Este verano, la ciudadanía europea, y en particular la española, está pagando dos veces el precio de depender de los combustibles fósiles. Primero, lo pagamos en las gasolineras. Debido a la situación geopolítica y las olas de calor, solo en los meses de verano en España, el precio medio de la gasolina ha subido un 18%; el diésel un 21, 4% y el de la electricidad un 17%.

La segunda factura es mucho peor, porque más allá del coste económico supone una catástrofe humana, social y ecológica. Este verano, una ola de calor tras otra han azotado la Península Ibérica, haciendo del otrora idílico verano una estación insoportable, en la que el sudor y el sofoco son el menor de los males. Lo más devastador es que, a finales de agosto ya se contabilizaban más de 5.000 muertes debidas al calor, lo que supone el verano con más fallecimientos por esta causa.

Las altas temperaturas también hacen más terribles los incendios forestales, que han vuelto a arrasar el país, batiendo récords imposibles. Solo en julio y agosto, lamentamos la muerte de 14 personas por causas relacionadas con incendios forestales. Son decenas de miles de personas las que han sido evacuadas, y miles de ellas tienen que lamentar incluso que su vivienda se haya visto afectada. Sin olvidar las más de 250.000 hectáreas de montes calcinados en un par de meses. La situación es tan dramática que ya hablamos con normalidad de decenas de miles de hectáreas quemadas, de cientos o miles de personas evacuadas y de poblaciones afectadas en cada incendio.

A esta factura también se suman las pérdidas en las cosechas, que el servicio científico de la Comisión Europea JRC, cifra en un 14% por debajo de la media de los últimos cinco años en la UE, dependiendo del cultivo. Solo esto tiene un impacto económico estimado es de unos 2.000 millones de euros de ingresos perdidos para los agricultores.

Aunque la factura del combustible o la luz y la que causan las altas temperaturas se presentan como algo diferente, ambas son consecuencias de un modelo energético basado en los combustibles fósiles. Durante años, los responsables políticos europeos han tratado la lucha contra el cambio climático, la seguridad energética y la competitividad como agendas separadas. La realidad es la contraria. La vía más rápida para conseguir una energía más barata y fiable, una industria más resistente y una mayor autonomía geopolítica es la misma que permite reducir las emisiones: acabar con la dependencia de los combustibles fósiles.

Ahora Europa necesita una hoja de ruta ambiciosa para hacer frente a su mayor vulnerabilidad estratégica: su dependencia de los combustibles fósiles. El discurso sobre el estado de la Unión que pronunciará la presidenta Ursula von der Leyen en septiembre es el momento adecuado para ponerla en marcha. La presidenta de la Comisión Europea debería centrar su acción y su discurso en responder a la pregunta ¿qué hace falta para que esta sea la última crisis de los combustibles fósiles que sufra Europa?

El primer paso es cuantificar el verdadero coste de esta dependencia. El siguiente paso es identificar la vía más rápida y eficaz para abandonarlos. La reducción del consumo, las energías renovables respetuosas con la biodiversidad y el territorio, la eficiencia energética, la electrificación, unas redes dimensionadas y robustas, así como el almacenamiento son soluciones sobre las que ya existe evidencia suficiente para demostrar que funcionan. El reto ahora es desplegarlas. Además, cada euro de dinero público debería someterse a una pregunta muy sencilla: ¿reduce la dependencia de Europa de los combustibles fósiles o la prolonga? Demasiados fondos públicos, demasiadas subvenciones y demasiadas decisiones de inversión siguen reforzando el sistema energético del pasado en lugar de impulsar el del futuro.

La transición debe hacerse de forma justa y contando con toda la ciudadanía europea. Las regiones, las personas trabajadoras y los hogares que sostienen la economía europea no pueden quedar simplemente al margen, asumiendo por sí solos los costes del cambio. Al contrario, deben estar en el centro del diseño de las soluciones y de las vías para llevarlas a cabo. Y si hablamos de soluciones rentables, la naturaleza debe formar parte de la estrategia. Los bosques, humedales, suelos y espacios verdes urbanos de Europa no son meros activos medioambientales. Son infraestructuras esenciales: ayudan a enfriar las ciudades, reducir el riesgo de inundaciones, almacenar carbono y reforzar nuestra capacidad de adaptación a un clima cambiante, a menudo a un coste muy inferior al de las alternativas basadas en infraestructuras artificiales.

Ninguna de estas prioridades es nueva. Lo que ha faltado hasta ahora es un único marco estratégico capaz de conectarlas. El debate europeo se ha fragmentado, creando una brecha entre la política industrial, la seguridad, la lucha contra el cambio climático, la agricultura y las reglas fiscales. Sin embargo, cada nueva crisis energética demuestra que todos estos ámbitos forman parte de un mismo desafío: la dependencia de la energía fósil importada hace que Europa sea más débil, más pobre y menos resiliente. El discurso sobre el estado de la Unión que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciará en septiembre debería hacer algo más que responder a las últimas crisis. Debería poner en marcha una hoja de ruta que garantice que nunca más se repita.

La Cumbre del Clima parece que va a terminar sin alcanzar los acuerdos que necesitamos para frenar la crisis climática. A pesar de la decepción, hay algo que no admite duda: tanto la presidencia británica como la gran mayoría de los países, se han llenado la boca para hablar de la emergencia climática. Las declaraciones institucionales han asumido como propias las evidencias científicas presentadas por el Panel de Expertos para el Cambio Climático (IPCC). En el avance de su Sexto Informe de Evaluación, presentado en agosto de 2021, el IPCC es claro: el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando.

Si las emisiones no se reducen de manera rápida, será imposible limitar el incremento de la temperatura a los 2º C. Y si bien ya estamos notando los efectos del calentamiento global (inundación de zonas litorales, incendios de magnitud desconocida antes, pérdida de la biodiversidad, propagación de enfermedades infecciosas o derretimiento de glaciares milenarios, entre otras) la comunidad científica ni siquiera se atreve a vislumbrar qué es lo que podría ocurrir por encima de los 2ºC. Una vez se superen ciertos puntos de inflexión (tipping points) y se desequilibre completamente el sistema climático, no podremos hacer más que adaptarnos a lo inevitable y hacer frente a pérdidas y daños que ya están ocurriendo pero que, sin duda, aumentarán a gran escala.

Frente a esta acuciante y desesperada situación, las empresas que se han enriquecido con la quema de combustibles fósiles siguen empeñadas en vender humo. Nos proponen soluciones de final de tubería, tecnologías de ciencia ficción para que nada cambie, y para que el sistema capitalista siga rodando, apretando el acelerador hacia el precipicio.

En esta COP26 se ha hablado mucho de neutralidad climática, el net zero, poniendo el foco fundamentalmente en tecnologías —a pesar de que han demostrado su ineficacia y sus riesgos— como la captura y almacenamiento de carbono o la energía nuclear. También se ha hablado de propuestas tan fantasiosas como la gestión de la radiación solar.

En la zona azul de la COP —los espacios de negociación oficiales- los países ricos, a instancias de las multinacionales patrocinadoras de la cumbre, han abogado por incluir estas tecnologías fallidas en sus compromisos de reducción de emisiones, las NDC (nationally determined contribution).

No en vano, en lo que va de siglo se han destinado miles de millones de dinero público y privado a experimentos que han tratado de capturar carbono o reflejar la radiación solar. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea publicó en 2018 un informe sobre los fondos dedicados a este tipo de proyectos. Según el informe, “ninguno de los proyectos de captura y almacenamiento de CO2 financiados por el NER300 han obtenido resultados satisfactorios”.

Pero hablemos de algunos de sus efectos negativos. En la Cumbre de los Pueblos de Glasgow, el encuentro alternativo a la COP26 que ha congregado a miles de activistas, hemos podido escuchar testimonios de las comunidades afectadas por algunos de estos experimentos de geoingeniería. La geoingeniería se presenta como una solución tecnológica para combatir el cambio climático, al manipular a gran escala algunos factores que influyen en el clima del planeta. Las tecnologías de geoingeniería climática pueden dividirse en: la gestión de la radiación solar (reflejar la luz del sol al espacio), la captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero y la modificación del clima. Dentro del marco de la geoingeniería se incluyen una amplia gama de técnicas, entre ellas: “blanquear” las nubes para que reflejen los rayos del sol; lanzar partículas de materiales reflectantes, como los sulfatos o el carbonato cálcico a la estratosfera; espolvorear perlas de silicato reflectantes sobre los hielos polares; verter partículas de hierro en los océanos para alimentar el plancton que absorbe el CO2; o modificar genéticamente los cultivos para que su follaje refleje mejor la luz solar.

Muchos de estos experimentos están previstos en territorios indígenas originarios y tradicionales, como el proyecto SCoPEx, que propone inyectar partículas de sulfato en la atmósfera para probar su eficacia para bloquear el sol. SCoPEx ha sido temporalmente paralizado dada la oposición de la comunidad Saami (Laponia) a la puesta en marcha de un proyecto en su territorio sin haber realizado previamente ningún proceso de consulta ni información pública. La población nativa se opone también al proyecto Ice911 en Alaska, ahora conocido como Arctic Ice Project, que pretende esparcir millones de diminutas burbujas de vidrio sobre el hielo del Ártico para ralentizar el deshielo y reflejar la luz solar.

Estos proyectos, además de llevar décadas de experimentación sin demostrar su viabilidad, pueden provocar graves impactos en territorios vulnerables, y son un freno a la verdadera lucha contra el cambio climático, al detraer recursos económicos y energéticos de las verdaderas soluciones.

Por otro lado, una de las energías más peligrosas que la humanidad ha desarrollado, la energía nuclear, también ha estado también muy presente en esta COP26, especialmente en los espacios abiertos al público. Incluso en la zona verde (la zona de eventos abierta al público, mayoritariamente copada por las empresas patrocinadoras de la cumbre), un expositor muestra las teóricas maravillas de la fusión nuclear, una tecnología que lleva más medio siglo en fase experimental y de la que siempre se dice que le faltan otros cuarenta años más para ser viable, y rentable.

Pero ya no hay tiempo. Para frenar la emergencia climática solo hay un camino: dejar de quemar combustibles fósiles. Y para ello, la única vía es dejarlos enterrados, evitar nuevas prospecciones y afrontar un verdadero cambio sistémico que ataje de raíz el origen del cambio climático. 

Para reducir las emisiones asociadas al transporte, por ejemplo, debemos pensar más en cómo reducir la necesidad de movilidad de personas y mercancías (mediante la producción y el comercio local, o la reducción del consumo de productos superfluos que no necesitamos), y menos en electrificar todo lo que se mueve. De nada sirve invertir esfuerzos en intentar algo tan inviable como la electrificación de toda una flota de vehículos si mantiene su tamaño actual.

Nos queda muy poco tiempo para organizar una transición justa a un sistema socioeconómico que ponga de verdad la vida en el centro, y no los beneficios económicos. Este cambio va a requerir mucha energía y muchos esfuerzos, y no podemos permitirnos el lujo de despilfarrarlos en falsas soluciones que ya se han demostrado inútiles e incluso, peligrosas. 

La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, aprobada recientemente, obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes, y a muchas de las ciudades de más de 20.000 habitantes, aquellas que hayan tenido episodios de superación de indicadores de calidad del aire, a poner en marcha sus Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023, esto es, en menos de 18 meses. Esta medida supone un gran avance para la mejora de la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático desde las ciudades, pero puede quedar en papel mojado si los mecanismos que se ponen en marcha para su implementación adolecen de falta de rigor, o generan confusión en la ciudadanía. 

Aún está por ver en cada ciudad cómo se desarrollan, pero parece claro que habrá algunos criterios que determinarán qué vehículos pueden entrar y cuáles no en las ZBE. Uno de los criterios más habituales para discriminar la entrada a las ZBE suele ser el tipo de combustible que utiliza el vehículo, y, de forma más precisa, el tipo de motor. 

El actual sistema de etiquetado ambiental de vehículos (B, C, ECO, CERO) resulta muy confuso, utiliza una nomenclatura y una gama de colores inversa, por ejemplo, al etiquetado de la eficiencia energética de los electrodomésticos, por lo que puede llevar a interpretaciones erróneas por parte de las personas consumidoras. Estos distintivos categorizan los vehículos en función de las mediciones realizadas por los fabricantes, en condiciones ideales, de las emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas. Se ha demostrado en varias ocasiones que las emisiones reales son mucho mayores que los valores indicados por los fabricantes, vulnerando de esta manera el derecho a la información de las personas consumidoras. 

Ecologistas en Acción, Ecodes, Greenpeace y Transport&Environment hemos desarrollado una propuesta alternativa al actual sistema de etiquetado ambiental de los vehículos, para afrontar de una manera más eficaz los retos que la Ley de Cambio Climático ha puesto sobre la mesa. Es una propuesta clara, y más fácil de entender que la actual. 

Los principales cambios que demandamos son: tener en cuenta las emisiones de CO2a la vez que las contaminantes a la hora de otorgar los distintivos; eliminar la etiqueta ECO, por engañosa, y una mejora para acercar más la clasificación a las emisiones reales de los vehículos y que solamente los vehículos sin emisiones reciban el distintivo CERO. 

Tener en cuenta las emisiones de CO2 resulta imprescindible ya que las zonas de bajas emisiones no servirán solo para reducir emisiones contaminantes, sino que su principal objetivo será reducir, precisamente, emisiones de CO2.  Es de particular relevancia en un escenario en el que la moda de los SUV ha hecho que la mayoría de los coches que se venden en la actualidad sean más contaminantes que hace 10 años. 

La propuesta presentada propone suprimir el distintivo ECO que reúne a vehículos de gas e híbridos. Su eliminación ha sido demandada incluso  desde organizaciones de consumidoras y usuarias, porque es una etiqueta engañosa: los vehículos a gas no son ecológicos ya que se mueven con un combustible fósil que genera CO2 y otros gases de efecto invernadero como el metano, y son tan contaminantes como los vehículos de gasolina. Respecto a los híbridos, se ha demostrado que circulan con excesiva frecuencia como vehículos a motor de gasolina o diésel, ocasionando la misma problemática ambiental que aquéllos.

Con la etiqueta CERO solo deberían catalogarse los vehículos eléctricos de batería y los de pila de combustible, cuyas emisiones en operación son nulas, y no vehículos híbridos como sucede en estos momentos.

En nuestra propuesta, las etiquetas B y C se mantendrían; este etiquetado afecta al 90% del parque de vehículos actual, aunque debería incorporarse en estas etiquetas el criterio de emisiones de CO2, no superando los 137 gramos por kilómetro en el caso de la etiqueta C.

Por último, proponemos la creación de una nueva etiqueta D, que distinguiría los vehículos de combustión interna menos contaminantes y más eficientes (vehículos Euro 6d y posteriores), cuyas emisiones de CO2 no superen los 95 gr/km. 

La emergencia climática exige que los cambios que se lleven a cabo sean profundos, y las medidas operativas para ponerlos en marcha, eficaces y fáciles de entender por la población. Si no se hace así, las ZBE pueden correr el riesgo de quedar en meras propuestas con buenas intenciones pero poca efectividad, y se habrá perdido una oportunidad de oro para luchar contra el cambio climático.