Señor presidente de Vox:

Por la presente, hago acuse de recibo digital de su carta, tan fértil en mentiras como errónea en sus apreciaciones. Tal vez el hecho de que su misiva no haya llegado aún a esta hora a Sabin Etxea en formato papel obedezca a que no haya superado algún tipo de filtro que haya implementado Correos para detectar y retirar de la circulación documentos que incorporen bulos, fake-news o infundios. Es solo una hipótesis. De lo que no me cabe la más mínima duda, y justo es reconocerlo, es que su carta obra en mi poder gracias a la afamada eficacia con que opera el ecosistema digital de barro, odio y mentira que ha ideado y articulado el Partido que usted preside y que, por desgracia, tan solvente está resultando en su indisimulado propósito de intoxicar, hasta hacer irrespirable, el ambiente político y social del Estado- nación que tanto dice amar y defender. Ocupar y ejercer la presidencia de un Partido centenario como EAJ-PNV, al que avala su intachable hoja de servicios en defensa de la causa de la democracia, la libertad y los Derechos Humanos a lo largo de sus casi 130 años de existencia, es para mí, ante todo, un honor. También una alta responsabilidad que acarrea algunas obligaciones. Escribir resta carta de réplica es una de ellas. Ni me agrada, ni me complace, ni me apetece escribirle estas líneas, pero mi incomodidad resulta irrelevante frente a la obligación moral, la necesidad política y la demanda histórica de desmontar sus patrañas, y hacerlo además públicamente, ya que pública ha sido también su ristra de falacias.

Empecemos este ejercicio con los hechos. De acuerdo con el informe historiográfico elaborado a petición de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno español, el 12 de septiembre de 1936, Francisco Belausteguigoitia Landaluce, emigrante vasco residente en México, envió 65.000 dólares a Heliodoro de la Torre, tesorero de EAJ-PNV. A su vez, De la Torre traspasó este dinero a Marino de Gamboa, quien adquirió el edificio del número 11 de la Avenida Marceau, en París, y puso en marcha un entramado societario para protegerlo, consciente del complejo contexto político y social, iniciada ya la Guerra Civil en España. Preste usted especial atención a las fechas y cotéjelas con esta otra: 7 de octubre de 1936, día en que se constituye el primer Gobierno Vasco.

Años más tarde, en 1940, Francia fue invadida por el Ejército nazi y la Gestapo se incautó de aquel edificio de la Avenida Marceau adquirido por EAJ-PNV con la inestimable ayuda de Pedro Urraca, reconocido franquista que capturó al president Lluís Companys. Empieza entonces un recorrido judicial que conviene también repasar. Citemos primero la sentencia de 21 de julio de 1943 en Francia, que reconoció, efectivamente, la propiedad al Estado franquista, pero lo hizo tras un juicio celebrado en rebeldía, en el que solo se persona el Estado español sin oposición alguna, con pruebas manipuladas y la connivencia de las autoridades sometidas a los nazis ocupantes.

Pasemos ahora a las sentencias dictadas en el Estado español. En ningún caso, y digo en ningún caso, un Tribunal español se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, que es la propiedad del edificio. Y no lo ha hecho porque el ordenamiento jurídico no contemplaba hasta ahora, cuando se ha recogido expresamente en la Ley de Memoria Democrática de 2022, las devoluciones de las incautaciones que se hubieran producido en el extranjero. La Sentencia del Tribunal Supremo del año 2003, que tan constante como falazmente citan quienes pretenden negar a EAJ-PNV la titularidad del edificio, desestimaba nuestra reclamación por razones formales y de procedimiento, sin entrar a valorar si la abundante prueba documental aportada pudiera ser determinante para acreditar que era propiedad o no del PNV, aunque toda ella venía en ese sentido a justificar que sí resultaba de su propiedad. Y lo hace porque la Ley entonces vigente es la Ley 43/1998 de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936- 1939, que restringía su aplicación a los bienes y derechos incautados a los Partidos Políticos por el Estado español en territorio del Estado Español, y siempre que la incautación estuviere vinculada a la Legislación sobre Responsabilidades Políticas que surgió a la terminación de la Guerra Civil, dictada por el régimen franquista. Mi Partido recurrió entonces al Tribunal Constitucional y este, en mayo de 2004, tampoco entra al fondo del asunto (la propiedad del edificio) sino que se limita a decir que la Constitución fue aprobada en 1978 y que no puede ser aplicada con carácter retroactivo.

Sin embargo, en la actualidad, y tal y como he citado unas líneas más arriba, el ordenamiento jurídico español sí contempla la posibilidad de devolver las incautaciones que hubieran tenido Iugar en el extranjero. Lo hace en su Disposición Adicional Novena la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que, aunque no sea de su agrado, forma parte de la legislación española. Le invito a que la consulte. Además de este marco legal necesario para la restitución del bien al PNV, los hechos históricos que le he relatado han sido acreditados y certificados gracias a la abundante documentación presentada y que ha resultado en un informe historiográfico elaborado a petición de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno español.

No seré cínico. No lo Iamento, pero créame cuando le digo que comprendo perfectamente su malestar, su tristeza y su desasosiego ante la pérdida de un edificio, el del número 11 de la Avenida Marceau de París, que sus parientes políticos de la época —los mismos que tuvieron una cómplice participación en el bombardeo de Gernika— nos arrebataron ilegalmente y en nombre del fascismo. Y lo comprendo porque esa misma sensación de malestar, de pérdida y de desasosiego la hemos padecido, durante más de 80 años, miles y miles de afiliados y afiliadas de EAJ-PNV. Un sentimiento de vacío, dolor e injusticia que este mes de enero han mutado en justicia y en reparación en el seno de miles de familias vascas que ven, al fin, alcanzada y reconocida la victoria final en su justa causa. Me quedo con nuestra sana alegría, y no con su insano rencor.

No sé si diez años son suficientes para valorar y, sobre todo, para superar cinco décadas de violencia ininterrumpida contra personas, contra bienes y contra el Pueblo Vasco en su globalidad, ese Pueblo al que al supuestamente quería salvar ETA. Pero sí hay algunas cosas que ya están claras, aunque alguna de ellas parezca de perogrullo. La más evidente, que Euskadi y la sociedad vasca está mucho mejor que antes. Es más libre, es más feliz, vive más plenamente que antes del 20 de octubre de 2011. La segunda es que vamos a necesitar aún más tiempo para recuperarnos de tanto dolor injusto, de tanta violencia gratuita, de tanto odio inculcado, a pesar de que la ciudadanía vasca está haciendo notables esfuerzos para salir de aquel zulo en el que ETA nos quiso meter a todos y a todas. Y la tercera es que ya se ha demostrado que ETA no hacía falta para nada en nuestra vida como Pueblo. Nunca debió existir, nunca tuvo una misión popular. La mejor demostración de que esto es así es la reacción de su propio entorno político a lo largo de este periodo sin violencia. Se han adaptado a la nueva situación como si siempre hubieran formado parte del paisaje político del 'sistema'. Hoy disfrutan pisando la moqueta de las instituciones constitucionales españolas y quieren ser la alternativa de poder en las otrora instituciones “vascongadillas”.

¿La decisión de dejarlo fue sincera porque la violencia nunca tuvo sentido o respondió a una mera táctica al comprobar que no había ninguna posibilidad de salirse con la suya?

Estos días estamos oyendo y leyendo recreaciones del tramo final de ETA. Algunos, intentando reclamar para ellos méritos de todos, y otros, intentando hacer ver que nuestro proceso es equiparable al de cualquier otro conflicto en el mundo. La sociedad vasca creo que 'pasa' de procesos y de medalleros. Quería que ETA acabara y así ha sido, aunque con un altísimo coste en víctimas, que siempre deben estar en nuestra memoria. Pero sí hay un sentimiento colectivo de que aún no se nos ha contestado a dos preguntas clave que tampoco tuvieron respuesta en la última comparecencia de la sinécdoque Bildu-Sortu. ¿Para qué han servido 50 años de violencia irracional y tanto daño injusto causado? ¿La decisión de dejarlo fue sincera porque la violencia nunca tuvo sentido o respondió a una mera táctica al comprobar que no había ninguna posibilidad de salirse con la suya?

Estamos a tiempo, todavía estos días, para escuchar una respuesta de boca de esas voces siempre autorizadas del mundo de la izquierda abertzale. La verdad no les va a ser tan mullida como la moqueta de Madrid, pero se la deben al Pueblo Vasco.