Entre otras cuestiones, la comunidad científica alerta de los riesgos sobre la salud derivados del aumento de la temperatura global y la destrucción del mundo natural. En los últimos 20 años, la mortalidad, entre las personas mayores de 65 años, relacionada con los efectos del calor en la salud ha aumentado más del 50%, observándose un crecimiento de episodios de deshidratación y pérdida de la función renal, de tumores cutáneos, de infecciones tropicales, de empeoramiento de la salud mental, de complicaciones en el embarazo, alergias e incremento de la morbilidad y mortalidad cardiovascular y pulmonar.

La amenaza sanitaria que supone el cambio climático comienza a estar validada por los datos. Más de cinco millones de muertes adicionales al año se pueden atribuir a temperaturas frías y calientes anormales, según un estudio internacional dirigido por la Universidad de Monash en Melbourne, Australia. El estudio demostró que las muertes relacionadas con las altas temperaturas aumentaron en todas las regiones del planeta entre los años 2000 y 2019, lo que hace temer que el calentamiento global debido al cambio climático empeorará esta cifra de mortalidad en el futuro, tanto la debida al incremento medio de las temperaturas como, en mayor medida incluso, a la ocasionada por las temperaturas anormalmente bajas, otra consecuencia menos publicitada pero también preocupante de un cambio climático que promueve los fenómenos extremos. Por cierto, el continente europeo registró las tasas de exceso de muerte más altas debido a la exposición al calor.

En todo este contexto, los sistemas públicos de salud no podemos ser parte del problema, sino al contrario, parte importante de la solución. La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que la reducción de las emisiones dentro de los propios territorios es fundamental para mejorar la salud de sus poblaciones, dado que la contaminación atmosférica resulta una de las principales causas de enfermedades respiratorias, como el asma, y también de patologías cardiovasculares.

Además, como promotores de la prevención de la salud, tenemos que ser ejemplo de sostenibilidad. Sin embargo, la realidad es bien distinta: si el sector salud fuese un país, sería el quinto emisor más grande del planeta. El 4,4% de las emisiones mundiales de CO2 provienen de actividades relacionadas con el ámbito sanitario.

Es en este escenario donde nace la Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030, un ambicioso proyecto del Servicio Canario de la Salud, que tiene como principal objetivo la reducción de las emisiones generadas tanto de forma directa como indirecta por el sistema público de salud dentro de toda su cadena de valor, con el objetivo, posible, de alcanzar un sistema neutro en términos de emisiones para el año 2030.

Para lograr nuestro objetivo iniciamos la puesta en marcha de una amplia batería de medidas estratégicas con vocación de permanencia, en cooperación con la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, los cabildos insulares, los colegios profesionales y las asociaciones de pacientes. Los fondos europeos Next Generation EU supondrán a buen seguro una palanca que contribuirá a la implantación y aceleración de medidas que reduzcan el impacto medioambiental de la actividad sanitaria.

Desde el Servicio Canario de la Salud estamos creando un grupo de trabajo interdisciplinar que promoverá la investigación dentro de este ámbito, involucrando tanto a profesionales como a la comunidad; y ya hemos empezado a trabajar en la reducción de emisiones directas con la implantación de placas fotovoltaicas en los centros sanitarios e indirectas, con la proyección de que la energía adquirida sea 100% renovable en 2030. 

La Estrategia promueve la reducción de la huella de carbono en los transportes, minimizando los desplazamientos y mejorando la accesibilidad a los servicios sanitarios con la potenciación de la Atención Primaria y los proyectos de telemedicina y salas virtuales del Servicio Canario de la Salud. Además, incluye el fomento de transporte público y comunitario y la mejora de la eficiencia energética de la flota de vehículos. Recientemente, hemos aprobado la adquisición de 43 vehículos eléctricos en el marco del Programa Moves para actualizar la flota de vehículos empleados en todas las islas para los desplazamientos de profesionales de atención domiciliaria y cuidados paliativos. 

Respecto a los inmuebles y proveedores, promovemos la eficiencia energética y térmica de las infraestructuras, los edificios verdes con poco impacto de huella de carbono en su construcción, integrados con el medio, evitando el uso de materiales nocivos o contaminantes, así como la compra pública medioambientalmente sostenible, exigiendo cláusulas de sostenibilidad en los contratos de licitación pública del SCS.

Dentro del ámbito asistencial, en Atención Primaria se adoptarán medidas que cuenten con el apoyo de unos profesionales y pacientes cada vez más concienciados con el calentamiento global y la preservación medioambiental. Este es el caso de las “prescripciones verdes”, que pretenden reducir las emisiones prescribiendo menos medicamentos, sustituyéndolos por ejercicio físico con efectos análogos en términos de salud, e introduciendo la figura de entrenadores de salud dentro del sistema público sanitario.

Abogamos también por la reducción de emisiones en la asistencia sanitaria y la prescripción de medicamentos, promoviendo medidas como la generalización de inhaladores con baja huella de carbono o el uso de técnicas alternativas a gases anestésicos cuando sea posible, además del fomento del reciclado de envases en colaboración con Punto SIGRE, la entidad encargada de garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos que se generan en los hogares.

Como prueba del alto impacto de estas medidas, cabe resaltar que solo el cambio de inhaladores por un tratamiento análogo pero de igual eficacia supone la reducción en términos de CO2 del equivalente a 10.973 vuelos Gran Canaria-Tenerife, o la retirada de 12.739 vehículos de combustión fósil que circulen una media de 20.000 kilómetros al año.

Hablamos siempre de acción, no sólo de propósitos para el futuro. De hecho, ya se han implantado medidas que están teniendo un gran impacto medioambiental, como es el caso del Proyecto de Receta Electrónica, que ha permitido la reducción de 4 millones de folios al año, más de 200.000 kilos de papel, el equivalente a más de 10.000 árboles. 

Ya no podemos aplazar decisiones que resultan vitales para el planeta; menos aún, en estos momentos con un exceso de mortalidad provocado por la pandemia de Covid-19, una tragedia de escala planetaria no precisamente ajena a las acciones humanas relacionadas a su vez con el cambio climático. En palabras del doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, “la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto los íntimos y delicados vínculos entre los seres humanos, los animales y nuestro medio ambiente”. En este sentido plantea que “las mismas decisiones insostenibles que están matando a nuestro planeta están matando a las personas”, con un argumento inapelable, que la destrucción de los ecosistemas sienta las bases para nuevas patologías, entre ellas las enfermedades infecciosas. La pandemia de COVID costó en 2020 al menos tres millones de vidas según estimaciones de la OMS, dos millones menos de las atribuidas a las temperaturas anormales producidas por el cambio climático.

Ya no hay duda de que cuando nos aproximamos al calentamiento global como acontecimiento tenemos que asumir que se trata del mayor reto global de nuestro tiempo, de modo que debemos afrontarlo de forma coordinada. Los problemas de salud asociados al cambio climático son un elemento que contribuye a ensanchar las desigualdades entre poblaciones, tanto en términos económicos como de equidad y salud.

Con todos estos cambios queremos liderar la lucha contra el cambio climático desde el sector de la salud, y con ello trasladar la crisis climática, un problema que requiere la implicación de todos, al primer plano de la agenda política, ahora que se cumplen justo dos años desde que el Gobierno de Canarias declarase el Estado de Emergencia Climática de Canarias. ¡Seguimos!