Una pensionista me preguntaba con inquietud esta mañana: “¿Tendré que devolver lo cobrado de más en enero?”. Le respondí que esperemos que la norma se apruebe por separado, como el año pasado. Pero ese “esperemos” supone la materialización del fracaso político. Porque mientras PP, VOX y Junts bloquean la revalorización de las pensiones, millones de personas quedan suspendidas en la incertidumbre. No es casual. Es sistemático.

La lista de rechazos de la extrema derecha y de la derecha extrema constituye un auténtico manual de cómo votar en contra de los intereses de la ciudadanía. Se opusieron a la reforma laboral, ese texto que está poniendo freno a la precariedad en el empleo. Se negaron a proteger el poder adquisitivo de nuestros mayores mediante la reforma y revalorización de las pensiones. Mantienen su rechazo frontal a elevar el salario mínimo interprofesional, para condenar a quienes tienen sueldos más bajos a la supervivencia. Y bloquean la reducción de la jornada de trabajo, esa conquista histórica que nos devolvería lo más valioso: tiempo de vida.

Cuando las tragedias golpearon, tampoco estuvieron. Las víctimas de la dana, de los incendios, del accidente ferroviario de Adamuz, todas recibieron su negativa a las ayudas. La prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler, una norma de mínima humanidad, fue igualmente rechazada. Y lo mismo sucedió con el bono energético ampliado y la protección frente al corte de suministro eléctrico, condenando a la exclusión energética a miles de hogares. Cada vez que la solidaridad exige sus votos, sufragan en contra.

Lo peligroso es que justifican estos bloqueos enarbolando la bandera del miedo, sea a la migración, a la ocupación o a la igualdad. Su única coherencia es la oposición destructiva, que hacen desde sus sillones en Madrid, lejos de las cocinas donde se calcula cómo ahorrarse unos céntimos, lejos de los hogares que reciben facturas de luz impagables o cartas de desahucios, lejos de una realidad sufriente mientras desde sus escaños ejercitan su derecho al ‘no’.

Este bloqueo perpetuo erosiona la democracia y normaliza la idea de que es legítimo sacrificar derechos de la ciudadanía por estrategia partidista. El objetivo no es el bien común, es debilitar al adversario político. Ahora bien, desde la honestidad, tengo que censurar también la pésima estrategia legislativa de los decretos ómnibus que mezclan medidas dispares. El chantaje del “o todo o nada” no suele funcionar. El fondo de estas normas es indiscutiblemente beneficioso para la mayoría social. Pero la forma importa, porque ofrece coartadas a quienes buscan excusas para votar en contra sin asumir el coste político de su oposición.

Habrá que mejorar los métodos. Pero entretanto, mantengamos la memoria intacta. Hay partidos que votan sistemáticamente a favor de la gente y otros en contra. Y cuando llegue el momento de elegir, recordemos quién estuvo y quién brilló por su ausencia.

En la escala macro, el contexto internacional se complica por momentos, la guerra contra Irán, iniciada por Trump y Netanyahu, no solo está costando vidas irrecuperables y deteriorando el consenso respecto a los derechos humanos y la justicia, también puede provocar un daño a la economía y al empleo de la Unión Europea que aún somos incapaces de calibrar. Cierto es que, de momento, el impacto está siendo menor que tras la guerra en Ucrania, gracias a las medidas políticas puestas en marcha, muchas de ellas fruto del diálogo social, para avanzar en la soberanía energética. 

Necesitamos esa independencia para no ser rehenes de los intereses económicos y colonizadores de dirigentes obcecados en hacer negocio con la guerra y alimentar un paradójico ego como “hombres de paz”, mientras provocan conflictos sin el más mínimo respeto por el derecho internacional y la vida humana.

En este escenario convulso medran las políticas de la extrema derecha que, no solo no ofrecen ninguna solución a los problemas que tenemos, sino que provocan enfrentamientos entre personas trabajadoras, extendiendo discursos de odio contra migrantes, contra las mujeres, y levantan sospechas sobre la diversidad. 

Intoxican aunque saben que migrar es un derecho y que nuestro país, y toda Europa, van a necesitar todas las manos disponibles para ocupar puestos de trabajo que se irán creando en los próximos años. Además de ser de justicia esta regularización, el proceso también es una inversión que retornará en forma de cotizaciones, cultura, y buen hacer. El hecho de que la Generalitat haya planteado un recurso contra el decreto de extranjería es una falta de humanidad y un error estratégico. 

Nuestra derecha patria promueve el odio y amenaza el mantenimiento del estado de bienestar con el deterioro de los servicios públicos. Incita el odio a la diversidad, se opone a las políticas de igualdad, defiende el racismo y la xenofobia y propugna el negacionismo de la crisis climática. Incluso después de haber experimentado las consecuencias de forma extrema el 29 de octubre de 2024, siguen negando el cambio climático y esquilmando los recursos y las políticas que necesita la transición justa en nuestro país. 

En el nivel micro subleva asistir al espectáculo de cómo las derechas y las extremas derechas votan sistemáticamente en contra de los intereses de la mayoría social: las subidas del SMI, la reforma de las pensiones, las medidas para vivienda que podría ayudar a miles de personas a desarrollar sus proyectos de vida, o la reducción de jornada.

Ante esta ofensiva retrógrada, el sindicalismo de clase reivindica un impulso del diálogo social útil, que pueda establecer estrategias de creación de empleo digno, mejorar los salarios a través de la negociación colectiva, garantizar el derecho constitucional a la vivienda, que supone un reto social de primer orden, así como avanzar en igualdad y enfrentar la violencia machista que también se produce en el ámbito laboral. 

Pero, ¿es posible reducir la jornada y subir los salarios? Dos datos importantes, por un lado el récord en beneficios empresariales de los últimos años autoriza a exigir un reparto de la riqueza generada con un gran esfuerzo de la clase trabajadora. Por otro lado, la cantidad de horas extra en el País Valenciano, muchas de las cuales no se remuneran, y que suponen un fraude que impide crear miles de puestos de trabajo a jornada completa. 

Se puede reducir la jornada por la vía normativa para después trasladarla a la negociación colectiva. Porque aunque hoy en día en muchos sectores productivos ya tienen una reducción similar es fundamental proteger a quienes no pueden acceder a una negociación colectiva fuerte porque el tamaño de la empresa les impide incluso tener representantes. 

Por todo ello, este 1º de Mayo hacemos un llamamiento a la movilización en defensa de los derechos sociales y laborales. Exigimos que se vuelva a poner encima de la mesa la reducción de jornada por ley y el crecimiento de los salarios por la vía de la negociación colectiva, para un reparto justo de los incrementos de beneficios. Convocamos a reclamar igualdad real, cuidado de la salud y seguridad laboral. 

Marcharemos en defensa del sindicalismo como herramienta para ganar en democracia, por las pensiones, por un modelo de cuidados que proteja a las personas cuidadas y a quienes cuidan, por la educación y la sanidad pública de calidad, por la industria y el campo, por el acceso a una vivienda digna, a la cultura y a los derechos humanos. Son cuestiones básicas para avanzar como sociedad. Sin derechos sociales y laborales, no habrá justicia social. Ahora más que nunca, es necesario proteger lo conquistado y movilizarnos para ganar el futuro.

Desde 2014 que caducó el modelo, ni el PP ni el PSOE han logrado pactar uno nuevo que sitúe a nuestra autonomía donde le corresponde, obligándonos a un endeudamiento perpetuo para evitar una ciudadanía de segunda. Hoy, sin embargo, hay una ventana de oportunidad que no podemos permitirnos cerrar con ligereza. Se ha puesto sobre la mesa una propuesta que eleva los ingresos estimados de 1.700 a casi 3.700 millones de euros, sumando además un fondo climático de 1.000 millones de euros, vital para una región tan vulnerable al cambio climático como la nuestra.

A esto se añade la posibilidad de una condonación de casi 12.000 millones de euros de deuda. Decir que no a este alivio financiero, que supondría un ahorro masivo en intereses, sería una irresponsabilidad por parte del Consell. Aunque el objetivo final coincidimos en que debe ser alcanzar los 40.000 millones, tal como estima el comité de personas expertas de les Corts.

El president de la Generalitat no puede permitir que su partido marque la estrategia desde Madrid ignorando nuestras necesidades. La lealtad institucional se demuestra sentándose a negociar con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es imperativo que Juanfran Pérez Llorca nos represente en la defensa de unas reivindicaciones que han conseguido un consenso histórico: un nuevo modelo de financiación más justo para el territorio, la condonación de la deuda acumulada por la infrafinanciación y la creación de un fondo transitorio que cubra las necesidades de los servicios públicos mientras el nuevo sistema entra en vigor.

Desde CCOO PV vamos más lejos todavía. El debate no puede cerrarse sin dos cuestiones de fondo. La primera: una reforma fiscal progresiva y valiente, porque hay margen si nos fijamos en la media europea y en los extraordinarios beneficios empresariales que acumula el IVEX 35. La segunda: la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, porque no es de recibo bajar impuestos a las clases privilegiadas, mientras se pide más dinero al Gobierno central para cubrir el déficit.

Ya sabemos que hay quien aprovecha el debate fiscal para agitar el viejo mantra neoliberal de que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente”. Basta con mirar al otro lado del Atlántico, donde la gente muere porque no puede pagar un tratamiento médico, o se endeuda de por vida para costearse una carrera universitaria. Un sueño americano que parece querer exportar PP y Vox, pero décadas de conquistas sociales en nuestro país no pueden deshacerse en nombre de una ideología que confunde el mercado con la solidaridad, y que degrada lo público para después privatizarlo.

La Generalitat debe elegir si quiere ser un actor útil en la mejora de la vida de la gente o si prefiere seguir haciendo trampas con el discurso de la recaudación mientras descuida políticas clave como la vivienda pública. En enero, el president Pérez Llorca proclamó ante los medios de comunicación que antepondría los intereses valencianos en la negociación de la financiación autonómica. Ahora toca demostrarlo y esperar que la respuesta del Ministerio de Hacienda esté a la altura.

La ciudadanía podrá descubrirlo si en las próximas elecciones generales decide no acudir a votar o hacerlo por opciones de derecha y extrema derecha. Unas opciones que se han posicionado sistemáticamente en contra de los intereses de la mayoría, votando en contra, por ejemplo, de la subida de la pensión más de un 15 % en los últimos años. Prepárense el bolsillo si entran a gobernar PP y VOX que vienen curvas. Volverá el discurso falaz de que las pensiones son insostenibles para engordar los planes privados, tal y como nos han metido el miedo con la ocupación ilegal para que gastemos en empresas de seguridad.

También han intentado, y parcialmente conseguido, estigmatizar a las personas migrantes a base de mentiras y discursos de odio. Lo hemos visto en Torre Pacheco y en Badalona. Resulta incomprensible cuando todos los organismos especializados inciden en la necesidad de las personas migrantes para cubrir los puestos de trabajo que se van a crear en Europa en los próximos años. Pero, sobre todo, por una cuestión de derechos humanos. ¿Alguien puede pensar que le resulta fácil a una persona migrante realizar travesías peligrosas arriesgando su vida y despidiéndose de su familia sin saber si volverá a verla? ¿Alguien se pregunta por qué lo hacen? Con un pequeño ejercicio de empatía, las preguntas se contestan solas.

Salarios y negociación colectiva

Los últimos años ha habido crecimiento en los beneficios empresariales a nivel global. Por eso mismo, tenemos que exigir un reparto justo de la riqueza y avanzar en la negociación del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que aportará mejoras en las condiciones de trabajo. Este VI AENC, junto con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional sin que las empresas apliquen la absorción o compensación para que veamos realmente subir los salarios, son retos de primer orden.

La crisis de la vivienda

El Gobierno valenciano no está desarrollando una política integral de vivienda. Entre otras cuestiones, no está aplicando la ley estatal que podría facilitar la disminución de los precios. El acceso a una vivienda digna y asequible, ya sea en régimen de alquiler o en propiedad, se ha convertido en un drama para una gran parte de la población valenciana, especialmente para las personas jóvenes. Por ese motivo, nos hemos movilizado junto a otras entidades sociales y sindicales para garantizar este derecho constitucional. 

La dana y sus consecuencias políticas

Este año ha sido convulso, con movilizaciones todos los meses para exigir responsabilidades a un Gobierno que dejó abandonado al pueblo valenciano cuando más se le necesitaba. Ha sido imposible pasar página porque tras la dimisión de Mazón se ha configurado un gobierno continuista, con políticas que censuramos, como la insistente reducción de impuestos que va en detrimento de la atención de las personas más vulnerables. Seguiremos en la propuesta constructiva aunque no nos quieran hacer caso. Esperemos que el 2026 sea el año del fortalecimiento del diálogo social a partir de la reunión del próximo enero y, por supuesto, del respeto al papel constitucional que los agentes sociales y económicos desarrollamos.

Reducción de jornada laboral

Otro hito del 2025 ha sido el acuerdo bilateral alcanzado para la reducción del tiempo de trabajo entre el Gobierno, CCOO y UGT, dado que la CEOE, tras más de un año de negociaciones y de recibir muchas propuestas y alternativas, se ha retirado del pacto en un nuevo ejercicio de egoísmo. Hemos visto cómo nuevamente la derecha de este país —PP, Vox y Junts— votaba en contra de los intereses de la clase trabajadora, no permitiendo en el Congreso ni que se iniciara el debate.

Retos para 2026

CCOO PV debe jugar el papel que se espera de la primera organización sindical y social del País Valenciano, al servicio de la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora. Para afianzar el desarrollo social y económico de esta comunidad, tenemos por delante retos a implementar en el ámbito del diálogo social para la creación de empleo inclusivo, sostenido y sostenible, la eliminación de toda forma de discriminación y la transformación de nuestro modelo productivo.

Reclamamos políticas ante el cambio climático y las emergencias, medidas para acabar con las diferentes brechas de género y erradicar esa violencia machista que niega la extrema derecha. Asimismo, demandamos el impulso de un sistema potente de cuidados que genere trabajo decente y dignifique la situación que viven miles de personas, en su amplia mayoría mujeres. Es necesario acabar con las estructuras patriarcales, con ese machismo rampante que quiere frenar la igualdad. 

Con la mayor de las ilusiones, empezamos con determinación y esperanza el año 2026. 

Salud y derechos.

Ahora bien, si no salvan más vidas es porque la clase política no lo permite. ¿Alguien sigue pensando que el modelo de privatización es la solución? Seguramente solo lo piensan las empresas que se benefician de los recursos económicos que pagamos entre todos y todas para disponer de unos servicios públicos de calidad.

Pero cuando hablamos de servicios públicos no solo hablamos de sanidad, de educación y de servicios sociales, estos últimos, por cierto, bastante maltrechos por los incumplimientos del Gobierno valenciano y la modificación de la normativa. Hablamos de cuerpos de policías, de bomberos, de recogida de basura, de limpieza viaria, de parques y jardines, de las ITV, de la justicia, de Hacienda, de Seguridad Social, de servicios públicos de empleo autonómicos y estatales, de servicios municipales, entre muchos otros.

En las comunidades autónomas gobernadas por opciones de derecha y con el apoyo de la extrema derecha vemos cómo la sanidad, la educación y los servicios sociales se van deteriorando y, en algunos casos, emprenden el camino de la privatización, aunque sea parcial.

Estamos viendo demoras en diagnósticos vitales, recortes de derechos por falta de medios, hospitales comarcales o centros de salud rurales sin profesionales por la precariedad de las condiciones de trabajo, y favores a la sanidad privada, a base de mantener o incrementar las concesiones sanitarias (el Baix Vinalopó) o de derivar listas de espera.

Mientras la sanidad pública se deteriora, la sanidad privada no hace más que aumentar sus beneficios, incrementando sus pólizas de seguro o gestionando paquetes enteros de listas de espera. Vemos que faltan docentes y medios tecnológicos en los colegios e institutos públicos. ¿Cómo afronta la Conselleria de Educación los futuros cierres de colegios e institutos ante fenómenos meteorológicos? ¿Cómo se afronta la futura jubilación de miles de funcionarios y de funcionarias en los próximos años?

El 30 de octubre nos concentramos en todo el país para reclamar al ministro Óscar López que negocie mejores condiciones laborales para los 3,5 millones de empleadas y empleados públicos. Salimos a reclamar unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales y más empleo público.

Estamos ante la urgente necesidad de defender el estado del bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos. Un deterioro que está provocando una mayor respuesta social, que es un gran termómetro para valorar la calidad de los mismos. Ahí están las manifestaciones por los incendios de este verano, por la mala gestión de la sanidad o la próxima huelga en la educación en el País Valencià.

Se ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de personal y el envejecimiento de las plantillas, por lo que hemos reclamado cambios profundos para la modernización de los servicios públicos. Y para ello se debe revertir lo perdido en las últimas décadas.

A ello le sumamos los incumplimientos en el País Valencià del acuerdo que hubo al inicio de legislatura en el ámbito público, entre ellos, el establecimiento de las 35 horas de jornada en sanidad.

Esta mala gestión se ve agravada por la permanente infrafinanciación que padecemos con respecto a otros territorios y que lastra el desarrollo de nuestros servicios públicos. Por ello, emplazamos de nuevo al PP y al PSOE a pactar un modelo de financiación justa para nuestro territorio y, en general, para todas las comunidades autónomas.

No ha votado a favor de ninguna subida del Salario Mínimo Interprofesional. Cuando gobernó lo dejó congelado en 735 € y, estando en la oposición, ha subido un 61 % hasta los 1.184 € al mes en 14 pagas. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, se refería en el último Congreso del partido a que el incremento “indiscriminado” del SMI solo conlleva “esfuerzo salarial de las empresas y esfuerzo impositivo para los trabajadores”. Todavía no doy crédito a tamaño atrevimiento, viniendo de alguien que lo multiplica unas cuántas veces.

Se ve que la apuesta popular pasa por la contradicción que supone mantener la pobreza laboral y activar el consumo interno. Duele imaginar la situación de tantas familias trabajadoras durante la reciente crisis inflacionista si no se hubiese logrado esa subida. Porque esta medida, aunque mejorable, ha servido para reducir la brecha salarial. Un paso más de los muchos que hay que dar para alcanzar la igualdad real y efectiva.

Bien es cierto que tanto esa subida como los incrementos salariales conseguidos en la negociación colectiva por la vía de los convenios se los está llevando crudos el negocio inmobiliario. El agosto eterno que algunos hacen con la vivienda es un problema de primer orden para quienes dependemos de un salario, y en las CCAA gobernadas por el PP, y sustentadas por Vox, se está agravando.

También quiere el señor Feijóo limitar el subsidio por desempleo, tal y como anunció en su particular cónclave. Una reforma al más puro estilo Rajoy que solo provocó despidos masivos, más baratos, y una reducción de las prestaciones por desempleo, haciéndonos creer que vivíamos “por encima de nuestras posibilidades”.

En la actualidad, y en las antípodas de aquella, la última reforma laboral ha permitido mejorar la estabilidad en la contratación en nuestro país. Una reforma que aún debe avanzar en cuestiones que no se pudieron incorporar en el acuerdo con el Gobierno y la CEOE. Volvió el PP a oponerse, salvo un diputado que “cometió un error”. Tampoco fue entendida por otros partidos de izquierda que prefirieron votar en contra del diálogo social.

El partido de los trabajadores también votó en contra de la reforma de pensiones, tan necesaria para garantizar el presente y el futuro del sistema y que volvió a recuperar los incrementos acorde al IPC. ¿Valorarán sus votantes pensionistas que cuando más lo necesitaban se las subieron un miserable 0,25 %? ¿O que su ministro de Hacienda nos recortaba mientras beneficiaba grandes empresas? Al parecer, les ahorró 1.000 millones de euros en impuestos, amnistió a 30.000 defraudadores fiscales y rescató a la banca por 140.000 millones de euros que nunca devolvió. La clase trabajadora se “apretaba el cinturón” cuando una élite intercambiaba sobres con iniciales que, a día de hoy, no todas tienen nombre.

Otras muchas cuestiones siguen pendientes. Es fundamental evitar el uso sistemático del despido en cuanto hay algún problema. A pesar de que el Supremo le haya dado un portazo al asunto, la Carta Social Europea debe cumplirse. En España el despido es libre y, aunque no es gratis, sale demasiado barato. Cuando no hay motivo para el despido y así se determina en un juzgado, las empresas son las que deciden si la persona trabajadora vuelve o no a la empresa.

También ha quedado en el congelador la reducción de jornada. Las enmiendas a la totalidad son un despropósito y su único objetivo es el de cargarse un acuerdo entre Gobierno y sindicatos. La CEOE se negó a suscribirlo, a pesar de que se pusieron elementos encima de la mesa como la implantación progresiva o las ayudas a las pymes, con la excusa de negociarlo en los convenios colectivos. Oiga, que eso ya se hace, pero es necesario, tal y como pasó con las 40 horas semanales, establecerlo por ley para proteger y cubrir a quienes no tienen la posibilidad de que se les apliquen esos convenios. Por cierto, una medida que ya ha anunciado PP, Vox y Junts que tampoco va a votar a favor.

Por último, y no menos indignante, es la necesidad de sosegar el clima de crispación avivado por la ultraderecha, llamando a cazar inmigrantes. Una irresponsabilidad intolerable que debemos combatir. No dejaremos que esa extrema derecha, ni quienes tampoco han condenado tajantemente el ataque materializado en Torre Pacheco, quiebre nuestra democracia. No permitiremos que perjudiquen los intereses como país. No toleraremos el racismo ni la xenofobia con la que pretenden impregnar de odio a la ciudadanía. Basta de contar mentiras.

Mientras los máximos responsables del tardío aviso a la población no asuman responsabilidades políticas, tal y como está reclamando la sociedad valenciana en cada manifestación, será imposible pasar página. Y es que después de tanto tiempo no tenemos información suficiente de cómo avanza la recuperación social y económica, de cómo están las personas que llevan meses sin poder salir de sus domicilios por tener estropeados los ascensores, las que siguen sin disponer de vehículo, y un largo etcétera. Más allá de la urgencia y de la atención más inmediata, necesitamos medidas estructurales que tengan en cuenta el cambio climático, que sean participadas por el conjunto de la ciudadanía y sobre las que podamos hacer un seguimiento.

Otra de las líneas centrales que nos hemos trazado para el próximo mandato tiene que ver con el reparto de la riqueza, desde la disputa de los salarios y de la jornada. En los últimos años, los incrementos salariales han sido insuficientes para mantener el poder adquisitivo, aumentando el desequilibrio en la distribución de rentas entre capital y trabajo. Para hacerle frente, hemos de rearmar nuestra negociación colectiva, haciendo protagonistas a las personas trabajadoras en la construcción de las propuestas. Hay márgenes para la redistribución, dados los elevados beneficios empresariales de los últimos años, por lo que apelamos a las patronales a que se comprometan con la justicia social.

Además de salarios dignos, el sindicato apuesta por incorporar en el Estatuto de las y los Trabajadores, las 37 horas y media de jornada semanal acordadas con el Gobierno central. Las transformaciones sufridas en nuestro mercado de trabajo, y el hecho de que cada semana se hagan más de un millón de horas extra en nuestro territorio, posibilitan reducir las 40 horas para crear empleo y, sobre todo, para vivir mejor. Apelamos, por tanto, a los partidos políticos a que se comprometan con la clase trabajadora y voten a favor de nuestros derechos.

Otro derecho constitucional que exigimos garantizar es el del acceso a una vivienda digna y asequible, porque la falta de vivienda castiga a las de siempre, a las personas trabajadoras que ven cómo tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos a pagarla. También a la juventud, sin capacidad adquisitiva para emanciparse. No puede ser que les estemos condenando a no poder desarrollar sus proyectos de vida.

Nos hemos marcado otros retos, algunos no son nuevos, como seguir enarbolando la bandera del trabajo decente. En los últimos años ha mejorado la situación de precariedad y pobreza laboral en el País Valencià, aumentando la contratación indefinida y reduciendo la temporalidad. Pero no es suficiente, dado que más de 300.000 personas quieren trabajar y no pueden, por lo que es imprescindible tomar medidas.

Para que nadie se quede atrás, tenemos que potenciar la formación para el empleo a lo largo de la vida laboral, entendida como un derecho irrenunciable de la clase trabajadora. Por este motivo, a pesar de que el diálogo social languidece en nuestra comunidad, valoramos haber tenido una primera reunión con la dirección del Labora, que entiende la su importancia en el contexto de transformaciones en el que estamos inmersos.

Prioritario también dar continuidad a nuestro compromiso para avanzar hacia una igualdad real, combatiendo las brechas laborales y la violencia de género. La situación de las mujeres en el mercado de trabajo continúa siendo discriminatoria, en cuanto al acceso al empleo, el tipo de contrato, el salario o la jornada. Reivindicar mejores condiciones laborales e impulsar la negociación de los planes de igualdad es nuestra principal contribución a la lucha emancipatoria de las mujeres.

Debemos ir a la raíz, poner el foco en la división sexual del trabajo que genera un modelo de cuidados sustentando en el trabajo gratuito de las mujeres, en lugar de estar sostenido de forma corresponsable por las familias, las empresas y el Estado. Apostamos por consensuar un pacto integral por los cuidados que fortalezca los servicios públicos y mejore las condiciones laborales del sector.

Por último me referiré a una reclamación que ha venido impulsando nuestra organización: el cambio de modelo de financiación. Las situaciones vividas en los últimos tiempos han evidenciado la necesidad de un estado de bienestar suficientemente dotado de personal y recursos, así como de una mayor inversión en los sectores productivos. Esto implica acometer una reforma fiscal que amplíe el margen recaudatorio, la condonación de la deuda ilegítima y exigir corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

Las líneas de actuación del sindicato para los próximos cuatro años se dirigen, de forma complementaria, a lograr que la clase trabajadora viva mejor, algo que no será posible sin provocar la pérdida de privilegios de quienes viven a costa de la injusticia social.

Estamos viviendo momentos complejos, en un contexto internacional marcado por una guerra comercial sin precedentes, iniciada por Trump, que está forzando a negociaciones bilaterales, y cuyo impacto en la Unión Europea aún somos incapaces de calibrar. Un conflicto de intereses que requiere del diseño de mecanismos eficaces para protegerse de las posibles consecuencias. La Unión Europea ha de establecer medidas coordinadas para minimizar la repercusión en la economía y el empleo, con las políticas expansivas que tan buenos resultados han tenido en las últimas crisis.

No como la respuesta que se dio a la crisis financiera de 2008, que nos trajo destrucción de empleo, recesión económica y recortes en derechos laborales y sociales a la clase trabajadora. Además de crecer el desempleo, descendieron los salarios, algo que justificó el presidente de la CEOE de aquel momento, asegurando que habíamos vivido “por encima de nuestras posibilidades”.

En el actual escenario, la extrema derecha, lejos de aportar alguna solución, se limita a provocar enfrentamientos entre las personas trabajadoras. Culpan falsamente del empeoramiento de las condiciones laborales a las mujeres y a las personas migrantes, a quienes acusan de “quitarnos el trabajo”. Una mentira más que extienden a través de redes sociales y de medios de comunicación afines, incitando al odio.

Pretenden cargarse el estado de bienestar con el deterioro de los servicios públicos. Promueven el odio a la diversidad, se oponen a las políticas de igualdad, defienden el racismo y la xenofobia y propugnan el negacionismo de la crisis climática, incluso tras la dana sufrida el pasado 29 de octubre. ¿Cómo se pueden seguir negando las consecuencias de la crisis climática y esquilmando los recursos que deberían dedicarse a una transición justa en nuestro país? 

Para más inri, critican el Pacto Verde Europeo y negocian en las Cortes Valencianas un Presupuesto que ajusta las políticas ecologistas, y amenaza a las organizaciones sindicales y empresariales con el recorte a la compensación por un trabajo constitucional encomendado en el artículo 7 de la Constitución. No asumen que los sindicatos somos un pilar de la democracia, y que hemos luchado por conseguir derechos y libertades en este país. Nos atacan porque no quieren que los y las trabajadoras se organicen y reclamen derechos. Actúan en las instituciones como abusones en un patio de colegio, quieren generar miedo y fragmentar la oposición colectiva, apelando al individualismo para debilitar la conquista de derechos sociales.

Además, esa extrema derecha patria se suma a la oposición al proyecto europeo. Cuanto más lo ataquen, mayor presión tendrán que ejercer los Estados miembro para seguir avanzando en una UE fuerte y unida, con una mayor integración política que priorice la justicia social, reduzca las desigualdades y acabe con la pobreza. En definitiva, una Europa que defienda un modelo social donde se pongan los recursos y los medios para crear empleo de calidad, donde tengamos autosuficiencia energética basada entre otras cuestiones, en energías renovables que nos permitan reducir la dependencia de otros países y poder combatir el cambio climático. Y todo ello, con la participación del sindicalismo de clase como defensores de la democracia y la justicia social. 

El impulso del diálogo social es imprescindible para la creación de empleo digno, mejorar los salarios, garantizar el derecho a la vivienda, avanzar en igualdad de género y erradicar la violencia machista. En paralelo, reclamamos un compromiso político para aprobar en el trámite parlamentario el acuerdo entre Gobierno y sindicatos que fija la jornada máxima legal en 37,5 horas semanales, tras más de 40 años con una jornada semanal de 40 horas. El récord en beneficios empresariales de los últimos años permite repartir una riqueza ganada con gran esfuerzo de la clase trabajadora.

Apelamos a los partidos políticos a votar a favor de la clase trabajadora. Porque es lícito reducir la jornada por la vía normativa, para después trasladarla a la negociación colectiva. Porque aunque hoy en día en muchos sectores productivos ya tienen una reducción de jornada similar, es fundamental proteger a quienes no pueden acceder a una negociación colectiva fuerte, porque el tamaño de su empresa les impide incluso tener representantes sindicales. 

Este 1º de Mayo hacemos un llamamiento a la movilización en defensa de los derechos sociales y laborales, y a respaldar el proyecto europeo como pilar de democracia social, convivencia y progreso. Ahora más que nunca, es necesario proteger lo conquistado y ganar el futuro. Y desde nuestro carácter internacionalista queremos tener presentes a quienes están sufriendo las consecuencias de las guerras, muy especialmente al pueblo palestino, víctima de un genocidio. 

El actual modelo de financiación, caducado desde 2014, consiste en la transferencia de fondos a las comunidades autónomas, siendo el más importante el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. El País Valenciano ha percibido unos ingresos inferiores que el resto de autonomías, con la consiguiente infradotación derivada que nos sigue lastrando como territorio. La mejora del sistema no es una cuestión baladí. Sencillamente, o ganamos en suficiencia financiera, o la población seguirá sufriendo el deterioro de la asistencia sanitaria, de la educación y del sistema de protección social.

Pese a los intentos de enfrentarnos, desde el sindicato nunca la hemos entendido como guerra entre territorios. De hecho, va a ser complicada una mejora seria del sistema si no interiorizamos que para tener servicios públicos de calidad, España necesita una reforma fiscal en profundidad. La buena noticia es que tenemos margen para mejorar la recaudación en nuestro país, algo imprescindible para establecer un modelo más eficiente, capaz de aumentar los ingresos del sistema y redistribuir entre las comunidades.

Cada día que pasa sin solucionar este asunto, aumentan las divergencias. En función de la mayor o menor capacidad de gasto transferida a cada comunidad, su población cuenta con unas prestaciones de mayor o menor calidad. Una desigualdad azarosa, y a todas luces injusta, que establece diferencias injustificadas según el lugar de residencia. En el caso del País Valenciano, esta situación se traduce en un endeudamiento que va creciendo, del que hay que pagar intereses, por lo que otra de las premisas del nuevo modelo, debe ser la condonación total de la deuda ilegítima.

Reclamamos un nuevo modelo con criterios transparentes, que atienda a la suficiencia de recursos, asegure la equidad y facilite la solidaridad interterritorial. Tan necesario es solventar la insuficiencia de ingresos globales, que lastran nuestras políticas públicas, como marcar como criterio la corresponsabilidad fiscal de las CCAA. No es lícito bajar impuestos a unos pocos (normalmente a quienes más tienen y más deberían aportar) y al mismo tiempo pedir más ingresos.

Este miércoles, a nuestro entender, se ha cometido un grave error político. Unos y otros, porque los partidos que más peso tienen en las Cortes Generales, no son capaces de pactar un modelo justo para todo el Estado. Se equivoca por tanto el PSOE al no poner ya los mimbres de un nuevo modelo encima de la mesa y limitarse al parche de la condonación, a todas luces insuficiente para el País Valenciano. Es como participar en una carrera de atletismo con los pies atados.

Aunque la medida puede suponer una mejora parcial, sigue dejando a la valenciana en situación de inferioridad respecto al resto de comunidades autónomas, a pesar del reconocimiento de que es la peor financiada de todo el Estado. Pese a la mencionada condonación, nuestro territorio no dispondrá de los recursos necesarios para cubrir las transferencias. Aun en el caso de que dediquemos recursos a mejorar sanidad, educación o servicios sociales, será en detrimento de otras políticas de desarrollo económico y social.

Y se equivoca el PP al levantarse de la mesa y no plantear las necesidades fundamentales de la ciudadanía valenciana; por votar en contra de un RD-ley que nos daba a cuenta más de 800 millones de euros y por no pactar la senda de déficit que podría beneficiarnos. Sabemos que es difícil, porque ¿cómo van a pedir corresponsabilidad fiscal las CCAA en las que gobierna el PP, que baja impuestos de forma sistemática a unos pocos?, ¿cómo se pueden dar ayudas y mantener los servicios sin la debida recaudación solidaria por parte de quienes más tienen?, ¿cómo se financia la recuperación económica y social dejando de recaudar millones de euros?

Resulta decepcionante ver cómo juegan con la financiación de la que dependen unos servicios públicos empobrecidos. La ciudadanía valenciana tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones a la educación pública y de calidad, a una asistencia sanitaria suficientemente dotada y a unos servicios sociales dignos, independientemente de su código postal.

Esta acción, que solo puede tacharse de oportunista, nos ha llevado a los sindicatos a convocar movilizaciones este domingo 2 de febrero a las 12 horas en toda España. Y es que lo que pasó el 22 de enero en el Congreso fue una agresión sin precedentes a la mayoría social, la clase trabajadora, y especialmente a las personas más vulnerables. El PP justificó su negativa a cuento de un palacete que ya negoció Aznar y Rajoy; y Junts mintió sobre que se permitía la subida del IVA de alimentos básicos y de la electricidad. Y como no era suficiente, repitieron el mantra de la “okupación”, contribuyendo a expandir la alarma social ficticia que han creado y que no se sostiene con datos. Solo el 0,06 % de los hogares son “okupados” y, si se trata de vivienda habitual, el desalojo se produce con rapidez.

Fake news para enturbiar y manipular a la opinión pública, sin reparar en el creciente hartazgo de la ciudadanía ante la impunidad de las acciones de quienes deben ser (y actuar) como nuestros representantes. Algo de todo ello estamos viendo con la gestión de la dana, cuando políticos sin escrúpulos lanzan el bulo de que las ayudas del Gobierno de España se tienen que devolver o pagar intereses. No es decente aprovechar la situación que vive la gente ante una catástrofe, que pudo ser anunciada con mayor antelación por el Consell, para sacar rédito partidista. Y no caeré en el tópico de meter todo comportamiento político en el mismo saco, porque son muchas las ocasiones en las que este noble arte cumple su función, la de resolver los problemas de una ciudadanía que también debería hacer el esfuerzo por mantenerse informada para separar el trigo de la paja. 

Es cierto que con este nuevo acuerdo la gran parte del escudo social se mantiene, incluyendo alguna otra medida en materia de vivienda que refuerza la prórroga de la moratoria de desahucios. Aun así, quedan pendientes de una aprobación posterior, la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional, que esperamos se resuelva de forma inmediata, y más con el último pacto entre Gobierno y sindicatos para subirlo en 2025. Asimismo, se han caído de la norma las ayudas a la movilidad eléctrica, las subvenciones a la modernización tecnológica de pymes, medidas de modernización de las administraciones públicas, el paquete de incentivos fiscales, medidas tributarias, mejoras de financiación territorial, o las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

Por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía a participar masivamente en estas movilizaciones e invitamos a otras organizaciones sociales, sindicales y políticas que compartan estas reivindicaciones a sumarse, para que el oportunismo político no se plasme en recortes, para exigir que no se juegue con la gente y se nos tome como rehenes, porque los derechos sociales no pueden utilizarse como arma arrojadiza. Lo decimos poniendo la vista en las importantes medidas que todavía deben tramitarse en las Cortes Generales, como la reducción de la jornada o los Presupuestos Generales del Estado que deberán incorporar, entre otras cuestiones, ayudas a las personas afectadas por la dana.

A esto se añade la situación de la vivienda, que para el Gobierno valenciano es más un bien de mercado que un derecho. Muestra de ello es la modificación normativa para poder descalificar la vivienda protegida de forma temprana, haciendo que la inversión pública pase a manos privadas, además de su negativa a aplicar la ley estatal que le permitiría declarar zonas tensionadas y así limitar los precios. El acceso a una vivienda digna y asequible, ya sea en alquiler o en propiedad, se ha convertido en un drama para una gran parte de la población valenciana, especialmente para las personas jóvenes.

Este año se ha caracterizado también por la ruptura del gobierno de coalición, a cuenta de las personas migrantes. Vox vuelve a tirar, como en tantas otras ocasiones, de racismo e inhumanidad y deja a Mazón en minoría, complicándole la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat. La misma dificultad en la que se encuentra Sánchez, que debe hacer continuos equilibrios que ralentizan muchos de los avances sociales pendientes en la mesa del diálogo social. En este contexto, hemos conseguido acordar la reducción de la jornada laboral sin merma salarial, un avance significativo para redistribuir los beneficios económicos de la productividad en favor de la igualdad y de la calidad de vida de la clase trabajadora. Un pacto bilateral entre el Gobierno y sindicatos, dado que la CEOE, en un nuevo ejercicio de egoísmo, se ha descolgado. Pero no todo acaba aquí, falta la tramitación parlamentaria y veremos qué grupos políticos se posicionan al lado de los trabajadores y, fundamentalmente, de las trabajadoras.

Estamos ante dos Gobiernos de signo distinto cuya convivencia es compleja. Por un lado, el Ejecutivo central puede ser un límite a la penetración de la agenda neoliberal del Consell, y por otro, el autonómico tiene capacidad para reducir considerablemente el efecto de las políticas progresistas fruto de la concertación. En el País Valenciano, el diálogo social goza de peor salud, aunque crece en número de reuniones, excepto las submesas de educación y de sanidad que siguen paralizadas, sigue sin avances sustanciales en contenido. Asimismo, es destacable que no se hayan respetado los acuerdos del Botànic, alguno de ellos en materias tan sensibles como servicios sociales. Un pacto que venía a mejorar la calidad de la atención y las condiciones de trabajo de su personal en cuanto a jornada y salario. Esta situación la ha venido a empeorar la Ley de simplificación administrativa que, entre otras cuestiones, elimina la obligación de la prestación de servicios básicos de infancia, de violencia de género, de acogida o de atención ante situaciones de necesidad social, por parte de la Administración Pública. También duplica, hasta llegar a 150, las plazas máximas permitidas en las residencias de personas mayores dependientes, retrocediendo a un modelo caduco por anteponer los intereses empresariales.

Y es que la calidad de nuestros servicios públicos viene determinada por el esfuerzo presupuestario, pero también por la suficiencia de recursos que debe provenir de un cambio en el modelo de financiación autonómico, ligado a una reforma fiscal en profundidad. Mientras tanto, la condonación de la deuda, que parece que a principios de año se concretará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es un paso, aunque a todas luces insuficiente. Serán los dos grandes partidos que gobiernan en el Estado y en las comunidades autónomas, los que deben anteponer el bienestar de la ciudadanía a los cálculos electoralistas para reformar el modelo. Este año será más que necesario, puesto que tenemos que hacer frente a una previsible ralentización de la economía valenciana como consecuencia de la dana.

Hay un antes y un después de esta catástrofe. Todavía seguimos en estado de shock colectivo por las 224 personas fallecidas, las tres desaparecidas y las pérdidas materiales. Una vez que pase la situación de emergencia, en la que aún estamos, veremos las consecuencias de salud física y mental provocadas. Y es que pasados casi dos meses, sigue habiendo mucho por hacer, responsabilidades por asumir y preguntas que contestar. ¿Por qué no se tomaron en consideración los avisos de los organismo oficiales? ¿Por qué la Generalitat constituyó el Cecopi días antes pero la alarma se emitió cuando ya había gente fallecida? ¿Por qué el president no asume ningún tipo de error a pesar de haber estado desaparecido durante horas? ¿Por qué está situado en una guerra infructuosa de cifras comparativas con el Gobierno central sobre quién pone más o miente sobre que las ayudas se tienen que devolver?

Demasiados porqués a resolver antes de vernos desbordadas de nuevo por los efectos del cambio climático. Demasiados retos por delante para articular el desarrollo social y económico de esta comunidad autónoma. En este 2025, CCOO PV jugará el papel que se espera de la primera organización sindical y social del País Valenciano, para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de la gente, con determinación y con esperanza. Salud.

Es justo, por tanto, que los sindicatos reclamemos una redistribución de la riqueza y que la recuperación económica, producida en buena medida a costa de una clase trabajadora que ha cargado con las consecuencias de una inflación desbocada, nos revierta. En este caso, por la vía de la reducción de la jornada, sin reducción salarial. Si tomamos en consideración el volumen de horas extra que se realizan, la mayoría ni siquiera pagadas, además de denunciar el fraude que supone para quiénes lo sufren y para las arcas públicas, da cuenta de los miles de puestos de trabajo que se podrían generar.

También debemos contemplar, a la hora de la implantación de esta medida, que ya en muchos sectores y empresas hemos negociado convenios que recogen jornadas inferiores a las 40 horas semanales. Hemos de tener en cuenta que las horas semanales son una referencia, y que lo importante es que, una vez se reduzca a 37,5 horas, lo podamos trasladar a los convenios colectivos con la distribución anual de la jornada que va a depender del sector productivo y su idiosincrasia.

Así que no compartimos la estrategia de la CEOE, que sigue azuzando el miedo hacia una hipotética destrucción de la economía y amenazando con bloquear la adaptación de los convenios colectivos. Su última advertencia ha sido la de asegurar que solo cederá si obtiene una rebaja significativa de los costes laborales. Traducido al lenguaje del común de los mortales, la patronal demuestra su patriotismo admitiendo públicamente que quiere aportar menos al sostenimiento del estado del bienestar, aunque sin renunciar a reclamar ayudas para sus sectores productivos.

En cambio, los sindicatos consideramos que esta medida, además de para la creación de empleo, tendrá un impacto positivo en la salud física y mental del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Reducirá el impacto de las bajas médicas o los accidentes, ya sean in itinere o en el centro de trabajo. Favorecerá la igualdad de oportunidades, la conciliación familiar y la corresponsabilidad en los cuidados. Tendrá beneficios ambientales, tal y como pudimos comprobar en pandemia, al reducirse las emisiones vinculadas a la movilidad, o disminuir el uso energético para establecer políticas de mitigación frente al cambio climático. Y desde luego, contribuirá a revitalizar la actividad económica, especialmente en los sectores relacionados con el ocio y el tiempo libre.

Pero por encima de todo, servirá para que la gente viva mejor, porque humanizará las relaciones laborales, porque responderá a la demanda de “trabajar para vivir y no vivir para trabajar”. Argumentos nos sobran para tratar de que se materialice esta reducción de jornada hasta las 37,5 horas por ley, con la mira puesta en que puedan disminuirse hasta las 35 a través de la negociación colectiva.

Por eso esta semana iniciamos movilizaciones, y digo bien, iniciamos, porque seguiremos presionando a la CEOE para intentar alcanzar un acuerdo. Y en el caso de que sea inviable, porque insista en mantener propuestas alejadas de la realidad y de lo que necesita este país, emplazaremos al Gobierno a que cumpla con su obligación y legisle. Y a los partidos políticos a que se retraten en el Congreso, votando a favor de la clase trabajadora o en contra, como ya lo hizo la derecha y extrema derecha con la reforma laboral, la de las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional.

Un panorama que tendrá un impacto aún desconocido según el resultado de las elecciones de Estados Unidos y sus repercusiones a nivel europeo. Aunque ninguno de los candidatos plantea propuestas revolucionarias, no nos engañemos, el trumpismo puede traer consecuencias dramáticas para la estabilidad a escala mundial. Y es que la oleada reaccionaria se extiende, haciendo escala en Argentina, con la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, o en la propia Europa, donde la derecha y la extrema derecha han crecido en votos. Destacable el fenómeno Alvise que ha obtenido, sin realizar campaña electoral al uso, más de 800.000.

La abstención ha superado el 50 %, cuestión que nos lleva a pensar que para la ciudadanía es un proceso electoral muy lejano de su día a día, cuando en realidad, más del 80 % de las cuestiones que se aprueban en Europa tienen una afectación directa en nuestro país. Cierto es que no ha habido debacle de las izquierdas, como algunos auguraban, o que en pocas semanas hemos visto cómo Meloni ha perdido las elecciones municipales en Italia, los conservadores han sufrido una histórica derrota en Gran Bretaña y el Nuevo Frente Popular ha desbancado al partido de Le Pen en Francia, signos que dan oxígeno a la democracia.

En nuestro país, la crispación política está eclipsando el debate de la situación económica y de la necesidad de encontrar respuestas a problemas reales de la ciudadanía como la vivienda, la calidad en el empleo o de los servicios públicos. La configuración del Gobierno no permite una estabilidad y mayorías holgadas para desplegar una agenda social amplia que nos haga ganar en derechos, dando continuidad a los grandes ejes de la legislatura pasada. En estas circunstancias, el diálogo social debería adquirir un papel preeminente. Son muchas las cuestiones pendientes, como la derogación de la Ley mordaza; dar continuidad a la reforma laboral, modificando la regulación del despido y la estructura de la negociación colectiva; reorientar las reformas en materia de Seguridad Social, para concretar la cotización por ingresos reales en el trabajo autónomo; reducir la jornada laboral; ampliar la protección de las personas desempleadas; continuar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para contribuir a la transformación del tejido productivo español; acordar una estrategia de cuidados y reforzar las políticas de igualdad.

Otro gran reto es el de la vivienda, cuya legislación ha quedado en papel mojado por su inaplicación en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Y es que en nuestro territorio estamos sufriendo los efectos del cambio de ciclo. Las políticas públicas en importantes materias como la sanidad, la educación, la formación profesional, los cuidados o la vivienda, afrontan un reto decisivo para determinar si se da o no un avance social. De momento, el ritmo en las reuniones de las mesas del diálogo social es más que mejorable, ya que algunas ni siquiera se han convocado. Una muestra de que la voluntad política está más cercana a las palabras que a los hechos.

En cambio, podemos decir que la evolución del empleo es la mejor variable de la economía española. Somos el país de Europa que más lo genera, batiendo récords de cotizantes a la Seguridad Social. Ahora hemos de incidir en su calidad y seguir la hoja de ruta que el sindicato marcó este 1º de Mayo: empleo decente, reindustrialización, transición energética, fortalecimiento de los servicios públicos y un pacto estatal por los cuidados. El primer paso de esta estrategia pasa por una reducción de la jornada laboral sin merma salarial. Para exigirlo, si no hay avances, comenzaremos el curso con movilizaciones. Las amenazas de la patronal, que ya fallaron en sus predicciones apocalípticas de destrucción de empleo por las subidas salariales, y que pretenden bloquear los convenios colectivos, tendrán una contestación en las calles.

En su momento, desde CCOO hemos defendido la creación de una tasa turística. Una tasa que debía implantarse, como en otras ciudades de España y de Europa, con recaudación autonómica y dedicada a proyectos de conservación del patrimonio, de accesibilidad para personas con discapacidad o de limpieza de residuos. Una tasa que, a pesar de que está demostrado que no ahuyenta a turistas, tuvo una cerrada oposición. Todavía me pregunto cuál es la alternativa que plantean a la masificación turística, al deterioro del patrimonio cultural o a la gentrificación de los barrios. De momento, la desconocemos.

El acceso a la vivienda en nuestro país tiene dificultades estructurales que ninguno de los gobiernos anteriores ha querido afrontar. Las políticas públicas han favorecido la especulación inmobiliaria. De hecho, hoy en día la vivienda parece más un bien de mercado, muy rentable, en vez de un derecho. Se está invirtiendo mucho dinero en el sector inmobiliario para obtener una rentabilidad rápida fruto de la especulación, y se está dejando de invertir en sectores de mayor valor añadido o en una industria más sostenible. No estamos generando empleo, estamos generando rentistas.

La media de edad para emanciparse está ya por encima de los 30 años. Es imposible irse de casa si tienes que invertir el 93,9 % de tu salario en el alquiler, además de cubrir el resto de los gastos, como la comida o el transporte. Existe una total desconexión entre el mercado del alquiler y los salarios de las personas inquilinas. Además, es nula la capacidad de negociación con los propietarios, las inmobiliarias siguen cobrándoles honorarios y los requisitos de acceso son excesivos.

Podemos seguir acordando medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o incrementos salariales por la vía de los convenios colectivos, que todo se lo come la vivienda. Quienes tienen hipoteca han visto cómo se ha disparado con las subidas de los tipos de interés. Quienes tienen alquiler han sufrido un encarecimiento de casi un 40 % desde 2008. Quienes tienen menos recursos se ven abocados a compartir piso y una habitación en Valencia te puede costar 500 € al mes. Frente a esta complejidad, las políticas públicas de vivienda ni están ni se las espera, confiando en la sacrosanta autorregulación. Y mientras obviamos las disfunciones del libre mercado, la situación se vuelve insostenible, haciendo cada vez más difícil acceder a una vivienda digna.

Las ayudas al alquiler y el bono joven pueden enfocar las luces de cruce, pero no tienen sentido si no se acompañan de las demás. Las antiniebla deben visibilizar las ventajas de la eliminación de los alquileres turísticos, la limitación de precios o declaración de zonas tensionadas. Es necesario recordar que la ley estatal posibilita la regulación de precios en las zonas tensionadas. Pero su aplicación se deja en manos de las comunidades autónomas y, en la nuestra, ya se ha anunciado que no se iba a aplicar.

Las luces largas deben señalar la rehabilitación de viviendas antiguas y la ampliación, o creación, de un parque público en régimen de alquiler social o de compra, porque construir más no implica que bajen los precios. Las luces de marcha atrás deben recorrer el camino del gobierno valenciano anterior, que tenía proyectado poner a disposición de quienes más lo necesitan la vivienda de la SAREB.

¿Cómo sociedad, qué le estamos ofreciendo a la ciudadanía y, muy especialmente, a la juventud? Podemos aseverar que con la vivienda, como con otras cuestiones, el ascensor social se ha estropeado. Ahora mismo es un factor de desigualdad de primer orden. De dónde vivimos depende nuestra salud, que podamos acceder a uno u otro empleo, a una u otra formación, a uno u otro servicio público.  

En definitiva, apostar por el estado de bienestar es apostar por acabar con esa desigualdad estructural en el acceso a la vivienda, instalada en nuestro país por donde miremos, incluso más allá de las grandes ciudades. La justicia social pasa por hacer cumplir este derecho establecido en la Constitución, garantizado por cualquier gobierno, sea del color que sea.

Si como apuntan las encuestas crece la extrema derecha, que ni siquiera se cree la Unión Europea y que pretende desintegrarla, se van a condicionar las políticas de alianzas. En vez de reforzar las instituciones europeas para abordar las transformaciones necesarias, corremos el riesgo de desintegración. Eso significará que no pintaremos nada en el mundo y que se pondrán en marcha políticas contra los intereses de la clase trabajadora, como ya hemos visto en las Cortes generales cuando sistemáticamente PP y Vox han votado en contra de la reforma laboral, la de pensiones o la subida del SMI. Pero también van a ir en contra de la mayoría social, especialmente en materia de igualdad, como estamos viviendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Un riesgo que no nos podemos permitir.

Europa parece lejana a los problemas del día a día de la ciudadanía, pero el resultado de estas elecciones va a marcar el camino hacia la consecución de derechos y libertades para los próximos años, tan importantes para las trabajadoras y los trabajadores, más de lo que se pueda imaginar. Porque en muchas cuestiones, la legislación que se aplica en España, proviene de las instituciones europeas en porcentajes superiores al 80 %. Muchas de nuestras leyes acaban siendo la transposición de normativas que se han decidido allí.

Fijándonos en cómo nos va en España, podemos decir que el empleo ha mejorado gracias a toda una serie de reformas, fruto del diálogo social, que seguían unos parámetros establecidos en Europa y que han dado como resultado una mayor estabilidad en nuestro mercado laboral. La temporalidad se ha reducido, aunque la parcialidad involuntaria sigue siendo elevada y el desempleo todavía está en niveles inaceptables, a pesar del buen ritmo de creación de empleo.

Otro paso dado, pero que necesita de una mayor firmeza, es el del incremento salarial. Hay margen para ello, solo hay que ver cómo en 2023 ha habido récord histórico de márgenes empresariales. Se debe desterrar por tanto ese mantra de las patronales españolas por el que debemos ser más productivos sirviendo en bandeja de plata la precariedad laboral. Esto ya no es creíble con todos los datos encima de la mesa y con las previsiones de crecimiento. En nuestra opinión, se dan los mimbres para modificar la normativa laboral que propicie una reducción de la jornada y el incremento de los salarios. Una posibilidad que podría estar en riesgo con los resultados de las próximas elecciones europeas si avanza la derecha y la extrema derecha, posicionadas del lado del capitalismo más agresivo que hayamos conocido, recrudeciendo el conflicto capital-trabajo.

No es cuestión de meter el miedo en el cuerpo a nadie, sino todo lo contrario, de infundir esperanza en que podemos contribuir a que se pongan en marcha políticas distintas para responder a las transiciones digital y ecológica. Avances en materia de natalidad y de cuidados, para no dejarlos en el ámbito familiar, donde las que salen perdiendo son siempre las mujeres con el dichoso rol de género. Son retos que se resolverán en función de quién tenga la mayoría en Europa. No será lo mismo el negacionismo de la desigualdad entre hombres y mujeres, o del cambio climático, que legislar teniendo en cuenta que hay que gobernar avanzando en derechos y protegiendo el medioambiente.

Además, tenemos a las puertas de Europa conflictos bélicos que no se podrán resolver si quienes están a los mandos son coaliciones de progreso o de extrema derecha. No es lo mismo respetar los derechos humanos que justificar la masacre que, por ejemplo, se está perpetrando contra el pueblo palestino. Y por lo que hemos visto, las derechas “amables” se han destapado y han abandonado la opción del cordón sanitario de estos últimos años, puesto que están dispuestas a negociar y acordar como decía hace unos días Ursula Von der Leyen.

En definitiva, la clase trabajadora debemos decidir entre avance o retroceso, y para ello debemos movilizarnos como lo hicimos el 23 de julio en España, votando por la defensa de nuestros intereses. Si no votamos, lo harán quiénes no quieren la igualdad entre mujeres y hombres ni derechos LGTBI, quiénes niegan la violencia de género, justifican el genocidio y no respaldaron la reforma laboral, la de las pensiones o del SMI. Votarán quiénes defienden la especulación inmobiliaria, el turismo masificado y obtienen grandes beneficios mientras se niegan a subir salarios. Votarán quiénes niegan el cambio climático, están en contra de reforzar la sanidad, la educación o los servicios sociales públicos y albergan mantener privilegios para unas élites y no derechos para la mayoría social. Tú decides.

El éxito de las políticas públicas desplegadas con la gran participación sindical desde la crisis del Covid a esta parte, ha supuesto, a su vez, el fracaso de las recetas neoliberales aplicadas con especial énfasis en anteriores períodos recesivos. Por la vía de los hechos, se han ratificado los planteamientos del sindicalismo de clase, siendo compatibles una batería de mejoras legislativas, eso sí, con el margen concedido por la Troika europea, dirigidas a dignificar las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social, con la mejor tasa de empleo de nuestra historia, como acredita la cifra record de personas afiliadas a la SS.

Avalados por los logros de la pasada legislatura, casi todos en el marco del Diálogo Social, este Primero de Mayo reclamamos espacio en la agenda social y política de este país para incidir en los avances que deben darse en las relaciones y que quedan todavía por abordar. La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, la mejora en las condiciones de despido, la extensión de derechos de la ley rider a la totalidad de personas trabajadoras en el ámbito de las plataformas, aumentar la participación de las personas trabajadoras en la empresa, o un marco de adaptación efectiva de las personas trabajadoras a las transiciones en el empleo son algunas de estas mejoras a acometer. Reclamamos “menos jornada y más salarios” con las miras puestas en el Pleno Empleo, que ya no parece un sueño inalcanzable, y lo hacemos en un contexto donde los beneficios empresariales se han incrementado un 64% durante los últimos 5 años.  Mientras que el propio Observatorio de Márgenes Empresariales cifra una mejora sustancial de la productividad por asalariado (16%), las patronales siguen reticentes a abordar un reparto más justo de las rentas del trabajo, algo del todo insostenible.

Poco a poco constatamos que está mejorando significativamente la composición del empleo. Una parte muy considerable del empleo creado se concentra en ocupaciones técnicas. Aunque todavía andamos lejos de considerar suficientes estos cambios, apuntan una potencialidad nada desdeñable ahora que está por producirse el cambio de modelo productivo que con tanta insistencia reclamamos. En este momento, se hace más necesario que nunca una apuesta rotunda en materia de políticas sectoriales. Sin un pacto por la industria que aproveche toda la potencialidad que nos brinda la transición digital y energética de nuestro País, aprovechando los Fondos Next Generation, no va a ser posible cambiar la fisonomía de nuestro empleo para encaminarlo hacia los estándares que definen el trabajo decente. Debe ser una ventana de oportunidades para el País Valencià, un territorio particularmente necesitado de diversificar y ampliar el tejido productivo, dada nuestra excesiva dependencia del sector servicios. Las dificultades por las que atraviesan sectores de tanto peso como la industria del automóvil, y ya en menor medida el sector de la cerámica, invita a pensar que urge una respuesta pública sólida que permita acelerar el proceso de cambio que estamos viviendo. Es necesaria la voluntad presupuestaria, pero también política si queremos el avance social y económico que necesitamos en nuestro territorio. Precisamente esa es la exigencia que se oirá en las calles una jornada tan reivindicativa como festiva como es el Primero de Mayo.

El contexto internacional sigue condicionando la marcha de nuestra economía. El drama de la guerra de Ucrania parece haber sido eclipsado por el genocidio al que está siendo sometido el pueblo Palestino. Otra muestra de barbarie difícil de asimilar, tanto como que la comunidad internacional sea incapaz de adoptar una posición. Salvo honrosas excepciones, la equidistancia es generalizada ¿Dónde ha quedado el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos?

Los efectos de la inflación siguen siendo severos, aunque con cierta tendencia a la moderación, un respiro al que han contribuido las medidas para combatir una crisis que ha mermado el poder de compra de unos salarios congelados. El empobrecimiento de la población es una amenaza seria de involución de nuestro estado de bienestar. Las medidas estructurales de contrapartida a la recepción de fondos europeos en la recuperación post COVID, la reforma laboral, el incremento del SMI y de las pensiones, han sido determinantes, aunque apenas han logrado mantener el poder de compra de los salarios.

El éxito de la reforma laboral se ha concretado en una reducción drástica de la temporalidad en la contratación y se han recuperado derechos en materia de negociación colectiva. Los mantras neoliberales han quedado fulminados por la realidad de que no solo no se ha destruido empleo, sino que se ha creado y de mayor calidad.

El Gobierno debería volver a ampararse en el diálogo social como la forma más sólida de construcción de derechos. El error a propósito de la modificación del subsidio por desempleo casi sin diálogo y concertación social no debería repetirse, a la vista de la productividad obtenida desde el perímetro del diálogo social en la pasada legislatura.

La política de tipos de interés del BCE ha actuado como un factor neutralizador de la tímida revalorización salarial pactada en la negociación colectiva. Una subida que seguimos peleando convenio a convenio, con las miras puestas en la constante reivindicación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

Este año se ha caracterizado también por los procesos electorales. Contra todo pronóstico se ha mantenido el gobierno progresista en la nación, una coalición de frágiles equilibrios aritméticos que podrían limitar la agenda de avances pendientes de negociación en la Mesa del Diálogo Social. Las primeras iniciativas de la legislatura arrancan sin tener en cuenta el papel constitucional reservado a los agentes sociales más representativos, una función que la negociación entre partidos debe respetar.

Otro gobierno de coalición, en este caso de derechas, gobierna el País Valenciano tras casi 8 años de Botànic. Dos gobiernos de signo distinto cuya convivencia se percibe compleja. El central puede ser un límite a la penetración de la agenda neoliberal del gobierno de Mazón, y el autonómico tiene capacidad suficiente para reducir el efecto de las políticas progresistas derivadas del diálogo social estatal. Sirva como ejemplo que, al tiempo que se reclama un cambio de modelo productivo y la compensación por el déficit ocasionado por la insuficiencia del modelo autonómico para mantener los servicios públicos, la primera decisión del Consell haya sido la supresión y la reducción de tipos impositivos para las rentas más altas, en un ejercicio de esquizofrenia política que solo es la antesala de lo que está por llegar.

Una vez que el cambio de modelo de financiación autonómica se ha colocado en la agenda política inmediata, CCOO PV insistirá en la demanda de una reforma fiscal en profundidad que mejore la suficiencia recaudatoria del sistema. Nos va mucho en juego, la calidad de nuestros servicios públicos no pueden depender de un sobreesfuerzo presupuestario o del aumento insostenible del déficit público. La cuestión del “finançament” no puede convertirse en un arma arrojadiza al servicio de los intereses partidistas, por lo que esperamos altura de miras política.

2023 también ha sido un año de intensificación de esfuerzos sindicales para contribuir a la igualdad laboral real entre hombres y mujeres, a través de los planes de igualdad. Las múltiples brechas de género persistentes tienen su reflejo en el mercado laboral, y que hay que erradicar con determinación. Reivindicamos un compromiso político con un sistema potente de cuidados que genere trabajo decente y dignifique la situación que viven miles de personas, en su amplia mayoría mujeres.

Tras la puesta en marcha del nuevo Consell la activación del Diálogo Social debe ser una prioridad, dado que el compromiso del president de la Generalitat de relanzar las mesas del diálogo social no se ha cumplido. La única reunión mantenida ha servido para finiquitar el Acuerdo de mejora de las condiciones de trabajo, en el ámbito de la jornada y salarial de los servicios sociales.

Cuando hablamos de activar el diálogo social hablamos de la necesidad de interlocución para articular el desarrollo social y económico de esta comunidad económica, hablamos de generación de empleo inclusivo, sostenido y sostenible, de la eliminación de toda forma de discriminación, de la transformación de nuestro modelo productivo. Los sindicatos de clase debemos jugar el papel que se espera de las primeras organizaciones sociales del PV, puestas al servicio del avance colectivo hacia una sociedad más justa donde vivir y trabajar. Con ese deseo complejo nos adentraremos con determinación y esperanza en el año 2024. Salud.

Ahora que vivimos un cierto resurgimiento de la extrema derecha en muchos países del mundo, el elemento movilizador que caracterizó aquel encuentro de 1937 está plenamente vigente. Así que no se me ocurre mejor escenario que la ciudad de Valencia para tejer complicidades y dotarnos de herramientas para identificar y combatir las nuevas formas de la extrema derecha, cada vez más presentes y con más influencia en buena parte de las democracias occidentales. Aparentemente, el fenómeno ha mutado, pero en el fondo sigue siendo, como lo era entonces, la principal amenaza para la convivencia, los derechos y las libertades de la mayoría social.

Su capacidad de influencia está contribuyendo a una radicalización, más o menos grosera, de las derechas de tradición más liberal. Una simbiosis que se está demostrando como un elemento disruptivo que afecta de lleno a la normalidad de la democracia, en cuya defensa, el sindicalismo de clase está llamado a jugar un papel determinante. El movimiento obrero internacional debe aplicarse en dar respuesta a una ideología, que tiene réplicas en todas las latitudes del mundo,  y que tiene como punto de mira el retroceso de los derechos de la clase trabajadora, luego  impugna directamente el papel garante de las organizaciones sindicales allí donde logran gobernar.

A pesar de las maniqueas maniobras de distracción, tenemos que mostrar rotundidad al afirmar que las nuevas formas de esta derecha suponen el resurgimiento del fascismo en el contexto internacional. Pese a los esfuerzos por adaptación de su mensaje, Trump, Bolsonaro, Orban, Salvini, Meloni, Le Penn o Abascal son perfectamente identificables como elementos reaccionarios de extrema derecha. La aceptación del juego parlamentario y la aparente renuncia al uso de la violencia para imponer su ideario político, no maquilla un discurso totalitario que emparenta, sin mucho disimulo, con los regímenes fascistas de entonces.

Su objetivo es el mantenimiento de la hegemonía cultural para conservar, y si es el caso restaurar, privilegios de las élites a las que sirven. Para eso ya no es necesario acabar con la democracia, basta con hacerse con el control de las instituciones y ejercer el poder de facto. Se frenan así los avances sociales y se retuerce el sistema hasta que está suficientemente adaptado para servir a sus intereses. Todo ello, a costa de los derechos de la mayoría social y de la calidad democrática de los países en que gobiernan, porque con la legitimidad obtenida a través de las urnas, aniquilan principios tan básicos como la división de poderes o la libertad de prensa. Estamos hablando de un fenómeno internacional, que se sirve de la democracia representativa como herramienta de blanqueamiento de lo que es: fascismo en estado puro.

El auge de la extrema derecha es consecuencia en buena medida de las políticas neoliberales y de las enormes desigualdades sociales intensificadas por la gestión austericida de la crisis financiera de 2008. Si a aquella crisis de la que a duras penas nos costó recuperarnos una década, le sumamos los efectos del nuevo contexto geopolítico y la insólita inflación de dos dígitos, el resultado es un empobrecimiento generalizado de las clases populares. Esto, sumado al hastío y al descrédito de la política, ha sido el mejor caldo de cultivo para los discursos del odio, que han aprovechado la capacidad de penetración que ofrece Internet y los medios de comunicación proclives a amplificar bulos de toda índole, para generalizar un mensaje ultraconservador, ultranacionista, supremacista y autoritario. En muchos casos, ha seducido incluso a quienes más deberían temerlo, a quienes no tienen casi nada, que malviven de un salario insuficiente, y que pueblan los barrios más populares de las ciudades de países como EEUU, Brasil, Hungría, Italia, Francia o nuestro propio país.

El trazo ideológico sigue la misma constante, los partidos de la derecha alimentan la batalla cultural acudiendo a fórmulas populistas para ampliar sus bases electorales, mientras que de manera soterrada imponen una agenda neoliberal que pasa inexcusablemente por la privatización progresiva de servicios y coberturas sociales, una reducción impositiva para las clases altas y un retroceso en los derechos de las personas trabajadoras. Con una enfermiza apología del concepto deformado de “libertad”, se articulan teorías conspirativas que fomentan el racismo y la xenofobia, se reacciona ante los avances en igualdad, que son tachados de ideología de género y hasta se niega el cambio climático. Se requieren pocos matices para definir el sustrato ideológico de su discurso. De cómo enfrentarlo, es de lo que se trata.

No cabe duda de que el rearme de la capacidad de la negociación colectiva o la disminución de la temporalidad en el empleo están operando de manera significativa en la reducción de la precariedad laboral. Pero no es menos cierto que resulta apremiante abordar la regeneración de los sectores que mantienen su competitividad a costa de ofrecer unas pésimas condiciones de trabajo.

A pesar de que en este país sigue habiendo más de 2.700.000 personas paradas, es en los sectores donde predomina el empleo de bajo valor añadido donde se concentra el recurrente debate de las ocupaciones de difícil cobertura. Asistimos frecuentemente a los argumentos empresariales más gruesos, aquellos que cuestionan las prestaciones sociales porque “desincentivan la búsqueda de empleo”. Mientras, se desecha cualquier discurso sensato que se refiera a las causas de la “falta de mano de obra”, a la incapacidad de generar empleo decente, a los bajos salarios, o a las jornadas de trabajo interminables (a las que se refería recientemente alguna voz de la patronal venida del Paleolítico que apuntaba a la “media jornada de 12 horas”). 

Curiosamente, son pocas las voces empresariales que alerten del efecto de la competencia desleal por incumplimientos de las más elementales normas laborales frente a quienes cumplen la normativa, pagan buenos salarios, y, en consecuencia, son ajenos a las dificultades a la hora de contratar personas trabajadoras.

Estos discursos conviven con otros que atribuyen el problema a la falta de cualificación de los candidatos. Las propias dinámicas de rotación laboral de sectores como, por ejemplo, el de la construcción, ha devenido en incapacidad para articular una respuesta a las necesidades de formación de las personas trabajadoras en el ámbito de la empresa. De aquellos polvos, estos lodos. Este es uno de los grandes retos que tienen las Políticas Activas de Empleo: la superación del gap que permita una recualificación específica a los nuevos perfiles que requieren los saltos tecnológicos a través de la formación para el empleo.

Esa hipotética carencia de trabajadores disponibles está en el origen de la última reforma exprés, y sin diálogo social, del reglamento de la Ley de Extranjería, al objeto de facilitar la llegada de personas trabajadoras extranjeras extracomunitarias para ocupar los supuestos empleos vacantes. De ‘facto’, parece darse por buena la premisa neoliberal que apela a los desajustes oferta- demanda sin atender a los hechos causales del problema que están en la calidad del empleo y, en cierta medida, en la necesidad de dar un salto cualitativo en las políticas activas ofertadas. 

En todo caso, no parece razonable facilitar la contratación de personas migrantes bajo el pretexto de que el mercado de trabajo no ofrece la posibilidad de contratar perfiles técnicos como camarero o cocinero, propuestas de inclusión en el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura de la CEV para la provincia de Castellón, que se nos presentó el pasado verano sin el menor atisbo de rubor. 

Hace tiempo que venimos insistiendo al Servicio Público de Empleo Estatal en la necesidad de establecer mejoras técnicas del mecanismo de determinación de la situación del empleo, a fin de poder dotarnos de un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura más fiable, ágil y eficaz que permita precisión en las necesidades reales del mercado de trabajo español. 

Teniendo en cuenta que el único procedimiento para la elaboración del Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura data del año 2005, seguimos esperando impacientes que se cumpla con lo que ya está comprometido: una revisión integral de los criterios para garantizar un sistema objetivo. Algo del todo pertinente ahora que, a días de conmemorar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, podemos presumir de haber iniciado el camino para dignificar las condiciones del empleo en nuestro país.

La estrategia del ‘todo o nada’ a la que ha sucumbido el PP ha fracasado estrepitosamente. En un tiempo donde las certezas no abundan, parece confirmarse que la hora de las mayorías absolutas, salvo excepciones puntuales, se ha acabado. La ciudadanía ha refrendado con su voto la idea de que no hay aritmética parlamentaria de gobierno sin diálogo con quienes piensan distinto. Una derecha que necesita sumar con la ideología que representa VOX, no suma, sino resta, en la medida en que cierra cualquier puerta de entendimiento en un Parlamento plurinacional y diverso, muy reactivo a las nostalgias del pasado. El PP español debería aprender de sus homólogos en Francia y Alemania, mejor les iría. A día de hoy, el PNV no está dispuesto ni tan siquiera a sentarse con ese tándem. Feijóo ha perdido la partida y, a poco que Sánchez logre configurar una mayoría, la cosa acabará en jaque mate. Al tiempo.

A pesar del calor, la participación el 23 de julio ha superado en más de 4 puntos la registrada en los comicios de noviembre de 2019. En buena parte ha sido gracias al encomiable trabajo del personal de Correos que, pese a las muchas dificultades, se ha dejado la piel para que hayamos podido ejercer con absoluta normalidad nuestro derecho al voto. La sombra de duda agitada por la derecha, con alguna colaboración desafortunada, es sencillamente impresentable. Aprovecho estas líneas para rendir un merecido reconocimiento a las personas trabajadoras de este servicio público, que se ha demostrado tan esencial como siempre.

Les reconoceré que el resultado del pasado domingo supone un respiro. La posibilidad de tener instalado a VOX en el Consejo de Ministro traía ecos del pasado mayo. Aunque justo es reconocer que, en nuestra autonomía, la distribución de áreas de trabajo del nuevo Consell parece atenuar el peso de la ultraderecha, el discurso del PP en muchos aspectos deja poco espacio a la tranquilidad. Ya le decíamos al president Mazón que plantear una enmienda a la totalidad de las políticas públicas del Gobierno de coalición no parece una garantía de salvaguarda de los avances sociales de la última legislatura. En este sentido, el resultado electoral de las pasadas generales, si es que efectivamente cristaliza en la conformación de un nuevo Gobierno de progreso, puede ser un contrapunto más que necesario a la configuración de poder institucional en el País Valenciano. Ahora que todo indica que la UE plantea un cambio de ciclo, con la vuelta a la regla de gasto y la definición de nuevas reglas fiscales, lo último que necesitamos es un BOE y un DOGV alineados en una deriva de recortes de servicios públicos y de los tributos que los sostienen.

Desde el sindicato venimos insistiendo en que vivimos un momento de enorme trascendencia de modernización de nuestro país. Debemos aprovechar el consenso alcanzado en la concertación social para incidir en la definición de un marco legal de relaciones laborales, que ahora sí, permite sentar las bases para mejorar la productividad mediante la creación de valor añadido, el fomento de la innovación y el aprovechamiento de las potencialidades de las personas trabajadoras. Los fondos europeos deben servir para reactivar nuestra economía desde esta perspectiva, con inversiones encaminadas hacia un crecimiento económico más sostenible e inclusivo, apoyado en la economía verde y la transición digital, en el desarrollo de sectores estratégicos, la I+D, la educación y la formación profesional. Eso es reforzar el Estado, la cohesión social y la convivencia. Hablamos de necesidades estructurales incompatibles con la negación sistemática de los avances que nos ha traído la concertación social, como la subida del SMI, la reforma laboral o la de las pensiones, pero también de la necesidad de acometer un proceso de convergencia fiscal con la UE para sostener el nuevo contrato social para el siglo XXI que reclama el sindicalismo de clase europeo. Está por ver, cuánto de esto hay de realidad, y cuánto de deseo.