La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada por Women’s Wordlwide contra Julio Iglesias por supuestos delitos de agresión sexual y trata de personas , entre otros, cometidos en República Dominicana y Bahamas. Se acuerda que los tribunales españoles no pueden juzgar estos hechos cometidos en el extranjero, lo que significa que no se entra en el fondo del asunto. El archivo es recurrible ante la Audiencia Nacional y la pregunta inevitable es si existen aún vías para que los hechos sean juzgados en España. En mi opinión, la respuesta es doble: con la ley en la mano puede aún mantenerse la competencia jurisdiccional española, pero si consideramos la interpretación restrictiva que han venido manteniendo tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional, las posibilidades de éxito son más bien sombrías e incluso, muy problemáticas. Veamos

La actuación extraterritorial de tribunales españoles en delitos cometidos en el extranjero es excepcional y se limita a los casos regulados en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Por lo que aquí interesa, en casos de lo que se conoce como principio de justicia universal y también por el principio de personalidad activa , así llamado porque se dedica a los delitos cometidos por españoles en el extranjero. El debate se ha centrado en la justicia universal, que históricamente y no solo en España se definía como persecución de delitos repudiados por la comunidad internacional (genocidio, terrorismo, tortura, entre otros) y recogidos en tratados que comprometen a los estados a ejercer su jurisdicción, con independencia de la nacionalidad de autores y víctimas. Tal era el sentido del número 4 del art. 23 LOPJ hasta la reforma de 2014 y mientras estuvo vigente esa -genuina- versión del principio, la jurisdicción española protagonizó la persecución de los delitos cometidos por algunas dictaduras (Chile y el caso Pinochet, Argentina y el caso Scilingo, condenado por tortura por la Audiencia Nacional española). También se abrieron procesos contra autoridades guatemaltecas (genocidio del pueblo maya), autoridades israelíes (bombardeos de Gaza, ¡ya entonces!) o estadounidenses (crímenes de guerra en Irak y torturas en Guantánamo). Y podría decirse que, pese a que no todos los procesos prosperaron, la justicia universal española murió del éxito que supuso su considerable prestigio como defensora del orden internacional de defensa de los derechos humanos.

En efecto, las presiones internacionales, especialmente de Israel y Estados Unidos, propiciaron la demolición del principio de justicia universal en la LOPJ española y su completa desnaturalización mediante la Ley Orgánica 1/2014 titulada “de modificación de la LO la 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, relativa a la justicia universal”. Lo que hoy regula el art. 23.4 de la LOPJ ya no se basa en el compromiso español en la persecución de delitos internacionales con independencia de la nacionalidad de su autor o de su víctima sino que, en una farragosa enumeración de supuestos, se incluyen los requisitos de la nacionalidad española del autor o bien de la víctima, lo que se ha calificado de vinculación o conexión material con España, es decir, lo contrario del sentido histórico de la justicia universal en el que no priman los intereses nacionales sino la actuación como miembro de la comunidad internacional. Esa es la filosofía de las interpretaciones restrictivas posteriores. En el caso de Julio Iglesias, el rango internacional de los delitos denunciados está en que se incluyen en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (conocido como Convenio de Estambul) y expresamente citado en la LOPJ.

Así las cosas, volvamos a la pregunta inicial: ¿tiene posibilidades un recurso contra el decreto de la Fiscalía de la Audiencia Nacional?. Debería tenerlas porque no se interfiere en la jurisdicción de República Dominicana o Bahamas, (lo que está prohibido por la LOPJ para los delitos de la justicia universal), y los supuestos que enumera la ley (autor español o víctima española, etc.) son alternativos y basta con que esté presente uno de ellos, pese a que la Fiscalía exige que se den todos a la vez.

En cuanto al principio de personalidad activa, con el art. 23.2 LOPJ en la mano, los tribunales españoles pueden perseguir delitos cometidos por españoles en el extranjero siempre que: a) el hecho sea delito en el lugar donde se cometió, b) que el agraviado presente una querella ante tribunales españoles y, c) que el hecho no haya sido ya absuelto, indultado o penado en el extranjero. Puede decirse que se cumplen porque aquí la ley no limita los delitos perseguibles ni prohíbe interferir en la jurisdicción extranjera, pero el Decreto de archivo de la Fiscalía pasa de puntillas sobre el tema: cita una sentencia del TS (974/2016) en la que se exige que el hecho sea delito en el país donde se cometió lo que se cumple en este caso, al menos en lo que se refiere a las agresiones sexuales. Y, de nuevo, mantiene una interpretación restrictiva de lo que dice la ley al afirmar que el principio de personalidad activa no supone que la ley española acompañe a los españoles más allá de las fronteras, cuando eso es precisamente lo que significa.

En suma, son las interpretaciones judiciales restrictivas de la ley y no la ley misma las que obstaculizan la competencia española en este caso. En este y en cualquier otro, obviamente, no basta con ello para llegar a un juicio y, en su caso, una condena, pues si el acusado no se encuentra en España será necesario pedir y obtener su extradición. Pero sobre todo en los delitos internacionales, la mera declaración de competencia y la investigación tiene un valor simbólico importante: España no “se erige en juzgador universal sin elementos de conexión territorial o personal importantes” como teme la sentencia del TS 387/2022 negándose a perseguir un caso de tortura en Colombia. Lo que se hace es manifestar el compromiso con la protección de los derechos humanos más allá de las fronteras. Pero la evolución de los últimos años evidencia que ya no estamos en ese camino.

En los indultos recién concedidos a los políticos catalanes condenados por el procés se concitan varias certezas y algunos pronósticos. Comenzando por las primeras, es innegable que el Estado ha reaccionado con dureza ante los hechos, imponiendo penas severas de cárcel -que algunos todavía consideran insuficientes- y manteniendo ahora las de inhabilitación para cargos públicos que impedirán, por ejemplo, presentarse a las elecciones durante varios años. Es una certeza también que la situación de prisión ha provocado reticencias en las instituciones y los jueces europeos, agravadas después de casi cuatro años de privación de libertad. Y es una certeza que estos delitos se inscriben en un serio conflicto político en el que los condenados cuentan con el apoyo de casi la mitad del electorado al que se dirigen. 

También es incontestable que cuando el Gobierno valora la utilidad política del indulto no cuestiona la corrección ni proporcionalidad de la sentencia condenatoria. Lo ha dicho el Gobierno y lo dijo el Tribunal Supremo en su informe negativo a la concesión del indulto en este caso. Produce un cierto sonrojo tener que repetirlo porque está en la base de la división de poderes, de la que el indulto es una manifestación que, podrá considerarse o no obsoleta, pero que está regulada en la Constitución y en la legislación vigente. 

En ese contexto, el Gobierno indulta el período restante de las penas de prisión, con la condición de que no se cometan delitos en los próximos años. Se espera que ello facilite un nuevo clima entre catalanes y entre estos y el resto de españoles, por lo que se trata de una condición necesaria pero no suficiente para avanzar en la superación de una etapa política nefasta. Y aquí empieza el pronóstico que algunos resuelven negativa y contundentemente: los indultos, se dice, “no arreglarán” el problema. Con ello, en primer lugar, se ignora que nadie ha dicho que lo arreglen definitivamente y además, que en conflictos políticos de este calibre, no hay recetas infalibles ni instrumentos mágicos sino medidas jurídicas, políticas y sociales para mejorar la situación y buscarle una salida. Hay quien me ha preguntado cómo medir ahora si los indultos son útiles. Pues bien, como en otras muchas decisiones políticas adoptadas esperando que resulten de utilidad, ésta sólo podrá comprobarse dentro de un tiempo, por lo que tan arriesgado sería asegurar que arreglarán el problema como negar rotundamente que reporten alguna utilidad. Pero si hay un caso evidente en el que puede esperarse utilidad de un indulto es en conflictos políticos, lo que explica que la Ley de Indulto sea más generosa con delitos de naturaleza política, como puede verse en su Preámbulo y en su artículo 3, cuya lectura recomiendo. Y me extraña que algunos que denuncian, con razón, que el procés ha fracturado a la sociedad catalana nieguen que mantener la cárcel en este caso complica todavía más las cosas.

Puedo entender que no se comparta la valoración gubernamental en este caso, pero lo que me parece claro es que el coste asumido es mínimo, incluso respecto de la posibilidad de reincidencia, segundo pronóstico que, en cambio, los contrarios al indulto consideran infalible y frente al que se han establecido cautelas como las penas de inhabilitación y la reversibilidad en caso de nuevo delito.  

Mas allá de certezas y pronósticos, resulta sorprendente que personas supuestamente versadas en derecho o líderes políticos asesorados dijeran, incluso antes de conocerse los términos de los indultos que éstos son “ilegales”. Lo serían -y para ello había que esperar a conocer su texto-, sólo si infringieran alguno de los escasos requisitos formales de la Ley de Indulto, por ejemplo, que los indultados hayan sido condenados por sentencia firme y se encuentren a disposición de la justicia española. Sería ilegal, no respetar tales exigencias o no solicitar los informes pertinentes, pero en éste y otros requisitos formales, así como en la exigencia de motivación, la decisión del Gobierno ha sido impecable. Algunos apoyan la supuesta ilegalidad en el informe contrario del Tribunal sentenciador, que debe ser oído por el Gobierno. Es innecesario insistir en que dicho informe no es vinculante, pero si lo que se pretende es que, en la práctica, siempre se haga lo que diga el Tribunal sentenciador, es decir, que sus informes se consideren vinculantes en contra de lo que dice la ley, sencillamente, desaparecería la institución constitucional del indulto como decisión del Gobierno porque se atribuiría toda decisión al poder judicial. 

Y por último, la cuestión de los recursos. Ante el silencio de la Ley de Indulto, rigen las reglas generales de la jurisdicción contenciosa, pero tratándose de ejercicio del derecho de gracia, dicha jurisdicción no puede entrar en las razones políticas de utilidad por las que se conceden los indultos, sino sólo en las cuestiones formales y de procedimiento que han sido escrupulosamente respetadas.  Lo más dudoso en ese momento es quién está legitimado para recurrir, cuestión que deberá decidir la Sala 3ª del Tribunal Supremo valorando quién tiene el “interés legítimo” que exige la ley. Debe ser un interés concreto por el que se reivindica un beneficio para el recurrente y no basta con genéricas apelaciones al supuesto bien que se pretende para España o el Estado de Derecho. En casos anteriores, el TS ha negado interés legítimo a partidos políticos y sindicatos, por lo que en este caso, la duda está sólo en la legitimación de Vox en tanto que parte acusadora en el juicio. En mi opinión, como parte acusadora, tenía derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a obtener una resolución fundada en derecho (art. 24 de la Constitución), fuera o no condenatoria, de manera que la sentencia ya satisfizo la tutela judicial pretendida. No veo un interés legítimo añadido, porque según ha dicho en otros casos el Tribunal Constitucional, la tutela judicial no incluye un derecho a la pena o a su cumplimiento. 

En suma, constitucionalistas son quienes aceptan la Constitución incluso en aquello que no se comparte plenamente, sin acogerse a unos u otros de sus preceptos según lo que convenga al discurso político de cada momento.