El pasado lunes, una jueza admitió una petición de Abogados Cristianos contra el sello de correos sobre el centenario del PCE porque suponía ‘la exaltación de un partido político que cometió crímenes’. Mas allá de la gravedad de que la jueza admitiera dicha petición, este episodio es uno más de una tendencia generalizada no solo en España, sino también en Europa, de ligar al comunismo con aquel que tuvo lugar en la Unión Soviética y en los países del Este, enfatizando los crímenes que estos regímenes dictatoriales cometieron y negando el carácter democrático de muchos comunismos como el español. 

Desde el principio de los años 2000 España ha asistido a un creciente proceso de revisionismo histórico sobre nuestro pasado reciente, especialmente en relación con las víctimas de la Guerra Civil. Pero solo ha sido en los últimos años cuando también se ha empezado a atacar más violentamente el legado democrático del comunismo español. Aunque pueda parecer que el ataque a la memoria del comunismo español es parte del creciente ataque de la derecha a cualquier expresión de la política, historia y cultura de la izquierda, este proceso no es solo exclusivo de España, sino que se inscribe en un movimiento europeo más amplio que lleva persiguiendo y borrando la memoria democrática del comunismo desde finales de los años setenta.

En un libro reciente sobre la historia intelectual del concepto de revolución, el aclamado historiador italiano Enzo Traverso afirmó que dentro de la pluralidad del comunismo podemos encontrar cuatro tendencias:  el comunismo como proceso revolucionario, el comunismo como forma de Estado, el comunismo como movimiento anticolonial y el comunismo como movimiento social demócrata. Este último se identifica con el comunismo occidental (España, Italia, Francia y Portugal) que participó activamente en la creación y consolidación de las democracias europeas y del estado del bienestar. Precisamente por su papel central en este proceso, la derecha ha lanzado un asalto a la memoria democrática del comunismo desligando y olvidando sus aspectos democráticos y enfatizando en contra un supuesto ‘totalitarismo’ inherente en cualquier movimiento comunista. Con la caída de la Unión Soviética y la incorporación de los países del Este a la Unión Europea, la conexión entre comunismo y totalitarismo se hizo más explícita. 

Este asalto comenzó en los años setenta en Francia en el llamado momento anti-totalitario, en el que un grupo de intelectuales denunció los rasgos ‘totalitarios’ del comunismo y lanzó toda una campaña contra la alianza del Partido Socialista y el Partido Comunista Francés, que se presentaban conjuntamente a las elecciones en el llamado Unión de la Gauche (La Unión de la Izquierda). El objetivo de estos intelectuales, cuyo máximo referente fue el intelectual François Furet, era eliminar la tradición revolucionaria de Francia nacida de la revolución francesa y, sobre todo, el papel predominante en la vida política y cultural francesa del Partido Comunista Francés. En 1995, en su famoso libro El Pasado de una Ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, Furet no solo negaba el pasado democrático del comunismo y pedía a los franceses (y a los europeos) pasar página del comunismo, sino que afirmaba que el comunismo se movía por diferentes pasiones, en particular, la pasión por la igualdad. Precisamente, era esta pasión por la igualdad la que llevaba a una dictadura como las que se dieron en la URSS y en Europa del Este. Furet afirmaba que el comunismo nunca podría ser democrático porque sus propios ideales de igualdad siempre conllevarían algún tipo de dictadura.

Esta tesis ha sido utilizada por casi todos los movimientos de derecha europeos, incluido el español, para criticar el comunismo y resaltar su supuesto carácter no democrático. En Francia, desde los años noventa, cualquier intento de la Izquierda por una sociedad mas justa e igualitaria se liga automáticamente a un intento ‘totalitario’ de acabar con la democracia francesa. El líder de la Francia Insumisa Jean-Luc Melenchón es constantemente atacado por su supuesto carácter ‘totalitario’, ‘estalinista’, ‘autoritario’, etcétera. 

En Italia, cuna del anterior poderoso Partido Comunista Italiano, también ha asistido a un asalto a la memoria del comunismo. Si el PCI y su líder Togliatti jugaron un papel clave no solo en la resistencia italiana durante la República de Salo y la liberación de Italia del fascismo entre 1943 y 1945, sino también en la creación y consolidación del régimen de posguerra, hoy el comunismo en general y el comunismo italiano es severamente atacado. Autores como Renzo de Felice han querido señalar la influencia estalinista en algunas personalidades como Togliatti o, simple y llanamente, que el carácter democrático del PCI solo era una fachada. Si hubieran llegado al poder, habrían establecido una dictadura similar a las que se dieron en la Europa del Este. Por supuesto, esto niega el papel de muchos militantes y dirigentes como Enrico Berenguer que no solo buscaron distanciarse de la Unión Soviética, sino que abogaron por la democracia en Italia o las diferentes condenas al estalinismo. El actual gobierno de Meloni instituyó recientemente el ‘Dia de la Libertad’ cada 9 de noviembre, aniversario de la caída del muro de Berlín. El mensaje político es claro: la caída del comunismo es sinónimo de libertad, sea cual sea la libertad que Meloni y su equipo entiendan. Precisamente, el pasado 9 de noviembre, el actual ministro de Educación y Mérito del gobierno italiano, Guiseppe Valditara, escribió una carta dirigida a las escuelas italianas en la que afirmaba que el comunismo engendró “regímenes tiránicos despiadados, capaces de alcanzar cotas de violencia y brutalidad entre las más altas que la humanidad ha logrado tocar” y proseguía con un “La caída del Muro de Berlín marcó el fracaso definitivo de la utopía revolucionaria. Y solo puede ser, entonces, una celebración de nuestra democracia liberal”. Esta afirmación es simple y rotundamente falsa para el caso del comunismo italiano y otros comunismos europeos, que ayudaron a crear y consolidar la democracia liberal en sus respectivos países. 

El reciente episodio con el sello conmemorativo de los 100 años del PCE es uno más de esta tendencia a negar el pasado democrático del comunismo español y su rol en la consolidación democrática de nuestro país. Sugerir que el comunismo español es un partido que cometió crímenes es negar su riqueza y pluralidad y su importantísimo papel en la lucha contra el franquismo. En su fundamental libro sobre la democracia occidental entre 1945 y 1968, Martin Conway avisaba de que debemos estudiar la historia de la democracia. Conocerla ayuda a crear ciudadanos comprometidos con sus valores. No debemos permitir que esta memoria sea borrada de la historia europea y española. Como sociedad, y como democracia, debemos conocer y reconocer el papel clave del comunismo español en el establecimiento y consolidación de nuestra actual democracia. 

Desde principios del año 2000 -especialmente, desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007-, las nuevas generaciones, entre las que me incluyo, hemos revindicado la necesidad de “hacer frente al pasado”, tanto de la Guerra Civil como de la dictadura. El 15M y el movimiento de los indignados revitalizaron la memoria histórica al cuestionar el modelo de la Transición y enfatizar sus defectos. No es sorprendente que, desde 2007, la clase política más conservadora, con el PP a la cabeza, se haya opuesto a cualquier intento de justicia y rehabilitación de las víctimas. Cuestionar el proceso de la transición supone cuestionar el rol que jugaron las élites conservadoras y sus herederos durante la Guerra Civil y la dictadura.  

Políticamente, la Ley de Amnistía de 1977 se ha considerado un hito fundamental en el camino a la democracia, al intentar superar el pasado conflictivo y violento de nuestro país. En los años posteriores a la transición, e incluso en la actualidad, numerosos historiadores consideraron esta ley, junto a la Constitución de 1978, como ejemplo de moderación y consenso frente a la República española. Historiadores actuales como Manuel Álvarez Tardío, Fernando del Rey o Roberto Villa ven el nacimiento de la República española como un proceso excluyente y polarizador que contrasta con la transición moderada, pacífica y consensuada. Este mito, que persiste en nuestros días, es uno de los problemas a que se enfrenta la propuesta de mejora de la Ley de Memoria Histórica presentada por el PSOE y Unidas Podemos. Al cuestionar la Ley de Amnistía se pone, una vez más, en duda el relato de una transición modélica. 

Sin embargo, en el fondo del debate se encuentra no solo la rehabilitación y justicia de las victimas franquistas, sino, especialmente, la batalla por la hegemonía política y cultural sobre el pasado de nuestro país. En los años setenta, durante la coalición en Francia entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, la llamada L´Union de la Gauche, las derechas francesas comprendieron que para ganar no solo necesitaban una victoria política, sino, también, cultural.  Comenzó así todo un proyecto de revisionismo histórico, que el historiador Michael Scott Christofferson ha llamado el “momento antitotalitario”, con obras como Pensar La Revolución Francesa, de 1978, cuyo autor, François Furet, atacó la tradición radical francesa y el legado de la Revolución Francesa. Esta se convirtió en el terror “totalitario” de Robespierre, una herencia violenta y “antidemocrática” frente a la tradición moderada y liberal que, supuestamente, trajo la estabilidad y la democracia al país. Se cuestionó así el legado radical y democrático de la Revolución Francesa, el Frente Popular y el Antifascismo francés del que bebían tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista.

En España, este proceso revisionista comenzó en los inicios de los años 2000, cuando historiadores como Nigel Townson o Stanley G. Payne defendieron que fue la República la que causó la Guerra Civil. Inspirados por el trabajo de Townson y su “república de centro”, donde defendió que el fracaso de una política centrista, como la que se dio en la Tercera República francesa en la década de 1880, había condenado a la Segunda República por caer en los extremos, una serie de jóvenes historiadores abrazaron este relato revisionista. Utilizando un lenguaje 'neutral' y una fuerte defensa del “liberalismo” y el “parlamentarismo” -como si la Segunda República se hubiera opuesto a estas corrientes políticas-, han ido construyendo una narrativa de la historia de la Segunda República española que la derecha ha incorporado en su lenguaje.

Para ellos, los defectos de la República -en especial los mitos de que en abril de 1931 se creó un régimen excluyente y el caos de las elecciones de febrero de 1936- abrieron el camino al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Este pasado inventado de una república excluyente que murió principalmente por los errores de la izquierda y no por un golpe de Estado y la Guerra Civil ha encontrado eco en la derecha española. Ya no era el relato franquista construido por los vencedores del conflicto, sino el trabajo de 'historiadores serios' que con sus investigaciones habrían desmontado esa “supuesta” república social y democrática que la izquierda defendía. Poner el foco en la Segunda República es no solo una forma de eludir sus responsabilidades en la Guerra Civil y en la dictadura, sino también un proyecto político en el que las responsabilidades y los errores se acentúan a la izquierda.  Y, más allá, encierra una reacción de la derecha española contra las nuevas tendencias políticas e historiográficas que cuestionan sus relatos nacionales poniendo el énfasis en nuestro pasado conflictivo y violento. La defensa de la hispanidad y el legado imperial, así como la oposición a la Segunda República, entroncan con una visión de la identidad española que se niega aceptar la crueldad del imperio, el rol de la esclavitud en la colonización o la violencia y represión de la Guerra Civil y la dictadura. 

El nuevo proyecto de emendar la Ley de Memoria Histórica, incluso con sus limitaciones, es un paso más hacia la rehabilitación y justicia de las víctimas del franquismo. Los historiadores debemos deconstruir los relatos revisionistas cuyos fines no son la investigación histórica, sino la confrontación política. España, como la gran mayoría de los países europeos, debe enfrentarse a su pasado violento. La Guerra Civil y de la dictadura es, al igual que el legado del imperio y el rol de la esclavitud, un tema sobre el cual los historiadores y la sociedad tienen que reflexionar, discutir e integrar en un relato nacional. El pasado no debe ser una carga, sino un punto de referencia a partir del cual construir una sociedad más democrática y concienciada.