El conflicto árabe-israelí ha acaparado la atención de los medios de comunicación a nivel mundial desde hace tres semanas, tras la incursión de Hamas en territorio israelí, que resultó en ataques violentos sin precedentes contra civiles y militares, además del secuestro de más de doscientos civiles. Este ataque desencadenó una respuesta contundente por parte del gobierno israelí en la Franja de Gaza, generando una crisis humanitaria de gran magnitud que continúa empeorando hasta la fecha. Partidos políticos y ciudadanos se han pronunciado sobre el conflicto, y aún en países sin fronteras directas con Israel, ha habido debates intensos, posicionamientos y consecuencias.

Una de las preguntas que surgen a raíz de este conflicto es el cómo nos afecta el estallido de estas guerras lejanas. Algo que también nos pudimos preguntar cuando Rusia invadió Ucrania a principios de 2022. Sabemos desde hace décadas que cuando un país se involucra en un conflicto internacional, la popularidad de los líderes políticos aumenta en ese país. Es lo que se conoce como el efecto “rally ‘round the flag”, traducido a veces como “efecto bandera.” La idea es que, ante una amenaza, los ciudadanos se agrupan en torno al líder político del que dependen, aumentando el patriotismo y la confianza en el gobierno, incluso aunque las políticas que se lleven a cabo no sean populares. De hecho, también hay estudios sobre un efecto similar que pudo tener lugar durante la crisis del coronavirus.

Pero, ¿qué ocurre cuando estalla una guerra lejana, donde el país propio no se involucra ni hay una relación cercana con los países en conflicto? En estos casos, la amenaza no es tan inmediata o directa, y no se dan muchas de las dinámicas que sí ocurren en un país en conflicto, como la movilización de parte de la sociedad o la militarización.

Hay razones para pensar que, aun así, sí puede haber un efecto de estas “guerras de otros”. Aunque no haya un riesgo tan inmediato, un conflicto internacional puede aumentar el sentimiento de inseguridad, ya que recuerda que este tipo de conflictos pueden ocurrir. Además, la guerra podría extenderse a otras regiones o países, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, un determinado conflicto puede aumentar el riesgo de que se utilicen armas nucleares (tanto Rusia como Israel tienen arsenal nuclear), afectando a terceros países, pero también puede desencadenar una crisis económica mundial, con consecuencias incluso para países en la otra punta del mundo. ¿Qué efecto tienen, entonces, estas “guerras de otros” en las actitudes políticas en otros países?

En un artículo reciente publicado en The Journal of Politics, intentamos responder esta pregunta. Analizamos la reacción del público español ante la invasión rusa de Ucrania en 2022, un evento con repercusiones a lo largo de Europa. A pesar de la distancia geográfica, la invasión planteó temores significativos sobre la seguridad económica y física de los ciudadanos en España. Incluso, el presidente Pedro Sánchez anunció un aumento del gasto militar pocas semanas después del inicio del conflicto, con el fin de fortalecer la seguridad de los países de la OTAN.

Durante el período de la invasión rusa en Ucrania, estábamos realizando una encuesta representativa en España, lo que nos permitió comparar las actitudes previas y posteriores al conflicto. Este análisis revela que la invasión rusa tuvo un impacto notable en el sentimiento nacionalista (español) entre los encuestados, tanto en individuos de izquierda como de derecha. Sin embargo, este aumento en el nacionalismo de estado no se produjo a expensas de identificaciones regionales o nacionalistas subestatales. No vemos, además, que aumentara el nacionalismo español entre aquellos catalanes o vascos que votan a partidos nacionalistas periféricos.

Nuestros hallazgos también indican un cierto incremento en el compromiso cívico, especialmente en relación con la intención de voto, después de la invasión. Al mismo tiempo, no hubo cambios significativos en la percepción del liderazgo político (por ejemplo, no mejoró ni empeoró la confianza en el gobierno). 

Curiosamente, observamos que después del conflicto, los encuestados mostraron una disminución en la confianza hacia las Fuerzas Armadas españolas, lo que sugiere una mayor percepción de amenaza y preocupación por la preparación del ejército español frente a una hipotética escalada militar. El hecho de que los encuestados también apoyaran un aumento de impuestos se alinea con esta idea, ya que contribuir al fisco puede considerase como un medio para fortalecer al Estado.

Nuestro estudio destaca que las guerras lejanas pueden tener efectos significativos en las actitudes internas de los ciudadanos de países no directamente implicados en el conflicto. Estos efectos probablemente estén vinculados a la percepción de amenaza y la sensación de inseguridad, lo que parece fortalecer el nacionalismo de estado. Nuestros hallazgos subrayan la compleja interacción entre los conflictos globales y la política interna, resaltando la importancia de comprender estas dinámicas en un mundo cada vez más interconectado.

El pasado 23 de julio Vox consiguió más del 36% de los votos en la zona militar de El Pardo, quedando a sólo medio punto del PP. En 2019 fue el partido más votado en esa sección, que fue donde consiguió los mejores resultados de todo Madrid. Posiblemente esto no sea ninguna noticia, ni que el ejército y la ideología conservadora estén, de algún modo, conectados. Un episodio reciente ocurrió a finales de 2020, cuando un grupo de oficiales retirados enviaron una carta al Rey denunciando al Gobierno “social-comunista.” Poco después se descubrió que varios ex-oficiales hablaban en un grupo de WhatsApp de fusilar a 26 millones de españoles, es decir, aquellos que apoyaban partidos de izquierda o independentistas.

Tampoco es algo único de España. Por ejemplo, en 2017, hubo un escándalo en Alemania tras descubrirse que varios militares de extrema derecha estaban planeando atacar a refugiados y políticos de izquierdas. A finales del año pasado, la policía alemana arrestó a decenas de personas de extrema derecha por presuntamente planear un golpe de Estado. Entre los detenidos, había varios militares retirados y en activo. En Francia, en 2021, un grupo de militares publicaron una carta denunciando lo que ellos consideraban como concesiones al islamismo por parte de Emmanuel Macron. La carta se hizo pública justo el día en el que se cumplía el 50 aniversario del Algiers putsch, un intento de golpe de Estado por parte de generales retirados que tuvo lugar en 1961.

A pesar de todo esto, no existía, que sepamos, ninguna investigación empírica que explore esta relación con datos cuantitativos. Y eso es justamente lo que hemos hecho, en un artículo científico que se publicará próximamente en la revista americana The Journal of Politics. En él, tratamos de responder a tres preguntas, centrándonos en España: ¿son los militares más proclives que la población civil a apoyar a la extrema derecha? ¿Contribuyen las bases militares a aumentar el voto a la extrema derecha en sus alrededores? ¿Y en qué países es más probable que observemos esta relación entre las fuerzas armadas y la ideología conservadora?

Para responder a la primera pregunta, juntamos un gran número de encuestas para poder comparar la intención de voto entre miembros de las fuerzas armadas (FFAA), que son un porcentaje bajo de la población, y el resto de población civil. En concreto, conseguimos reunir más de 140.000 entrevistados en todos los barómetros del CIS entre septiembre de 2018 y marzo de 2021. Lo que encontramos al analizar estos datos es que la intención de votar a Vox es mucho más probable entre individuos que forman parte de las FFAA que entre el resto de la población, incluso (o especialmente) cuando comparamos a militares de derechas con civiles también de derechas. El siguiente gráfico muestra cuánto más apoyo a Vox hay entre los militares respecto a los civiles, según se ubique ideológicamente cada encuestado. Por ejemplo, el apoyo a Vox es unos 20 puntos mayor entre los militares que se colocan en un 7 en la escala ideológica que entre los civiles que también se colocan en un 7:

Gráfico 1

Curiosamente, si nos fijamos en cómo ha cambiado el efecto de estar en el ejército en el voto a PP a Vox a través del tiempo, lo que observamos es que es justamente cuando Vox emerge como partido relevante a finales de 2018 que empezamos a ver este gap entre militares y civiles:

Gráfico 2

En la segunda parte nos preguntamos, en realidad, dos cosas. Primero, si en las secciones censales donde hay bases militares, y donde estadísticamente viven más militares, se vota más a Vox. Y segundo, miramos no sólo si los militares votan más a Vox, sino también si los individuos que viven cerca de bases militares también votan más a Vox, ya sea por el contacto en el día a día con militares, o por estar expuestos a símbolos nacionalistas (españoles) que también están muy presentes en el discurso de la extrema derecha española.

Para ello, recopilamos los resultados electorales de 2019 a nivel de sección censal y, a partir de información pública, codificamos dónde se encuentran las bases militares. Los resultados muestran que las secciones censales con bases militares, en promedio, apoyan más a Vox, pero también lo hacen las secciones censales que se encuentren geográficamente cerca a estas bases. No sólo eso, si no que también encontramos que este efecto de difusión ideológica parece tener lugar, especialmente, en barrios con renta más alta. Es decir, los barrios ricos con bases cerca son más proclives a votar a Vox que otros barrios ricos que no tienen bases cerca, pero lo mismo no ocurre entre barrios más humildes.

El gráfico de debajo muestra cómo cambia el voto a Vox según su cercanía a una base militar, mirando el efecto para un barrio rico (verde) y para un barrio más humilde (en azul). Para medir la cercanía, en el eje x, usamos el inverso del logaritmo de la distancia, una medida donde los valores más altos indican más cercanía:

Gráfico 3

En la última parte del artículo intentamos generalizar estos resultados a otros países. El siguiente gráfico muestra la diferencia en ideología entre militares y civiles en cada uno de estos países, donde los valores positivos (más a la derecha) significan que los militares son más de derechas, y las barras negras que la diferencia es estadísticamente significativa:

Lo primero que llama la atención es que España es el país donde la diferencia es mayor. Pero más allá de eso, nuestra lectura de estos resultados es que los militares son más de derechas en países en los que el ejército tiene una tradición histórica ligada al control interno y de la unidad nacional. Mientras que en algunos países, como Estados Unidos, hay una larga tradición de que el ejército no se involucre en asuntos de orden público dentro del país, en otros ha tenido un papel más importante en cosas como el control de intentos revolucionarios o de defensa de la unidad nacional, ya sea contra un enemigo interno o externo.

De hecho, un hilo conductor parece ser el nacionalismo y el papel del ejército en su defensa. Si nos fijamos en los países más arriba en la tabla, donde los militares son más de derechas relativo a la población civil, aparecen este tipo de amenazas a la soberanía nacional, ya sean desde dentro o desde fuera. Francia tuvo la guerra colonial (con su intento de golpe de estado) y el terrorismo corso, Grecia y Portugal tuvieron dictaduras militares en la que se tachaba a los comunistas de enemigo nacional, Finlandia ha vivido con una amenaza constante de invasión, los Países Bajos lucharon una guerra colonial y se podría decir que Noruega ha tenido una política militar definida por la amenaza de invasión (que también podría aplicar a Suiza).

La posición de España posiblemente se explica porque suma todos los puntos: el ejército ha tenido tradicionalmente un rol importante en el control interno y, sólo en los últimos 50 años, España ha tenido una dictadura basada en gran parte en la defensa de la unidad nacional, un conflicto violento con un grupo terrorista en Euskadi y un intento separatista.

Nuestro trabajo es un intento de explorar esta posible relación entre los militares y la extrema derecha, usando datos cuantitativos. Lo que encontramos no quiere decir que todos los militares sean de derechas, ni mucho menos, si no simplemente que el apoyo a la extrema derecha es, de media, mayor dentro de los cuarteles que fuera de ellos. En cualquier caso, dado la importancia de las relaciones cívico-militares en cualquier democracia y del hecho de que es un colectivo con acceso a armas y entrenamiento, no está de más investigar sobre estos temas.

La historia siempre es polémica. El 12 de octubre trajo consigo los tradicionales debates sobre cómo celebrar públicamente determinados eventos o personajes históricos, y si es necesario o no revisar este tipo de celebraciones, como festividades, monumentos o nombres de calles. En países con una experiencia previa de conflictos violentos, estos debates son aún más controvertidos. Este país tampoco es ajeno a éstos. A principios de mes, una manifestación en el distrito de Latina en Madrid reclamaba que la calle Millán Astray vuelva a llamarse calle de la Maestra Justa Freire, después de que el Ayuntamiento deshiciese el cambio que el equipo de Manuela Carmena hizo en 2017, siguiendo la Ley de Memoria Histórica aprobada por el PSOE diez años antes.

El debate que ha habido la última década sobre la revisión de la herencia del Franquismo y la Guerra Civil en los símbolos públicos—nombres de calles, monumentos, placas—no es único a España. En Estados Unidos se han quitado recientemente muchos monumentos y símbolos ligados al bando confederado de la guerra civil, motivado principalmente por el movimiento Black Lives Matter. Estos actos, en algunos casos, han generado protestas de movimientos supremacistas, en los que incluso ha llegado a haber víctimas mortales, como en Charlottesville en 2017.

En muchos países que han sufrido una guerra civil o un régimen autoritario, se llevan a cabo políticas de justicia transicional, medidas que tratan de reparar o corregir violaciones a los derechos humanos con el objetivo de reforzar la reconciliación y asegurar la paz. Una de las más famosas son las llamadas Comisiones de la verdad, organismos que intentan aclarar qué ocurrió durante un conflicto o una dictadura y recopilar un listado de víctimas. Hay ejemplos en Chile, Argentina, Sudáfrica, El Salvador, Guatemala o Nepal. Generalmente, la justicia transicional incluye una batería de medidas en la misma dirección, incluyendo, además de las comisiones de verdad, reparaciones económicas, la creación de museos de memoria histórica, procesos judiciales o la revisión de símbolos del espacio público.

Sin embargo, el efecto de estas medidas no está libre de discusión. Más allá de su justificación moral, algunos expertos afirman que la justicia transicional tiene un efecto positivo ya que fortalece el proceso democrático y cementan la reconciliación social. Pero también los hay que dicen que no sabemos realmente qué efecto tienen, e incluso hay quien dice que hacen más mal que bien, ya que aumentan las tensiones sociales y pueden contribuir a un aumento de la polarización política.

Existe investigación que indica que medidas como procesos judiciales, reparaciones económicas o visitar “museos de la verdad” pueden tener un efecto positivo en la reconciliación. Sin embargo, sabemos muy poco sobre qué efectos tiene revisar los símbolos del espacio público. En un artículo recién publicado en la revista Research and Politics indagamos precisamente en esto. Centrándonos en el contexto de España, nos preguntamos si el cambio de nombre de las “calles franquistas” en España ha tenido algún efecto en la opinión pública, especialmente entre los sectores conservadores que generalmente han estado en contra de la Ley de Memoria Histórica y la justicia transicional en España. Nos preguntamos: si un municipio retira los nombres franquistas de su callejero, ¿esto hace que los ciudadanos locales más conservadores se “radicalicen”?

Responder a esta pregunta no es sencillo. Si comparamos los municipios que primero cambiaron los nombres de las calles, probablemente encontremos que son más de izquierdas que el resto. Pero porque precisamente el hecho de que sean más de izquierdas es lo que explica que cambiasen los nombres de las calles. Los cambios de las calles no son aleatorios, si no que ocurren por las mismas dinámicas políticas locales que queremos explicar. Para solucionar este problema de endogeneidad, tratamos de encontrar algo similar a un experimento natural. Lo hacemos centrándonos en los municipios que aún tenían calles franquistas en 2016 –municipios conservadores por lo general–, y comparando la evolución en el voto a Vox entre 2016 y 2019 entre los municipios que quitaron calles franquistas en este periodo y los que no.

La Ley de Memoria Histórica de 2007, entre otras cosas, hizo obligatorio quitar los nombres franquistas que aún quedasen en el callejero público. Los responsables de esos cambios son los ayuntamientos. Muchos nombres de calles ya se habían cambiado antes, y otros se cambiaron después de la aprobación de la ley en 2007. Sin embargo, en 2016, aún quedaban muchos municipios con calles franquistas. Usando datos del callejero del INE, y clasificando los nombres de las calles como franquistas siguiendo el listado de la comisión de Madrid de 2017 (más algunos nombres que ya habían sido quitados de Madrid, como “Generalísimo”, “General Primo de Rivera”, etc.), el siguiente gráfico muestra el porcentaje de calles que aún quedaban con nombres franquistas durante los últimos años:

Lo que nosotros suponemos es que todos los municipios que aún tenían calles franquistas en 2016, sea por inercia política, sea por resistencia a la Ley de 2007, son más o menos similares. Se trata de municipios más conservadores que la media, más pequeños, y por lo general situados en provincias del centro del país. Además, dado que los municipios que cambiaron las calles por voluntad propia ya lo habían hecho antes de 2016, es bastante probable que los cambios de calles franquistas sucedidos entre 2016 y 2019 sean más o menos aleatorios, debidos, en muchos casos, a procesos legales que tardaron años en resolverse.

Con esta estrategia en la mano, comparando estos dos grupos de municipios y controlando por otros factores (por ejemplo, la población, que hubiese salido un alcalde de izquierdas en 2015 o la participación política en 2016), los resultados nos permiten estimar el efecto de quitar los nombres de calles franquistas en el cambio en votos a Vox, PP, y PSOE entre junio de 2016 y abril de 2019. Estos resultados se muestran en el siguiente gráfico:

Lo que los datos dicen, en resumen, es que en los municipios donde se quitaron nombres de calles franquistas entre 2016 y 2019 el apoyo electoral de Vox creció casi un punto (+0.7%), el del PP disminuyó en casi dos (-1.7%), y el del PSOE no tuvo cambios significativos. Es decir, que probablemente el cambio de nombres franquistas radicalizó a parte del electorado conservador, que pasó a apoyar a Vox en lugar de al PP. No hay un aumento general de la polarización, ya que no hay cambios entre el electorado de izquierdas, sino una radicalización dentro de las derechas.

Hay dos lecturas a estos resultados. La primera, más o menos coherente con el discurso de la derecha, es que ellos tenían razón: remover al pasado sí abre las heridas y crea divisiones sociales. El problema de esta interpretación es que sólo vemos un efecto entre individuos más conservadores, y no es atrevido pensar que se debe a que es precisamente la extrema derecha quien ha intentando potenciar el discurso contrario a la justicia transicional para movilizar a sus seguidores. La segunda lectura puede que sea más realista: quizás éste sea un efecto de la justicia transicional; al menos, a corto plazo. Esto no quiere decir que tengamos que abandonar este tipo de medidas, si no que tal vez haga falta acompañarlas de cierta campaña de concienciación que intente paliar estos efectos a corto plazo.

Estos resultados no son en ningún caso un argumento en contra de revisar el pasado. Además de la necesidad moral de este tipo de medidas, la justicia transicional probablemente tenga un efecto beneficioso a largo plazo, ya que fomenta la reconciliación y fortalece un aspecto fundamental de cualquier democracia: la rendición de cuentas. El discurso de la derecha contrario a estas medidas normalmente gira en torno a dos ideas: que el pasado es el que es y hay que dejarlo estar, y que la memoria histórica es un asunto privado que cada uno ha de llevar y revisar como él quiere. Pero ambos argumentos favorecen indirectamente la historia que se ha mantenido hasta ahora, dejando las heridas abiertas. Para cerrarlas, y evitar la polarización a largo plazo, hace falta revisar la historia colectiva. Incluso aunque haya que estar alerta de posibles efectos adversos a corto plazo.