La exclusión del estado de homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social por Real Decreto del Gobierno de Adolfo Suárez el 26 de diciembre, y la puesta en libertad de todas las personas presas homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales y trans bajo esa infame Ley, produjo el sorprendente efecto de que se dejara de hablar de ella, incluso entre las personas LGTBI, como si hubiera sido parte de un mal sueño que nadie quería recordar.

Pero las consecuencias en cientos de personas LGTBI de aquella ley franquista no desaparecieron ni en 1979 ni en los años posteriores. Y como si fuese el fantasma de las navidades pasadas, volvía una y otra vez a nuestras realidades, lo que hizo inevitable que se comenzara a recordar, a denunciar la violencia que supuso y a exigir reparación para las víctimas, que solo se consiguió parcialmente durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

La realidad es que la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, como su predecesora la Ley de Vagos y Maleantes (la cual fue modificada en los años 50 para incluir los delitos de homosexualidad), fue solo una parte de la represión legal de las personas homosexuales.

Más allá de las leyes incorporadas por el franquismo o usadas por la Dictadura para perseguir a las personas homosexuales, bi y trans por su orientación o su identidad, las nuevas investigaciones nos están permitiendo entrever una realidad aún más terrible

Como ocurrió desde la aprobación del Código Penal en el siglo XIX, se utilizó también el delito de escándalo público para detener, torturar, procesar y encarcelar a miles de personas homosexuales, bisexuales y trans, las cuales han quedado fuera del radar de la Ley de Peligrosidad, y de las reparaciones del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Pero aún más, la reforma del Código Penal de 1944, donde se estableció la edad mínima de consentimiento para tener sexo entre dos hombres o dos mujeres en los 23 años, mientras se mantuvo en 13 años para dos personas de distinto sexo, provocó un doble y perverso efecto. Por una parte, permitía detener, torturar, procesar y encarcelar por otra vía, más allá del escándalo público y de las leyes de Vagos primero, y de Peligrosidad después; y por otra, convertir en abusos de menores relaciones consentidas con personas mayores de 18 años y menores de 23, lo que mediáticamente reforzaba el prejuicio hacia los homosexuales como depredadores sexuales. Las víctimas LGTBI de este articulado tampoco obtuvieron ningún tipo de reparación.

Incluso más allá de las leyes incorporadas por el franquismo o utilizadas por el régimen de la Dictadura para perseguir y violentar a las personas homosexuales, bisexuales y trans por su orientación y/o su identidad, las nuevas investigaciones nos están permitiendo entrever una realidad aún más terrible y desconocida, que de confirmarse en los términos que actualmente estamos descubriendo, supondría un escándalo mayúsculo, no solo por lo que supuso de violencia, e incluso la ejecución, de personas homosexuales, bisexuales y trans inocentes, sino también por la cantidad de culpables de delitos que a pesar de las sentencias judiciales emitidas, realmente había salido indemnes.

Nos referimos a la supuesta práctica policial de buscar entre personas vulnerables a quién culpabilizar de delitos, especialmente de gran significación social, para justificar la supuesta eficacia policial, dejando libres a los culpables y condenando, incluso a la muerte, a inocentes.

Comenzamos a entrever esta realidad a partir de testimonios de personas homosexuales y trans, como el de E.T., mujer trans, quien manifestó en una entrevista que fue detenida en Sevilla y llevada a la Comisaría de la Gavidia:

“Después de interrogarme, que quería que confesara que había robado, un policía que me bajaba a la celda de nuevo me metió en el ascensor y me violó.”

También tenemos el testimonio de A. J., hombre homosexual,  quien manifestó:

“En la comisaría de la Gavidia intentaron que firmara una declaración de culpabilidad por el asesinato de un ciudadano inglés que había ocurrido hacía algunos días en Torremolinos, a lo que como es natural me negué, querían hacerme firmar sin que leyera lo que ponían en el papel. La negativa tuvo como fruto otra paliza de un famoso policía al que llamaban Billy el Niño”.

Pero sin duda, el testimonio externo que vendría a dar verosimilitud a esta hipótesis lo publicó ABC en 2016, en relación con los últimos ajusticiados por garrote vil en Sevilla. Nos referimos a la entrevista que el periódico hizo a Monseñor Camilo Olivares, fallecido hace poco, quien fue sacerdote de la Santa Caridad, y en calidad de tal acompañó en sus últimas horas a Rafael Pino Cordón, Caraperro, mecánico de 30 años, y Rafael Romero Peña.

El 3 de noviembre se produjo un robo en el Hotel Cecil Oriente en plaza Nueva, durante el cual fue asesinado el policía Julio Pérez Fuentes. La metralleta utilizada fue robada tras un asalto al destacamento del Ejército del Aire del aeropuerto de San Pablo.

En 2019, Diario de Sevilla recordaba así el suceso:

La clave para detenerlos fue el arma, que fue encontrada un mes después por unos niños en un hueco de la muralla de la Macarena. La Policía indagó entre los delincuentes de la zona y llegó hasta el mozo de equipajes, que reconoció haber desvelado la existencia del dinero a su amigo Romero Peña. Este se confesó autor del homicidio e identificó a Pino Cordón como su acompañante. 

Por su parte, ABC publicó en el referido artículo de 2016:

Fueron detenidos en los días siguientes después de que unos niños que buscaban chatarra hallaran el arma en un hueco cubierto con ladrillo y yeso en las murallas de la Macarena, que «venía siendo cubil de gentes de la peor calaña» —apuntaba el periodista del ABC—, ya que era lugar de cita de homosexuales, como dijeron que eran los dos atracadores, uno de los cuales, concluía el relato: «No quiso ponerse ayer ante las cámaras de los fotógrafos de Prensa hasta que no acabó de acicalarse cuidadosamente y dispuso su mejor sonrisa».

Fueron juzgados el 21 de diciembre en un Consejo de Guerra, según la Ley de Bandidaje y Terrorismo. Y a pesar de declararse inocentes durante el juicio, fueron condenados a muerte como autores de un ataque o intimidación con arma de fuego en ocasión de robo y con resultado de homicidio, además de a seis y doce años de prisión por depósito de armas de guerra, y ejecutados a garrote en la madrugada del 20 de febrero de 1960.

Todo un éxito policial: tras un mes sin conseguir una sola pista, con la presión social azuzando a la policía y al Gobierno Civil, sorprendentemente en menos de tres semanas se detienen a los “culpables”, confiesan en comisaría, se les juzga y se les condena a pesar de declararse inocentes durante el mismo. Y en menos de dos meses, son ajusticiados.

Si la secuencia de los hechos y los testimonios de la época nos pueden hacer dudar de que el terrible crimen hubiera sido realmente aclarado y alcanzado justicia para la familia del policía asesinado, las palabras de Camilo Olivares nos produce un terrible desasosiego moral:

“Sin faltar a la caridad y al respeto —afirma— tengo que decir que eran personas frágiles, de corta inteligencia, extremadamente amanerados y físicamente débiles. Parecía difícil de comprender que hubieran sido capaces de robar un arma de fuego en un cuartel, planear y realizar personalmente un atraco y disparar en un tiroteo matando a un policía armada”.