La Organización Mundial de la Salud señala que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres y que afecta, específicamente, al derecho a la integridad física y psicológica de la mitad de la población. También desde este organismo se asegura que esta violencia puede prevenirse.

A mitad de camino entre la mejor y la peor propuesta para este objetivo, el de la prevención, nos enseñan a las mujeres, ahora desde muy pequeñas, a reconocer el inicio de esa violencia y a identificarnos como víctimas, pero en muy pocos casos se habla de enseñar a los hombres, jóvenes y adultos, a identificarse y reconocerse como agresores.

Cuando estas medidas de prevención fallan, alguien entiende que la única manera de solucionar la situación es a través del castigo, de la privación de libertad, y con eso se solucionará el problema y habrá “aprendido la lección”, pero no se contempla la opción de que lo que el entorno cultural, en algunos casos, ha fraguado durante años y años pueda más que los castigos.

La solución contra la violencia machista no es un castigo peor, sino una buena prevención y el reconocimiento de que lo que se ha hecho hasta ahora o no funciona o es demasiado lento… El ritmo de feminicidios hace pensar que vamos muy despacio.

Posiblemente, un ejemplo que clarifica esto es ese momento en el que alguien le pregunta a una mujer embarazada si será niño o niña; es niño, “menos mal, así podrás dormir tranquila por las noches”. No es posible normalizar esta respuesta y pensar que trabajamos para terminar con la violencia machista. Si es niño la responsabilidad de las personas que lo educan en el ámbito doméstico es hacerle comprender que a las niñas y mujeres jóvenes y adultas no se las pega, ni se las grita, ni se las controla, ni se las viola, ni se las mata… Tristemente, ninguna niña o mujer, a ninguna edad y en ningún sitio del mundo está libre de poder ser víctima de violencia de genero.

A pesar de que parece evidente que la lucha contra la violencia machista debe llevarse a cabo desde todos los ámbitos de la vida familiar, educativa, social y política, no deja de sorprender que en muchos ayuntamientos del Estado español un maltratador condenado por violencia de machista pueda realizar los servicios en beneficio de la comunidad en el mismo municipio en el que vive su víctima; que algunos partidos políticos lleven en sus programas electorales la “reforma de la ley integral contra la violencia de genero para acabar con la asimetría penal por cuestiones de género”; que la ministra de Igualdad del Gobierno de España, así como las personas que forman parte de su equipo, son insultadas y vejadas por querer que todas podamos ser un poco más libres porque, sí, yo puedo llegar a casa sola y borracha o sobria y acompañada, pero quiero llegar; que el Tribunal Supremo dé un paso atrás en la defensa de víctimas de violencia de género rebajando penas de asesinos machistas, o que se den por abusos lo que la mayoría de las personas entendemos como violaciones; que, en ocasiones, el juez que nos encontramos de frente para juzgar a nuestro agresor será condenado años después por maltratar a su mujer…

Hasta el año pasado el Gobierno de Cantabria no tenía datos reales sobre los feminicidios en la comunidad, solo manejaban “datos oficiales”, solo contemplaban como víctimas de la violencia machista a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El Gobierno de España ha anunciado que a partir de enero del 2022 serán reconocidas como víctimas de violencia machista todas aquellas mujeres que sufran violencia sexual, familiar, vicaria y social. Quizás así descubramos a cuantas mujeres se mata en España por ser mujeres; quizás más de una y de uno se llevará las manos a la cabeza al conocer los datos reales porque hasta ahora “siempre son las mismas, no va a más”; quizás así la visibilidad y la concienciación puedan ser reales para que poner lazos morados en los balcones sea lo único que queda por hacer.