¿En qué se parecen Panamá y el municipio de Sarratella en Castellón o de Rozas de Puerto Real en Madrid? ¿Qué une a las Islas Vírgenes con la valenciana Puebla de San Miguel o la catalana Rajadell? Efectivamente, aunque parezca mentira, en que en todos los casos se trata de paraísos fiscales, tal como suena. Panamá y las Islas Vírgenes son conocidos paraísos fiscales internacionales mientras que Sarratella, la Puebla de San Miguel, Rozas del Puerto Real o Rajadell son paraísos fiscales para las grandes flotas de vehículos que se refugian en estos municipios, para no pagar lo que les corresponde del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el más conocido como Impuesto de Circulación. 

Así, Sarratella con solo 101 habitantes tiene censados hasta 9.718 vehículos, es decir, ¡96 coches por habitante! En la misma línea, la Puebla de San Miguel con 61 habitantes les constan 5.525 vehículos, 91 por habitante; Rozas de Puerto Real, 26.297 vehículos para 527 habitantes, 50 vehículos per cápita; y Rajadell, 18.481 vehículos para 539 habitantes, 34 coches para cada rajadellano. 

¿Cómo es esto posible? La Ley Reguladora de las Haciendas Locales que regula el impuesto fija la cuota pero, como es lógico para los que creemos en la descentralización y la autonomía local, permite que los ayuntamientos varíen esta cuota dentro de unos márgenes. Y aquí nace la picaresca. Algunos ayuntamientos como los señalados reducen al mínimo la cuota del impuesto (normalmente, la mitad de la cuota que tienen establecida la mayoría de los grandes municipios), con lo que consiguen ingresos astronómicos atrayendo empresas de grandes flotas que domicilian fraudulentamente sus vehículos en estos pueblos pequeños en los que no realizan realmente ninguna actividad. La picaresca llega hasta el extremo en el que algunos de estos vehículos tienen su domicilio, a falta de cualquier establecimiento de la empresa, en la misma sede del ayuntamiento paradisíaco. Solo en Barcelona, esta práctica ilegal, supone una evasión de casi tres millones de euros anuales. 

El Ayuntamiento de Barcelona, dentro de su plan de lucha contra el fraude fiscal con el que ya lleva globalmente recuperados 150 millones de euros, ha incorporado la lucha contra estos paraísos fiscales internos. Recientemente se han conseguido las primeras sentencias favorables en las que se califica la domiciliación de estas grandes flotas en pueblos donde no ejercen ninguna actividad como un fraude de ley. Así lo señala, por ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 17 de Barcelona en relación a Aguilar de Segarra, otro paraíso fiscal: “cabe indicar que resulta sorprendente que una sociedad con sede en Barcelona, tenga sus vehículos domiciliados en un pueblecito del Bages de unos 280 habitantes, cuya principal actividad es la agrícola y ganadera y no se acierta a entender qué necesidad tendrán de arrendar vehículos los habitantes de dicha población. Además no existe ningún establecimiento comercial de ningún tipo ni rótulo, ni nada que indique que allí se arriendan vehículos y por otra parte está claro que el domicilio de la entidad actora está en Barcelona. Todo parece indicar que estamos en presencia de un fraude de ley, en el sentido de utilizarse una hipotética posibilidad legal para evitar pagar los impuestos en la ciudad en la que la actora realiza su actividad comercial, Barcelona, evidentemente con un tipo impositivo muy superior al de Aguilar de Segarra. No es que no sea legítimo que la entidad actora busque reducir tanto como pueda su carga fiscal, es que lo que no se puede hacer con esta finalidad es utilizar un domicilio simulado o inexistente, establecido sola y únicamente para eludir impuestos”.

La lucha contra el fraude fiscal es esencial para la igualdad real y los paraísos fiscales son colaboradores necesarios de los evasores. Es necesaria la condena sin paliativos para aquellos contribuyentes que para beneficio personal ponen en juego el estado del bienestar (el fraude supera los 60.000 millones de euros en España, según datos de la Unión Europea) pero también con aquellas administraciones públicas que lo hacen posible. A veces, la mejor manera para pagar menos impuestos es una buena política contra el fraude fiscal. El objetivo no es que las personas paguen más, sino que pague quien tiene que pagar.

Ya pocos dudan que un buen sistema fiscal es esencial para el bienestar de la sociedad, para poder financiar los servicios sociales, la sanidad, la educación o la seguridad. Recientemente hemos sufrido con la pandemia las consecuencias de recortes pasados. Además, los impuestos son una herramienta básica para luchar por una mejor justicia social y contra los desequilibrios del mercado. Cada fuerza política tiene su propuesta para el diseño de este modelo, pero más raramente se debate sobre su eficacia. Y, a pesar que según la última encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada este miércoles, 9 de cada 10 españoles lamenta que hay demasiado fraude fiscal en España, en el debate político  esta parece una cuestión olvidada.

Para que el sistema fiscal sea justo no solo es necesario un buen diseño legal sino también evitar sus agujeros, el fraude y la evasión. La Unión Europea ha cuantificado en un billón, con b, el agujero en los ingresos públicos debido a la evasión fiscal, siendo España, con 60.000 millones de euros, el quinto país con una mayor brecha fiscal en términos absolutos. Ahora bien, en términos relativos, la recaudación tributaria media de los países de la UE equivalió al 45% del PIB. En España fue 5,8 puntos porcentuales inferior (39,2%). Esta diferencia no es menor: 5,8 puntos del PIB son alrededor de 65.000 millones de euros que supondrían un incremento de la recaudación en un 15%. Tal diferencia con Europa hace imposible que España tenga un Estado del bienestar comparable al resto del continente. En Cataluña, las cifras son parecidas con una estimación de la economía sumergida alrededor del 22% del PIB. Algunos estudios incluso estiman una brecha fiscal de hasta el 44% en el impuesto sobre el patrimonio y el 41% en el impuesto de sucesiones.

La situación es tan grave que incluso el Banco de España en su Informe Anual 2020 ve “crucial” analizar la importancia del fraude fiscal y tomar medidas para paliar sus efectos negativos sobre la recaudación y la necesaria equidad impositiva, sobre todo si tenemos en cuenta que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, las grandes fortunas, las multinacionales y las compañías de mayor tamaño son los grandes defraudadores, con alrededor del 75% del total, mientras las pequeñas y medianas empresas (pymes) acaparan solo el 13%, los autónomos el 8% y los perfiles no empresariales, por ejemplo, cuando se da una venta entre particulares que no se declara,apenas un 3%.

Hace unas semanas el Congreso aprobó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que combatirá las formas de fraude asociadas a las nuevas tecnologías, los paraísos fiscales más otras medidas concretas para luchar contra esta lacra. Sin ninguna duda se trata de un avance importante, pero aún insuficiente. Es necesario un cambio de paradigma en la lucha contra el fraude fiscal.

Por un lado, con un incremento de recursos. La plantilla de la Agencia Tributaria es incluso menor hoy (25.000 personas) que cuando se fundó en 1992 (27.000), mientras que la actividad económica se ha más que duplicado desde entonces. Además, en España el número de inspectores fiscales es una quinta parte que el de Francia o Alemania y atienden a entre el doble y el triple que en Francia o Alemania.

Por el otro, con un cambio de estrategia. Como denuncian los propios técnicos del Ministerio de Hacienda, el 75% de las actuaciones de control se centran en procesos automatizados sobre particulares y autónomos para descubrirles una deuda media inferior incluso a 1.000 euros, cuando como hemos comentado, autónomos y particulares sólo suponen el 11% de la brecha fiscal mientras que el 75% de la elusión se produce por los grandes contribuyentes.

Así pues, el modelo actual se basa fundamentalmente en procesos masivos orientados a todo tipo de contribuyentes. Con ello se detectan muchas operaciones de pequeño importe y los grandes contribuyentes, que tienen especificidades que hay que tratar de forma individualizada quedan al margen. Sin bajar la guardia sobre estos procesos automatizados, es necesario y urgente un nuevo modelo que priorice los grandes contribuyentes con mayores recursos específicos y seguimiento especializado como hemos hecho en el Ayuntamiento de Barcelona. Los resultados hablan por sí mismos: en cinco años el importe total liquidado por la inspección del Instituto Municipal de Hacienda se ha incrementado un 154% y el importe medio liquidado por cada inspección un 304%,reduciendo la brecha fiscal en más de 125 millones de euros ayudando a conseguir que Barcelona haya sido estos últimos años la ciudad con mayor inversión social por habitante, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Este cambio es imprescindible y urgente. Sólo así se conseguirá realmente luchar contra la brecha fiscal y disuadir a muchos grandes contribuyentes que hoy en día se sienten impunes. El objetivo no es que las personas paguen más, sino que pague quien tiene que pagar.