Una casa es un elemento indispensable del que disponemos los ciudadanos para vivir con dignidad. El acceso a una vivienda digna es tan importante como el cuidado de nuestra salud o el acceso a la enseñanza para la ciudadanía. Cabe decir que, con unos precios de alquileres situados en la esfera en la que se encuentran actualmente, con clara tendencia al alza desmedida, existen muchas familias en nuestra Región que no disponen de las rentas necesarias para cumplir con un Derecho constitucional que debe estar protegido. Nuestra Región de Murcia registra el mayor número de desahucios en España, más de 16 desalojos por 100 mil habitantes. Optar por la compra, en una economía como la murciana, hondamente señalada por la temporalidad y precariedad laboral y salarial no está al alcance de todas las familias, muchas de las cuales tienen salarios que no llegan a cubrir las necesidades básicas de un hogar y, menos todavía, unos precios tan altos para poder tener una vivienda.

Actualmente cerca de 200.000 personas en la Región de Murcia tienen ingresos inferiores a mil euros/mes, el SMI está en 965 euros, si le sumamos que el precio de la vivienda crece hasta 7 veces por encima de lo que crecen los salarios y que el IPC no deja de subir, es necesario llamar la atención de todos los agentes públicos y privados para que cumplan con un Derecho fundamental como lo es el Derecho a una Vivienda Digna, en el Art. 47 de la Constitución Española.

Desde la Secretaría de Política Social de CCOO-RM hemos instado en innumerables ocasiones a las Administraciones Públicas para que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este Derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general y dotando a la Región de Murcia de cuantas viviendas sean necesarias, con alquileres sociales, o con los precios de venta adecuados para terminar con esta lacra que nos distingue negativamente ante otras CCAA. Y estas actuaciones son urgentes por cuanto estamos ante personas cuya situación social, económica o laboral las sitúa en una zona de riesgo y, este riesgo, debemos evitarlo desde los poderes públicos, porque es mandato constitucional.

El actual Proyecto de Ley de la Vivienda apunta en la dirección de favorecer el acceso a la vivienda de las personas que, ahora mismo, tienen mayores dificultades para alcanzar el derecho recogido en el Art. 47 CE, pero queda incompleta cuando no se utilizan todos los recursos de las Administraciones Públicas para proteger a quienes son socialmente más débiles. Además, hay declarada una insumisión de las CCAA regidas por la derecha española, cuya marca de agua consiste en la negación de auxilio a las personas que más lo necesitan y proteger los privilegios de los más afortunados y, así, estas Comunidades Autónomas ya han declarado que la Ley de Vivienda no se aplicará en sus territorios dejando, por tanto, a los posibles beneficiarios fuera del amparo que puede prestarles el Estado.

Desde CCOO-RM deseamos que la ciudadanía sea consciente de la lacra que supone esta situación en la Región de Murcia, donde la precariedad laboral, acentuada durante la pandemia, ha situado a nuestros jóvenes en un marco en el que llegan los últimos y salen los primeros de cualquier contratación laboral, impidiéndoles así la emancipación imprescindible para realizarse como ciudadanos libres y capaces. Otra situación gravísima es la que afecta a las mujeres de nuestra región, la mayoría de las cuales trabaja en el sector Servicios, con jornadas extensas y salarios míseros, en muchos casos con hijos a su cargo, a quienes difícilmente pueden atender en las necesidades más inmediatas.

En resumen, las Autoridades murcianas, todas, deberán pensar en qué tipo de región quieren ofrecer a sus ciudadanos: Si creen que merecen su atención y los esfuerzos necesarios para protegerlos o, como vienen haciendo desde hace tiempo, mantenerlos humillados y miserables para así sentirse ellos como personas importantes. Si verdaderamente quieren a Murcia han de demostrarlo tratando como merecen a todos quienes viven en Murcia. Pero no debemos continuar negando a los ciudadanos y ciudadanas murcianas los derechos constitucionales más básicos.