Mientras operarios y voluntarios acababan de retirar las 4,5 toneladas de peces muertos en el Mar Menor, el cruce de reproches ya había empezado entre administraciones. Era agosto y el Gobierno central y el autonómico se echaban las culpas por un nuevo episodio de anoxia (falta de oxígeno) que había hecho aparecer, como en 2019, miles de peces muertos descomponiéndose en las playas de esta laguna murciana. 

Más allá de las responsabilidades políticas, se señaló principalmente a los efectos que los fertilizantes de la agricultura intensiva tienen en los altos índices de nitratos y fósforo del agua que acaba en el Mar Menor. Había, sin embargo, otro culpable a pocos kilómetros del que nadie pareció acordarse: la gran industria porcina del Campo de Cartagena y sus depósitos de purines (una mezcla de heces, orina y restos de comida) que presuntamente no cumplen con la normativa y contaminan las aguas subterráneas.

El Gobierno de Murcia era plenamente consciente de ello. La Comisión Europea avisó en 2018 del impacto que los nitratos estaban teniendo en la polución del Mar Menor. El Ministerio para la Transición Ecológica, en un informe de 2019, alertó de la incidencia que estaban causando las granjas de cerdos en el Mar Menor. Un informe del propio Ejecutivo autonómico de 2019 avisaba de que las balsas de purines estaban descontroladas. 

Mientras todos los expertos encendían las alarmas sobre cómo la industria porcina estaba contribuyendo a matar al Mar Menor, el Gobierno liderado por Fernando López Miras (PP) seguía autorizando la llegada de nuevos cerdos a la comunidad. Solo entre 2019 y 2020 llegaron a la región de Murcia 220.000 nuevos cerdos, según el censo ganadero murciano. 35.000 de ellos en el área directa de influencia del Mar Menor desde 2018. 

Durante los últimos meses, una investigación conjunta de elDiario.es, la entidad europea Lighthouse Reports, La Marea y The Guardian ha analizado hasta qué punto el afán por la carne barata y la cría intensiva de cerdos ha contribuido al desastre del Mar Menor. Se han analizado imágenes por satélite y se han tomado fotografías con dron. También se han obtenido documentos mediante solicitudes de transparencia y se han realizado una veintena de entrevistas sobre el terreno con vecinos, activistas y expertos jurídicos.

El resultado dibuja una imagen de contaminación galopante por culpa de estas granjas, así como fallos en las medidas de protección, presuntos delitos medioambientales y negligencia por parte de la administración a la hora de abordar este problema. También se han identificado varios vertidos de purines —calificados de “presuntamente ilegales” por expertos jurídicos— cercanos a granjas de la región, algunas pertenecientes a grandes grupos que reciben subvenciones millonarias de la Unión Europea.

“La gente no tiene la percepción de la influencia de la industria porcina porque las granjas están lejos, no las ven aquí al lado y se piensan que no influyen”, señala Carol Rivière, portavoz de la plataforma ecologista Por Un Mar Menor Vivo. “Pero debido a la red de canales y por la inclinación, todo acaba ahí”.

Un sector que no para de crecer

España tiene ya más cerdos que personas. Solo en 2020 se sacrificaron en nuestro país 56 millones de cerdos —1,43 millones más que en 2019— convirtiendo al sector porcino español en el líder en exportaciones de la Unión Europea. 

La expansión está impulsada principalmente por las exportaciones, que se dispararon un 22% en 2020, aportando 7.600 millones de euros a las arcas del país. Casi la mitad de esa demanda provino de China —cuya producción y suministro han sido devastados por el brote de peste porcina africana en sus granjas de cerdos—. Esto ha provocado una explosión de granjas y mataderos de cerdos en España, sobre todo en las zonas rurales.

Las granjas industriales de cerdos producen, por cada animal y año, alrededor de dos metros cúbicos de purines, una mezcla de heces, orina y restos de comida con una concentración de nitrógeno 40 veces superior a la de las aguas residuales. Su impacto incluye la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas, la contaminación por amoníaco de las aguas superficiales y las emisiones de metano.  

En Murcia, el aumento de la población de cerdos ha sido exponencial y no ha parado de crecer desde 2013. En siete años (2020 es el último año con datos disponibles) se han añadido casi 331.000 cerdos más en la región. Según un informe de 2019 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el sector porcino aporta aproximadamente el 17% del nitrógeno que acaba en el Mar Menor, una estimación que según varios expertos consultados es muy conservadora y podría ser muy superior.

Estas macrogranjas disponen de balsas de purines donde se almacenan las heces. La cuenca hidrográfica del Mar Menor –la superficie de tierra que desagua en la laguna– alberga cerca de 500 balsas de purines que cubren en total unas 160 hectáreas. En teoría estas balsas deberían estar revestidas con materiales duraderos e impermeables para evitar filtraciones que lleguen a las aguas subterráneas. Muchas de ellas, sin embargo, tienen vertidos que son presuntamente ilegales según afirman los expertos consultados.

Vertidos “ilegales” y balsas sin impermeabilizar

Las imágenes obtenidas con dron y sobre el terreno en municipios como Fuente Álamo, situado a 35 kilómetros del Mar Menor, sugieren una abrumadora falta de impermeabilización de numerosas balsas de purines. Algunas son simplemente grandes agujeros en el suelo que permiten que los purines se infiltren en las aguas subterráneas y superficiales. En algunos casos, las heces directamente se derraman fuera de las balsas o simplemente se vierten en los campos circundantes.

“A los propietarios les interesa que se filtren estos residuos porque los purines son problemas para ellos”, señala Víctor Castillejos, ingeniero agrónomo en Cuenca, que precisa que uno de los principales problemas en Murcia es que falta tierra para echar los purines. “Les interesa que desaparezcan”, remacha.

Tras analizar estas imágenes, Victoria Hormigos, abogada ambientalista, no tiene dudas al respecto. “Presuntamente son vertidos. La tierra está negra debido al purín y parece que hay zonas en las que existe escorrentía”, señala. “El encharcamiento con purín y las escorrentías de este material están absolutamente prohibidas”. (Ver imagen 1).

En la misma granja hay una gran tubería para que los purines se viertan hacia los campos de alrededor (imagen 2). Según Hormigos, esto constituye una “presunta infracción medioambiental” que podría corroborarse con los estudios pertinentes. “La granja tiene una tubería presuntamente para vaciar el purín de las balsas en los campos de alrededor”, apunta.

Observando las imágenes que grabamos de otra finca cercana a La Pinilla, en el mismo municipio de Fuente Álamo, la abogada confirma otro vertido presuntamente ilegal (imagen 3). “Al lado de las dos balsas de la izquierda se puede apreciar una zona encharcada con  purín”, señala esta experta. “Esto suele ocurrir cuando se desbordan las balsas”.

Los avisos ignorados y la falta de control

Durante años, el Gobierno murciano ha ignorado los avisos que le llegaban por todos lados sobre el descontrol que había con las balsas de purines y el efecto que esto tenía en la contaminación del Mar Menor. 

El Ejecutivo de López Miras ha desatendido las advertencias tanto del MITECO como de la Comisión Europea. Pero también ha hecho oídos sordos a los avisos que le llegaban de activistas de la zona e incluso de de su propio Director General de Agricultura. Incluso la mitad de los expertos científicos que reunió el Gobierno en 2016 para buscar soluciones a la contaminación de la laguna han acabado dimitiendo denunciando la “manipulación política” de este grupo asesor. 

En 2018, la Comisión Europea abrió un proceso de sanción contra España —la principal herramienta de la UE para garantizar que los Estados miembros cumplan la legislación comunitaria— por la contaminación por nitratos. El caso abarca varias regiones, entre ellas Murcia y el Mar Menor. El pasado mes de julio, la Comisión confirmó que las autoridades regionales de Murcia siguen incumpliendo sus obligaciones en virtud de la Directiva sobre nitratos de la UE, jurídicamente vinculante. 

El año siguiente fue el MITECO quien puso el grito de alarma. En un informe sobre las amenazas al Mar Menor, señaló el grave peligro que suponía la ganadería intensiva y la “alta concentración” de cabezas de porcino en unos pocos municipios. También afirmaba que el 90% de las balsas de purines “no cumplen con las normas estipuladas de construcción (principalmente en lo concerniente a la impermeabilización)”, lo que generaba un “gran riesgo” de “infiltración, lixiviación y escorrentía”.

Más avisos ignorados: la propia Dirección General de Producción Agrícola del Gobierno de Murcia alertó en un informe de 2019, adelantado por Onda Cero, que no se estaban controlando los nitratos de las explotaciones ganaderas. El documento hacía hincapié en que, pese a ser una fuente importante de contaminación, no se vigilaba suficientemente el almacenamiento de estiércol y purines.

En dicho documento, obtenido mediante una petición de Transparencia, se avisaba también de que en toda la región solo dos personas —una de ellas interina— se encargaban de diseñar los controles de nitratos, establecer propuestas normativas, evaluar los resultados de los controles y responder a requerimientos por parte del Ministerio y la Comisión Europea. El informe también constataba que, cuando se detectan incumplimientos, ningún funcionario visitaba la explotación para levantar acta oficial y que esta sirviera como documento probatorio para iniciar un expediente sancionador. 

Los datos de las denuncias relacionadas con balsas de purines por parte del SEPRONA (el Servicio de Protección de Naturaleza de la Guardia Civil), obtenidos mediante una petición de transparencia, también permiten hacerse una idea del descontrol: solo ha habido ocho denuncias en los últimos cinco años.

“Existe una clara inactividad de la Administración pública a la hora de atender las infracciones medioambientales realizadas por las explotaciones intensivas”, opina Hormigos, la abogada especializada en Medio Ambiente.

La poca atención que el Gobierno murciano dedicaba a los múltiples avisos de los expertos también hizo saltar por los aires el comité asesor que se formó en 2016 para encontrar soluciones a la contaminación de la laguna. Tres años después, ocho de los 19 científicos del comité habían dimitido ante acusaciones de “manipulación política” y de que sus esfuerzos para encontrar una solución se veían obstaculizados. 

“Fue una absoluta pérdida de tiempo”, explica indignada en conversación telefónica Julia Martínez, doctora en Biología y una de las que acabó dimitiendo. “Lo que hacíamos no valía para nada, las decisiones ya estaban tomadas”. Según explica Martínez, los políticos marcaban el orden del día de las reuniones e incluso informaban de ellas en rueda de prensa antes de que se hubiesen celebrado.

José Luis García, doctor investigador en Hidrogeología del Instituto Geológico y Minero de la Universidad de Murcia, es otro de los que dimitió. También señala que se le debería prestar más atención a los purines y la impermeabilización de sus balsas. “No se está actuando sobre el acuífero”, señala. “Se está monitorizando un poquito pero estamos muy lejos de lo que, en mi opinión, habría que hacer”.

Preguntados por la falta de atención a tantos avisos de instituciones y expertos, desde el Gobierno murciano señalan que, en primer lugar, el informe del MITECO “no responde a la realidad de la zona, es decir, a la verdad” y señalan que solo se inspeccionaron cinco balsas para hacer ese informe, a pesar de que el propio documento asegura que se observaron 50 sobre el terreno. 

También esgrimen otro estudio encargado por el propio Gobierno murciano a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Según este estudio, “las balsas de purines no son las causantes de la contaminación por nitratos de los acuíferos”. El director de la cátedra que hizo este estudio es Ángel Faz, también director de la cátedra Cefusa sobre “gestión sostenible de purines” y financiada por el Grupo Fuertes, uno de los principales conglomerados del mercado porcino español.

En una respuesta escrita, el Ejecutivo murciano también defiende que se han hecho 40 inspecciones desde 2019 a balsas de purines, aunque no se ha puesto ni una sola sanción. También se remiten a una ley de 2020 que prohíbe la instalación de nuevas explotaciones ganaderas en dos zonas determinadas que tienen influencia en el Mar Menor. 

“Hay aproximadamente 450 granjas de cerdos en la zona de influencia del Mar Menor de las que nadie habla”, señala María Giménez Casalduero, coordinadora regional de Más País/Más Región en Murcia y abogada especializada en la industria porcina. “Es como si estuviéramos dando una amnistía a la industria del cerdo”. 

Un problema que se extiende por España

La muerte del Mar Menor no es la historia de una sola laguna, sino el símbolo de una crisis mucho más amplia creada por el afán de producir carne barata en España. La carne es el cuarto sector industrial del país y representa más de una quinta parte de toda la producción. El cerdo representa el 66,1% de la producción total de carne. 

Hace sólo diez años, España no se acercaba al primer exportador de cerdo de la UE, Alemania. Actualmente, ya es el primer país europeo en producción y exportación de carne de cerdo y el cuarto en producción de carne total, según datos del Observatorio sobre el sector agroalimentario español publicados el pasado julio. El 78% de las granjas porcinas en España son intensivas, según el mismo informe.

Más cerdos significa más purines. Y la consiguiente contaminación por nitratos está agravando la ya grave crisis del agua en España, especialmente en las zonas rurales. El MITECO reconoce que el 30% de las estaciones de control de aguas subterráneas y el 50% de las de aguas superficiales españolas tienen “mala calidad” por culpa de los nitratos, según datos obtenidos por Greenpeace.

Los datos regionales de Murcia muestran niveles de nitratos que triplican el máximo recomendado por la directiva de nitratos de la UE: 169 mg por litro frente a los 50 mg por litro. Pero no se trata sólo de Murcia. Amplias zonas de Aragón, Catalunya y Castilla y León sufren la contaminación por nitratos. En el caso de Castilla y León afecta al 15% de los municipios, mientras que en Catalunya son casi la mitad. La Agencia Catalana del Agua calcula que se gasta alrededor de 6 millones de euros anuales –junto a los Ayuntamientos afectados– para solucionar problemas de suministro derivados de la contaminación del agua por culpa de la actividad ganadera.

En varios pueblos de la provincia de Segovia, donde el número de cerdos supera al de personas en 12 a uno, se ha vuelto inseguro beber agua del grifo. A pesar de ello, hay proyectadas 16 nuevas granjas industriales que concentran 100.000 cerdos. 

“Lo del Mar Menor es una llamada de atención”, añade Giménez Casalduero. “Queremos abastecer a China de jamón y lo hacemos a través de la destrucción del territorio, convirtiéndonos en un vertedero de residuos del mercado internacional del cerdo”.

Frente a la laguna del Mar Menor, la activista Carol Rivière recuerda cómo de pequeña solía ver caballitos de mar buceando por la laguna. Explica que su hijo, también aficionado al buceo, nunca ha visto ninguno. “Hace tiempo que decimos que las medidas para proteger el Mar Menor tienen que empezar en el interior de Murcia, tanto en la agricultura como en las granjas”, señala. “Es un problema del que nadie habla a pesar de que está demostrado”.