Estimado Sr. D. Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España:

Permítame que me presente. Pertenezco a esa extensa y difusa categoría que un ilustre exiliado español, el profesor Juan David García Bacca, llamaba “unitantismo”. Soy uno de tantos familiares de represaliados del franquismo que los guarismos de las leyes de memoria democrática han dejado y dejan fuera de sus registros. Mis abuelos son unos de tantos de los que han quedado excluidos de la memoria de la democracia en este país. El Gobierno, y su alternativa, hablan estas semanas de más de 21.000 millones de euros ejecutados por la administración general del Estado en concepto de reparación a las víctimas del franquismo. Sin duda es mucho dinero. Espero que tenga usted constancia de a dónde ha ido a parar, porque mis abuelos son una de tantas víctimas del fascismo que no han recibido aún reparación económica, moral o política.

Soy nieto de dos represaliados del franquismo. Ninguno de ellos fue combatiente en la guerra, razón por la cual no entran en la mayor parte de colectivos que su departamento considera ya reparados. Fueron dos trabajadores, padres de familia, de ideas progresistas y defensores del régimen republicano democrático.

Mi abuelo materno, Eugenio Villa Santiago, natural de Gijón, era camarero y estaba afiliado a la CNT. Cuando las tropas sublevadas entraron en la ciudad en octubre de 1937, tuvo que esconderse para evitar los fusilamientos indiscriminados de la represión fascista. Pasados unos meses, acabó por entregarse. Fue juzgado en consejo de guerra el 10 de septiembre de 1938 por ser representante sindical donde trabajaba y haber colaborado con las autoridades republicanas. Fue condenado a 12 años y un día de prisión. Más tarde se le conmutaría la pena, previo ruego y testimonios favorables, a 2 años y 2 meses. Murió en 1968. Mi abuela Luz, ateniéndose a la Ley 46/1977 de Amnistía y a la 4/1990 de Presupuestos Generales, solicitó en su día indemnización al Estado por esa prisión. En diciembre de 1992, las autoridades competentes aún le solicitaban que aportase más documentación justificativa para conceder la reparación. Al parecer no eran suficientes los documentos del registro del centro penitenciario de El Coto en Gijón, y de la sentencia y su conmutación del archivo militar de Guadalajara. Por si fuera poco, su caso no cumplía las condiciones de reparación por ser el encierro de mi abuelo inferior en 10 meses a los 3 años requeridos. ¿No fue para tanto? Tendría usted, Sr. Bolaños, que haberle preguntado a mi abuela. A menudo la recuerdo quejarse amargamente de que, tras la prisión, su marido nunca había vuelto a ser el mismo: se tornó huraño, desconfiado. Luz murió en agosto de 1993 sin percibir un solo euro de reparación; y lo que es peor, con su moral mancillada y sin haber recibido justicia de la democracia del 78.

Mi padre tenía nueve meses cuando mi abuelo Santos Valentín Francisco Díaz fue detenido en septiembre de 1936 y conducido al presidio de San Marcos en León. Él era un herrador del pueblo leonés de Mansilla de las Mulas, afiliado a la UGT y miembro del Círculo Obrero. San Marcos fue un presidio improvisado, controlado por paramilitares fascistas, en el que miles de represaliados llegaron a pasar encerrados incluso años sin que conste a los efectos oportunos de reparación. Santos, acusado de rebelión, nunca llegó a ser procesado. Su nombre desaparece repentinamente como por arte de magia en la maraña del auto de la instrucción llevada a cabo contra él y otros vecinos del lugar por los supuestos hechos de rebeldía. Nunca fue condenado, pero fue asesinado en octubre de 1936 en algún lugar de los alrededores de Villadangos del Páramo (León). Como una de tantas víctimas en ese término municipal, hoy aún está desaparecido; pero no en combate, por lo que no forma parte de dicho colectivo para reparaciones del Estado. Los familiares seguimos buscándolos a todos. Mi abuela Eulogia, su esposa, que tuvo que sacar sola adelante a siete hijos, murió en 1987 sin ver reconocimiento ni reparación alguna del Estado. Y, no nos llamemos a engaño, su pensión de viudedad, conseguida muchos años después tras no poco esfuerzo burocrático, no fue una reparación como víctima de un crimen de lesa humanidad, sino un derecho pasivo laboral de todo ciudadano en un estado social y de derecho.

Apoyando a familiares, hijos, nietos y biznietos de represaliados, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado recientemente un proyecto de intervención en el cementerio de Villadangos para buscar sus restos, el cual ha sido visado y autorizado por la Junta de Castilla y León. Pero el Ayuntamiento, autoridad local sobre la que la Ley de Memoria hace recaer la responsabilidad de atender y permitir este tipo de actuaciones, lejos de colaborar, no ha hecho más que plantear nuevas exigencias de informes técnicos a la Diputación, además de una votación favorable de la Junta Vecinal. Sr. Bolaños, ¿puede depender el cumplimiento de una ley estatal para reparar la vulneración de derechos humanos de la votación de una comunidad de vecinos?

El filósofo Paul Ricoeur decía que la imputabilidad y la responsabilidad de los actos humanos son fundamento de toda moral; la atribución de las acciones, y la respuesta por ellas y sus consecuencias ante la comunidad cimientan la ética. La justicia navega en el mar de la moral; y una democracia, para ser justa, ha de tener calado moral. La investigación y la reparación de los crímenes del franquismo son mandatos morales de la justicia. No han de ser capítulos políticos que se cierren en falso. Eso sería un error ético que haría zozobrar definitivamente la nave de la justicia en esta democracia. Y recuerde que los casos de mis abuelos solo son uno de tantos a los que aún no ha llegado la verdad, la justicia y la reparación en este país. Sea ministro de memoria democrática y no se olvide de ellos.