CONVIVE Fundación Cepaim lamenta profundamente la muerte de al menos 79 personas como consecuencia del naufragio de un pesquero con cientos de personas migrantes a bordo en las costas griegas. A las puertas de la celebración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el próximo día 20 de junio, volvemos a tener que condenar la muerte, hasta el momento de 79 seres humanos, así como la posible desaparición de cientos de ellas en lo que ya es la mayor tragedia humanitaria vivida en el Mediterráneo en lo que va de año.

Tragedias, que, por desgracia, se suceden y continúan en un Mar, que lejos de ser un puente para la esperanza y un lugar para el encuentro, se ha convertido en una de las rutas migratorias más mortíferas del planeta. Nos encontramos, además, ante el trimestre más mortífero para las personas migrantes en el Mediterráneo desde el año 2017 rebasando ya la cifra de las 500 muertes en lo que va de año, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones.

Hablamos de la pérdida de vidas de seres humanos, de trayectorias, de rostros con identidad, familia y sueños, hablamos de la pérdida de personas que huyen de conflictos, de situaciones sociales, políticas o económicas insostenibles, de seres humanos que huyendo de la muerte se encuentran con ella en el mar de sus sueños.

Hablamos de niños y niñas soñando con un futuro de oportunidades, de paz y de convivencia. De familias que pese al sufrimiento de dejar su lugar de origen se encuentran con un mar que los devora ante la ausencia de vías legales y seguras para su proceso migratorio. Vías legales que venimos reclamando desde Convive Fundación Cepaim y que seguiremos exigiendo cuantas veces sea necesario.

Hablamos de sueños truncados, de vidas rotas, de esperanzas ahogadas en un Mar Mediterráneo que un día fue un espacio de intercambio de culturas, de recursos, de personas e ilusión. Hablamos de la continuidad de las muertes en el Mediterráneo en plena negociación por el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Negociaciones donde, lejos de avanzar con paso firme hacia una Europa garante de los Derechos, de una Unión Europea construida bajo los pilares de la convivencia, parece hundirse en las aguas de la Europa fortaleza, de la Europa del retorno y de la detención migratoria, tal y como el propio Consejo de la UE ha adoptado recientemente en su posición sobre la Regulación del Procedimiento de Asilo (APR) y en la Regulación sobre control migratorio y asilo (RAMM) hace menos de una semana.

Necesitamos avanzar urgentemente en un Pacto acorde a los Derechos Humanos, un Pacto centrado en elementos de solidaridad con reubicaciones obligatorias, un Pacto donde el patrocinio de retorno sea sustituido por un patrocinio por la igualdad, la convivencia y la interculturalidad en Europa, un Pacto en definitiva que apueste de manera decidida por establecer vías legales y seguras, que devuelva al Mediterráneo la esperanza y que preserve la vida, la convivencia y la protección de los Derechos Humanos frente a la hostilidad, el odio y la muerte.

Muchas son las voces alzadas en las últimas semanas frete a la situación vivida entre la frontera de Bielorrusia y Polonia (UE), donde más de 2.000 personas – según apunta ACNUR y OIM- procedentes de terceros países permanecen aún acampadas, soportando situaciones infrahumanas.

Entre aquellas voces que apuestan por la “Europa Fortaleza” y las orientadas hacia el endurecimiento de sanciones hacia Bielorrusia, desde Fundación Cepaim llamamos hacia un cierre de filas en la defensa y garantía de los Derechos Humanos.

Tal y como apuntaba el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, sea cual fuere la situación vivida en los recientes días en las fronteras exteriores de la UE, esta “no justifica los muros, ni las alambradas”.

Nuevamente, hablamos de priorizar la vida, la protección ante la vulnerabilidad y, en definitiva, la Defensa de los Derechos Humanos frente la utilización e instrumentalización de las personas que a día de hoy continúan acampadas, siendo utilizada con fines meramente políticos.

Es en situaciones como esta donde la Unión Europa ha de demostrar liderazgo, convencimiento, garantía y aplicación de cuantos derechos son garantizados por la normativa tanto internacional como comunitaria, acreditando sus principios y valores fundacionales y su dimensión social.

De esta manera, además de garantizar el suministro de la ayuda humanitaria que las entidades sociales presentes en la zona vienen reclamando, es necesario garantizar y facilitar el acceso al sistema de protección internacional en frontera. Y es que la práctica más que preocupante desarrollada por parte de Bielorrusia, no debe permitir una carrera a la baja por parte de la Unión Europea, dejando en suspenso las obligaciones en materia de asilo y protección internacional.

Tanto es así que desde el propio Considerando 26 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 De junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, ya se establece que “con vistas a garantizar un acceso efectivo al procedimiento de examen, los funcionarios que entren en primer lugar en contacto con personas que busquen protección internacional, en particular aquellos que lleven a cabo labores de vigilancia de las fronteras terrestres o marítimas o que realicen controles fronterizos, deben recibir la información oportuna y una formación adecuada sobre cómo reconocer y tratar solicitudes de protección internacional, entre otros, tomando en consideración las directrices pertinentes elaboradas por la EASO.

Los Estados miembros, así, deben estar en condiciones de establecer procedimientos de admisibilidad y/o examen del fondo que permitan decidir sobre las referidas solicitudes en lugares como lo es la frontera entre la UE y Bielorrusia en circunstancias como las que nos acontecen. Tanto es así, que – continúa dictando la Directiva- “Cuando se presuma que nacionales de terceros países o apátridas (…) que se encuentren en puestos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, en las fronteras exteriores, pueden desear presentar una solicitud de protección internacional, los Estados miembros les facilitarán información sobre la posibilidad de hacerlo”

Además, y en relación a la más que desprotección sufrida entre las personas acampadas en la frontera europea, la directiva establece que: “en caso de llegadas de un número elevado de nacionales de terceros países o de apátridas que presenten una solicitud de protección internacional en la frontera o en las zonas de tránsito (…) podrán aplicarse también esos procedimientos a condición de que dichos nacionales de terceros países o apátridas sean alojados en condiciones normales en las proximidades de la frontera o de la zona de tránsito, recordando además, que frente a los discursos que enaltecedores de la soberanía nacional, tanto el Derecho de la UE como el CEDH prohíben el rechazo en la frontera de las personas a países en los que corren riesgo de persecución u otros perjuicios graves (principio de no devolución), recordando, para mayor abundamiento, que hace escasamente un mes el propio Parlamento Europeo planteaba la posibilidad de llevar ante la Justicia Internacional al régimen bielorruso por sus continuas violaciones de los Derechos Humanos.

Ante tal situación, no existe negociación posible. Está en nuestras manos hondear la bandera de una Unión Fortaleza blindada por rechazos en frontera, muros, y concertinas o, por el contrario, la bandera de una Unión acogedora, responsable y solidaria con las diferentes situaciones de desplazamientos humanos que se dan ante sus ojos y orientada hacia el establecimiento de vías seguras de inmigración por la que apostamos en Cepaim. La bandera de una Unión que clama por invertir en fronteras y externalizar derechos o la que es ejemplo y vanguardia en la defensa y garantía de los Derechos Humanos, sea cual sea la disyuntiva que se presente ante sus ojos.

Y es que, tal y como establecíamos en situaciones como la vivida en Ceuta hace escasamente medio año: “Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, en tiempos de paz y de guerra, y son inalienables. No caben excepciones”.

Nos encontramos ante una realidad incuestionable: la existencia de un modelo de políticas sociales de inclusión fragmentadas, sectorializadas y descoordinadas entre sí. Una fragmentación y descoordinación que afecta a todos los agentes que intervienen en las mismas, los diferentes niveles de la administración pública, las universidades, las organizaciones sociales del tercer sector de acción social y otros actores sociales.

Esta realidad nos habla de la urgencia de dotarnos de una nueva gobernanza de las políticas sociales de inclusión, en donde se garantice la participación e implicación de todos los agentes implicados en las diferentes fases de la acción social, investigación, planificación, implementación, seguimiento y evaluación. A la vez que necesitamos construir procesos de intervención integral que tomen como centro de la acción social al territorio en su globalidad y no al colectivo de intervención en particular.

Es necesario impulsar la generación de conocimiento compartido desde la investigación, el desarrollo y la innovación, de tal forma que identifiquemos nuevas metodologías, nuevas estrategias de intervención sobre los grandes retos de la sociedad.

Debemos profundizar en el desarrollo de experiencias comunitarias basadas en los principios de la Investigación Acción Participativa que se alimenta en sus mejores prácticas de las experiencias comunitarias de América Latina en base a las teorías de Paulo Freire, Ezequier Ander Egg, Orlando Fals Borda, entre otros.

La incorporación de los principios de innovación social en las políticas de inclusión social implica el avanzar en la construcción de alianzas público privadas al abrigo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, saliendo de la cultura de la ocultación y la endogamia, para caminar hacia una nueva cultura de cooperación y colaboración, impulsando el intercambio de metodologías, los espacios de formación compartidos, el desarrollo de proyectos conjuntos en base a la articulación de agrupaciones de diversos agentes, etc.; desde la firme convicción que será la generación de conocimiento compartido la estrategia que permitirá avanzar en el abordaje y transformación de los retos sociales que afrontamos, incidiendo no solo en las consecuencias de la pobreza, la exclusión social, la discriminación o el desempleo, sino también en las causas que los originan.

La innovación social supone una apuesta decidida por la incorporación de la cultura del cambio, desde la firme convicción que, si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, con las mismas estrategias, obtendremos los mismos resultados. La nueva realidad social requiere de otras formas de hacer las cosas en las políticas sociales, abandonando los prejuicios, los estereotipos y las generalizaciones existentes entre los diversos actores implicados, para desde ahí ser capaces de articular nuevas alianzas, integradoras de miradas y posicionamientos diversos.

La innovación en las políticas sociales de inclusión vendrá desde la necesaria dimensión comunitaria de la acción social, definiendo nuevos patrones de intervención que nos permitan avanzar conjuntamente hacia modelos de base territorial y no sectorial, situando el territorio en la centralidad de la intervención, evitando la confrontación entre sectores vulnerables en momentos de crisis.

Es necesario atajar el cáncer de la sectorialización, la excesiva especialización y la fragmentación en la acción social. No es posible que desde las políticas sociales  intentemos  “aislar” los retos y las necesidades de un sector de población determinado, de los del resto de sectores. En la acción social se ha sectorializado la intervención, generando organizaciones y estructuras públicas especializadas en el trabajo y la incidencia con un sector de población en concreto: jóvenes, mujeres, inmigrantes, refugiados, tercera edad, discapacitados, etc. Perdemos entonces la necesaria visión territorial y dejamos de considerar al territorio como centro de intervención, como espacio en el que todos los sectores están presentes pudiendo convivir en la diversidad en lugar de simplemente coexistir o incluso enfrentarse.

Los modelos de intervención de base territorial que se deben seguir construyendo no excluyen la especialización y las intervenciones sectorializadas, sino que las deben integrar en una dimensión comunitaria, impulsando y favoreciendo las relaciones entre sectores aislados entre sí, sin marcos relacionales, apostando por la generación de infraestructuras públicas comunitarias superadoras de las meramente sectoriales. Hablamos de la necesidad de apostar por centros comunitarios de base territorial que se sumen a las infraestructuras sectorializadas, como las casas de la juventud, las de las personas inmigrantes, los centros de la mujer, de la tercera edad, etc.

No podemos seguir articulando la acción social dando respuestas exclusivas a las demandas sectoriales de la ciudadanía, pues con esta estrategia de intervención solo estaremos abordando y actuando sobre las consecuencias de realidades sociales como  la pobreza, la exclusión social, la ausencia de participación, el racismo o el desempleo, sin llegar a definir cuáles son las causas estructurales y territoriales de estos retos, de forma que podamos incidir sobre ellas. Si continuamos interviniendo exclusivamente sobre la demanda individual y no se analizan las necesidades territoriales y comunitarias, incidiendo sobre ellas, estaremos sectorializando las intervenciones y practicando un asistencialismo que no construye ciudadanía, que no genera autonomía. Por contra si seguimos practicando la sectorialización estaremos haciendo el juego a las posiciones políticas más extremas que en base a la estrategia del miedo enfrentan a pobres contra pobres.

La incorporación de los principios de innovación en las políticas sociales  implicará otra forma de trabajar en alianza de actores diversos, trabajando en red a nivel comunitario, entendiendo que el trabajo en red es una forma de articular la intervención social desde la capacidad y la decisión libre de varios actores sociales, públicos y privados con presencia en un territorio, para compartir, generar interdependencias y poner en relación, en clave de igualdad, capital conocimiento, metodologías, recursos e infraestructuras en un determinado espacio territorial, avanzando desde la mirada particular de la realidad de cada uno de los actores, hacia la construcción de una mirada colectiva y de unos objetivos comunes. Implica un proceso de trabajo a medio y largo plazo, en el que se adecuan los propios intereses a los intereses colectivos, fomentando los espacios comunes de diagnóstico, reflexión, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las actuaciones puestas en marcha para impulsar una transformación o un cambio en una realidad social concreta.

Ante la complejidad actual de los retos sociales a los que nos enfrentamos, como la pobreza, el desempleo, la exclusión social, la hostilidad frente a los diferentes, el racismo, la xenofobia, la garantía de ingresos, la sostenibilidad ambiental o la ausencia de convivencia, ningún actor en solitario podrá incidir sobre las causas multifactoriales de los mismos. Para transformar estas realidades, necesitaremos del concurso de diversos actores públicos y privados, trabajando juntos desde los principios de la gobernanza democrática, desde la construcción de nuevas estrategias de relación. Seamos capaces de construir espacios de relación improbables y encontraremos soluciones improbables.