Somos una sociedad a la que en general le cuesta hablar de la muerte. A menudo creemos que si no hablamos de un tema es como si no existiera, especialmente cuando son cuestiones relacionadas con nuestros miedos. Es una reacción normal y comprensible en cualquier persona, pero no es la reacción que deberíamos recibir de las instituciones públicas, que justamente deben protegernos.

Eso es exactamente lo que han hecho esta semana en el Parlament las fuerzas del Govern, con los socialistas como escuderos, bloqueando la Comisión de Investigación sobre las residencias: mirar hacia otro lado esperando a que las 9.241 muertes por COVID que ha habido en las residencias de mayores desaparezcan. Aún cuando algunas de esas muertes tienen causas abiertas en Fiscalía por posibles negligencias.

Cabe recordar, por doloroso que sea, que las residencias de mayores fueron la auténtica zona cero de la crisis del coronavirus. Durante la primera ola, cuando el ejército entró a desinfectar algunas residencias encontró a gente absolutamente abandonada, incluso fallecidos en sus camas. Muertes que en muchos casos fueron en absoluta soledad. Aquellos lugares donde vivían nuestros mayores que deberían haber sido sitios seguros y amables para ellos se convirtieron en lugares propicios al contagio, llenos de población en situación de vulnerabilidad, con falta de equipamientos de protección, protocolos y de medidas de seguridad, tremendas dificultades para identificar y aislar a los positivos, y falta de personal. 

Somos muchas y muchos, con los familiares de los fallecidos al frente, quienes no queremos mirar hacia otro lado. Nos hemos dado cuenta después de esta gran conmoción que el abandono de las residencias de ancianos y las indicaciones de no llevarlos a hospitales no eran una casualidad o una simple negligencia, sino que respondían a una manera de considerar a las personas mayores como un estorbo, como gente improductiva.

Esto, parece motivo más que suficiente para promover una Comisión de Investigación en el Parlament, como la que se aprobó durante el final de la última legislatura por unanimidad, para generar un espacio en el que los familiares pudieran recibir explicaciones de los responsables sobre lo que pasó.

Pero lo que hace un año era un consenso político, parece que ahora ya no lo es. De hecho, PSC, ERC y Junts están haciendo lo mismo que Ayuso y VOX en Madrid: bloquear la investigación profunda y rigurosa de lo que ocurrió en las residencias. En Catalunya, la comisión parlamentaria era la única oportunidad de los familiares para rendir cuentas de lo ocurrido ya que la mayoría de denuncias a la justicia han terminado en archivo. Se merecen que les escuchemos, que puedan explicar sus vivencias. 

Ahora parece que Junts, PSC y ERC prefieren que este tema sea tratado por un “comité de expertos”, que es la forma técnica de decir que prefieren mirar hacia otro lado y pasar página. Sin embargo, un grupo de expertos no puede garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que los familiares todavía reclaman. Y, de hecho, ¿quién es más experto que las familias que han vivido todo el proceso?¿Los lobbies empresariales que han convertido las residencias de mayores en factorías de la atención? 

Como sociedad estamos en deuda con todas estas familias, y si no lo investigamos, si no entendemos qué falló, no podremos garantizar que no vuelva a ocurrir. La Comisión de Investigación era, y sigue siendo, la palanca para construir el nuevo modelo residencial que nuestro país necesita. 

Siempre hemos defendido que hay que transformar y dignificar los modelos de envejecimiento, dependencia y cuidados que faciliten la personalización de la atención frente al fordismo asistencial; la adaptación de los espacios como un segundo hogar, el fomento de la capacidad de elección y la autonomía por parte de las personas usuarias. Pero es absolutamente imposible construir un nuevo modelo sin asumir responsabilidades por lo que ocurrió en los momentos más duros de la pandemia.