La implementación de medidas legislativas a nivel europeo es un proceso basado en el conocimiento y que presenta una solida base científica. Aunque esta afirmación es válida para cualquier directiva o política que se desarrolla a nivel comunitario, es particularmente cierta cuando se trata de legislación de índole ambiental. Con la reciente adopción del ‘Pacto Verde Europeo’, la Comisión se ha comprometido a luchar por una Europa más sostenible, inclusiva y respetuosa con las sociedades y ecosistemas que nunca. De esta forma, todas las políticas comunitarias actuales tienen como propósito común contribuir a los objetivos de dicho Pacto Verde, en particular aquellas que están directamente actuando sobre ecosistemas o recursos naturales.

En el ámbito de los ecosistemas marinos, quizás las piezas legislativas más relevantes a nivel europeo sean la Política Pesquera Común (CAP) y la Directiva Estrategica Marina (MSFD). La CAP persigue una actividad pesquera más sostenible e integrada en los ecosistemas mientras que la MSFD tiene como objetivo proteger el buen estado medioambiental de los ecosistemas marinos de tal forma que sean resilientes y sigan proporcionando servicios a las sociedades que dependen de ellos. Ambas leyes se formularon de la misma forma, mediante el procedimiento legislativo común, y están sujetas al mismo proceso de evaluación y revisión que se conoce como ‘better regulation’. Según esta filosofía, una vez que una pieza legislativa es implementada, es necesario un proceso continuo de monitorización y evaluación cíclica de la misma de tal forma que se pueda adaptar a las nuevas necesidades que surjan y, por tanto, maximizar el beneficio de las medidas a tomar.

Como parte de este proceso continuo de evaluación y mejora, el conocimiento científico es un elemento fundamental. La Comisión realiza esta labor con el asesoramiento de científicos tanto propios como externos que son expertos en los temas cubiertos por cada legislación. Una Dirección General de la Comisión particularmente relevante en este contexto es el Centro Común de Investigación (JRC), cuyo personal son investigadores científicos con muy diversos perfiles que asesoran a las direcciones generales de política. Dentro del JRC encontramos el Directorado D (Recursos Sostenibles) y dentro de este, la unidad D2 (Agua y Recursos Marinos). En la unidad D2 se encuentran científicos marinos con experiencia multidisciplinar que va desde la dinámica de stocks explotados, a la biodiversidad, a las especies invasoras o a la creación e implementación de sofisticados modelos matemáticos de los ecosistemas marinos (lo que se ha dado en llamar ‘digital twins’). El objetivo de estos modelos es incorporar el conocimiento (generado por la comunidad científica en general) sobre el funcionamiento de los ecosistemas marinos en una herramienta que permita la evaluación de diversas alternativas de gestión dentro del contexto de la MSFD o la CFP.

Uno de los ‘digital twins’ más relevantes desarrollados por el JRC con la colaboración de expertos mundiales (incluyendo al CSIC) es el ‘Marine Modelling Framework’ (MMF). Este MMF es un modelo regional que incorpora todos los elementos que influyen en la dinámica del océano: la hidrodinámica, la biogeoquímica, las redes tróficas, la interacción con la atmósfera y la influencia de los ríos. Además el MMF permite simular acciones antrópicas directas tales como la actividad pesquera o la contaminación y polución de las aguas. El MMF se ha aplicado a la casi totalidad de las cuencas marinas Europeas (Mediterráneo, Mar Negro, Mar del Norte y Báltico) y es una herramienta que no solo ha producido abundante material científico (en revistas de revisión por pares) sino que ha sido usado y está siendo aplicado activamente en la revisión de las políticas marinas europeas.

El CSIC, además de las colaboraciones establecidas con el JRC en los años pasados, acaba de firmar un ‘Acuerdo de Colaboración’ en el campo de las ciencias marinas mediante el que se pretende maximizar el valor añadido para ambas instituciones de esta cooperación. Dicho acuerdo contempla el intercambio de personal y la participación en proyectos de mutuo interés y se extenderá por los próximos cinco años. Es esperable que mediante el esfuerzo conjunto de ambas instituciones se logren desarrollar mejores y más avanzados modelos que permitan luchar contra los principales problemas a los que se enfrentan nuestros ecosistemas marinos, incluyendo el cambio climático, la sobre pesca o la polución por plásticos.