En una semana que arranca una cacerolada contra la impugnación de la Ley de contención de rentas en los contratos de arrendamiento, continua con el suicidio de un inquilino en el preciso instante en que iba a ser desahuciado, y prosigue con la ciudadanía presentando frente a los leones del Congreso su propio borrador para contar de una vez con una Ley Estatal Vivienda, parecería totalmente lógico y coherente recibir el anuncio de un acuerdo para congelar los precios del alquiler en todo el Estado como el resultado de las presiones del movimiento de vivienda y sobre todo, una espléndida noticia a celebrar por todo lo alto. Sin embargo, nosotras, que de esto ya vamos sabiendo algo, no podemos evitar sentir algo en las antípodas de la euforia.

Quizá sea porque entendemos cuál es el motivo por el que el PSOE ha decidido impugnar esa ley, vigente tan solo en Catalunya, nueve meses después de su entrada en vigor, y no al día siguiente como hizo el PP. Y es que en estos nueves meses, en los 60 municipios en los que la ley estaba presente, los precios no solo han descendido mientras que en el resto de la región, y en resto del territorio nacional, seguían subiendo, sino que han bajado en mayor proporción, lo que ha evidenciado una eficacia fuera de toda duda como la vía acertada para sanear un mercado arrendaticio tan enfermo como el nuestro. Esos, lógicamente, son los peores datos que puede tener delante un Gobierno que no se atreve a tocar los privilegios de la clase rentista, y por eso había que impugnar la Ley y distraer la atención con un cacahuete como el de la congelación de precios.

Y el cacahuete, para qué nos vamos a engañar, no deja de ser comida, pero igual no alimenta tanto como parece.

Y es que otro de los datos arrojados por estos nueve meses de la ley de regulación en Catalunya es que la cifra de nuevos contratos ha aumentado con respecto a los años anteriores, en contra del pronóstico de la patronal inmobiliaria que vaticinaba un desplome de la oferta. Si bien no son todos nuevos contratos, sí es cierto que la oferta no ha disminuido. Y aquí es cuando entendemos que la de contención de rentas en los contratos de arrendamiento no es solo una ley para nuevos contratos, sino que equilibra la balanza para hacer realidad, por primera vez al menos en unas cuantas décadas, eso que dice la LAU de que la renta será la que libremente estipulen las partes, desterrando la mítica frase de “si no te encaja el precio, tengo a diez más esperando para entrar”.

Este chantaje ya no es posible porque desde el otoño pasado, una inquilina en Catalunya le puede explicar a su casero que aunque está muy a gusto donde está, ahora que los precios están limitados se ha puesto a buscar algo más asequible para no ir asfixiada todos los meses. Y puede también añadir que es una lástima que cuando ella se marche, otro inquilino entrará a disfrutar esa casa por un precio menor, ya que el nuevo contrato tendrá que ajustarse a los límites establecidos. Y que claro, ¿cómo será ese inquilino?, ¿será buen pagador?, ¿será buen vecino o será ruidoso?, ¿cuidará la casa tanto como la he cuidado yo todo este tiempo? Y ahora que lo pienso, igual hasta que aparezca alguien, ¡se pasa la casa unos meses vacía sin generar rentas y al albur de la usurpación...! Desde luego, que lástima que no podamos firmar un nuevo contrato con una bajada de precio, quedarme aquí y seguir ambas partes tan tranquilas como hasta ahora... ¿o sí podemos?

Lo que pasa después también es muy bonito, porque la cantidad que a partir del mes siguiente no se va a llevar el casero, se lo va a llevar el panadero, la pescadera, el bar de abajo, la tienda de regalos de la plaza o el taller mecánico de la esquina. Y tanto aliviar la presión de la ciudadanía como incentivar la economía con una sola medida, es algo que un Gobierno no puede rechazar, si no quiere que sus votantes sospechen que gobiernan para esos pocos que si se asfixian, es porque están haciendo apnea en las Seychelles.

Congelar los precios en un contexto en el que su evolución continúa al alza pero de manera tan tímida, en el que la burbuja está cerca de estallar, y en el que una pandemia va a dejar famélicas las arcas públicas, pretender garantizar el derecho a la vivienda no dejando subir más los precios, ergo congelándolos, no solo es ineficaz, sino que tomarla como opción real frente a un precedente tan fresco como el marcado en Catalunya con la ley 11/2020, es insultante desde cualquier perspectiva menos la de, por ejemplo, un fondo de inversión, que aún no ha logrado cerrar su hoja de ruta especulativa en nuestro país de saldo.

Porque, si es para eso, ya tenemos Gobiernos conservadores que al menos, no generan expectativas.