La Región de Murcia lleva mucho tiempo, demasiado a mi entender, sumida en una espiral negativa y gobernada por aquellos que priman lo personal sobre lo general. Y es que 26 años son demasiados, una eternidad.

En este tiempo parece que se han arraigado vicios y desviaciones nada deseables para el porvenir y la mejora de la vida del más de millón y medio de personas que habitamos la Región. Se ha procurado defender intereses particulares para enriquecer a unos pocos frente a los intereses generales que favorecen a la mayoría.

Tenemos una sociedad más preocupada por lo que pasa en Cataluña, que por lo que sucede a dos calles de su casa, y eso, en mi opinión, es un problema, aunque para los que gobiernan en la Región suponga el gran éxito de sus estrategias comunicativas.

En la Región se ha naturalizado que se hayan publicado unas fotos, donde parece que López Miras le haga un favor a su jefe Teodoro, adelantando la cita médica de un familiar, saltándose las interminables listas de espera de la Región. No he escuchado gran revuelo con este hecho, que en cualquier otro lugar causaría estupor, sonrojo y vergüenza. Aquí ha pasado sin pena ni gloria.

Tampoco veo una gran contestación social ante el mayor ecocidio conocido en la historia de España, provocado y promovido por las políticas encaminadas a primar el enriquecimiento descontrolado de unos pocos, a costa de destruir una de las pocas, cada vez menos, joyas naturales de las que disponemos. Parece que se asume que el Partido Popular durante años se dedicara a mirar hacia otro lado, promoviendo y procurando que uno de sus grandes caladeros de votos no se soliviantase.

Desde 2016, cuando el Mar Menor nos dio el primer gran aviso, se anunciaron por parte del Gobierno regional grandes infraestructuras e inversiones para proteger a la laguna salada, encaminadas a hacer creer a la sociedad de la Región que hacían algo y se tomaban esto en serio.

Proyectos como el bombeo de aguas de la Rambla del Albujón a la desnitrificadora de Arco Sur, los humedales artificiales en torno a la Rambla del Albujón o los biorreactores para desnitrificar las aguas. Pues bien, de todo eso, no hay nada, y repito nada en funcionamiento, eso sí, muchos millones de euros gastados y la exconsejera Adela Martínez Cachá imputada y pendiente de fecha para sentarse en el banquillo de los acusados por, supuestamente, no cumplir con la legalidad.

Y esto sin entrar en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia, aprobado en 2019, financiado con fondos FEDER donde no parece haberse ejecutado ninguna de las partidas destinadas a esa protección anunciada.

Ahondando en el total desprecio que han tenido los gobiernos del Partido Popular con el medio ambiente, esta semana hemos conocido que, al Club Náutico de Los Nietos, se le autorizaron unas obras que incluían el dragado del fondo marino para recuperar el calado, sin declaración de impacto ambiental, sabiendo la administración regional que estos fondos contenían metales pesados (plomo, cadmio y zinc).

Según me cuentan varios expertos juristas, el Mar Menor tiene multitud de figuras de protección, entre ellas, pertenecer a la red de humedales Ramsar y a la Red Natura 2000.

En base a este nivel de protección la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada, nos indica en su artículo 84, punto 1, que “los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el apartado A del anexo III de esta ley, deberán someterse a una evaluación ambiental de proyectos”, encontrando en el citado Anexo III dentro del apartado A, el grupo 6 (Proyectos de infraestructuras), y su apartado e, (Puertos comerciales, pesqueros o deportivos) o en el grupo 9 (Otros proyectos), apartado d (…se desarrollen en zonas especialmente sensibles, comprendiendo las zonas de la Red Natura 2000, humedales incluidos en la lista del convenio de Ramsar y otras áreas protegidas por instrumentos internacionales, y los espacios naturales protegidos), punto 5 (Dragados marinos para la obtención de arena), supuestos que parecen encajar en estas obras.

En base a esto, la declaración de impacto ambiental era más que obligatoria, aunque el Partido Popular decidió eximir de dicha cautela medioambiental según resolución de la Dirección General de Medio Ambiente en el año 2012.

 Esto sin nombrar que en esta noticia aparecen varios consejeros del Partido Popular, de sobra conocidos por la ciudadanía de la Región, por casos extraños, como el de Díez de Revenga y su empresa Azentia inmersa en contrataciones con varios puertos deportivos siendo él director general de puertos; Antonio Sevilla y su polémica autorización con efectos retroactivos de la concesión administrativa de la desaladora de escombreras; o Francisco Bernabé y su decisión de amedrentar a los vecinos que se manifestaban en las vías cuando era delegado del gobierno.

Todos estos ejemplos parecen haber pasado desapercibidos o no ser relevantes para muchos de los medios de comunicación de la Región. Y esto me hace preguntarme, ¿de verdad no es relevante que se gaste dinero público en proyectos destinados a proteger el Mar Menor y luego no se pongan en marcha, o que no sea destacable que se autorizaran obras de dragados en el Mar Menor, conociendo la Administración regional la presencia de metales pesados, y ésta no aplicara la mayor cautela y obligara a los promotores a realizar una evaluación de impacto ambiental?

Según la RAE, en su tercera acepción, la palabra raíz significa “parte de una cosa, de la cual, quedando oculta, procede lo que está manifiesto”, y así veo yo al Partido Popular: con unas raíces largas y profundas que llegan a muchos sectores de la sociedad, ocultas para la mayoría y a disposición de unos pocos, que tienen la capacidad de alterar la realidad y modificarla a su antojo.