Las pensiones públicas en España atenderán a un número creciente de personas durante los próximos 25 años, hasta situarse entre 15 y 16 millones en 2048, momento en que se estabilizará su número y descenderán después.

La reforma aprobada por el PP en 2013 apostó por dedicar a esas pensiones en 2048 el mismo esfuerzo, 12-13% del PIB, que hoy dedicamos a 10,5 millones de pensiones. La receta, sencilla: menos protección pública para generaciones futuras y, el que pueda, que cubra esa merma con ahorro personal.

Afortunadamente, la contestación a esa reforma -primera sin acuerdo político o social alguno en España desde 1995, cuando se puso en marcha el Pacto de Toledo- suspendió primero su puesta en marcha y ha permitido derogarla y sustituirla por un conjunto de acuerdos. Entre Gobierno, sindicatos y empresarios, los dos primeros (acuerdo de pensiones de 2021 y reforma del RETA en 2022), y entre Gobierno y sindicatos en el acuerdo de marzo de 2023, que, con impacto económico similar, pero basado en reforzar la estructura de ingresos, apuesta por preservar el nivel de protección actual y mejorarlo para las próximas generaciones de pensionistas, tanto para las personas más vulnerables como para las que, por tener ingresos más elevados, aportarán recursos adicionales.

Para ello se adoptan distintas medidas: un nuevo paso en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, priorizando que los ingresos por cotizaciones se destinen íntegramente al pago de prestaciones económicas y financiando presupuestariamente otras políticas (de empleo, igualdad, apoyo sectorial, etc.).

La transferencia adicional a la Seguridad Social por estos conceptos es, en 2023, de 19.888 millones de euros, reforzando la estructura de financiación mixta, preferente con cotizaciones, pero con importante peso de la aportación presupuestaria.

Al tiempo, se concreta un avance sustancial en la insistente reivindicación sindical para que se cotice a la Seguridad Social, en todos los casos, por ingresos reales: de un lado, las rentas más altas, incrementando su contribución y, también, con una lógica diferencia temporal, su protección; de otro, el trabajo autónomo, en el que las personas con mayores ingresos contribuirán más, mejorando su protección, y, las que ingresan menos, contribuirán menos, sin dejar de estar cubiertas por las garantías de pensiones mínimas.

Finalmente establece la recuperación de una pequeña parte (20%) de las reducciones de cotizaciones sociales que se habían producido. El nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional alcanzará en 2029 un 1,2% anual, hasta 2050, frente a los seis puntos porcentuales que disminuyeron las cotizaciones sociales desde 1980 (por ser más preciso en una materia que ocultan quienes sobreactúan ahora, 5,55% de reducción de cotizaciones empresariales y 0,45% de cotizaciones descontadas del salario en nómina). Estos ingresos adicionales, se destinarán a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Este cambio de orientación, basado en fortalecer la Seguridad Social frente al intento de reducirla en la reforma derogada de 2013, cuyos inspiradores y protagonistas defienden con tanto celo, aborda no sólo el evidente reto demográfico que tenemos por delante; pretende también preservar nuestro sistema de pensiones para las generaciones más jóvenes. Resulta curioso que los defensores del derogado factor de sostenibilidad, que reducía las pensiones futuras con mayor intensidad cuanto más joven se sea hoy, argumenten sus críticas en interés, dicen, de esas personas más jóvenes.

Ningún ahorro en pensiones se dedica a transferencias para políticas que favorezcan la emancipación temprana, el acceso a la vivienda, la estabilidad en el empleo. La experiencia nos dice que la disminución de la protección pública acaba siendo utilizada para disminuir la contribución y la equidad fiscal, debilitando la capacidad de financiación de las políticas públicas.

Es más, desde 2011, unos 80.000 jóvenes estudiantes cada mes han visto cómo sus prácticas no laborales con alguna compensación económica acreditaban periodos cotizados a Seguridad Social. El acuerdo prevé que, a partir de 2023, cada año, centenares de miles de estudiantes de formación profesional o universitaria (grado, máster, doctorado…) incorporan este nuevo derecho, lo que posibilitará que, junto con su título académico, acrediten periodos cotizados adicionales a su carrera profesional.

El reciente acuerdo de pensiones entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales más representativas ha tenido que superar situaciones singulares. 

Su negociación durante meses ha afrontado dificultades para fijar posiciones comunes dentro del Gobierno; la compleja composición de las mayorías parlamentarias; la vinculación de esta reforma a la llegada de fondos europeos del Plan de Recuperación; y, por supuesto, la necesidad de incluir adecuadamente los objetivos de quienes han negociado y comprometido el apoyo al Acuerdo, Gobierno y sindicatos, una vez acreditado, lamentablemente, que han negado su el apoyo las organizaciones empresariales que firmaron mantener el poder adquisitivo de las pensiones, no disminuir pensiones futuras de las generaciones más jóvenes, incrementar ingresos presupuestarios y la cotización por ingresos reales del trabajo autónomo, cuando de mejora de ingresos por cotizaciones desde las empresas se trata. 

¿Cómo se distribuyen los esfuerzos y beneficios de esta reforma? Sin duda, la principal beneficiaria es la sociedad española, que recibe tranquilidad y confianza en la garantía de renta de la quinta parte de la población hoy, que puede ser un tercio a mediados de siglo, lo que resulta esencial para pensionistas y también para las empresas y la actividad económica, que sufrirían de manera intensa una devaluación de los ingresos de una parte tan relevante de la población.

Junto con ello, esta reforma de la estructura de ingresos de la Seguridad Social refuerza las transferencias de renta de los excedentes empresariales hacia salarios, al incrementar la parte de aquellos que van a retribuir el factor trabajo a través de las cotizaciones sociales; es decir, para garantizar las rentas de la población trabajadora cuando se interrumpe o finaliza su actividad laboral. Esto no afecta sólo a empresas privadas. Un 30% de las personas con salarios superiores a las actuales bases máximas de cotización son empleados públicos. Lo que sí es cierto es que no afecta igual a las grandes empresas que a las pequeñas, ya que la concentración de salarios más elevados es muy superior en las de mayor tamaño.

También aumenta la contribución de las rentas más altas (mayoritariamente masculinas por otra parte) en beneficio de las personas más vulnerables, que se ven en la necesidad de acceder a las pensiones mínimas, así como de quienes se benefician de las nuevas medidas por interrupción de la vida laboral o reducción de jornada para atender necesidades de cuidados de menores, mayores o personas con discapacidad. Del incremento del complemento de pensiones para reducir la brecha de género o de la mejora en el sistema de integración de lagunas (esos meses sin cotización, sobre los que se tienen en cuenta para determinar la pensión).

Por cierto, este acuerdo crea por primera vez, de forma aún limitada, el derecho de acceder a la integración de lagunas en el trabajo autónomo. No extiende aún la nueva cotización adicional de solidaridad en ese ámbito, cuestión que, sin duda, habrá que revisar en el futuro.

Estas medidas tienen una orientación clara. En la práctica sus beneficiarias son, en su inmensa mayoría, mujeres que ven perjudicado su acceso a la protección de nuestro sistema de pensiones por, entre otras causas, un desequilibrado reparto de cargas de cuidados durante toda su vida activa, por la brecha salarial y de desarrollo profesional.

También tiene esa función la nueva regulación del período de cálculo, al garantizar durante dos décadas una protección igual o mejor que la actual, en todos los casos. Quien intenta vaticinar el efecto que tendrá a partir de 2044, especula. Lo único que podemos decir es que a partir de ese momento, si atendemos a lo que ocurriría hoy de estar plenamente implantada la nueva fórmula, el gasto en pensiones se incrementaría ligeramente con una mejora de la cuantía de la pensión media. 

En definitiva, un acuerdo muy relevante, que culmina un proceso de recuperación de los marcos de concertación social en materia de pensiones, interrumpidos durante una década. Una situación que esta sucesión de acuerdos entre 2021 y 2023, corrige.

Mantener nuestro sistema de pensiones exige, durante unos años, un volumen mayor de recursos, en una cuantía razonable y manejable que, acordada por Gobierno y sindicatos, presentando el primero además el aval de la Comisión Europea, espera ahora su puesta en práctica.

Completar la formación combinando teoría y práctica, aplicando la primera a la realidad del proceso productivo o servicio, son elementos que integran la mayoría de los itinerarios formativos reglados de formación profesional o universitaria, previos generalmente a la incorporación de las personas jóvenes al mercado de trabajo.

En ese marco se desarrollan las prácticas no laborales, orientadas a completar esa formación teórica y no a generar producción o beneficio a la empresa o institución en que se prestan.

En estas prácticas no laborales no hay retribución, ni contrato de trabajo, que sí existe bajo la modalidad de contrato formativo para las prácticas laborales, donde deberían insertarse en realidad las prácticas extracurriculares.

En las prácticas no laborales, puede y debería haber alguna compensación económica de diversa naturaleza (abono transporte, compensación de gastos,…)

Lo que se produce de manera generalizada, durante los años dedicados a la formación profesional o universitaria, es un retraso en la incorporación al mercado de trabajo de jóvenes que dedican una parte de sus primeros años de potencial actividad laboral a formarse mejor para incorporarse, más tarde, en mejores condiciones de formación y capacidad productiva.

Este retraso en la incorporación al mercado de trabajo fue tenido en cuenta en el Acuerdo sobre el sistema de pensiones de 2011 que previó la obligación de cotizar a la Seguridad Social durante estos períodos de prácticas no laborales, cuando existía alguna compensación económica de cualquier tipo.

Se reguló esta situación en el RD 1493/2011 con una cotización reducida, equivalente a la correspondiente a los contratos formativos que, además, está bonificada al 100% cuando se trata de prácticas curriculares, la mayoría. En el caso de las prácticas no curriculares, voluntarias y al margen del itinerario reglado, en las que debe impedirse que constituyan una forma de laboralidad encubierta, sí se cotiza.

Cuando las prácticas se usan para encubrir una actividad productiva que debería ser laboral, estamos, simplemente, ante un fraude frecuente en el que se usan las prácticas no laborales, sobre todo las extracurriculares, para sustituir puestos de trabajo.

El resultado de aquel acuerdo ha sido el reconocimiento de periodos cotizados a entre 80.000 y 90.000 jóvenes cada año, hasta el inicio de la pandemia, cuando está cifra ha caído de forma lógica inicialmente, menos lógico en la actualidad, aunque será a final de curso el momento para valorar la vuelta a la normalidad en esta materia en lo que se refiere a becas con alguna compensación económica.

Como continuación del Acuerdo de 2011, fruto del mantenimiento de la reivindicación sindical que CCOO ya defendió en la negociación de aquel año, el nuevo Acuerdo de diálogo social suscrito por el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME el pasado 1 de julio de 2021 en el que se concretaba la primera fase de la nueva reforma de Seguridad Social, incorporaba varias medidas adicionales que extienden el derecho a cotización de las personas con prácticas no laborales, pero ahora ya con carácter general, sin necesidad de que exista o no compensación alguna.

Este acuerdo incluía un compromiso expreso para regular esta cuestión, mediante norma reglamentaria en un máximo de tres meses, de modo que se garantice que la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.

El objetivo principal de esta medida incorporada a los sucesivos acuerdos de concertación social busca reconocer el esfuerzo formativo, no solo con el título académico, también con un período cotizado a la Seguridad Social, al tiempo que refuerza la legitimación social del sistema de Seguridad Social en el colectivo de personas más jóvenes, ayudando a completar sus carreras de cotización reconociendo parte del tiempo dedicado a la formación universitaria o de formación profesional.

El impacto potencial en cuanto al número de personas beneficiadas por esta medida, es muy relevante.

Partimos de las mencionadas prácticas no laborales con alguna compensación o beca, que han generado un alta en Seguridad Social. Estas algo más de 80.000 anuales hasta febrero de 2020 (de ellas, más de un tercio son prácticas universitarias, un tercio son programas de formación para el empleo o certificados de profesionalidad, algo más del 20% a formación profesional y una pequeña parte restante a prácticas de jóvenes titulados sin experiencia). En los programas de formación para el empleo es donde las prácticas remuneradas tienen un mayor peso.

Estas cifras deben multiplicarse varias veces con la entrada en vigor de la nueva medida pactada. No hay buena información estadística sobre las prácticas no laborales sin compensación, pero una estimación del Gabinete Económico de CCOO, sobre las fuentes existentes, eleva la cifra probable en torno a las 470.000 personas anualmente (en torno a un 70% de las personas tituladas universitarias de cada año, las tituladas en formación profesional y las participantes en programas de formación para el empleo en centros públicos y certificados de profesionalidad), a estas últimas habría que añadir las que los realizan en centros privados.

No es una cuestión menor reconocer periodos cotizados cada año, a medio millón de jóvenes en proceso de formación.

Esta medida de impacto indudable, no tiene un objetivo esencialmente recaudatorio, por ello, la cotización es la de los contratos formativos y, además se bonifica esta en, al menos, un 75%. Esto reduce la cotización al entorno de los 15 euros mensuales. De hecho, esa bonificación ha sido y podría ser incluso mayor.

Lo anterior hace completamente inexplicable la resistencia que una buena parte de las autoridades educativas y académicas, especialmente las públicas entre estas últimas, tuvieron en 2011 y han vuelto a tener ahora. Este, el económico, es el pretexto que hasta la fecha está utilizando el Gobierno a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para justificar el retraso en la aplicación de la medida pactada.

Como consecuencia de ello, este compromiso está incumplido 9 meses después y constituye un obstáculo que debe ser resuelto si se quiere mantener la confianza en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia de Seguridad Social.

No es la primera vez que ocurre. En la aplicación de la norma aprobada en 2011, hubo una primera situación de resistencia al cumplimiento de la misma, como consecuencia de una decisión consciente de una parte de las empresas e instituciones que promueven las becas que decidieron no tramitar las correspondientes altas tras conseguir la promulgación del RD 1707/2011, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. Una norma que fue recurrida por CCOO ante el Tribunal Supremo y finalmente anulada por sentencia de dicho Tribunal dando la razón a este sindicato. Momento a partir del que se elevó el número de jóvenes cotizantes estudiantes hasta la media de los 80.000-90.000 anuales ya citada.

En conclusión, una medida de impacto para la población más joven, más formada, que contribuye a que tengan carreras más largas de cotización aunque hayan dedicado más tiempo a su proceso formativo e incorporado al mundo laboral con mejores herramientas.

Hay que aprobar ya los desarrollos normativos comprometidos en la reforma de Seguridad Social de julio pasado, de modo que se garantice el derecho a cotización de las centenares de miles de personas con prácticas no laborales. Es inaceptable e inexplicable no hacerlo.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional acordado por el Gobierno y los sindicatos sustituye a un Factor de Sostenibilidad que reducía las pensiones futuras de forma creciente en el tiempo, con un impacto mayor para las personas más jóvenes. El recorte iría desde un 10% a quien hoy tiene 50 años hasta un 23% para quien tiene 18 años actualmente.

El nuevo mecanismo (MEI) se centra en los ingresos y no en reducir las pensiones. Se sufraga de forma colectiva durante 10 años, más por quienes tengan mejores salarios y menos por quienes sufren con mayor intensidad precariedad laboral, temporalidad, tiempo parcial indeseado y elevada rotación laboral. Es decir, población más joven y mujeres.

Por tanto, se trata de un esfuerzo colectivo, proporcional a los costes salariales, que contradice cualquier irresponsable intento de provocar conflictos intergeneracionales sobre la financiación del sistema de pensiones, a menudo propiciados por quien defiende simplemente la disminución de su cobertura.

No es una medida que pretenda un impacto presupuestario comparable al del Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y factor de Sostenibilidad (FS), ahora en curso de derogación, que pretendían una reducción sustancial de las pensiones.

El MEI es una medida más, entre otras, que contribuye a mantener el sistema de pensiones durante los años de mayor exigencia, aportando una cantidad adicional de ingresos netos a la Seguridad Social para recuperar un Fondo de Reserva que se había consumido demasiado rápido, superando las previsiones de su regulación y financiando políticas de empleo desde las cotizaciones a la Seguridad Social. Este último, otro asunto que viene a corregir el Acuerdo de Pensiones del pasado julio, al garantizar que esas políticas de interés general se financien con aportaciones presupuestarias, reforzando la separación de fuentes de financiación. 

A modo de ejemplo, si tuviésemos que buscar alguna referencia para dimensionar el impacto del MEI, podríamos utilizar el efecto que tiene la esperanza de vida sobre el incremento del gasto. Las previsiones indican que la esperanza de vida en el momento de la jubilación aumentará, entre 2021 y 2050, algo más de 2 años. Este MEI permitirá financiar una cuarta parte de ese aumento.

Una constante de los acuerdos del Diálogo Social ha sido reforzar los ingresos y la contributividad del sistema de Seguridad Social. El MEI incide en lo primero; con la ya pactada cotización de autónomos por ingresos reales y la comprometida negociación para elevar bases máximas de cotización (muy bajas en España), reforzaremos la contributividad. Al cotizar por ingresos reales más de 4.5 millones de personas que hoy no lo hacen se contribuirá a una mejor y más justa financiación, tratando a todas las personas que cotizan a la Seguridad Social en iguales condiciones, mejorando ingresos del sistema y sus propias pensiones futuras.

Es de lamentar que el compromiso firmado en julio no haya sido mantenido por las organizaciones empresariales, más aún cuando en términos de incremento de cotizaciones el nuevo MEI se ha definido de forma muy moderada. Se olvida la fuerte disminución de cotizaciones empresariales entre 1982 y 1995 (3,68 puntos porcentuales frente al incremento del 0,5% que supone el MEI para las empresas), además de los inferiores costes laborales en España respecto a nuestro entorno y que son las empresas las principales beneficiarias de los sistemas de bonificaciones y reducciones que se han desarrollado en las últimas décadas.

Lo que se acaba de acordar es un moderado esfuerzo para empresas y trabajadores. A título de ejemplo, sobre bases de cotización de 1.050 y 4.070 euros, significa mensualmente poco más de 5 euros para la empleadora y 1 euro menos en nómina, en el primer caso; 20 euros para la empleadora y cuatro menos en nómina cuando se cotiza por 4.070 euros/mes, actual máximo. En el caso del trabajo autónomo, la cotización más frecuente es la mínima (944 euros mes) y este incremento de cotización es, en ese caso, de 5,6 euros mes (algo más de 24 en los pocos casos en que se cotiza por base máxima en la actualidad).

Si tenemos en cuenta además que esa cotización adicional disminuye la base tributaria de la declaración fiscal correspondiente en cada caso, IRPF o Impuesto de Sociedades, es decir reduce la contribución fiscal en el tipo marginal del declarante, el impacto real individual es, como digo, muy moderado. Además, directamente relacionado con los ingresos laborales y con un impacto relevante en términos de aportación agregada a la Seguridad Social, algo más de 2.000 millones de euros anuales durante 10 años.

La distribución de esfuerzos –0,5% empresas y 0,1% descuento en nómina– es justa en un país que generó esa distribución de cotizaciones entre empresa y trabajadores cuando la estructura fiscal que financiaba al Estado era fundamentalmente el extinto Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo Personal, es decir, los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Algo que hoy, con una estructura fiscal mucho más compleja y formalmente alineada con estándares internacionales sigue siendo, esencialmente así, como consecuencia de las debilidades de nuestro sistema tributario.

Cualquier actuación adicional necesaria, en el futuro, se hará sobre las materias que se acuerden, sin predeterminar que sea en primer lugar por el lado del gasto, como se pretendía. Y una vez hayamos perfeccionado y puesto en marcha todas las medidas acordadas o pendientes de implantarse en las reformas de pensiones de 2011 y 2021/22, puedan ser evaluadas y determinado su impacto en el objetivo de mantener y mejorar nuestras pensiones, incluso en el periodo de mayor exigencia por razones demográficas, que se inicia y concluirá en algo más de tres décadas.

Ahora hay que seguir ultimando los desarrollos pendientes del Acuerdo de pensiones de julio pasado. En la mayor parte de su contenido ya está en tramitación parlamentaria, a la que ahora debe sumarse el MEI, junto con otros avances en materia de viudedad de parejas de hecho, cotización de jóvenes durante los periodos de prácticas no laborales, mejora de protección para trabajadores fijos discontinuos y cuidadores no profesionales de personas dependientes. Además, ha de concretarse el proyecto de ley que instrumente la puesta en marcha de la cotización por ingresos reales en el trabajo autónomo.

Todo ello, antes de iniciar una última fase de negociación comprometida, que aborde materias tan relevantes como la cotización por ingresos reales de los salarios más altos y la mejora de las pensiones mínimas, entre otras materias. 

En fin, un nuevo paso en buena dirección, que se aparta de intentar garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a costa de la suficiencia de las prestaciones, apuesta por reforzar el sistema con mecanismos de financiación más potentes y un refuerzo de la contributividad mejorando la relación de las prestaciones causadas con las aportaciones efectuadas en forma de cotizaciones.

Suficiencia, equidad, solidaridad interpersonal e intergeneracional, contributividad y mejora de la garantía de pensiones mínimas como base de la sostenibilidad financiera y social de la Seguridad Social.

Una vez más, el Diálogo Social ha estado a la altura, para complementar el acuerdo político amplio que nos permita cuidar y reforzar nuestras herramientas de protección colectiva. Desgraciadamente, esta vez, no nos han acompañado las organizaciones empresariales. Esperamos que se pueda corregir pronto esa situación. La responsabilidad y capacidad de concertación de los interlocutores sociales es una clave de bóveda en este asunto.