Uno de los lances más desconcertantes del cara a cara del 10 de julio pasado entre los máximos aspirantes a ocupar La Moncloa giró alrededor de los datos de empleo, con el candidato conservador acusando al presidente Sánchez de incapacidad para generar los puestos de trabajo que debía.

Me confieso algo escéptico sobre la relación directa entre la acción de un gobierno y el empleo. Además de elementos estadísticos (cambios en la metodología o influencia de la estacionalidad, por ejemplo), lo más relevante es que una buena parte de los empleos los crean los empresarios (también el sector público contribuye, claro) y lo hacen en función de un entorno global en el que la coyuntura económica internacional juega un papel destacado. ¿ Y el gobierno? Por supuesto que influye, tanto por sus políticas de demanda como, normalmente a medio plazo, de oferta. Pero no es el único factor ni posiblemente el mas decisivo, sobre todo desde que la política monetaria es autónoma y se decide a un nivel supranacional.

Con estas (serias) cautelas, echemos un vistazo al primer cuadro.

Con esta perspectiva comprobamos que la observación del candidato Feijóo difícilmente se sostiene. Durante la presidencia de Sánchez se han creado en España 1,1 millones de puestos de trabajo en términos netos (algo más cuando se conozcan los datos del segundo trimestre de este año), en línea con lo sucedido con las presidencias de González y Rajoy (pero en un período de tiempo mucho más corto), y sustancialmente mejor que en el tiempo de Suárez o Zapatero. Sólo palidecen estos datos ante los del período Aznar. Por trimestre, es el segundo mejor registro.

Pero el presidente Sánchez ha tenido que lidiar con un suceso exógeno, de ámbito internacional, de enorme impacto, como la pandemia. Escrutando lo sucedido en los últimos tres años, una vez pasado lo peor de la COVID 19, descubrimos que el ritmo de creación de empleo ha superado incluso la media del período Aznar. Es complicado argumentar en estas circunstancias con la métrica de la ocupación que el tiempo de Sánchez al frente del Gobierno de España ha sido un fracaso, máxime cuando sabemos que la calidad del mismo, gracias a la reducción de la temporalidad, se ha visto incrementada sensiblemente, como resultado directo de una reforma laboral a la que los partidos de la derecha se opusieron.

La estrategia argumental de Feijóo es más desconcertante para los que conocemos la economía de Galicia. Podemos replicar para Galicia el ejercicio anterior y observar como se ha comportado la creación de empleo con los diversos presidentes de la Xunta. Y establecer una comparación con España, muy ilustrativa: dado que los factores de contexto coinciden, incluidas la política económica del gobierno central, los elementos autóctonos (la política económica de la Xunta de Galicia y también la estructura económica propia: especialización sectorial, mercados de referencia, etc.) es más decisiva. Pues bien, esto hemos hecho en el siguiente cuadro.

Pues bien, la primera sorpresa (para el lector no gallego y para muchos que lo son) es que durante la larga presidencia de Feijóo se ha destruido empleo en Galicia. Es más, ha sido el período en que más ha caído la ocupación, con una considerable distancia sobre el segundo. Sólo durante el extendido tiempo de Fraga y, de forma mucho más intensa, en el concentrado mandato de Touriño ha aumentado el número de puestos de trabajo. Digamos que, en una aproximación inicial, el ganador es Touriño y el farolillo rojo, Feijóo. Pero, ¿no era un gran gestor?

Para evitar visiones simples hemos elaborado un cuadro comparativo con España. ¿Qué hubiese pasado en Galicia si la evolución del empleo hubiese sido la misma que en el conjunto del país? ¿Cuántos ocupados más (o menos) hubiésemos tenido? Pasen y vean.

Si Galicia se comportase como España, durante el mandato de Feijóo se hubiesen tenido que crear 48.570 empleos, pero como se han destruido 78.900, el déficit asciende a 127.470 ocupados. Este es el resultado comparado, que puede achacarse a factores varios, pero ahora, sin duda, la política de la Xunta de Galicia influye más. Y si Feijóo ha debido lidiar con el  efecto de la crisis financiera y la pandemia, el conjunto de España también: su influencia está descontada. No es un resultado ineluctable: el período Touriño muestra superávit de número de ocupados en Galicia, aunque es una singular excepción en nuestro ya dilatado autogobierno. Es cierto que las cifras comparadas no son tan negativas para el mandato de Feijóo como en las presidencias de Fdez. Albor, Laxe o Fraga (punto a favor), pero los que estudiamos la economía de Galicia sabemos que hasta el cambio de siglo el ajuste de la población activa agraria ha restado con singular intensidad vigor a la evolución de la ocupación neta. Y este efecto ha prácticamente desaparecido en los últimos años. 

Por tanto, no es sólo que el presidente Sánchez pueda presumir de una buena evolución de la ocupación durante su mandato; es que el presidente de la Xunta no puede decir lo mismo del suyo.

El presidente de la Junta de Andalucía ha proclamado su intención de suprimir de facto el Impuesto de Patrimonio (IP) en su comunidad -algo que no había formado parte de su campaña-; probablemente lo hará, dada la mayoría absoluta de que dispone. Este impuesto, según los datos del año 2020, cuenta con 19.000 sujetos pasivos en dicha comunidad (algo menos del 0,5% del total de declarantes en el IRPF), con un patrimonio medio de 2,7 millones de euros, y una cuota de 5.561 euros por contribuyente.

¿Por qué hacerlo? ¿Hay razones de eficiencia y equidad para actuar de una forma tan drástica sobre la estructura tributaria? No lo parece. España ha visto agravada la desigualdad en la renta en las últimas décadas, en una tendencia compartida con buena parte de las sociedades occidentales; los coeficientes de desigualdad son aún mayores si en vez de la renta analizamos la riqueza (para 2017, en España, el índice de Gini es 0,341 y 0,599 respectivamente). La riqueza está muy concentrada en los estratos de población de más edad. Su gravamen redistribuye también entre generaciones. Así, el IP tiene un impacto recaudatorio limitado pero favorece la progresividad del sistema tributario, con un efecto redistributivo leve pero positivo: reduce la desigualdad.

Además, siguiendo los argumentos de la Comisión de Personas Expertas (2022), la imposición de la riqueza acumulada sin importar su rendimiento efectivo alienta el uso eficiente de los bienes y favorece por tanto el crecimiento económico. Y funciona como un instrumento de control tributario, para la comprobación de la renta de los contribuyentes de más capacidad económica.

De ser así, ¿por qué esa decisión? La primera razón sería de oportunidad política: Moreno Bonilla habría interpretado su mayoría absoluta como un mandato para poner en marcha su programa máximo en materia fiscal, que consistiría en reducir la imposición sobre unos pocos para debilitar los servicios públicos de muchos. Digamos incidentalmente que su líder y valedor, Núñez Feijóo, ha reducido sustancialmente los tipos en el Impuesto de Patrimonio en Galicia como un último acto antes de abandonar la Xunta: una rebaja en la cuota de alrededor de 3.000 euros de media para los algo más de 7.000 contribuyentes (con una media en renta de 231 mil euros).

Pero, ¿era esto lo que pedían los electores andaluces? Con los casi 100 millones de euros de recaudación anual se pueden contratar aproximadamente 2.500 profesionales sanitarios, que buena falta hacen en el Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo. Parece incluso insensato con lo que está cayendo renunciar a recursos que podrían destinarse a aliviar las dificultades derivadas de la inflación en las capas sociales más frágiles. No, no estoy seguro siquiera de que ésta fuese una demanda del núcleo más militante de los votantes conservadores.

La segunda razón sería de competencia fiscal. Dado que Madrid bonifica el 100% del Impuesto de Patrimonio y con ello ha conseguido atraer a su territorio un cierto número de contribuyentes de alta riqueza, Andalucía estaría tentada a seguir esa senda. Es una estrategia arriesgada y que creemos que no funcionará con igual fuerza. En primer lugar, porque la extensión mata la intensidad (si todos siguen la pauta nadie gana en movilidad de grandes fortunas y todos pierden la recaudación); y, en segundo lugar, porque algunos factores que favorecen a Madrid son irrepetibles (su dimensión económica y urbana, ser el iniciador de esta senda o contar con la sede del Gobierno central, entre otras). Indiquemos además que esta renuncia a una base tributaria cedida dificulta una sólida posición en la enconada disputa sobre los fondos destinados a las comunidades autónomas.

Pero, de ser la causa básica de este movimiento la competencia entre territorios para atraer contribuyentes de alta renta, su materialización nos está señalando los costes de dilatar en el tiempo la reforma tributaria (con una modernización sustancial de la imposición sobre la riqueza) y la reforma de la financiación autonómica (que debería incluir algún tipo de armonización de los tributos cedidos sobre la riqueza). Aunque la pandemia y la guerra de Putin han desbaratado las condiciones para hacerlo, siguen siendo reformas imprescindibles y la recuperación de la normalidad nos llevará a afrontarlas con prontitud para mejorar el equilibrio social y territorial de España.

El futuro presidente del PP posee una larga trayectoria política. Fundamentalmente en Galicia. Ello le ha permitido generar una imagen para la opinión pública española que no siempre se compadece con su actuación fáctica. Esta tensión entre imagen y realidad comenzará a desvanecerse en cuanto aterrice en Madrid. Para prepararse, dejo aquí algunas observaciones y predicciones.

Feijóo carece de una ideología conservadora definida. Ha declarado haber votado al primer Felipe González, pero también ha asumido postulados de la derecha más agresiva en su corta etapa de oposición en Galicia. Dentro de ese extenso abanico de posiciones, siempre ha sido un político que rechaza la aventura, sin dejarse encerrar por ninguna de las escuelas ideológicas que conviven dentro de la derecha española: ni liberal al estilo castizo de Esperanza Aguirre, ni nacionalista al modo de Abascal, ni reaccionario como Mayor Oreja. Más al estilo indefinido o difuso propio de Rajoy. Por tanto, buscará en cada punto conflictivo de la agenda un enfoque que le permita erosionar al Gobierno, aunque comparta el fondo del asunto, si considera que tiene que hacerlo; o un pequeño muro argumentativo en el que parapetarse aunque no sea relevante o sea inconsistente con otras posiciones. Lo que le tornará más escurridizo que Casado.

En consecuencia, será pragmático y oportunista. Elegirá con gran libertad aquella fórmula que considere le dará más réditos electorales. Y no dudará en revisarla si hace falta para maximizar sus resultados sociales o consolidar alianzas internas. Una flexibilidad que lo llevará a comportarse de forma abierta y moderna en las cuestiones morales o de derechos individuales (denunciando lo que considere excesos en la defensa del feminismo o de las libertades públicas), a ser autonomista en la cuestión territorial (aunque duramente opuesto al independentismo), a mostrarse partidario de rebajar siempre los impuestos (pero difícilmente le veremos en contra de las medidas de carácter social): más cuidadoso en la formulación de sus propuestas, multiforme y esquivo.

Feijóo le concede enorme importancia a las estrategias de comunicación. Entiende, con razón, que lo son casi todo. Está acostumbrado a generar noticias desde el abrumador poder mediático de la Presidencia de la Xunta, con un equipo numeroso y enorme influencia. Lo que en Galicia generaba una niebla permanente que difuminaba el perfil de las políticas aplicadas, aunque fuesen contradictorias o menos ambiciosas que las proclamadas. Ahora en la oposición no tendrá la misma capacidad de decidir la agenda o de imponer mensajes. Pero cabe esperar una visión coordinada de la comunicación y un intento de condicionar la agenda. Aunque el entorno periodístico sea más plural y complicado de gestionar.

Pese a su perfil moderado, la provocación, la mentira o las fake news no le arredran. Fue, brevemente, líder de la oposición en Galicia entre mediados de 2006 y principios de 2009 y no titubeó en lanzar a sus diputados a ataques personales, a alimentar bulos (el lujo de Touriño, la nevera del coche de Quintana, etc.), a amplificar y distorsionar decisiones corrientes (la sustitución del coche del Presidente de la Xunta), a agitar campañas de miedo (“los comunistas” se van a quedar con las tierras agrarias), o a utilizar la división social (alentando posiciones extremas que advertían de la imposición de la lengua gallega...)... Es probable que la campaña del 2005 en Galicia pueda ahora repetirse, de forma corregida y aumentada, usando los medios formales y las redes sociales.

Seguirá un plan. A diferencia de la errática singladura de Casado, con Feijóo va a existir una línea de acción planificada, a partir del análisis de la situación y de los estudios demoscópicos. En Galicia (2006-2009) buscó fomentar el abstencionismo de dos sectores complementarios de la izquierda: los más sensibles al mensaje populista contra el lujo y la riqueza y los electores centristas que no asimilaban bien la presencia del BNG en el gobierno gallego; y usó la fuerte presencia sobre el terreno del PP -complementada con una campaña final de Rajoy muy efectiva- para llevar a las urnas a los votantes conservadores. Ahora la coyuntura es más compleja, por la presencia de Vox y la heterogeneidad de España. Sin duda va a explotar a fondo las diferencias que puedan existir en el Gobierno de coalición, así como el efecto del apoyo de nacionalistas periféricos sobre un electorado “centralista”. Denuncia del radicalismo y del independentismo como leitmotiv de su oposición, siempre combinados con mano tendida y moderación en otros ámbitos.

Feijóo es un hombre de poder. No solo porque ha estado en posiciones de gobierno casi toda su carrera política. También porque se ve a sí mismo como un gestor, que persigue la eficiencia y que puede, con mente abierta, encontrar buenas ideas en otras fuerzas políticas. Con una gran ambición, que sus cuatro mayorías absolutas no pueden más que alentar. Sabe que por edad y por la aceleración de la vida política española tiene una única oportunidad segura (y en todo caso otra improbable). Pondrá toda la carne en el asador para lograr una victoria. Y lo hará buscando aliarse con aquellos que Casado despreció en el pasado (como la patronal) y procurando no incomodar a aliados posibles en el futuro (como el PNV). Y va a reconocer también las posiciones de poder internas del PP. Sabe, además, que solo si el PP es reconocido como una opción viable de gobierno puede aspirar al voto útil de la derecha que puede hacerle tanto daño a Vox. 

Como hombre de poder va a apoyarse en los presidentes autonómicos del PP. Deberá consolidar su posición interna para llegar en buenas condiciones a la cita electoral de 2023. Y, a diferencia de Casado, buscará el acomodo con los presidentes autonómicos. Su batalla no será por el control a largo plazo de su partido. Al contrario, dejará hacer en cada uno de los territorios, apoyará a fondo a cada uno de ellos para su reelección, y, a cambio, pedirá su colaboración para que, con manos libres, pueda ganarle a Pedro Sánchez. 

Intentará soslayar la delicada cuestión Ayuso (que es doble: qué hacer con su presunta corrupción, cómo limitar sus ambiciones), combinando la defensa de su honorabilidad con la aceptación de la actuación de la fiscalía -limitando de paso su potencial desafío-.

Combinará una posición pactista en aquellas cuestiones que quiera sacar de la agenda, con una explotación feroz de las debilidades del adversario. Así, ofrecerá algunos acuerdos, en aquellas cuestiones que entienda no son rentables electoralmente y cultivará una imagen de moderación, de centralidad y de responsabilidad. Aunque la negociación pueda ser ardua. Al mismo tiempo, procurará morder (y con determinación) en ámbitos como los que antes indicamos (impuestos y situación económica, cesiones al independentismo, quizás aspectos populistas relativos al uso de fondos y recursos públicos, etc.) para mantener el tono elevado de movilización en la derecha y competir con Vox. Será un combinación de mano tendida y pose de estadista con puño de hierro para explotar las debilidades. 

Combatirá a Vox con dureza en el plano del discurso, aceptando firmar pactos con la extrema derecha para mantener cuotas de poder. El auge reciente de Vox ha sido facilitado por la aquiescencia acrítica y el seguidismo de la dirigencia popular, que ahora no se producirá. Pero tiene que enfrentar, al mismo tiempo, la gobernabilidad en instituciones autonómicas y municipales, ahora y después de las próximas convocatorias (Andalucía, primavera de 2023): en esos casos autorizará los gobiernos de coalición con Vox, si son necesarios, poniendo el acento en el contenido del programa de gobierno. En Galicia ha defendido el criterio de la lista más votada para, a continuación, descartarlo en la ciudad de Ourense, por ejemplo, donde ha apoyado una lista independiente (siendo el partido socialista el más votado) para facilitar la permanencia de su candidato en la presidencia de la Diputación.

Oito presidentes autonómicos teñen cita estes días en Santiago de Compostela coa intención de facer avanzar a reforma do modelo de financiamento, caducado en 2014. É unha boa nova, por motivos varios. Así, no fondo trátase de elevar o monto dos recursos destinados ás funcións de gasto que definen, aínda que non en exclusiva, o noso sistema de benestar. Pero tamén porque o funcionamento actual do modelo constitúe un dos alicerces do equilibrio territorial en España. E, por último, a procura pluripartidaria de solucións non está sobrada de exemplos.

Un primeiro acordo será doado de acadar: as autonomías de réxime común precisan recursos adicionais -certo- e debe ser a Administración central a que faga o esforzo de provelos -non tanto. Matizo isto porque as comunidades contan xa desde hai anos con instrumentos impositivos que lles permiten axustar os seus ingresos ás decisións de gasto (IRPF, Sucesións, Patrimonio, Transmisións Patrimoniais…). E a facenda central vai estar nunha situación tensa nos vindeiros anos, cando deba facer fronte ás demandas crecentes de gasto ocasionadas polo avellentamento poboacional afrontando un imprescindible proceso de consolidación do déficit. Nos últimos anos, ademais, asumiu boa parte da carga financeira da débeda autonómica (desde 2012), ou a propia débeda (durante a pandemia). Caberán tamén as demandas das comunidades autónomas de réxime común? Si, sempre que saia adiante unha reforma tributaria que amplíe a base fiscal e produza rendementos serios, cunha distribución adecuada entre os diversos niveis de goberno.

Os oito presidentes autonómicos deberían deixar de ver na facenda central a única autoridade tributaria relevante e superar o seu particular síndrome de Peter Pan para explicar como obterían os recursos que demandan, usando os instrumentos de que xa dispoñen ou facéndose responsábeis dos axustes no sistema impositivo.

Un ámbito adicional de reflexión, a priori máis controvertido, será o da distribución dos ingresos totais asignados ao nivel autonómico entre as diferentes comunidades de réxime común. Carlos Marx fabricou, na súa Crítica ao Programa de Gotha, unha fórmula maxistral para a equidade: que cada un aporte segundo as súas capacidades, que cada quen reciba en función das súas necesidades. O resultado suporá que o goberno de cada territorio disporá da mesma cantidade por unidade de necesidade, con independencia das capacidades tributarias respectivas. Partindo de realidades económicas e sociais moi diversas, establece un poderoso mecanismo de nivelación entre comunidades, que atende ademais á influencia sobre o gasto das características da poboación (a idade, por exemplo) ou do poboamento (a dispersión, verbi gratia). Esto xa existe, aínda que con manifestas imperfeccións. As decisións sobre a intensidade da nivelación practicada (total ou parcial) ou sobre as variábeis que aproximen mellor custes unitarios e necesidades de gasto para cada función (sanidade, educación, incluída a universitaria, política social ou o coidado do territorio) farán posible optimizar o funcionamento do modelo, partindo do actual.

Agora quizais entendamos mellor porque Madrid, Catalunya e Balears non están entre as comunidades convocadas: son aquelas que gozan de maior capacidade tributaria por habitante e polo tanto as máis reactivas fronte á nivelación total. Pero tampouco están convocadas Murcia, Andalucía ou a Comunidade Valenciana -seguramente os territorios peor tratados no modelo actual. A aposta pola equidade que algún defendemos non debería ser un pretexto para protexer posicións de privilexio herdadas sen xustificación presente. Por máis que o realismo político aconselle que os axustes nas favorecidas teñan lugar mediante un proceso demorado.

En fin, a defensa da igualdade plena grazas a unha nivelación eficaz e un cálculo correcto de capacidades e necesidades é compatible coa asunción responsable do deber de todo gobernante: explicar á cidadanía que non hai comidas gratis, e que unha administración que coida ben das persoas esixe un sistema fiscal poderoso. Por aí debería transitar a fórmula para desbloquear unha reforma imprescindible.