Los avances normativos y los distintos recursos de atención a la violencia contra las mujeres, el Pacto de Estado, las manifestaciones, no hacen sino reafirmar que pese a los mensajes negacionistas sobre este tipo de violencia, que afecta de manera estructural a la mayoría de la población, sólo por el hecho de ser mujeres, en los últimos años hemos avanzado en este ámbito. Y es necesario recalcarlo porque, ante los asesinatos y las duras realidades de las supervivientes de la violencia, resulta en ocasiones desalentador ver cómo no avanzamos más rápido. 

Los problemas más graves de nuestra sociedad, entre los que se encuentra la violencia contra las mujeres, son complejos, requieren intervenciones y soluciones difíciles, llevan tiempo. Construir igualdad cuesta, destruir es mucho más sencillo. 

Dice Marcela Lagarde que “si el estado tuviera perspectiva de género, si fuera entonces más democrático, no habría tolerancia social a la violencia hacia las mujeres y por lo tanto al feminicidio”. Cuando hablamos de aplicar la perspectiva de género feminista a las políticas públicas lo que queremos decir es que tenemos que analizar las desigualdades contra las mujeres que permiten la violencia y diseñar herramientas de transformación política, social y económica, es acabar con un sistema patriarcal, androcéntrico y capitalista que sigue colocando a las mujeres en las situaciones de vulnerabilidad y discriminación. 

Debido a la dimensión del problema, focalizar todos nuestros esfuerzos en la atención de la violencia contra las mujeres, por muy necesario que sea, nos hace perder de vista en muchas ocasiones el objetivo fundamental, que este tipo de violencia no se produzca. Es lo que llamamos prevención.

No hay mayor innovación social que la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, ya que de una manera u otra afecta a toda la población

Tanto en la atención como en la prevención de la violencia resultan imprescindibles políticas públicas de igualdad con personal especializado, es el perfil profesional de las agentes de igualdad, que ayudan, acompañan y enseñan a otras y otros profesionales precisamente a introducir esa perspectiva de género tan necesaria. Para que nuestras políticas públicas de igualdad sean eficientes y tengan calidad, para materializar este compromiso político emanado de nuestro ordenamiento jurídico, se requiere de este personal especializado con un enfoque feminista en todas las administraciones. 

En estos momentos no hay mayor innovación social que la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, ya que de una manera u otra afecta a toda la población. Tenerla en cuenta en las estrategias contra el cambio climático, contra la despoblación, contra la crisis de cuidados, la crisis económica, es fundamental a la hora de lograr la transformación necesaria para alcanzar un nuevo pacto político, social y económico que favorezca la vida de todas las personas y de nuestro planeta.

Sin embargo, seguimos teniendo una mirada sectorial de la igualdad a la hora de diseñar las políticas públicas, y no transversal. Y esto es así por la complejidad de aplicar esa transversalidad en ámbitos como la economía, el urbanismo, la salud, la vivienda, el desarrollo territorial, etc. Es por ello que los organismos necesitan de ese personal especializado en políticas de igualdad que permita construir autoridad y generar condiciones para su sostenibilidad, mientras establecen alianzas con el movimiento feminista. 

Y todo ello es importante porque si no lo hacemos seguiremos siendo tolerables socialmente a la violencia contra las mujeres, nos bastará con medidas paliativas que atiendan el problema pero que no lo solucionen, solamente lo harán más soportable, más llevadero, con un sistema que seguirá siendo desigual y discriminatorio hacia las mujeres, que seguirá utilizando la violencia para mantenerse.  

Hoy más que nunca necesitamos reflexionar y definir un modelo social y económico que permita a la mayoría de la población, a las mujeres, vivir unas vidas dignas de ser vividas. Es una tarea complicada, que da resultados a medio y largo plazo, pero que a su vez nos da muchas satisfacciones como seres humanos, ya que con ella ganamos toda la ciudadanía en igualdad, justicia y libertad.

En marzo de 1912 culminaba una de las primeras victorias del movimiento obrero en Estados Unidos, la huelga conocida como “Pan y Rosas”. La industria textil empleaba a mujeres, muchas de ellas menores de 18 años. Una de sus principales reivindicaciones era conquistar el pan, que simbolizaba los derechos laborales, y las rosas, como símbolo de la mejora de las condiciones de vida. El comité de huelga instalo guarderías y comedores comunitarios para las hijas e hijos de las obreras, facilitando así su participación. Además, se realizaban reuniones solo de mujeres, ya que también era necesario combatir el machismo entre los obreros. 

Su victoria no sólo se limitó a sus demandas, sino que también visibilizó el papel clave de las mujeres en la historia de sus países y sus entornos para ocupar el espacio que les corresponde en una sociedad democrática. 

Más de un siglo después, el 8 de marzo de 2018, vivimos una de las mayores movilizaciones feministas de la cuarta ola, con una huelga que tenía unas características que no se habían dado hasta ese momento, además de laboral era también de cuidados, era internacional y el llamamiento iba dirigido a las mujeres, el 51% de la población. En el fondo, también buscaba, como la huelga de “Pan y Rosas”, colocar las demandas feministas en el centro de las políticas y alcanzar una vida libre de violencias contra las mujeres, una vida digna de ser vivida. Y hacer ver que si nosotras paramos se para el mundo.

Entre ambas fechas se ha desarrollado un conocimiento científico social de género en el ámbito universitario y en el de la investigación. También una importante normativa en materia de igualdad, con estructuras para materializarla, como los organismos de igualdad, y unos recursos para ejecutarla y conseguir materializar los derechos humanos de las mujeres que en ella se recogen.

Es evidente que hemos avanzado, pero todavía no hemos alcanzado una igualdad real y efectiva en nuestra sociedad, nos enfrentamos diariamente con otros obstáculos más sutiles y menos evidentes. Además, la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo debido a la pandemia COVID-19 está teniendo consecuencias más duras para las mujeres, tal y como lo reflejan los datos de violencia contra las mujeres y la crisis de los cuidados. Esto es así porque seguimos viviendo en una sociedad estructural desigual para las mujeres que se agrava en situaciones como en la que nos encontramos. 

Y frente a ello, contamos con los beneficios que las políticas públicas de igualdad han aportado a la vida de las mujeres y a la ciudadanía en general en los últimos años. La única manera de poder superar determinados comportamientos y las brechas de género persistentes es seguir apostando por unas políticas feministas que han logrado ese marco normativo y de conocimiento, que siguen consolidando esas estructuras y recursos para transversalizar la igualdad en todos los ámbitos. 

Unas políticas que buscan garantizar la presencia de las mujeres en todos los espacios, tanto públicos como privados, en condiciones de igualdad con los hombres, y que trabajan para que puedan llegar a vivir una vida libre de violencias. 

Es por todo ello que este 8 de marzo, más en unos momentos tan difíciles, con una guerra en Europa que, como todas, no hará más que empeorar y exponer a las mujeres ucranianas a un grado mayor de violencia, con unas consecuencias para todas que aún desconocemos, seguimos trabajando en las políticas públicas desde una perspectiva de género feminista. Y lo hacemos para lograr una nueva transformación política, social y económica que acabe con un sistema patriarcal, androcéntrico y capitalista, que sigue colocando a las mujeres en las situaciones de vulnerabilidad y discriminación.

Porque el feminismo es la única corriente de pensamiento crítica que tiene el potencial de cambiar no sólo la vida de las mujeres, sino la de crear un mundo mejor, como dijo Carmen Alborch precisamente en octubre de 2018, “el feminismo, como ha mejorado la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, debería ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

Cada año la conmemoración internacional del 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres nos recuerda que juntas podemos cambiar la historia, como así lo hicieron durante más de trescientos años las mujeres feministas que nos precedieron y algunos hombres aliados que las acompañaron. 

Es necesario seguir señalando que las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres. Puede ser de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, en la vida pública o privada. Este maltrato es la consecuencia de unas causas muy profundas, estructurales, basadas en las discriminaciones y desigualdades que vulneran sus derechos humanos a pesar de ser la mayoría de la población. Como dijo Wangari Maathai: “Muchos de los problemas a que nos enfrentamos resultan ser síntomas, y hay que localizar las causas para lidiar con ellas más que con el síntoma”.

En Navarra contamos con un marco normativo, Ley foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres y la Ley foral 17/2019, del 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, materializadas en unas políticas públicas de igualdad con un enfoque feminista. Precisamente el organismo de igualdad al que represento, el Instituto Navarro para la Igualdad, es producto, como otros, de las luchas de las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista de los años 80. 

Nació en Navarra al amparo de la Conferencia de Beijing en 1995, con el objetivo de trabajar para alcanzar una igualdad efectiva y real en la vida cotidiana de las mujeres que viven en nuestra Comunidad Foral, utilizando las herramientas que allí se definieron: la transversalidad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, teniendo en cuenta las distintas opresiones que les afectan en una sociedad todavía patriarcal y androcéntrica.

Las asociaciones de mujeres y al movimiento feminista de todo el territorio navarro, su labor y empuje, unido al compromiso de las instituciones y de una parte importante de la sociedad, han logrado que se consolide una estructura que apoya y acompaña a las mujeres víctimas supervivientes sea cual sea su origen, edad, clase social, diversidad funcional y sexual.

En estos momentos nos encontramos ante un reto fundamental, tenemos que lograr que la perspectiva de género feminista esté en todo el proceso de recuperación y resiliencia de la crisis COVID-19, que sirva como palanca transformadora para lograr que, en esta ocasión, en lugar de aumentar las brechas de género como en crisis anteriores, sirva para acortarlas y hacerlas desaparecer. 

Como responsables públicas no podemos permitirnos olvidar que el objetivo de las políticas públicas de igualdad es la materialización de los derechos humanos de todas las mujeres, no las herramientas técnicas como la transversalidad y el empoderamiento, por otro lado, tan necesarias para alcanzarla. 

Para conseguir una vida libre de violencias para las mujeres es imprescindible contar con personal especializado con convicciones feministas en las distintas administraciones públicas. Sólo así se pueden abordar de manera eficiente las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y no sólo, que también, los síntomas que son las distintas violencias contra ellas.

Además, en los organismos específicos de igualdad es fundamental contar con personal especializado en políticas de igualdad feministas que permitan construir autoridad y generar condiciones para su sostenibilidad, mientras establecen alianzas con el movimiento feminista y las asociaciones de mujeres. 

En un momento histórico como en el que nos encontramos, con una situación sanitaria, económica y social muy compleja producida por la crisis COVID-19, estos organismos tienen que incidir en la corriente principal de la POLÍTICA con mayúsculas, e incorporar a la agenda de recuperación los objetivos del feminismo, interpelando a todos los actores implicados e innovando en las herramientas y en la metodología.

Cuando hablamos de aplicar la perspectiva de género feminista a las políticas públicas lo que queremos decir es transformación política, social y económica, es acabar con un sistema patriarcal, androcéntrico y capitalista que sigue colocando a las mujeres en las situaciones de vulnerabilidad y discriminación.

Por todo ello este 25 de noviembre sigue siendo muy necesario, es un día violeta que tiene que teñir de este color el resto de meses del año ante los discursos negacionistas de las desigualdades y las violencias que todavía afectan a las mujeres y a las niñas. Porque ayer fueron valientes, hoy somos más fuertes y mañana serán más libres.