Este 8 de marzo volveré a salir a la calle. Como cada año. Pero este 2026 lo haré con una mochila cargada de orgullo por lo conquistado, de rabia por lo que falta y, sobre todo, con los nombres de las víctimas canarias grabados a fuego en la memoria: Czarina C., asesinada el 5 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, y un niño de 10 años asesinado por su padre el 20 de febrero en Arona, Tenerife, cuya madre de 26 años sigue luchando por su vida en un hospital.

Los titulares de estas primeras semanas de 2026 son para echarse a temblar. Diez mujeres asesinadas. Dos menores asesinados por violencia vicaria. Diez niños y niñas que se han quedado huérfanos. Y una madre en Tenerife que, mientras leo esto, probablemente sigue despertándose en una UCI sin su hijo.

En Canarias, mientras tanto, las cifras nos golpean con la fuerza de un macetazo: somos la comunidad autónoma con la tasa de exclusión social más alta de España. El 25,5% de la población, más de 560.000 personas, está en situación de exclusión. Y las mujeres somos las más afectadas.

Pero antes de que nadie se rasgue las vestiduras y acuse a este artículo de catastrofista, empecemos por lo que hemos conseguido. Porque el feminismo ha transformado esta sociedad de manera silenciosa pero profunda, y conviene recordarlo para que los agoreros no nos roben también la memoria.

Hoy, las mujeres canarias disfrutamos de derechos que hace apenas unas décadas eran ciencia ficción. Los permisos de paternidad y maternidad son iguales, intransferibles y remunerados. Eso significa que un padre puede estar tan presente en los primeros meses de vida de su hijo como una madre. Y eso, aunque a algunos les parezca una tontería, es una revolución. Porque la igualdad empieza en casa, en los biberones, en las noches sin dormir, en entender que cuidar no es cosa de mujeres.

Hemos conseguido leyes integrales contra la violencia de género, un pacto de Estado que ha invertido cientos de millones de euros en prevención, puntos violeta en cada esquina, centros especializados contra la violencia y centros de crisis para víctimas de violencia sexual. Hemos ido dando pasos en la paridad en la política y avances en las empresas. España es el cuarto país de la Unión Europea en igualdad de género. Hemos reducido la brecha salarial. Hemos aprobado leyes pioneras como la del solo sí es sí.

Todo esto, absolutamente todo, lleva el sello del feminismo. No nos lo ha regalado nadie. Lo hemos peleado en las calles, en los parlamentos, en las fábricas y en las casas. 

Pero sería una hipocresía conformarnos con los titulares halagüeños. Porque en Canarias, los avances conviven con realidades dramáticas que el Gobierno estatal no siempre ve y que el canario no siempre acierta a corregir.

Los datos son tozudos. Representamos el 57,3% del total de personas en paro en las islas. En la provincia de Las Palmas hay más de 2.500 mujeres desempleadas que en la de Santa Cruz de Tenerife. Somos mayoría en el paro, mayoría en la precariedad, mayoría en la exclusión.

El empleo de hogar, ese gran olvidado, ese sector que sostiene la vida de tantas familias mientras condena a las que lo ejercen, es un 93,4% femenino. Nueve de cada diez. Y la mayoría de las empleadoras también somos mujeres. Nosotras contratamos a otras mujeres para que cuiden de lo nuestro mientras nosotras salimos a trabajar. Y el Estado, mientras tanto, mira hacia otro lado.

Los hogares monomarentales, sustentados por mujeres solas con hijos a su cargo, son uno de los perfiles más vulnerables del último informe de Foessa. La pobreza tiene nombre de mujer y apellido de madre soltera en Canarias.

El caso de Czarina C., ciudadana filipina de 43 años, es especialmente sangrante. Existían denuncias previas por violencia de género contra su marido, presentadas en 2024. Pero se archivaron porque ella, cuando fue citada a comparecer, negó haber sido agredida y rechazó la orden de protección. ¿Miedo? ¿Presión? ¿Falta de acompañamiento? El sistema la dejó sola, y el 5 de enero su pareja la asesinó en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria antes de suicidarse. Sus hijos, dos de ellos menores, se han quedado huérfanos.

El crimen de Arona, el 20 de febrero, tiene otra dimensión: la violencia vicaria. Un padre asesinó a su hijo de 10 años golpeándole con un machete en la cabeza e hirió de gravedad a la madre. El hombre fue abatido por la Guardia Civil tras intentar atacarlos también a ellos. No existían denuncias previas. La madre del niño, de 26 años, sigue hospitalizada. Son dos formas distintas de la misma barbarie. Y ambas ocurrieron aquí, en nuestras islas.

Y mientras nosotras cargamos con el peso de la precariedad, de los cuidados, de la lucha, ellos, los jóvenes, nos devuelven encuestas que hielan la sangre. El último barómetro de Fad Juventud es para encerrarse a llorar: el 51,5% de los chicos de entre 15 y 29 años cree que el feminismo es “una herramienta de manipulación política”. La cifra se ha duplicado en cinco años. Casi cuatro, de cada diez, piensa que la igualdad ya está lograda.

¿De verdad creen que está todo logrado? ¿Con diez mujeres asesinadas en lo que va de año? ¿Con dos menores asesinados, uno de ellos aquí, en Tenerife? ¿Con Czarina, con el niño de Arona, con los diez huérfanos que ha dejado 2026? ¿Con el 57% de paro femenino en Canarias?

Y aquí vuelvo a mi pregunta de siempre, la que me persigue cada 8 de marzo. Porque mientras discutimos de encuestas y de estadísticas, hay mujeres que no llegan vivas a este día. Necesito preguntar, y voy a hacerlo sin tapujos, sin edulcorantes, sin miedo a ofender: ¿dónde diablos están los hombres cuando esto pasa? Cuando Czarina fue asesinada en Las Palmas, ¿dónde estaban los padres, los hermanos, los amigos, los compañeros de trabajo de su asesino? ¿Dónde estaban cuando ella presentó denuncias en 2024? ¿Dónde estaban los que no vieron, los que no quisieron ver, los que callaron?

Cuando un niño de 10 años fue asesinado por su padre en Arona, ¿dónde estaban los amigos de ese hombre? ¿Dónde estaban los referentes masculinos que podrían haber detectado señales? ¿Dónde estaban los que sabían algo y no dijeron nada? Cuando los discursos negacionistas inundan las plataformas y convierten a chavales perdidos en pequeños haters, ¿dónde están los hombres adultos, los que tienen voz, los que podrían plantar cara y decir “esto no se hace”? ¿Por qué dejamos que sean siempre mujeres las que se desgañitan explicando lo evidente?

Ellos callan. Miran a otro lado. Se encogen de hombros. Dicen “yo no soy así” y con eso se dan por satisfechos. Como si no ser asesino fuera mérito suficiente. Como si no hiciera falta nada más.

Pues no. No basta.

Hay una línea que conecta la pornografía que consumen los niños con la violencia que sufren las mujeres adultas. Y otra que conecta las declaraciones de jueces como Serrano y Maman Benchimol con el miedo de las mujeres a denunciar. La misma lógica de propiedad y dominio

Estos días atrás estuve en las III Jornadas Por-No Hablar, en Las Palmas de Gran Canaria. Más de 500 personas llenaban la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus para hablar de algo que llevamos años viendo venir y que por fin empieza a nombrarse sin tapujos: el porno como escuela de sexualidad, el consentimiento sin deseo, la construcción violenta del deseo en las nuevas generaciones. Hechos preocupantes que evidencian un sistema fallido de relaciones sexuales que ya da resultados aterradores, con niños que abusan sexualmente de otras niñas.

Y hoy, mientras escribo esto, se ha confirmado el asesinato de otra mujer. En lo que va de año ya son 17 las asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Diecisiete mujeres desde el 4 de enero. Algunas tenían orden de alejamiento. Algunas estaban en VioGen. Así hasta 1.359 desde 2003. Un sistema que está mutando hacia nuevas formas de violencia brutal, hacia relaciones sexuales basadas en la dominación y la fuerza.

Las mujeres no denuncian porque, cuando lo hacen, se encuentran con jueces como Francisco Serrano, extitular del Juzgado de Familia 7 de Sevilla y hoy candidato de Vox, condenado por prevaricar, que dice que las mujeres solo buscan separar a los hijos de sus padres. O con las recientes declaraciones de David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que en una conferencia del Colegio de la Abogacía afirmó que las mujeres van “a la caza” de la orden de protección, que tienen “tantas ventajas” que no pierden nada, que son “enemigas acérrimas” de la custodia compartida movidas por “el factor económico”, y que durante el proceso judicial “la madre va haciendo el correspondiente lavado de coco al niño”. Este mismo juez, que instruye casos de agresión sexual, califica la Ley Integral de “totalitarismo”. La pregunta es qué hace este juez ahí. Por eso no se denuncia.

Porque no es solo Serrano. No es solo Maman. Es un patrón. Son jueces que sistemáticamente minimizan el riesgo, que levantan órdenes de alejamiento contra el criterio de la Fiscalía, que alimentan el bulo de las denuncias falsas cuando los datos oficiales indican que apenas representan el 0,01% de las denuncias por violencia de género. El primer informe del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas documentó 117 historias de mujeres que, al intentar frenar la violencia machista mediante una denuncia, se encontraron con un sistema que les respondió con negligencia, con desprecio, con nuevas violencias.

Y mientras todo esto ocurre en los juzgados y en las comisarías, en las pantallas de los móviles de nuestros hijos e hijas sigue pasando otra cosa que es exactamente la misma cosa. Porque el feminismo abolicionista lo ha dicho hasta la saciedad: la prostitución, la pornografía y la trata son las tres patas del mismo banco. Un banco que sostiene un sistema de relaciones basado en el poder y la sumisión, donde al hombre se le enseña a dominar y a la mujer a aguantar. 

En esas jornadas del jueves, la psicóloga Paula Roldán explicó que la edad de entrada a la pornografía está ya en torno a los 10 años. Niños y niñas de cuarto de primaria se topan con escenas de violencia sexual explícita sin haberlo buscado, a través de juegos online, de ventanas emergentes, de grupos de WhatsApp. Luego estos niños y niñas crecen creyendo que el sexo es eso: un choque de cuerpos sin emociones, una lección de que el placer del hombre está por encima del dolor de la mujer.

Las chicas, al normalizar esas prácticas, asumen que es lo que corresponde. No lo hacen por voluntad, sino porque no se les ofrece un catálogo de relaciones y posibilidades y quedan empujadas a una única opción: consentir la violencia sexual sobre ellas mismas. Y ese consentimiento, ese sí dicho desde la inexperiencia y el miedo a no encajar, es el mismo que luego se lleva a los juzgados. El mismo que algunos jueces llaman libertad. El mismo que olvida preguntar por el deseo, por el contexto.

Porque el deseo no es un capricho. La socióloga Rosa Cobo lo planteó en términos muy precisos: para que haya consentimiento real deben darse tres condiciones simultáneamente: voluntad, deseo y estructuras sociales, simbólicas y materiales razonables de igualdad. En una sociedad patriarcal sin igualdad real, ninguna mujer puede otorgar un consentimiento verdaderamente libre. Una mujer que necesita dinero para comer, una migrante sin papeles, una mujer que depende económicamente de su pareja, una niña de 14 años que ha aprendido en la pornografía que el dolor es placer: ninguna dice sí desde la libertad. Dicen sí desde el miedo, la necesidad, la falta de alternativas. Una mujer prostituida dice que sí cada día, pero ese sí nace del hambre, la amenaza, la precariedad. Dice sí porque el no es más caro. Y eso no es consentimiento: es cesión, dejarse hacer, el camino directo al trauma. Y los puteros lo saben. Saben que esa mujer no está ahí por deseo, que su sí es el de la coacción estructural. Y aún así pagan, porque no buscan deseo: buscan dominación. El putero no es un ingenuo que confunde prostitución con libertad sexual. Es un cómplice que se aprovecha de la desigualdad. Por eso paga: por el poder de comprar un cuerpo que no puede decir que no sin perderlo todo. Y mientras haya hombres dispuestos a pagar por un sí sin deseo, y jueces dispuestos a llamar libertad a ese sí, seguiremos enterrando mujeres.

El 54,1% de los adolescentes cree que la pornografía proporciona ideas para sus propias experiencias sexuales. Al 54,9% le gustaría poner en práctica lo que ha visto. Y muchos lo hacen. Y luego tenemos agresiones sexuales cometidas por menores que no dejan de aumentar. Y luego tenemos a chicas de 15 años que no saben si lo que les ha hecho su novio estaba bien o mal porque en los vídeos que él ve siempre sale así. Y luego tenemos a esas mismas chicas años después en un juzgado, tratando de explicar que dijeron que no, que se resistieron, y un juez como Maman Benchimol o como Serrano les pregunta por qué no denunciaron antes, o directamente insinúa que están manipulando para quedarse con los niños.

Hay una línea que conecta la pornografía que consumen los niños con la violencia que sufren las mujeres adultas. Y otra que conecta las declaraciones de jueces como Serrano y Maman Benchimol con el miedo de las mujeres a denunciar. La misma lógica de propiedad y dominio. El mismo sistema que mata, primero con palabras desde un juzgado, luego con cuchillos en un portal.

Ayer hablamos de deseo y de ternura. Hoy ha sido asesinada otra mujer. No nos callamos. Porque el consentimiento sin igualdad real no es libre elección: es un espejismo, es cesión. Consentimiento sin deseo, no es real. Libertad sin igualdad es una trampa. Y cada juez que minimiza la violencia machista es cómplice. Por ellas. Por las que ya no están. No estamos solas.

Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos enfrenta nuevamente a una sociedad que sigue mirando hacia otro lado. Las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año, son solo la punta del iceberg de un océano de sufrimiento silencioso que afecta a miles

Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos enfrenta nuevamente a una sociedad que sigue mirando hacia otro lado. Las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año, son solo la punta del iceberg de un océano de sufrimiento silencioso que afecta a miles.  

Frente al discurso que pregona condenar “todas las violencias por igual” y que insinúa la existencia de denuncias falsas, choca la cruda realidad: cada día menos mujeres se atreven a denunciar por miedo a no ser creídas, a ser juzgadas y revictimizadas. 

Esta violencia del día a día adopta múltiples formas: la violencia vicaria, donde el daño se ejerce a través de los hijos; el acoso sutil que hace sentir a la víctima que nunca está a salvo; el acecho a través de las redes sociales en el anonimato; la situación de mujeres en contextos de prostitución; o la desesperanza de mujeres octogenarias que llevan una vida entera soportando maltratos.

Detrás del argumento de que “el género no debería importar” se esconde una concepción profunda: “no te creo”. Se minimiza el problema y se niega su existencia estructural. 

Esta negación no se queda en la teoría; tiene consecuencias tangibles y letales. Un ejemplo reciente y sangrante lo vivimos en Alpedrete, donde una mujer, María del Pilar, fue asesinada con 50 puñaladas por su marido. La respuesta del alcalde, Juan Fernández, fue una lección magistral de negacionismo: justificó al agresor, afirmando que “no ha sido por odio”, que “quería mucho a su mujer” y era “buen padre”.

Redujo el feminicidio a que “la presión ha podido con él”. Llegó a tildar los detalles de la autopsia de un “mero relato que no le viene bien a nadie”. Estas declaraciones no son un desliz; son manifestación pura de la falacia que intenta desmontar este artículo: la de una autoridad que, ante el horror de 50 puñaladas, se empeña en blanquear al agresor, borrar a la víctima y negar la misoginia estructural que sustenta el crimen. Es la prueba de que el negacionismo no es una postura intelectual, sino una actitud que mata. 

La violencia de género posee características únicas: está arraigada en roles de género obsoletos y en estructuras machistas que perpetúan el poder del hombre. Asistimos con preocupación a una peligrosa involución ideológica que promueve roles de sumisión para la mujer y reivindica una masculinidad “alfa” que se cree amenazada. Es irónico que sean algunas mujeres, como Isabel Díaz Ayuso, quienes defiendan este discurso, argumentando que la violencia es violencia, sin etiquetas. Olvidan que, si bien el sistema condena toda violencia, la de género, por sus características particulares, exige una especialización en los ámbitos jurídico, social y psicológico para ser abordada con eficacia.

El desmantelamiento institucional: cuando la incompetencia es complicidad

La última barrera -y quizá la más lesiva- es la institucional: juzgados colapsados, juicios eternos y profesionales sin la formación específica necesaria. Pero el problema va más allá y es aún más grave. En Canarias, el Gobierno autonómico está mostrando una dejación de funciones absoluta en materia de igualdad y violencia de género. La prueba más elocuente es que la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad está dirigida por un informático, sin formación ninguna en igualdad, una elección que evidencia la nula prioridad política que se concede a estas materias. Esta gestión negligente se traduce en hechos concretos y escandalosos: el año pasado devolvieron millones de euros sin ejecutar y todo indica que van camino de repetir esta gestión desastrosa, un fracaso institucional que tiene consecuencias directas sobre la vida de las mujeres y que han denunciado diferentes colectivos sociales. 

Gobiernos, como el de Canarias, encuentran en el discurso de la derecha la coartada perfecta para asfixiar económicamente a las organizaciones que, a pie de calle, sostienen los programas que debería garantizar la administración. Si antes no sumarse a los avances sociales provocaba rubor, hoy se actúa con total impunidad, ante la evidencia de que el negacionismo reporta dividendos electorales.

Basta de silencio y complicidad

Este 25N tenemos que salir a la calle sin vergüenza. La situación es terrible y exige una respuesta contundente. Como partidos políticos, como sociedad, tenemos la obligación de explorar todas las opciones para frenar este desmantelamiento. Debemos exigir a las instituciones, como el Gobierno de Canarias y su Instituto de Igualdad, que no se plieguen a discursos que aprovechan para desfinanciar programas esenciales contra la violencia machista.

Salimos a manifestarnos para decir basta. Basta de violencias, basta de impunidad, basta de ser cómplices con nuestro silencio. Lo hacemos para gritar que nos queremos vivas, libres y sin miedo. El primer paso para solucionar un problema es llamarlo por su nombre. Y su nombre es Violencia de Género.

Pocos meses después de entrar en vigor aquella reforma estatutaria, la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias especificó en su disposición adicional sexta que, “en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno presentará en el Parlamento de Canarias, dentro del plazo máximo de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley por el que se regule una prestación económica que tenga por objeto garantizar un mínimo de ingresos a aquellas personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o en riesgo de estarlo”. 

Hasta el momento en Canarias está vigente como medida para atenuar y amparar a la población más vulnerable la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Esta prestación no está concebida como un derecho y su desarrollo apenas tiene una cobertura de un 4% de la población afectada en comparación a la media estatal que se sitúa en el 8% de las personas vulnerables. Es obvio que la PCI no satisface a la mayoría de la población de Canarias que está en umbrales de pobreza, por encima del 36 %. Desgraciadamente seguimos siendo una de las comunidades más pobres del Estado seguida tan solo de Extremadura, Ceuta y Melilla. 

Algunos dirigentes políticos avanzaron a principios de este 2021 que tendríamos el compromiso de una Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, que entraría en vigor en este último cuatrimestre, y que los plazos para su otorgación estarían sobre los tres meses. Sin embargo, hoy en día el anteproyecto aún no ha entrado en la Cámara y el tiempo desde que se inicia el proceso hasta su terminación es de al menos seis meses en el mejor de los casos, si nos atenemos a los plazos ordinarios del parlamento. En estos momentos el anteproyecto está a expensas de los trámites para su aprobación en el Parlamento de Canarias, tendrá que ir antes al Consejo de Gobierno para su aprobación, al Consejo Consultivo y finalmente vuelta al Parlamento para que desde allí se presenten las diferentes enmiendas y pueda ser aprobado definitivamente sobre el año 2022, aproximadamente si todo fuese bien, marzo de 2022 (primer trimestre de 2022). Sus señorías no pueden dilatar más los tiempos.

La Renta de Ciudadanía de Canarias también viene a complementar al Ingreso Mínimo Vital, este último puesta en marcha hace ya año y medio por el Gobierno estatal; pero que, sin embargo, ha dejado fuera en la Comunidad de Canarias al 80% de los solicitantes. Hechos que contradicen los índices de pobreza existentes en nuestra comunidad, con más de 257.000 personas desempleadas, sin parque de viviendas y, lo que nos avanzó en esta pandemia Cáritas, con más de 380.000 personas que fueron a los bancos de alimentos a raíz del parón económico de nuestras islas. 

Nuestra Comunidad Autónoma tendrá que valorar en los presupuestos de 2022 el aporte económico que significa este nuevo derecho de ciudadanía y es fundamental que las diferentes consejerías se pongan de acuerdo en los planes y programas que se desarrollarán paralelos a la nueva renta, como los planes de inserción laboral y los planes de inclusión social, las ayudas al alquiler de viviendas, etc. La Renta de Ciudadanía deberá venir acompañada de programas que ayuden en la salida de la situación de vulnerabilidad y programas para la inclusión social y la inserción laboral; en este sentido, podemos decir que la Ley otorga un doble derecho subjetivo. 

Por un lado, el derecho a las prestaciones económicas para cubrir necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de los recursos económicos suficientes para la cobertura de estas y, por otro, el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social y no perpetuar la ayuda sine die.

Esta renta viene también a complementar las existentes, tanto para el colectivo de jóvenes que no tienen ninguna prestación (jóvenes tutelados), como para aquellas rentas que no llegan a unos mínimos de aportaciones económicas, llámese rentas del trabajo u otras prestaciones, que no cubren los mínimos imprescindibles (pensiones no contributivas, pensiones de viudedad, etc.). 

Además, debemos ser conscientes que existe en la actualidad un batiburrillo de prestaciones que debemos coordinar y ser eficaces y eficientes para que el dinero público sea efectivo. En la actualidad convivimos con la Prestación Canarias de Inserción, con las pensiones no contributivas, con el Ingreso Mínimo Vital y con las ayudas de emergencia social a través de ayuntamientos y cabildos, y con una ayuda en diciembre de 2020, que incrementaba la PCI puntualmente en 250 euros, del área de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. Por tanto, con todo esto, sería conveniente aunar esos esfuerzos para llegar a más población, además de llegar mejor. Sin tantos compartimentos estancos. Los propios servicios municipales así lo advierten. 

Además, dados los plazos de ejecución de las diferentes áreas de los Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, que van incluso en la dependencia más allá de los dos años y medio para la valoración de los usuarios/as, de más de dos años para las pensiones no contributivas y de más de 6 meses para la PCI, ya estamos tardando y deberíamos articular los mecanismos necesarios para que la Renta de Ciudadanía de Canarias cumpla unos plazos realistas con los problemas de la ciudadanía y no se eternicen como otros servicios, generando frustración e incredulidad en las administraciones públicas por parte de la población.