Yo era por entonces un militante destacado del Partido de Unificación Comunista de Canarias (PUCC), una formación política integrada en las plataformas de partidos de izquierda que buscaban una transformación democrática por medios pacíficos. En las fechas de referencia, aunque éramos, como todos los partidos, ilegales, nos presentábamos abiertamente en actos públicos y ruedas de prensa. Lo que se denominaba “salir a la superficie”. Precisamente, en mi declaración en Comisaría hicieron referencia los policías, y así consta en el Acta, a una Cena Pro-Amnistía política celebrada en Santa Cruz unos meses antes, en la cual yo había intervenido como representante del PUCC. Autorizada, o al menos tolerada, y con una asistencia de varios centenares de personas, la Cena formaba parte de los actos de una “Semana de la Amnistía” que había tenido una amplia presencia en los medios informativos. La Policía sabía a quién acusaba, y el juez a quién procesaba. Mi abogado no era optimista acerca de la resolución de la causa, a pesar de la flagrante falsedad de los cargos; pero, afortunadamente, me beneficié de la Ley de Amnistía de 1977. 

En aquel momento, la Policía y la Judicatura eran los del franquismo. Hoy muchas cosas, sin duda, han cambiado; aunque quizás no lo suficiente. En mi contra testificaron -repito que mintiendo- tres inspectores de Policía. En el caso de Alberto Rodríguez ha bastado un solo testimonio. Si se me permite la digresión, estudié en Historia del Derecho que en el sistema procesal canónico, que la propia Inquisición aplicaba, regía el principio de que testis unus, testis nullus (testigo único, testigo nulo). Como historiador de la Inquisición, he leído centenares de procesos del Santo Oficio y puedo afirmar que tal principio se aplicaba generalmente, creando dificultades de prueba particularmente en algunos delitos, como era el de los sacerdotes que solicitaban favores sexuales en el confesonario: en estos casos, con ventaja para el confesor, al tratarse de la palabra de la mujer contra la suya. Cierto es que la discrecionalidad de los jueces inquisitoriales era grande, y que siempre cabía, en asuntos graves, el recurso a la tortura del reo; y, de cualquier manera, no pretendo reivindicar los procedimientos inquisitoriales, abominables. No desconozco que, si nunca se diese validez a los testimonios singulares, determinados delitos, particularmente los de carácter sexual, podrían quedar impunes. Pero cabe señalar que una manifestación contra la Ley de Educación en las calles de La Laguna, como aquella en la que el diputado Rodríguez participó, a la vista de innumerables testigos potenciales, no es un espacio parangonable a la soledad de un confesonario.

No es preciso desearle ánimo a Alberto Rodríguez, porque me consta que lo tiene sobrado; ni suerte, porque estas cosas no deben depender del azar; pero sí justicia, que la busque y la consiga. Entre tanto, tiene toda mi solidaridad.