Hay asuntos que, como los fantasmas del pasado, vuelven cuando pensabas que ya estaban superados. Pedro Antonio Sánchez y el tema del Auditorio de Puerto Lumbreras han retornado a primera línea de la actualidad política regional al haberse iniciado hace una semana el juicio oral.

Si recuerda el lector, en 2017, hubo un extenso debate sobre la cuestión de la responsabilidades de un político inmerso en un proceso penal. Procesalmente, se pueden diferenciar varias fases. La primera, es la de instrucción en la que el órgano judicial investiga si existe o no un ilícito penal y en la que el presunto culpable se encuentra en la situación jurídica de investigado, antes llamado imputado. Posteriormente, si el órgano judicial considera que hay indicios de culpabilidad abre la fase de juicio oral en la que el anteriormente considerado investigado pasa a denominarse procesado. Y ya por último, termina con la sentencia en la que el procesado puede ser condenado o absuelto, resolución judicial que debe ser confirmada por otro órgano judicial para que la Sentencia sea considerada firme y el condenado cumpla la pena impuesta.

Así en abstracto y con objetividad, parece que el momento adecuado para exigir responsabilidades políticas es cuando el afectado pasa a la situación de procesado, ya que en ese instante ya ha habido un filtro del órgano judicial que ha considerado que unos hechos tienen indicios suficientes para ser considerados delito.

Aunque el caso particular de Pedro Antonio tenía la peculiaridad de que el expresidente firmó un pacto de investidura con Ciudadanos en el que asumía el compromiso de dimitir si era imputado. Al notificarle la imputación, la maquinaria propagandística del PP, encabezada por Teodoro García, utilizó dos argumentos para intentar neutralizar la inevitable dimisión de Pedro Antonio. El primero era que iba a declarar para aclarar, argumento infantil y simplón que no ocultaba su condición de imputado. Y el segundo argumento era más sibilino, afirmaban que realmente no estaba imputado sino investigado, cambio exclusivamente semántico propiciado por un reforma de la ley procesal penal del PP.

El problema fue que en Ciudadanos un sector del partido encabezado por submarinos del PP y por los seguidores de Mario Gómez, los cuales se encontraban cómodos con los apoyos a los gobiernos del PP, asumieron las tesis populares. Gracias al empeño de Miguel Sánchez y su equipo, que fueron a ver directamente a Albert Rivera y a Jose Manuel Villegas y les logaron convencer de la importancia de que los votantes de la Región de Murcia vieran que Ciudadanos cumplía su compromiso de regeneración de la vida pública. Tras estas conversaciones, ambos apoyaron la tesis del Miguel Sánchez. Esta decisión fue el último acierto de Rivera en su irregular carrera política, se forzó a Pedro Antonio a dimitir, y Ciudadanos se disparó en las encuestas regionales y nacionales, de tal forma que en las encuestas de junio de 2018 Ciudadanos era la fuerza más votada en la Región.

Sin embargo, Rivera siguió confiando en su Secretario de Organización, Fran Hervías, y éste puso el partido en la Región en manos de la desconocida Valle Miguélez, persona con poco arraigo en la zona, de tal forma que no podía salir nada bueno de su selección de personal. Un año después, Miguélez y el clan de Alcantarilla eligieron como número uno a Isabel Franco, a la cual le vino grande la responsabilidad, realizó una campaña desastrosa que desinflaron las expectativas electorales de Ciudadanos. Dilapidaron un capital político importante que había ilusionado a muchos murcianos cansados de la corrupción que predominaba en esta Región hasta ese momento. A partir de ahí, la historia es conocida, políticos sin ética que no dudaron en convertirse en tránsfugas en la primera oportunidad, traicionando a los votantes y al partido que los llevó a la Asamblea.

A finales de año supongo que tendremos la sentencia del tema Auditorio. No olvidemos que las únicas victorias procesales que ha tenido Pedro Antonio, como es el archivo del caso Pasarelas, y la renuncia del Fiscal a pedir condena por el delito de fraude de subvenciones, no se deben a resoluciones absolutorias sobre el fondo de la cuestión, sino a que al ex presidente le ha favorecido  la lentitud procesal. Lo cierto es que en Puerto Lumbreras se proyectó una obra megalómana pagada por el erario público, cuya intención soterrada era favorecer la carrera política de Pedro Antonio, más que el interés general, y con el agravante que después del dineral gastado, no está terminada. Por lo que, independiente que sea condenado o no, es evidente que no gestionó con eficiencia y diligencia los recursos públicos de los que disponía.

Estaremos pendientes de conocer el fin de este procedimiento, deseando pasar página de una época oscura de nuestra historia y con ganas de poder contemplar el futuro de la Región sin la sombra de la corrupción.

Esta tarde tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad una conferencia de Macarena Olona. Esta convocatoria ha causado mucho revuelo y está encendiendo los ánimos en la comunidad universitaria.

Muchos nos preguntamos  qué es lo que  está pasando con Olona. La realidad nos dice que ha pasado de ser la mano derecha de Abascal en el Congreso a no saber con certeza si sigue en Vox y con la aparente intención de fundar otro partido que suponga una escisión de su partido original.

Como toda buena historia que se precie tiene un comienzo. A alguien de Vox o a ella misma se le ocurrió que era buena idea presentarse por este partido en las elecciones andaluzas, y abandonar la primera línea de la política nacional. Su campaña en las andaluzas empezó torcida con la polémica de su empadronamiento, y continúo siendo un auténtico desastre. Olona se salió del guion marcado por el partido en Madrid, abusó de los tópicos regionales, no abordó con seriedad los problemas locales de los andaluces e hizo constantes referencias a la política nacional. En los debates, sobre todo en el primero, estuvo mal, tal es así, que por contraste, Juan Marín, exvicepresidente de la Comunidad y relojero en Sanlúcar de Barrameda, parecía JFK a su lado. El PP, partido profesional y con gran experiencia política, solo tuvo que aprovechar sus errores, moderar las formas y el mensaje y, de esta forma, obtuvo una cómoda mayoría absoluta. Cualquier persona que sepa algo de política sabía que la campaña de Olona iba abocada al desastre.

La causa de esta desastrosa campaña la tenemos en la propia personalidad de Olona, mujer de carácter fuerte y de profundas convicciones. Durante la campaña pecó de soberbia, y siguió su propia estrategia, obviando las directrices de la directiva nacional. De esto sabemos muchos los abogados, que tememos al cliente que cree que sabe de Derecho, que te discute continuamente sobre la interpretación de las normas y, al final, no hace caso de las directrices marcadas. Es mucho mejor  el cliente más humilde intelectualmente que te obedece en todo lo que le indicas. Por contraste, el candidato de Vox en Castilla León, un joven abogado, inexperto en temas políticos, se ajustó al guion fijado y obtuvo mejores resultados. Al final la actividad política no es excesivamente complicada intelectualmente, si tienes claro los límites de tus discursos y los charcos que en determinados momentos no puedes pisar.

Tras el fracaso en Andalucía, parece ser que Olona no quiso quedarse en Andalucía con un papel irrelevante en el Parlamento regional e intentó volver a la política nacional, algo a lo que dirección nacional de Vox se negó. Posteriormente, alegando motivos de salud, parecía dar la impresión de que abandonaría la política para volver a su profesión. Pero de repente, superados los problemas de salud, apareció a lo Juana de Arco en el camino de Santiago rodeada de acólitos que la jaleaban. Y ahora ha iniciado una gira de conferencias por toda España, cuya primera parada ha sido Granada y la segunda es Murcia, con la intención soterrada de medir sus apoyos.

No sabemos con certeza sus intenciones, pero si lo que pretende es crear un partido político que sea una escisión de Vox imitando el partido de Más País de Errejón, se equivoca. Los inicios son duros y fuera de las instituciones hace frío, además el desgate personal y de prestigio es importante. Las mismas personas que te animan a dar el paso son las primeras que te abandonan con el primer revés. El PP va a ser el gran beneficiado de este culebrón protagonizado por Olona en cuanto puede que  este revuelo debilite a su competidor por la derecha y allane el camino hacia una posible mayoría absoluta de Feijóo.

Un curioso efecto mariposa que ha causado este embrollo, es que que los tránsfugas y expulsados de Vox en la Asamblea están apoyando y financiando  a Olona, y en estas circunstancias, no van a  votar a favor de  la reforma electoral de López Miras para elevar a 5% el porcentaje de votos para obtener representatividad.

No obstante, y centrado el tema en la conferencia de esta tarde, ésta trata de la constitucionalidad de los estados de alarma con un enfoque jurídico y político. En un Estado democrático y de derecho no se deben combatir las ideas con violencia, y en un ambiente universitario no se debe fomentar actuaciones que ataquen al derecho fundamental de la libertad de expresión. La mejor manera de formarse una opinión sobre un tema es confrontar tesis opuestas, para que una vez analizadas por cada individuo, pueda el ciudadano formarse una opinión independiente y fundada, sin olvidar que en política no hay verdades absolutas. En fin, esperemos que la conferencia se desarrolle con tranquilad y normalidad y que la Universidad de Murcia no abra telediarios este viernes por la noche. Dejemos el protagonismo de Murcia a nuestro querido y admirado Carlitos Alcaraz y a su disputa por acabar como número uno este año. 

Tras el período de desconexión que suponen las vacaciones veraniegas, el mes de septiembre lo iniciamos todos con nuevas energías y planes de enmienda. Con el añadido de que este curso en la política regional tiene gran importancia para todos los actores políticos y que culminará con las elecciones de mayo de 2023.

El PP es, sin duda, el partido que tiene unas expectativas más favorables. Con el viento a favor del efecto Feijóo y con el gran resultado de Andalucía, parece que la única duda es si ganarán con mayoría absoluta o necesitarán a Vox para gobernar. Queda solo la incógnita de conocer si mantendrán o no a los tránsfugas en el gobierno hasta el final de legislatura. Por lo demás, en lo que se tienen que centrar es en no cometer errores y rezar lo que sepan para que no se repita ningún episodio de anoxia en el Mar Menor. Aunque estos acontecimientos al final no le restan votos, ya que tienen un aparato propagandístico capaz de convencer a la mayoría de los votantes de que la culpa de todo es del Gobierno central, incluso de las fiestas ilegales organizadas en el Mar Menor por un concejal del PP de la Unión.

En cuanto al PSOE, parece que tienen claro que los sondeos no les son favorables y han decidido pasar a la ofensiva contra el PP tanto a nivel regional como nacional. Me recuerda al entrenador de fútbol que a la desesperada en la última media hora quita a dos defensas para jugar con cuatro delanteros con la finalidad de intentar remontar. Difícil lo tienen, la coyuntura internacional y económica no ayuda, todo parece apuntar a que viene un invierno duro, y estas circunstancias penalizan al que gobierna. Además, es complicado que recuperen el voto de los moderados mientras sigan gobernando con Podemos y haciendo cesiones a los nacionalistas.

Podemos es una incógnita, todo dependerá de que el movimiento iniciado por Yolanda Díaz logre reunificar a los partidos a la izquierda del PSOE, que en el caso de la Región supondría la unificación de Podemos con Más Región. Si esto se lograse, en la política regional disfrutaríamos de dos políticos de raza como Urralburru y María Marín en la misma lista, lo que garantizaría buenos momentos parlamentarios en la próxima legislatura.

Vox en la Región se encuentra en un momento decisivo. Hay dos opciones. La primera, que se repita en Murcia lo de Andalucía, lo cual sería el principio de su fin. Y la segunda, es que se consolide como alternativa en la derecha al PP y entre a gobernar con ellos. A diferencia de Andalucía, en esta Región hay una masa de votantes de derechas que están cansados de los veintiocho años de gobierno del PP que en anteriores elecciones votó a Ciudadanos, y que podría votar a Vox en las próximas convocatorias electorales. Además, en la Región cuenta con una buena implantación territorial y con el cariño de los sectores de la agricultura y de la ganadería. Deberían de aprender de los errores que cometieron en la elaboración de las listas en las anteriores elecciones, y realizar una correcta selección de personal que evite situaciones de transfuguismo que ellos mismos han sufrido esta legislatura.

Ciudadanos en la Región lo tiene complicado, cada vez son más los que abandonan el barco, aunque hay que reconocer que los quedan se mantienen fieles a sus ideales. Mal harían si no renuevan sus cabezas de lista para las municipales y no sueltan lastre jubilando a candidatos como Padín y Mario Gómez, que nada suman y no despiertan ningún tipo de ilusión en el electorado. Su resultado dependerá de si Arrimadas y su equipo logran reflotar la nave con el llamado proceso de refundación. Como este proceso consista en proponer listas conjuntas con el PP, ya les anticipo que esto supondrá su total desaparición. El problema que tienen es que en política, como en casi todo en la vida, es más importante el futuro que el presente, y todo parece apuntar a que este futuro es complicado.

Y ya por último, quedaría saber si los regionalistas de Somos Región consiguen entrar en el Parlamento regional. Es difícil de entender que en una Región tan maltratada históricamente por los distintos gobiernos centrales no se consolide una fuerza política regional que impida que la comunidad sea continuamente ninguneada en todas las infraestructuras importantes, como sucede por ejemplo en el tema ferroviario o hidráulico.

No obstante, hay que destacar que este panorama es una foto fija de principios de septiembre. Si algo hemos aprendido en esta época de internet y redes sociales es que los cambios en la opinión pública se han acelerado, y que el panorama político cambia rápidamente, y si no piense el lector que hace seis meses el PP estaba hundido, con el liderazgo de Casado cuestionado, con Vox cerca del sorpasso, y actualmente, se encuentra disparado en las encuestas. Nos vienen meses decisivos en los que se decidirán muchos gobiernos regionales que serán la antesala de las elecciones generales de principios de 2024. En fin, que esto acaba de empezar y todo parece indicar que no nos vamos a aburrir.

Los aficionados al western recordamos la película protagonizada por Clint Eastwood de finales de los años sesenta titulada 'Cometieron dos errores', en la que algunos personajes se equivocan dos veces con el protagonista, primero al intentar matarlo, y posteriormente, al dejarlo con vida. Como se puede imaginar el lector al final el personaje interpretado por Eastwood culmina su venganza y acaba matando hasta al apuntador.

Patricia Fernández en su asalto fallido al liderato del PP regional ha cometido no dos errores, sino tres, de gran importancia, que le pueden costar su carrera política, o por lo menos, el ostracismo durante una temporada.

El primer error es presentarse como alternativa a López Miras, sin calcular  los apoyos que tenía dentro del partido y confiando en el apoyo de la vieja guardia que se vio arrinconada en el PP regional por su apuesta por Soraya Saénz de Santamaría. Sin duda, estas personas no representaban la regeneración y el cambio generacional que quería liderar Patricia. Si se hubiera analizado las biografías de muchos de ellos, se podría haber previsto que sus lealtades iban a ser volubles, como finalmente ha ocurrido al abandonar a Patricia a última hora a cambio de recuperar un poco de la influencia pérdida. En política está todo inventado y no te puedes lanzar a una batalla interna sin tener el apoyo de la afiliación o, por lo menos, aparentar que tienes ese apoyo. El problema es que a Patricia se le vieron las costuras en las elecciones a compromisarios al Congreso nacional, en donde obtuvo un paupérrimo resultado.

En fechas cercanas al Congreso, fue público y notorio que Feijóo, con buen criterio, no quería un cónclave en el  que hubiera dos candidaturas y, además, no iba a desautorizar al presidente de una Comunidad, por lo que era claro que iba a apoyar a López Miras. En ese momento a la archenera le quedaban dos posibilidades. O bien plantar cara a Madrid, presentarse al Congreso e intentar perder con un resultado digno, o bien aceptar la oferta de integración, plegar velas y esperar su oportunidad al cobijo de la estructura orgánica. Al final, no hizo ni una cosa ni otra, plegó velas, pero dio la espantada en el Congreso y no se presentó, y aquí cometió su segundo error, el cual está siendo aprovechado inteligentemente por López Miras, dejando su puesto vacante en la Ejecutiva y dando a entender a la opinión pública que no quiere incorporarse a la estructura orgánica del PP por una rabieta mal digerida, y que él  tiene voluntad de integrarla.

Y el tercero fue publicar las conversaciones privadas en prensa con López Miras. Dejando al margen el reproche ético y jurídico que supone hacer público este tipo de comunicaciones, fue un error considerable porque con esta acción se ha enfrentado al aparato y no ha dejado  en buen lugar a su partido. Y, como no podía ser de otra forma, los adversarios políticos de López Miras tardaron poco tiempo en atacarle por este tema. Es cuanto menos ingenuo pensar que con un apoyo minoritario le iban a permitir a Patricia nombrar la mitad de los miembros del Comité Ejecutivo, o decidir sobre la mitad de las listas electorales. Sería como entregar la totalidad del poder político del PP regional a cambio de nada.

Cualquier persona que haya estado en un partido sabe que si quiere prosperar en política nunca te  puedes enfrentar al aparato porque éste siempre gana, y supone un desgate personal y político que no merece la pena. Aunque lo cierto es que en la historia reciente hemos tenidos dos casos en el que el aparato ha perdido. Primero Pedro Sánchez en su enfrentamiento con Susana Díaz, y el segundo Francisco Igea en las primarias regionales de Ciudadanos. No obstante, son cisnes negros complicados que difícilmente se vuelvan a repetir en el futuro.

En resumen, Patricia ha pasado de ser la “Ayuso murciana”, como la llamaban algunos medios de comunicación, a tener un futuro político incierto, incluso para repetir como candidata en Archena, ya que el aparato tiene memoria y no deja pasar los agravios sin respuesta.

Esta situación ha tenido una derivada que ha pasado desapercibida a la opinión pública. Se ha parado, por lo menos temporalmente, la operación ordenada por Feijóo de adelgazar de tránsfugas el Ejecutivo regional, la cual parecía que iba a ser inminente. A la vuelta del verano ya estaremos en los minutos de descuento de la legislatura, y el PP es consciente que la actual composición del Gobierno no es muy presentable, y que los tránsfugas ya han cumplido su papel. Conforme se acerquen las elecciones, la cercanía de los tránsfugas le va a incomodar mucho al PP, y más pronto que tarde, seguirán los dictados de Madrid y adecentarán el Ejecutivo regional, lo cual agradeceremos muchos ciudadanos de esta Región.

A veces sucede en la vida que tienes varios problemas complicados y de repente, sorprendentemente, se resuelven una detrás de otro. Esto es lo que ha sucedido a López Miras este mes. Empezaba junio con varios asuntos complicados, la sombra del avance de Vox en la Región, la amenaza de la candidatura de Patricia Fernández al Congreso regional del Partido Popular, la permanente mancha del transfuguismo en su Gobierno, y acababa el mes con el debate del Estado de la Región.

Pues bien, cada cuestión se ha ido resolviendo a su favor de una forma u otra. El gran resultado obtenido por el PP en Andalucía ha hecho que hayamos pasado de la duda de si el PP ganaría en la Región las próximas elecciones autonómicas, a que la incertidumbre se sitúe en saber si va a obtener o no mayoría absoluta. Aunque el peligro de los estados de opinión es que son volubles y que todavía quedan once meses para las elecciones, y este tiempo, en política, es mucho tiempo. Recordemos que en mayo de 2018 daban las encuestas a Ciudadanos como fuerza más votada, y un año después, obtuvo con Isabel Franco de cabeza de lista, seis disputados. Y que ya hemos sufrido en  los últimos años situaciones imprevistas, que de forma repentina, cambian el tablero político.

Otra cuestión que le quitaba el sueño era la amenaza de Patricia Fernández. La fontanería de Feijóo, con buen criterio, ha evitado que haya un Congreso con dos candidatos, con el peligro real de dividir el partido. Sin embargo, la gran perdedora de este envite ha sido la alcaldesa de Archena. No es razonable estar dos años manifestando públicamente tu intención de disputarle el liderazgo a López Miras y luego, a la hora de la verdad, no presentarse, y  dejar desamparados a los afiliados que de buena fe le han apoyado. Sucede como con las querellas, que no se anuncian, se interponen. Más vale perderlo todo en un envite, que perderlo todo poco a poco sin plantear batalla. Me gustaría equivocarme, porque Patricia Fernández significaba una renovación en el PP, pero no le auguro una gran carrera política a Patricia más allá del término municipal de Archena.

En relación con los tránsfugas parece ser que el equipo de Feijóo ya le ha dicho a López Miras que  esta situación no es razonable y que debe ir eliminándolos poco a poco de su Gobierno, empezando por la Portavocía. De nuevo, Andalucía le ha abierto el camino para solventarlo y parece ser que va a utilizar la “fórmula Juan Marín”. Si han seguido la campaña andaluza, verán que Juan Marín ha sido el fiel escudero de Juanma Moreno y ha defendido su gestión a capa y espada en la campaña y en los dos debates televisados. Termina las elecciones sin obtener su escaño, y de forma muy digna renuncia a todos los cargos, olvidándose que ya no tiene ningún cargo que dimitir. Posteriormente, hace una ronda de despedida por todos los medios de comunicación, como si fuera el JFK andaluz. Y ahora, parece que va a aceptar un cargo de adjunto al Defensor del Pueblo andaluz. En fin, una limosna, que supongo que la preferirá a volver a su trabajo anterior en una relojería en Sanlúcar de Barrameda. Pues bien, esta fórmula la puede utilizar López Miras con los tránsfugas murcianos, con la diferencia de que muchos de ellos no tienen una relojería a la que volver.

Y ya, por último, tenía al final de mes el Debate del Estado de la Región. Pues bien, oyendo el discurso de algunos, especialmente de los exdiputados de  Ciudadanos y de Vox, he sentido vergüenza ajena, porque más bien que en un debate político parecía una entrevista de trabajo, en la que Liarte y Paco Álvarez, elogiaban de forma exagerada a López Miras con la esperanza de que los trate a ellos como Juanma Moreno a Juan Marín, una especie de “Método Grönhoml”, en la que los candidatos se esforzaban para obtener un puestecito para la siguiente legislatura, y todo ello, sin ir al cine ni al teatro.

Y mientras tanto el PSOE con cara de susto todavía por lo de Andalucía. La imagen del Gobierno nacional no es buena por la  división con sus socios en temas importantes, así como por los acuerdos con nacionalistas, los cuales tienen mala prensa en la mayor parte de España y están desgastando mucho la marca socialista. Y lo peor de todo, es que llevan en la Región demasiado tiempo sin ilusionar a sus votantes y sin empatizar con los sectores productivos, dando la sensación que están cómodos en su labor de oposición.

En fin, que López Miras disfrute de este junio victorioso, que estas situaciones en política duran poco, que descanse si puede, que se dé algún baño en su querido Hornillo y que recargue pilas, ya que a la vuelta de las vacaciones le espera el inicio de un año político duro y exigente con las elecciones de mayo de 2023 a la vuelta de la esquina.

La semana pasada salía a la luz la enésima polémica entre el Gobierno de la Región y el Consejo de Transparencia. Esta vez, el presidente del órgano, el magistrado jubilado Julián Pérez-Templado se daba de baja temporalmente  y nombraba un sustituto. El presidente de la Asamblea Regional, el Sr. Castillo, ante la anomalía de esta situación elevó consulta a los Servicios Jurídicos del parlamento murciano, y antes de que éstos emitieran un informe, el Sr. Pérez-Templado presentó su dimisión de forma definitiva por motivos personales. A priori, cabe decir que en esta última controversia parece que tiene razón el Sr. Castillo ya que parece lógico que si al presidente del Consejo de la Transparencia lo ha elegido la Asamblea, a su sustituto también lo deba elegir el mismo órgano.

El Consejo de Transparencia fue creado por la Ley Regional 12/2014 de 16 de diciembre y su primer presidente fue José Molina. Es una institución jurídica moderna. Por desgracia, ya empieza a pasarme lo mismo que le sucede a los juristas veteranos, que no tengo mucha fe en las instituciones jurídicas modernas. Mi experiencia profesional me ha demostrado que, al final, los verdaderos garantes de la legalidad administrativa son los órganos judiciales, los cuales tiene una independencia orgánica, funcional y constitucional de los órganos administrativos de los que emanan los actos a revisar. No sólo sucede con el Consejo de la Transparencia, sino  también con otros órganos administrativos de fiscalización como  el Tribunal Económico Administrativo o el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Tal es así, que a mis clientes ya le transmito las pocas posibilidades que existen de que estos órganos revoquen el acto impugnado, y que lo más seguro, es que termine el expediente en los Tribunales de Justicia.

Esta disfuncionalidad se ha puesto de manifiesto en el funcionamiento del Consejo de la Transparencia desde el principio. Quizás la causa es que este órgano, como la Consejería de la Transparencia, era un cuerpo extraño para el Ejecutivo de López Miras, ya que fue una exigencia  de Ciudadanos potenciarlo e integrarlo en una Consejería propia e independiente. Ya  desvinculado de este incómodo socio con la mayoría tránsfuga, el Gobierno de López Miras no se ha visto en la necesidad de fomentarlo y dotar de contenido real a este órgano. O bien porque se eligió como presidente a un magistrado jubilado de gran prestigio, con nada que demostrar y que ha ejercido el cargo con la dignidad e independencia de una persona de su categoría, a lo Thomas Beckcet cuando se enfrentó con Enrique II.

Sea  por el motivo que fuera, lo cierto es que la polémica ha acompañado al funcionamiento de este órgano a partir de la mitad de esta legislatura. Primero por la negativa incompresible de la Comunidad para dotarle de un registro propio y de unos funcionarios adscritos al órgano para conseguir que tuviera una independencia funcional, lo cual creaba la paradoja de subordinarlo a los órganos administrativos que tiene que vigilar. Es evidente que no podía salir bien. Y, sobre todo, por el incumplimiento sistemático de sus resoluciones y, en especial, la resistencia del Gobierno regional a entregar la lista de vacunados indebidamente en diciembre de 2020, lista que los ciudadanos de esta Región tenemos derecho a saber y que conseguiremos, más pronto que tarde, y casi con total seguridad, por la vía judicial, salvo destrucciones a martillazos del disco duro.

Prueba del poco entusiasmo que ha tenido López Miras por este órgano es que ya ha suprimido la Consejería de Transparencia, la cual en tres años de vida ha tenido tres titulares distintos, aunque lo cierto es que uno de ellos, Torregrosa, duró poco tiempo, víctima del Tamayazo perpetrado en marzo de 2020. Y por lo leído últimamente, parece ser que la intención del Ejecutivo regional es suprimirlo definitivamente. Es más, a través de la vicepresidenta, se le reprocha que no presente memorias anuales de su actividad, con la clara intención de menoscabar su autoridad y desprestigiarlo para justificar su futura eliminación.

Después de la experiencia vivida por este órgano es evidente que el partido que gobierna la Región no cree en la utilidad del Consejo de la Transparencia, y en este caso, lo mejor es suprimirlo y adelgazar en lo posible la Administración Autonómica, y de esta forma se le daría un respiro al déficit de esta Región y se podrían reducir los recursos públicos nacionales destinados a equilibrar las cuentas regionales.

Y mientras tanto el problema del Mar Menor sin resolver, del cual acaba de decir el Supremo que no está causado por fuerza mayor, por lo cual abre la vía para pedir responsabilidades patrimoniales a las Administraciones Públicas, y con el maltrato que tenemos en el transporte ferroviario, lo que nos obliga a coger el AVE en Alicante o en Albacete para ir a Madrid, con la consiguiente pérdida de dinero y tiempo.

Todo ello, en la llamada por algunos “la mejor tierra del mundo”. Menos mal que han pasado al baúl de los recuerdos las recargadas galas de “Murcia que hermosa eres”, de las que el sábado pasado el exconsejero que las creó  hacía en prensa un excesivo elogio. Mejor nos hubiera ido a todos si hubieran dedicado su tiempo, energías y recursos económicos  en conseguir como objetivo prioritario, entre otras cosas, que la Región tuviera una mejor comunicación ferroviaria, en lugar de malgastar nuestros tributos en galas infumables. Esperemos que los protagonistas  de  las mayorías absolutas de rodillo de épocas pasadas no vuelvan a la primera línea política regional, aunque, si volvieran, lo más probable es que no tendrán  un Consejo de la Transparencia del que preocuparse y que fiscalice su actividad.

Recientemente el gobierno de López Miras ha anunciado a bombo y platillo la deflación del tramo autonómico del IRPF, lo que en la práctica supone una bajada de este impuesto del 3,5%, que supondrá una reducción en la carga impositiva a los contribuyentes y una disminución en la recaudación  de 12 millones de euros.

En principio, este tipo de acciones tienen buen marketing político. Ya de entrada, esta cuestión, pone en el foco el problema económico de la inflación de la que se culpa al Gobierno central. Además, las bajadas de impuestos, en general, son bien recibida por los contribuyentes, que legítimamente quieren minimizar, en la medida de lo posible y de lo legal,  sus obligaciones fiscales. Y, por último, al disminuir los recursos de la Comunidad, lo lógico es que aumente el déficit de la Región y permita a López Miras seguir con su discurso victimista ante el Gobierno nacional sobre la infrafinanciación de esta Región y la necesidad de que se le dote de más recursos estatales en el ámbito de la financiación autonómica.

Últimamente estamos habituados a que las Comunidades gobernadas por el PP  utilicen las bonificaciones fiscales como propaganda electoral para enfrentarse al Gobierno central. Dicha actitud es poco responsable y desleal con el funcionamiento de las instituciones públicas. Lo primero que se debería hacer cuando hay una rebaja fiscal, es concretar el coste que dicha medida va a tener en las cuentas públicas e indicar  la forma que se van a suplir dichos ingresos. Desde un punto de vista racional, cuando hay una disminución en los ingresos solo caben dos opciones, o bien reducir el coste de los servicios públicos, o bien explicar la forma de suplir los ingresos  de los que se van a prescindir, y esto se debe explicar claramente a la ciudadanía, y si me apuras, con tablas 'Excels'.

El origen del problema es la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en materia fiscal, lo cual es un error. La política fiscal debe ser única en toda España y marcada por el Gobierno de la nación. Piense el lector en el poco sentido que tiene que el Impuesto de Sucesiones esté bonificado en línea recta en Comunidades como Murcia y Madrid, y no lo esté en otras zonas de España.  La conveniencia o no de la aplicación de este impuesto debería ser objeto de un debate serio, sosegado, el cual se tendría que  hacer en las Cortes Generales, y  lo acordado se debería aplicar de forma uniforme en toda España. De igual manera debería pasar con todas las bonificaciones al Impuesto de Sociedades y del IRPF que actualmente se aplican de forma desigual en distintas partes de España.

Lo que no tiene sentido es que los españoles tributemos de forma distinta dependiendo de la región de España en la que tengamos nuestro domicilio fiscal. Tal situación es antieconómica, porque distorsiona  la unidad del mercado nacional e injusta, ya que afecta a los principios de igualdad y solidaridad entre españoles. Y también favorece la utilización de la rebaja impositiva con fines electorales y para entorpecer la eficacia de las políticas económicas nacionales.

En cualquier caso, este problema es un síntoma más de la quiebra del Estado Autonómico. Desde el 78 estamos asistiendo a un vaciamiento de las competencias estatales a favor de las Comunidades Autónomas, impulsada por los nacionalistas vascos y catalanes. En la práctica, a fecha de hoy, España es casi un Estado Federal. De hecho, el nuevo objetivo confeso  de los separatistas catalanes es que al no haber podido irse de España, es expulsar a España de Cataluña, y esto se consigue a través del interminable proceso de  vaciamiento  de las competencias estatales.

En este tema se debe ser sincero con la ciudadanía y explicar el coste económico que supone para España tener en su interior diecisiete mini Estados, con el consiguiente gasto en diputados regionales, altos cargos y órganos duplicados. Si recuerda el lector, hace unos años hubo una polémica judicial sobre quién debía pagar el Impuestos de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas, se discutía si debía abonarlo  las entidades bancarias o el consumidor. Al final, los Tribunales dieron la razón a la banca, pero el Gobierno inmediatamente cambió la regulación del impuesto, de tal forma que a partir de ese momento la obligación de pago recayó sobre las entidades bancarias. Lo que no se dijo en ese momento es que la mayor parte de lo recaudado por este tributo se utiliza para financiar a las Comunidades Autónomas. Los debates deben ser serios, y el ciudadano tiene derecho a saber todos los elementos que afectan a una cuestión polémica para poder formarse una opinión seria e independiente.

La política fiscal es un elemento clave para la economía y para la efectividad de ciertas políticas, como son la redistribución de la riqueza o el incentivo de determinadas actividades económicas que, en algunos momentos, puedan ser consideradas estratégicas para la economía nacional. Pero para que dichas políticas sean efectivas deben ser unitarias y de aplicación uniforme en todo el territorio nacional, y estas políticas deben ser fijadas por el Gobierno de la nación, y en ningún caso las políticas fiscales deben  utilizarse como arma propagandística o para obtener ventajas electorales. Como diría Mariano Rajoy, la política es para adultos, y se debe actuar con madurez y responsabilidad dejando determinadas cuestiones fuera del debate político y actuando con sentido del Estado.

Periódicamente vuelve el tema del agua a primer plano de la política regional. Problema que parece imposible de resolver y que provoca que los ciudadanos de la Región pensemos que somos maltratados por el resto de España. Es más, a veces da la sensación de que no hay intención de solucionarlo, para que algunos puedan seguir  utilizándolo como arma electoral. Tal es así, que ya se empieza a acuñar el término 'nacionalismo hídrico' para denominar esta forma de hacer política por algún sector de la opinión pública.

Para abordar el tema con seriedad, hay que partir de algunas certezas que son evidentes, pero que a veces, parecen ocultas.

La primera es que la competencia exclusiva para decidir sobre la política hidrológica nacional es del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 149. 1 22 º de la Constitución. Partiendo de esta realidad, es claro que el hecho de que la cuestión no esté resuelta es responsabilidad de los grandes partidos nacionales, PP y PSOE, que han gobernado este país desde 1982. Recordemos que ambos partidos han disfrutado varios años de mayorías absolutas y ninguno de ellos ha resuelto este problema de forma definitiva.

La segunda certeza de que la tenemos que partir es el poco peso que ha tenido la Región en la política nacional. Los habitantes de esta Región solo somos el 3% de la población total nacional, y aquí sólo se eligen diez diputados. A esto se añade la poca relevancia política que tradicionalmente han tenido nuestros representantes en las Cortes, más preocupados en repetir en las siguientes legislaturas que en defender los intereses regionales.

La tercera, es que en la Región el sector primario  tiene una importancia decisiva en la economía regional. No discuto que esa actividad debe ser compatible con el respeto al medio ambiente, pero lo que no parece razonable es criminalizar a este sector y aumentar sus costes de producción hasta provocar que no sea una actividad rentable. En cualquier caso, en el punto medio está la virtud, y en esa labor se deben esforzar tanto el Estado como la Comunidad.

Y la última certeza, es que los viejos partidos, tanto PP como PSOE, no suelen tener en este tema un discurso único en todos los territorios. Ningunos de estos partidos utilizan los mismos argumentos que sus compañeros de partido en Castilla-La Mancha y en Aragón. Un ejemplo de esta situación fue el revuelo político que se montó por la rueda de prensa conjunta con la alcaldesa socialista de Toledo, que, como no podría ser de otra forma, se mostró públicamente en contra del trasvase Tajo-Segura. En este asunto  el Partido Popular es más profesional que los socialistas, tal es así, que han hecho creer a los murcianos que ellos son los grandes defensores de los trasvases. Sin embargo, se les olvida que han gobernado ocho años la nación con mayoría absoluta, y no han solucionado nada. Su mayor aportación fue la  primera piedra del trasvase Ebro-Segura que puso Aznar el último día de su segunda legislatura, lo cual no dejó de ser un engañabobos, ya que la obra de ese trasvase nunca se realizó, ni con Zapatero, ni posteriormente con Rajoy, por lo que no todo es culpa de Zapatero, como machaconamente se nos intentó hacer creer.

En este tema hemos de reconocer que los nuevos partidos son más claros y honestos con el electorado. Esta sinceridad puede estar causada por su bisoñez en las cuestiones políticas, o bien, porque han surgido, entre otras cosas, cansados de los engaños y de los juegos de trileros de la vieja política. Pero lo cierto, es que estos partidos sobre este tema tienen un discurso unitario en toda España, y por lo menos, no intentan engañar  a los votantes.

Por la izquierda, Podemos y los partidos de su órbita son claramente contrarios a los trasvases y se decantan por favorecer la ecología. Sin embargo, esta política debe salvar el obstáculo  que esta Región necesita agua para su desarrollo económico, y que, por desgracia, no contamos con los recursos hídricos suficientes. O dan una alternativa a este problema, como por ejemplo a través de las desaladoras, o la economía regional se puede resentir con sus ideas.

Por el centro, Ciudadanos quiere rescatar la idea de la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional que logre una vertebración racional de los recursos hídricos nacionales, lo cual además de ser necesario, parece razonable.

Por la derecha, Vox lo tiene claro, ellos afirman que  la política hidráulica es una competencia estatal y debe primar el criterio de solidaridad entre regiones, defienden un adelgazamiento de la Administración autonómica y una recuperación de competencias por parte del Estado, para evitar las disfunciones del Estado autonómico que se pueden apreciar en este tema.

Y los regionalistas de Somos Región tampoco tienen dudas, saben que el futuro económico de la Región pasa por garantizar el trasvase y el abastecimiento de aguas procedentes de otras cuencas hidrográficas, y es evidente que este partido en el futuro no va a sufrir las presiones desde Madrid para suavizar su posición.

En fin, cuestión polémica, problema sin solucionar en el pasado que no parece que tenga pronta y rápida solución, que debería ser objeto de un debate serio, sosegado, y que debe dejar  de ser motivo de crispación y de enfrentamiento sectorial y territorial. Todos los actores implicados en el debate político deberían ser conscientes que  es un tema trascendental para el futuro de la Región, porque si no se soluciona, sobramos la mitad de los habitantes de esta tierra, ya que es un hecho indubitado que actualmente no somos hidráulicamente autosuficientes para el desarrollo de nuestras actividades económicas predominantes. Y si no se crea riqueza en una región, no queda más remedio que emigrar a otros lugares para ganarse la vida.

Las pasadas elecciones en Francia con los paupérrimos resultados de los socialistas y de los conservadores han puesto en alerta a los analistas políticos patrios sobre la posibilidad que se repita en España lo que ha sucedido en Francia con el fin del bipartidismo imperfecto, que se repartía el poder en el país vecino desde la instauración de la V República en 1958.

La cuestión que planteamos en este artículo es si es posible que el PP y el PSOE se conviertan en partidos marginales en España. Mi opinión, a riesgo de equivocarme, es que en España este bipartidismo tiene los días contados. Entiendo que esta situación atemorice a un sector de la población, pero lo que va  a suceder es inevitable. Es un hecho que la sociedad ha cambiado bastante en poco tiempo y es complicado que partidos tradicionales den una respuesta adecuada a las necesidades de un electorado cambiante.

Recordemos que el bipartidismo imperfecto que ha gobernado España durante cuarenta años fue instaurado por la generación política de los llamados 'hijos de la guerra civil', dicha generación sufrió la dictadura interminable del general gallego, y tras su muerte, tuvo la necesidad de perdonar, de restaurar la convivencia entre españoles y de regular la convivencia a través del consenso político. Ahora bien, cuarenta años después la generación que ha asumido la primera línea en la gestión política ha cambiado. Por fortuna, nos parecen lejanos los traumas de nuestros antepasados y esta generación ya no es la de 'los hijos de la guerra civil', sino la de 'los hijos de transición'. Soluciones políticas que se dieron en aquella época ya no sirven para ésta.

Esta generación, de la que me considero parte, está cansada tanto a derecha como a izquierda, de que nos gobiernen siempre los mismos, dando la sensación de que en ocasiones se esfuerzan más en crear problemas y conflictos que en buscar soluciones. Los grandes partidos han convertido sus juventudes o nuevas generaciones en una cantera de profesionales de la política, con escasa preparación académica y profesional pero muy duchos en la dedicación a la vida pública como un medio de vida, olvidando los ideales y el altruismo de sus antecesores, y desde luego rebajando el nivel político, como podemos ver semanalmente en el resumen de las intervenciones en el Congreso.

A este hecho hay que añadirle que internet, las redes sociales y la gran variedad existente de medios de comunicación han creado una sociedad en la que información es accesible de forma rápida, y es posible contrastar varias versiones sobre un hecho antes de formarse una opinión. Recuerde el lector que en épocas pasadas, con el control de la cadena pública de televisión y de un par de medios de comunicación privados se podría influenciar de una manera eficaz en la opinión pública. Quizás el punto de inflexión fue con los atentados del 11 de marzo de 2004 y el intento fallido del gobierno de Aznar de convencer a los españoles de que la autoría del atentado era de ETA y que nada tenía que ver con la foto de las Azores y la guerra ilegal de Irak.

Desde 2015 el cambio se ha acelerado y se puede comprobar en cada convocatoria electoral. Como todo proceso de cambio a veces se atasca y tiene retrocesos. La superación de este bipartidismo parecía que la iba a encabezar Ciudadanos por la derecha y Podemos por la izquierda. Actualmente parece que se quedaron en el intento debido al exceso de personalismo y narcisismo de sus líderes. Pero el hecho de que estos partidos hayan fracasado, no implica que no puedan surgir partidos políticos que, como en Francia, entierren políticamente a los conservadores y a los socialistas. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en Madrid, en dónde el partido Más Madrid con una candidata más atractiva para el electorado de izquierdas que el socialista, superó con facilidad al PSOE. Otro ejemplo lo tenemos en la Región en dónde en las últimas generales Vox ganó al PP, quizás por el cansancio del electorado a los más de veinte años de gobierno del PP en esta Comunidad, sin que hayan sido capaces de resolver los grandes problemas de la Región, como es el tema del agua o de las infraestructuras, a lo que actualmente se añade el problema del Mar Menor, y con el vergonzante empeño mediático de culpar siempre al Gobierno central de su propia incompetencia, sobre todo, cuando es de otro color político y cuya máximo exponente fue la campaña del 'Agua para todos', enterrada en el olvido cuando gobernó Rajoy.

Naturalmente no va a ser un proceso fácil, pero va a ser inexorable. Puede que haya un sector de la población que quiera que vuelva el bipartidismo provocado por los patinazos protagonizados por Ciudadanos y por Podemos. Sin embargo, creo que este movimiento pendular no va a durar mucho, hay una nueva generación a los mandos de este país que reclama soluciones nuevas y es complicado que el viejo bipartidismo las pueda dar. Al viejo bipartidismo le va a pasar como a luz del ocaso, la cual intenta brillar más antes de morir, pero inevitablemente se va a ocultar en el horizonte, la única duda es saber el tiempo que va a tardar.

Después de los días de lluvia de abril, por fin se vislumbra el mes de mayo en el horizonte. Algunos esperarán el mes de mayo porque el 1 se celebra el día del Trabajo, otros porque empieza el buen tiempo, los futboleros porque el Madrid puede llegar a la final de Champions. En este artículo nos centraremos en el motivo por el cual los tránsfugas de la Asamblea y del Gobierno regional están esperando con ansia esta fecha.

Para ellos es importante esta fecha porque a partir del 1 de mayo de 2022 el presidente López Miras no puede disolver el Parlamento y convocar elecciones. Tal como dijo su lideresa espiritual, la vicepresidenta Franco, al definir su labor política como un contrato laboral temporal, a partir de esta fecha, se aseguran que su contrato temporal se alargará hasta mayo de 2023, con la garantía de la correspondiente remuneración económica que muchos de ellos no eran capaces de conseguir en la vida privada.

Esta limitación procede del artículo 26. 7 del Estatuto de Autonomía, fecha que coincide con la entrada en vigor de la reforma del artículo  del Estatuto del Presidente que deroga la limitación de dos mandatos que impedía a López Miras presentarse a las siguientes elecciones.

Como todo lo que ha sucedido últimamente en la Región, se explica por la fallida moción de censura de marzo del año pasado. Ante esta situación y la proliferación de tránsfugas en la Asamblea y en los órganos de gobierno, la salida más razonable era convocar elecciones. Ahora bien, ¿por qué no se convocaron?.  Analizando con objetividad los hechos, parece evidente que no se disolvió la Asamblea porque con la anterior redacción de la Ley del  Estatuto del Presidente había serias dudas de que López Miras pudiera volver a  presentarse, y porque el PP temía  la subida de Vox que podía ganarle las elecciones o, como mínimo, le obligaría a formar gobierno con ellos. Oficialmente se dijo que por la pandemia no era conveniente convocarlas, aunque dicho argumentario es tomarnos a los ciudadanos de la Región por tontos, ya que el PP las convocó en Madrid y en Castilla y León.

Una vez tomada la decisión de agotar la legislatura, había que negociar con los tránsfugas. El PP quería un fin de legislatura plácido, reformar la ley del Estatuto del Presidente y, a ser posible, que se acabará el escándalo de las vacunas, cancelando la Comisión de Investigación y no publicando los nombres de los cargos públicos que se saltaron la cola, aún a costa de ningunear y humillar al Consejo de Transparencia. Los tránsfugas solo querían garantizarse que no se disolvía la Asamblea y seguir disfrutando de los cargos públicos y de sus retribuciones durante dos años más. Había un problema, ninguna de las partes se fiaba de la otra, agravado por el hecho de que una de ellas, la de los tránsfugas, la formaban políticos que habían traicionado a sus votantes y al partido con el que concurrieron a las elecciones.

La solución fue modificar la Ley del Estatuto del Presidente, de tal forma que permitiera a López Miras presentarse a la siguiente convocatoria electoral, pero retrasando su entrada en vigor al 1 de mayo de 2022, justo en el momento en que ya no podía convocar elecciones de conformidad con lo establecido en el vigente Estatuto de Autonomía.

En mis tiempos de estudiante de Derecho nos explicaban en la Facultad que la norma jurídica debía ser abstracta, destinada a una generalidad de sujetos y ser apriorística, es decir, que las normas debían entrar en vigor antes de que se produzcan los hechos que regulase. Pues bien, esta reforma de la Ley del Estatuto del Presidente es la única norma que conozco que incumple estas tres características. No es abstracta, ya que está redactada para una situación concreta; en segundo lugar, está destinada exclusivamente a un sujeto concreto, el Sr López Miras; y finalmente, es a posteriori, es decir, los hechos que regula son anteriores a la redacción de la  norma. En fin, una forma de legislar más propia de un cortijo decimonónico que de una institución democrática, y todo ello, en 'la mejor tierra del mundo', que dicen algunos.

Al final se consumó el pacto de la vergüenza y todos ganaron, el problema es que las retribuciones de los tránsfugas se pagan con recursos públicos, que la Asamblea Regional actualmente no representa a lo votado por los ciudadanos de la Región, y que tenemos que soportar la ignominia de que algunos altos cargos de la Región sean ocupados por tránsfugas, como es el caso de cargos tan relevantes como la portavocía  del Gobierno o la presidencia  de la Asamblea.

La única esperanza que nos queda a los votantes de la Región es que el PP regional haga caso a Feijóo y no absorba a los tránsfugas de Vox y Ciudadanos, o que Vox exija como condición de investidura la ausencia de tránsfugas en las instituciones regionales o el cumplimiento del Pacto nacional de Antitransfuguismo firmado por los grandes partidos. En fin, todo apunta a que  los tránsfugas regionales tienen fecha de caducidad y que en la próxima legislatura todos ellos tendrán que volver a ganarse la vida fuera de la política.

Los profesionales jurídicos estamos observando cómo desde la crisis del 2007 ha habido un aumento considerable en la protección de los derechos de los consumidores. Este importante impulso ha venido favorecido por varios factores que han contribuido a que la regulación jurídica haya equilibrado los derechos y garantías de los consumidores frente a las grandes empresas y las contrataciones en masa.

El primer factor, sin duda decisivo, ha sido el proceso de integración de España en la Unión Europa, y la obligatoriedad de adaptar nuestro ordenamiento a las Directivas comunitarias. A esto se añade la intervención  del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decidió, incluso corrigió al Supremo, en materias como la de los gastos hipotecarios, el vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios, las cláusulas suelo y más recientemente, en el tema del índice de referencia del IRPH. Este último caso, es muy llamativo, ya que el Tribunal Supremo se resiste a aceptar el criterio del Tribunal Europeo lo que ha dado lugar a que varios jueces valientes de primera instancia planteen cuestiones de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Otra de las causas ha sido la labor realizada por los Juzgados de Primera Instancia en toda España ya que, en muchas ocasiones, han  innovado jurídicamente al estimar determinadas tipos de demanda, como por ejemplo, dejando sin efecto  los productos de inversión que  no han sido correctamente explicados, responsabilizando a los bancos en las promociones fallidas de los anticipos dados por los compradores si el ingreso pasaba por sus cuentas, anulando cláusulas suelo, devolviendo el dinero invertido a los accionista de Bankia, o repartiendo de forma razonable los gastos de constitución de la hipoteca. Dentro de poco se enfrentarán a multitud de demandas derivadas de los sobrecostes en los precios de los coches de 2006 a 2013 como consecuencia de un acuerdo colusorio de las mayorías de las marcas del sector del automóvil y que hemos tenido que sufrir los compradores de turismos durante ese periodo.

Ante esta nueva realidad social el legislador no tuvo más remedio que dictar normas para dotar de seguridad a estas relaciones jurídicas. De esta forma adaptó la normativa MIFID para asegurar que los productos de inversión se vendieran de forma adecuada y con información comprensible. Publicó la Ley de ventas de bienes fungibles con pacto de retro, para evitar que se repitieran casos como el del Forum Filatélico o Afinsa. Reguló de forma adecuada cómo debían disponer los promotores de los anticipos dados por los compradores de viviendas y la responsabilidad de las entidades bancarias. Aprobó una ley de segunda oportunidad, para permitir que los emprendedores pudieran iniciar una nueva actividad económica tras haber fracasado en la anterior. Recogió de forma exhaustiva la información y el contenido de los contratos de préstamo hipotecario cuando interviene una persona física y su fin es la adquisición de una vivienda.

Sin olvidar tampoco el papel que hemos desarrollado los letrados de uno y otro lado, en facilitar a los juzgadores argumentos de legalidad y justicia para resolver correctamente estos conflictos, con especial mención a algunos despachos de abogados con han analizado con lupa y con un especial interés la mayoría de los contratos bancarios que vinculan a  los consumidores.

Tras quince años de ejercicio profesional en estos temas, defendiendo a clientes consumidores y a grandes empresas, he de reconocer que en general se ha actuado con corrección jurídica y que se han equilibrado los derechos y obligaciones entre las partes. Y lo digo con la boca pequeña, porque no hay experiencia peor para un abogado que perder un pleito aunque en el fondo sepamos que la parte contraria y el Juez tengan algo de razón.

Lo que ha sucedido es un proceso muy semejante a lo que ocurrió con el Derecho del Trabajo. A principio del siglo XX en las relaciones laborales había un margen amplio de libertad en el contenido de los contratos. El problema era que no existía una igualdad de inicio, una de las partes era más poderosa e imponía a la más débil condiciones abusivas que no tenía más remedio que aceptar. Ante esta realidad, los poderes públicos tuvieron que intervenir y ahora los elementos esenciales de la relación laboral, como son el salario, el horario de trabajo, las vacaciones, etc..,  están fijados por normas legales y se sanciona duramente su incumplimiento por parte de la Inspección de Trabajo y de los Tribunales.

De forma análoga, las relaciones entre los grandes proveedores de bienes y servicios y los consumidores se dejaban en su mayor  a la autonomía de la voluntad de las partes, pero tampoco se situaban en plano de igualdad. Por lo que, una vez que se han detectado algunos abusos, el legislador los ha corregido, dejando en algunos contratos, como es en el caso de los préstamos hipotecarios, escaso margen de negociación, de tal forma que su contenido viene impuesto, casi en su totalidad, por la norma jurídica. Además, han logrado que a los operadores económicos les compense actuar de forma correcta ante la amenaza de una posible avalancha de demandas, las cuales  consumen tiempo, energía y recursos.

Al final el Derecho despliega una labor educativa importante, y a lo largo de estos años el Poder Judicial en primer lugar, y posteriormente el Legislativo han logrado modificar las conductas, que algunas ocasiones eran abusivas, de empresas que ofrecían contratos en masa, logrando que en la actualidad haya una defensa más eficaz de los derechos e intereses de los consumidores y dotando a estas relaciones jurídicas de más equilibrio, claridad y seguridad jurídica.

Pensemos en la foto del debate de las elecciones generales de 2015, estaban Rajoy, Rivera, Iglesias y Sánchez. Actualmente  en la política activa solo queda Sánchez. Recuerda a la máxima con la que hemos crecido los futboleros de mi generación que definía al fútbol como un deporte que juegan once contra once y siempre ganan los alemanes, regla que estuvo vigente hasta que llegaron Iniesta y compañía. Pues bien, si el lector analiza la historia reciente de la política española, podrá observar que al final, siempre gana Sánchez.

En octubre de 2016 Sánchez fue literalmente defenestrado de la secretaría general del PSOE por Susana Díaz, con mariachis incluidos. En lugar de llorar por las esquinas como está haciendo Casado, entregó el acta, cogió su coche con el listado de afiliados, se dedicó a recorrer España, y al final consiguió ganarle un congreso al aparato del PSOE. Dicho logro fue una gesta importante porque es muy difícil ganarle un pulso al aparato de un partido, ya que, normalmente, los afiliados de los partidos en las batallas internas son cobardes y quieren  ir a caballo ganador, como hemos visto recientemente en Murcia en el PP, con el ferviente apoyo de todos sin fisuras a Feijóo, a los que únicamente  les falta empezar a hablar gallego en la intimidad.

Posteriormente, a mitad de 2018, y aprovechando la sentencia que condenaba por corrupción al PP, en el peor momento en las encuestas de su partido, consiguió ganar una moción de censura nacional por primera vez en democracia, y acceder a la presidencia del Gobierno, acabando con la carrera política de Rajoy.

En las elecciones de abril de 2019, el partido socialista sumaba con Ciudadanos mayoría absoluta. La negativa irracional e infantil de Albert Rivera a pactar con él finiquitó las aspiraciones políticas del abogado catalán e inició el declive imparable del partido naranja.

En mayo de 2021, Pablo Iglesias, por motivos desconocidos, salió de su Gobierno y se inmoló políticamente en las elecciones madrileñas. Otro rival menos, y el último del debate del 2015 al que hacíamos referencia.

Y las últimas víctimas del sanchismo fueron García Egea y Casado, que infravaloraron a Sánchez y pensaron que la legislatura iba a durar poco tiempo. Al final midieron mal los tiempos, se precipitaron, y han tenido que dar un paso al lado y dejar la primera fila.

Vistos los antecedentes, Yolanda Díaz debería estar preocupada. Sánchez tiene ya los presupuestos aprobados, puede agotar la legislatura sin problemas y le interesa anular políticamente a la vicepresidenta. Además, Podemos está cometiendo errores como ha sucedido en el tema de la invasión de Ucrania. Los podemitas no pueden utilizar el discurso de no a la guerra estando en el Gobierno de la nación. En aquella guerra, quién infringía el derecho internacional era el trío de las Azores, y eran ellos los que invadían con falsedades un país, sin embargo, ahora la situación no es la misma. Ante la invasión de Ucrania por Rusia no queda más salida que asumir posiciones de Estado y apoyar al país invadido, por lo menos, con la entrega de armas de todo tipo, y no incurrir en el infantilismo de distinguir entre armas ofensivas y defensivas, o hablar de los partidos de la guerra.

La última trampa que los socialistas le han tendido a Podemos es el cambio de posición sobre el Sahara. Supone un giro importante en la postura que nuestro país ha tenido sobre este conflicto durante cuarenta años. Se puede discutir su conveniencia o no, realmente han reconocido una situación que de hecho que ya era difícilmente reversible, a cambio de mejorar las relaciones con Marruecos. Aunque en este caso, lo importante no es el fondo sino la forma. El PSOE ha tomado esta decisión sin el conocimiento y consentimiento del partido morado, al cual deja en una situación difícil. Si Podemos apoyase la decisión, sus bases no lo entenderían y quedarían sin contenido las manifestaciones de apoyo al pueblo saharaui. Si no la comparte, que es lo que parece que ha sucedido, es peor todavía, porque es reconocer el ninguneo de Sánchez, y dan lugar a escenas como las vividas recientemente, en la que Yolanda Díaz critica una acción del Gobierno del que forma parte. Queda bastante claro que la intención de Sánchez es enseñar la puerta de salida a sus incómodos socios para poder presentarse a las próximas elecciones como única opción de izquierdas con posibilidades reales de ganar.

Todo apunta a que su próximo duelo político importante va a ser contra Abascal y Feijóo, las cuales no deberían cometer los mismos errores que sus antecesores y no minusvalorar a Sánchez. Y éste tampoco debería confiarse por haber salido victorioso de tantas disputas políticas, ya que la historia nos demuestra que al final, en todas las carreras políticas siempre llega un Waterloo, normalmente precedido de un Austerlitz.

He de reconocer que me han gustado las primeras declaraciones de Feijóo y su equipo porque transmitenuna nueva manera de entender la política por la cúpula del PP, más adulta, seria y honesta que la forma cómo la concebía la directiva de Casado. El dirigente gallego ya va marcando su hoja de ruta y su talante de hacer política. Para empezar, manifestó que su intención es ganar a Pedro Sánchez y no insultarlo, luego Gonzalez Pons paró los pies a Ayuso que pedía la expulsión del partido de sus rivales, y por último, han exteriorizado la intención de  poner de patitas en la calle a Fran Hervías, y de acabar con la vergonzante operación de compra de cargos de Ciudadanos, indicado que de Ciudadanos quieren sus votantes, no sus cargos.

La afirmación que su objetivo no es insultar a Sánchez sino ganarle en las urnas, es muy importante, en cuanto supone una vuelta a la moderación y al sentido de Estado del PP. La finalidad de una oposición es confrontar con el Gobierno, criticarle en sus errores y exigirle la excelencia, pero también introducir moderación en la vida pública y actuar con lealtad institucional. La negativa a renovar el Poder Judicial, las actitudes infantiles durante la pandemia, el sainete de la reforma laboral, las críticas al gobierno en Europa, el espectáculo lamentable de muchas sesiones de control, y en fin, en buscar la confrontación y la crispación continuamente, han desangrado al PP poco a poco, hasta dejar de ser considerado por muchos votantes como una opción seria de gobierno. Todo ello responsabilidad de Casado, por mucho que quieran hacer ahora responsable exclusivamente a García Egea de todos los males.

También ha sido importante la desautorización pública de González Pons a Ayuso. La dirigente madrileña pedía que Casado y Egea fueran expulsados del PP, demostrando que no sabe ganar con elegancia. Ayuso, producto de marketing político de Miguel Ángel Rodríguez, va a estar mucho tiempo lastrada por el tema de su hermano, y parece, por los patinazosprotagonizados por ella esta semana, que ha perdido el estado de gracia que vivía con la opinión pública. Todo lo que sube demasiado deprisa sin cimientos sólidos acaba bajando con la misma rapidez, como hemos podido observar en los casos de  Rivera, Casado e Iglesias.

Y, por último, la intención de echar a Fran Hervías de la sede del PP, ha encantado a todos los que seguimos teniendo simpatía por Ciudadanos. Este individuo fue secretario de organización de Ciudadanos, personaje gris, nadie le puede recordar un brillante discurso, su único mérito en política era ser hombre de confianza de Albert Rivera. Durante su etapa en Ciudadanos, practicó una especie de meritocracia inversa que sufrimos en Murcia con las designaciones de dirigentes como lsabelFranco o ValleMiguélez. Desleal hasta la médula con Ciudadanos, fue el brazo ejecutor de Rivera en la operación de transfuguismo en la Región de Murcia, y como premio Teodoro García le colocó en un despacho en Génova. Su único activo en política era su agenda de móvil para reclutar tránsfugas de Ciudadanos en toda España. Es poco serio y ético que desde la anterior dirección del PP se incentivarán este tipo de conductas, y además era innecesario, ya que como acertadamente afirma Gonzalez Pons, lo que al PP le interesa de Ciudadanos son sus votantes, no sus dirigentes. El problema que tenía el PP era que debía hacer hueco a los tránsfugas de Ciudadanos en sus listas y en puestos de gobierno en Administraciones en detrimento de sus propios cuadros, lo cual estaba generando un malestar evidente entre la militancia del PP.

En la Región este movimiento tiene una derivada importante, la certeza de que a los tránsfugas de Ciudadanos se les acaba su carrera política al acabar la legislatura, y tendrá que vivir toda la vida con la mancha del transfuguismo en su biografía. En los mentideros políticos de la Región se rumoreaba que las personas más cercanas a Hervías, en particular, la Consejera Miguélez y sus afines, tenían asegurado su futuro político en el PP más allá de esta legislatura. Con Feijóo parece que este futuro es más oscuro. Al final, el tiempo pone a todo el mundo en su sitio.

Como ha reconocido el propio Feijóo, el PP ha hecho un ejercicio de supervivencia. Esta reflexión es acertada,yaquesi se hubiera dejado a García Egea y a Casado con su deriva política, el PP se iba a convertir en un partido marginal, como en su día fue UCD. La cuestiónes que para para solucionar un problema primero tienes que ser consciente de que lo tienes, y ninguno de los dos pensabaque se estaba equivocando. De hecho, García Egea cita como logro de su gestión el episodio de transfuguismo en la Región, cuando lo que se tenía que haber hecho en su momento era convocar elecciones como en Madrid y en Castilla León. Más increíbles eran las declaraciones de Casado en las que decía que no entendía que había hecho mal. La cruda realidad  es que pocos asuntos los abordó con acierto, y es el responsable directo de que el PP al final de su mandato no parase de bajar en las encuestas, obligando a los llamados barones del PP, personas con más sapiencia política, a hacerles un 155 orgánico.

Semana convulsa en el PP que ha acabado con la defenestración de Pablo Casado y Teodoro García Egea. Asunto de muchas aristas, en este artículo nos centraremos en algunos aspectos jurídicos del hecho desencadenante de la crisis, el cobro de una comisión del hermano de Isabel Díaz Ayuso de una empresa que firmó un contrato por adjudicación directa  con la Comunidad Autónoma de Madrid.

Casado y Egea  acertaron de pleno en pedir explicaciones a Ayuso, es un asunto políticamente delicado y que podía haber estallado al PP en cualquier momento, además con la sospecha de una posible corrupción. Sin embargo, se equivocaron en tolerar tantos meses que Díaz Ayuso no les diera ningún tipo de explicación y en no denunciar estos hechos ante los Tribunales, ya que tenían conocimiento de un hecho que podría ser delictivo. Y para rematar los errores, dieron por válidas las explicaciones de Díaz Ayuso y cerraron el expediente, cuando por lo menos lo debían de haberlo dejado en suspenso hasta que la jurisdicción penal aclarara los hechos.

Los hechos que han trascendido y sobre los que no hay duda son los siguientes. Primero, Tomás Díaz Ayuso es un profesional que se dedica desde hace varios años a comercializar productos sanitarios con las Administraciones Públicas. Segundo, que la administración regional madrileña adjudicó de forma directa a la mercantil Priviet Sportive S.L.  un contrato de suministro de mascarillas por importe de 1.500.000 €. Tercero, que dicha mercantil no tiene como objeto y social el suministro de material sanitario. Cuarto, que el administrador de esta sociedad es amigo de la infancia de los hermanos Ayuso. Quinto, que parece ser que las mascarillas no eran de la calidad pactada. Y, por último, que Tomás Díaz Ayuso cobró una remuneración por la intermediación de este contrato.

Poco convincentes han sido hasta ahora las explicaciones dadas para justificar  el cobro de esta retribución, cuya existencia y realidad han sido reconocidas. Jurídicamente una comisión es una retribución por intermediar en un contrato, y parece raro que se cobre por intermediar en un contrato con la Administración Pública. Más extraño resulta aún la explicación que era una retribución por los servicios prestados, en concreto traer las mascarillas de China. Si el hermano de Ayuso hizo esta actividad, no se entiende el motivo por el cual interviene la mercantil Priviet Sportive S.L.., ya que no aporta valor añadido al negocio, salvo la sospecha que la verdadera intención era ocultar la intervención del hermano de la presidenta de una Comunidad. No hay nada punible en que Tomás Díaz Ayuso puede contratar con la Comunidad Autónoma de Madrid, pero debería no  intentar ocultar su intervención con sociedades interpuestas, para que los mecanismos de abstención e imparcialidad en la contratación administrativa se puedan activar.

Actualmente ya existe una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, en la que se podrán pedir extractos bancarios, declaraciones fiscales de los implicados y realizar los interrogatorios y testificales que considere conveniente para aclarar este asunto, todo ello dentro de legalidad. Si el hermano de Isabel resultase imputado, tendrá derecho como todo investigado a la presunción de inocencia, a la defensa y asistencia letrada y los demás derechos que le otorga la Constitución y las leyes procesales. Una vez que la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción hagan su trabajo y haya  certeza de los hechos acaecidos será el momento de exigir responsabilidades políticas, independientemente de que los hechos investigados sean o no constitutivos de delitos.

También podría pasar que la Fiscalía dijera que los hechos denunciados no merecen ni siquiera ser investigados, y se archivaría el asunto. Si sucediera esto, Casado, Egea  y los partidos denunciantes harían el más espantoso de los ridículos, como lo ha hecho el concejal Gómez en Murcia con la falsaria acusación de corrupción de Ballesta, la cual  solamente era real en su imaginación.

Isabel Díaz Ayuso no sale vencedora de este duelo fratricida, durante algún tiempo va a planear sobre ella la sombra de la corrupción de un familiar cercano, caso que inevitablemente recuerda al de Alfonso Guerra. Y hasta ese momento en lugar de venderse con el acertado eslogan de comunismo o libertad, va a tener que soportar que la dicotomía sobre su figura pública sea de corrupción o de honradez.

Es cuanto menos paradójico que, en un caso de corrupta corrupción, a los que hayan fulminado sean a los que pedía explicaciones, y la afectada salga triunfante del envite. El futuro presidente del PP debería cortar de cuajo toda sospecha de corrupción o de falta de ejemplaridad de sus cargos electos porque está en juego la credibilidad y la supervivencia del Partido Popular, y este caso podría ser  el remate a los muchos casos de corrupción de este partido, y que provoca que el electorado de centro derecha lleve tiempo buscando alternativas para no votar a este partido. Como en todo lo que sucede últimamente en el PP, hay un precedente en la Región. Ana Martinez Vidal siendo vicepresidenta de la Región exigió la lista de los vacunados indebidamente. Igual que en lo de Ayuso, la denunciante salió del Gobierno y tuvo que soportar una horrible campaña en prensa en su contra. Y la famosa lista sin publicar, año y medio después, y a pesar del requerimiento expreso del Consejo de la Transparencia.

Al final va a tener razón Mariano Rajoy cuando decía que la política es para adultos, y a lo que yo añadiría, que no es para dirigentes criados en las juventudes de los partidos, sin formación ni oficio conocido al margen de la política, y que en los momentos trascendentales no dan la talla, como ha quedado probado esta semana con las actuaciones de Ayuso y Casado.

La pasada semana vivimos los españoles una votación en el Congreso que pasará a la historia. El retrato de ese momento nos puede dar una imagen de la situación política actual de igual forma que hacía Javier Cercas del golpe del Estado del 23 de febrero de 1981 en su magnífico libro Anatomía de un instante.

Lo sucedido en el Congreso se puede explicar desde varios puntos de vista. En este artículo analizaremos la relevancia de la reforma laboral, la aparición de dos nuevos tránsfugas en el panorama político, la actitud de Podemos en Canarias, y la actuación estelar del diputado Casero.

En relación a la reforma de las normas laborales, reconozco que en un primer momento y debido al revuelo causado, pensaba que esta modificación legislativa iba a suponer el principio de la instauración en España de un régimen comunista bolivariano. Sin embargo, una lectura sosegada de la misma nos revela que no introduce cambios importantes, no aumenta el coste del despido, tampoco resucita los salarios de tramitación, intenta evitar la temporalidad en la contratación, regula la eficacia de los convenios colectivos y varias cuestiones diversas. Todas ellas, reformas razonables y necesarias para adaptar la normativa laboral a la realidad social. Además, resulta que la CEOE y los sindicatos apoyan la reforma y que está respaldada por la Unión Europea. Y para rematar la cuestión, partidos como Esquerra, Bildu o el PNV se oponen a la misma.

Todos estos argumentos harían pensar que un partido moderado con vocación de gobierno como el PP apoyaría la reforma, o por lo menos con la abstención, no impediría su aprobación. Pues bien, de forma incomprensible este partido se opuso a la reforma. Gran error estratégico del PP porque si quiere competir con VOX en el caladero de votos de la derecha, debe diferenciarse de este partido. En cambio, Ciudadanos votó en sentido afirmativo, lo que es un gran acierto de sus dirigentes y esperemos que no sea tarde para recuperar el tono de un partido liberal y centrista que nunca debió perder.

En la votación saltó la sorpresa, con nocturnidad y alevosía, como diríamos los abogados, dos diputados de UPN ocultaron hasta el último momento su intención de saltarse a la torera las instrucciones del partido, y votaron en contra cuando sus votos, en teoría, iban a ser decisivos. De nuevo, estamos oyendo los mismos argumentos que usan los tránsfugas murcianos. Dicen que ellos no son los tránsfugas que son los de su partido, que deben parar al sanchismo, o que se deben a los votantes. Argumentos vacíos e infantiles, que no convencen a nadie. Mientras que no se cambie el sistema electoral, los diputados deben su escaño al partido y deben someterse a su disciplina. Es lícito y honesto no estar de acuerdo con el rumbo político de tu partido, pero en ese caso, lo correcto es entregar el acta, renunciar al sueldo y los privilegios de tu escaño y volver a ganarte la vida en el ámbito privado. En cualquier caso, nunca un acto de deslealtad política fue tan inocuo, gracias al error del diputado Casero.

Poco se está hablando de la actitud de Podemos en Canarias, que se niega a nombrar al diputado que debe sustituir al diputado Alberto Rodríguez. A este diputado le han retirado el acta por ser condenado por un delito de atentado contra la autoridad y su organización territorial se resiste a nombrar otro parlamentario con la esperanza de que Alberto Rodríguez recupere el acta. El problema es que mientras tanto su grupo parlamentario cuenta con un diputado menos, y como podemos observar, últimamente las votaciones en el Congreso son muy ajustadas.

Y en último lugar, la actuación del diputado estrella de la semana, la de Alberto Casero. Recordemos que un diputado gana alrededor de 70.000 € anuales, y que en cualquier trabajo en la empresa privada te exigen, por los menos, asistencia al lugar de trabajo, atención a lo que haces e interés. Pues bien, este diputado que estaba en un piso en Madrid, en teoría afectado por gastroenteritis, pidió la posibilidad de votar telemáticamente, y se equivocó hasta tres veces en lo que tenía que votar. No se trataba de resolver una ecuación de segundo grado, o de construir un algoritmo, se trataba de fijarse y de votar la opción correcta entre tres posibilidades. Un error semejante en la empresa privada te cuesta el despido inmediato. A partir de ahí, el Partido Popular poco va a poder hacer, hay un principio jurídico que indica que la Ley no protege al torpe en su actuación. Supongo que estirarán el chicle del pucherazo hasta que la polémica se diluya.

En fin, escena interesante la que se produjo la semana pasada en el Congreso y que ha dejado retratados a muchos de sus actores. Si sirven de algo estas líneas, pediría a los representantes políticos en el Congreso que se tomen en serio su trabajo, intenten ser leales con el partido al que le deben el acta, e introduzcan moderación en la vida política, que al final, lo que queremos los españoles es vivir tranquilos y a ser posible, que la política no sea un foco de crispación y de división entre los españoles.

El Gobierno regional ha lanzado el globo sonda de una posible reforma  del sistema electoral en la Región que consistiría en recuperar las cinco circunscripciones electorales y volver a subir el umbral al cinco por ciento para obtener representación en la Asamblea. Como todo globo sonda que se precie ha ido acompañado de artículos de opinión en la prensa local argumentado a favor de la reforma y en contra del multipartidismo, todo ello con la intención de crear un estado de opinión favorable.

Dicha reforma sería una vuelta al sistema electoral vigente en la Región hasta 2015, el cual fue modificado a instancia de Ciudadanos que lo exigió como condición para apoyar la investidura de Pedro Antonio Sánchez. Ambos cambios favorecen al partido que gana las elecciones. En lo relativo a la división de las circunscripciones, esta modificación conllevaría  que se pierdan  muchos votos de los partidos minoritarios que no fructificarían en un escaño. Y con el umbral del cinco por ciento se  dificultaría el acceso a la Asamblea a partidos como Podemos, Ciudadanos, Más País y Somos Región, si nos atenemos a los resultados de las últimas encuestas.

Un sistema electoral que premie al partido que obtiene mayor número de votos no es antidemocrático. Los sistemas electorales intentan combinar los principios de representatividad y el de facilitar el gobierno a la lista más votada. Por ejemplo, en Grecia se prima con 50 escaños al partido que gana las elecciones. El sistema electoral se decide por el Legislativo y debe encontrarse dentro de los parámetros establecidos en la Constitución. Siempre que se combinen razonablemente  ambos principios y respete la normativa constitucional y electoral, sería un sistema lícito y perfectamente aplicable.

La cuestión es si esta reforma sería o no conveniente en la Región actualmente. De forma previa, destacar que creo que el PP peca de exceso de optimismo, desde que es presidente López Miras no han sido la fuerza más votada ni en las autonómicas ni en las dos últimas elecciones generales. De hecho, no todas las encuestas realizadas últimamente en la Región dan ganador al PP.

Al margen de oportunismos políticos, no creo que esta posible reforma  sea beneficiosa para la Región por varios motivos.

En primer lugar, creo que el multipartidismo ha llegado para quedarse una temporada en la escena política. Los denominados nuevos partidos tienen un nicho de votantes importantes en las nuevas generaciones ya cansadas de partidos como el PP o el PSOE. Estos partidos se suelen manejar mejor que los tradicionales en las redes sociales y por ello conectan mejor con los votantes más jóvenes. Intentar modificar el sistema electoral para perjudicarles no tiene ningún sentido y podría generar desapego por las instituciones democráticas de un parte importante de la población que no se vería representada en el Parlamento autonómico.

En segundo lugar, esta reforma antes de la convocatoria de elecciones, se podría percibir  por la ciudadanía como un intento de cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Sería más correcto, incorporar estas modificaciones a  un programa electoral y una vez refrendado por los votantes, realizar la modificación. Si no se hiciera de esta manera parecería que el único interés del Gobierno regional en modificar el sistema electoral es la creencia de que dicha reforma les beneficiaría, lo cual estaría  muy alejado del interés público  que debe regir la acción política.

Y, por último, los murcianos tenemos que reconocer  que la actual Asamblea, desde la fallida moción de censura, carece de cualquier tipo de legitimidad democrática. A partir de ese momento, los murcianos soportamos con estoicismo la vergüenza de tener el récord nacional de tránsfugas en un parlamento autonómico. Y lo más triste de todo es que López Miras tiene la posibilidad en cualquier momento de disolver la Asamblea, convocar elecciones y acabar con este esperpento democrático. Es incompresible que no siga el ejemplo de sus compañeros de partido Ayuso, Mañueco y  Moreno. No parece razonable que lo que el PP considera conveniente para Madrid, Castilla-León y Andalucía, no sea adecuado para la Región. De nuevo, los murcianos sentimos que más allá de nuestras fronteras no se nos respeta. Es por ello que cualquier reforma importante que se haga en esta legislatura tendrá de origen la mácula  del transfuguismo y el de ser apoyado por siete parlamentarios  desvinculados de las siglas por las que fueron elegidos y que responden a intereses estrictamente particulares, y en la mayoría de los casos, no confesables.

En fin, espero que el Gobierno recapacite, no realice esta reforma, y si no disolviera la Asamblea, por lo menos, que no utilice esa mayoría ficticia de la que disfruta para realizar reformas importantes en la Región, porque en democracia las formas y los tiempos son muy importantes. 

Al menos, no me siento solo predicando en el desierto. A los pocos días del artículo de Enrique Ujaldón y Alfonso Galindo glosando los beneficios del bipartidismo, un magnífico artículo de dos profesores de Derecho Constitucional, Germán Teruel y Carlos Fernández, se posiciona claramente en contra de esta reforma y a favor del multipartidismo, con argumentos más académicos y menos políticos, cuya lectura aconsejo a lector interesado en este tema.

He de reconocer que estoy disfrutando de la época más feliz de mi vida con mi recién estrenada paternidad, es increíble observar cómo el personajillo va descubriendo poco a poco el mundo en el que vive y situaciones que te habías habituado a vivir con monotonía, ahora las experimentas con renovada ilusión al observar cómo la niña disfruta de ellas. Pues bien, una de las experiencias que tenía ganas de vivir en familia  eran las Navidades en la capital, con las luces en las calles, el árbol en la Redonda y la cabalgata de los Reyes Magos, todas ellas frustradas por la actuación de la Concejalía de Fomento, cuyo máximo responsable ha asumido estas navidades el papel del Grinch.

Empecemos con las luces de Navidad, resulta que llega el puente de la Constitución y los murcianos observamos con extrañeza que no se han puesto todavía. Al final parece que el motivo del retraso fue que se empezó a tramitar tarde la contratación, y el resultado de este retraso  conllevó  que los murcianos fuimos de los últimos españoles en empezar a disfrutar de la iluminación navideña. Evidentemente había un mal de fondo político, el contrato de las luces de las pasadas navidades era uno de lo que  estaba en los contratos incluidos en el famoso pen de la Gigas entregados a la UDEF como prueba irrefutable de la corrupción municipal del PP. El problema es que la dirección nacional de Cs se tragó este engaño, con el resultado que todos sabemos. En relación a los famosos gigas, pasó lo inevitable, que la Fiscalía de Murcia al conocer del asunto indicó que no existía ningún tipo de delito.

La segunda sorpresa que nos llevamos los murcianos fue la ausencia del árbol de Navidad en la Plaza Circular. Fui el año pasado con mi familia, y  pude observar cómo los niños disfrutaban del ambiente, el árbol daba vida a la zona con el consiguiente beneficio para los comerciantes. Pues bien, el Ayuntamiento decidió este año no ponerlo, pero lo peor fueron las justificaciones. Desde la Concejalía de Fomento filtraron a la prensa que otros años lo habían financiado empresas privadas, creando de nuevo la duda de la corrupción, sin prueba alguna. Ante esto habría que decir que el hecho de que no le cueste nada al Ayuntamiento no es de por sí delito, salvo que se pruebe que dichas empresas fueron favorecidas por ello. Por suerte, vivimos en un Estado de Derecho y prevalece la presunción de inocencia. Además, si tanto problema ético o jurídico es que lo pague el sector privado, se  podría haber sacado a licitación pública. El segundo argumento que dieron era que era un foco de contagio, lo que tampoco se entiende, ya que como alternativa se llevaron atracciones a la Fica, como si esa zona estuviera libre de infecciones. Y, por último, esgrimieron  el demagógico argumento de que hay que atender mejor a las pedanías, abandonadas, según ellos, por el anterior Alcalde. Pues esto último tampoco supera un análisis serio de racionabilidad ya que no es incompatible la existencia de un árbol en la Redonda con los adornos y los entretenimientos navideños en las pedanías.

Y ya para rematar el sinsentido, convierten la Cabalgata de Reyes en estática, de nuevo con la excusa de la Covid. Ante esta situación, respiré hondo, me inspiré en el espíritu navideño y pensé darle una nueva oportunidad al Consistorio murciano. Acudí con mi familia y con las mejores intenciones a la Cabalgata estática, y al final me volví cabreado por la interminable cola que existía para entrar. De nuevo no son creíbles los argumentos de la Concejalía ya que no hace falta ser un experto epidemiológico para saber que en un Cabalgata dinámica  tiene más espacio que en la estática, por lo tanto menos aglomeraciones, y como consecuencia, menos peligro de contagio. De nuevo parece que el motivo real era que no se gestionó a tiempo el contrato de las sillas. Y ante esto, hace que muchos murcianos nos preguntamos a qué dedican su tiempo en la Concejalía de Fomento.

Todo este desastre ha llevado a que muchos padres y madres estemos cabreado por la gestión navideña del órgano de gobierno del  Ayuntamiento de Murcia, el cual, parece que está empeñado en perder las siguientes elecciones, y dejarle en bandeja una mayoría cómoda a la derecha.

Esta situación es absurda para el PSOE, el cual tras veintiséis años ha vuelto a gobernar el municipio y tiene una oportunidad de oro para demostrar que su partido es capaz de asumir responsabilidades de gobierno en la Región, y además agravado por el hecho de que gestionar la Navidad en Murcia de forma razonable es una tarea relativamente fácil. Al final, el Alcalde Serrano no tendrá más remedio que hacer lo que hacía Ballesta con el Vicealcalde, gestionar directamente las cuestiones importantes de la Concejalía de Fomento para evitar que le salpiquen las incompetencias de otros en su gestión. 

Y a todo esto, los órganos de gobierno de muchas de las pedanías sin renovar nueve meses después de la moción de censura, y con el rumor que corre en los círculos políticos municipales de que el Alcalde prefiere ir al dentista a seguir negociando con su socio de gobierno los cambios en las pedanías, en especial, el de Puente Tocinos, patria chica del actual Alcalde, y en dónde todo apunta a que su socio de gobierno no quiere que dirija la Junta Municipal un Pedáneo socialista.

El pasado lunes 13 de diciembre fui testigo como oyente de uno de los hechos más extraños ocurridos últimamente en política. Francisco Igea fue entrevistado en el programa de Alsina como vicepresidente de Castilla y León y habló principalmente de las medidas sanitarias que se debían adoptar en su Comunidad para combatir la sexta ola, y de pasada a pregunta del periodista explicó que era imposible que Mañueco disolviera las Cortes y celebrara elecciones. Diez minutos más tarde Alsina leyó un tuit de Mañueco en el que anuncia precisamente lo negado por Igea. Alsina volvió a entrevistar a Igea, el cual no pudo ocultar su sorpresa y su cabreo por la humillación sufrida por parte de los que hasta ese momento habían sido sus socios de gobierno.

Como todo en la vida, este episodio no puede entenderse sin los antecedentes. Hay dos momentos claves en esta historia. El primero el momento en que Albert Rivera y su camarilla se niegan a gobernar con Pedro Sánchez, reconocen al PP como socio preferente y en su peor momento, le entregan el gobierno de cuatro comunidades autónomas. Y el segundo momento es el de los famosos “idus de marzo murcianos ” y la doble moción de censura que se planteó en la Región.

Sin entrar a fondo en lo que pasó en Murcia, lo cual merecería una serie de Netflix, un error claro que se cometió desde la dirección de Cs era no valorar el modo en que el PP iba a reaccionar frente a este doble ataque. Era previsible que el PP, con las encuestas a favor, convocara elecciones para sacar a Ciudadanos de los gobiernos regionales, y esto se tenía que haber tenido en cuenta por el equipo de Inés. La que primero actúo fue la incontrolable Ayuso al romper la coalición con graves acusaciones contra Ciudadanos. Lo que llamó la atención en esos días es que desde Ciudadanos, tanto en Andalucía como en Castilla y León se mostrase públicamente su apoyo al PP, incluso en esta Comunidad votando en contra de una moción de censura planteada por el PSOE.

Desde lo de Murcia, es lógico que el PP desconfíe de Ciudadanos y actúe en su propio interés, debilitándolo e incluso humillándolo en público. Parece ser que desde Génova se ha diseñado un escenario de elecciones autonómicas a lo largo de 2022, primero en Castilla y León y después en Andalucía, para generar un ambiente de optimismo e intentar allanar el camino de Casado a Moncloa.

Ahora bien, en esta situación, ¿Qué debe hacer Ciudadanos ? Pues bien, caben dos opciones, la “opción Arrimadas” o la “opción Igea”. La primera consiste en seguir humillados e intentar apaciguar al PP para que les dejen gobernar con ellos el máximo tiempo posible. En una entrevista reciente en Onda Cero los periodistas le preguntaban a Inés sorprendidos por el motivo por el cual el partido naranja no reaccionaba ante el ataque del PP. Ella decía que responder sería una “actuación testosterónica” y que iría en contra del interés de los ciudadanos, lo cual no tiene mucho sentido, ya que hay municipios en los  que ya gobiernan con el PSOE, como puede ser el caso de Lorca y de Murcia, sin que el interés de los vecinos haya sido menoscabado. Esta respuesta esconde otros motivos menos confesables, como es el de tener la esperanza de que en la siguiente legislatura el PP les premie con algún puesto, y/o porque es consciente que el partido ahora no controla a sus cargos electos y que es posible que no atiendan a sus órdenes.

Más razonable parece “la opción Igea”. Este político, al que no tengo el placer de conocer personalmente, es médico de profesión, persona respetada en su Comunidad Autónoma, y ha demostrado públicamente tener gran valía humana e intelectual. Pues bien, Igea ha llegado a decir que no pactaría con Mañueco en ningún caso, y le ha faltado añadir que ni harto de vino. Esta actitud es la única posible para Ciudadanos en este momento, le haría al  PP perder ciudades importantes como Madrid y Zaragoza, y sería un aviso serio de que a Ciudadanos hay que tratarlo con respeto. Usando un símil futbolero, sería como cuando nuestro equipo va perdiendo en la primera parte por tres goles, y en el descanso somos conscientes de que o se cambia de actitud, de estrategia, y de algún jugador, o el partido inexorablemente se va a perder. Pues lo mismo pasa con Ciudadanos, o cambia de estrategia ante el PP y le planta cara o va directamente a la irrelevancia y después a la desaparición. Además el argumento sería muy fácil de explicar, no se puede gobernar en ayuntamientos importantes con un partido que ha dicho públicamente que actuamos con deslealtad.

A Ciudadanos le puede pasar lo mismo que le ocurrió a Chamberlain cuando fue a negociar con Hitler antes de invadir Polonia, intentó aplacar a la bestia, y sucedió lo que magistralmente definió Churchill, “ Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra”. Aclaro para los ofendiditos que es un ejemplo, en ningún caso quiero asemejar a Casado con Hitler y al PP con el partido nazi.

Si Ciudadanos eligiera “la opción Igea”, los dirigentes de este partido recuperarían la dignidad perdida, los afiliados y los simpatizantes la ilusión, y quizás, volverían a centrarse y presentarse al electorado como un partido liberal, de centro y capaz de pactar a derecha e izquierda, discurso con el cual convencieron a muchos españoles hace no mucho tiempo.

La era de internet y de las redes sociales están cambiando el mundo que conocemos, y también afecta a la realidad política. El dinamismo de las conexiones y la posibilidad de acceso a contenidos de forma ilimitada ha permitido que puedan acceder a la escena política nuevos actores políticos. Primero fue la UPD de Rosa Diez, después CS y Podemos, un poco más tarde VOX, y por último el fenómeno que ya están detectando las encuestas en lo que ha se denominado la España vaciada.

En las últimas elecciones generales la plataforma cívica Teruel Existe, constituida en agrupación de electores, obtuvo un diputado y dos senadores en la provincia de Teruel. Con la situación actual del Parlamento, en la que cada escaño es importante, esta agrupación conseguirá inversiones importantes para la provincia en los Presupuestos Generales que se van a aprobar próximamente.

No se inventa nada nuevo, ya que esta forma de concebir la política nacional coincide con lo que han hecho desde los años ochenta los nacionalistas vascos y catalanes, a los que se han sumado últimamente los regionalistas cántabros y los canarios.

El movimiento de la España vaciada engloba actualmente a 160 plataformas y se ha extendido por una treintena de provincias, y ya empieza a ser detectado por las empresas demoscópicas las cuales les llegan a atribuirle ya en torno a cuarenta diputados.

El marketing de este movimiento es simple, pero efectivo. En lugar de elegir a diputados o senadores de los partidos nacionales, los cuales por regla general están más pendiente de no ofender al partido ni al líder de turno, se vende la idea de que es mejor elegir a representantes que se centren exclusivamente en sus intereses territoriales, los cuales pueden obtener beneficios para sus regiones, sobre todo en los tiempos en los que es difícil de obtener mayorías absolutas.

Ante este fenómeno caben varias reflexiones.

En el ámbito nacional  no creo que sea beneficioso el triunfo electoral de este fenómeno, ya que convertiría las Cortes Generales en un mercado persa, abandonado el proyecto de vida en común que es una nación y prescindiendo de forma obscena de cualquier elemento ideológico, que bajo mi punto de vista, debe prevalecer en la acción política.

Esta quiebra del sistema vuelve a poner de manifiesto que la democracia española establecida en la Constitución del 78 debe de avanzar, debilitando el poder absoluto que ahora mismo tienen los aparatos de los partidos en la confección de las listas electorales. Los parlamentarios provinciales apenas rinden cuentas a  los electores de su provincia, y la mayoría de éstos pasan de forma inadvertida por la Cortes, sin ser reivindicativos para los intereses de sus electores y molestando lo menos posible para poder repetir en las listas en las siguientes elecciones.

Otra forma de solucionarlo sería exigiendo un porcentaje nacional mínimo para obtener representación política en el Congreso. Si no se hiciera este cambio, los partidos minoritarios con presencia nacional seguirían siendo los más perjudicados del sistema electoral actual, como sucedió en su momento con IU y en las últimas elecciones con CS. Esta reforma tendría que venir unida a la reforma del Senado para aumentar su protagonismo en el proceso legislativo en determinadas materias y fomentar el carácter de Cámara de representación de carácter territorial.

Y la segunda reflexión es si este modelo tendría cabida en la Región de Murcia. Un análisis sincero de la evolución de la Región desde 1978 nos llevaría a todos los murcianos al diván del psicólogo. Si repasamos los grandes temas de la política nacional en los que existían intereses regionales, podremos observar la poca influencia de los políticos murcianos. Un ejemplo sería el de la política de los trasvases tan necesaria para la Región. Y el otro el de la política ferroviaria, con la llegada del AVE tarde, recordemos que en otras provincias de España lo disfrutan desde hacer treinta años, y por Alicante, que hace que en la práctica el viaje a Madrid dure tres horas y media, cuando duraría mucho menos si transcurriera por Albacete. Me temo que muchos murcianos seguiremos yendo en coche a Albacete para coger el AVE allí, lo cual es un poco humillante.

No cabe duda de que en la Región de Murcia tendría cabida un partido de estas características, ya que es complicado que estemos peor de lo que estamos, consecuencia del poco peso que han tenido los políticos regionales en la política nacional. Otra cuestión sería si esto sería positivo o no en la Región, esto dependería de los actores, de su forma de actuar y de los resultados que puedan obtener.

En fin, estamos viviendo tiempo convulsos en política, en los que la aparición de nuevos actores políticos hacen que cambien las reglas de juego, y se aceleren los cambios políticos. La parte buena es que los que seguimos la política no nos da tiempo para aburrirnos, y si hay algún momento de calma, a los murcianos siempre nos quedará para entretenernos el encendido debate en las redes sociales sobre los adornos navideños y el intento de agresión al ficus de Santo Domingo.

La opinión pública se enteró a principio de este año que aproximadamente 450 murcianos se habían vacunado saltándose el protocolo legalmente establecido para la administración de vacunas. Desde entonces, sólo hemos podido saber que la mayoría eran funcionarios de la Consejería de Sanidad y que algunos de la lista son altos cargos de la Administración Autonómica.

Pues bien, aunque parezca increíble, a fecha de hoy no tenemos la lista completa de los vacunados indebidamente. Recordemos las circunstancias de hace un año, en plena pandemia y con escasez de vacunas. Ante esta situación el Gobierno de la nación, con buen criterio, estableció un protocolo en el que establecía que se vacunaban primero los colectivos más expuestos al virus, entre ellos las personas de mayor edad y los sanitarios que estuviesen en primera fila. La diferencia entre estar vacunados o no, era muy  importante. Conozco de primera mano varios casos de sanitarios que contrajeron el virus en diciembre de 2020 porque no pudieron vacunarse, contagiando en las navidades a sus familias. Yo mismo lo contraje a mitad de mayo sin poder haber sido vacunado, llegando a estar una semana hospitalizado con neumonía bilateral, tardé mes y medio en recuperarme, y por suerte, sin secuelas. He de reconocer que pasé mucho miedo hasta que me dieron el alta.

En diciembre de 2020 la diferencia entre estar vacunado o no, era la diferencia entre poner en riesgo tu salud y la de tu familia o que estuvieran a salvo. En esas trágicas circunstancias, lo cívico es aguardar pacientemente el turno que te han asignado. Sin embargo, en la Región de Murcia algunos responsables políticos decidieron que la salud y la vida de 450 murcianos valían más que la de los demás.

El Gobierno regional se equivoca al no entregar la lista, esos nombres se sabrán tarde o temprano. La Región de Murcia no es un cortijo y el Gobierno se tiene que sujetar a la Ley y al Derecho.

Recientemente el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ha dictado una resolución en la que resuelve que la Administración Autonómica debe facilitar el acceso a esta información.

La resolución de este organismo es jurídicamente impecable y políticamente razonable, además da respuesta a muchos argumentos utilizados para negar la publicación de la famosa lista.

Uno de los argumentos repetidos hasta la saciedad, es que la publicación de esta lista podría infringir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ante esto la citada resolución, analizando esta normativa y las normas sanitarias, indica que “  .. La administración de la vacuna contra el coronovirus no forma parte de un proceso asistencial, ni de la evaluación clínica, ni tampoco arroja datos, valoraciones o informaciones de la salud de la persona vacunada”. Es decir, que el dato de que si una persona está vacunada o no, no forma parte de los datos sanitarios especialmente protegidos.

Además, analiza Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en la que señala que “ la normativa de la protección de datos tiene carácter instrumental y no puede utilizarse para impedir la rendición de cuentas u ocultar la gestión realizada por los responsable públicos”.

Concluyendo en el Fundamento Jurídico Sexto, de manera brillante, que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida y a la salud de quienes en ese momento tenían preferencias en la vacunación al más débil derecho a la intimidad de los altos cargos vacunados.

Y por último, en su parte dispositiva resuelve que la Administración autonómica debe publicar la lista anonimizada de la vacunación de funcionarios y trabajadores no asistenciales, y que se le dé trámite de audiencia en el expediente administrativo a los altos cargos que se saltaron la cola de la vacunación, los cuales no han podido hacer alegaciones en defensa de sus derechos porque hasta ahora se han mantenido ocultos sus nombres.

He de reconocer que me ha sorprendido gratamente la independencia de este órgano y la calidad jurídica de su resolución. Ahora falta que el Gobierno de la Región de Murcia cumpla con la  normativa vigente y con la resolución dictada por el Consejo de la Transparencia.

El Gobierno Regional se equivocará gravemente si no termina por publicar la lista de los 'robavacunas'. Si se negare a ello, pondría de manifiesto que en la Región no existe un Estado de Derecho sino un poder arbitrario que hace y deshace a su antojo. Además el incumplimiento de esta resolución haría que nos preguntáramos sobre la necesidad de mantener un órgano, como es el Consejo de la Transparencia, si sus resoluciones no son de obligado cumplimiento para la Administración regional. En el hipotético caso que esta resolución no se cumpliera, lo que debería hacerse es suprimir este órgano y la Consejería de la Transparencia, y ya nos resignaríamos a  que en la Región no se aplicara la Ley de Transparencia. Al final, uno se acostumbra a todo, de hecho a algunos sectores de la sociedad ya les parece normal que en la Asamblea haya siete diputados tránsfugas, con Presidente de la Asamblea incluido, y el Gobierno cuatro Consejeros tránsfugas, siendo uno de ellos la Portavoz del Ejecutivo.

En fin, esperemos que el Ejecutivo regional recapacite, publique la listas, que los altos cargos vacunados indebidamente pidan perdón a la ciudadanía y que asuman las responsabilidades políticas que le corresponda.