Un toro blanco, hermoso, Zeus encarnado, seduce a una princesa fenicia, Europa. Es engañada. Hemos visto la reedición mitológica en Escocia, hace unos días: un elefante republicano –en este caso, nada hermoso– ha acabado por persuadir a una Europa sin capacidad reactiva, entregada. Engañada. Y es que Trump ha ganado el pulso a Von der Leyen. El encuentro, realizado en territorio europeo, pero en la propiedad del magnate –uno de sus campos de golf–, supuso una puesta en escena que fregaba claramente la humillación de la dirigente comunitaria, generosa en exceso a los deseos de Trump. Un desequilibrio lacerante para los intereses del viejo continente. Porque este desenlace significa, claro y raso: que Europa paga, y que Estados Unidos recauda. Los productos europeos, que tenían unos aranceles del 1,47%, se alzarán a una media del 15%, sin contrapartida por parte de Estados Unidos. En paralelo, Europa se compromete a comprar armamento y energía al país norteamericano. Un negocio redondo para la administración estadounidense.

En esta negociación no ha habido equilibrio alguno. Se ha dinamitado la teoría del equilibrio de John Nash, que dice que el equilibrio se da cuando no existen incentivos para que ningún jugador cambie su estrategia, dado que cualquier cambio unilateral desembocaría en un peor resultado para ese jugador. Es pura teoría de juegos. Von der Leyen ha variado, de manera unilateral, su estrategia de mantener una firmeza económica frente a Estados Unidos, teniendo en cuenta la variabilidad de situaciones comerciales entre los estados miembros y la potencia americana. Si el temor era evitar una guerra comercial, ese objetivo es fallido: ya existe.

De alguna forma, la presidenta de la Comisión Europea ha asumido el relato de Trump, focalizando su obsesión en la balanza comercial –y no en la de capital y servicios, donde existe una clara ventaja estadounidense, algo incomprensible que esa tecla no se haya pulsado por parte de los negociadores europeos–, de manera que lo que se persigue es atenuar desequilibrios comerciales aparentes en las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Se ha caído en una trampa, auspiciada por la cuestión de la defensa europea y las promesas de ayuda de un presidente de Estados Unidos cuya palabra vale más bien poco. Como la de Zeus en su desigual relación con la princesa fenicia. La fiabilidad que tiene es muy baja, a tenor de lo que vamos conociendo. Pero, además, las consecuencias negativas para Europa se pueden extender a los procesos de negociación con otros partners: qué mensaje se les va a trasladar si no es el de la debilidad, para avanzar en otros escenarios de intercambios económicos.

Estamos ante una nueva cesión a Trump, cuyas formas y narrativas van cosechando éxitos. La OTAN ya se plegó a sus caprichos con el absurdo 5% en gasto militar sobre PIB –con la honrosa excepción de España–. Tantas genuflexiones dañan no solo las rodillas, sino el espíritu europeo, si es que puede ser invocado. Y esta postración ante Estados Unidos sorprende ante los signos evidentes de la debilidad económica de un coloso que no lo es más que el potencial titán europeo, porque sus indicadores son peores que los comunitarios en buena parte de sus expresiones (PIB, inflación, comercio, fortaleza industrial, confianza monetaria), con tres aspectos determinantes:

Es decir, mientras observamos dificultades en la economía de Estados Unidos, que pueden agravarse con los despidos masivos y el descontento que ello puede generar en segmentos de población; mientras apreciamos cómo la administración Trump ataca infraestructuras básicas de la ciencia, las universidades, los institutos de investigación, recortando importantes recursos hipotecando el futuro económico; mientras Estados Unidos se va autoaislando con estas políticas que alimentan la des-regulación, las privatizaciones, el ataque a los derechos humanos, la justificación de genocidios y su apoyo; mientras todo esto está sucediendo y señalando la debilidad de ese coloso con pies de barro, Europa agacha la cabeza y no es capaz de, a pesar de su desunión en muchos ámbitos, dar un golpe sobre la mesa. Y sí: negociar. Y hacerlo en clave del equilibrio de Nash. No dejándose llevar por la llamada de ese elefante oscuro que invita a cabalgar a la princesa europea sobre sus lomos para llevarnos no a una Creta agradable, sino a una situación de debilidad manifiesta más propia de las puertas del Averno.

La actitud del máximo dirigente de la OTAN, Mark Rutte, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha sido reiteradamente calificada como entreguismo vergonzante que excede cualquier regla de cortesía diplomática. No insistiremos. Pero más allá del ridículo con el que este personaje se ha manifestado, la cuestión trascendente es hasta qué punto el capitalismo, en la versión tecnofeudal que caracteriza la economía de Estados Unidos (siguiendo al economista Yanis Varoufakis), se está imponiendo en el concierto internacional, en el que los mayores actores globales por su peso político, económico y militar (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros) agasajan y rinden vasallaje a un presidente cuyo país, Estados Unidos, no está pasando, precisamente, por una coyuntura económica sólida. Dos acontecimientos importantes, de signo distinto, pero suficientemente ilustrativos, determinan esta afirmación.

Por un lado, la decisión del G-7 eximiendo del pago de impuestos a las multinacionales estadounidenses para que los beneficios que obtienen en los países en los que operan escapen a una mínima contribución fiscal. Esta determinación contradice lo que se ha ido avanzando en diferentes encuentros económicos en los que, entre otros, los importantes trabajos de Gabriel Zucman han constituido una guía clave para establecer mecanismos tributarios que afecten a los grandes consorcios empresariales y a los milmillonarios. Por su parte, Olivier Blanchard, jefe del FMI entre 2008 y 2015, ha indicado que “El acuerdo sobre el impuesto mínimo, logrado con esfuerzo, representó un avance, evitando una carrera a la baja en el impuesto a las ganancias. Este acuerdo lo vuelve prácticamente inoperante. Y el G-7 obtuvo muy poco a cambio… Esto me preocupa sobre la postura negociadora de Europa en las actuales negociaciones arancelarias”.

La capitulación que se ha visto en la reunión del G-7, aceptando que las multinacionales de Estados Unidos eludan el impuesto mínimo global del 15%, demuestra una vez más que urgen reglas de juego que corrijan los enormes desequilibrios de renta y riqueza en el mundo. Los dirigentes del G-7, sin embargo, han entregado, genuflexos, esta gran gabela a Trump que, infantilmente ufano, se ve como claro vencedor ante sus vasallos.

Otro aspecto crucial, la guerra en Gaza, constituye también un acto de pleitesía hacia Trump en su cruzada por defender al gobierno de Netanyahu y su conducta genocida en la Franja. La condena al ataque de Hamás de octubre de 2024 –demos los gritos de rigor, no vayamos a ser acusados de favorecer el terrorismo– no puede esconder que estemos asistiendo a una respuesta desproporcionada de naturaleza genocida que ha puesto en serios desequilibrios a la región, extremados, además, con la llamada “guerra de los doce días”, entre Israel e Irán.

En tal contexto, la actitud de la Unión Europea ha sido lamentable. Con respuestas tibias, sin la contundencia que se espera de un espacio geopolítico y económico sustancial. Los silencios europeos alimentan la desafección ciudadana donde anidan los “huevos de la serpiente”: la ultraderecha. También aquí son urgentes respuestas inequívocas que supongan elevarse desde el arrodillamiento previo a Estados Unidos para encarar la situación con rigor económico y herramientas diplomáticas y políticas. Lo ha subrayado Josep Borrell, presidente del CIDOB y ex alto representante de la UE para la Política Exterior: “(...) lo que está pasando en Gaza es una tragedia sin nombre y Europa se ha desacreditado frente al resto del mundo. Con la excepción de España, Irlanda y de algún otro país, todos le han dicho a Netanyahu que está matando a demasiada gente, pero que le dejan continuar y además haciéndolo con nuestras armas”.

No es la defensa, es más guerra comercial

En paralelo, nos encontramos el 5% sobre PIB de gasto en defensa, un sorpasso al 2% acordado en la cumbre de la OTAN de Newport celebrada en 2014 con el objetivo puesto en 2024. De entrada, debe decirse que el 5% sobre el PIB, más allá de lo redondo del número, parece no ser más que un guarismo convertido en totémico. El vehemente interés de Estados Unidos en incrementar el gasto de la OTAN en defensa, ¿es por la defensa o es por el interés de su conglomerado militar e industrial, añadiendo a su política arancelaria más elementos que persigan, por la vía del chantaje, disminuir su déficit comercial?

La economía de Estados Unidos se ralentiza. Se contrae un –0,5% en el primer trimestre de 2025. Es obvio que la idea del equipo de Trump –a quien le importa un bledo la defensa de Europa– es contribuir también a revertir esa situación a través de su industria armamentística. De ahí su obsesión por comprometer el nivel de gasto de la OTAN al 5% porque sabe que gran parte de ese gasto se convertirá en ventas y exportaciones de su industria militar. Ahora bien, lo que Estados Unidos exige a la OTAN no se aviene con los datos de la propia economía norteamericana: 3,1% en 2023 y 2,7% en 2024, estos son los porcentajes sobre PIB en Estados Unidos en gasto en Defensa. Es decir, por debajo del 5% que exige a sus aliados.

Datos históricos sobre gasto norteamericano en Defensa contribuyen a situar mejor el tema: en plena guerra del Vietnam –con un despliegue militar enorme por parte del ejército norteamericano– Estados Unidos invertía el 8,6%, y entre 1979-1985 (todavía en plena Guerra Fría, con proyectos faraónicos como la Guerra de las Galaxias) ese indicador oscilaba entre el 4,5% y el 5,7%. Con estas cifras para esas coyunturas, exigir el 5% a los países de la OTAN es claramente desproporcionado. Y desproporcionado, además, cuando la única amenaza que pudiera percibirse –más allá de la agresión que sufre Ucrania– provendría de Rusia, un país cuyo PIB es 20 veces inferior al PIB que suman los Estados Unidos y la UE e, incluso, ocho veces inferior al PIB de la UE (FMI 2024, estimado en octubre de 2023).

La estrategia comercial de Trump

La estrategia central de Trump es comercial, no es otra. Preocupación por la defensa europea: ninguna. La tesis determinante es incrementar los pedidos militares a las industrias estadounidenses en plena fase de desindustrialización, conduciendo a las naciones a un esfuerzo descomunal. Y habida cuenta de que existe otra tenaza que oprime: el informe del FMI ('Euro Area: IMF Staff Concluding Statement 2025') advierte que, dada la evolución de la deuda, se debe ir hacia políticas de disciplina fiscal que implicarían ajustes muy severos en las cuentas públicas europeas. Como consecuencia, aparecen en el horizonte recortes en aquellas partidas de gasto que permitirían compensar el incremento de gasto en el apartado de defensa. No hace falta ser muy perspicaz para intuir que los ajustes se realizarían esencialmente en el gasto social: sanidad, educación, cuidados, pensiones… haciendo aún mayor el nido en el que se incubarían los huevos de la serpiente.

La UE tiene otras alternativas, aquellas que la conducirían a su propia autonomía estratégica: coordinar los esfuerzos en defensa de cada Estado miembro con el resto de los Estados de la Unión; dirigir el gasto y la inversión hacia las capacidades industriales de la que ya disponen los Estados miembros; centrarse en inversiones con mayores multiplicadores sobre la renta, la riqueza y el empleo; unificar el mando de la coordinación… alternativas que marcarían caminos muy distintos al que se propone desde la Administración Trump que deberían concitar el apoyo sin restricciones de los gobiernos de los Estados de la Unión, del Parlamento Europeo y de la CE. Sin embargo, actitudes que sólo están encaminadas al “apaciguamiento” de un personaje tan ridículo e ignorante como matón, aunque se considere todopoderoso porque “reina” sobre el 25% del PIB mundial, nos sitúan –si la decepción acabara por embargarnos– ante escenarios lamentables sobre los que la Historia está llena de enseñanzas.

En España, la posición del presidente del Gobierno ha sido contundente, y ha promovido dos grandes movimientos: por un lado, la comprensión de la opinión pública y parlamentaria en países europeos –Gran Bretaña, Italia, Bélgica– cuyos dirigentes callaron en La Haya ante Trump, de forma que la vía española es observada con admiración en debates políticos y artículos positivos en la prensa internacional; por otro, el enfado de dirigentes europeos: el caso de la italiana Meloni es ilustrativo, pues sabe que cumplir con el 5% es un camino de enorme complejidad que puede conducir a protestas sociales, de manera que la posición española la deja en mal lugar cuando el gobierno italiano se proponía asentir, firmar y no cumplir, y tenía como objetivo táctico que España hiciera lo propio, también sin rechistar.

¿Y en España?

En un alarde de incontinencia –y de irresponsabilidad–, Alberto Núñez Feijóo ha declarado que si él llega al gobierno de la nación cumplirá con el 5% exigido por Trump. A su vez, subraya el líder derechista, bajará los impuestos. Ya es cansino que tengamos que repetir, por enésima vez, que la curva de Laffer está ya en el cesto de los papeles. Pero las opciones conservadoras la rescatan, desarrugan el papel –o la servilleta– y la vuelven a releer e interpretar. Ante esa ideología explícita, veamos algunos datos: en 2024, España dedicó casi el 1,3% del PIB al gasto en defensa: unos 20 mil millones de euros. Llegar al 2% equivale a unos 33 mil millones de euros; es decir; 13 mil millones de euros más. Si fuera el 5%, como parece querer Feijóo, supondría –dependiendo obviamente de la evolución del PIB– una asignación de unos 70 mil millones de euros: 50 mil millones de euros adicionales a lo que se espera con el 2%.

Esto significaría un desafío fiscal de consecuencias catastróficas para las partidas que desarrollan y consolidan el Estado del Bienestar. Los capítulos de sanidad, educación, servicios sociales, incluyendo otras infraestructuras públicas, serían los más damnificados. Esto no se atenúa con reducciones de ingresos, como indica Feijóo; todas las evidencias –y cuando decimos todas es esto: todas– constatan que esa política tributaria reduce las capacidades fiscales y supone un incremento notable del déficit público y de la deuda pública. Este es el escenario en el que se podrían encontrar las cuentas públicas de España si determinadas ocurrencias se desarrollaran.

El tema de la aportación económica a la OTAN tiene dos derivadas cruciales en el caso de España: la noción de soberanía no exenta de la voluntad de colaborar solidariamente en la medida de las capacidades de cada país, lo que comporta realizar los cálculos precisos para evitar distorsiones en el presupuesto público; y la aportación de propuestas razonables, que no estén circunscritas a la pelea política cotidiana –muy tóxica en estos momentos– y, sobre todo, que no engañen a la población. Llegar al 2% sobre el PIB representa un esfuerzo, sin duda; pero hacerlo al 5% supone un hachazo sobre el Estado del Bienestar. Nadie en su sano juicio va a llegar a esa cifra; solo la defienden el fanatismo y la genuflexión ante Trump.

Conclusión

La desglobalización desencadenada desde la llegada de Donald Trump está provocando movimientos tectónicos en la geopolítica internacional. Y, en este contexto, buena parte de los gobiernos –con la excepción del Gobierno español– han optado por una conducta más entreguista, aseverativa de buena parte de los caprichos del presidente estadounidense. Muestras de vasallaje y entreguismo que no son garantía de nada, y menos con la conducta voluble y desordenada de un personaje que, lamentablemente, gobierna sobre más del 25% del PIB mundial. Es necesario que, sobre todo en la Unión Europea, se deshinquen las rodillas de la tierra y se hable en condiciones de igualdad, sin admitir amenazas, sin tolerar narrativas matonistas, con la dignidad fundamental para que las posiciones de Trump no se consoliden ni se acaben extendiendo como una densa mancha de alquitrán que todo lo ahoga.

La República asediada.

Pedro Sainz Rodríguez, que fue ministro de Educación al inicio de la dictadura de Franco, publicó en 1978 un libro ('Testimonios y recuerdos', Planeta) en el que expresa los intensos agravios que suponían las políticas de la Segunda República española, toda vez que “se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios y pasaban los hospitales a depender directamente del Estado”.

Un libro póstumo del historiador económico Josep Fontana ('La República', Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 2025), que recoge sus clases de doctorado impartidas en la UPF sobre la Segunda República española, con una ingente actualización bibliográfica y una gran cantidad de documentación de primera mano, ilustra el desarrollo de un proyecto que fue bombardeado desde el primer momento por las fuerzas reaccionarias. Estamos ante una de las investigaciones más serias y rigurosas sobre el tema, tanto por su bagaje documental y archivístico, como por la bibliografía manejada. En este estudio se subraya el propósito central de la República: la adopción de un régimen democrático que, con una clara radicalidad en su sentido etimológico, iniciara cambios y avances ya observados en otras naciones: incidir en la raíz de los problemas que arrastraba la sociedad y la economía española (analfabetismo, escasez de medidas sanitarias, dejadez por la cultura, problemas agrarios e industriales en donde el papel de los lobbies empresariales era intenso).

Y es que ya desde el mismo 14 de abril de 1931 aparecieron las primeras señales de la agitación y conspiración para la subversión contra la proclamación de la Segunda República (Ángel Viñas, '¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración', Planeta 2019). Las derechas continuaron un agrio y violento proceso de descalificación hacia el nuevo régimen: “Gobierno ilegítimo”, “amenaza catalanista”, “revolución comunista”… constituían algunos de los epítetos recurrentes que buscaban, desde los primeros días, desestabilizar al gobierno de la República. En paralelo, se activaban otras herramientas, como el ruido de sables en las salas de banderas, en evidente conexión y sintonía con empresarios y financieros. La Iglesia bendecía todo esto, aportando la pátina de una espiritualidad con claros intereses: el temor a perder prebendas como el control de la educación, entre otras.

La tesis “golpista” según la cual un gobierno ilegítimo perseguía la revolución comunista –en una etapa en la que el partido comunista era una formación con escasa representación– seducía a las capas sociales más poderosas: la visión falangista y filo-fascista conformaba el complejo ideológico, con referentes en la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Un entramado dispar, en el que las fuerzas monárquicas tomaron la iniciativa, azuzó la llamada a los generales africanistas para que dieran un golpe de Estado (la “Sanjurjada”, fallido golpe de Estado el 10 de agosto de 1932). Pero, hasta su culminación en julio de 1936 –ya desplazados los monárquicos por fuerzas de extrema derecha–, toda una estrategia golpista se expandió sin reparos: propagación de mentiras, boicots reiterados a la acción gubernamental –sobre todo entre 1931 y 1933–, exageración máxima de los supuestos peligros que acarreaban los avances que estaban cuajando –entre otros: la creación de plazas para siete mil maestros, la construcción de diecisiete mil escuelas, el desempeño de las Misiones Pedagógicas, y las tímidas propuestas de una reforma agraria nunca llevada a término en su totalidad, etc.–. Un verdadero “peligro”, como advertía el ministro franquista Sainz Rodríguez.

Una estrategia que se repite

Vayamos a la actualidad. En 2018, tras una moción de censura, se articuló un gobierno progresista. Éste era inmediatamente calificado como “gobierno ilegítimo”, “socialcomunista”, “bolivariano”, con un diseño de comunicación que enarbolaba, sin tapujos, un procedimiento profundo de desgaste, de desestabilización del nuevo Ejecutivo. En tal contexto, a las dificultades objetivas como la irrupción de una pandemia, la erupción de un volcán, las consecuencias de los acontecimientos en Cataluña, el estallido de una guerra en Europa, el repunte de la inflación, la letalidad de la DANA, un apagón generalizado… entre otros desafíos acaecidos en un margen temporal breve, se respondió desde el Gobierno con más inversiones, ayudas, subvenciones, apoyos fiscales, preservación de puestos de trabajo y normativas tendentes a restablecer puentes de diálogo para “desinflamar” la confrontación política, en particular en Cataluña. La respuesta de las derechas en todos esos retos, todos inesperados y que constituían problemas de Estado, fue la negación de cualquier soporte al Gobierno –el caso de la pandemia es ilustrativo al respecto–. Negativas plagadas de contra-informaciones auspiciadas sobre mentiras, exageraciones, tergiversaciones y deshumanización de cargos públicos. Algo muy parecido –aunque la rima sea, como es natural, imperfecta– a lo observado décadas antes, durante la Segunda República.

La hoja de ruta de las derechas contemporáneas tiene todos los ingredientes de un manual golpista. Pero los datos factuales no son inéditos: históricamente los hemos visto en otras etapas del pasado. Idéntica jerga, igual connivencia entre los sectores más poderosos de la sociedad y de la economía, radicalización de los mensajes verbales queriendo presentar un estado caótico y casi comatoso del Gobierno.

Las coordenadas básicas de este portafolio del desequilibrio no se sustentan, sin embargo, sobre un proyecto concreto de gobierno: el único proyecto es desbancar como sea al existente, al que se considera, recordémoslo de nuevo, ilegítimo. No hay un programa básico, de cierto rigor en economía, un terreno en el que no se va más allá de predicar la bajada de impuestos y la reducción del gasto público, junto a una irrefrenable obsesión en privatizar servicios esenciales, como la sanidad y la educación. Se trata de liquidar los resortes básicos del Estado del Bienestar, esa pretensión que el otrora ministro franquista Sainz Rodríguez consideraba que era excesiva –recordémoslo de nuevo– en sus formulaciones incipientes durante el primer bienio republicano.

Quizás definir como “golpistas” los comportamientos de la derecha sea excesivo, toda vez que no hay tanques ni infantería transitando calles y campos, como sí los hubo en la España de 1932 y de 1936, en el Chile de 1973 o en España en febrero de 1981. Pero la munición utilizada es ahora más porosa, más permeable, amparada en muchas ocasiones en el anonimato, en la mentira, en la manipulación más directa y efectiva: redes sociales, pseudo-medios de comunicación y, digámoslo claro, también medios de comunicación de apariencia respetable. Y también “equidistancia” que, al parecer, en algunos ambientes se considera muy “elegante” y muy “ecuánime”. Y también la “utilización política de la justicia” que un jurista respetado por su indudable y transversal prestigio no dudó en calificar “… como una especie de golpe de Estado institucional” (Tomás de la Quadra, 'Las palabras y las cosas', El País, 4 de septiembre 2022).

Datos… y conclusión

Frente a declaraciones de una tendenciosidad anti-histórica por parte de dirigentes conservadores en relación a la República, la guerra civil y la situación socioeconómica actual, los científicos sociales (historiadores, economistas, sociólogos, politólogos) debemos aportar datos que permitan evaluar los programas y las iniciativas de los gobiernos a los que se cuestiona su legitimidad sin prueba alguna.

La República vivió una coyuntura internacional convulsa, con la crisis de 1929 como telón de fondo y el ascenso del nazismo y del fascismo en Europa. Para España, y centrándonos en el terreno económico, ese contexto supuso una dramática disminución de las exportaciones entre 1929 y 1935. Sin embargo, la devaluación de la peseta atenuó esa caída exportadora y contuvo las importaciones, contribuyendo a que el desequilibrio de la balanza comercial no fuera muy relevante. Se produjo, además, una reducción de las inversiones extranjeras e interiores (la inversión privada cayó a la mitad entre 1930 y 1932). Esto explica la pérdida de producción de las industrias básicas, productoras de bienes de capital, como la siderurgia. El crac de 1929 era el contexto internacional. Ahora bien, dos indicadores en España funcionaron en sentido contrario a lo que estaba acaeciendo en el mundo desarrollado: la estabilidad de los precios (es decir, sin deflación, como sí sucedía en Estados Unidos y en buena parte de Europa, con caídas de los precios en torno al 25%), el mantenimiento de la producción industrial global (incremento en la fabricación de bienes de consumo) y un ligero pero claro aumento de la renta nacional que contrasta con el incremento del paro, aunque este lo fuera en dimensiones inferiores a lo que era observable, por ejemplo, en Estados Unidos (con una tasa cercana al 30%) y en Alemania (33%) (Pablo Martín Aceña, Ed., 'Pasado y presente. De la Gran Depresión del siglo XX a la Gran Recesión del siglo XXI', Fundación BBVA, Madrid, 2011).

¿Cómo se explica esta aparente paradoja? Fontana señala, como uno de los elementos centrales, la mejora en la redistribución de la riqueza consecuencia del aumento de los salarios durante la República. El aumento de la demanda de bienes de consumo que siguió permitió expandir la producción industrial de un importante conglomerado de empresas. Ahora bien, esta explicación debe ser acompañada por otras: los aumentos salariales, las amenazas a la propiedad que implicaba una reforma agraria por muy limitada que fuera (Ricardo Robledo, Ed., 'Sombras del progreso. Las huellas de la historia agraria', Crítica, Barcelona) y el miedo a una escalada revolucionaria, frenó todo interés del sector privado empresarial hacia su transformación, inclinándolo, por el contrario, al enfrentamiento en 1936 contra la República.

Regresemos otra vez a la actualidad. Los datos disponibles subrayan un avance incuestionable de la economía española:

1. El elevado ahorro de los hogares: avances en el empleo y en la remuneración por asalariado.

2. Un endeudamiento de los hogares a la baja: 67,9% (deuda/renta), 15 puntos por debajo del área euro.

3. El crecimiento de la riqueza real de los hogares (5,1%).

4. Los pagos por intereses de la deuda se han reducido: 2,6% de la renta de los hogares (media comunitaria: 2,4%) y continuarán reduciéndose en 2025 por la caída del Euríbor.

5. En el campo de las empresas, la proporción de sus deudas sobre beneficios se mantuvo estable y a niveles reducidos en 2024.

No hay caos. Cinco elementos adicionales deben anotarse.

1. Incremento de las exportaciones españolas, del orden del 8,5% interanual –dato de marzo 2025: 34.000 millones de euros–, con superávit de más de 1.500 millones de euros con la Unión Europea y un incremento del 2,6% en las exportaciones hacia Estados Unidos (fuente: Secretaría de Estado de Comercio, a partir de estadísticas oficiales).

2. Crecimiento económico del 2,6% de España para 2025 (cuatro veces más que la media comunitaria). Se augura un crecimiento del 2% para 2026, una inflación en la senda del 2% y una tasa de paro inferior al 10%.

3. Despegue de la bolsa de valores, superando los 14.000 puntos con holgura, una situación que no se conocía desde 2008.

4. Incremento de la productividad, reduciendo el gap con la Unión Europea (fuente: Informe Anual del Banco de España).

5. Las agencias de rating (Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch) otorgan una calificación positiva (dato de mayo de 2025) para la deuda soberana de España.

Esto, en síntesis, refleja la confianza en la evolución económica española, edificada sobre el crecimiento del PIB, la mejora del mercado laboral y la estabilidad fiscal, según los informes conocidos de las agencias. Esto es fundamental para determinar el coste de financiación del país y la percepción de riesgo por parte de inversores internacionales.

La otra cara de la moneda: enormes dificultades en el acceso a la vivienda, transiciones en el campo de la energía, desigualdad y pobreza –con énfasis en la población infantil– y necesidad de una mayor profundización del Estado del Bienestar. El contexto en el que se opera es de gran incertidumbre: política arancelaria de Estados Unidos, ralentización económica en Alemania y Francia, impactos de la guerra europea, avance de las opciones políticas de ultraderecha con evidentes sellos antieuropeístas. Y, como decíamos antes, con un agit-prop tendente a dibujar todo como entrópico, en estado casi terminal.

Estamos, pues, ante un extraño caos. Porque sin esconder los problemas que existen, muchos indicadores delatan una situación económico-social totalmente alejada del precipicio, alejada del estado catastrófico que se pregona. La insistente búsqueda de datos –en la que está empeñada la derecha– que insinúen una debacle no tiene éxito, de manera que se persiste en explorar argumentos que sólo encuentran descanso en la tergiversación, en la mentira y en la extrapolación de los lamentables regalos que reciben de la falta de ética de personajes emboscados cerca del poder. Ni vemos un 35% de paro ni la destrucción de 900.000 empresas, ni apreciamos una huida masiva de capitales, ni la exterminación del tejido productivo, ni la presencia de críticas feroces por parte de las autoridades comunitarias. Su propuesta: el alimento del caos, que coloca a sus promotores en una posición que podríamos calificar de “política cuántica”: criticar sin tregua lo que se hace y sus resultados, con disparos de mortero hacia el gobierno central, al mismo tiempo que “sacan pecho” ante los mismos datos que se critican cuando se regionalizan.

Lo que interesa resaltar, en definitiva, es:

—Los ascensos al poder de opciones de izquierda han generado siempre, desde 1931, movimientos de desestabilización por parte del cosmos de las derechas: sucedió durante la República, sucedió con la llegada al gobierno de los socialistas en 1982 y 2004 y, ahora, desde 2018 hasta el presente con un ejecutivo progresista. De los tanques y las palabras flamígeras y falsas, a los argumentos distópicos sustentados en mentiras, tergiversaciones, bulos y extrapolaciones.

—Esta estrategia sobre-inflama cualquier acontecimiento –sea este grande o modesto– con la idea central de maximizar negativamente las consecuencias. Las descalificaciones personales, los insultos, las manipulaciones y la deshumanización de individuos concretos constituyen todos factores reiterados en diferentes períodos históricos y en la actualidad. Ahora, además, con el auxilio de la Inteligencia Artificial.

—La República no tenía como objetivo hacer una revolución social en el sentido que le daban las derechas, los empresarios y la Iglesia. De hecho, la presencia de comunistas y anarquistas en los gobiernos republicanos fue testimonial. Incluso, durante la guerra civil los comunistas insistieron en que no era el momento de revolución social alguna sino de defender la democracia. La pretensión de la República y de quienes la defendieron era , justamente, esa. En una coyuntura de renuncia de gobiernos democráticos europeos, España suponía una esperanza para todos los que entendían que la amenaza era el nazismo y el fascismo, y denunciaban el riesgo que infería la tolerancia inconsciente de políticos que parecían minimizar la convivencia con dictaduras fascistas, bloqueando, conscientemente y al mismo tiempo, las relaciones con un régimen radicalmente reformista, poco revolucionario como era el de la España republicana. “Es a nosotros a quienes defendemos cuando defendemos Madrid” (citado en el libro de Fontana) escribía Cecil Day Lewis, también conocido como Nicholas Blake, poeta británico que militó en las Brigadas Internacionales. Es la defensa de la democracia frente a la dictadura.

—Las hipérboles que estamos viendo hoy en día desde voceros de las derechas coinciden con lo que sabemos de esa fase de la historia contemporánea de España: la República, segada por la intransigencia, la incultura, la violencia y la pretensión inconfesada de mantener el estado de postración, miseria y analfabetismo al conjunto de la población.

Es importante que sepamos que la Historia, en mayúsculas, no se repite; pero tiene rimas –aunque no sean siempre consonantes– porque los parecidos y semblanzas son claramente observables.

La experiencia de la República tiene otra lectura, más política, para las izquierdas de la España actual: la desunión perjudica al conjunto progresista, afianza el paso de las derechas, lamina nuevas posibilidades de cambio, de transformación. En tal sentido, el gran historiador Eric Hobsbawm decía que “la izquierda tiene el hábito de pelear más consigo misma que contra el enemigo”. Las izquierdas no pueden dividirse de forma irremediable por ideas, como también señaló en su momento el escritor Eduardo Galeano. Tener la razón antes que tener el poder es una vía que puede proporcionar una cierta –falsa e infantil– tranquilidad de conciencia. Cambiar las cosas no es sencillo: requiere tiempo, esfuerzo, resolución de discrepancias, de enfados, de distanciamientos incluso. Se debe tener claro cuál es la alternativa, tener claro lo que se puede tener delante y que puede perderse o no conseguirse si se elevan a categorías algorítmicas diferencias internas menores (lo que se tuvo en los años treinta en España y que se perdió con consecuencias letales durante décadas). Esto también es “Memoria Democrática”. Que la izquierda no pierda su propia memoria.

1. Incierto contexto

El riesgo se puede medir. La incertidumbre, no. La economía se encuentra hoy en un estado de gran incertidumbre, auspiciado por la evolución de la pandemia. Tal situación va a extenderse a lo largo de 2022, tras el final de un 2021 igualmente sacudido por incertidumbres que arrancaban del año anterior: hace apenas doce meses que el proceso de vacunación no se había puesto en marcha, lo que alimentaba no pocos temores. Y los apocalípticos pronosticaban que era difícil –cuando no imposible– tener no ya el 90% de la población vacunada –dato de hoy mismo–, sino un porcentaje que, se pronosticaba, no llegaría ni al 50%.

El discurso tremendista en economía ha presidido muchos de los debates en foros diversos y en redes sociales: se ha utilizado para atacar la política económica del gobierno y de la propia Comisión Europea, independientemente de sus resultados objetivos. Todo muy alejado del escrutinio de los datos y bajo la influencia total de la ideología. La vacuidad en las tribunas; los mensajes argumentales de ciertos discursos políticos.

La incertidumbre tiene causas en la crisis actual: son víricas, es decir, sanitarias no tanto económicas, aunque sus efectos sean económicos. Esto, inédito en la historia económica reciente, dificulta cualquier augurio que quiera hacerse para los próximos meses, cuyo desarrollo vendrá condicionado por los siguientes factores:

Cómo articular una ecuación coherente con ingredientes tan sometidos, en algunos casos, al azar, a la aparición abrupta de cisnes negros –una nueva mutación vírica, por ejemplo–, que tensiona toda previsión realizada a partir de datos aparentemente fiables: crecimiento económico, afiliaciones a la Seguridad Social, recaudaciones tributarias, evolución de la tasa de paro, etc.

He aquí el desafío para el economista, para el científico social, insertos ambos en un engranaje de pensamiento que comporta la transversalidad del conocimiento: escuchar atentamente a virólogos, médicos, biólogos, físicos, un compendio de aportaciones para buscar, con información diversa, el mejor diagnóstico y, por tanto, las iniciativas que palíen la situación.

Arriesguémonos. Tomemos algunos indicadores solventes y apartemos de nuestra vista esa soflama tan querida por los economistas, el caeteris paribus. Sobre todo porque, en la economía real, nada permanece inalterable: eppur si muove, una expresión que encaja muy bien.

En tal sentido, trabajar con modelos matemáticos que no contemplan incógnitas azarosas, desconocidas –y no nos referimos a los residuos de Solow, que él mismo calificó como la medida de nuestra ignorancia– representa un ejercicio complejo. Tal vez puede ser más provechoso trabajar con estadísticas más descriptivas. Este es un riesgo, medible, ante la incertidumbre abstracta.

Bajemos pues al lago de los datos –sin pirotecnia econométrica– y comentemos por partes concretas, siempre con la cautela que recomienda, insistimos en ello, esa incertidumbre de difícil mesura.

2. Una inflación que puede ser transitoria

El año 2021 se cierra con un repunte claro de los precios –5,6% en España–, si bien la inflación subyacente sigue siendo baja, ya que apenas llega al 2%. Los impactos de segunda ronda son, por el momento, inexistentes. Atentos a lo que acontezca en el futuro inmediato en este punto. Instituciones económicas de referencia –Banco Central Europeo, Banco de España, Fondo Monetario Internacional– apuntan que es razonable plantear que los precios corregirán esa senda más alcista en el primer semestre de 2022 –se prevé una corrección a la baja en los precios de la energía y de la electricidad–, si bien su umbral general puede situarse por encima del 3%. Una incógnita clave a observar atentamente.

Esto no debería ser un motivo dramático de inquietud. Quizás debemos aceptar que la senda de los precios sea algo superior a los límites estrictos, aleatorios, que se han marcado en los tratados internacionales y en los portafolios de los bancos centrales.

Pensemos que hace apenas unos meses, la preocupación radicaba en el proceso deflacionario, un indicador preocupante que denotaba un problema evidente: la debilidad de la demanda agregada, un síntoma de profundidad de la crisis de crecimiento. Esta característica, la deflación, es la que ha definido las principales crisis económicas del capitalismo –1873, 1929, 2008, 2020, con la única excepción de 1973 y 1979–. Por tanto, esa debiera ser una mayor causa de desasosiego, más que una inflación del 3-4%. Pero la vieja ortodoxia domina.

Ante esto, la disyuntiva de los bancos centrales se centra en si suben los tipos de interés. Este aspecto está siendo alentado por el sector más mainstream del mundo académico y de las instituciones económicas: la reedición del “miedo a los mercados”, que tanto influyó en decisiones equivocadas –1937, con el presidente Roosevelt; 2010, bajo la batuta de Merkel–. Aquí no se puede integrar en el mismo discurso lo que sucede en Estados Unidos con lo que está pasando en Europa. La Fed ha anticipado las fechas del tapering; el BCE ha indicado que reducirá las compras de deuda, manteniendo los tipos de interés bajos. La recuperación en la Unión Europea es retardataria, en relación a Estados Unidos. Otro pronóstico: los tipos de interés se mantendrán estables en Europa, porque se interpreta que la inflación se corregirá a la baja: este y no otro es el mensaje de Lagarde, desde el BCE.

3. Un crecimiento económico robusto

Las correcciones realizadas por las instituciones sobre el crecimiento económico han levantado polvaredas en los medios de comunicación y en las esferas política y económica. Los apocalípticos han vuelto al ataque con este tema. Sin esos histrionismos, algunos economistas han desempolvado el concepto de la estanflación para resumir lo que está pasando ahora: estancamiento más inflación e incremento del paro, con un claro recordatorio a las crisis de 1973 y 1979, avivadas por el incremento en los precios del petróleo (ahora sería la electricidad el detonante). Un argumento de presión a los bancos centrales para que suban los tipos de interés, tal y como se hizo en los años setenta. Y, quizás, volver a la austeridad de la Gran Recesión. Pero los números no acompañan.

Tomando el caso de España, los ajustes del PIB –incorporando el más reciente del INE, en relación al último trimestre analizado, publicado hace apenas una semana– sitúan el cierre de 2021 con un crecimiento del 5%, inferior al que ha expuesto el gobierno. Se ha criticado mucho esto, ya que los Presupuestos Generales del Estado se han elaborado a partir de una tasa de crecimiento superior; pero, al mismo tiempo, recuérdese que esos presupuestos han sido calificados por las mismas instituciones europeas como “contractivos”, es decir, sin agotar los posibles márgenes de expansión que tenían. El caso de Italia sería el contrapunto a esto. En cualquier caso, un crecimiento económico del 5% en 2021 rompe con la tendencia regresiva de 2020, con otro factor más: la tasa de paro se ha reducido hasta el 14% –nueve meses seguidos de descenso–, las afiliaciones a la Seguridad Social superan ya las conocidas en 2008, y la recaudación fiscal ha crecido un 16% (sin incremento de la presión fiscal). Esta evolución económica se explica a su vez por las medidas adoptadas por el gobierno en política fiscal:

Esto ha supuesto que las comunidades autónomas –que tienen las competencias sanitarias– cierren el 2021 con un ligero superávit (+0,1% sobre PIB), un escenario sólo perceptible en dos ejercicios en un pasado más lejano –2004 y 2006–, según un reciente estudio de Fedea.

4. Sigamos explorando ese futuro incierto

Los dos puntos anteriores han especificado aspectos clave en la evolución de la economía. Las proyecciones hacia el futuro son –recuérdese nuestra introducción– inestables. Debemos fijarnos con las tendencias que diferentes instituciones están marcando, de cara al 2022, 2023 y 2024. Los dos últimos años, demasiado alejados para ser certeros. Pero determinan la visión que se tiene. Los cálculos del Banco de España ofrecen un claro panorama de recuperación, a pesar de los retrocesos ya comentados. Veamos seis indicadores clave:

Estos números remarcan varios aspectos:

Se reitera que estamos hablando de previsiones, que deben tomarse con prevención y cautela. Pero las tendencias son hacia la consolidación en la recuperación para 2022 y la ralentización en 2023 y 2024.

Insistimos en nuestras advertencias iniciales: la incertidumbre va a estar presente en todo este contexto, motivada por la evolución de la pandemia y sus impactos directos sobre las disrupciones en las cadenas globales de producción y de distribución y los precios de futuro del gas.

Pero la apocalipsis se seguirá utilizando para desviar el análisis más adecuado de las variables económicas. Esa apocalipsis debería ser medida con datos, desde el momento en que configura enormes riesgos. Pero los indicadores que se están manejando, con diferencias numéricas entre las instituciones, coinciden en un punto común: la recuperación es efectiva, solo posiblemente transgredida por esos cisnes negros que, abruptamente, pueden aparecer, aunque sean por ahora desconocidos. La incertidumbre, de nuevo.

Un Consejo de Ministros eminentemente económico ha proporcionado informaciones importantes para calibrar la perspectiva que el Gobierno tiene sobre la evolución de la economía. Tres factores cruciales cabe destacar:

1. La fijación del techo de gasto presupuestario, que mantiene la cifra ya proporcionada para 2021 y que persistirá en 2022: 196.000 millones de euros. El dato es de impresión, y denota la voluntad del Ejecutivo por desarrollar un presupuesto expansivo, que descansa sobre una incentivación de la capacidad inversora alimentada, a su vez, por los fondos europeos. Un factor clave, esencial, para la recuperación. Esta, a su vez, condicionará en positivo los ingresos fiscales, de forma que esas palancas de inversión y gasto público van a ser efectivas en el cierre del círculo: la demanda agregada.

2. El anuncio de un posible incremento del SMI para septiembre, a pesar de que la ministra Calviño no lo ha asegurado de manera taxativa. No cabe duda de que esa conjetura supondría, en conjunto, una contribución al incremento de la demanda agregada, toda vez que beneficiaría a cerca de 1,6 millones de personas trabajadoras. Esto puede deducirse de un trabajo de investigación publicado por el Banco de España, que recoge los resultados de un minucioso estudio firmado por Cristina Barceló et alter. Se indica que la subida de 2019 del 22,3% del SMI tuvo un efecto menor que la del 8% en 2017 en su impacto sobre la creación de empleos. En otros términos: ese incremento, casi tres veces superior en 2019 en relación a 2017, ha tenido una incidencia similar en su vertiente de no creación de puestos de trabajo. El motivo es que el salario mínimo no alcanzó, con la subida de 2019, un nivel con respecto al salario mediano que generase efectos no lineales. En tal sentido, este trabajo, firmado por investigadores del Banco de España, no dice que se hayan destruido empleos con el aumento del SMI; señala que la creación de empleo se habría ralentizado en algunos colectivos. Las conclusiones a las que se llegan están, en todo caso, presididas por la cautela y la prudencia. Pero es importante retener que el dato agregado ha sido la creación de empleo del orden del 2,3% en 2019, año de aplicación del SMI. El debate sigue abierto, y urge por tanto nutrir bien los argumentos, que deben estar definidos por el rigor.

3. Las previsiones económicas. En España, como en el resto del mundo, realizar augurios económicos en estos momentos es arriesgado. La evolución de la pandemia constituye todavía el factor que marca y determina las previsiones que puedan realizarse. El importante avance de las vacunas, sin embargo, permite albergar esperanzas positivas. Esto es lo que se indica por parte del equipo económico del Gobierno. Y esto se alinea con todas las instituciones económicas, que subrayan en sus informes de prospectiva avanzada –incluyendo el reciente documento del FMI– un crecimiento económico de España notable: el más relevante del conjunto europeo. Aquí cabe incluir también las revisiones que están realizando –en la misma senda– las entidades europeas, con la Comisión Europea y Eurostat como referentes principales. En paralelo, desde la esfera financiera (Banco Central Europeo, BBVA, Funcas, Banco de España) se patentiza una clara sintonía en idéntica dirección: las perspectivas son positivas, para el cierre de 2021 y 2022. La quinta ola pandémica puede trastocar todo esto, si se persiste en conductas inapropiadas. Pero existen concordancias innegables entre diferentes instituciones económicas.

Una síntesis apretada de los diferentes documentos consultados (con especial referencia a las aportaciones del Servicio de Estudios del Banco de España) indica lo siguiente, desde dos bases concretas:

Para ilustrar todo esto, seis indicadores son determinantes.

Primero, una revisión al alza del crecimiento económico para 2021 y 2022: el crecimiento del segundo trimestre de 2021 ha sido del 2,2%, lo que permite augurar una tasa entre el 4% y el 6% entre 2021 y 2023. Segundo, un escenario de inflación controlada, entre el 1,2% y el 1,9%, con repuntes muy puntuales, que además va a contar con la revisión que ya ha hecho el BCE en cuanto al horizonte inflacionario, que se amplía a una tasa superior al 2%. Tercero, una senda de vacunación ya completa que va a llegar, en función de los datos disponibles por el momento, hasta el 70% de la población española en agosto. Cuarto, la reducción de la incertidumbre empresarial: 6,2% en 2021, 2,8% en 2022 y 1,8% en 2023. Cinco, el recorte esperado del paro: 15,6% en 2021, 14,7% en 2022 y 13,7% en 2023. Y seis, la reducción del déficit público: –8,2% en 2021, –4,9% en 2022 y –4,3% en 2023.

Estos seis indicadores se alimentan, a su vez –como se ha indicado más arriba– de las previsiones de inversión pública, la gran palanca de la recuperación, con las iniciativas del Next Generation EU como exponente esencial: esto es lo que se desprende de la fijación, importante, del techo de gasto. La absorción en el PIB de esas inversiones del NGEU se calculan en un punto porcentual para 2021, 2,3 puntos porcentuales en 2022 y 1,7 puntos porcentuales en 2023. Esto proporciona la magnitud de lo que se ha conseguido en la Unión Europea y su previsible impacto en el tejido productivo. Una gran oportunidad que no debe desaprovecharse. El corolario de todo esto que estamos explicando es el incremento del consumo privado, con una reducción, ya apreciable, de la tasa de ahorro: la población vuelve a gastar. De nuevo, otro de los componentes básicos de la demanda agregada.

Las incertidumbres: cuatro, básicamente. Una: la recuperación del turismo. La temporada 2021 no es considerada como “normal” –el contraste siempre es 2019–. Pero las previsiones señalan una recuperación de los ingresos que puede oscilar entre el 35% y el 45% sobre 2019, al cerrar el año. Aquí la volatilidad es elevada, habida cuenta de que depende mucho de los avatares de la evolución pandémica no solo en España –y en sus regiones motoras en turismo de masas–, sino en los mercados emisores. Dos: calibrar la destrucción del tejido productivo y la histéresis. Tres: la velocidad de aplicación del NGEU. Y cuatro: la efectividad de las políticas públicas.

En definitiva, la economía española ha entrado en una senda de crecimiento con perspectivas positivas en la evolución de sus primordiales indicadores. Lo que se ha comunicado desde el Consejo de Ministros no se desdice de lo que, como hemos apuntado en esta nota de urgencia, otras entidades están previendo.

El acuerdo del G7 sobre una reforma del sistema fiscal global, rubricado en Londres, supondrá mayores contribuciones fiscales para las grandes empresas tecnológicas. Éstas deberán cotizar el Impuesto de Sociedades en los lugares donde operan, de manera que esto ataca de forma directa la elusión fiscal conocida hasta la fecha. El mínimo acordado es de un 15%, a partir de la propuesta de Estados Unidos, que incluso solicitaba un porcentaje que superaba ligeramente el 20%.

La espoleta de este histórico pacto han sido las consecuencias de las medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus por parte de los gobiernos. Desenlaces que están suponiendo incrementos relevantes en las deudas públicas y, además, fuertes desequilibrios presupuestarios y expansiones del déficit público. A los grandes retos que tiene la economía mundial, como la lucha contra el cambio climático, los desafíos demográficos, la digitalización en la producción y en los servicios, la movilidad sostenible, la transición energética, se debe añadir el impacto demoledor de la crisis vírica. Urge financiación para encarar todo esto.

Para ello, se ha abordado por el G7 un aspecto que algunos economistas venían reclamando ya desde la Gran Recesión: la necesidad de revisar el entramado fiscal de las naciones; y, a su vez, la perentoriedad por trabajar en tasas y/o impuestos de perfil global. De hecho, debe recordarse que autores como Thomas Piketty y Gabriel Zucman ya proponían en 2012 figuras tributarias de carácter internacional, simétricas para evitar movimientos especulativos de capital, que incidían sobre el patrimonio. Y que trataban de combatir las economías offshore y sus opacidades fiscales (consúltese: John Urry, Offshore. La deslocalización de la riqueza, Capitán Swing, Madrid, 2017).

Lo acordado en Londres incide en lo comentado, ya que trata de:

Según indica Zucman (La riqueza oculta de las naciones, Pasado&Presente, Barcelona, 2013), en los paraísos fiscales se ocultan unos 6 billones de euros: ello infiere un fraude, un verdadero robo a los estados, que supera los 130.000 millones de euros. Hagámonos una idea más precisa: en seis años, aflorar ese dinero negro permitiría recuperar prácticamente la partida de 750.000 millones de euros que se han puesto en marcha para desplegar el Next Generation Europe. La magnitud es de impresión, y no se detiene aquí. En efecto, según cálculos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, incrementar el impuesto mínimo al 25% supondría casi cuatro veces más ingresos que el del 15%: de unos 48.000 millones en el caso del 15% a cerca de 170.000 millones con el 25% y 270.000 millones si hablásemos del 30% (véase el informe firmado por Mona Barake, Theresa Neef, Paul-E. Chouc y Gabriel Zucman: Collecting the tax déficit of multinacional companies: simulations for the European Union, junio de 2021, págs. 27-28).

La medida debe saludarse positivamente, como exponente de un avance hacia gobernanzas mundiales de las finanzas públicas que eviten competencias desleales. Pero este novedoso planteamiento, que resultaría insólito hace tan solo dos años, sugiere otros aspectos. En primer lugar, señala el cambio que se está operando en el paradigma económico: incremento de la fiscalidad sobre multinacionales e incluso franjas más ricas de la población –como se está debatiendo en Estados Unidos–, frente a aquellos que todavía se obstinan en la reducción de impuestos como artilugio central en política económica. Herramienta ya fallida, como se ha demostrado en la historia económica.

En segundo término, el acuerdo de Londres sacude las cestas de impuestos de los países, en una dirección determinada: la exploración de figuras tributarias de carácter ambiental, que sustituyan a otros impuestos y tasas para evitar incrementos en la presión fiscal. La descarbonización también ha de incidir en la creatividad de los expertos fiscales, y la noción de progresividad es la que debe defenderse en cualquiera de las fórmulas que puedan adoptarse.

Por último, el papel de los bancos centrales y del sistema financiero en todo esto, con nuevas orientaciones que deberán contemplar los nuevos retos a los que aludíamos antes (sobre esto, véase: S. Dikau-U. Volzc: Central bank mandates, sustainability objectives and the promotion of green finance, Ecological Economics, vol. 184, junio 2021).

Los incrementos de deuda pública son claros por los grandes esfuerzos que se están realizando en las finanzas públicas. A su vez, se impone escrutar con detalle qué está pasando con las deudas privadas que, en algunos casos –la historia económica lo enseña de nuevo–, se acaban por traducir en deuda pública. Estos aumentos de las ratios deuda/PIB deberán abordarse, más temprano que tarde, en el seno de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, en el caso de la UE.

La revisión de los procesos de endeudamiento va a ser otra importante encrucijada para el mundo económico y financiero. Esto parece ahora mismo un tabú. Pero recuerden: también lo eran el equilibrio presupuestario a ultranza, la austeridad, la reducción de la deuda, la retracción de la inversión, el control a toda costa de la inflación…y la subida de impuestos. Este último punto es, quizás, el que ha generado posturas más férreas por parte del mainstream y de las opciones políticas más conservadoras, que siempre pregonan la curva de Laffer como arma arrojadiza. Pero he aquí que el G7 se ha saltado este dogma. La curva, a la papelera. Y es que, números cantan –Eurostat, FMI, Banco Mundial, Oxfam–, la realidad, la dura y estricta situación económico-financiera, impone sentido común y el arrinconamiento de los catecismos al uso: biblias menores que solo han conseguido incrementar la riqueza de los ricos y elevar la desigualdad de los más vulnerables. Esperemos estar ahora en una senda más provechosa, más económica –en el sentido aristotélico– y menos crematística.