Las previsiones apuntan una recuperación económica más rápida de lo previsto inicialmente. Sin embargo, tanto las distintas variantes de la COVID-19 como la falta de vacunas y su desigual distribución en el mundo hacen que las incertidumbres sobre el futuro sigan presentes.

La posición de las instituciones europeas de no retirar prematuramente los estímulos de recuperación debe mantenerse. Del mismo modo, la interacción entre las políticas monetaria y fiscal ha demostrado ser eficaz, y, por ello, también tiene que continuar. El reciente anuncio de la revisión estratégica del BCE viene a reforzar esta posición, que se extiende a ambos lados del Atlántico: así lo manifestó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante el Eurogrupo.

Además, está previsto que la suspensión de las reglas fiscales mediante la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se prolongue hasta el final de 2022. Este contexto de suspensión hasta el año 2023 presenta una ventana de oportunidad para acometer una revisión de las reglas de gobernanza económica en la UE. 

En un informe liderado por el grupo socialdemócrata y respaldado por una amplia mayoría de la cámara en el último pleno, el Parlamento Europeo pidió la revisión del marco legislativo macroeconómico antes de la desactivación de la cláusula general de salvaguardia. La revisión del PEC no puede posponerse más. Llevar a cabo esta revisión tras la desactivación de la cláusula provocaría complicaciones y divisiones, y el riesgo de una consolidación prematura frenaría la recuperación económica.

El PEC no puede ser, como lo fue en la década anterior al estallido de la pandemia, un obstáculo para el crecimiento económico. Los niveles de productividad de la UE son bajos y el crecimiento es desigual entre los Estados miembros. En este contexto, el crecimiento no debe concebirse solo como una creación de riqueza y capital, sino que debe ser también una herramienta para combatir las desigualdades, incrementar el bienestar de las personas e impulsar el cumplimiento de los compromisos del Pacto Verde Europeo, los Acuerdos de París o el Pilar Europeo de Derechos Sociales. 

Para que esto sea posible, necesitamos una nueva forma de abordar las inversiones públicas. En la última crisis financiera, se puso el foco en la reducción del déficit y la deuda pública.  Esto se tradujo en que las normas sobre la deuda y el déficit se convirtieron en objetivos más que en instrumentos, pero resultaron ser ineficaces, complejas y obsoletas. La inversión pública, y en consecuencia las personas, fueron las primeras víctimas de la consolidación fiscal. La coherencia con los compromisos políticos requiere una capacidad presupuestaria adecuada. Una inversión de calidad se traduce en unas finanzas públicas de calidad, lo que, a su vez, mejora la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y aumenta el crecimiento potencial de las economías. En consecuencia, el Parlamento considera que los gastos considerados sostenibles deben recibir un tratamiento especial en el cálculo de las normas presupuestarias.

Un PEC revisado requiere una nueva concepción de las deudas soberanas. En lugar de centrarnos únicamente en las ratios de deuda, debemos garantizar la sostenibilidad de la misma. Con la deuda pública en niveles récord y, al mismo tiempo, los tipos de interés en niveles muy bajos, necesitamos una noción más dinámica de la deuda que garantice trayectorias de reducción diferenciadas por países y basadas en una única regla de gasto. 

La revisión de las normas fiscales no puede ignorar el potencial de los instrumentos de respuesta a la crisis, como el SURE y el programa Next Generation EU. Financiados por la deuda europea, demuestran que la Unión está mejor protegida contra los choques gracias a los instrumentos comunes.

Asimismo, la coordinación de la política fiscal requiere un instrumento de capacidad fiscal que actúe de forma anticíclica en casos de choques simétricos y asimétricos. Esto debería formar parte de la caja de herramientas a disposición de la Unión, y la Comisión Europea debería aprovechar plenamente su potencial. 

El Parlamento ha logrado construir y adoptar una posición clara. Ahora le corresponde a la Comisión presentar las iniciativas legislativas necesarias, y al Consejo, dejar atrás su funcionamiento en pequeños grupos de países y crear un entorno de confianza mutua entre los Estados miembros. Es esto lo que la ciudadanía espera de la Unión Europea.