Es evidente que las situaciones de desgracia o calamidad pública como las grandes epidemias, terremotos, inundaciones y otras similares proporcionan ocasiones muy favorables para que, a costa de los demás ciudadanos, de la sociedad, algunos se enriquezcan sin importarles el sufrimiento ajeno, y aprovechando la mayor debilidad de las barreras normalmente existentes para proteger bienes e intereses públicos y privados.

La, todavía, presente epidemia originada por el COVID ha proporcionado un magnífico ejemplo de lo que se dice: la tremenda escasez de determinados suministros sanitarios y la extrema dependencia de suministradores chinos, así como la imperiosa necesidad de proteger a los ciudadanos que “estaban cayendo como moscas”, llevó a las administraciones públicas a prescindir de las cautelas ordinarias en materia de contratación pública y a salir al mercado a comprar todo lo que hubiera, a precios disparatados y, en ocasiones, con escasas garantías de calidad: y no se podía ni debía hacer otra cosa, a la vista de sanitarios “protegidos” por bolsas de basura, residencias de ancianos que parecían depósitos de cadáveres y ciudadanos clamando ayuda a sus administraciones.

Fue una situación que, en medio de la tragedia que representaba, fue utilizada por canallas de toda índole para enriquecerse, poniendo precios escandalosos a sus gestiones, y también obteniendo comisiones pagaderas de fondos públicos, estafando, falsificando, malversando y corrompiendo.

Se trató de un escenario en el que, seguramente, hubiera sido útil y oportuno el dictado de una, llamada, “ley penal temporal”. Así, mediante un contundente incremento de penas a delitos ya existentes, tratar de lograr, en esas extraordinarias circunstancias y mientras éstas duraran, disuadir más fuertemente a quienes se planteaban aprovecharse ilícitamente de una situación especialmente penosa, o sancionar más severamente determinados delitos; y es que no debe castigarse con penas ordinarias a quienes cometen delitos aprovechándose de condiciones extraordinarias.

Hoy otra enorme desgracia asola Europa: la guerra en Ucrania que está trayendo consigo la mayor oleada de refugiados, en menor tiempo, que hemos padecido en la reciente historia de nuestro continente. Se trata de una ocasión que los tratantes de personas no están dispuestos a dejar pasar sin aprovecharse de ella: millones de personas desvalidas, potenciales víctimas de organizaciones criminales, candidatos seguros a la esclavitud y al sufrimiento. ¿Qué hacer en esta ocasión para que no suceda lo mismo que en otros desgraciados casos? 

Desde luego que la trata de personas no se combate exclusivamente, sino también, mediante medidas penales. Más aún: utilizar solo el Derecho Penal para combatir contra ella, equivale a algo parecido a intentar detener el desbordamiento de un río solo con las manos. Eso lo hemos visto con enorme claridad en el ámbito del tráfico rodado, las más de cinco mil muertes que se producían en accidentes a principios de este siglo se han visto reducidas a menos de dos mil gracias a la combinación de toda una serie de medidas: inmensa mejora de las infraestructuras, adopción de medidas tecnológicas de vigilancia y control, mejora en la gestión de las sanciones, cambios en la normativa administrativa…y finalmente sanciones penales. Lo mismo sucede en otros campos: la propiedad intelectual, industrial, inmobiliaria, etc., se protege, principalmente, con las marcas, modelos de utilidad, registros públicos, intervención de instancias distintas de lo penal, etc., y sólo al final las figuras delictivas.

Muchas deficiencias existen en nuestra legislación en materia de protección a los refugiados y, en general, a personas nacionales de otros países que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero en relación con las cuales España tiene obligaciones sancionadas nacional e internacionalmente: obligaciones irrenunciables si queremos preservar nuestra dignidad como seres humanos, como ciudadanos.

Pues bien, con ocasión de la guerra de Ucrania tanto la Unión Europea como España han dictado toda una serie de disposiciones que vienen a mejorar, por más que todavía sean insuficientes, la situación de los refugiados; y a dificultar los movimientos de los tratantes de personas. Pero, como digo, se trata de una legislación que todavía tiene que ser fortalecida, y en ese sentido el Ministerio de Justicia anuncia una ley integral de trata que fortalecerá, sin duda, la persecución de esa lacra.

Pero nada de lo anterior excluye, antes al contrario, el dictado de una ley penal temporal en materia de trata que eleve convenientemente las penas dispuestas actualmente para ese delito, y mientras dure la presente crisis ucraniana. En efecto, la represión de esas conductas ha de abarcar medidas tuitivas [de protección] y sancionadoras, de naturaleza administrativa, civil, registral, etc., y al final de la pirámide una contundente respuesta penal más necesaria que nunca ante una situación extraordinaria como es la actual.

¡Sospechen de quienes quieren impedir el dictado de medidas administrativas, civiles, laborales… en defensa de los refugiados, pero sospechen también de quienes se oponen -bajo cualquier pretexto incluso de lo más pío- a que se incremente la represión penal para los nuevos esclavistas! España fue uno de los últimos países del mundo en desterrar de su legislación el viejo comercio de esclavos. Que hoy no nos tengamos que avergonzar de nuevo por ser demasiado benignos en el tratamiento penal de la nueva esclavitud en estas circunstancias tan extraordinarias.

Tengo un alumno gitano, completamente gitano. No es extraño: la Universidad Carlos III atrae a buena parte de los mejores estudiantes de España y de fuera de nuestro país, y entre ellos, naturalmente, a universitarios de diferentes etnias, colores, aspecto, países, lenguas…, y muchos de ellos brillantes. En fin, atraer el talento es una de las características de mi Universidad.

Pero no todo el mundo opina que la diversidad constituya una ventaja. Por ejemplo, a veces, agentes de la Policía asaltan a mi alumno gitano (estudiante de no pocas matrículas, ninguna de las cuales ha sido robada de estantería alguna) y le piden todo tipo de credenciales, sin motivo, sin razón alguna... Aunque, ciertamente, he de decir que mi alumno gitano… Es que es muy gitano… Demasiado aceitunado, demasiado moreno, incluso le he visto “algún oro”... Más, como soy consciente de sus “peculiaridades”, y tengo buena relación con él, le he tratado de convencer para que no haga algunas cosas y sí otras, y de esa forma conseguir que los policías no se fijen en él.

Verbigracia, le he dicho que cuando vaya circulando por la calle en su viejo coche (que le es necesario, pues de otra forma no llegaría ningún día a clase antes del mediodía) que no vaya escuchando música de Las Grecas o de Camarón, o que lo haga muy bajito para que no “salga” del vehículo, pues ese tipo de música actúa sobre algunos policías…como la del “flautista de Hamelin” con los roedores: les atrae. Como alternativa le sugiero que ponga música “moñas”. Además, como es muy moreno, mucho, demasiado para un pueblo como el nuestro, le he sugerido que atenúe ese color de pelo y que lo dome (demasiado encrespado), incluso me parecería buena idea que se depilara de buena parte de él, en las “entradas”, así parecería más “peninsular”. Obviamente también le he encarecido para que abandone completamente, y para siempre, los oros, o que sólo los utilice en clase, entre sus compañeros, a quienes les parece bien todo lo que hace y lo que no, como a él lo que hacen ellos: no es extraño ese ambiente, son todos gente tolerante. Pero, sobre todo: le he dicho que se maquille un poco para aclararse la piel de la cara, no tanto como para parecer un payaso, quizá sólo un ayudante de payaso, un aprendiz de Pierrot.

Pero no me hace caso, es muy terco, y así le ocurre: va a un centro comercial, y nada más bajar del coche en el que iba con dos primos más gitanos que él y escuchando a los Chunguitos (¿Qué necesidad tiene de ir con otros gitanos muy gitanos?), rápidamente guardas y vigilantes se les echan encima y les piden hasta el certificado de bautismo. Lógico. Va llamando la atención, provocando, y por ello tiene incidentes casi diarios con agentes que sólo quieren, imparcialmente, conservar y prevenir, sobre todo prevenir, el orden.

Se trata de manías de este estudiante (y una cosa: ¿Qué necesidad tendrá de estudiar Derecho un gitano? ¿no es contradictorio?) que no le llevarán lejos. Por ello, el otro día le ocurrió lo que les cuento: al salir de su barrio con el coche, ventanillas bajadas y música alta, unos agentes le pararon, le ordenaron salir del coche, abrir todas las puertas y el maletero, hicieron un registro minucioso, y al requerirle por su residencia y antes de que mi estudiante pudiera dar domicilio alguno, le preguntaron: ¿piso o chabola?

Ese día llegó tarde a clase, y cuando acudió a mi despacho para disculpar su ausencia estaba abatido, le pregunté, me contó, le dije: ¡son unos indecentes! Pero me contestó que no me preocupara, que estaba acostumbrado…

 1. El Tribunal Supremo condenó al Diputado canario a una pena que, sencillamente, no existe en nuestro Ordenamiento: la de un mes y medio de prisión; y no existe porque el catálogo general de penas (artículo 33, Código Penal) establece que el mínimo de la pena de prisión es de tres meses. Ciertamente que el artículo 71.1 y 2 preceptúa que cuando (por la concurrencia de atenuantes, entre otras causas) haya que “bajar” de tres meses se podrá hacer… pero que en esos supuestos la pena de prisión quedará automáticamente sustituida por una de las siguientes: multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente. Esto quiere decir: a) que no existe en nuestro Código Penal una pena de prisión por debajo de tres meses, y b) que para los casos en los que haya que bajar de tres meses, la pena “prevista por la ley” para el delito de que se trate será alguna de las tres mencionadas. O dicho de otra manera (lo que tiene un profundo significado para cualquier jurista): el principio de legalidad referido a las penas ha determinado en los supuestos invocados que la pena “prevista por la Ley” no es de prisión sino, alternativamente, pecuniaria, de localización o de trabajos comunitarios.

Primera conclusión: la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha conculcado en su resolución el Principio de Legalidad penal (artículo 9.3, de la Constitución), y es altísimamente probable que el TEDH “eche abajo la resolución” (de nuestro Tribunal Constitucional… ¿para qué hablar?, la verdad es que tampoco nos importa lo que, total…)

2. El Código Penal prevé, artículos 54 y siguientes, que siempre que se imponga una pena de prisión ésta llevará como accesoria alguna de las que se recogen, en este caso, en el artículo 56. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo? Pues anudar a la inconstitucional pena impuesta de prisión de un mes y medio, la accesoria de “Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”. Mas, como no es posible -resulta contrario a la Constitución- imponer una pena de prisión inferior a los tres meses, resulta que cualquier accesoria a la misma es, consecuentemente, ilegal.

Segunda conclusión: la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha conculcado en su resolución el Principio de Legalidad penal (artículo 9.3, de la Constitución), y es altísimamente probable que el TEDH “eche abajo la resolución” (de nuestro Tribunal Constitucional…).

3. Pero aun aceptando el imposible razonamiento del Tribunal Supremo (el de que, contra lo que señalan los artículos 33 y 71, CP, existen en nuestro Ordenamiento penas de prisión inferiores a los tres meses), resultaría que habiendo sido sustituida la ilegal pena de un mes y medio de prisión por la de multa… no hay pena accesoria que aplicar…porque la de prisión ha sido sustituida. No es que se le haya impuesto una pena de prisión y paralelamente una de inhabilitación, sino que se ha impuesto (por sustitución) una pena de multa… y las penas pecuniarias no llevan accesorias. Ciertamente alguien podría decir, es que el Tribunal Supremo ha corregido a Einstein y lo que dice el Alto Tribunal es: nada más imponer la pena de prisión “nace” en el Universo la accesoria, y sólo un zeptosegundo más tarde se origina la sustitución… cuando ya existía la accesoria de inhabilitación, y ésta no se sustituye, por tanto…, pero tal teoría no la aceptaría ni el propio Einstein. Pues si la imposición de la pena de prisión origina su inmediata sustitución, en el mismo instante de su creación, no es posible que nazca la accesoria.

Tercera conclusión: la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha conculcado en su resolución el Principio de Legalidad penal (artículo 9.3, de la Constitución), y es altísimamente probable que el TEDH “eche abajo la resolución” (de nuestro Tribunal Constitucional…).

4. En cuanto se conoce la sentencia, los buitres se echan encima del “de las rastas” (estoy convencido de que su odio al diputado canario proviene de su intolerancia, de su falta de respeto ante el legítimo derecho que éste tiene de peinarse y vestir como quiera; eso no lo soportan los de la caspa), y claman por su destitución: otra demostración de que a los reaccionarios poco les importa la institución o los electores que están detrás “del canario”. En ese momento, la presidenta del Congreso Meritxell Batet reúne la Mesa del Congreso y pide aclaración al presidente Marchena… y éste, que es un “viejo zorro”, torea a la presidenta del Congreso “por lo natural”: le devuelve una carta regañándola… y no manifestando nada que la saque de sus cuitas; en resumen: únicamente dice que las sentencias hay que cumplirlas, pero nada cuenta de cuál sea el contenido de la “pena accesoria” a la que ha sido condenado el canario.

Batet, en ese momento, tiembla, suda frío y decide olvidarse de la dignidad del Congreso y de la suya propia (al contrario de lo que hizo el otrora presidente del Parlamento Vasco, José María Atutxa, que “resistió” en un caso similar); y reclama del Secretario General del Congreso un novedoso informe jurídico que apoye lo que reclama su tranquilidad de espíritu, aunque no las obligaciones del cargo. El Secretario General emite un nuevo informe (y digo que emite un “nuevo informe” porque en el que habían redactado dos días antes los servicios jurídicos del Congreso, él, junto con el resto de los letrados, se manifestó en un sentido distinto al que ahora incorpora a su dictamen) a gusto, para evitar su disgusto, de Batet, y ésta, sin solución de continuidad y sin que existiera una resolución formal del Congreso (y en lugar de “pasarle el mochuelo”, lo que hubiese sido lo inteligente, a la Junta Electoral Central), le comunica a Alberto Rodríguez que mire la Sentencia del Supremo y obre en consecuencia.

Cuarta conclusión: Marchena tiene muchas tablas, Batet no es capaz de sostener la dignidad de la institución y carece de toda capacidad estratégica, el secretario del Congreso es hombre dúctil y muy útil para quien manda: hay que mantenerle, y las “rastas no son buenas”.

5. La pena de inhabilitación para el derecho de sufragio no actúa de presente sino de futuro. Es decir, no impide la continuación en el ejercicio del cargo público sino la posibilidad de presentarse, en el futuro, a unas elecciones. El Tribunal Supremo podía haber optado por imponer a Alberto Rodríguez la pena de suspensión o inhabilitación de empleo o cargo público (artículo 56.1, CP), pero no lo hizo. No quiso.

Quinta conclusión: se ha conculcado el Principio de Legalidad penal en lo que se refiere al contenido de la pena impuesta al Diputado, y es altísimamente probable que el TEDH “eche abajo la resolución” (de nuestro Tribunal Constitucional…).

6. A partir de lo anterior todo se precipita: Unidas Podemos no responde -en un principio- como esperaba el canario (y algún actor de la coalición, por lo menos Alberto Garzón, se quita con mucho descaro de en medio), Alberto Rodríguez se enfurruña, la Junta Electoral se reúne y ante la propuesta de sustitución formulada por la Presidenta del Congreso nombra al nuevo.

Sexta conclusión: esto es un disparate, y seguramente los únicos que se han mantenido en su sitio son los miembros de la Junta Electoral Central.

7. A todo esto hay que decir: si se hubiese juzgado (y condenado) en su momento al canario (los hechos son de 2014, y nada complejos de instruir) y la pena hubiera estado cumplida antes de las elecciones que ganó Alberto Rodríguez, nada de esto hubiera pasado: sólo el inmenso desastre que es la Administración de Justicia en España, ruina acentuada durante la presidencia de Carlos Lesmes por la sectaria dirección de éste, el “aferramiento” al cargo de los vocales del CGPJ y la negativa de Pablo Casado a renovar el CGPJ (un auténtico “golpe de estado” permanente), es capaz de explicar que un caso de bagatela haya tardado siete años, ¡siete años!, en ser resuelto.

A lo anterior se une el “pequeño dato” de que algunos (y fundamentalmente Batet y los buitres de la reacción) no han entendido que ante una pena leve no es aceptable suspender la voz de más de 60.000 electores (como ya avisó el Tribunal Constitucional, cuando éste era un Tribunal Constitucional “como dios manda”, es decir: hace casi 30 años).

Séptima conclusión: con esta Administración de Justicia que tenemos (y semejantes “administradores de la Justicia” en el CGPJ) no hay nada que hacer: más valiera privatizarla y conceder su gestión a cualquiera de los implicados en los papeles de Bárcenas. Nos iría mejor, “corrupción mediante”.

En octubre de 2017, los dirigentes de algunos partidos políticos catalanistas se alzaron contra el modelo territorial de la Constitución, abriendo la crisis política más grave habida en España desde el golpe de estado de 1981. Intentó la Fiscalía que la conducta de los independentistas fuera calificada como delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal, en lo que fracasó la acusación pública, pues no se había empleado la violencia que se exige en el texto penal para la realización de ese injusto penal.

Hoy el ordenamiento constitucional está sufriendo otra agresión centrada ya no en el modelo territorial sino en el de justicia. En ambos casos, con catalán y el impulsado por la dirigencia del PP, se pretende, se pretendía, suspender (si no derogar) parcialmente la Constitución, lo que constituye una de las finalidades, precisamente, del delito de rebelión.

En el caso del PP tampoco podríamos calificar la conducta de sus dirigentes, al menos de momento, como delito de rebelión, y ello por el mismo motivo que en el caso de los independentistas catalanes; pero no cabe duda de que están desarrollando un comportamiento que ha provocado ya de hecho (yendo más allá de las exigencias del tipo penal) una suspensión parcial del texto constitucional (todo lo relativo a la renovación de los integrantes de ciertas instituciones).

En efecto, mediante su negativa material a aceptar el resultado de las últimas elecciones legislativas, y activamente, han bloqueado la renovación de órganos constitucionales y en algún caso su funcionamiento mismo (CGPJ). Y lo que es más grave: les han privado de legitimidad a los ojos de los ciudadanos que, justamente, cuestionan las decisiones de órganos porque están integrados (al menos en parte) por personas cuyo mandato ha concluido sobradamente.

No nos encontramos, tal y como exige el artículo 474 del CP, ante un mero alzamiento con la intención de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la constitución”; sino que se ha ido más allá de lo que se exige en el Código Penal para entender consumado el delito: se ha suspendido de hecho parcialmente la Constitución, se ha conseguido la pretensión. Y si no estoy hablando en estas líneas de la comisión de un delito de rebelión es por la ausencia del elemento “violencia” … y la discusión sobre la concurrencia o no del “alzamiento” (sólo discusión). Pero lo que no se puede plantear en este caso, como sin embargo sí se hizo en el juicio del procés, es si el comportamiento de los acusados tenía aptitud para conseguir las finalidades recogidas en el tipo penal (el éxito de la independencia). Sobre ese aspecto no hay discusión en el caso del PP, porque el objetivo se ha logrado: están de hecho suspensos los preceptos constitucionales que prevén la renovación de los órganos en cuestión.

Cuando con ocasión del procés se discutió sobre la idoneidad del delito de rebelión para castigar determinados comportamientos que ponen gravemente en peligro la continuidad del Estado, se hizo notar que la tipicidad de ese delito debía ser reformada, que no estamos ya en los tiempos en los cuales los “golpes de estado” se consiguen exclusivamente con las bayonetas y la efusión de sangre (aunque ese peligro, para antes o para después, siempre persiste), que era necesario incorporar una figura delictiva en la rebelión que previera, de forma similar a la que existe en otros ordenamientos, comportamientos como los protagonizados por Oriol Junqueras y sus amigos, o como los que están llevando a cabo Pablo Casado y sus compañeros. Todo ello con el apoyo, en este último caso e intencionado o no (poco importa), de las personas que habiendo vencido su mandato todavía no han dimitido; lo que deberían hacer de inmediato, si no es por dignidad que al menos lo sea para no colaborar en un ataque brutal, en lo que es materialmente una rebelión, contra la estructura misma de la Constitución y del Estado.

Así las cosas, ¿cómo podemos considerar legítimo que los dirigentes catalanistas hayan cumplido prisión y pendan sobre ellos, todavía, determinadas prohibiciones de derechos, cuando otros dirigentes políticos han logrado el objetivo de suspender parcialmente la Constitución y siguen paseando por las calles? Más aún, cuando de forma chulesca se atreven en el PP a plantear un chantaje al Estado en los términos de: o se reforman las leyes en el sentido que yo (el perdedor en las elecciones) quiero, o continuaré rebelándome contra la Constitución (¿no les suena haber oído esto mismo durante el fracasado proceso independentista catalán? ¿no les parece en todo similar?, exceptuando, desde luego, la malversación de caudales, hecho este que dirigentes del PP han preferido siempre cometerlo por separado, como prueban las resoluciones judiciales).

Desde luego el Estado no puede, no debe, aceptar ese chantaje. En ningún caso. El Estado que acepta un chantaje en los términos planteados por el Sr. Casado se niega a sí mismo, y demuestra una debilidad inasumible. Además de que supone aceptar el atropello de la Constitución, y convertirse en cómplice de un atentado a la norma básica.

¿Qué diría cualquier persona decente (la opinión de las indecentes no me interesa) si a continuación de unas elecciones alguien se negara a abandonar su puesto de alcalde, de diputado en una Asamblea autonómica o en el Gobierno de la Nación? ¿No diríamos que estaría violentando la Constitución? ¿Qué se estaría rebelando contra el orden constitucional? En esa situación, justamente en esa, nos encontramos en estos momentos, y lo más lamentable es que toda una serie de personas (consciente y dolosamente o no) están colaborando en esa rebelión al aferrarse a cargos que ya no les corresponden, y para cuyo ejercicio carecen de legitimidad.

Llamemos ya a las cosas por su nombre: se trata de un golpe de Estado. Un golpe de Estado llevado a cabo por uno de los líderes menos capaces que ha tenido el PP en los últimos cuarenta años: Casado. En verdad se trata de algo que viene cociéndose desde hace tiempo (una práctica política de ese partido, una costumbre de los conservadores españoles) pero que en los dos últimos años ha eclosionado con toda su fuerza: consiste en bloquear las instituciones democráticas en tanto que el PP no detente todo el poder del Estado. O dicho de otra forma: excepcionar de las reglas democráticas, al contrario de como está previsto en la Constitución, el control de órganos constitucionales clave para la actividad estatal: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo. Nada menos.

Todo se ha intentado por el Gobierno para superar la situación. Todo, de la mano de los modos y maneras democráticas. Incluso se ha planteado cambiar la forma de designación de los miembros de alguno de los órganos citados para vencer el impasse, pero a la UE no le ha parecido “adecuado” y ha preferido, al menos de momento, que las cosas continúen igual. De esta forma, órganos constitucionales clave están bloqueados y paralizado el Estado en alguna de sus funciones esenciales, o peor (que es la realidad): pervertidas esas instituciones constitucionales de forma que han perdido su ya de por sí complicada legitimidad democrática y, desde luego, ya no expresan con sus decisiones y dictámenes la voluntad del pueblo. Es decir: cada vez más el CGPJ, el Tribunal Constitucional, etc., expresan los deseos de unos usurpadores y no de los ciudadanos.

¿Qué hacer? (descartada la detención de Casado, porque no sería constitucional; el llevar a prisión a Carlos Lesmes, porque no estaría de acuerdo con el Ordenamiento, etc...). Solo se me alcanza una posibilidad: este golpe de Estado está teniendo, objetivamente, unos indiscutibles colaboradores, precisamente los miembros de esos órganos constitucionales que ya tienen vencido su mandato y que continúan ejerciendo el cargo. Su presencia concede alguna apariencia de legitimidad a lo que está ocurriendo, y, sobre todo, impide que se visibilice una descarnada realidad: que el Partido Popular está violando la democracia.

Pues bien, únicamente la dimisión de todos los miembros de esos órganos permitirá poner al descubierto la trama golpista y ponerle freno, de forma que las instituciones de la UE bendigan lo que no es más que una legítima reacción de la mayoría de los ciudadanos contra los que están dinamitando la democracia española. Y no sirve ya la excusa, que algunos han formulado para no dimitir, de que si se van los demócratas de esos órganos solo quedarán los reaccionarios y todo sería peor. No. Lo peor es continuar dando una apariencia de normalidad democrática cuando no la hay. ¡Vacíense de demócratas esas instituciones! ¡Explíquese a los ciudadanos españoles, y a la UE (una vez que hayan dimitido los demócratas), que el Defensor del Pueblo se encuentra sin titular, que el CGPJ cuenta con solo la mitad de sus miembros, que quien se encarga del control del gasto está privado de parte de sus consejeros, y que el Tribunal Constitucional carece de suficientes magistrados porque alguien está traicionando la democracia española! Quizá en ese momento la UE se animará a ayudarnos a apagar el incendio del Reichstag y la democracia dejará de estar secuestrada por los perdedores en las últimas elecciones.

Primo Levi (Si esto es un hombre, trad. Pilar Gómez Bedate, 6ª ed., Barcelona, 2003), que, como es conocido, trabajó de esclavo en una planta industrial del complejo de Auschwitz, decía lo siguiente contestando a la pregunta de ¿por qué no hubo rebeliones en masa de los prisioneros, de los condenados a muerte en los campos de concentración?: “En primer lugar cabe recordar que en algunos Lager hubo efectivamente insurrecciones: en Treblinka, en Sobibor y también en Birkenau… No tuvieron gran peso numérico: como la parecida insurrección del ghetto de Varsovia, fueron más bien ejemplos de extraordinaria fuerza moral. En todos los casos fueron planeadas y dirigidas por prisioneros de alguna manera privilegiados, por lo tanto en condiciones físicas y espirituales mejores que las de los prisioneros comunes. Esto no debe sorprender, sólo a primera vista puede parecer paradójico que se subleve quien menos sufre. También fuera de los Lager, las luchas raramente son lideradas por el subproletariado. Los ‘harapientos’ no se rebelan…

Podríamos preguntarnos por qué no se rebelaban los prisioneros no bien bajaban del tren, que esperaban horas (¡a veces días!) antes de entrar a las cámaras de gas…En la mayor parte de los casos, los recién llegados no sabían qué se les tenía preparado: se los recibía con fría eficiencia pero sin brutalidad, se los invitaba a desnudarse ‘para la ducha’, a veces se les entregaba una toalla y jabón, y se les prometía un café para después del baño. Cuando por el contrario un prisionero daba la menor muestra de saber o sospechar su destino inminente, las SS y sus colaboradores actuaban por sorpresa, intervenían con extremada brutalidad, gritando, amenazando, pateando, disparando y azuzando –contra esa gente perpleja y desesperada, marinada por cinco o diez días de viajes en vagones sellados– a sus perros adiestrados para despedazar hombres. Nadie se rebelaba. Baste recordar que las cámaras de gas de Auschwitz fueron puestas a prueba con un grupo de trescientos prisioneros de guerra rusos, jóvenes, con entrenamiento militar, preparados políticamente y sin el freno que representan mujeres y niños; tampoco ellos se rebelaron“.

La clave, sin embargo, está en que, como dice Levi, “los ‘harapientos’ no se rebelan”, la cualidad de “harapiento” –o la de “musulmán”, en el concepto empleado en el Lager– no es la misma que la de “persona”, ni siquiera que la de “persona humillada”, rebajada, destruida… La pregunta, pues, no es la de por qué las personas que se encontraban en los campos no se rebelaron, ese interrogante está mal planteado, sencillamente porque allí, después de un tiempo, no había personas, habían acabado con ellas: “Destruir al hombre es difícil, casi tanto como crearlo: no ha sido fácil, no ha sido breve, pero lo habéis conseguido, alemanes. Henos aquí dóciles bajo vuestras miradas: de nuestra parte nada tenéis que temer: ni actos de rebeldía, ni palabras de desafío, ni siquiera una mirada que juzgue” (Levi). La indiferencia. A estos “perros apaleados” nada es capaz ya de hacerles levantar desafiante la cabeza. Ya sólo quedan los bueyes. Ni siquiera el mayor signo de rebelión, el del orgullo ante la muerte cierta e inminente.

Por ello cuando el último ejecutado por la horca en Auschwitz –por haber, junto con el comando de las incineraciones, hecho “volar” uno de los hornos– dijo instantes antes de que se abriera la trampilla del patíbulo: “Kamaraden, ich bin der Letze” (Camaradas, yo soy el último), no ocurrió nada: “Hemos continuado en pie, encorvados y grises, con la cabeza inclinada, y no nos hemos descubierto la cabeza más que cuando el alemán nos lo ha ordenado. El escotillón se ha abierto, el cuerpo se ha deslizado atrozmente; la banda ha vuelto a tocar, y nosotros, de nuevo formados en columna, hemos desfilado ante los últimos temblores del moribundo. Al pie de la horca, los SS nos veían pasar con miradas indiferentes: su obra estaba realizada y bien realizada. Los rusos pueden venir ya: ya no quedan hombres entre nosotros, el último pende ahora sobre nuestras cabezas, y para los demás, pocos cabestros han bastado. Pueden venir los rusos: no nos encontrarán más que a los domados, a nosotros los acabados, dignos ahora de la muerte inerme que nos espera” (Levi).

En Auschwitz primero mataban el alma, el fin del cuerpo no tenía trascendencia, simplemente sucedía. Por ello, después de la liberación de los campos muchos “muertos” deambularon por Europa. Por esto, cuando ellos mismos acababan con su cuerpo (“verrà la morte e avra i tuoi occhi” –vendrá la muerte y tendrá tus ojos–, Pavese), lo que resultó frecuente (al fin, el mismo Levi), ese acto no debía ser catalogado como suicidio. Por la misma razón este último número, el de los “falsos suicidios”, debe moralmente acrecer el de los que “salieron por las chimeneas”. En Srebrenica, en cambio, acabaron en un solo acto con alma y cuerpo. Así, nunca se podrán equiparar los genocidios de Sabra y Chatilla (falangistas libaneses y ejército judío), o de Srebrenica (serbios de Mladic y NNUU), con Auschwitz. Esta es la razón, también, de que después de Auschwitz resulte obsceno hablar de dios o de la providencia, porque en el caso de que, en contra de lo anunciado por Nietzsche, la razón no le hubiera matado ya (“Pero cuando Zaratustra se quedó a solas se dijo ‘¿Será posible? ¡Este santo varón aislado en su bosque no se ha enterado todavía de que Dios ha muerto!”), obviamente se, este sí, suicidó al no intervenir en Auschwitz: así pudo morir dios, por tercera vez, hace ochenta años.

Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo…, instituciones que sirven a funciones básicas del Estado están sin renovar. ¿Por qué? Sencillo y a la vista de todos está: el Partido Popular no acepta las normas democráticas, atenta contra la Constitución y no tiene empacho en demostrar que sólo acepta las “reglas del juego” cuando está en disposición de imponer, como integrantes de las instituciones, a “sus” militantes (confesada o no esta militancia) en proporción mayoritaria. Es decir: en realidad no acepta las dichas “reglas del juego”. ¿Por qué?

La respuesta se encuentra a la vista de todos: porque no les conciernen, en absoluto, los intereses generales, sino solo cuando estos coinciden con los de su propio partido (y con sus patrocinadores y beneficiarios); el fiel de la balanza lo constituyen sus propias utilidades. En ese momento, cuando se produce la citada coincidencia, la exaltación nacional se apodera de los militantes “del primer partido de la oposición”. Sin embargo, es evidente que la patria, la empresa, España y los españoles, los ciudadanos de aquí y de allá… son solo excusas; y cuando cualquier integrante de éstas se aparta de la “línea oficial” del Partido, el cancerbero avisa: “queda apuntado” (Aznar). Se lo harán pagar. 

Hay, pues, dos constituciones para el Partido Popular: la oficial y la “suya”. Esta última es la única vinculante y se va componiendo y renovando constantemente a medida que se concretan los intereses del Partido. No importa la contradicción con la Constitución oficial (la que todos conocemos como “la Constitución”, la de 1978), y tampoco, si es necesario, la comisión de lo que para el Código Penal común son hechos delictivos… si son “asimilables” (es decir, no delictivos) para la particular moral del partido. Es decir: prevaricación, financiación ilegal, malversación, blanqueo…, lo que podríamos denominar, agrupadamente, “corrupción”. No, esto no importa; en realidad lo único relevante es satisfacer los objetivos partidistas, y si para ello hay que atacar la Constitución en sus mismos fundamentos… se hace.

Es verdad que los “independentistas” cometieron (en términos de Teoría del Estado) traición, pues sirviéndose (la mayoría de ellos) de su papel como representantes del Estado, se dirigieron contra este; y robaron, y mintieron y llevaron a los ciudadanos catalanes al borde de un enfrentamiento entre ellos. Pero esa traición no es mayor que la que los dirigentes del PP cometen permanentemente. ¿O acaso ellos no alentaron el anticatalanismo con sus recogidas de firmas en la primera década de este siglo XXI? ¿Alguien cree que esa forma de inducir al odio supone un comportamiento leal con el Estado? ¿No fueron ellos quienes trataron de utilizar los atentados del 11 de marzo para ganar unas elecciones imputándole la autoría a ETA? ¿No fueron ellos los que robaron hasta el último céntimo que les fue posible en la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre (“la de los sapos”), José Luis González (el de las bolsas negras de basura en Cartagena de Indias), etc.? ¿Y en Valencia? ¿Y en Mallorca? 

Pero el mayor crimen que ha cometido el PP ha consistido en alentar el enfrentamiento civil: lo hicieron con el recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña (y su manejo en el Tribunal Constitucional); lo llevaron a cabo con la negativa del Nefasto Rajoy a, ni siquiera, hablar con el presidente de la Generalitat; lo llevaron a cabo con el “manejo” (propio de verdaderos incompetentes, por otra parte) del fracasado referéndum catalán; lo hicieron…

Nada les importa a los traidores, carecen de límites una vez que se han decidido a jugar ese papel. Por mantener el poder, por recuperarlo, están decididos a destruir la democracia; y para ello poco les importa acudir a fundamentarlo en el golpe de estado de 1936.

¡Traidores!

He de confesar que nunca tuve demasiado respeto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues gran parte de sus resoluciones poseen muy escasa calidad técnica, y otras, sencillamente, tras ingentes cantidades de palabrería no se terminan pronunciando con la rotundidad que es necesaria. Tampoco las resoluciones dictadas en los últimos lustros por el Tribunal Constitucional las aprecio en demasía, lo que es consecuencia tanto de la calidad jurídica de algunos de los magistrados que lo han integrado (entre García Pelayo, Rubio Llorente o Vives Antón y Enrique López hay todo un mundo), como, a mi entender, el, a veces, escaso compromiso de estos (con valientes excepciones como las de los magistrados Conde Pumpido, Asúa Batarrita o Valdés Dal-Re) con los principios y valores constitucionales a los que deben servir.

Todo lo anterior viene a cuento de una de las últimas, siempre sorprendentes por lo insolventes, iniciativas del ministro del Interior, consistente en la modificación de la Ley de Protección a las Víctimas del Terrorismo, en la que “atornilla” la exclusión de las indemnizaciones para aquellas personas que aun siendo víctimas del “terrorismo de estado” pertenecieran a una organización terrorista.

Pues bien, uno de los efectos más perniciosos del terrorismo consiste en la degradación moral de los dirigentes del Estado que lo padece. El pasado día 9 de mayo se celebró el 45 aniversario de la aparición del cadáver de Ulrike Meinhof en una celda de alta seguridad en la prisión de Stammheim, un signo más de una forma de luchar contra el terrorismo (Fracción Armada del Ejército Rojo, Brigadas Rojas, IRA, ETA,  OAS…): la guerra sucia, siempre repugnante, aunque generalmente, y en los estados democráticos, represente una forma sólo puntual y episódica de tratar de terminar con las organizaciones terroristas; aunque no debe olvidarse que para otros estados esa forma de lucha (y también, si es menester, el genocidio o el crimen de guerra) pertenece a su ADN: el Estado judío o Turquía son dos brillantes ejemplos en este último sentido (por cierto ¿se han fijado que cada vez que los generales del Estado judío se dan un baño de sangre palestina, se nos abruma con películas o/y documentales sobre el “Holocausto”?).

En fin, hoy es inevitable volver a poner sobre la mesa uno de los casos que más vergüenza y rabia ha provocado en España a las personas decentes (eso sí, sólo a éstas): el asesinato de Lasa y Zabala, que caracterizó toda una forma de entender los cauces por los que debía transitar la lucha, la necesaria lucha, contra el terrorismo. Al respecto, y en lo que importa a los tribunales, nacionales e internacionales, que han rechazado indemnizar a los deudos de los dos vascos, sólo una reflexión: el mantenimiento, en legislación (lo que también afecta al Consejo de Europa) y Jurisprudencia, de límites (exclusiones) a las indemnizaciones en razón de que las víctimas fueran miembros de una organización terrorista, supone una violación directa de las declaraciones de derechos, pues convierte a las personas, por el solo hecho de su pertenencia a un grupo, en sujetos carentes de la plenitud de sus derechos a la vida y a la dignidad. Así se logra matar dos veces a las mismas personas: una en San Sebastián (tortura) y Alicante (tiro en la nuca), y otra en las salas de justicia (con minúsculas).