En los últimos años venimos constatando que la regeneración urbana de los barrios desfavorecidos es una política pública que ha perdido visibilidad en el marco de la Unión Europea-UE- y el contexto español. En relación con el primero, ha perdido presencia explícita en el discurso político, así como en el eje urbano de la Política de Cohesión que la financia a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En efecto, como comprobamos a través de nuestra investigación, la trasposición de este eje al contexto español para su implementación en el periodo 2014-2020 (a través de un instrumento denominado Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado –EDUSI-) derivó en que sólo el 17% de dichas estrategias aplicasen una lógica de regeneración de barrios vulnerables. En el periodo anterior (2007-2013) el 100% de las estrategias o programas implementados en el mismo contexto (a través de un instrumento denominado Iniciativa Urbana) habían materializado un enfoque de ese tipo.

La pérdida de vigencia de la regeneración no es sólo propia de los marcos mencionados, sino que se extiende más allá. Observamos que en uno de los países que contribuyeron a dar forma a esta política pública en su origen, actuando como pionero, se verifica la misma tónica. Se trata de Reino Unido, donde algunos autores señalan que la regeneración urbana ha desaparecido en gran medida del discurso de las políticas públicas. Hall ha apuntado que el país se encuentra en un escenario “post-regeneración”.

Aunque todavía necesitamos tiempo y perspectiva para entender plenamente lo que está sucediendo, nos encontramos en un momento que hace pensar que la regeneración urbana de los barrios desfavorecidos está perdiendo la capacidad de mantenerse en la agenda de aquellos gobiernos (de la UE, nacionales, regionales, locales) que la habían introducido explícitamente en años y décadas anteriores. Al mismo tiempo, se observa que es una política pública sin capacidad de entrar en la agenda de aquellos gobiernos que no la habían implementado hasta ahora. En este escenario hay excepciones inspiradoras. Por ejemplo, Cataluña ha vuelto a lanzar en mayo de 2025 su Ley de Barrios.

Ante este escenario, cabe preguntarse por qué una política con capacidad de contribuir a la prosperidad y resiliencia del conjunto urbano, al afrontar la situación de desventaja de los barrios donde se radica y reproduce la vulnerabilidad, se descarta o está perdiendo prioridad. Es una cuestión paradójica si tenemos en cuenta que conocemos el problema y donde localiza, también si tenemos en cuenta los desafíos que gravitan sobre estos barrios. Como señaló Parkinson hace algunas décadas, la respuesta está en las lógicas que cada vez con mayor fuerza ven en la ciudad un contexto que tiene que mejorar su competitividad económica y operar para producir plusvalías, y no como un ámbito en el que actuar a través de políticas públicas para afrontar problemas o necesidades.

Sin embargo, en relación con el tema que nos ocupa, la práctica y la teoría han puesto de manifiesto que la transformación urbana al uso, que da buenos resultados en los barrios “prósperos” de las ciudades, no saca a los barrios vulnerables de su situación problemática. La lógica integrada y participada de la regeneración, que da lugar a estrategias que son cocreadas por la comunidad local, es la única que ha mostrado capacidad de mejorar la situación de los enclaves desfavorecidos si la atención sobre los mismos se mantiene en el tiempo y se dota de una dimensión social relevante. Hay mucha evidencia en Europa que demuestra este extremo, tanto en la práctica como recogida por la literatura.

Por otro lado, la policrisis presente y su territorialización en las ciudades produce efectos negativos en estas, dando lugar a lo que se ha denominado una “crisis urbana compleja” por parte de autores como Westman. Las consecuencias de la misma serán mucho peores en los barrios desfavorecidos, ya que parten de una situación de mayor vulnerabilidad. El cambio climático, el aumento de la desigualdad social, la polarización política y el menoscabo de los valores democráticos, el individualismo, la soledad no deseada, junto a otros desafíos, cercenan más la calidad de vida de las personas que habitan estos enclaves que la de los residentes en otros barrios.

Llevando la mirada de esta reflexión a Madrid, ciudad en la que desarrollo mi actividad profesional, identificamos que el municipio nunca se ha dotado de una política de regeneración urbana integrada (en algunos momentos, como el presente, se ha dotado de programas de rehabilitación centrados en la mejora física de los barrios). Esta falta de respuesta a través de una política específica choca con la magnitud del problema, ya que muchos de los barrios de la periferia, pero también algunas áreas de ámbitos más centrales, están en la situación descrita. Una situación de vulnerabilidad que se mantiene inalterada en el tiempo y que cuando se dan eventos disruptivos (como la pandemia, los eventos climáticos extremos –piénsese en Filomena-) se recrudece.

Esta realidad pone de manifiesto la necesidad, pertinencia y oportunidad que constituye el lanzamiento de un instrumento de regeneración urbana integrada en nuestra ciudad, con una fuerte dimensión social, acompañada de acción en los ejes físico/climático, económico y de gobernanza y desarrollada en partenariado con las comunidades locales y todos los actores interesados en participar. Madrid es una ciudad “rica” que tiene recursos para atender las problemáticas de los barrios vulnerables. Es cuestión de priorizar, de volver a poner en el foco de las políticas urbanas y el urbanismo las necesidades y problemas de la ciudad, dejando de primar sobre todo la competitividad económica.

Desde este texto se plantea la importancia de que esta mirada entre de lleno en el nuevo Plan General (o Plan Estratégico Municipal) que está desarrollando Madrid, de manera que la regeneración urbana integrada constituya uno de los ejes principales de actuación del mismo. Esta visión de momento no ha sido incorporada, pero de hacerlo constituiría uno de los ejes más transformadores hacia la sostenibilidad, la cohesión social y la resiliencia del instrumento que se está generando. Es cuestión de priorizarlo.

En febrero de este año unas vallas de obra rodearon 124 plátanos del Parque de Arganzuela en Madrid Río.  Con motivo del trazado de la línea 11 de Metro iban a ser talados según un proyecto emanado de la Comunidad de Madrid.  Inmediatamente ciudadanos a título particular y las asociaciones vecinales de la zona se movilizaron solicitando al Ayuntamiento que diera marcha atrás en la aprobación de tala y llevando a cabo pasos que han conseguido, de momento, pararla. Desde entonces hasta el día de hoy la fotografía de estos plátanos ha llenado páginas de periódicos locales, nacionales e internacionales, integrada en noticias que han cuestionado la decisión del Ayuntamiento de Madrid de talar un arbolado espléndido e irremplazable.  

En un momento en el que la reintroducción de la naturaleza en la ciudad se configura como uno de los ejes de acción principales que están adoptando muchas ciudades europeas para afrontar problemáticas ambientales, sociales y económicas interconectadas, no se entiende la decisión de la Comunidad de Madrid (CAM) de plantear un trazado para la línea 11 que sacrifica numerosos árboles, así como no se sostiene la falta de acción crítica del Ayuntamiento de Madrid frente a un planteamiento del Gobierno Regional que va en detrimento de la imagen de la ciudad, la sostenibilidad y la calidad de vida de los residentes de la capital.  

Existiendo alternativas de trazado para la línea 11, que son viables técnica y económicamente, el Ayuntamiento ha asumido desde el primer momento la eliminación de esos árboles (de hecho firmó una primera aprobación de tala, que ha decaído a los seis meses) y no tenemos noticia de que haya instado a la CAM a cambiar el trazado. En relación a un tema de este calado el Consistorio no debería comportarse como un mero “intermediario” que firma la aprobación de tala observando la Ley del Arbolado de la Comunidad de Madrid, aceptando un proyecto perjudicial para la ciudad.  Lo que se espera del mismo es que se rija por criterios de sostenibilidad, actúe en base a la legalidad urbanística encardinada en su propio planeamiento (que protege parte de este arbolado, especialmente el situado dentro de Madrid Río) y, sobre todo, que defienda frente a la Comunidad de Madrid los intereses de la ciudadanía en relación a un tema sobre el que la opinión pública madrileña está claramente posicionada sin fisuras y más allá de ideologías políticas. Existe un clamor social que reivindica que estos árboles deben ser salvados y protegidos.  

Se podría argumentar que si el Ayuntamiento no da pasos en este sentido estaría desatendiendo una cuestión que ha emergido como de gran importancia social en nuestra ciudad, como muestra la capacidad de movilización y concentración de apoyos por parte de vecinos, asociaciones, profesionales del urbanismo y otras políticas urbanas, organizaciones de diferente tipo, e instituciones de ámbito nacional. En este contexto ¿puede seguir el Ayuntamiento de Madrid desoyendo todas estas voces al acatar el proyecto de trazado?  

Además de esto, el Consistorio no estaría siendo coherente con algunos de los instrumentos estratégicos que ha aprobado en la anterior legislatura, en donde esgrime principios y compromisos en sentido contrario a estas talas.  Por ejemplo, en la Estrategia de localización de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en la ciudad de Madrid de 2021, el  Ayuntamiento se ha comprometido con  la siguiente meta: “De aquí a 2030 asegurar la conservación y uso sostenible de los bosques y zonas verdes de la ciudad incrementando la cobertura arbórea”.  Por otra parte, en el documento Madrid 360. Hoja de ruta hacia la neutralidad climática de la ciudad en 2050 se establece como objetivo de adaptación al cambio climático “Refrescar la ciudad” a través de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Asimismo, se incluye el objetivo estratégico de “Promover la inclusión de la naturaleza en la ciudad” con el fin de dar lugar a múltiples co-beneficios.  

Solicitar al Ayuntamiento que escuche a la ciudadanía y sea coherente con su propio planeamiento urbanístico y marcos estratégicos puede sonar ingenuo, dado que estamos acostumbradas al uso retórico que muchas instituciones (no sólo madrileñas) hacen de sus instrumentos de política, pero se trata de un paso ineludible si queremos avanzar en democracia local y dar lugar entre todas a un modelo de ciudad capaz de afrontar los importantes desafíos presentes. La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático son metas difíciles de alcanzar, que requieren esfuerzo y compromiso por parte de todos. En ese contexto las instituciones han de abrir camino poniendo en práctica formas de hacer que dejen atrás lógicas no participativas y materialistas propias del siglo pasado

Por otra parte, la aprobación de estas talas no sólo conllevaría la eliminación de un arbolado que desempeña importantes y numerosos servicios medioambientales, sociales, paisajísticos e identitarios para la sociedad madrileña, sino que sentaría un precedente peligroso, lanzando el mensaje de que las instituciones pueden implementar decisiones que contradigan los instrumentos de planeamiento y estratégicos en vigor, llevando a cabo acciones contrarias  a los mismos (aunque encuentren la manera de hacerlas “legales”) y rechazadas por la ciudadanía.  Madrid no debería tener que cargar con esa amenaza.

Como decía al principio, estos árboles siguen en peligro de tala. Sin embargo, si comparamos la situación de febrero de este año y el momento presente encontramos un panorama distinto que ver con la movilización mencionada. La observación de lo que socialmente está aconteciendo en torno a la defensa de este arbolado es inspirador y muestra que se está dando un proceso de construcción de capacidad local de una escala que hace tiempo no se veía en Madrid. A día de hoy, los árboles amenazados son ya mucho más que unos ejemplares magníficos a proteger.  Se han convertido en un símbolo de resistencia para parte de la ciudadanía y sus asociaciones ante un Ayuntamiento que no quiere escuchar y sigue planteando de manera tozuda una idea de desarrollo que prima la economía (en este caso la facilidad de ejecución y reducción de los tiempos de obra) por encima de valores medioambientales y sociales, por encima de valores intangibles como la belleza, la memoria, y el sentimiento de pertenencia. El movimiento de defensa de estos árboles viene creciendo en base a un efecto bola de nieve que cuenta cada vez con más apoyos y por el momento no da señales de agotamiento. Está mostrando y reclamando otra manera de pensar la ciudad basada en el bien común. Desde ese marco, asociaciones vecinales y colectivos de distinto tipo estamos intentando contribuir a salvar este arbolado, pero quizás esté pasando algo diferente, de mayor calado, y mucho más transformador: quizás estos árboles nos han hecho despertar y nos están ayudando a imaginar y reclamar “otro Madrid”, otro modelo de ciudad sostenible, participativa y más amable, en donde podamos volver a caminar bajo su sombra. 

Nos acercamos a un momento de elecciones municipales.  A diferencia de en ocasiones anteriores, la cuestión de “la ciudad”, afrontada desde la asunción de un modelo a medio y largo plazo para la misma, parece haber entrado en el debate social a raíz de la pandemia. Una prueba de ello es la atención que desde los medios de comunicación se viene poniendo en esta cuestión. Todo ello, a diferencia de lo que pasaba hace pocos años, empieza a poner una cierta y sana “presión” sobre los partidos políticos que confluyen a esas elecciones.  Ciudadanos y ciudadanas cada vez más consciente del impacto que los barrios donde desarrollan su vida cotidiana (porque viven, trabajan, estudian en ellos…) tienen en su calidad de vida y la de las personas que tienen a su cargo, ejercen una mirada crítica sobre las medidas que se adoptan desde los gobiernos locales o se presentan en los programas electorales.  

Las elecciones constituyen un momento de oportunidad democrática para revisar el estado de nuestras ciudades y desde ahí proponer una visión ilusionante y realista para avanzar hacia un futuro urbano más resiliente y sostenible a nivel de barrio, de distrito, de ciudad, y ¿por qué no? de área funcional.  Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta el contexto presente, esa revisión no puede no hacerse desde lo que la pandemia ha supuesto para nuestras ciudades y desde una reflexión sobre cómo ha determinado su realidad.  Esta reflexión pone de relieve debilidades y deficiencias, así como hojas de ruta adoptadas por los gobiernos locales que nos alejan de los principios de la sostenibilidad en muchos municipios.   

Ante la tentación de los partidos políticos de pasar página respecto a lo sucedido durante la pandemia para proponernos un futuro urbano prometedor en clave electoral, creo que es responsabilidad de todos ellos tener en cuenta el aprendizaje que el COVID-19 nos deja a este respecto al afrontar sus programas de cara a las elecciones municipales de 2023. Esto es porque, como en el ámbito sanitario, también en lo relativo a lo urbano la pandemia ha actuado poniendo sobre la mesa de manera clara la vulnerabilidad que anteriormente no había sido atendida. Lo que ha sucedido apunta a que no hay camino posible hacia la resiliencia si dicha vulnerabilidad no es afrontada.  Cualquier otra cosa que se nos proponga sería una huida hacia adelante.

La vulnerabilidad relacionada con la cuestión urbana que la pandemia nos hizo visible de manera dolorosa fue de muy distinto tipo. Quizás la más dramática tuvo que ver con un recrudecimiento de la vulnerabilidad en todos aquellos ámbitos donde los municipios tenían mapeada la concentración de la pobreza urbana y el riesgo de exclusión social. Este aprendizaje no nos puede dejar indiferentes una vez más. Para construir visiones de “ciudad sostenible” es condición entender y atender dicha vulnerabilidad socio-económica y física de manera decidida y sostenida en el tiempo. Los partidos políticos han de decirnos cómo piensan hacerlo ¿va a estar la regeneración urbana de estos enclaves plenamente integrada en sus programas electorales?

Otra cuestión que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa ha sido lo limitado de los servicios y equipamientos públicos para dar respuesta a la realidad social de nuestras ciudades en la tercera década de este siglo. Categorías vulnerables como las personas mayores se encontraron en situaciones de semi-abandono y fuerte soledad no deseada debido al confinamiento. La acción vecinal en el marco de las comunidades locales actuó dando respuestas, llegando de manera capilar allí donde no lo hacían las instituciones. Esta enseñanza pone en evidencia que hay que repensar los equipamientos en clave contemporánea para que sean capaces de responder a las necesidades de todos los grupos sociales, distribuyéndolos de manera estratégica desde una clave de proximidad (física, pero también simbólica) con el fin de avanzar hacia una ciudad que nos cuide a todas. Se trata de una cuestión que los partidos políticos habrían de afrontar en la reflexión que guíe sus programas electorales.

Esto último lleva a señalar otra debilidad que quedó patente durante la pandemia: la vulnerabilidad del tejido asociativo y las ONG locales, que contaban con recursos y un sostén institucional insuficiente para hacer frente a lo dramático de la situación social que se presentó.  La acción que llevaron a cabo las asociaciones de vecinos y vecinas y las ONG evidencia que un eje imprescindible de avance hacia la sostenibilidad urbana es el reforzamiento del tejido asociativo, incentivándolo y dotándolo de recursos (económicos, técnicos…).  Contar con comunidades locales con identidad y capacidad de acción es un recurso hacia la resiliencia del que nuestras ciudades no pueden prescindir.  Más allá de lo mencionado, hoy sabemos que cuestiones como la mitigación del cambio climático y otros retos ambientales sólo podrán afrontarse de manera exitosa desde una clave de comunidad local. También a este respecto los partidos políticos deben decirnos qué van a hacer: ¿cómo van a construir capacidad local fortaleciendo las comunidades en los barrios?  

No es posible mapear en este texto todas las debilidades y ejes de vulnerabilidad que la pandemia ha puesto sobre la mesa en relación a lo urbano (la conectividad y modelo de movilidad, el espacio público, la participación en las decisiones sobre la ciudad de todos los actores incluyendo la ciudadanía…). Por esa razón quiero cerrar refiriéndome a una que determina todas las demás: el modelo de ciudad. La pandemia también ha reforzado la evidencia de que el modelo de ciudad basado en el crecimiento urbano y económico ha dado lugar a ciudades donde en el momento presente se remarcan los impactos medioambientales negativos y las diferencias sociales, donde se dan procesos de crecimiento que exacerbarán dichas diferencias a futuro (por ejemplo, piénsese en Madrid Nuevo Norte versus los desarrollos del Sureste, en el caso de Madrid). Seguir por este camino es una huida hacia adelante. Hay gran consenso en todos los campos disciplinares en que estamos en un momento de cambio. Cambios en todos los ámbitos, incluyendo cómo pensamos la ciudad y cómo damos respuesta a los grandes retos urbanos que tenemos por delante. Por eso en este momento también es responsabilidad de los partidos políticos plantear una reflexión a este respecto y proponer respuestas que vayan en el sentido del cambio de paradigma urbano que cada vez más personas anhelamos. Se trata de una visión inspiradora, pertinente y necesaria a asumir, algo pendiente que es una oportunidad afrontar con ocasión de la cita electoral que tendremos en 2023.  

En el momento presente todas las que trabajamos cerca de las administraciones locales estamos presenciando la posibilidad de llegada de importantes recursos económicos a las ciudades y pueblos de nuestro país procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta cuestión coyuntural se mantendrá hasta 2026, con una reducción notable de las inversiones a partir de 2024, y apunta a la oportunidad que supone la recepción de estos fondos si se utilizan de manera adecuada y allí donde más se necesita. Esto es clave en el momento presente, en el que nos encontramos frente a una crisis socioeconómica (debida a la pandemia y la situación geopolítica asociada a la invasión de Ucrania) agravada por una preocupante situación de decadencia ambiental de la que no llegamos a ver una salida clara.

En un marco en el que se verifica el avance dubitativo de nuestras sociedades hacia la identificación de un modelo que nos permita hacer la transición verde y justa que nos reclama el Pacto Verde Europeo, estos fondos tienen la intención de empezar a prepararnos mejor frente a un futuro cada vez más incierto. Todo esto pone en evidencia la gran oportunidad que supone la llegada de los recursos a los entes locales, al tiempo que saca a la luz la problemática que conlleva el diseño, tramitación e implementación de los mismos en un tiempo récord por parte de las administraciones implicadas.

Al mirar esta cuestión desde una perspectiva urbana, es importante poner la atención en un tema sustantivo: el efecto de estos fondos solo será capaz de prepararnos mejor para el futuro si se destinan allí donde los cambios son más necesarios. De nada servirá dar pasos adelante en temas emergentes si no resolvemos las principales carencias que tradicionalmente restan resiliencia a nuestros barrios y ciudades, y a nuestra sociedad. A esto hay que sumar que mejorar nuestro nivel de resiliencia es uno de los objetivos esenciales de la movilización de estos recursos por parte de Bruselas. Teniendo todo esto en cuenta, una de las cuestiones que debe recibir una atención inequívoca en los próximos años es la situación de los barrios más desfavorecidos de las ciudades, aquellos donde la vida de las personas se perpetúa en un ciclo de vulnerabilidad del que no encuentran salida. A pesar de las llamadas de atención sobre la creciente importancia de este tema (por ejemplo, hace poco Caritas publicó un informe alertando sobre el aumento de la exclusión social en el ámbito de la Comunidad de Madrid y diferentes entes internacionales han venido señalando a España la importancia de abordar reformas para reducir las desigualdades), se trata de una cuestión que viene recibiendo poca atención en los últimos años desde las políticas que acometen las distintas administraciones en nuestro marco (con excepciones como el País Vasco y algunos ayuntamientos). La desatención creciente hacia la misma se explica desde el cariz que han venido tomando las políticas urbanas en las últimas dos décadas en el contexto español, fuertemente influenciadas por el marco de la Unión Europea (UE) desde donde se ha ido consolidando una mirada que prima otros temas y enfoques en relación a lo urbano. Este hecho ha relegado paulatinamente a un segundo plano la regeneración de los barrios vulnerables que, sin embargo, fue un tema central durante la década de los noventa y los primeros años de este siglo.

La desatención hacia la mejora integral de estos barrios está también presente en el Plan de Recuperación. La observación de su estructura muestra que no contempla la financiación de programas de regeneración urbana (integrada) en los barrios desfavorecidos. Los recursos dirigidos a la cuestión urbana son muy relevantes, pero se están destinando a convocatorias que financian cuestiones sectoriales, principalmente la rehabilitación energética de edificios y la creación de oficinas para gestionarla, la renaturalización, la movilidad y la digitalización. Aunque se prevé la acción rehabilitadora a nivel de barrio, la misma financia solo la rehabilitación de los edificios residenciales y la mejora del espacio público a través de la figura de los denominados “Entornos de Rehabilitación Residencial Programada”. Esto supone la pérdida de una oportunidad que podría haber contribuido de manera importante a reducir las crecientes desigualdades en nuestras ciudades al actuar en los ámbitos donde se concentra la exclusión social (y el riesgo de la misma) de manera holística, con medidas que actuasen contemporáneamente en lo físico, lo social, lo económico y en el ámbito de la gobernanza.

Sin embargo, existe la posibilidad de que los entes locales, y en concreto los ayuntamientos, actúen desde la mirada integrada que conlleva la regeneración urbana utilizando las convocatorias sectoriales del Plan de Recuperación. Para ello podrían concentrarlas en los barrios que más vulnerabilidad socioeconómica presentan en base a estrategias comprensivas de regeneración. Solo desde una mirada comprensiva la acción en los barrios vulnerables tendrá el potencial de acabar con décadas de estigmatización interna y externa y generar un efecto palanca capaz de empezar a revertir la situación en la que se encuentran. Así pues, el Plan de Recuperación emerge como una gran oportunidad para actuar como base para la transformación “física” de estos barrios (que es la que más recursos se lleva en este tipo de proyectos), a los que los ayuntamientos pueden sumar recursos propios o procedentes de otras fuentes para implementar medidas en las otras dimensiones que deben ser atendidas. La mala noticia es que no todas las ciudades podrán hacer este camino. Para llevar a cabo esta visión necesitan contar con una identificación clara de los barrios donde se concentra la vulnerabilidad socioeconómica y haber definido un modelo de ciudad a alcanzar a medio plazo. No se trata solo de contar con una agenda urbana en donde se enumeren objetivos e indicadores de sostenibilidad alineados con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, sino de una verdadera idea de ciudad en donde la conectividad, la mezcla de usos, la localización de los mismos, su densidad e incluso, en algunos casos, su configuración espacial se pongan al servicio de la revitalización social y económica de estos barrios.

Para ello se requiere una mirada comprensiva hacia la sostenibilidad y una acción fuertemente guiada por el bien común, pero también una visión estratégica que entienda el retorno positivo que en términos de resiliencia socio-económica y ambiental puede tener la acción de regeneración de estos entornos. Se requiere también audacia desde la política puesto que poner los barrios vulnerables en el centro de la visión de recuperación de nuestras ciudades es un reto transformador, pero también ambicioso y que va contracorriente. Ninguna ciudad, ningún pueblo, será capaz de hacer una transición ecológica justa y aumentar de manera relevante su nivel de resiliencia si hace una proyección hacia el futuro que deja los barrios vulnerables desatendidos.

Justo hace tres años, en nuestra añorada normalidad prepandémica, viajaba a Venecia para hacer una estancia investigadora. La experiencia me permitió entrar en contacto con su realidad y entender que tras la Venecia turística hay una ciudad en la que sus residentes intentan llevar adelante su vida cotidiana de la mejor manera posible en cada uno de los sestieri (los seis barrios en los que está estructurada). 

En las conversaciones sobre la ciudad, con personas muy diferentes, muchas de ellas me señalaban que trabajan allí, pero vivían en alguno de los municipios del entorno. Una buena parte había vivido durante un periodo en Venecia, pero finalmente había decidido mudarse para tener una cotidianeidad más fácil y económicamente más asequible.

Entre los que todavía habitaban la ciudad, me llamó la atención que en algún momento de nuestras conversaciones señalaban siempre que vivir y habitar Venecia se había convertido para ellos en una cuestión de “resistencia”: Si querían seguir allí, donde estaba su vida, no les quedaba otra posibilidad que resistir, haciendo renuncias ante la creciente turistificación que les venía dejando sin dotaciones, espacio público, comercio de proximidad, vivienda y ocio asequible, etc. El cariz que había tomado la política local también les había dejado sin la posibilidad de participar respecto a las decisiones sobre el desarrollo de la ciudad, incluso sobre las más locales, relativas a los sestieri. A esta situación es a la que autores como Salvatore Settis se refieren cuando hablan de la agonía de Venecia.

Todo esto ha vuelto a mi cabeza de manera recurrente a lo largo de los últimos años, al no poder evitar ver paralelismos entre el proceso que observé y me referían en Venecia y lo que se está verificando en el Distrito Centro de Madrid. Se trata de dos ámbitos y ciudades muy diferentes pero que, como tantas otras, presentan similitudes en relación a los procesos económicos que las están transformando. Vivir en el Distrito Centro se está convirtiendo también en una cuestión de “resistencia”, de vivir haciendo renuncias para hacer frente a una vida cotidiana que va haciéndose más difícil en base a las dinámicas que lo están transformando.

El Distrito lleva tiempo inmerso en una creciente turistificación que hasta hace unos años no era preocupante, al convivir de manera más o menos equilibrada con el uso predominantemente residencial y el modelo basado en barrios de proximidad que ha venido caracterizando al Centro. Sin embargo, este proceso se ha seguido potenciando, o al menos no se ha limitado, habiendo dado lugar poco a poco a áreas cada vez mayores que dejan de funcionar como ámbitos de proximidad y cotidianeidad para los residentes.  Aunque la cuestión tiene consecuencias para todos, las personas mayores, los niños, y quienes realizan los cuidados son los colectivos que sufren en mayor medida los efectos de este cambio.  

El Distrito está siendo objeto de una dinámica compleja de transformación, no siempre explícita, donde los factores más visibles de turistificación vienen de la mano de la proliferación de las viviendas de uso turístico y de la falta de decisión institucional a la hora de limitar su número y aplicar la regulación vigente, así como de la continua conversión de edificios de otros usos (muchos de uso residencial) en hoteles o edificios de viviendas de alquiler turístico. 

La concentración de oferta de hospedaje en el Distrito, y en concreto en algunas zonas del mismo, no es neutral y está teniendo efectos en el carácter del espacio público, así como en la desaparición del comercio y el ocio de proximidad, y del encarecimiento del que queda. La oferta que existía se está sustituyendo por comercio, servicios y ocio orientados a los turistas a un nivel ya inasumible para todos aquellos que quieren y necesitan hacer vida de barrio.  

Esta tendencia se recrudece al sumarse a ella un modelo de Distrito Centro ya consolidado y muy orientado desde hace años al ocio a escala de ciudad. Zonas enteras de los barrios del Centro han visto en los últimos 15-20 años cómo iban perdiendo la mezcla comercial y de servicios que ofrecían sus locales de planta baja para convertirse en áreas monouso orientadas a la restauración. 

La intensidad de esta tendencia ha aumentado durante la pandemia, debido a que gran parte de esa actividad hostelera se ha trasladado al sanctasanctórum de la ciudad: el espacio público. Los beneficios que ofrece el exterior para evitar los contagios han hecho que muchas aceras y plazas se hayan ocupado con terrazas al servicio de bares y restaurantes en muchas áreas de la ciudad. En el caso del Distrito Centro esta cuestión ha tenido menos resonancia mediática que en el caso otras áreas, mientras que el efecto está siendo especialmente negativo, debido a que ya era un enclave con una parte relevante de su espacio público dedicado a esta actividad (partiendo de una situación cercana a la saturación). A esto se suma un tejido urbano formado por calles y plazas de pequeño tamaño donde falta espacio para el desplazamiento de los peatones, la estancia y la socialización, el juego y recreo de niños y mayores, etc. 

La aparición de las denominadas terrazas-COVID se asumió por los vecindarios en el peor momento de la pandemia. Hoy siguen presentes y hay una gran incertidumbre sobre si realmente se desmontarán a partir del 31 de enero (plazo dado por el Ayuntamiento para aprobar la nueva ordenanza que regulará la cuestión). Si se mantienen serán uno de los factores que acelerarán la pérdida de calidad de vida de los residentes del Distrito, debido a que además de ocupar el espacio público, producen un volumen inasumible de ruido, incluso dentro de las viviendas, en un ámbito que ya antes de la pandemia había sido objeto de una ordenanza específica de protección acústica por la relevancia de este problema.

Todas estas transformaciones en curso están cambiando la forma en la que los residentes usan y sienten el Distrito. No solo se está viendo afectando su acceso objetivo a comercio, servicios y espacio público. Lo verdaderamente preocupante es que también se está viendo afectado su acceso subjetivo: lugares totalmente copados por actividades hosteleras de gran intensidad (sobre todo los fines de semana) van siendo descartados poco a poco por los residentes, quienes dejan de usarlos. Todo esto es solo una parte de las transformaciones que refieren y viven los vecinos y vecinas del Centro (podríamos sumar el precio de la vivienda y la gentrificación ligada al mismo, el encarecimiento de la cesta de la compra en los barrios, cuestiones relativas al tráfico y el aparcamiento, los problemas de conectividad que están planteando algunas peatonalizaciones, etc.).  

La transformación que se está dando en esta parte de la ciudad pone de relieve que la situación del Distrito no es un problema estrictamente local, sino reflejo de un problema de mayor escala: un problema de modelo de ciudad, e incluso de calado metropolitano que va atrás en el tiempo. En el modelo vigente el casco histórico se está híper-especializando en el ocio y el turismo, renunciándose a dotarle de una base económica más diversa y a distribuir esas actividades también en otros distritos de la ciudad que se beneficiarían de la aparición de hoteles, de viviendas de uso turístico, de locales de ocio y restauración (que animasen sus plazas y calles, y llevaran actividad económica complementaria a la existente). 

Se trata de una visión que permitiría avanzar en una ciudad verdaderamente policéntrica, más cohesionada social y económicamente, que restituyera la atención hacia ámbitos y elementos de valor social, paisajístico y simbólico de los diferentes barrios madrileños que presentan gran potencial y atractivo. Difícil implementar este enfoque si no se inicia una reflexión integrada y participativa sobre esta problemática y se actúa, porque el Distrito Centro está cercano a su punto de no retorno. 

Sin embargo, no es imposible si se intenta, y es necesario para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, así como de la Agenda Urbana para la Unión Europea, con los que el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido. Una ciudad, un distrito, no puede ser sostenible si no es capaz de sostener la vida cotidiana de sus residentes, si los lleva a mudarse por falta de calidad de vida o no les deja otra opción que vivir “resistiendo”.  

Desde el inicio de la pandemia, la ciudad ha emergido como tema de reflexión social. Desde ese momento se han multiplicado los artículos y espacios en medios de comunicación que se orientan al tema urbano buscando en él respuestas a muchos de los problemas que han llegado o se magnificaron con la crisis sanitaria. El hábitat donde muchos de nosotros desarrollamos nuestra cotidianidad, y tanto determina nuestra calidad de vida, se perfilaba poco a poco, por fin en nuestro país, como una cuestión de interés social.  

La reflexión en torno a la ciudad está dando lugar a propuestas de gran interés, que animan la “conversación social” sobre la misma y la siguen acercando a la ciudadanía, algo de lo que tenemos que felicitarnos y potenciar. Contar con una sociedad más preocupada por su espacio público, su movilidad, el nivel de contaminación del aire, los equipamientos de su barrio, su capacidad de participar en los procesos de toma de decisiones, etc. se configura de cara a los próximos años como un factor con gran capacidad de transformación y mejora de los enclaves urbanos, independientemente de su tamaño.  

Dentro de las propuestas que esta mirada más atenta hacia la cuestión urbana ha generado, destaca una por la gran repercusión mediática, la difusión y la adhesión con la que cuenta. Se trata de “La ciudad de los 15 minutos” que se nos propone desde el ámbito francés y, concretamente, desde la acción que está acometiendo París. La principal idea fuerza de esta forma de entender la ciudad y la acción en la misma se basa en el principio de que todo lo que necesitamos para desarrollar nuestra vida cotidiana (escuela, centro de salud, parque, mercado, etc. y nuestro puesto de trabajo) esté localizado como máximo a 15 minutos andando desde nuestro domicilio. Se trata de una gran propuesta que no es novedosa, como ya han señalado algunas voces desde el urbanismo y las disciplinas hermanas. Toma el concepto de “ciudad de proximidad”, enraizado en la acción de planificación y ordenación urbana desde hace décadas en el marco occidental, y le asocia una medida de tiempo, los quince minutos, con el fin de limitar la movilidad y avanzar así hacia ciudades más sostenibles.

De entre los elementos que caracterizan la manera y el enfoque con los que se presenta el concepto de “la ciudad de los 15 minutos” quiero poner la atención en uno desde este texto: el hecho de que se plantee, como se está haciendo de manera generalizada, como una propuesta novedosa para afrontar la compleja problemática urbana del presente. Dar por novedosa y, desde ahí, asumir acríticamente la propuesta conceptual de “la ciudad de los 15 minutos” conlleva riesgos. El principal, desde mi punto de vista, es que invisibiliza el valor de la cultura urbanística, al no establecer una relación directa y deudora de las numerosísimas experiencias teóricas y prácticas que desde el urbanismo occidental han puesto la ciudad de proximidad en el centro de su propuesta anteriormente. 

Trayendo a colación la experiencia reciente en nuestro país, este es el caso, por ejemplo, de los planes que dieron lugar en la década de los ochenta a nuevos desarrollos, así como a actuaciones de remodelación de la ciudad existente, que buscaban explícitamente la mezcla de usos y dar lugar a barrios que contaban en su ámbito con los equipamientos, servicios y zonas verdes necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana, trabajando con el concepto de identidad. También buscaban potenciar el comercio de proximidad y generar en la ciudad centralidades distribuidas donde se pudieran ubicar usos terciarios que ofrecieran puestos de trabajo en los propios barrios o en su proximidad. Por mencionar algunos, me referiré a los Planes Generales de Ordenación Urbana de Málaga, Tarragona, Madrid, A Coruña, Gijón o Sevilla, entre otros, que formaron parte de esa “gran generación de planes”, como la denominó Juan Jesús Trapero (Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la ETSAM) unos años después. No sólo hicieron una aportación relevante al urbanismo español, sino también al europeo. Desde instancias internacionales se observaron con mucho interés, considerándose, como apuntó Mauricio Marcelloni (Profesor del IUAV), una excepción en un panorama europeo dominado ya en esos años por los procesos de desregulación que afectaban negativamente al planeamiento y la acción en la ciudad. En nuestro país, a esta experiencia le siguió otra muy diferente en los años noventa y los dos mil. De ella resultaron numerosos ejemplos de nuevos desarrollos cuya esencia está bien representada por los PAUs (Planes de Actuación Urbanística) de Madrid, donde el concepto proximidad, de barrio, junto con otros criterios radicados en la cultura urbanística, desaparecieron a favor de criterios externos a la disciplina.  

Observar todo esto permite poner sobre la mesa la cuestión a la que quería llegar: plantear “la ciudad de los 15 minutos” como un concepto nuevo anula la memoria de la experiencia descrita y nos impide algo clave a la hora de actuar en la ciudad: utilizar el pasado para aprender de manera continua (algo relevante en todas las disciplinas para evitar volver a caer en errores cometidos en el pasado, como señalaba Umberto Eco). Contextualizar las propuestas del presente en la acción pasada es necesario, ya que nos permite poder trabajar con y desde la cultura urbanística, el único modo en el que el urbanismo puede dar lugar a respuestas significativas para la sociedad a la que sirve. Además, mirar el presente con la perspectiva que da el  pasado nos permite navegar con discernimiento por el exceso de información en el que nos movemos y, desde ahí, hacernos  preguntas relevantes.

Por ejemplo, respecto a la experiencia mencionada cabe preguntarse: ¿qué cambios precipitaron para que la acción en la ciudad (en general) renunciase al concepto de “proximidad” a partir de los años noventa? ¿Por qué ha sido necesaria la aparición de un concepto como “la ciudad de los 15 minutos” para poner en valor ante la sociedad algo tan asumido en la teoría y la acción urbanística como el concepto de “proximidad”? No hacernos preguntas como estas lleva a que las ciudades asuman el concepto de la ciudad de los 15 minutos de manera retórica y a veces contradictoria (al convivir este concepto, por ejemplo, con procesos de vaciamiento de comercio y servicios de proximidad en los cascos urbanos). Por el contrario, la capacidad de hacernos preguntas como las señaladas hace aflorar muchos de los temas y problemáticas sustantivas sobre los que el urbanismo y las disciplinas con las que necesariamente se relaciona al actuar en la ciudad tienen que reflexionar, hacer autocrítica y trabajar. Desde mi punto de vista, sólo interrogándonos sobre el presente de la ciudad desde el conocimiento y la perspectiva que aporta el pasado podrá nuestra sociedad transitar el camino hacia la transición ecológica y justa, junto con otros grandes retos de las ciudades en el momento presente.

El pasado 20 de mayo se presentó el documento “España 2050”. Es de interés señalar que la mayor parte de los análisis que se han hecho del mismo han pasado por alto una cuestión que siendo de gran importancia ha sido apuntada en pocos casos: se trata del tema de los enclaves urbanos (las ciudades y los pueblos), es decir de la atención que desde el documento se presta a los lugares donde desarrollamos nuestras vidas, donde trascurre diariamente nuestra cotidianeidad.  

El denominado “modelo de ciudad” que se plantea y materializa en el enclave urbano donde vivimos y/o trabajamos determina nuestra calidad de vida mucho más que otras cuestiones a las que prestamos tradicionalmente más atención como opinión pública y que tienen más presencia en la agenda política.  Por ejemplo, podemos vivir en ciudades en donde la concentración de gases derivados de las emisiones del tráfico a algunas horas del día, o durante días enteros, sea perjudicial para nuestra salud; o podemos vivir en ciudades que se hayan dotado de estrategias de movilidad sostenible para ir reduciendo gradualmente el tráfico de paso en el viario no estructurante con el fin de asegurar a la ciudadanía un aire que no comprometa su salud.  La realidad física, cultural y social en la que desarrollamos nuestra vida está llena de ejemplos de este tipo.  

Así pues, el tema de los enclaves urbanos no podía faltar en un documento con la intención de proceso y de visión prospectiva hacia un futuro más sostenible y un país más próspero y resiliente que adopta “España 2050”. Se aborda  dentro del Eje 6, titulado “Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible”, donde la cuestión se acomete junto a la temática territorial.

La inclusión de este eje en el documento es doblemente importante y significativa, particularmente en nuestro contexto: En primer lugar, porque se da el paso de iniciar una reflexión conjunta (y pendiente) con todos los actores relevantes sobre una temática que tradicionalmente se ha preferido evitar desde la acción del Gobierno (aunque hay excepciones interesantes, como la que podría estar iniciando en el presente la Agenda Urbana Española).  Esta limitación se ha debido, entre otras cuestiones, a que las principales competencias en relación a las políticas territoriales y urbanas recaen en el ámbito de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y al modo en el que ha evolucionado la gobernanza multinivel en el ámbito de estas políticas en nuestro país, basado en un estilo poco colaborativo entre los diferentes niveles institucionales.  Esto explica que siendo los temas urbano y territorial claves para el desarrollo equilibrado y la prosperidad socio-económica, no hayan sido objeto de políticas incentivadoras de un modelo de territorio y de ciudad fuertemente radicados en la sostenibilidad (social, ambiental, económica, climática) desde el nivel del Gobierno, como sí lo son en otros países de la Unión Europea desde hace décadas.  Desde el Eje 6 del documento se mira este tema con una visión renovada, con el fin de iniciar un camino que desmonte inercias que mantenían anquilosada la acción pública a este respecto.  Se habla así, entre otras cuestiones, de la posibilidad de dar pasos hacia una política urbana colaborativa a nivel de país, algo que puesto negro sobre blanco hace un año en un texto institucional hubiera sonado a utopía y que hoy abre posibilidades inspiradoras en este campo de política.  Mi impresión es que la ambición de marcos como el Green Deal de la Unión Europea no pueden llegar a alcanzar su potencial si no es desde una mirada de este tipo.

La segunda razón por la que la reflexión sobre los enclaves urbanos es de gran importancia estriba en el hecho de que el sistema territorial formado por ciudades y pueblos, y el modelo urbano que se concreta en estos últimos, son elementos claves para avanzar en relación a los grandes retos que tenemos en este momento como sociedad y como país, así como para aprovechar las oportunidades que nos plantea el presente (sobre todo derivadas de la implementación de los fondos Next Generation y del nuevo marco financiero multianual de la Unión Europea 2021-2027, pero también de la reflexión a la que está dando lugar la pandemia en relación a inercias y limitaciones estructurales que deberíamos poder superar como país en un momento marcado por grandes cambios).  

Por otra parte, si el siglo XX se cerró volviendo su mirada a las ciudades como nodos claves de actuación para afrontar dichos retos,  el siglo XXI nos está poniendo sobre la mesa la importancia de entenderlas dentro de sus sistemas territoriales para evitar miradas sectorizadas que nos impidan aprehender dinámicas que no se circunscriben a los límites administrativos de los municipios, de las regiones o incluso de las fronteras nacionales. Asimismo, cada vez emergen más claramente las interrelaciones entre lo rural y lo urbano como uno de los ejes de acción en donde se concretarán muchas de las respuestas más transformadoras hacia un futuro más sostenible.  

Teniendo todo esto en cuenta, actuar en el ámbito territorial y los enclaves urbanos permite dar respuestas a retos de escala global desde la actuación local, pero para ello es necesaria una acción planificadora que establezca el horizonte de desarrollo sostenible al que queremos llegar (en este caso en 2050). La descarbonización de las ciudades, la regeneración de los barrios desfavorecidos, la vivienda asequible, la adaptación al cambio climático, la digitalización de los enclaves urbanos, una gobernanza local cada vez más democrática, el avance hacia modelos de economía circular en las ciudades y sus áreas funcionales, etc. son oportunidades y objetivos que presentan un gran potencial de mejora de calidad de vida para toda la ciudadanía, así como de avance hacia un futuro más resiliente y socioeconómicamente próspero para nuestro país.  Por otro lado, son objetivos imprescindibles para dar pasos hacia las metas que marcan la Agenda 2030 (con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, así como el Green Deal y la Agenda Urbana para la Unión Europea, con los que está comprometido nuestro país.  

Son también objetivos que requieren cambios de calado, por lo que no van a alcanzarse si no se persiguen con ahínco y a través de una acción sostenida, informada, planificada y coordinada entre todos los actores relevantes.  Los procesos de transformación y adaptación del calibre de los mencionados no se hacen de una vez, requieren un esfuerzo continuo y estructurado y una mirada a largo plazo. Es por esto clave contar con una hoja de ruta y un marco estable de reflexión basado en un conocimiento profundo de la realidad, para que el contexto cambiante e incierto que caracteriza nuestro presente no nos acabe arrastrando a un lugar alejado de nuestros objetivos y nuestras oportunidades, a un lugar al que no queríamos llegar como sociedad. La posibilidad de andar este camino en relación a las temáticas territorial y urbana, y de hacerlo de manera conjunta con todos los actores que consideran que tienen algo que decir a este respecto, es una aportación relevante y nueva de “España 2050”.