“Dicen que la música es un derecho universal, sin embargo, en el mundo hay más de 360 millones de personas - según datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud- que no pueden disfrutar de ella, estamos hablando de las personas con problemas de audición y lenguaje”, así lo recalca Esther Pina, oriunda de Mula, coordinadora y directora del proyecto ‘Secret Sound’. Conforme a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, España es uno de los países cuyas instalaciones no supera el 1 por ciento en la ayuda a la discapacidad auditiva, y mediante esta plataforma se fomenta la inclusión de tecnologías preparadas para mejorar su experiencia audiovisual. La directora, que reclama más políticas sociales dirigidas a este colectivo, aclara que “favorecen el soporte de sonido y vídeo de congresos, conferencias, promociones y festivales” que quieran incluir en su público a personas con este tipo de discapacidades.

‘Secret Sound’ comenzó en 2019 como un sello discográfico, indica Pina, pero más adelante conoció la ‘Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición’ (ASPANPAL), ellos le mostraron “cómo les enseñaban a bailar flamenco y me contaron los problemas que tenían para el acceso a la música y el contenido audiovisual, fue cuando decidí cambiar el proyecto y centrarme en la discapacidad auditiva”. La plataforma ha sido proyecto ganador de los “XXVII Concurso de Proyectos Empresariales de Murcia”, premio ‘artes escénicas’ de la “II Edición Premios Ciudad, Creatividad, Cultura y Emprendimiento”, premio ‘emprendimiento social’ en los “Premios Juventud Región de Murcia 2021” entre otros, debido a su iniciativa revolucionaria.

¿Por qué pensaste en un proyecto inspirado en la música?

Empecé a tocar música con cuatro años, a producir, a mezclar, siempre he estado unida a ella.

¿Qué características ofrece la plataforma ‘Secret Sound’ para la experiencia de las personas con estas discapacidades?

Incorporamos todas las tecnologías disponibles para ellos, nos adaptamos al tipo de evento, según el tipo que sea, tomamos unas medidas u otras, el objetivo es que sea accesible. Tenemos en cuenta el espacio, al aire libre o en una sala de conciertos, las características son distintas. Incorporamos tecnologías como el bucle magnético, sistemas vibratorios para las personas que padecen sordera profunda, entre otros.

¿Habéis celebrado o programado algún concierto?

No hemos llegado a celebrar ningún concierto, solo hemos llevado a cabo eventos en la Región de Murcia, pero tenemos pensado que el primer concierto sea en el Teatro Circo. 

¿Tiene éxito la venta de entradas para ese tipo de festivales?

Estamos viendo que sí, sobre todo para las personas que padecen este tipo de discapacidades. El entorno es otro factor importante, ver cómo disfrutan, es una experiencia.

¿Qué proyectos futuros tienes?

Estamos intentando situarnos como referencia de accesibilidad en la región y para el año que viene queremos dar soporte a las demandas que estamos recibiendo.

La asociación Quiero Crecer encabeza en la Región de Murcia la atención e investigación en salud mental de niños y adolescentes expuestos a violencia de género. Quiero crecer lleva a cabo desde 2009 el Servicio de atención psicológica a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género (SAPMEX), financiado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI y Política Social de Murcia. Mavi Alcántara López, doctora en psicología y profesora asociada de la Universidad de Murcia, es directora de marco estratégico y coordinadora de los programas de terapia asistida con animales que se llevan a cabo desde 2015 en la asociación “con la intención de complementar la terapia tradicional y hacer una intervención en un contexto más facilitador: con animales y en la naturaleza”, aclara. 

La coordinadora asegura que “va más allá de una terapia dialéctica, es mucho más experiencial, trabajar a través de distintas actividades que promueven formas de conciencia acerca de cómo nos desenvolvemos”.

Uno de los programas, ‘Toma las riendas’, está formado por grupos de hasta ocho mujeres expuestas a violencia de género. En la primera sesión comparten la experiencia que han tenido con sus hijos y en las posteriores realizan actividades pie a tierra y de volteo terapéutico con los caballos para desarrollar la comunicación, los patrones de relación, “claves para entender el comportamiento de los niños, los roles en la familia, la conciencia de los estados emocionales y la confianza en sí mismas”. El centro ecuestre de educación ambiental ‘El Valle’ es el lugar perfecto donde las mujeres y los caballos entran en contacto para ayudarlas a mejorar las habilidades de crianza con sus hijos.  

Alcántara aclara que uno de los objetivos principales es que “entiendan la importancia del impacto que ha tenido en los niños haber estado expuestos a las situaciones de violencia de género que han sufrido y cómo pueden ayudarles a recuperarse”. El proyecto -afirma la coordinadora- crea un vínculo entre el caballo y la mujer en el que ésta puede aprender maneras diferentes de enfrentarse a las complicadas situaciones que padece y gestionar de una manera más adecuada las dificultades con sus hijos. 

Por otro lado, el proyecto ‘Toy’ se realiza en el centro de emergencias, los niños se encuentran allí “debido al alto riesgo contra la integridad física de las madres por parte de sus parejas”. Se realiza una sesión semanal de intervención canina llevada a cabo con la colaboración de Eduka Dog, cuyo objetivo -asegura la coordinadora- es inducir emociones positivas en los niños a través del contacto con el perro y la realización de diferentes juegos que fomentan la expresión emocional, la relajación, y la adquisición de habilidades, “los niños se olvidan de sus problemas mientras que están con Venom, el perro de terapia”. 

La organización también busca un contacto directo entre madre e hijo para aquellos casos en los que “la relación se ha visto muy deteriorada debido a la violencia de género que ha habido en la familia durante muchos años” con el futuro proyecto 'Nana', recalca Alcántara. La terapia propondrá varios espacios de trabajo, uno con la colaboración de Eduka Dog Murcia en el que se trabajará adiestramiento canino, y otra, sesiones pie a tierra con caballos en el centro el Valle, ambas trabajando en conjunto madre e hijo. 

Los próximos días 23 y 24 de noviembre se realizará el taller ‘El amor en tiempos de redes sociales’ en el Instituto de Educación Secundaria Eduardo Linares Lumeras de Molina de Segura dentro de las actividades contra violencia de género que realiza el Ayuntamiento de este municipio murciano a través de la Concejalía de Juventud y en el que participarán los alumnos de bachillerato para prevenir las relaciones de violencia de género y dentro de la pareja. La ponencia estará encabezada por la asociación de Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia (MUJOMUR) cuyo objetivo es promover los derechos de la mujer junto a una igualdad real y efectiva. La iniciativa de formar este colectivo surgió en 2009 y se unieron mujeres de entre 16 y 30 años que llevan a cabo proyectos para promover la lucha feminista junto a la participación de entidades y colectivos similares. Actualmente forman parte del Consejo de Igualdad de Murcia, del equipo de trabajo Plan Juventud Molina de Segura, del Pacto de Estado contra la violencia machista y del Movimiento feminista de la Región de Murcia.

La ponente, María Dolores Pérez Ruiz, graduada en Filosofía, integradora social y sexóloga, asegura que a esta edad los medios más usados para este tipo de comportamientos son “las redes sociales”, un ámbito donde “socializarse es el objetivo principal” y esto conlleva la posibilidad de crear “conductas delictivas” que afecten al ámbito de violencia dentro de la pareja o ex pareja al “difundir fotos privadas, creando perfiles falsos, a través de mensajes amenazadores”. Pérez Ruiz califica esas relaciones de maltrato como “tóxicas” y dominadas por “el chantaje emocional, la manipulación y la vigilancia”.

El desarrollo tecnológico ha fomentado la creación de contenidos sexuales al alcance de la generación adolescente y debido a esto, la ponente asegura que “hay una falta de conocimiento en la educación sexual”, que se puede ver reforzado en el ámbito familiar por miedo a “contar demasiado e incitar hacia algo negativo o contar muy poco y no haberle aportado nada”. Este tipo de talleres fomentan la enseñanza segura hacia los jóvenes, “comprendiendo su vulnerabilidad al ser impulsivos y creer que tienen el control de todo”, recalca la integradora social. 

Uno de los objetivos del taller es “promover la ética dentro de una relación adolescente” fomentando “la igualdad, la responsabilidad común, el buen trato y el bienestar compartido siempre teniendo en cuenta -aclara Ruiz- esos cambios físicos y psicológicos que experimentan a esa edad”. La coordinadora comenta que “detectar el maltrato dentro de una pareja joven es una tarea difícil”. Una de las formas que aporta MUJOMUR para combatir esas muestras de maltrato es fomentar el amor propio, la autodeterminación y el bienestar “trabajando sobre esos mitos del amor romántico para hacer un ajuste de sus expectativas en cuanto a las relaciones”, clarifica Ruiz.

Pilar Zapata Cánovas fue secretaria general de la Sección Femenina de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en el municipio murciano de San Javier durante la Guerra Civil. El 7 de noviembre de 1939, con la dictadura de Francisco Franco implantada, fue condenada a muerte “por estar afiliada a la CNT, por defender la causa roja, por agresiones y saqueos”. Meses más tarde se le concedió el indulto. El suceso de Pilar jamás apareció en ningún documento como víctima del régimen franquista. Tampoco hubo constancia del trato recibido a sus familiares, también represaliados por el bando nacional: unos ejecutados, otros fallecidos en prisión. La de Pilar es una de las muchas historias de mujeres víctimas de la represión franquista que recoge el escritor cartagenero Vicente Juan Medrano Salamanca en su libro 'Consejos de guerra a mujeres. Condenadas en la Región de Murcia 1939–1944', cuya primera edición se publicó el pasado mayo.

“Las personas con ideales de izquierdas podían ser detenidos por un vecino afiliado a la derecha, ellos llegaban a desempeñar el papel de la policía. Tenían la capacidad de ir por la calle y decir 'ese es rojo', no les hacía falta una orden judicial”, narra el autor en su obra. El escritor afirma que el motivo principal que le llevó a contar esta historia fue “dar voz a aquellas personas que fueron olvidadas y silenciadas por el régimen franquista”. La labor de investigación, motivada por el descubrimiento de un familiar suyo represaliado durante la dictadura, le llevó a buscar documentos en el Archivo Naval de Cartagena sobre los sumarios y procedimientos que llevaron a cabo la Marina y el Ejército de Tierra.

Medrano Salamanca quiso informarse más acerca de esta historia, incluyendo información guardada en el Archivo de la Región de Murcia y del Archivo Histórico del Ejercito del Aire. Un trabajo de más de tres años de investigación que le ha llevado a encontrar nombres perdidos, historias que nunca se contaron, todo ello reforzado con documentos que lo acreditan.

El autor asegura que el motivo por el que se centró en el colectivo femenino fue porque “la mujer sufrió dos tipos de represiones, una directa en donde se le juzgaba en el consejo de guerra y otra indirecta por pertenecer a un núcleo familiar del bando republicano”. “Se les consideraba –asegura Medrano Salamanca– mujeres señaladas que tenían que hacerse cargo de aquellos familiares que entraban en prisión y de los que se quedaban en casa amenazados por los nacionales”.

Medrano Salamanca consiguió contactar con las hijas de Pilar y éstas accedieron a contar la historia de su madre y de su familia. El libro recoge cartas escritas en la noche en la que los hermanos de Pilar iban a ser fusilados y un diario personal donde ella fue anotando todos los sucesos importantes que vivió durante su estancia en prisión.

Araceli, una de las hijas de Pilar, ha comentado a este medio “el horror que vivió su madre, los abusos que tuvo que soportar y los delitos injustos y falsos que la culpaban”. Asegura que “su madre quiso apartar los sucesos del pasado en el entorno familiar y dejar atrás una guerra que vivió con mucho pesar”.

El escritor recuerda que “las personas que sufrieron abusos durante aquella época debían mantener un voto de silencio sobre todo lo que les habían hecho para proteger a sus descendientes y que esa guerra se acabase de algún modo”. Todos ellos fueron marcados con “supuestos delitos que habían cometido y debían convivir con unos antecedentes injustos”. “Todo el historial de esas más de 45.000 personas se quedó en el olvido, sin saber dónde habían acabado, cómo y porqué”.

El autor comenta que “el miedo que vivió la gente represaliada se puede ver plasmado en el silencio que mantuvieron años y años. El marido de Pilar, Ramón Giménez Samper, también fue condenado a muerte y conmutado, pero sus hijas no lo sabían, desconocían la historia que vivió su padre durante el régimen franquista”. 

“Muchos represaliados republicanos –afirma Vicente– quedaron en el olvido hace más de 85 años, este libro cuenta su historia”.

Blasa Herrero Guardiola, fallecida en prisión a causa de un cáncer en la matriz

Blasa Herrero Guardiola era una jumillana idealista y de izquierdas perteneciente al Partido Comunista. Una represaliada por la dictadura, acusada de múltiples delitos durante la Guerra Civil: “Asesinatos, intentos de asalto, quema de iglesias e imágenes religiosas, robos, saqueos”, así lo cuenta Medrano Salamanca en su libro. Todos los rumores recogidos en los escritos judiciales culpaban a Blasa de ser “una mujer peligrosísima para el glorioso movimiento nacional”. El rumor público parecía ser motivo suficiente para “imponer la pena de muerte a todos aquellos que pertenecieran a las brutales acometidas contra la ideología derechista”.

Blasa fue condenada a pena de muerte el 11 de mazo de 1942 y llevada a la Prisión Provincial. La ejecución estaba dispuesta para el 21 de julio de ese mismo año, pero Blasa no acudió. Un día antes, uno de los médicos llevó a cabo un informe donde alegaba que “la reclusa padecía un cáncer en la matriz y se encontraba en cama sin poder moverse”. El diagnóstico afirmaba que “su enfermedad era mortal quedándole poco tiempo de vida”. La decisión del gobernador militar fue “suspender la ejecución y retrasarla hasta que la reclusa se encontrara en las condiciones oportunas para reestablecer el cumplimiento de la ley”.

El 27 de julio el médico redactó un nuevo informe sobre el estado crítico de su paciente, pero no llego a emitirse ya que Blasa falleció a las 12:30h de la madrugada el 5 de agosto de 1942. El cuerpo fue llevado al cementerio de Nuestro Padre Jesús de Espinardo.

El libro también recoge información sobre su familia: “Su madre fue fusilada en diciembre del mismo año. Pedro Ros Sánchez, marido de Blasa, fue juzgado a pena de muerte en Murcia el 6 de junio de 1942 por los mismos delitos que su mujer. Su ejecución se produjo el 20 de julio. Su hijo Andrés Herrero Guardiola fue recluido a la Prisión de las Angustias de Murcia y puesto en libertad condicional el 22 de diciembre de 1943. Su mujer María Molina Terol fue condenada a pena de muerte”.

Dolores Hernández Ruiz, calificada como “una asesina de niños”

“En el paseo de septiembre de 1936 una vecina apareció en la carretera de Caudete en condiciones irreconocibles”, fue una de las acusaciones que se encuentran en el libro sobre Dolores. Una mujer de clase media, cuya profesión se basaba en las labores domésticas. Cuidaba de sus cuatro hijos a sus 57 años y residía en la localidad de Yecla.

Todas las acusaciones provenían de rumores públicos, hasta el extremo de señalar a Dolores como “una asesina de niños”. El hijo de la mujer asesinada en la noche de “el paseo”, declaró que era “una incitadora, que había tomado represalias contra su madre”. La calificaba de “ladrona, saqueadora y excitadora del movimiento republicano”. Dolores afirmó que “tenía una cuenta pendiente con la víctima, pero que jamás había cometido tal delito”. Aseguró que su participación en la quema de iglesias, en saqueos y en manifestaciones era “falsa”. Pertenecía a la Unión General de Trabajadores para que su hija pudiese trabajar cosiendo ropas para los milicianos.

El fiscal optó por usar los informes de Falange Española y de la Alcaldía calificando los hechos como “un delito de adhesión a la rebelión con agravante de peligrosidad” exigiendo la pena de muerte. Dolores fue trasladada a la Prisión Provincial de Murcia el 28 de abril para acudir al consejo de guerra.

Se dictó sentencia acusándola de haber participado en la muerte de la asesinada en la carretera de Caudete, de quemar iglesias, calificándola de “violenta e incitadora” entre otros muchos calificativos. El consejo declaró que eran hechos probados cuando la mayoría pertenecían al rumor público. Aun así, Dolores fue condenada a muerte. El 13 de mayo de 1939, el jefe del Estado, dio por válida la sentencia y con ella la ejecución. Al día siguiente, Dolores fue arrastrada hasta el cementerio de Nuestro Padre Jesús de Espinardo por un piquete de la guardia civil.

El libro muestra una foto cedida por su biznieto Antonio Palao en la que se puede ver una corona de flores que la hija de Dolores, Ángeles, le envió desde Australia, alejada del horror que estaba viviendo su familia. Su marido Pepe Soriano Sánchez murió durante la guerra y sus dos hijos, Pascual y Antonio, fallecieron luchando en nombre de la República en la batalla del Ebro y en Madrid.

Los familiares afectados “tuvieron que soportar la desinformación sobre lo ocurrido en aquellos años, lo único con lo que contaban era con documentos franquistas que alegaban la culpabilidad usando adjetivos como rojas, prostitutas, inductoras”. Medrano Salamanca asegura que “eran unas declaraciones falsas que se basaban en un odio ideológico”, ya que su labor de investigación en la lectura de sumarios, el conocimiento sobre cómo se creaban estos consejos de guerra y en qué contexto histórico se llevaba a cabo, negaba lo que ponía en aquellos documentos. 

Las milicianas

El autor cartagenero asegura que las milicianas fueron la figura representativa de que “la mujer quería conservar los derechos que se le habían concedido durante la Republica y no perderlos”, realizando la misma labor que los hombres, defendiendo la igualdad. Durante los bombardeos, “ellas se encargaban de buscar a las víctimas debajo de los escombros, si venía un barco con material de guerra o con alimentos realizaban la tarea de estibadoras”.

La Guerra Civil española, la dictadura y la Transición dejaron tras de sí 290 fosas individuales y colectivas y 1.300 víctimas, según las investigaciones que ha hecho públicas este miércoles la Federación Regional de Asociaciones de Memoria Histórica. Unas conclusiones que compartirán en una página web donde se recogerá el número de víctimas del franquismo, la localización de las fosas y se dará la posibilidad de contactar con la Federación a todas aquellas personas que todavía buscan a sus familiares.

“Uno de los objetivos de este proyecto es que la página web sea accesible a todo el mundo, para acceder al buscador y encontrar a las víctimas”, ha asegurado Mercedes Nicolás, que ha presentado el 'Catálogo de fosas de la Guerra Civil y la represión franquista en la Región de Murcia“ , junto a sus compañeros Rufino Garrido y el arqueólogo Miguel Mesquida pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica. Un acto en el que han estado acompañados por el alcalde de Murcia, el socialista José Antonio Serrano. Según han explicado los investigadores, los principales focos donde se pueden encontrar las fosas son la capital (507) y Cartagena (180), extendiéndose a municipios como Lorca (35), Caravaca de la Cruz (36), Totana, Jumilla o Águilas. ”El cementerio de Nuestro Padre Jesús en Murcia y en el de Nuestra Señora de los Remedios en Cartagena recogen el mayor número de víctimas“, ha dicho Mesquida. 

El arqueólogo ha recordado que durante “la guerra y el franquismo Murcia se mantuvo fiel a la República hasta el último momento, y la represión se dio en los primeros años de la dictadura, por ello existen diferencias respecto a Andalucía, donde se registraron 45.000 víctimas”.

En la página web del colectivo se presenta información sobre qué tipos de fosas hay -ha aclarado Mercedes Nicolás-, el censo de víctimas y un mapa donde se pueden ubicar. Desde la Federación han adelantado que los datos son provisionales, porque siguen apareciendo nuevas localizaciones.

La falta de suministros y el encarecimiento de los productos está afectando tanto a Europa como a España. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se vió obligada a mediar en un conflicto político entre Argelia y Marruecos que amenazaba el suministro de gas a la península; a lo que se suma la falta de materias primas y el descenso de producción que está encareciendo el precio del gas. Austria advirtió hace escasas semanas a sus ciudadanos sobre un posible apagón eléctrico a raíz de una progresiva escasez de suministros. Una situación que con consecuencias no solo a nivel mundial sino también local. 

Diego Peñarrubia, Profesor del departamento de fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Murcia (UMU), respalda la idea de que “todo es a raíz de la pandemia”. “La subida de la actividad económica ha sido el detonante para que la demanda supere a la oferta”. La pandemia, asegura Peñarrubia, “ha supuesto que las empresas y pequeños comercios se vieran obligados a parar su producción, pero ahora, gracias al incremento de unos resultados favorecedores en la lucha contra la COVID-19, los negocios necesitan más que nunca una producción eficiente y rápida”. La demanda está por encima de la oferta “incluyendo el descontrol económico en la logística como la falta de transportistas, encarecimiento de los contenedores”.

Un problema que ha llegado a la Región de Murcia, en donde los comercios notan una espera de “varios días e incluso semanas” en la entrega de productos. Alberto Sánchez, empleado de Vergel, una pequeña tienda regalos y textil en el centro de Murcia, asegura notar que “las marcas necesitan mayor suministro de materias primas y esto afecta a la posterior reposición de los productos”. La crisis del transporte influye en la entrega, afirma Alberto: “Hemos tenido que solicitar los pedidos con antelación sobre todo las marcas de exportación. Antes los solicitábamos a primeros de diciembre”.

Otro de los comercios que se han visto afectados en la región es Broken Finger, minorista que vende complementos y ropa. Su encargada, Miriam García, comenta que en su establecimiento “están notando retrasos con la paquetería, entregas y también en el comercio online”. Va más allá y asegura que uno de los principales problemas que está notando en su establecimiento es “con respecto a la crisis energética que encarece el precio de las materias primas como el algodón orgánico”. “El encarecimiento en el transporte también se incluye dentro de esta crisis ya que los contenedores han subido su precio y los negocios lo notan económicamente”.

José Martínez y Maite Martínez, regentan la librería Ramón Jiménez y se consideran víctimas del factor logístico, “las agencias distribuidoras han encontrado una forma de ahorrar, han decidido contratar autónomos que se pagan sus propios medios como el transporte o la seguridad social”. Debido al encarecimiento en la producción, esta es la solución que están tomando los distribuidores. Maite asegura que “han notado mucho retraso en los pedidos debido a que los repartidores los acumulan para hacer menos viajes y ahorrarse dinero, ya que tienen que ser ellos los que se pagan la gasolina”.

Diego Peñarrubia aclara que después de una pandemia la actividad comercial ha repuntado a una “velocidad que no esperaban las entidades distribuidoras, de transporte y producción”. El macroeconomista asegura que “la falta de logística y su trato descompensado afecta en que la producción llegue a su lugar de destino en el tiempo estimado”. Peñarrubia señala que los camioneros son el sector que “más está descendiendo debido a que tratan desde hace años con pérdidas de comisiones laborales”. A consecuencia del parón que se produjo por la pandemia -continúa Diego- se perdieron muchos puestos de trabajo y ahora “no tiene sentido volver cuando las condiciones laborales no son las adecuadas”. 

El Gobierno de Murcia expuso hace escasos días un plan de movilidad regional que, en palabras del consejero de Fomento, José Díez Revenga, busca introducir medidas como “reducir el tiempo de desplazamientos, las emisiones, crear un nuevo mapa de movilidad, una red de intercambiadores de transporte”.  Un proyecto que no ha estado exento de críticas desde plataformas sociales y sindicales que aseguran la “ineficiencia” de las ideas que se quieren llevar a cabo: “Siempre son las mismas estrategias innecesarias y vacías”.  

La plataforma del transporte público surgió debido al “mal funcionamiento por parte de las administraciones implicadas y los daños que suponían a los trabajadores”. Sus miembros decidieron dar un paso adelante a principios de 2021 con la aparición de la pandemia que supuso la reducción de servicios de transporte. Uno de los portavoces, Paco Ruipérez señala como una “falsedad” el nuevo plan del transporte público que ha llevado a cabo la Consejería que preside Revenga. Los datos con los que ha contado dicho plan son “erróneos; cuenta con estaciones de ferrocarril inexistentes y no incluye otras de autobuses que sí o el uso de servicio de autobuses urbanos en ciudades donde nunca lo han tenido”. 

Datos de la compañía Orange

El proyecto del Gobierno regional cuenta con un muestreo sobre la movilidad de la región en base a los datos recogidos de los clientes murcianos de la compañía telefónica Orange. Ruipérez alega “la incoherencia de dicho muestreo, ya que solo un 25 por ciento de la población es cliente de esa compañía”. 

Respecto a la estrategia medioambiental expuesta por Revenga, el portavoz critica que se lleve a cabo “mucho antes de saber cuáles son los transportes de los que van a disponer; el plan cuenta con lagunas que demuestran el mínimo conocimiento sobre las prioridades para un proyecto de transporte”. 

Alcantarilla, con un 50% menos de actividad

Revenga, asegura Ruipérez, estudia las diez concesiones de líneas de autobuses dentro de la Región y esto “supone un descenso de los servicios en muchas ciudades, sobre todo en Alcantarilla, con un 50 por ciento menos de actividad aparte de las paradas en la ruta, que pasan antes por el recorrido universitario que por el propio centro de la ciudad”. 

José Enrique Ruiz, abogado y miembro de la plataforma del transporte público, intervino en la recuperación de la línea 61, a día de hoy con el número 26,  que conectaba San José de Montaña y diversas pedanías con el centro de Murcia. Su labor se encaminó a “recordar el olvido constante de los pueblos murcianos que necesitaban, de una vez por todas, encontrar la forma de trasladarse al centro de la ciudad de la manera más cómoda posible”. Las plataformas ciudadanas luchan por ampliar el transporte público en los lugares más alejados de la ciudad, ya que aún hay muchas pedanías que se tienen que adaptar a unos horarios específicos debido al lugar donde se encuentran. 

“Simple fachada”

Ruiz asegura que el nuevo plan de movilidad para el transporte público es “una simple fachada que esconde las verdaderas necesidades de los ciudadanos, como la mejora en los horarios, unos precios inadecuados que no presentan ayudas con aquellos que necesitan usar dicho transporte con más frecuencia”. El abogado asegura la necesidad de escuchar al ciudadano y “dejar a un lado los planes defectuosos”.

A pesar de que el Ayuntamiento de la Región de Murcia no presentará los análisis sobre la movilidad en el tráfico murciano hasta el mes de noviembre, sí aboga por el incremento de las líneas en el transporte público y por tanto, la necesidad de contar con 339 trabajadores más que dispondrán de 135 vehículos ecológicos para fomentar un uso adecuado y responsable. Este nuevo plan, llevado a cabo por la Junta de Gobierno, busca una mejora en la conexión del municipio incluyendo las distintas pedanías. A pesar de esto, Paco Ruipérez encuentra “un vacío en dicho plan; los autobuses se van a reducir a un máximo de ocho plazas con el fin de poder acceder al entramado de calles estrechas a costa de suprimir las plazas que podrían aprovecharse”. 

Otro de los sectores que se ven afectados por este proyecto son los trabajadores de las compañías del transporte público. Francisco Tomás Muñoz, empleado de la compañía LAT, comienza su jornada laboral a la espera de un plan que “no tiene en cuenta las necesidades ni de los trabajadores ni de los viajeros; los horarios planteados no prestan un servicio al ciudadano, ya que representan muchas horas de espera y supone la opción de otro medio de transporte más rápido”.

A la hora de crear un proyecto de movilidad, es imprescindible contar con aquellos que se vean involucrados en él, asegura Francisco. “No se han sentado con nosotros para deliberar asuntos importantes en los que nos vemos implicados y sobre los que deberíamos opinar”.

Pedanías, sin transporte los domingos

Contando con más trabajadores del sector, Tomás Verdu Bernal, operario de la compañía de autobuses 'Los Coloraos', asegura que “es un plan sin fundamento”. A día de hoy no sabemos las distintas afluencias entre los autobuses con respecto a las paradas“. Reafirma la idea de sus compañeros en ”la falta de consideración hacia ellos tanto las medidas como en las decisiones que se han tomado“. Bernal critica que ”muchas paradas que se encuentran en las pedanías no pueden disponer del transporte público los domingos“. El operario asegura que ”son claros signos de una falta de estudio en las necesidades de los ciudadanos y en la justa movilidad“

Tomás y sus compañeros han tenido que “aguantar durante la pandemia” la falta de aseos ya que “casi todos ellos” se encontraban averiados, una situación que les afectaba a su comodidad ya que “en tiempos de pandemia no se podían entrar a otros lugares para usar los aseos”.