La Comisión Europea ha iniciado la revisión de sus “Directrices sobre Fusiones”, el marco que establece cómo evaluar las concentraciones empresariales desde el punto de vista de la competencia. Durante las dos décadas transcurridas desde su última redacción, la economía ha vivido transformaciones profundas y la investigación académica ha aportado nueva luz sobre los efectos de las fusiones. Esta actualización llega, por tanto, en un momento especialmente relevante. 

La pregunta clave es: ¿hay que relajar o endurecer el control de fusiones? En los últimos meses, la Comisión Europea ha recibido presiones para suavizar la vigilancia, con el argumento de que así se impulsaría la inversión, la innovación y la creación de “campeones europeos” capaces de competir globalmente. También se ha reclamado que, además de la competencia, se incorporen nuevos objetivos —medioambientales, geopolíticos o industriales— a la hora de decidir si se aprueba una fusión.

Nosotros defendemos que existen fundamentos empíricos y teóricos para reforzar, y no debilitar, el control de fusiones. Y, aunque no creemos justificado modificar el marco general de evaluación de fusiones en Europa, que se ha mostrado robusto, sí consideramos necesario modernizar las Directrices en algunos aspectos clave. En este artículo aportamos algunas ideas para orientar e informar este proceso de modernización.

Una vista rápida de los datos hace difícil sostener que el control de fusiones haya ralentizado el crecimiento o mermado la productividad en Europa. Entre 2015 y 2024, la Comisión revisó 2.833 operaciones: aprobó todas menos nueve y sólo impuso remedios a un 5 % de las fusiones aprobadas, por debajo de la media histórica del 7 %. Las autoridades nacionales han sido, si cabe, más laxas que la propia Comisión. No parece, por tanto, que el control de fusiones haya sido excesivo; la evidencia empírica, de hecho, apunta en sentido contrario.

La teoría económica es clara: cuando dos competidores se fusionan, los consumidores suelen salir perjudicados, en forma de mayores precios y menor calidad. Sólo si la operación genera fuertes ganancias de eficiencia es posible revertir esos daños. Por ello, bajo determinados supuestos, la carga de la prueba debería invertirse: que no sea la Comisión Europea —como hasta ahora— la que tenga que demostrar que una fusión entre rivales es anticompetitiva para vetarla, sino que sean las propias empresas las que acrediten que su operación no perjudicará a los consumidores.

En distintos sectores —no sólo en el digital— se observa un fenómeno recurrente: la compra por parte de empresas dominantes de otras que podrían convertirse en futuros competidores. Estas operaciones, a menudo invisibles para el regulador por involucrar a empresas con un todavía bajo volumen de negocio, pueden generar importantes daños para los consumidores al eliminar la rivalidad futura. La competencia que nace de la innovación y de la entrada de nuevos actores no puede prosperar si estas adquisiciones se aprueban sin un examen exhaustivo.

Aunque las Directrices no son el instrumento para modificar la carga de la prueba ni las reglas de notificación de fusiones, señalamos estas carencias para subrayar el problema de fondo: un control de fusiones insuficiente. Existen otras deficiencias que sí pueden abordarse a través de la revisión de las Directrices sobre fusiones.

Por ejemplo, durante años, los reguladores han mostrado escasa preocupación por las fusiones entre empresas que no compiten directamente en el mismo mercado. Sin embargo, la teoría económica ha demostrado que, cuando las empresas implicadas poseen un poder de mercado significativo, sus efectos pueden también ser perjudiciales. En sus nuevas Directrices, la Comisión Europea debería de abandonar el enfoque laissez-faire que hasta ahora había aplicado a este tipo de fusiones.

En la última década, la Comisión Europea ha prestado mayor atención a los impactos de las fusiones sobre la innovación, la inversión y la diversidad de la oferta. Una fusión puede parecer inocua o incluso positiva a corto plazo, pero acabar debilitando a los rivales al privarles de datos, recursos o escala imprescindibles para competir en el futuro. Considerar estos aspectos no exige un cambio de paradigma —preservar el bienestar del consumidor requiere analizar los efectos no sólo sobre los precios, sino también sobre la calidad de los bienes y servicios, incluyendo factores medioambientales y de seguridad de suministro—, pero sí interpretarlos de forma dinámica para evitar pérdidas de bienestar a largo plazo. Por ello, las nuevas Directrices deberían dar mayor peso al análisis de la evolución futura del mercado, incluyendo el análisis de las barreras a la entrada y a la expansión de las empresas existentes.

En el debate público, a menudo se presentan la competencia y la sostenibilidad como objetivos antagónicos. Pero la evidencia económica sugiere lo contrario. Por ello, el control de fusiones no sólo preserva la competencia, sino que también puede impulsar la innovación en este ámbito. Esto es particularmente importante para la transición ecológica, porque una fusión que retrase estratégicamente el despliegue de tecnologías en desarrollo puede frenar las economías de aprendizaje y generar inercias negativas que perduren en el tiempo. Las alianzas empresariales o joint ventures podrían ser una vía más eficiente para facilitar la innovación conjunta entre empresas con un menor impacto sobre la competencia.

El marco actual también puede incorporar los riesgos geopolíticos y comerciales al análisis de las fusiones. Considérese, por ejemplo, un mercado en el que las importaciones introduzcan presión competitiva, pudiendo mitigar los incentivos de la empresa fusionada a la elevación de precios. Si los conflictos geopolíticos o las restricciones comerciales amenazan con encarecer o frenar esas importaciones, la presión competitiva sobre la fusión disminuiría, lo cual debería reflejarse en el análisis de la operación. Las nuevas Directrices podrían ofrecer pautas para evaluar fusiones en sectores expuestos a este tipo de riesgos y con ello contribuir a la resiliencia de la economía europea.

La Comisión ha sido criticada por no valorar suficientemente las alegaciones de ganancias de eficiencia presentadas por las empresas fusionadas. Las nuevas Directrices deberían aclarar cómo se evalúan dichas ganancias y, sobre todo, permitir que se tengan en cuenta los beneficios en otros mercados distintos al afectado por la fusión. No debería vetarse una fusión por el perjuicio que ocasione a los consumidores de un mercado si los beneficios que genera en otros son sustancialmente superiores.

La Comisión Europea se enfrenta a una decisión crucial: ceder a las presiones para debilitar el control de fusiones, o apostar por un marco de análisis sólido que, con ajustes bien calibrados, evite operaciones nocivas para los consumidores y potencie aquellas que contribuyan al interés general, impulsando la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia económica. Modernizar las “Directrices de Fusiones” no implica reescribirlas desde cero, sino actualizarlas para potenciar la evaluación de los efectos a largo plazo, incluyendo las ganancias de eficiencia que puedan materializarse en mercados distintos al directamente afectado por la fusión.

Natalia Fabra es Catedrática de Economía (CEMFI) y Miembro del Economic Advisory Group on Competition Policy (Comisión Europea)

Massimo Motta es Catedrático ICREA (Universitat Pompeu Fabra y Barcelona School of Economics) y fue Economista Jefe de la Dir. Gnal. de Competencia de la Comisión Europea

Martin Peitz es Catedrático de Economía (Universidad de Mannheim) y Director del Centre for Competition and Innovation (MaCCI)

La escasez de gas en los mercados internacionales está provocando fuertes subidas en su cotización, lo que a su vez ha arrastrado al alza los precios de la electricidad. Pero el precio del gas no tiene toda la culpa.

El problema se ha agravado por el diseño de los mercados eléctricos, en los que toda la electricidad se paga al precio de la tecnología más cara, que en estos momentos es el gas. Ello está provocando fuertes transferencias de rentas de los consumidores a las empresas eléctricas, que ven multiplicarse sus precios sin que sus costes hayan apenas aumentado. Sólo una pequeña parte de la generación eléctrica consume gas, y una buena parte de ella lo hace a través de contratos a largo plazo, cuyos precios son muy inferiores a las cotizaciones actuales del gas en los mercados al contado.

Es difícil exagerar las consecuencias económicas y sociales del encarecimiento de la energía. En la memoria colectiva está la crisis del petróleo de los años 70, que llevó a una inflación de dos dígitos y a una profunda recesión económica. Hoy, el miedo es que no haya suficiente gas en Europa para capear el invierno y que, ante una oferta de gas rígida en el corto plazo, los ajustes de mercado se hagan vía reducciones de demanda.

Así, la elevación de los precios de la energía encontraría un nuevo equilibrio en el que una parte de la industria –intensiva en el consumo de gas y electricidad– podría quedar descolgada. Esto llevaría al cierre de algunas plantas de producción industrial, como ya se ha visto en Reino Unido, y a la reducción de la producción de otras, como ya está ocurriendo en la siderurgia, la metalúrgica, o la química en España.

Algunas empresas podrán evitar el cierre trasladando sus mayores costes energéticos a los precios de los bienes y servicios finales, pero ello no hará sino alimentar un proceso inflacionista que también acabará afectando a la inflación subyacente. El poder adquisitivo de las familias se verá mermado, y con ello su capacidad de demandar otros bienes y servicios en sectores que todavía confían en el impulso de la demanda agregada para superar la crisis tras la pandemia.

El aumento de los precios de la energía eléctrica podría incluso afectar al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia a través del canal inflación, al reducir la capacidad adquisitiva de los fondos asignados a cada proyecto de inversión, y al encarecer el proceso de electrificación, que es uno de los vectores del Plan para la transformación verde y digital.

Pero, en este contexto inflacionista, el mayor de los riesgos es que las autoridades monetarias erren en el diagnóstico y reaccionen con subidas en los tipos de interés, lo que no haría sino dificultar la recuperación. No estamos ante una inflación causada por un sobre-calentamiento de la economía, sino por un shock de oferta exógeno –como es la subida de los precios del gas– cuyos efectos se han visto multiplicados por una regulación inadecuada de los mercados eléctricos. Por ello, la verdadera política anti-inflacionista no es una contracción monetaria, sino la adopción de medidas que atajen las causas del encarecimiento de la energía.

Así lo han demandado los ministros de economía y finanzas de España, Francia, Chequia, Grecia, y Rumanía en una reciente declaración conjunta. Piden a Europa la adopción de un enfoque común para revisar el funcionamiento de los mercados del gas y de los derechos de emisión, para establecer directrices comunes para el almacenamiento y compra conjunta de gas, para reformar la regulación eléctrica, y para seguir apostando por la inversión en energías renovables y otros activos bajos en carbón como vía para potenciar la Transición Energética y con ella reducir nuestra dependencia del gas.

En concreto, los ministros firmantes reclaman mejorar la regulación eléctrica para “establecer mejor la relación entre los precios que pagan los consumidores y los costes medios de la producción eléctrica”. Es un reconocimiento explícito de que, efectivamente, las empresas están facturando más por la electricidad de lo que cuesta producirla, a expensas de los consumidores.

La pregunta es, ¿cómo conseguir este objetivo? La solución pasa por diseñar unos mercados eléctricos capaces de revelar los verdaderos costes medios de cada tecnología, a diferencia de los mercados actuales que sólo alcanzan a revelar el coste de la generación con gas.

Este objetivo ya se está consiguiendo para las nuevas renovables que entran al mercado a través de subastas de contratos a largo plazo, que celebra el regulador en representación de todos los consumidores. Al hacer que las empresas compitan, antes de acometer las inversiones, para determinar el precio de su producción a largo plazo, se consigue que sus precios se estabilicen en torno a sus costes medios, trasladando a los consumidores los menores costes que vienen de la mano de las renovables.

Regulación de precios

El nudo gordiano de la reforma está en la retribución del parque de generación existente –principalmente, nucleares e hidroeléctricas– porque la imposibilidad de seguir invirtiendo en estas tecnologías dificulta el que la competencia pueda contribuir a la solución del problema. Por ello, para evitar mayores distorsiones, parece inevitable recurrir a una regulación de precios que evite que la sobre-retribución de la que ahora gozan nucleares e hidroeléctricas, amparada en la falta de competencia, siga poniendo en jaque a la economía.

La pregunta por tanto que se plantea es: ¿a qué precio retribuir la producción de nucleares e hidroeléctricas? ¿Se puede fiar el regulador del precio que proponen las propias empresas eléctricas? Resulta evidente que no: está en su propio interés el hacer creer al regulador que sus costes son elevados para con ello obtener una retribución más favorable.

La única vía fiable para superar la información asimétrica que acecha al regulador es llevar a cabo una auditoría regulatoria que revele cuáles son sus costes variables, y qué parte de sus costes fijos no han sido todavía recuperados a través de los diversos pagos regulados y beneficios de mercado que han recibido durante décadas.

Sólo con esa información contrastada se podrá establecer un precio para la generación nuclear e hidroeléctrica que les aporte una rentabilidad razonable, a la vez que estable, cuestión esta última para ellas no baladí si se tiene en cuenta que la expansión de las renovables hará deprimir los precios del mercado mayorista en pocos años.

Mantener instituciones que generan desequilibrios tan fuertes como el que en estos momentos está generando el mercado eléctrico, simplemente no es sostenible. De una reforma capaz de “establecer mejor la relación entre los precios que pagan los consumidores y los costes medios de la producción eléctrica”, todos saldremos ganando.

Europa –con el empuje de España– debería de encabezar esta reflexión desde la perspectiva regulatoria, alineando la revisión del Mercado Único de la Energía con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la urgencia de consolidar una recuperación sostenida, equilibrada y medioambientalmente sostenible, que reparta sus beneficios de forma equitativa en la sociedad.

Esta revisión de los mecanismos regulatorios permitiría además acometer la Transición Energética al menor coste para la sociedad, facilitando el que los ciudadanos perciban sus beneficios como condición necesaria para el apoyo social que este profundo cambio necesita. Y si Europa no lo hace, serán los Estados Miembros quienes lo hagan, por su cuenta. Pero entonces se habrá perdido la esencia del proyecto europeo, poniendo en peligro su propia continuidad. En juego está mucho más que el precio de la energía.