El próximo 30 de abril se cumplen los primeros 100 días de Donald Trump en la Casa Blanca. En este corto pero turbulento periodo, la política del miedo y el caos ha tomado cuerpo sin máscaras ni medias tintas. Trump llegó a la Casa Blanca de la mano de las grandes compañías fósiles, a quienes ha correspondido con la retirada del Acuerdo de París y alentando una mayor producción y comercialización de combustibles fósiles. También selló una estrecha alianza con los oligarcas tecnológicos, a quienes devolvió favores con rebajas fiscales y poniendo la Administración federal a merced de la motosierra de Elon Musk en una inédita colusión de intereses. 

La guerra comercial en la que nos encontramos ahora forma parte del modus operandi testosterónico con el que se extorsiona e impulsa la agenda dictada por las élites más reaccionarias, agrupadas en torno a las banderas “antiwoke” y “antiglobalista”. Unas élites a las que les sobran los derechos humanos, los contrapesos democráticos, los impuestos y la cooperación necesaria para afrontar retos planetarios como el cambio climático o la paz. Sin desdeñar la capacidad de hacer daño - que se lo digan al pueblo palestino, a las personas migrantes, al colectivo LGTBI o a quienes se dedican a la ciencia en el país -, una consecuencia importante de la “doctrina del shock” es su poder de distracción y parálisis. Por ello, toca “hacer piña” y sostener firmemente una brújula verde y democrática. 

Esta es la mejor respuesta al trumpismo global: avanzar con contundencia en una transición ecológica más democrática que transforme la economía y distribuya sus beneficios entre una ciudadanía castigada por la sucesión de crisis. Es el momento de reforzar la resiliencia climática y ambiental, consolidar una economía verde y justa con anclaje local y regional en sectores de bienestar y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Así, nos prepararemos para hacer frente a futuras pandemias, danas o sequías, cerraremos el paso al negacionismo iliberal que se nutre de la desigualdad y la inestabilidad y dejaremos de alimentar regímenes autoritarios al fortalecer nuestra autonomía estratégica. 

Esto exige replantearnos, por ejemplo, cómo invertimos el dinero público. Solo un dato: según un estudio de Greenpeace, el 86% de las subvenciones que se dieron en nuestro país en 2024 en el sector agrario, el transporte y el consumo energético eran tóxicas, es decir, dañinas para el medio ambiente. Subvenciones destinadas al gas, a carburantes, agrotóxicos y que, en última instancia, alimentan los bolsillos de las corporaciones fósiles y de los oligarcas. 

Una inversión responsable de esos recursos nos permitiría duplicar la acción climática, mejorar las condiciones de vida en el medio rural, recuperando rentas, suelos, agua y biodiversidad. Se podría reducir la contaminación en las ciudades, reforzar el transporte público metropolitano y rural, transformar los hogares en espacios de confort y bajo consumo energético, restaurar ecosistemas que nos protejan frente a futuros shocks climáticos y apoyar económicamente a las familias y pymes que se están quedando atrás. El potencial de una transición ecológica orientada hacia las mayorías sociales es inmenso. Es el momento de democratizar la transición ecológica y hacerla accesible a estas mayorías tanto en las ciudades como en el campo. 

Nos merecemos como humanidad recorrer este camino sin distracciones. Comenzando, por supuesto, por dejar atrás los combustibles fósiles. Su tiempo ya pasó y ya han causado suficiente daño. Hoy existen alternativas más eficaces y baratas con las que llegar mejor a fin de mes sin auspiciar el fin del mundo. Miles de soluciones basadas en la ciencia están listas para ser desplegadas a la escala suficiente. HOPE, la serie, que se estrena estos días, lo explica con mucha pedagogía. 

Una agenda de cambio está ya en marcha. Por ello, no hay que ceder a los retrocesos que pretende Trump: chantaje de un gas caro e innecesario, importar más armas, rebajar los estándares ambientales y de derechos humanos, y, por supuesto, no debemos rendirnos ante los abusos de las grandes tecnológicas. Vender más cerdos a China e importar la soja responsable de la deforestación amazónica tampoco es la solución. La alternativa al vasallaje trumpista no es una nueva vuelta de tuerca de acuerdos comerciales neocolonialistas y basados en el dumping ambiental. Las consecuencias en el mundo rural y la industria impulsarían al trumpismo doméstico. La UE debe reafirmar sus valores, priorizar acuerdos comerciales con impacto “cero” en la deforestación, el clima y los derechos humanos y laborales, y apostar por una economía global más responsable y que mire más allá del crecimiento. 

No plegarse frente al trumpismo también es reforzar la democracia. Y en Greenpeace sabemos lo que nos jugamos: un juzgado estadounidense nos ha condenado a pagar a la petrolera Energy Transfer 660 millones de dólares por apoyar las protestas pacíficas de la tribu sioux contra la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte en 2016. Un atropello para intentar silenciar a la sociedad civil en su papel clave de defensa del interés común. No nos podemos callar y debemos reafirmar nuestros valores y presionar a los Gobiernos en el avance de los derechos humanos y los de las futuras generaciones, sin claudicaciones. 

La ciudadanía europea necesita soluciones en las que quepan todas las personas: una economía del bienestar a escala humana y en armonía con el planeta. El mundo, por su parte, pide a gritos un liderazgo democrático alternativo basado en derechos y cooperación. Romper la parálisis que impone la “doctrina del shock” y apostar por un futuro más verde, justo y democrático es hoy más urgente que nunca. Necesitamos más coraje político, defender la ciencia, reforzar los cauces democráticos sociales e intergeneracionales y una inversión pública coherente en sectores de transición y bienestar. Como decía el papa Francisco: “no al pesimismo estéril”, que el trumpismo sea un acicate para sostener con más fuerza una brújula verde y democrática, y evitar que los más reaccionarios se salgan con la suya.

 El inicio del mandato de Donald Trump y su mecenas y vocero digital Elon Musk refleja la huida hacia adelante de parte de la oligarquía fosilista, imperialista y tecnofeudal. El “drill baby drill” -perfora, colega, perfora-, el plan de acaparamiento de recursos estratégicos y los esteroides a la extrema derecha europea para contrarrestar cualquier signo de regulación y contrapoder democrático, son su carta de presentación. Un gobierno de ultrarricos -con 16 grandes fortunas en su núcleo duro-, que reviste sus intereses económicos de ultranacionalismo y negacionismo y frente al que hay que responder desde la resistencia, la reafirmación y la resiliencia democrática. Una de sus primeras medidas ha sido mover ficha para abandonar el Acuerdo de París y situarse en el selecto club negacionista formado por Irán, Libia y Yemen. Y en estos días exigirá el vasallaje del mundo económico en el Foro Económico Mundial en Davos.

En España, las señales prematuras de la onda expansiva llegaron de la mano del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, que en la asamblea general de accionistas de 2024 acusó a Greenpeace de ser responsable del aumento de emisiones en España. Más recientemente, un Imaz desacomplejado amenazó con desinversiones millonarias si se prorrogaba el gravamen a las grandes energéticas y, unos días después de la DANA, se jactaba públicamente con un “the tax is over”, al sucumbir Junts al chantaje de las desinversiones en Tarragona. En la onda expansiva del “drill baby drill”, la sociedad civil y los impuestos estorban. Los gravámenes a energéticas y banca implantados en 2022, con una recaudación conjunta de unos 2.900 millones en 2023 -1.200 y 1.900 respectivamente-, han apoyado la financiación del bono social eléctrico o las ayudas al transporte público que alivian el incremento del coste de vida causado por los beneficios de las grandes energéticas en el contexto de la guerra de Ucrania. Desde Greenpeace solicitamos que la extensión del gravamen destinara parte de lo recaudado al escudo social, económico y de reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA.

Junts no fue el único partido sensible a los grandes accionistas del oligopolio, BlackRock, Santander, Criteria Caixa, las petrodictaduras árabes, el Estado italiano, la República Popular China... El 19 de diciembre Junts, PNV, PP y Vox unieron fuerzas para tumbar el gravamen, obligando al Gobierno a aprobar uno nuevo justo antes de Nochebuena. Denunciamos este servilismo, resaltando, por un lado, el contraste entre la euforia económica del oligopolio energético -cuyos beneficios históricos han sido un 17,3% mayores en 2024 que en 2022-, y su responsabilidad en la crisis climática -Repsol genera el 62% de las emisiones del IBEX- y, por otro, el estrés económico y climático que enfrenta gran parte de la ciudadanía. Los argumentos del “expolio fiscal” y la falta de seguridad jurídica para invertir carecían de fundamento. En 2023, el gravamen representó sólo el 5% de las inversiones y el 12% de los dividendos de las energéticas, ambos en niveles récord. El infierno fiscal descrito por Imaz es en realidad pagar un tipo efectivo sobre beneficios del 6,8%, mucho menor que el de cualquier PYME, y disponer de una surtida red de filiales en guaridas fiscales -según Oxfam, Repsol tiene 49, Iberdrola 42 y Naturgy 36-.

Esta semana, el nuevo gravamen vuelve al Congreso. En él, el gobierno incorpora las demandas del PNV y de Junts, y rebaja su potencial recaudatorio en aras de un pretendido incentivo para las inversiones en transición ecológica, cuya integridad y adicionalidad habría que garantizar. En 2023, las inversiones fósiles del oligopolio alcanzaron 6.500 millones poniendo en riesgo los compromisos climáticos y a la ciudadanía. Por ello, y con todos los defectos a corregir en proceso parlamentario, la aprobación del gravamen supondría un espaldarazo a unos recursos públicos necesarios para compensar la factura social y climática.

En medio de la ola expansiva reaccionaria, el debate sobre el gravamen ejemplifica claramente la lucha entre los intereses de la ciudadanía y los de la oligarquía. Una oligarquía irresponsable que acapara riquezas, contamina nuestro planeta y pone en riesgo la democracia debe rendir cuentas por ello. Gravar la inmensa riqueza acumulada por las empresas contaminantes y los ultrarricos - el coreado “Tax The tox” y el “Tax The Super Rich”- son centrales en la agenda climática. Nos jugamos nuestro bienestar más básico, tener un transporte público de calidad, una vivienda asequible y con confort térmico, el apoyo a los agricultores familiares en su adaptación al cambio climático, la protección frente a eventos climáticos extremos, la salud…, y en última instancia, la democracia y el futuro.    

Decía Groucho Marx que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Desgraciadamente esta es la realidad en la que habita una parte de la clase política española lanzada de manera irresponsable al monte de la distracción y la polarización. Hubieran hecho bien en haber asumido el código ético que proponían los escolares de Pamplona y dejar de cavar la fosa de la desafección política. 

Pero la realidad es tozuda y nos habla de sequía e incendios, de dificultades de pagar la luz y el alquiler, de los problemas de la sanidad y la educación y de las desigualdades del monopoly económico que tanto daño nos está haciendo a todas. Y entre todos ellos, el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo situaba el cambio climático y el medio ambiente como dos de los problemas principales para los españoles, incluso por encima de pensiones, hipotecas, la pandemia o el racismo. 

Es de gran simbolismo el que esta vez la carrera electoral se haya iniciado justo el 12 de mayo, el mismo día en que entrábamos en deuda ecológica, habiendo agotado todos los recursos que nos corresponden como país. Son muchas las señales físicas, alertadas por la ciencia, de un planeta enfermo, cuya salud es la salud de todas las personas y de las generaciones futuras. El marco político no debe ser el aceptar o no esta realidad - ahí es donde nos quiere situar el retardismo fósil -, sino el de una competición al alza para poner en práctica de forma urgente y sin distracción las mejores soluciones posibles. Y de financiarlas… 

Pedro Sánchez ha querido hacer campaña mostrando expediente frente a la carrera de obstáculos (sequía, inflación, pandemia…) aprovechando las posibilidades del mayor presupuesto de la historia de la democracia aprobado en 2022, reforzado por la recaudación y los fondos europeos, que incluso le han permitido alguna alegría más al calor electoral en áreas como la vivienda y la juventud. Otros le siguen, cada uno a su nivel, inaugurando plazas, carriles bici, cortando cintas en un carrusel de iniciativas y anuncios que las urnas juzgarán. Más allá de la polvareda de promesas electorales y sus repercusiones en el presupuesto público, no debemos olvidar que la vida sigue y los centros de salud, el sueldo del profesorado, el camión de la basura, los servicios de bomberos y la acción social necesitarán de financiación. Y por supuesto, también la respuesta a la emergencia climática.   

Sin embargo, desde Bruselas llegan vientos preocupantes de austeridad. Es decir, recuperar de nuevo el viejo relato de que una vez sorteado este tiempo excepcional, de suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, aparcando de nuevo la reforma fiscal justa y verde, toca volver al rigor amargo de la consolidación fiscal. Es en este punto en el que el cruce más o menos virtuoso de promesas electorales y necesidades ciudadanas se toparán con el preocupante corsé de las reglas fiscales europeas. La propuesta legal realizada por la Comisión para una nueva gobernanza económica europea entorpecerá la capacidad de las administraciones públicas de responder a la crisis ecológica y de desigualdad en los próximos años. Recordemos cómo recientemente algunas administraciones imploraban para que los gastos de la lucha contra la sequía no computaran como déficit público a partir de 2024. Con las reglas fiscales actuales la excepción climática no tiene cabida. 

El último estudio de la New Economics Foundation de Alemania señalaba que las reglas propuestas por la Comisión harían que todos los países de la UE, menos 4, incumpliesen los objetivos de clima y energía. Según la Fundación Europea de Estudios Progresistas, vinculada a los socialdemócratas europeos (FEPS, por sus siglas en inglés), existe una necesidad de inversiones para no superar el 1,5 ºC del Acuerdo de París de entre 11 y 16 billones de euros entre 2020 y 2050, es decir, entre 14 y 21 veces los Next Generation europeos. 

La valoración de Greenpeace es que la propuesta legal realizada por la Comisión no es coherente ni con el Acuerdo de París, ni con el Convenio de Diversidad Biológica, ni con la Carta Social Europea y abre la puerta a una mayor desafección con el proyecto europeo, con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina. La propuesta ignora los agujeros fiscales del continente - donde se escapan los Ferroviales de turno -, hace la vista gorda del mal uso de los recursos públicos en subsidios e infraestructura fósil o en una oportunista carrera militar y no exige presupuestos verdes e inversiones y reformas prioritarias en resiliencia y bienestar que cumplan el principio de no generar daño al medio ambiente. 

Entre el inmovilismo austericida alemán y la poca ambición de la propuesta actual de la Comisión, respaldada por el Gobierno español, nos jugamos la realidad del marco político de los próximos años, una vez pasado el ciclo electoral de este año. Y si la posición alemana nos retrotraería a los años de los recortes, la del Gobierno español no está a la altura de su credo social y ecologista. 

Si algo hemos aprendido en este tiempo de policrisis, y especialmente durante la pandemia, es que no es el momento para que los poderes públicos se pongan de perfil y dejen que las fuerzas del mercado resuelvan por sí solas problemas profundos y de largo plazo como la sequía, los incendios, la vivienda, la movilidad en las ciudades o la sanidad pública. Pero la apuesta por un papel reforzado de las administraciones públicas tampoco puede ser un cheque en blanco al derroche, la inercia y excentricidades de un crecimiento indiscriminado -como vimos en la burbuja inmobiliaria y con algunos de los proyectos del Next Generation-. Entre la austeridad y el gasto y el crecimiento dañino - a debate estos días en el parlamento europeo - hay un espacio fértil para invertir con co-responsabilidad en nuevos modelos socio-económicos de bienestar y resiliencia. 

Es un debate crucial que sobrevuela por encima del ruido electoral y así lo debe entender la comisión mixta del Congreso y Senado en su ponencia sobre las prioridades de cara a la Presidencia Española del Consejo de la UE. La sociedad civil lo tiene claro, como se muestra en la carta enviada en marzo al Presidente del gobierno pidiendo una reforma con ambición para que tengamos una gobernanza económica europea libre de combustibles fósiles, paraísos fiscales y hombres de negro.  

Angela Davis dijo: “No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”. Es el momento de la responsabilidad y no del retardismo, las frivolidades y el postureo de plantas en el balcón, carriles bici, legalizaciones de pozos, ampliaciones de estaciones de esquí o de más luces de navidad. Es el momento de ser capaces de impulsar propuestas a la altura de la urgencia de este tiempo en favor de las personas, el planeta y la democracia. Es el momento en el que nos estamos jugando el presente y el futuro. Y por ello necesitamos urgentemente más responsabilidad fiscal.

Esperanzadas por una pronta salida del túnel de la actual crisis sanitaria, estamos ya inmersas en un proceso de recuperación de la crisis económica y social que viene marcado por el discurso de “la reconstrucción verde y justa”. ¿Va en serio, o es una batalla por el control del relato y los marcos de pensamiento, un abismo entre las palabras y los hechos? 

En estas semanas nos encontramos en pleno debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, y el proyecto que se presenta nos empieza a dar muchas pistas sobre cómo se va a recorrer este camino. Por segundo año consecutivo, los datos macro siguen siendo impactantes, con una inversión pública récord al incluir el compromiso económico y de inversión del Plan España Puede, que para 2022 alcanza los 27.633 millones. No se pueden negar los grandes avances económicos en la apuesta por la recuperación social y la reconstrucción verde, pero ¿es esta lluvia de millones por sí sola suficiente? No, la actual crisis económica, social y ambiental solo se puede abordar desde una transformación radical del sistema económico y social.

Una transformación radical del sistema significa que no todo vale: el gran reto está en entender que, además de una revolución tecnológica, tenemos que replantearnos, entre otras cuestiones, aspectos tan esenciales como cómo nos movemos, cómo consumimos, cómo nos alimentamos o cómo generamos nuestra energía. Este cambio va más allá de sustituir unos combustibles por otros; requiere de una transformación más profunda que, por fin, ponga a las personas en el centro y tenga en cuenta la desigualdad socioeconómica y los límites del planeta. 

El proyecto de Presupuestos que se debate en estos momentos aún está lejos de esta transformación. Una mirada bajo nuestra lupa verde nos hace darnos cuenta que muchas de las inversiones están dirigidas a perpetuar este modelo insostenible: quizá las más notorias son las relacionadas con el sector agroalimentario. Un sector necesitado de una verdadera transición ecológica que reduzca sus emisiones y, entre otros, acabe con el problema de la contaminación. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, en lugar de llevar a cabo medidas para impulsar la agricultura y ganadería ecológicas de pequeña y mediana escala frente al modelo industrial de macrogranjas, prioriza sus inversiones en la modernización de regadíos y en mejorar la competitividad y calidad del sistema agroalimentario, perpetuando el insostenible modelo actual.

Si dirigimos la mirada a las políticas de industria y energía, vemos que un año más son las que reciben más cantidad de dinero, con un notable aumento este año de los fondos destinados a la competitividad y la sostenibilidad de la industria. Es imprescindible que la competitividad del SXXI nos ayude a acelerar la velocidad de la transición ecológica cumpliendo los objetivos del Acuerdo de París. Por eso nos preocupa que los presupuestos sigan destinando algunas ayudas encubiertas a través de compensaciones al sector industrial, como es el caso de los 270 millones de euros dirigidos a compensar costes indirectos de CO2 y a los consumidores electrointensivos, que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o aumento del uso o contratación directa de energía renovable. Necesitamos abandonar los combustibles fósiles y un cambio de modelo real ya: por eso es importante asegurar que las empresas no laven su imagen con publicidad y patrocinios. En este sentido empieza a haber propuestas como la iniciativa ciudadana europea, que busca prohibir la publicidad y el patrocinio de las empresas de combustibles fósiles en la UE. 

La transición energética está tardando en despegar. Las inversiones dedicadas, entre otras, a la movilidad eléctrica, al desarrollo renovable o a las comunidades energéticas, incluidas en los presupuestos de 2021, aún no han sido concedidas. Y aquí sí es necesario poner la lupa verde en el caso concreto de las comunidades energéticas, una pieza clave para el cambio de modelo energético. La sociedad civil tiene que ser la protagonista de la transición energética a través de esta nueva figura, pero las ayudas se encuentran paralizadas y en proceso de análisis, mientras la mayoría de la población permanece ajena todavía a sus beneficios, sin conocimiento ni acceso a las opciones de participación de energía ciudadana. 

La transición ecológica no puede dejar a nadie atrás; por eso, nuestra lupa verde nos da una lectura positiva del dinero que se emplea para la lucha contra la pobreza energética, con los 157,07 millones destinados al bono térmico o el dedicado a la transición justa. Sin embargo, una vez más, queda aplazada la reforma fiscal verde y justa, una de las vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía.

Los avances en la apuesta por el ferrocarril y por la rehabilitación energética de edificios que se reflejan en los presupuestos son positivos. En el Año Europeo del Ferrocarril, cabe destacar que la mitad de las inversiones estatales en infraestructuras se destinarán a este modo de transporte, esencial para reducir las emisiones y la demanda del avión y la carretera. Unas inversiones que en este ejercicio estarán más centradas en la conservación y mejora de la red convencional, con actuaciones como la electrificación de líneas diésel o la ejecución de los Planes de Cercanías en las ciudades, de imperiosa necesidad tras años de retrasos y cancelaciones. 

Por último, pero no por ello menos importante, ponemos la mirada de nuestra lupa verde en una reflexión sobre el constante aumento del gasto militar: el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2022 se incrementa en un 8%, superando por primera vez el techo de los 10.000 millones de euros. Este continuo aumento y su priorización en el gasto público sostienen un modelo de defensa que no responde a las actuales necesidades de seguridad para la inmensa mayoría de la población, que tienen más que ver con el acceso a un sistema sanitario universal, a una energía limpia y asequible o a una vivienda adecuada. Para mí, la elección es clara si la vida está en el centro de las decisiones: el gasto militar no nos puede quitar inversiones para preparar nuestro sistema sanitario frente a futuras pandemias o transformar nuestro sistema energético para frenar la crisis climática. Y tú, ¿qué eliges?