Llegar a fin de mes se ha convertido en una tarea difícil. Durante el último año y medio, pero especialmente a lo largo de 2022, España ha experimentado los aumentos de precios más intensos de las últimas cuatro décadas. Sin haber curado aún las heridas de la pandemia, la crisis de precios que experimentamos se sufre de manera diferente entre los distintos hogares, afectando especialmente a los más vulnerables. Entre enero y noviembre de 2022, la inflación ha reducido el poder de compra de los hogares en peor situación un 26% más que el de aquellos con mayores ingresos. La subida de precios es tan intensa, que también parece estar afectando a la clase media, que ve cómo se esfuman sus ahorros y con ello sus proyectos de futuro y su colchón de seguridad ante posibles imprevistos. Conviene señalar que la clase media es un colectivo que en España es más pequeño que en el resto de países europeos más ricos y que ha ido perdiendo peso a lo largo de los últimos 30 años.

Cada vez más, un mayor número de familias viven con angustia cómo sus ingresos ya no alcanzan para llenar la nevera o hacer frente a las facturas de luz y calefacción. Y es que las consecuencias de esta crisis de coste de vida están siendo soportadas principalmente por las personas trabajadoras, que ven cómo sus salarios pierden poder adquisitivo. En términos reales, estos estarían cayendo a niveles semejantes a los vividos en los peores años de la gran crisis iniciada en 2008. Con el salario promedio de 2022, una persona trabajadora en España es un 4% más pobre que en 2008. 

Pero la actual crisis de precios es también una crisis de desigualdad, agravada porque muchas grandes empresas se han aprovechado del contexto de incertidumbre, la pandemia y la guerra en Ucrania y están sacando tajada, inflando precios y márgenes, a costa de una gran mayoría. Los beneficios y márgenes empresariales, especialmente los de las grandes compañías, se han mantenido o han crecido. En 2021, el beneficio conjunto de las empresas del IBEX 35 fue ya un 63 % superior al de 2019, e incluso un 55 % por encima de la media de los resultados de los cinco años pre-pandemia (entre 2015 y 2019). Esta tendencia se ha acelerado en el último año. Tan solo en el tercer trimestre de 2022 estas mismas empresas anunciaron resultados un 30% superiores a los del mismo periodo del año anterior. Aunque aún no disponemos de los resultados definitivos para 2022, los pagos a cuenta del impuesto de sociedades que llevan haciendo las empresas a lo largo del pasado año muestran este importante aumento de los beneficios, especialmente de las grandes empresas.

Este mayor dinamismo de los beneficios de las empresas se apuntala en unos márgenes que se han disparado en el último año y medio. Es decir, las empresas no solo no han podido trasladar el aumento de sus costes, sino que han conseguido aumentar el beneficio que sacan de cada producto o servicio que venden. Considerando los datos de facturación de las empresas, a través de las declaraciones del IVA de la Agencia Tributaria, a finales de 2022, los márgenes de las empresas eran un 60% superiores a los observados a finales de 2019 (antes de la pandemia), mientras los salarios apenas habían crecido un 4%.

Aunque el origen de este periodo inflacionario lo podemos encontrar en la fuerte subida de los costes de materias primas y otros bienes esenciales para la producción, primero por la pandemia y luego por la guerra de Ucrania, los beneficios empresariales están dopando el coste de la vida. En 2022, el 90% del incremento de los precios se puede explicar por los aumentos de los beneficios de las empresas. Es la inflación de la codicia. 

Como resultado, más personas trabajadoras y hogares están viviendo una situación de mayor precariedad, escasez y vulnerabilidad, mientras que algunas empresas, fortunas y personas ricas siguen aumentando su riqueza y beneficios empresariales. Cuanto mayor es el peso en la economía de las rentas de capital (dividendos y otros rendimientos financieros) frente a las rentas del trabajo, mayor será la desigualdad económica, por la fuerte concentración en pocas manos que presentan las primeras. 86 de cada 100 euros repartidos como rentas de capital acaban en manos de apenas un 10% de la población

Lo que aprendemos en los libros de teoría económica es que la inflación se produce como resultado de los desajustes entre lo que se demanda y lo que se produce. Pero la inflación, como señala el conocido economista Olivier Blanchard, también es el resultado del conflicto distributivo entre empresas, trabajadores y los contribuyentes. 

Resulta necesario tomar medidas de calado para evitar que estos aumentos de precios y la creciente pérdida de peso de las rentas salariales, se acaben convirtiendo en un determinante estructural de la desigualdad a futuro. Los últimos datos de EUROSTAT muestran que España es uno de los países más desiguales de toda la Unión Europea. Y así ha sido hace década, en parte por un mercado laboral disfuncional y en parte por una muy limitada capacidad redistributiva a través de impuestos y gasto público. 

Es urgente avanzar hacia un acuerdo nacional que permita recuperar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. El Gobierno debe liderar esta tarea, y para ella necesita ayudarse de otras herramientas como las políticas fiscales y sociales. Las medidas tributarias emprendidas recientemente van en la buena dirección para saldar de manera más justa la factura que arrastramos por los esfuerzos durante la pandemia. Pero son temporales, son parches con fecha de caducidad. En lo que se refiere a las medidas sociales, ya va siendo hora de hacer de sacar todo el potencial de una administración pública del siglo XXI que nos permita llegar a quién realmente lo necesita y dejarnos de la brocha gorda. Avanzar en la implementación y generosidad del IMV, resulta crucial. 

Los papeles de Pandora vuelven a golpearnos con una realidad obscena, mostrando el uso y abuso de los paraísos fiscales por parte de los más ricos y poderosos, individuos y sus sociedades empresariales. Pone en evidencia una poderosa industria que rompe las reglas del juego justo, que amenaza con desestabilizar los fundamentos democráticos y por cuyos resquicios se siguen perdiendo ingentes recursos, vitales para cualquier país. Y por estos agujeros negros es también por donde se pierden los hospitales, la educación, la lucha contra el cambio climático o la financiación del conjunto de las políticas públicas que sostienen una sociedad de bienestar. 

Es en este contexto en el que la actual coalición de gobierno anda en frenéticas reuniones para cerrar un acuerdo con una propuesta común de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Probablemente, no haya momento de mayor relevancia política que la discusión sobre los Presupuestos: cuánto y cómo se va a gastar sus recursos Estado y cómo va a conseguir recaudar impuestos. Pero cuando los recursos que se pierden son de tal magnitud, es un punto de partida trucado. El uso de los paraísos fiscales condiciona la capacidad del Estado y limita su alcance. Por eso la discusión en torno a los PGE no puede desligarse de medidas de lucha contra la evasión fiscal y no puede desligarse de las reformas que con urgencia deben incorporarse. 

Y en gran medida, para cerrar la ineficiencia recaudatoria del Impuesto de Sociedades y cerrar los agujeros de la elusión fiscal, cobra especial relevancia la discusión sobre un mínimo del 15% en la tributación empresarial. Y como se ha venido viendo en las últimas semanas, este ha sido uno de los temas que más incomodidades ha levantado en el seno de la coalición. 

Pero, ¿cuál es el problema? ¿por qué genera esta propuesta tanto recelo? Como suele suceder en política, tan importante es saber de qué se habla, como conocer lo que se queda fuera de la discusión. Y en este caso, el elefante en la habitación, tanto en las discusiones globales como en las discusiones de estos presupuestos, es acabar de explicar sobre qué se aplica ese 15%. Un 15% de nada seguirá siendo nada. Por lo tanto, lo primero es evitar que la base sobre la que se calcule el impuesto sea tan estrecha que casi no reporte nada. En consecuencia, resulta necesario analizar y revisar todas esas deducciones y exenciones que reducen la factura fiscal, especialmente para las grandes empresas. En 2018, tan sólo en créditos fiscales, las empresas españolas disponían de hasta 66.142 millones de euros para reducirse su factura fiscal, más de dos veces y media el importe que recaudó el Impuesto de Sociedades ese año. 

Además de la revisión en profundidad del diseño del impuesto, lo que permitiría conseguir una mayor equidad horizontal entre empresas, el otro elemento fundamental para acabar de conocer sobre qué aplicamos este tipo es el referido a la ingeniería financiera y fiscal de las grandes empresas. Los papeles de Pandora del pasado domingo nos hablaban de sociedades interpuestas por reconocidos políticos, artistas y personas del mundo del deporte para dejar de pagar impuestos. En el caso de las grandes empresas nos topamos con un sistema similar cuyo objetivo es el mismo: reducir su factura fiscal trasladando de manera artificial sus beneficios hacia paraísos fiscales. Así, los últimos datos disponibles, referidos a 2017 muestran como el beneficio antes de impuestos por trabajador de las filiales españolas en las Islas Caimán es de más de 120 millones de dólares. En México, con una población que multiplica por casi 2.000 veces la de las Islas Caimán, no llega a los 43.000 dólares. 

Son muchas las voces que se escudan en la fragilidad de la recuperación económica para no avanzar hacia una mayor presión fiscal sobre las empresas. Pero de lo que en el fondo estamos hablando es de hacer que las empresas paguen lo que les toca, ayudando a construir un sistema fiscal más justo y progresivo. Una vez más conviene recordar que sin beneficios, las empresas no tienen que pagar impuestos. 

Aplicando un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades se pondría freno a dos de los principales problemas de los que adolece el sistema tributario español. Por un lado, se lograría recuperar progresividad en el diseño tributario y que la mayor parte del sostenimiento del esfuerzo no recaiga de forma desproporcionada sobre el conjunto de las familias y las personas trabajadoras. En 2020, el 88% del total recaudado por la Agencia Tributaria seguía recayendo sobre las familias (trabajo y consumo esencialmente) frente a un 8% generado a través del impuesto de sociedades. Por el otro, se pondría coto a la capacidad que tiene la gran empresa para aminorar su factura fiscal con deducciones y exenciones a las que no accede la pequeña y mediana empresa. Los datos de 2018 reflejan como las 216 empresas que facturan más de 1.000 millones de euros en España tienen un tipo efectivo del 5,47%. A pesar de suponer el 42% del beneficio empresarial, su aportación  apenas alcanza el 24% de la recaudación total por el impuesto de sociedades. Además, esta propuesta se ajusta como un guante al acuerdo impulsado por el G20 y la OCDE, que previsiblemente se sellará a finales de este mes, y por el que más de 100 países de todo el mundo se comprometen a establecer un tipo mínimo global para este impuesto que ahora mismo se sitúa en ese mismo 15%. 

Nunca ha tenido más sentido dar un paso adelante y defender medidas que supondrán pasos vitales en la lucha contra los paraísos fiscales y contra la desigualdad. 

Los ojos estaban puestos en Venecia el fin de semana, donde se esperaba que los Ministros de Finanzas del G20 dieran el visto bueno a lo que debía ser la gran reforma del sistema fiscal internacional, una reforma esperada y urgente que siente las bases sobre cómo gravar los beneficios internacionales de grandes corporaciones que hoy operan como fantasmas fiscales. En definitiva, un nuevo modelo tributario que se adapte a la realidad del siglo XXI al tiempo que pone coto a las prácticas depredadoras de los paraísos fiscales y la competencia fiscal tan perjudicial en la que se han visto sumidos el conjunto de países.

No olvidemos que la factura de estos abusos fiscales, amparados por años de impasibilidad política, la ha pagado la ciudadanía, que ha visto como grandes corporaciones podían multiplicar sus beneficios mientras reducían obscenamente los impuestos pagados. El saldo ha sido una desinversión en políticas sociales o un mayor esfuerzo sobre las familias y el trabajo, especialmente desde la gran crisis financiera de 2008. Y estas decisiones, políticas, han condicionado la capacidad de los países para enfrentarse a la pandemia de la Covid-19.

Por eso esta fase final de la reforma del sistema fiscal internacional no llega en un momento cualquiera, sino también, en un contexto de máxima tensión presupuestaria y fiscal. En los países en desarrollo, la deuda está alcanzando niveles insostenibles y amenazan con desestabilizar el frágil sistema financiero internacional en el que se fundamenta la frágil recuperación post-pandemia. Abordar una reconstrucción más justa a esta crisis requiere de decisiones decididas como quien asumirá el coste, pero también de cómo evitar que la desigualdad se dispare. Conviene recordar que la COVID 19 no ha afectado ni sanitariamente ni económicamente a todos los países por igual. Tampoco lo ha hecho entre las personas de un mismo país. Las personas y las comunidades más vulnerables han sido las más impactadas, las que más han sufrido la pérdida del empleo y las últimas en acceder a los programas de protección social, cuando los ha habido. Mientras, la riqueza de las mayores fortunas del mundo ha alcanzado cotas nunca antes vistas.

Es en este complejo escenario en el que por fin se retomaron las negociaciones para reformar las reglas que determinan cuánto y dónde deben pagar los impuestos por sus beneficios las grandes empresas multinacionales. A principios de junio, los países del G7 dieron su respaldo político, con bombo y platillo, lo que ha acelerado la posibilidad de alcanzar un consenso, pero también que ha puesto de manifiesto que no era sino un acuerdo para proteger sus propios intereses. Y si este acuerdo puede poner en jaque el funcionamiento de algunos paraísos fiscales, también es una apuesta perversa para los países en desarrollo a los que coloca en un falso dilema, respaldar un acuerdo que es injusto para ellos o dejar vía libre a la elusión fiscal más desmedida.

Una encrucijada compleja. Porque (casi) todos coinciden en reconocer que el sistema fiscal internacional, diseñado hace 90 años, se ha quedado obsoleto. Entonces, nadie advirtió de los profundos cambios que nos iba a traer la globalización y la digitalización de la economía. Lo que sí tenían claro era que quienes diseñaron ese modelo lo hacían para favorecer los intereses de quienes ya entonces dominaban el comercio internacional, de los países ricos. Y desde hace décadas, son numerosos los países en desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil que claman por una reforma profunda, más justa. Unas reglas que simplemente permitan retener allí donde se genera valor y actividad económica, los beneficios fiscales que legítimamente les corresponden.  Lo único que se ha conseguido con este modelo es que los países compitan por ver quien baja más los impuestos a los beneficios empresariales. Una carrera al desastre.

Estas discusiones suponían una oportunidad única para efectivamente alcanzar un acuerdo histórico. Y una absoluta responsabilidad política el lograrlo. Sin embargo, el acuerdo alcanzado resulta poco ambicioso e injusto. Los intereses de los países ricos y sus grandes corporaciones se han puesto por delante de las personas y de los países en desarrollo. Dos son los principales problemas.

El primero tiene que ver con el tipo mínimo efectivo propuesto, de “al menos del 15%”. Lejos del 21% que el Presidente Biden quieren aplicar en los Estados Unidos, y por debajo del 25% que recomiendan economistas como Joseph Stiglitz o Thomas Piketty. En el fondo, es una concesión que no hace sino acercarnos a los niveles de conocidos paraísos fiscales como Irlanda y Singapur. Es mejor que nada, sin duda, pero el listón queda tan bajo que difícilmente logrará el efecto esperado de poner fin a la competencia fiscal. Sin duda generará tensión sobre los paraísos fiscales más agresivos, pero será en beneficio de los países más ricos. Es una medida diseñada para que quien la pueda ejecutar sea el país de la casa matriz. Por eso, según nuestras estimaciones, dos terceras partes de los ingresos adicionales irán a parar a países G7 y de la UE, mientras que a los países más pobres apenas les corresponderá un 3% del total, a pesar de representar al 36% de la población mundial. No hacemos sino perpetuar décadas de injusticia en el sistema fiscal internacional, mientras que algunos países europeos actúan como verdaderas termitas fiscales en el sistema global.

El segundo problema se refiere a la manera acordada para repartir los impuestos sobre los beneficios globales de las grandes empresas que, a pesar de conseguir amplios beneficios, no tiene presencia a efectos fiscales. La idea es redistribuir parte de esos beneficios globales hacia el resto de países en los que la empresa está presente. Pero los umbrales son tan altos, que apenas afectará a unas cien empresas, aquellas que facturen por encima de los 20.000 millones de euros y con rentabilidad superior al 10%. Son pocas, tan pocas que incluso monstruos digitales como Amazon podrían quedarse fuera. No sólo eso. Los países donde las multinacionales están produciendo o generando sus ventas y beneficios, apenas se repartirán una parte mínima de los beneficios globales (no llega al 5%).

También resultan problemáticos los flecos aún por concretar. Ya sabemos que el diablo está en los detalles. El sector financiero por ejemplo ha quedado al margen del acuerdo, sin duda por la presión de Gran Bretaña entre otros. Su exclusión supone reducir los ingresos fiscales globales a la mitad. 

Difícil que este acuerdo sea motivo de celebración. Martín Guzmán, ministro de Finanzas de Argentina, país miembro del G20, criticó la propuesta, al igual que algunos países africanos como Nigeria o Kenia que incluso renunciaron a firmar el acuerdo. En estos términos, corremos el riesgo de incrementar las desigualdades entre países.

Pero el partido aún no ha acabado. Hasta octubre todavía podemos conseguir un acuerdo que sea más justo y que genere ingresos adicionales suficientes y sustanciales para todos, incluidos los países en desarrollo. Para ello tendríamos que pensar en un tipo mínimo más alto, del 25%. Y tendríamos que garantizar que los beneficios se compartan de manera equilibrada con los países en desarrollo y que las grandes empresas que se han beneficiado de la digitalización de la economía, como Amazon no puedan eludir este acuerdo. Convendría que la opinión pública sea consciente de lo importante del momento.