Si entráis en las estadísticas del Ministerio de Trabajo os será imposible encontrar datos sobre las huelgas generales. Por alguna razón que desconozco, estos datos ya no aparecen. Aun así, durante un tiempo, estuvieron disponibles para su consulta y eso facilitó que algunos analistas, como el periodista Roger Tugas, dieran cuenta de las proporciones históricas de la huelga del 3 de octubre de 2017 en Catalunya. Constaba el seguimiento de 2.249.145 trabajadores por cuenta ajena, lo que supone más de un 81% de este sector. Unas proporciones mucho mayores que las dos huelgas generales del 2012, que movilizaron entre el 21% y el 24,5%. O también que la huelga feminista del 8M del 2018, con un seguimiento similar a las dos citadas.

Fue una huelga histórica, pues, que tan sólo podría compararse a la del 14-D de 1988. Pero tiene particularidades propias. Por ejemplo, a diferencia de la mayoría de las huelgas generales, en las cuales el paro de la gran industria es el indicador, en la del 3-O este fue uno de los sectores con un seguimiento menor. La explicación es la hegemonía de CCOO y UGT en los comités de empresa de dicho sector industrial.

En relación con esto, otra particularidad, quizá la más destacable, es que Catalunya fue a la huelga sin ningún entusiasmo por parte de CCOO y UGT. Fueron sindicatos alternativos los que convocaron oficialmente la huelga: I-CSC, CGT, IAC y COS. Fue más tarde que se añadieron algunas pequeñas patronales y las dos principales centrales sindicales que, arrastrando los pies y tratando de diluir el carácter combativo de la convocatoria, llamaron a un “paro de país” en el que trabajadores y empresarios llegasen a un acuerdo para detener los centros de trabajo durante unas horas y no toda la jornada.

El gran seguimiento se dejó notar en educación, sanidad, transporte, comercio e incluso en el ámbito de la justicia: el 63% de los trabajadores de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se sumó a la huelga. Y si el símbolo del 14-D fue el apagón de TVE (cabe recordar que en aquél entonces no existían todavía las TV privadas), una de las imágenes significativas de aquél 3-O fueron los trabajadores de las oficinas centrales de Caixabank bajando a cortar la Avenida Diagonal.

El éxito de esa huelga se explica porque conectó con la sociedad catalana. Se convocó a partir de la operación represiva del 20 de septiembre, cuando la policía detuvo a miembros del Govern y registró sus dependencias, a la vez que trataba de hacer lo mismo en la sede de la CUP cuando un muro humano se lo impidió. Pero la envergadura masiva de la huelga se fraguó con las cargas policiales del Primero de Octubre, día del referéndum.

Fue, por tanto, una huelga reactiva, de protesta. Era una coalición puntual bastante diversa, desde el independentismo más militante hasta sindicatos y colectivos libertarios que rechazaban la ocupación policial de las últimas semanas y los abusos contra los derechos civiles y políticos.

Pero fue algo más que una coincidencia. Lo interesante del 3-O es que muestra unas solidaridades de fondo presentes en el pueblo catalán y que son imposibles de entender para aquellos que solo han observado el proceso independentista desde el punto de vista de las maniobras en la cúpula de instituciones y partidos. Aquella revuelta ponía de relieve el carácter popular y la dinámica de abajo hacia arriba. Y eso rompía muchos esquemas, desde los del “independentismo burgués” hasta los del “independentismo rural”. En un sentido contrario, tampoco las corrientes que hoy se identifican con algo así como la “pureza proletaria” parecen entender nada sobre la fuerza que hizo temblar, durante unas semanas, el Estado español. Fueron estudiantes, profesores, sanitarios, bomberos, estibadores, agricultores, sindicalistas y trabajadores de todo tipo el motor de la huelga más grande.

Aquella fuerza le quemó en las manos a los dirigentes independentistas y no supieron qué hacer. Algunos se asustaron de la reacción del Estado, que aquél mismo día reforzó su carácter autoritario con el discurso del Rey avalando la represión. Como han contado algunos protagonistas, España mandaba mensajes oficiosos que, de seguir adelante, habría muertos. Puede que a los principales dirigentes independentistas, tanto como “los muertos” les asustaran “los vivos” y que, precisamente por el carácter popular de las jornadas de Octubre, temieron un proceso de transformación profundo. Quizá, también, hubo quién calculó con excesiva prudencia que aquella confluencia del 3-O era puramente antirepresiva y que aquello no bastaba para una declaración de independencia. Por supuesto que no todo el mundo que salió a la calle aquél día era independentista, pero también es cierto que la gente sigue a quién muestra determinación e iniciativa.

Es necesario un análisis crítico de éstas carencias para poder volver a crear unas condiciones revolucionarias y esta vez contar con una dirección revolucionaria. Pero también es necesario mantener viva la memoria de la enorme fuerza que, pese a todo, expresó nuestro pueblo en la que fue la huelga más grande.

Una vez más se ha rechazado la presencia del catalán (y del euskera, y del galego…) en el Congreso. Tantas veces lo rechacen, tantas veces insistiremos. No es una medida vital para nuestras lenguas. No cambiará los datos que llevan a preocuparnos por su futuro. Es una batalla más. Pero muy significativa del papel que el Estado español reserva a las lenguas distintas al castellano. Se trata de una diglosia: por un lado, una lengua con prestigio, con privilegio, que sirve para todo. Por el otro, otras lenguas subordinadas, invisibles en ciertos ámbitos, incluso marcadas, es decir, que usarlas en determinados momentos o espacios transmite una fuerte carga política. Y aunque sabemos que lo personal es político, para una lengua lo esencial es estar normalizada, que la use toda una sociedad independientemente de la clase, el origen, la ideología. Es evidente que en esta situación de diglosia, una irá ganando espacio mientras otras lo irán perdiendo.

La reivindicación lingüística quizá es difícil de comprender para los hablantes de lenguas poderosas que nunca se encuentran en situación de conflicto, que usan su lengua con total normalidad, sin preguntarse internamente si le van a entender, sin tener que repetir las frases a un interlocutor que, efectivamente, no la entiende. Sin tener que sufrir ninguna agresión verbal, que también de eso hay, especialmente con miembros de los cuerpos policiales (mi amigo Ignasi Bea escribió hace ya algunos años un libro titulado ¡En cristiano! recogiendo trece casos concretos).

Ciertos discursos afirman que los independentistas “politizamos la lengua”. La politización existe en el momento que no está normalizada y que hay que tomar medidas para ello. A eso me he referido cuando he dicho que el catalán es una lengua marcada. Pero cabe decir también que si hay una politización en sentido independentista es porque el Estado español no hace absolutamente nada para el avance de las lenguas que no son el castellano. Eso lo vemos en la escuela, que es el único ámbito en el cual, en teoría, el catalán fue hegemónico, por la simple razón de que era la única manera que muchos niños y niñas entrasen en contacto con esta lengua, ausente en el resto de sus vidas. Lo vemos también en la cuestión de los funcionarios públicos, con las ofensivas contra el requisito lingüístico. Y lo vemos en algo mucho más sencillo todavía. Hace unas semanas se aprobó la Ley del Audiovisual y se rechazaron las enmiendas que obligaban a las grandes plataformas a tener más contenido doblado o subtitulado en catalán, euskera y galego. El detalle es que es una medida complementaria, que no obliga al castellano a ceder terreno, puesto que se trata de ofrecer estos contenidos y que el usuario escoja en qué lengua. Pero ni así. Esta es la nula sensibilidad del Estado español para con las lenguas distintas al castellano. Pero échale la culpa a los indepes por politizar todo, oye.

En las últimas décadas han mejorado los datos de conocimiento del catalán, pero lo esencial para una lengua es el uso. Y en esto, la evolución es preocupante. Como en cualquier caso, conviene manejar datos para no valerse solo de impresiones. Hace un par de semanas, el documental El futur del català recordaba algunas de estas realidades: tan solo un 3% de los estudiantes de 4º de ESO consumen contenidos audiovisuales mayoritariamente en catalán. Tan solo el 46,8% de los profesores de secundaria se dirigen a sus alumnos en catalán (en 2006 era el 63,7%). Y también que 8 de cada 10 catalanohablantes cambian de lengua cuando el interlocutor habla en castellano.

Éste último dato refleja que el bilingüismo es unidireccional. Los catalanohablantes dominamos el castellano, pero un buen número de castellanohablantes no así con el catalán. A esto le añadimos la inseguridad del hablante que se sabe con la lengua marcada y vemos como nuestra lengua va perdiendo espacios de uso. Y una lengua que no se usa es una lengua que languidece.

En situaciones como la descrita, de cambio de lengua de los interlocutores, interviene aunque sea de forma inconsciente la ideología lingüística dominante, la que transmiten los principales partidos españoles, los que han rechazado el uso del catalán en el Congreso. Es decir, que hay lenguas de primera y de segunda. Lenguas que sirven para todo y lenguas que no. Que la nuestra es un capricho. Ésta es la ideología dominante y se puede comprobar con los comentarios en redes cada vez que reivindicamos nuestras lenguas.

Contra ello seguiremos defendiendo que nuestra lengua gane espacios. La queremos. Y queremos que toda la gente que vive en su ámbito lingüístico la conozca, la comparta, la use sin complejos, la reivindique. Como hicimos en el Congreso. Tantas veces nos lo rechacen, tantas veces volveremos a ello.

La ocupación rusa de Ucrania tiene un único responsable, Putin. Ucrania es el país agredido. El objetivo debe ser la retirada del ejército ruso y un futuro de paz para el conjunto de la sociedad ucraniana, basada en la democracia y el respeto a su pluralidad interna.

Defender esto no nos impide, a la vez, señalar las responsabilidades de otras potencias en la escalada de tensión que llevó hasta el 24 de febrero. Tampoco nos impide ver que el Estado ucraniano también ha cometido abusos en los últimos años y durante la guerra. Lo seguiremos diciendo pese a que el clima de opinión, en el Estado español y en el conjunto de la UE, se desliza hacia el pensamiento único. Cualquier matiz, cualquier explicación de fondo o cualquier duda son tergiversadas por quienes instrumentalizan la guerra para llevar el agua a su molino. El molino de la adhesión acrítica a la OTAN y la política exterior de los EEUU, del aumento del gasto militar y de la confusión geopolítica que quiere revivir la Guerra Fría.

Que el bloque occidental (EEUU, OTAN y UE) no son “los buenos” lo saben bien el conjunto de países que se abstuvieron hace un mes en la resolución de condena a Rusia en las Naciones Unidas: China, Vietnam, India, Pakistán, Bolivia, Cuba, Sudáfrica y la mayoría de Estados africanos. Un conjunto heterogéneo de países que tan solo tiene una cuestión en común: saben bien que el unilateralismo yanki es nocivo para el futuro del mundo y que tiene siniestros precedentes, incluídos los bombardeos contra civiles. Ampliar el foco y darse cuenta de esta realidad es bueno.

Por el contrario, para los que trazan la línea de buenos y malos, ciertos abusos cometidos en Ucrania desde 2014, así como la tolerancia con el neofascismo, se vuelven invisibles. Las muertes en la revuelta del Maidán, tanto las de Kiev (alrededor de un centenar) como las cuarenta y seis del brutal ataque a la Casa de los Sindicatos de Odessa, no han sido objeto de investigaciones independientes. La posterior ilegalización del Partido Comunista, en 2015, también cae en el olvido, pese a que fue el precedente de la ilegalización de otros partidos ahora durante la guerra. Entre los cuales la segunda fuerza en la Rada ucraniana, la Plataforma de Oposición - Por la Vida, una formación que se manifestó claramente contra la agresión de Putin y que expulsó al único miembro que se pronunció a favor. Sin embargo, contrasta con la tolerancia con los elementos neonazis. Si bien su presencia parlamentaria ha ido disminuyendo, siguen siendo formaciones perfectamente legales y bien integradas en el Estado ucraniano a través de los batallones de voluntarios que son parte de la Guardia Nacional. No es excepcional ver a miembros de los cuerpos policiales o del ejército ucraniano participando de vejaciones a personas, atadas a un poste. Finalmente, la solución militar contra los independentistas del Donbass, que ha incluido bombardeos de la región desde 2014, también debe obviarse para según qué propagandistas.

Por todo esto hoy no hemos querido confundirnos en un aplauso acrítico. Nos conmueven las imágenes de Bucha y las historias de los refugiados y queremos que termine esta agresión. Pero pensamos que la contribución más honesta a la paz es entender las causas de la guerra, apostar por la desescalada y no comprar el relato atlantista que siempre necesitará enemigos perfectos para darse sentido.

La oposición a la ampliación del aeropuerto del Prat, en Barcelona, está expresando alianzas y discursos que resultan significativos de las futuras batallas de emergencia climática.

Se ha simplificado, en ocasiones, la contradicción entre esta infraestructura y el medio ambiente, reduciéndose a una disyuntiva entre la pista y la laguna de La Ricarda, entre el hub de los huevos de oro y un paraje natural, eso sí, protegido. Esta simplificación podía conseguir dos efectos: por un lado, reducir la oposición, poniendo en un lado de la balanza promesas de creación de empleo y, en el otro, dicho a lo bruto, la charca de unos cuantos patos. Y, por el otro, permitir un plan B, que podría significar la ampliación pero de otra forma, sin afectar a La Ricarda. Este segundo efecto, por ejemplo, permitía desarticular la oposición de ERC, que se ha concentrado en este aspecto.

Sin embargo, el movimiento de oposición ha tenido claro que la ampliación es contraria a la preservación de la laguna pero también a muchas cosas más. Principalmente, es una prueba del algodón de que los discursos de descarbonización se quedan en eso, en discursos. Los principales partidos políticos han aceptado nominalmente la emergencia climática. Por eso el Gobierno español la declaró en enero del 2020. Lo mismo ocurre con la Agenda 2030. No pueden ignorar lo que es una de las principales preocupaciones de la sociedad, como muestran las encuestas. Tampoco pueden ignorar los compromisos contraídos: reducción de las emisiones hasta un 55% en 2030. Pero son incapaces de tomar decisiones en consecuencia porque implicaría enfrentarse a las élites económicas. En lo que respecta al aeropuerto, todas las patronales catalanas se han erigido como lobby, con un acto conjunto el pasado 2 de junio. 

Pero ni el Gobierno español ni el catalán pueden explicar cómo se puede pasar de los 53 millones de pasajeros del Prat (cifras de 2019) a los 70 millones que la ampliación quería acomodar, y a la vez reducir las emisiones. ¿Cómo pensaban ponerlo por escrito, en el informe de sostenibilidad ambiental del proyecto? Este jueves pasado se lo pregunté a la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y me respondió con una referencia genérica a los futuros aviones de hidrógeno. Cuando sabemos que esta tecnología, que ya lleva décadas investigándose, no consigue un rendimiento energético suficiente.

Todo parece, pues, una impostura. Tan grande que, quizá, ha sido uno de los motivos que han hecho desistir al Gobierno español de invertir los 1.700 millones prometidos. Aun así, este domingo la manifestación tiene que ser un éxito porque el movimiento que le da lugar tiene muchas batallas por delante. Por ejemplo, la cuestión de los cruceros o la de los megayates, con unas obras en el Port Vell que empezarán en 2022.

La alianza del ecologismo con las distintas expresiones de lucha de clases, ya sea el sindicalismo o el movimiento por la vivienda, constituye una fuerza necesaria para cambiar el modelo económico y desplazar a las élites dirigentes, responsables primeras y últimas de las decisiones que se toman sobre aeropuertos, puertos y otras infraestructuras que el capitalismo necesita hacer crecer a costa del futuro climático y energético.

En los despachos de comunicación del PSC-PSOE han decidido que hay que repetir que no se puede ser independentista y de izquierdas. De esta forma Salvador Illa ha tratado de establecer este dogma en algunas de sus intervenciones públicas más destacadas en este último mes.

Pero lo cierto es que el razonamiento funciona mejor si le damos la vuelta: no se puede ser de izquierdas y defender la inmutabilidad de los Estados constituidos. Por esta y otras razones la izquierda históricamente ha defendido el derecho de autodeterminación de las naciones. Se trata de desmontar el nacionalismo de Estado, el más invisible y a la vez el más fuerte, que sirve para cohesionar todas las clases alrededor de los intereses de las élites dominantes. O dicho coloquialmente, para “tapar con la bandera” el poder de esta clase dominante.

Como mínimo, pues, la izquierda debe defender el derecho de autodeterminación. Pero si miramos el caso concreto catalán podemos dar un paso más allá. El moderno independentismo nació como una respuesta a las decepciones de la Transición. Contra el rey impuesto por Franco y contra los aparatos de Estado que no sufrieron depuración alguna (policía, jueces, ejército); y a favor de las reivindicaciones antifranquistas que quedaron en el cajón: ruptura, autodeterminación y un proyecto compartido para los Països Catalans.

Sin embargo el PSOE representa a la perfección estas decepciones de la Transición. Si bien ha legislado positivamente en materia de derechos civiles, en materia económica ha hecho sucesivas contrarreformas laborales y de las pensiones, y fue quien empezó las privatizaciones.

Y no hablo de historia tan solo. Mientras Salvador Illa nos decía que no podemos ser independentistas y de izquierdas, el Gobierno del PSOE y UP recurría la Ley catalana de alquileres al Constitucional. Una ley, precisamente, aprobada por la mayoría independentista en el Parlament (JxC, ERC y CUP) juntamente con En Comú Podem.

Queda por ver qué dirá la Ley española de vivienda respecto la regulación de los alquileres, pero muy probablemente quedará por debajo de lo que estableció la Ley catalana, puesto que el Ministro Ábalos ya dejó claro que la vivienda “también es un bien de mercado”. Un Estado es un orden establecido, también en lo económico.

En el Estado español los intereses del IBEX son incuestionables, lo mismo que la unidad de España. Por eso, aunque gobierne el PSOE y UP, los decretos y las leyes se desprenden de este orden económico: lo hemos visto con la Ley de Cambio Climático (una reducción de emisiones muy por debajo de lo necesario), con la autorización gubernamental de la superconcentración bancaria Caixabank-Bankia, con la factura de la luz (se baja el IVA pero no se tocan los beneficios de las eléctricas) o con la modificación de la Ley del suelo, como contó hace unos días este diario.

Cuando el orden significa la unidad de España para mayor gloria del IBEX, bien podemos defender que una ruptura independentista y un proceso constituyente significan un escenario mucho más prometedor para todas las izquierdas.