La canciller Angela Merkel decía en su visita a las regiones arrasadas por las inundaciones que “el idioma alemán apenas tiene una palabra para esta devastación”. Generalmente, se usa el término “Katastrophe”, cuyo origen etimológico proviene del griego antiguo “katastrophé”. Podríamos traducirlo al alemán como “Verheerung”, una expresión más bien remota en el sentido de “dimensiones bíblicas”, pero que comprende toda la magnitud de las inundaciones ocurridas a causa de las lluvias torrenciales y los ríos desbordados de sus cauces, inundando valles enteros. 

La catástrofe acontecida –de noche, entre el 14 y el 15 de julio de 2021– ha provocado hasta el momento 134 y 47 muertos (de los cuales, 4 eran bomberos) en los Estados federados de Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia respectivamente. Aún hay más de 70 desaparecidos en Renania-Palatinado y se teme que muchos muertos hayan sido arrastrados por el río Ahr al río Rin, debido a la enorme velocidad del caudal del río Ahr. Más de 40.000 son consideradas personas damnificadas. Las fuerzas del agua se llevaron casas enteras, aniquilaron colegios, pequeños negocios y destruyeron infraestructuras (puentes, carreteras, líneas de ferrocarriles, redes de electricidad, de gas, de agua potable y conexiones de telefonía móvil). 

El debate posterior es intenso, incluso se puede calificar de agrio y lamentable. Los reproches van desde la falta de una alerta temprana mediante un SMS a la población que advirtiera de una catástrofe natural y de un riesgo para sus vidas hasta un fallo de coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Medio Ambiente del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia. Según el ministro del Interior, las advertencias del EFAS (European Flood Awareness System), que avisó desde el 10 de julio de lluvias torrenciales, las recibe el Ministerio de Medio Ambiente del “Land” y no su cartera, y, por tanto, la observación del fluviómetro no forma parte de sus competencias.

Sin embargo, siendo alemana, pienso que tampoco gran parte de la población se hubiera tomado en serio una advertencia a tiempo por parte de los responsables políticos a nivel de provincias y Ayuntamientos porque absolutamente nadie hubiera sido capaz de imaginarse una catástrofe similar. Y durante las lluvias torrenciales ya era demasiado tarde porque se había caído la red de telefonía móvil. Uno de los expertos señaló que faltaban las sirenas, las cuales se utilizaron en Alemania hasta 1990, pero con la “caída del muro” fueron eliminadas, dado que ya no eran consideradas imprescindibles como en los bombardeos durante la II Guerra Mundial.  

Casi tres semanas después, las imágenes aún son chocantes, a pesar del trabajo incesante de fuerzas regionales y gubernamentales, incluido el ejército (“Bundeswehr”). Durante los primeros días se temía infecciones a raíz de las aguas contaminadas, y más aún, había el miedo a que el número de contagiados por el Coronavirus podría aumentar, debido a que muchas personas se encontraban en pequeños espacios de emergencia, instalados en centros deportivos, etc., donde es fácil contagiarse. La basura se amontona y las incineradoras en las cercanías no dan abasto. Por el momento es mejor no referirse a la separación selectiva de los residuos, algo obligatorio en Alemania.

Por otra parte, la ola de solidaridad es francamente impresionante. Muchos ingresan grandes y pequeñas donaciones a una cuenta bancaria específica. Hay personas que se han trasladado de otras regiones para prestar ayuda física, removiendo escombros. Entre ellas, dos refugiados de Siria que decían: “nosotros hemos perdido todo y ahora queremos ayudar”. Un campesino mayor del Estado federado de Baden-Württemberg en el sur de Alemania recorrió con su tractor diésel más de 8 horas para llegar a Renania-Palatinado, ofreciendo su ayuda.

Alemania es un país rico, es el país más próspero de la Unión Europea (UE) de los 27 Estados miembros, con un PIB de 3.336 mil millones de euros en 2020. El Gobierno federal aprobó una ayuda financiera inmediata por un monto de 200 millones de euros y los Estados federados en su conjunto (16 “Länder”) deben aportar otros 200 millones de euros. También habrá una ayuda económica por parte de la Unión Europea. Sin embargo, no todo se arregla con dinero, hay una gran parte de gente traumatizada, sobre todo niños, que requieren apoyo psicológico.

En cuanto al cambio climático, desde hace bastantes años, científicos advertían de las consecuencias para Alemania: ante todo, sequía y precipitaciones poco habituales. Sin embargo, para muchos alemanes, las catástrofes naturales se dieron en países en otros continentes, no en el centro de Europa. Cuando me refería al derretimiento glacial de la Cordillera de los Andes en Chile (donde trabajé en el ministerio de Medio Ambiente en el marco de la Cooperación Alemana), recibí respuestas como: “eso también ocurrió 3.000 años atrás”. Pienso que las personas que no tienen un vínculo profesional con el medio ambiente o con una ONG que se dedica a esta causa, a menudo prefieren evitar conversaciones sobre el cambio climático.

Después de la riada del siglo, el debate público se centra más bien en la adaptación y no tanto en la mitigación del cambio climático, como, por ejemplo, que todos deberían tener un seguro obligatorio contra catástrofes naturales o no reconstruir las casas destruidas cerca de los cauces de los ríos. Otro fenómeno llama la atención: a raíz de la pandemia del Covid-19, no pocas personas consideraban mudarse de las ciudades a pequeños pueblos, lo cual hizo subir repentinamente los precios por casas en zonas rurales, pero después de la riada del siglo, ahora descartan este propósito.

Alemania es sin duda un caso paradigmático en cuanto a una temprana consciencia ambiental, políticas estrictas en materia ambiental, sectores industriales que supieron aprovechar las oportunidades para la creación de productos y servicios verdes -los cuales juegan un rol clave para la exportación-, la generación de un significativo número de empleos verdes y, la participación del partido político Los Verdes (“Die Grünen”) en dos coaliciones gubernamentales a nivel nacional, como socio menor de los socialdemócratas (SPD) del canciller Gerhard Schröder (1998-2002 y 2002-2005). 

En mi opinión, gobernar en democracia es un “trabajo equilibrista”, más aún, para gobiernos progresistas. Quisiera plasmar lo expresado a través de dos ejemplos, uno respecto al actual Gobierno de la canciller Merkel (coalición federal entre la derecha moderada y los socialdemócratas) y otro, relativo a Los Verdes que aspiran formar parte de la nueva legislatura a partir de septiembre próximo.

El 29 de abril de 2021, el Tribunal Constitucional Federal declaró que la Ley del Cambio Climático (“Klimaschutzgesetz)”, aprobada en 2019, es parcialmente inconstitucional, dando la razón a los demandantes pertenecientes a “Fridays for Future”, entre los cuales figuraba Luisa Neubauer, la cara más visible de este movimiento en Alemania. Esta decisión histórica dice fundamentalmente, que la política debe ser más ambiciosa para lograr los objetivos climáticos -haciendo varias veces referencia al Acuerdo de París- y que la política ya no debe dar largas perjudicando a las nuevas generaciones. El Gobierno, que tenía plazo hasta 2022 para modificar dicha ley, aprobó el 12 de julio de 2021 (dos días antes de la catástrofe natural en los dos Estados federados), la nueva Ley del Cambio Climático, la cual incorpora: reducción de los gases de efecto invernadero en un 65% hasta 2030 (antes, el 55%); disminución del CO2 en un 88% hasta 2040; neutralidad climática hasta 2045 (antes 2050).

 Por otra parte, a finales de mayo de 2021, Annalena Baerbock, la candidata de Los Verdes a la cancillería propuso dos medidas: el aumento de la gasolina en 16 centavos/litro y la delimitación de la velocidad en las autopistas a 130 km/hora. Para muchos alemanes, amantes de sus coches, ha significado un verdadero “affront”, debido a que en las autopistas del país no existe un límite de velocidad. En cuanto al aumento del combustible, propuesto en el contexto de la exigencia de Los Verdes de incrementar el precio del CO2 de 55 a 60 EUR por tonelada, una encuesta realizada por el instituto de sondeos Civey para el magazín “Der Spiegel” dio los siguientes resultados: un 72% de los consumidores se expresaba en contra y un 24% a favor. 

Como consecuencia, Los Verdes bajaron en simpatía entre posibles votantes de cara a las elecciones generales de septiembre próximo y obtuvieron una fuerte crítica por parte de los demás partidos políticos importantes que se presentan a las elecciones: derecha moderada, socialdemócratas, liberales e incluso “Die Linke” (“La Izquierda”). La “Alternativa para Alemania” (AfD), el partido político de la extrema derecha que titula su programa electoral “Deutschland, aber normal” (“Alemania, pero normal”), sería una consideración aparte, debido a que aboga por la salida del Acuerdo de París.

A las propuestas mencionadas de Los Verdes se añade ahora la controversia acerca un programa de 10 medidas climáticas inmediatas, presentadas el 3 de agosto, que incluyen la creación de un Ministerio de Cambio Climático, un mayor fomento de las energías renovables, incentivos para los sectores económicos y la industria, impulso al hidrógeno verde, aumento del salario mínimo a 12 EUR/hora, etc. 

En este contexto, cabe hacer hincapié que las acciones políticas a causa de la crisis climática no nos afectan por igual, o sea, el impacto económico y social es distinto. Un estudio realizado en el 2019 por el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), señaló que el precio sobre el CO2 respecto al sector transporte y el sector de edificios, afectaría a más del 1% de los ingresos netos de los hogares con bajos recursos económicos, mientras que para los ingresos económicos altos significaría en promedio un 0,4% de sus ingresos netos. 

A mi juicio, este es el gran desafío de la política en Alemania a corto, mediano y largo plazo: aunar desde el principio y paralelamente los aspectos ambientales y climáticos con las consideraciones sociales. Si no se enfoca de esta manera, las políticas públicas al respecto estarán condenadas al fracaso. Es lo que se entiende precisamente bajo el concepto “transformación eco-social” o, “transformación social y ecológica”. Este concepto se enmarca en la “Transición Justa” del “Pacto Verde Europeo” de la Comisión Europea, el cual incorpora el “Fondo de Transición Justa”, un nuevo instrumento financiero, cuyo objetivo es compensar a las regiones que tienen que enfrentar consecuencias socioeconómicas considerables en su transición hacia la neutralidad climática.