Así es. Tenemos derecho como pueblo como comunidad y como sociedad a sonreír al futuro, pero solo podremos hacerlo desde la verdad del dolor de las víctimas y desde la recuperación de la memoria histórica amordazada por el miedo y el silencio impuesto, y sobre la que primero la dictadura y todavía hoy el franquismo sociológico, extendieron y siguen extendiendo falsedades y mentiras interesadas con clara voluntad revisionista que es necesario denunciar. ¡Ya está bien de tantas heridas abiertas! Tenemos derecho a sonreír, sí, pero también tenemos derecho a compartir esa sonrisa con todas las personas de buena fe que quieran encontrarse en el dolor de las víctimas, huyendo de revanchismos, revisionismos o actitudes paternalistas y prepotentes, para construir entre todos una convivencia pacífica y democrática en la que el odio nunca más tenga lugar.

Y para lograr el objetivo de un convivencia pacífica y democrática desde el encuentro y la reconciliación, es necesario un ejercicio de justicia que garantice el derecho a la verdad de las víctimas, que repare íntegramente el daño producido y alivie el dolor, porque éste siempre será irreparable, y que enfrente a los victimarios con el reconocimiento y la responsabilidad de los crímenes cometidos, al menos desde la generación de una conciencia histórica como forma de justicia para las víctimas. Porque cuando esto no sucede en los procesos de transición, como es el caso de España, la sociedad se fractura y se instala en la crispación y el enfrentamiento permanente, sin que llegue nunca a superarse la dinámica de vencedores y vencidos, o lo que es lo mismo, de legales e ilegales. 

Así, podemos escuchar todos los días en cualquier medio, cómo los vencedores siguen siendo los legales, los que detentan la única verdad histórica, los que se apropian de una Constitución que no aprobaron con su voto, pero que ahora defienden porque les protege. Todos los demás, seamos nacidos aquí o llegados de tierras lejanas huyendo del hambre, la persecución o la miseria, somos ilegales. Para ellos, para los que se siguen considerando vencedores o herederos de ellos, aunque hayan perdido las elecciones, todos los demás, incluso el Gobierno que nos representa democráticamente, todos somos ilegales. Y en ese paroxismo de prepotencia e ignorancia, ahora nos llaman “demócratas sin ley”, como si la democracia no fuera precisamente eso, el respeto a ley que nos marca las reglas del juego a todos. Y en su delirante equidistancia, nos equiparan a los golpistas de 1936, a los que califican de defensores de la ley sin democracia. ¿Qué ley es posible sin democracia? ¿En qué ley se amparan el genocidio y los crímenes contra la humanidad de los golpistas y del franquismo?

Es necesario romper esa dinámica de enfrentamiento y solo lo podremos lograr desde la verdad, la memoria y la justicia. Hora es ya de que aprendamos a resolver nuestros problemas por nosotros mismos, sin dejar siempre las cosas a medias. Así llevamos ya ochenta años sin encontrarnos, sin aceptarnos y sin respetarnos.

Primero, soportamos un auténtico genocidio por motivos políticos que, como señalan Martín Pallín y Escudero Alday “los vencedores de la guerra ejecutaron sin pudor, ensoberbecidos por la imperial marcha de sus protectores nazis y fascistas italianos”; aunque conviene no olvidarlo, con el silencio cómplice primero de las potencias europeas del bando aliado y después de EE.UU que abandonaron descaradamente a los demócratas españoles, a la suerte de un régimen idéntico a aquellos contra los que sacrificaron miles de vidas en defensa de la democracia y los derechos humanos. Después, la transición a la democracia no fue desde luego un ejercicio modélico a la luz del derecho internacional, al colarse en ella la amnistía para los crímenes contra la humanidad del franquismo, si bien todos los que en ella luchamos por la democracia, explotamos de alegría al sentir y vivir las libertades injustamente arrebatadas tantos años. Hubo tiempo para cambiar las cosas y declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1977 en ese aspecto, como han hecho otros países con leyes similares.  Pero no se hizo, y seguimos dejando las cosas a medias.

Costó muchos años empezar a recuperar la verdad y la memoria, hasta que fruto de la presión popular se promulgó en 2007 la Ley de Memoria Histórica, avalada por un poder político de nuevo temeroso y carente de principios sólidos, para dar cumplida respuesta a la urgencia de las políticas reclamadas por las asociaciones de víctimas del franquismo y grupos memorialistas. No obstante, es justo reconocer que la ley de Memoria Histórica supuso una respuesta importante, aunque desorganizada, a las demandas de la sociedad civil y del propio Consejo de Europa, creando una pluralidad de políticas dirigidas al reconocimiento de la verdad de los hechos sucedidos en España durante la guerra y el franquismo.

Lo que sucedió con la memoria histórica en la década 2009/2018, es bien conocido. De nuevo el ninguneo y la prepotencia de los vencedores con las víctimas: “ni un euro para la memoria histórica” (Rajoy). Finalmente, cuando el nuevo Gobierno progresista promueve acabar con la exaltación del dictador, acordando su exhumación del Valle de los Caídos, algo que sería consustancial a cualquier proceso de transición desde la dictadura a la democracia, y después de cuarenta años, es imposible obtener el acuerdo de todas las fuerzas democráticas. La confrontación y la intolerancia siempre como sistema. Porque no es cierto, como dijo el líder de la oposición hace unas semanas que “los españoles ya nos reencontramos en 1978”. El pueblo españollleva muchas décadas buscándose a sí mismo. El mismo tiempo que los familiares de las víctimas olvidadas de la Guerra de España y del franquismo, llevan buscando a sus muertos y a sus hijos robados.

Pedir perdón y ocultar la verdad; pedir perdón y olvido para silenciar a las víctimas es un acto de desprecio permanente a la dignidad de las víctimas. Por eso es indispensable en nuestro país superar el perdón y olvido de la transición y de cuarenta años de democracia, y abrir la vida a la verdad.

Creemos que es ahora, cuando el Gobierno de coalición asume el compromiso de avanzar en la reconstrucción de la verdad y la memoria democrática, con el debate parlamentario del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, cuando se dan las circunstancias históricas, sociales y políticas para que nuestra sociedad asuma el objetivo del cierre de esa fractura de dolor, silencio y olvido, en un proceso de encuentro restaurativo tanto a nivel político, como ético y social. Es preciso encarar desde principios justos y firmes, sin dudas, tacticismos ni zigzagueos, la deuda ética, política y jurídica que nuestra democracia tiene con todas las víctimas olvidadas de la guerra y del franquismo; una deuda de verdad, justicia y reparación que tiene también muchas décadas de impunidad.

Y la reconstrucción de la verdad histórica, no solo la verdad del acto criminal, se logra dando la palabra a las víctimas, reconociendo sus sufrimientos y por lo tanto, rehabilitándolas en su dignidad de personas. Y para ello, es necesario abrir espacios públicos, no solo judiciales, en los que se pueda escuchar la voz de las víctimas, y en los que estas puedan realizar una experiencia positiva de terapia curativa de la palabra y la comunicación, a los que nunca han podido acceder las víctimas del franquismo ni sus familiares directos y descendientes, a salvo puntuales trabajos de investigación y periodísticos excelentes. Unos espacios que además pretenden facilitar el diálogo restaurativo entre víctimas y victimarios y en todo caso, el relato heredado por sus familiares de las vivencias traumáticas y del dolor transmitido a las nuevas generaciones.

Por eso abogamos por la creación en España de una Comisión de la Verdad,  uno de los mecanismos extrajudiciales habituales en el marco jurídico del derecho internacional humanitario, en el ámbito de lo que se conoce como Justica Restaurativa en los procesos de Justicia Transicional, para la reparación de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Un organismo de naturaleza independiente y autónoma, constituido por expertos internacionales, en cuya elección deben de participar las organizaciones representantes de las víctimas y que deberá asumir tres funciones esenciales: primera, contribuir al esclarecimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica de quienes padecieron violencia durante la Guerra  de España y la dictadura; segunda,  promover y contribuir  a la sanación de las víctimas mediante el ejercicio público y en espacios públicos, de una terapia curativa de la palabra y al mismo tiempo, promover la restauración de su dignidad y su reparación popular y comunitaria violadas; así como el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas, y tercera, fomentar la conciliación y la convivencia democrática y el encuentro restaurativo de una sociedad fracturada por el dolor y el olvido, en toda su dimensión transgeneracional,  para que las diferencias de cualquier tipo nunca más se pretendan resolver con el discurso del odio, la venganza y el uso de la violencia.

Como es conocido, la Comunidad Valenciana goza de una magnífica Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia, la ley 14/2017, de 10 de noviembre; una Ley que, por cierto, ha servido de base a la redacción del Anteproyecto de ley Estatal de Memoria Democrática, siendo incluso transcrita literalmente en aspectos esenciales. Pues bien, en la Disposición Adicional Sexta, punto 1, se determina que el Consell “solicitará del Gobierno del Estado la creación de una Comisión de La Verdad sobre los hechos y acontecimientos acecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista”; lo que es una gran previsión y sería muy oportuna la efectividad de dicho requerimiento precisamente ahora que se contempla el debate parlamentario de la ley estatal. Pero interesa destacar, sobre todo, el punto 2 de dicha disposición, en el que se determina perentoriamente que “el Consell creará una Comisión de La Verdad de ámbito autonómico, para hacer llegar sus conclusiones, fruto del análisis de la realidad valenciana, a la Comisión de ámbito estatal”. La previsión legal es magnífica, pues incluso establece ya la articulación de esta Comisión de la Comunitat Valenciana, con la que pueda crearse a nivel estatal.

La pregunta que cabe formular ahora es la siguiente: ¿es oportuna la regulación por vía reglamentaria de la Comisión de La Verdad de la C. Valenciana antes de la discusión del Anteproyecto de Ley Estatal? En mi opinión, al igual que la Ley 14/2017, de 10 octubre de la Comunitat Valenciana ha servido de modelo para el Anteproyecto de Ley Estatal de Memoria Democrática, es evidente que una acertada configuración del modelo de Comisión de la Verdad en nuestra Comunidad podría también servir de ejemplo y de acicate, tanto para la propia creación de aquélla, como para su configuración con funciones similares a las que aquí se puedan determinar. Por esta razón, considero que sería muy oportuno asumir lo antes posible el desarrollo reglamentario de la Ley 14/2017 en esta materia. Quede ahí esta idea.

Finalmente, no se debe desconocer la dimensión sociológica y política de la represión de la memoria de las víctimas y la consiguiente impunidad, como factores contaminantes de la convivencia en paz y de la propia democracia. Así, como constata Géraldine Schwarz en su libro “Los amnésicos (Historia de una familia europea)”, galardonado con el Premio al Libro Europeo de 2018, y de imprescindible lectura para comprender el auge de la extrema derecha en toda Europa, la ausencia de un profundo trabajo de memoria y la enorme deuda aún no saldada con muchas de las víctimas de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, desnaturaliza los sistemas democráticos y genera sociedades  amnésicas con el pasado de terror más reciente, egoístas, crispadas e intransigentes con la diferencia, aunque solo sea de opinión, en las que casi no se reflexiona. Somos incapaces de debatir con calma y rigor incluso la dieta alimentaria. Solo se combaten las opiniones o hechos de otros (“y tú más”), se vive permanentemente en el sobresalto y en el ataque, y apenas casi nadie busca el camino que necesitamos: el del encuentro y la conciliación que nos permita pasar a la otra orilla de la esperanza.

Esa crispación, ese odio y ese proceso creciente de amnesia que contamina Europa es el caldo de cultivo de un mensaje xenófobo, racista, machista, homófobo, fascista y revisionista, o condescendiente con los crímenes contra la humanidad de nuestro pasado común de represión de las libertades, de muerte y destrucción total, que impulsa a los partidos políticos de extrema derecha que utilizan la democracia para destruirla.    

Esta situación que vivimos ahora en nuestro país es hija de la impunidad de los crímenes del franquismo. Porque la impunidad envalentona al criminal y se transmite, como el dolor de las víctimas, a las nuevas generaciones, educadas en la mentira y en el desprecio a las víctimas, a los vencidos. 

Pensemos un momento sobre el significado de esta palabra, impunidad, en nuestro país. La impunidad no es solo un concepto jurídico que determinó la circunstancia de no recibir castigo los crímenes de la Guerra de España y del franquismo. La impunidad constituyó el modo social y político del franquismo y se convirtió en una sombra amenazadora de toda la vida social que todavía pervive hoy en gran parte del cuerpo social. La impunidad no es solo perdón y olvido. La impunidad no es neutra; existe y ha existido para tener consecuencias. Y esas consecuencias son la ruptura de la convivencia y de las reglas del juego de la democracia. Porque la impunidad es el caldo de cultivo de la corrupción, de la política como medio para enriquecerse, de la instrumentación de los tribunales y los medios de comunicación para hacer política, en algunos casos con resoluciones que provocan alarma social. Y así, la impunidad, se convierte en el salvoconducto con el que se mueven entre todos nosotros, los que la periodista Rosa María Artal calificaba hace unos días como “delincuentes de cuello blanco y mano sucia y los perturbadores de la democracia”. Incluso se puede afirmar, metafóricamente, que la emergencia climática también amenaza nuestras libertades tan duramente conseguidas; porque nuestra democracia puede desvanecerse por el agujero negro de la impunidad si todos no ponemos remedio activamente. 

Las epidemias y las pandemias se combaten con vacunas que nos preparan para rechazar los virus que pretenden debilitarnos, para apropiarse de nuestra salud, de nuestra libertad y de nuestra alegría de vivir. Lo vemos estos días con coronavirus. Por eso hay que vacunarse también hoy contra la epidemia de amnesia de ese pasado más cercano, en el que los españoles trabajamos y luchamos por la libertad y el bienestar para nosotros y las generaciones futuras y en el que muchos quedaron injustamente olvidados en ese camino. Y la mejor vacuna es el trabajo de la Memoria Histórica y abrir espacios para las víctimas.

Un pueblo que olvida su dolor y su historia, dando carta de naturaleza a la impunidad, corre el riesgo de perder su conciencia crítica y con ella, su capacidad para encontrar la verdadera reconciliación; lo que noscondenará históricamente a vivir instalados en la crispación, el insulto y la intolerancia, cuando no en la repetición de nuevos episodios de violencia.

No hay que bajar la guardia contra ese virus del olvido. Debemos estar alertas y combatirlo, porque si no se llevará para siempre nuestro derecho a sonreír al futuro.    

                                                José Ramón Juániz Maya es jurista, especializado en derecho internacional humanitario.

Reflexiones en torno al nuevo documental de Rosa Brines y Félix Vidal

Sí, ángeles caídos, o mejor, víctimas inocentes ocultadas en un negro limbo de la historia por la dictadura franquista. Ángeles caídos también, los otros, los victimarios, los renombrados psiquiatras que cual fieles discípulos de un militarizado y sanguinario Lucifer, pusieron a su servicio el interesado discurso de una pseudociencia basada en la patologización del adversario político, del diferente y de las mujeres rebeldes contra un machismo ancestral, con el objetivo de la limpieza/exterminio de un país.

Ángeles caídos, sí, pero unos y otros nunca olvidados. Los primeros, porque su persistente lucha en busca de la identidad arrebatada, de la personalidad negada o de la defensa de la dignidad de su condición femenina desde la igualdad, es la lucha de todos los demócratas en nuestro país y permanece siempre en nuestra memoria colectiva como exigencia de reparación y verdad. Y los otros, precisamente también, porque su identificación, denuncia y crítica ética y científica es una exigencia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Y así, con su nuevo documental “Los ángeles caídos. El fanatismo de los psiquiatras de Franco”, la periodista valenciana Rosa Brines, de nuevo trabajando junto a Félix Vidal, eleva al cielo de de la verdad y la memoria a miles de niños y niñas robados por el franquismo y las tramas criminales que se perpetuaron en los primeros años de nuestra democracia, junto con muchos homosexuales, perseguidos por aquél régimen de terror como enfermos en base a diagnósticos y tratamientos diabólicos; así como a miles de mujeres republicanas, en su mayoría presas, a las que los promotores de esta pseudociencia machista consideraban “crueles, fanáticas y movidas por apetencias sexuales”. Al mismo tiempo, la directora valenciana, apoyándose en la crítica científica, brillantemente aportada por los psiquiatras Cándido Polo y Enric Novella, somete al juicio de la historia a los responsables intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad, cuya impunidad siempre repugnará nuestra conciencia colectiva.

Si en su anterior documental “La amarga derrota de la República”, Rosa Brines nos invitaba a una revisión profunda sobre las sombras y mentiras vertidas por los vencedores, y todavía hoy por el franquismo sociológico, sobre la derrota de la República. Ahora, con su nuevo trabajo, lanza una flecha cargada de verdad, dignidad y crítica científica, a la conciencia de cualquier persona de buena fe que se sitúe cara a cara frente a este impresionante documental. Sin duda, la flecha da en la diana, porque nadie puede permanecer indiferente ante una carga de reflexión y crítica tan contundente como la que nos ofrece su trabajo. Esta es, creo sinceramente, su gran aportación. Para mí es un sentimiento ya vivido.

Muchas veces, cuando en las sesiones del Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa de El Salvador escucho los terribles testimonios que manifiestan verdaderas atrocidades con las mujeres, los niños y niñas salvadoreños, incluso con los nasciturus, uno se estremece y se pregunta cómo es posible que un ser humano sea capaz de ejecutar en un instante tal barbarie. Pero planificar la destrucción y la desaparición de personas a sangre fría, justificándola ideológicamente con argumentos pseudocientíficos, hoy tipificados como crímenes contra la humanidad, es sin lugar a dudas mucho más pernicioso, execrable y repugnante. Los renombrados creadores de todo este aparato ideológico desfilan como ángeles caídos por el documental de Rosa Brines que también da fe de sus publicaciones, dejando constancia de alguna de sus creaciones más estremecedoras. A la cabeza de todos, el gran maestre, el Dr. Vallejo Nágera, quién en su libro “La locura de la guerra. Psicopatología de la guerra española” sintetizaba así el soporte ideológico de la sustracción de niños por el franquismo: “La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos…La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia, podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible”^.

Es la idea destructiva, antes citada, de la patologización del adversario político, que en el caso de las mujeres alcanza niveles paroxísticos en Vallejo-Nágera: “Recuérdese para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista, su característica labilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad… Cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones frenatrices de las impulsiones instintivas; entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad…; crueldad que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión”. Y concluye su diagnóstico con esta brutal afirmación: “La mujer suele desentenderse de la política, aunque su fanatismo o ideas religiosas la hayan impulsado en los últimos años a mezclarse activamente en ella, aparte de que en las revueltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”.

Lamentablemente, existen muchas experiencias en el mundo sobre el secuestro, robo y venta de niños y niñas. Pero sin lugar a dudas la desaparición forzada y sistemática de niños y niñas, catalogable como crimen de lesa humanidad y práctica genocida, constituye un lugar de encuentro doloroso e ignominioso en el continente latinoamericano, especialmente en las Dictaduras militares de Argentina, Chile y Guatemala, y en el conflicto armado de El Salvador. Pero debemos poner en primer lugar de esta lista, sobre todo, por el número tan terrible de desapariciones, el caso de la España franquista; sin que nos olvidemos, claro está, de la desaparición masiva de niños y niñas durante el holocausto nazi.

Y es preciso reconocer que lo que en Latinoamérica pasó con la infancia sacrificada y sobre todo desaparecida en la segunda mitad del siglo pasado, por la represión de las Dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay en el cono sur, al igual que en El Salvador, Guatemala y Honduras, en el fino istmo de Centroamérica, tiene su precedente ideológico y fáctico más inmediato en el terrible drama de “los niños robados por el franquismo; un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) -como señala el Auto del Juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón de 18 de noviembre de 2008-, ”puesto en práctica a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, y desarrollado bajo la cobertura de una aparente legalidad, al contrario de lo que décadas después ocurriría en los países latinoamericanos (donde eran robados sin más), pero precisamente por ello, con unos efectos más perdurables en el tiempo y más difíciles de detectar y hacer que cesen“.

“Esta situación, -concluye Garzón- a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. De esta forma se propició una desaparición ‘legalizada’ de miles de menores de edad, con pérdida de su identidad, en la década de los años 40, en aras a una más adecuada preparación ideológica y la afección al régimen; situación que, en gran medida, podría haberse prolongado hasta hoy”.

El documental de Rosa Brines, realizado por encargo de la Conselleria de Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, encara con valentía el drama de esta herida de los niños robados del franquismo que sigue abierta, como otras, en nuestra sociedad, y para la que siguen reclamando verdad y justicia las víctimas y los grupos que exigen el respeto a la memoria histórica. Algunos han pretendido desvirtuar la relación de este crimen contra la humanidad con el franquismo alegando que esta práctica delictiva también se dio en los primeros años de la democracia, lamentablemente vinculada a miembros corruptos de órdenes religiosas. Pero como señalaba hace ya unos años la periodista Montse Armengou, especialista en el tema, “cuando las víctimas se desvinculan de la dictadura se expresa una doble tragedia: no entendemos que muchas de las injusticias a las que nos enfrentamos hoy día arrancan de la dictadura y se han perpetuado en la democracia. Sigue siendo mucho más digerible pensar que unos señores muy malos robaban niños, en vez de contextualizarlo en un sistema político y religioso que favorecía, alentaba y encubría esos robos. Además, muchos afectados se imponen la práctica idea de que es más fácil culpar a una banda de traficantes que a una dictadura. Pero la consecuencia es clara; si el delito es común habrá prescrito; cuando, si fuera calificado como crimen de lesa humanidad sería imprescriptible”.

Además, la desaparición forzada de niños robados a sus padres o familiares, constituye un delito de carácter permanente. Así lo determina la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, de 20 de diciembre de 2006. Los niños desaparecidos, los niños robados a sus familias son también las víctimas silenciosas e ignoradas del franquismo y de sus tramas perpetuadas en democracia. Muchos vivieron o viven aún sus vidas con una identidad alterada y una historia personal incompleta. Sus familiares llevan décadas buscándolos. El mismo tempo que el pueblo español lleva buscándose a sí mismo.

Esa búsqueda se fundamenta en tres ideas básicas. La primera, la defensa del derecho a la identidad como sustrato esencial de la verdad. Porque sin identidad, la verdad se oculta tras la manipulación y la mentira. Y sin identidad, la memoria se desvanece en lo desconocido. Por eso, identidad, verdad y memoria definen una relación de causalidad necesaria que propicia la justicia restaurativa y abre el camino hacia la verdadera reconciliación. La segunda idea básica es el proceso de reencuentro, como condición esencial de la reconciliación. Reencuentro o nuevo encuentro entre personas de una misma familia, de una misma comunidad, de diferentes comunidades o de todo el país, para construir un nuevo tejido social sobre la conciliación, lo que puede ser la verdadera reconciliación. Finalmente, se proyecta de forma evidente la idea de la reparación/restauración, como expresión de lo necesario, de lo justo. Y así, desde la recuperación de la identidad abolida o manipulada, la verdad rescata a la memoria de lo desconocido y surge el reencuentro restaurador de aquél tejido social roto, para conciliar de nuevo (reconciliar) la convivencia perdida.

Un camino que trabajos como el de Rosa Brines nos muestran desde el compromiso y la responsabilidad.