El brutal desafío que supuso el último trimestre del pasado curso obligó a cambiar por completo la concepción que se tenía del entorno educativo y llegó hasta el extremo de que, para la mayoría de los docentes, sus hogares se convirtieron en una extensión del centro educativo y de que su trabajo no entendiera de límites horarios. La vuelta al centro educativo en septiembre también supuso un momento duro por el temor que la situación provocó, y no solo por la propia salud, sino también por la del resto de convivientes, muchos de ellos vulnerables. El tremendo esfuerzo de adaptación curricular que ha supuesto este nuevo curso para evitar que ningún alumno o alumna se quede atrás unido al de formación para dominar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y aplicarlas de manera apresurada al aula en un intento por convertir un aula común en una a distancia para que, si se reproducía el mismo escenario del curso anterior, no hubiera que perder ni un minuto de la programación prevista. O hacer encajes de ‘Tetris’ para compatibilizar docencia directa a grupos ordinarios con docencia en distinto horario, ya sea presencial o a distancia, para atender al alumnado que por distintas razones no puede acudir al centro. Todos éstos son solo algunos ejemplos que han hecho, del actual, un curso atípico. Un curso diferente a lo que podríamos llamar un curso normal.

Y, cuando un curso es atípico no se puede esperar de él que todo lo que ocurra sea lo que ocurre en un curso normal. Por ejemplo, no es lógico que en un curso atípico como el actual haya encuentros escolares, ya sean culturales, lúdicos o deportivos, y no los ha habido; ni viajes a la nieve, ni intercambios con otros centros en el extranjero y tampoco los ha habido; como tampoco habrá viajes de fin de curso. Y es lógico que nada de esto se haga porque, aunque todas estas actividades aportan un enorme beneficio para el proceso formativo del alumnado, no es menos cierto que en la situación sanitaria actual suponen un riesgo inasumible para el propio alumnado y el profesorado participante, para el resto de la sociedad y para la propia recuperación económica de Canarias, tan dependiente del turismo y, por ende, de la imagen de seguridad que proyectemos.

Teniendo en cuenta lo expuesto, ¿qué criterios se han seguido para convocar unas oposiciones en el sector docente? ¿Quizás no previeron que serían masivas? ¿Es que alguna vez no lo han sido? ¿Acaso 1377 plazas y 137 especialidades les parecía una oferta poco atractiva? Desde luego voces críticas que les advirtieran del disparate no les han faltado, y desde hace varios meses.

Si, además, tenemos en cuenta que, a día de hoy, son ya más de 21.100 las personas admitidas y que seguramente, una vez resueltas las reclamaciones a las listas provisionales, la cifra se incrementara algunos miles más acercándonos a las 24.000 personas inscritas, podemos asegurar que estamos ante una cifra record jamás alcanzada en Canarias. Un monumental desafío para la “administración más experimentada” y en unas circunstancias absolutamente “favorables” pero, lamentablemente, no estamos ante lo uno ni lo otro, pues como acabamos de argumentar, las circunstancias ni siquiera se pueden catalogar de normales y, si la experiencia se demuestra andando, éste es un claro ejemplo de todo lo contrario.

En esta tesitura, el mantenimiento de las oposiciones en las fechas previstas no puede deberse más que a dos posibles razones. La primera y más probable sería la falta de valor de la Consejera para admitir el tremendo patinazo y reconducir la situación de la única manera razonable. Esto es, aplazando la fecha de celebración de las pruebas a un momento posterior en que la situación esté mejor controlada y con la vacunación suficientemente extendida.

La otra posible razón por la cual no se ha producido ya un aplazamiento de las oposiciones, me temo que sería todavía peor, pues sospecho que son la soberbia y la irresponsabilidad las que estarían llevando a nuestra Consejera a no querer dar su brazo a torcer ante una realidad tan evidente.

En cualquiera de las dos situaciones las consecuencias pueden ser muy nefastas para las personas que concurran a estas oposiciones, la mayoría de ellas docentes en activo pero también muchas personas de las listas de empleo o que ni siquiera tienen vínculo alguno con la Consejería de Educación y que en muchos casos provienen de otras comunidades autónomas. Pero, por desgracia, no solo las personas que se presentan a oposición corren peligro, también las personas que actúan como miembros de tribunal, así como quienes por una u otra razón entren en contacto con opositores o miembros de tribunales. El 21 de junio la mayor parte de estos docentes estarán nuevamente en sus centros de destino con el potencial riesgo para el resto de compañeras y compañeros de trabajo, además de para sus familias. La dispersión de cualquier brote está garantizada a gran escala entre islas e incluso hacia otras comunidades. Un brote de estas características, a las puertas del verano, podría mandar al traste todas las perspectivas de recuperación del turismo y de la economía de Canarias y, por supuesto, tener un coste inasumible en vidas humanas. Y todo ello por la irresponsabilidad y la tozudez de una Consejera que ha decidido ponerse a Canarias por Montera.