Cuando empezó la investigación del asesinato de su madre, Laura Zúñiga nunca imaginó que cinco años después escucharía el veredicto que la Justicia hondureña emitió esta semana. Tras años de denuncias de obstáculos en el proceso judicial sobre el caso de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el juzgado ha condenado a David Castillo, exmilitar entrenado por Estados Unidos en West Point y ex presidente ejecutivo de la hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la compañía contra la que tanto luchó su madre por los abusos cometidos en comunidades indígenas.

Laura Zúñiga celebra el fallo, pues declara a Castillo como coautor del crimen y señala que el exmilitar funcionó como nexo indispensable entre los autores materiales e intelectuales. Pero el proceso judicial no ha terminado para la familia de Cáceres, que apuntan aún más arriba. Precisamente, buscan alcanzar a quienes idearon y ordenaron acabar con la vida de la reconocida defensora del medioambiente y los derechos humanos.

Como hija de Berta Cáceres e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), ¿cómo valora el fallo?

Yo que estuve la mayor parte del tiempo en la audiencia, ya tenía la certeza de que era culpable. Lo sabíamos desde que fue el entierro de mi mami, cuando nos encontramos, hablamos y entendimos la situación. Pero al ver cada prueba, yo estaba muy segura. La cosa era cómo lograr enfrentarse a todo el poder que había para proteger a Castillo, entendiendo que es parte de un sistema criminal. Y se evidenció su rol como un elemento logístico de la estructura intelectual, era el operativo del nivel más alto en la planificación del asesinato.

Sabemos que nos hemos enfrentado a una de las familias más ricas (los Atala Zablah) y que acusar a un empresario era bien difícil. Fue mucho esfuerzo y cuando recibimos el fallo condenatorio, hubo alegría, alivio y fue recordar que hace cinco años no hubiéramos imaginado que íbamos a poder enjuiciarlo. Entonces lo recibimos como una victoria, lo festejamos. Pensando que no termina acá, sino que es un pasito más en el largo proceso de justicia para mi mami. Pero es un precedente muy bueno y responde al trabajo que hicimos.

Que lo condenen por coautor y no por inductor, lo que proponía la fiscalía, es bien importante. Porque era reconocer el trabajo de nuestro equipo legal, la acusación particular, que siempre costó que se nos respetara. Lograr que quede plasmado en el fallo, es también un precedente en cómo trabajar.

Hay que ser rigurosos en lo jurídico, en el acompañamiento que había afuera de la Corte. La gente estuvo tres meses en el campamento [levantado frente al juzgado para pedir justicia], por momentos con lluvia que te empapaba en dos minutos. Y aguantaron. Esa fuerza tiene mucho que ver.

Aparte de menospreciar a la acusación particular, ¿a qué otras complicaciones se enfrentaron en el caso?

Creo que la más grave fue la dilación del proceso. Dos años en los que no podíamos abrir el juicio oral y público. Esa etapa del debate de las pruebas fue súper desgastante, sin saber cuándo iba a ser, cómo prepararse. Fue un pleito también que dejaran introducir las pruebas, sobretodo los peritajes, que yo pudiera estar en la sala. Incluso a veces nos sacaban de las audiencias virtuales. Hasta el último momento, en que yo hablé en la penúltima palabra, me cortaron.

Otra cosa complicada fue la agresividad de la defensa de Castillo, que siempre estaba intentando criminalizar a la víctima, o generar discursos de odio contra una persona ya asesinada. Fue bastante molesto. Fue un tribunal muchas veces muy despectivo, fue enfrentarse a una fiscalía que nos negó información. Pero ya lo vivimos una vez y estábamos preparadas, ahora lo tomamos diferente. Creo que lo supimos enfrentar bien, incluso en momentos de ponerles un alto al tribunal o a los abogados.

La defensa de Castillo pretendía argumentar un vínculo cercano con Berta, cuando era un trabajo de inteligencia militar que terminó en el asesinato de tu madre. ¿Qué ha supuesto para ustedes?

Yo el ejercicio que he hecho es tratar de que no me afecte emocionalmente, sobre todo. Pero es indignante, porque son tácticas que se usan en contra de las mujeres. Lo podemos identificar en otros casos, se usa la inteligencia y la formación militar para buscar acercarse y obtener información. Y esa información luego era pasada a los grupos que tenía funcionando la empresa para intentar desarticular y neutralizar la lucha de mi mami y de la comunidad de Río Blanco.

Pero además, significa una legitimación patriarcal de juzgar a las mujeres y justificar a los hombres en sus actos de violencia. Me molestaba mucho que me preguntaran si eran amigos. Yo respondía: “No, lo niego. Pero si lo hubieran sido, tampoco lo exculpa”, porque la mayoría de femicidios los cometen personas cercanas. En este tema ayudó mucho el peritaje de (la maya k'iché) Gladys Tzul Tzul.

Te quería preguntar por su peritaje y el de Harald Waxenecker, algo nunca visto en un juicio en Honduras. ¿Cuál fue la importancia de que declararan?

El de Gladys sobre todo trataba de las relaciones de género y hablaba de cómo Castillo buscó acercarse a mi mami, sacarle información y atacarla por el hecho de ser mujer. De cómo las empresas buscan atacar a los liderazgos femeninos para romper el tejido social en las comunidades y atentar contra sus luchas. Se hace mucho más vulnerables a las mujeres que a los hombres. Con ataques hacia sus hijos, hacia su entorno, a partir de sus decisiones o vida privada. No quiere decir que no se ataque a hombres defensores, sino que es de otra forma y fue evidente en este caso.

Lo que hace Harald es un análisis de redes de poder a partir de la data telefónica, donde se demuestra que había dos grandes grupos que actuaron para matar a mi mami. Uno era el que hizo el asesinato, el grupo sicarial, y el otro era el grupo de poder, los asesinos intelectuales. Y David Castillo funcionaba como enlace, por eso la importancia de que haya sido declarado culpable. El grupo sicarial funcionaba subordinado a Castillo y llevaba los vínculos, la información y la logística necesaria para el asesinato. Muestra cómo operaron las Fuerzas Armadas de Honduras para atacar a la comunidad de Río Blanco y a mi mami.

Después trataba de cómo logran estos grupos de poder, los asesinos intelectuales, tener ese poder. Y lo hacen a través de corromper las instituciones del Estado, para que los proyectos extractivos se instalen con las fuerzas de seguridad, las leyes, el Ministerio Público (MP). Y cuando hay oposición, de violentar a las comunidades.

Durante la exposición de la perita, la defensa de Castillo buscó desprestigiar la cosmovisión indígena y sus lógicas organizativas.

Quisieron deslegitimar incluso la propia prueba pericial, decían que era algo novelesco, “porque cita libros”. Era negar las formas de pensamiento y de construcción que tienen los pueblos indígenas, las lógicas territoriales comunitarias, de las vidas colectivas, del cuidado de los bienes comunes, queriéndole quitar valor. Y después, era querer negar que mi mami era indígena.

Entonces le preguntaban (a la perito) quién podía serlo y quién no. Ahí fue muy acertada Gladys cuando decía que tiene que ver con la autodeterminación, la autoidentificación y además con la colectividad con su pueblo. Ni siquiera querían decirle Doctora. Fue muy loco, porque el consultor de la defensa es un hombre que salió de la universidad por misógino y niega a las defensoras de la tierra y el territorio. Y es a quien llevan para que le haga preguntas a Gladys, una mujer indígena. Fue bien visible a qué intereses responden estos sectores.

¿Qué queda por hacer?

Primero, profundizar los procesos de justicia en contra de los asesinos intelectuales de mi mami, que es la familia Atala Zablah. Ahí están sus comunicaciones, ha sido evidente, desde que participaron en el asesinato hasta que buscaron impunidad. Cuando capturan a Sergio (Rodriguez, gerente de Comunicaciones de DESA), Castillo llama a Jacobo Atala para informarle y él responde “ahora si nos hundieron del todo” y agrega que va a llamar al Ministro de Seguridad, al Fiscal General y al Fiscal Adjunto.

Pero también en el juicio hubo un momento en que el perito que hizo las extracciones telefónicas proyectó su pantalla y se vio una conversación en la que Daniel Atala le ofrecía sus servicios. Evidenció aún más la injerencia de esta familia, no solo en el asesinato de mi mami, sino también en procurar impunidad. A este punto, va habiendo cada vez más información sobre cómo han participado de este asesinato. Entonces hay que enjuiciarlos.

¿Cuál es el estado del proyecto contra el que lucho su madre?

Ya se ha probado que DESA es una empresa criminal, son asesinos. Aún así, el río sigue concesionado. Hay que cancelar definitivamente la concesión del río Gualcarque. Pero Río Blanco sigue en resistencia y cultivando en las tierras que DESA pretendió apropiar, lo que es muy simbólico y bonito. En las comunidades, sigue la lucha en contra del sistema extractivo, en contra de la impunidad.

Desde mayo, un campamento de compuesto por miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras han solicitado justicia por el asesinato de Berta Cáceres a las puertas del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. ¿Qué ha supuesto para ustedes?

Creo que el campamento fue un momento que nos comprometió aún más y que logró un intercambio entre comunidades, un fortalecimiento de la solidaridad. Y este juicio, con todo el aprendizaje de desafiar a las instituciones de justicia, nos demuestra que más allá de que sean súper fuertes y tengan poder, la lucha, la organización, el no cansarse, es lo que permite que hayamos ganado este fallo y que estemos en la pelea para que empiecen otros. La gente está hoy organizada con más convicción que antes, con la seguridad de que luchando es como se logran las cosas.