 entre la Universitat de València (UV) y el Ayuntamiento de València. Tras su firma por el rector de la Universitat y la concejala de educación en nombre del alcalde, fue objeto de denuncia judicial en 2018 por parte del Partido Popular.

La causa penal iniciada por este partido contra el convenio se archivó en diciembre de 2019 pero la causa mediática aun ha continuado, con la persecución de su investigador principal, quien suscribe este texto, José Manuel Rodríguez Victoriano, convertido en blanco de difamaciones y calumnias por el diario local, Las Provincias. Un diario sostenido como la gran mayoría con fondos públicos, que a lo largo de su dilatada historia ha ejemplificado sobradamente como se puede mentir contando hechos verdaderos o sin necesidad de ellos.

En el contexto de su campaña mediática a favor de las políticas educativas del PP y de los intereses económicos y religiosos de la escuela privada concertada sostenida con dinero público, y abiertamente en contra del estudio ‘Mapa escolar’ y en particular, de su investigador principal, llegará a publicar más de cuarenta noticias, siete de ellas incluyendo fotografías de su investigador principal. Ese señalamiento, acompañado de insultos y amenazas por grupos de extrema derecha ha sido denunciado en comisaria e investigado por la fiscalía.

¿Qué es lo que resulta tan inaceptable en una investigación sobre la educación obligatoria en la ciudad de València, realizada por profesores de una universidad pública? La respuesta es sencilla: lo intolerable es la propia investigación y sus conclusiones. En la investigación, colaboraron diecisiete profesores y profesoras de las Facultades de Ciencias Sociales, Economía, Filosofía y Ciencias de la Educación, Geografía e Historia y Magisterio de la Universitat de València junto a investigadores e investigadoras de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad da Coruña y la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. La investigación ha permitido conocer la evolución y la situación actual de la realidad escolar en el municipio de València. Una realidad que había estado oculta durante los veinticinco años de gobierno municipal del PP y cuyo diagnóstico es imprescindible para el ejercicio de las funciones que el Consejo Escolar Municipal tiene atribuidas. En particular, aquellas que le exigen elaborar anualmente un informe sobre la situación del sistema educativo para promover actuaciones y disposiciones municipales relativas a la educación especial, escolarización de población marginada, actividades complementarias y extraescolares y enseñanzas no regladas, así como, actuaciones dirigidas al tratamiento de la compensación educativa, la escolarización de la población inmigrante y el control del absentismo escolar.

La investigación también tenía como objetivo la formación de estudiantes de la Universitat de València en el análisis sociológico de la realidad escolar. En este sentido, veinte estudiantes de ciencias sociales se formaron en la práctica cualitativa de la etnografía escolar con el grupo de investigación “EMIGRA-CER Migraciones” de la Universitat Autònoma de Barcelona y, bajo la tutela del equipo de investigación de la Universitat de València realizaron nueve etnografías escolares.

Por último, el convenio explicitaba que tanto la investigación y la producción de conocimiento como la transferencia social de sus diagnósticos y el debate de sus conclusiones con los diversos sectores sociales implicados, es una responsabilidad que atañe a todas las instituciones de la administración y, en particular, a las universidades públicas. Sus resultados se han presentado en diversos congresos internacionales y nacionales y se han debatido en cuatro seminarios con los diferentes sectores escolares de la ciudad.

En síntesis, la investigación ha mostrado, en primer lugar, que el distrito único no sólo no garantiza el acceso equitativo a la educación pública obligatoria en la ciudad de Valencia, sino que contribuye a incrementar la segregación escolar; en segundo lugar, ha sacado a la luz el abandono que, desde hace dos décadas, arrastran determinados centros públicos de la enseñanza obligatoria y, por último, ha revelado los graves desequilibrios en la red de centros escolares de la ciudad. Dichos desequilibrios conducen a desigualdades que aumentan la segregación escolar y propician la exclusión educativa entre los sectores sociales más desfavorecidos. La síntesis anterior llevó al equipo de investigación a proponer a la administración local y autonómica un plan contra la segregación escolar en la ciudad de Valencia. Dicho plan puede consultarse aquí.

A partir de aquí se imponen dos conclusiones. La más apremiante consiste en destacar que el personal docente e investigador de una de las 300 mejores universidades del mundo no cuenta con un protocolo de defensa que les proteja frente a las falsas noticias y las calumnias mediáticas de las que pueden ser objeto en el desarrollo de sus investigaciones. Los actuales servicios jurídicos de las universidades públicas son claramente insuficientes para atender esta realidad. La denuncia judicial que promovió el Partido Popular fue acompañada de una continua e ilegal filtración de los contenidos del sumario al diario que acosaba a los investigadores que, convenientemente manipulados, propició un juicio mediático paralelo, donde la certeza de culpabilidad, machaconamente repetida en la serie de artículos publicados, sustituyó a cualquier presunción de inocencia, que finalmente el juez decretó. Durante este juicio mediático paralelo la indefensión de los investigadores fue completa.

La Universitat de Valéncia, que cuenta con grandes recursos comunicativos, propagandísticos e informativos, ha sido incapaz, por una parte, de defender ante la opinión pública y ante su propia comunidad universitaria la importancia de los convenios de investigación para la democratización del conocimiento. Por otra parte, tampoco ha sido capaz de dar una respuesta pública adecuada a la persecución mediático-legal que sufren sus investigadores. En definitiva, el proyecto de investigación Mapa Escolar de Valencia debería servirnos para aprender que las universidades públicas deben dotarse de un protocolo de actuación que articule los recursos científicos, jurídicos y mediáticos necesarios para proteger a su personal docente e investigador.

La segunda conclusión tiene un carácter más general, apela desde nuestra condición ciudadana, a la exigencia de veracidad de los medios de comunicación subvencionados con dinero público. Las ciencias sociales llevan décadas señalando que el derecho a la información veraz es una condición indispensable para la salud de las sociedades democráticas. En consecuencia, la posibilidad de continuar construyendo futuros democráticos en nuestras sociedades depende de la regulación de los propios medios y la alfabetización mediática de la ciudadanía. Como ha escrito Roger Silverstone, la moral de los medios puede conducirnos, o bien a una nueva ‘polis’, cuya calidad democrática propicie un ámbito de hospitalidad, responsabilidad, obligaciones y juicios que nos permitan profundizar nuestra vida democrática, o, por el contrario, puede precipitarnos, en nombre de la libertad, a un nuevo espacio de totalitarismo mediático, donde la trivialización informativa, la criminalización de las investigaciones críticas y la expulsión de las diferencias incrementen la barbarie de la ignorancia y la crueldad de nuestros vínculos sociales. La sociedad valenciana no puede estar al margen de esta realidad. Es imprescindible que haga suya la reivindicación de la veracidad informativa. Nos va en ello la democratización de la democracia. Sin la investigación y el conocimiento científico que proporcionan las universidades públicas no es posible el progreso y la equidad social. Cuando el ‘terraplanismo’ y las falsas noticias amenazan la investigación y a los investigadores, lo que de verdad se está poniendo en cuestión son los propios fundamentos de la democracia.

*Xavier Bonal Xarró. Catedrático de Sociología de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Francisco Javier Murillo Director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Profesor Titular de Métodos de Investigación y Evaluación Educativa en la Universidad Autonoma de Madrid

Jurjo Torrés Santomé. Catedrático de Pedagogía de la Universidad da Coruña

Enrique Martín Criado. Catedrático de Sociología de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla

Jordi Pàmies Rovira. Director del grupo de investigación EMIGRA-CER Migraciones“de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Jaume Martínez-Bonafé Profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universitat de València

Borja de Madaria Escudero. Profesor asociado del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

Sandra García de Fez. Profesora del Departamento de educación Comparada e Historia de la Educación de la Universitat de València

Arantxa Grau Muñoz. Profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

Vicent Horcas López. Profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universitat de València

Joan Carles Bernad i Garcia. Profesor del Departamento de Psicología Social de la Universitat de València

Daniel Gabaldón Estevan. Profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

Laura Martínez Junquero. Profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

David Muñoz Rodríguez. Profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

Luis Vila LLadosa. Catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València

Victor Climent. Profesor. Departamento de Sociología. Universidad de Alacant

Ana María Valero. Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla- La Mancha.

Pep Pérez i Soriano. Profesor del del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

Maria Poveda Rosa. Profesora jubilada del del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

Rafa Xambó Olmos Profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

Pura Duart Soler. Profesora jubilada del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

Juan Antonio Santos Ortega. Profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

José Ramón Bertomeu Sánchez. Profesor de historia de la ciencia de la Universitat de València

Aina Faus Bertomeu. Profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

Andreu Tobarra Sanchez. Profesor Jubilado del del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

Artur Aparici Castillo Profesor Jubillado de la Universitat Jaume Ide la Universitat de Castelló

Gil Manuel Hernández i Martí Profesor en excendencia del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

José Anastasio Urra Urbieta. Profesor del Departamento de Dirección de Empresas de la Universitat de València

Marina Requena Mora. Profesora de Sociología de la Universitat Jaume I de Castelló

Xavier Ginés Sánchez. Profesor de Sociología de la Universitat Jaume I de Castelló

Xavier Mas i Sempere. Profesor del Departamento de Sociología I de la Universitat d’Alacant