Las subidas de la electricidad, el gas y el petróleo pueden no solo acabar con la recuperación económica sino provocar una contracción económica si la anunciada subida de tipos por EEUU recala en Europa tras las elecciones alemanas. El actual sistema energético está en crisis en toda Europa por una regulación inservible ante los fenómenos climáticos y por mantener tecnologías obsoletas que las vigentes directivas europeas de energía obligan a sustituir.

Los avances de la innovación en generación y eficiencia energética de la última década han demostrado que los consumidores pueden gestionar y acceder directamente a la generación y el consumo de la energía que necesitan, abaratar los costes del sistema, los precios de la energía y reducir el consumo. Por el contrario, el sistema centralizado y vertical de las grandes energéticas, que funcionan como “cárteles ocultos”, según la definición de la Directiva (UE) 2019/1 sobre las autoridades de la competencia, representa un modelo de negocio ineficiente y caro porque necesita una mayor oferta de energía, un mayor consumo y pretextos, como la neutralidad tecnológica, para sortear la sostenibilidad de sus inversiones.

A pesar de las advertencias de la ONU sobre los impactos irreversibles que aceleran el cambio climático por la acción del hombre, el esfuerzo realizado para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5ºC es insignificante. Según la Agencia Internacional de la Energía, tan solo el 2% de los 16 billones de dólares de apoyos fiscales destinados a la recuperación económica de la Covid-19 se está destinando a energías limpias.

En España, la regulación y el sistema eléctrico siguen anclados en el pasado a través de cuatro principios que quedaron impresos en el Boletín Oficial del Estado desde 2009: que las renovables suponen un riesgo para el sistema eléctrico, que el principal objetivo de la regulación es garantizar los ingresos del sistema, es decir, los suficientes para cubrir los costes reconocidos y no auditados del sector eléctrico, que todos los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladan a los peajes y que la eficiencia energética penaliza la economía.

Tales principios han protegido un sistema centralizado, necesitado de una alta dependencia de las importaciones energéticas y aumento constante del consumo, es decir, un alto grado de extracción de rentas, lo que determina precios elevados de la energía. Tales principios se han apoyado en una metodología de conformación de precios del mercado mayorista que referencia los precios al de la energía más cara, que es el gas, y un mercado sin competencia, en el que muy pocas empresas tienen el control de la generación, del transporte y distribución, de la venta de electricidad y de los precios.

La necesidad de mantener el dividendo

Este modelo ha supuesto a las eléctricas alcanzar la mayor rentabilidad del dividendo energético de Europa y atraer a grandes fondos de inversión extranjeros que hoy controlan mayoritariamente el sector energético, el único que cada uno de enero tiene garantizados en el BOE los ingresos de todo el año. La necesidad de mantener el dividendo obliga a ciclos de inversión y endeudamiento, sin análisis de demanda, que acaban generando déficits que, con la garantía del Estado, terminan pagando los consumidores. La inversión extranjera en el sector energético convierte la rentabilidad y no la sostenibilidad en su principal objetivo.

Los proyectos de ley de la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera sobre creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y la retribución del CO2 no emitido son las primeras medidas de un gobierno en democracia que afectan a los ingresos de las eléctricas, gasistas y petroleras. Su reacción en contra de contribuir a los costes de la transición energética o minorar la sobrerretribución de nucleares, hidroeléctricas y renovables más antiguas, vaciando los embalses, simultaneando la recarga de nucleares, repercutiendo a los clientes los recortes, paralizando inversiones o presionando con los fondos de inversión extranjeros a Bruselas, demuestra que se carece de una regulación que tenga en cuenta los impactos del cambio climático, la variabilidad de los mercados, la libre competencia y la protección de los consumidores.

El abuso de posición dominante es la razón fundamental que impide abaratar los costes de la energía en España y proteger a los consumidores del poder de mercado de los grandes suministradores. La naturaleza especulativa del mercado eléctrico ha entrado en crisis porque el cambio climático lo hace inviable económicamente. Las directivas europeas de energía de 2018 y 2019 han convertido al consumidor cautivo en consumidor activo a través de la generación distribuida. El anunciado paquete “Fit for 55” lo quiere transformar en el consumidor cero emisiones. El negocio eléctrico ha de cambiar y la resistencia es feroz.

Recursos energéticos distribuidos

El intento histórico de Teresa Ribera por desconectar el recibo de la luz del mercado mayorista supone cambiar las prioridades del sistema eléctrico. El consumidor activo y la gestión de la demanda deben ocupar ahora el centro del sistema energético y no la oferta de las grandes centrales de generación, incluidas las renovables a gran escala. La flexibilidad energética, a través de los recursos energéticos distribuidos, será la primera referencia de los mercados de la electricidad al abrir la competencia a nuevos actores.

Tanto la Unión Europea como España han aprobado la declaración de emergencia climática. La próxima cumbre del clima de Glasgow (COP 26) será la prueba de la coherencia de sus propuestas. Las directivas europeas de renovables, eficiencia energética y mercado interior de la electricidad han definido la transición energética como la transformación de un modelo energético centralizado y vertical en un modelo distribuido basado en la gestión inteligente de la demanda y la participación de los consumidores en los mercados energéticos como fórmula para reducir las emisiones y abaratar la energía por la mayor competitividad de los recursos energéticos distribuidos.

No se trata tanto de los objetivos y medidas para descarbonizar la economía como del modelo energético para conseguirlo. La competitividad de Europa y España se juega en los próximos años. El autoconsumo, las comunidades energéticas, las baterías de almacenamiento frente y detrás del contador, el edificio de consumo nulo, la calefacción y refrigeración sin emisiones, las redes eficientes de calor y frio, los contadores y aplicaciones inteligentes como instrumento de los consumidores para la eficiencia energética, las microrredes, la carga inteligente de vehículos eléctricos en edificios y viviendas, la agregación y agregadores independientes de la demanda, son los recursos energéticos distribuidos que desarrollan las directivas europeas. Representan otro modelo industrial y aportan al sistema energético la flexibilidad y el abaratamiento de la energía que no puede ofrecer la generación centralizada.

Se necesitan nuevas reglas en los mercados energéticos, como aceptar que el primer problema es el medio ambiente y los límites del planeta, que el modelo energético no puede dedicarse únicamente a generar rentas sino a generar riqueza y que la energía más barata y limpia es la de proximidad, la que se genera en cada centro de consumo con energías renovables; de lo contrario, cada borrasca y cada ola de calor será una muestra más de cómo se derrumba el modelo eléctrico que conocemos.