Alrededor de las cinco de la tarde del 4 de febrero, a unos 110 kilómetros al norte de Libia, un dron blanco de reconocimiento con una cámara en su parte inferior rodeó una patera con un centenar de migrantes a bordo, desesperados por cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Las imágenes de vigilancia de la cámara del avión se transmitieron en directo a una oficina en Varsovia, en Polonia, en la sede de Frontex, la agencia de vigilancia de fronteras de la Unión Europea.

La tensión en la balsa aumentaba a medida que se agotaba la paciencia y el espacio minúsculo abarrotado de personas sólo hacía el viaje más pesado. “La gente decía: 'Oye, ¿por qué me empujas?' '¡Quédate ahí!' 'Quédate ahí'”, cuenta Mohamed David Soumahoro, uno de los migrantes que iban a bordo de la patera. “El capo estaba allí para mantener el orden en esos momentos”.

Dos horas más tarde, gracias a estas imágenes de vigilancia, una embarcación de la guardia costera libia alcanzó a los migrantes y les ordenó que se detuvieran, a pesar de que estaban muy lejos de las aguas libias. Los agentes armados subieron entonces a los migrantes a bordo, los golpearon salvajemente y los llevaron de vuelta al único lugar al que no querían ir: los centros de detención de Libia.

Eficaz y brutal, la captura en el mar y el internamiento en tierra de estos migrantes es celebrada por los políticos de la Unión Europea como parte de una exitosa asociación con Libia en sus esfuerzos de “rescate humanitario” a través del Mediterráneo. Sin embargo, para muchos, la verdadera intención de esta campaña conjunta no es tanto salvar a los migrantes de morir ahogados como impedir que lleguen a las costas europeas.

Desde que comenzó la crisis de acogida de migrantes en 2015 y cientos de miles de personas empezaron a cruzar el mar Mediterráneo, las autoridades europeas han confiado en los libios para frenar el flujo. La UE no solo equipó y formó a los guardacostas libios, sino que también presionó a la organización marítima de las Naciones Unidas para que reconociera una zona ampliada de búsqueda y rescate para que Libia pudieran tener un mayor alcance frente a sus costas. El resultado de esta colaboración ha sido un descenso vertiginoso del número de personas que alcanzan Europa de forma irregular: unos 20.000 migrantes llegaron en los primeros siete meses de este año, frente a los 70.000 del mismo periodo en 2016.

La primera vez que Mohaned Almustafa intentó migrar a Europa desde su natal Sudán llegó a ver de cerca la playa de Malta. Después de tres días en el mar, su balsa se acercaba por fin a las costas europeas. Pero, antes de que pudieran desembarcar, los migrantes fueron capturados por la guardia costera de Libia y llevados a centros de detención donde “las milicias abrieron fuego indiscriminado contra los detenidos”, asegura Almustafa. “Vi cómo mataban a otros dos prisioneros delante de mis ojos. Incluso nuestras ropas y cuerpos estaban manchados con su sangre. Sentí su sangre caliente goteando en mi cuerpo. Los milicianos nos dijeron que iban a matarnos y a arrojar nuestros cuerpos al mar, y que nadie nos buscaría. Y, como dijeron, nadie ha buscado a los muertos cuyos cuerpos fueron arrojados al mar”.

Este estudiante de Medicina tuvo que abandonar la Universidad de Nyala, en Darfur, tras ser detenido por la policía y por la agencia de inteligencia sudanesa bajo el régimen de Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Entonces decidió emigrar a Europa para terminar sus estudios. Pero los guardacostas libios truncaron sus planes. “Empezaron a golpearnos con palos e incluso sacaron sus armas, pero por suerte estábamos en territorio maltés, así que no pudieron dispararnos. Siguieron golpeándonos durante un rato hasta que alguien de nuestro lado cayó al agua y murió”, dice Almustafa, que en junio fue rescatado por un barco de Médicos Sin Fronteras en su segundo intento de buscar una vida mejor al otro lado del Mediterráneo.

A bordo de ese barco de Médicos sin Fronteras, otros migrantes compartieron sus historias: testimonios de torturas, palizas y extorsiones a manos de la guardia costera libia.

Pero, sin el apoyo del reconocimiento aéreo de Frontex, los guardacostas libios estarían buscando con los ojos cerrados. Frontex lleva mucho tiempo negando la cooperación directa con Libia, un Estado fallido dirigido en gran parte por milicias. Insiste en que su único objetivo es salvar vidas, y afirma que sólo alerta directamente a las autoridades libias de las embarcaciones de migrantes en caso de verdadera emergencia.

“El derecho internacional obliga a todos los buques a prestar asistencia a cualquier persona que se encuentre en peligro... [Frontex] nunca ha cooperado directamente con las autoridades libias”, ha señalado un portavoz de la agencia de fronteras a The Outlaw Ocean Project, organización periodística sin ánimo de lucro con sede en Washington.

Cada vez hay más pruebas que demuestran lo contrario.

20 casos documentados

El año pasado, por ejemplo, Lighthouse Reports, una organización de vigilancia en Europa, documentó 20 casos en los que las aeronaves de Frontex se encontraban en las proximidades de embarcaciones de migrantes que posteriormente fueron capturadas por los guardacostas libios, como publicó elDiario.es. En una docena de esos casos, Lighthouse determinó que Frontex fue la primera en identificar los botes, lo que significa que, en virtud del derecho internacional, estaba obligada a notificar no sólo a los guardacostas libios, sino a la embarcación más cercana -gubernamental o comercial- para que rápidamente se pudiera llevar a cabo un rescate.

“Se puede distinguir un patrón claro”, afirman los investigadores de Lighthouse. “Se localizan embarcaciones en peligro, se producen comunicaciones entre los agentes europeos y la guardia costera libia. No se avisa a los barcos comerciales cercanos ni a los de las ONG, a pesar de su proximidad a situaciones urgentes en las que las embarcaciones están en peligro en mar abierto”. Aunque las cifras reales podrían ser muy superiores, esta muestra representativa demostró que Frontex estuvo presente y vigilando mientras al menos 91 personas desaparecían, y se presume que se ahogaron“.

Ese mismo año, The Guardian, en colaboración con Lighthouse, publicó la conversación real grabada entre un avión de vigilancia europeo y los guardacostas libios mientras éstos intentaban interceptar dos embarcaciones de migrantes. “Bien, señor, mi radar no es bueno, no es bueno, si se queda [sobre la embarcación] le seguiré”, dijo por radio al avión un capitán de la guardia costera libia. “Nos quedan aproximadamente cinco minutos en la estación”, apuntó el piloto del avión, mientras intentaba guiar a los guardacostas hacia las embarcaciones de migrantes. “Pasaremos por encima de la embarcación, el bote de goma, y encenderemos nuestras luces de aterrizaje”.

Hussein Baoumi, investigador de Amnistía Internacional sobre Libia, explica que no le sorprende que Frontex siga negando una relación formal con la guardia costera libia. “Quieren separarse de los aspectos más sucios de la contención de los migrantes”, mantiene Baoumi. “No importa. Están cooperando. Son directamente cómplices”.

La UE también ha negado haber financiado directamente el complejo de los centros de detención de migrantes en Libia, ha admitido sistemáticamente los abusos que se cometen en ellos y ha pedido mejoras. Sin embargo, hasta la fecha se ha resistido a los llamamientos para que ponga fin a su colaboración con Libia y tome medidas para rescatar a las personas atrapadas en las cárceles de migrantes del país.

Pero si la UE no financia la construcción de los centros de detención o el personal de sus guardias, el dinero europeo sí paga prácticamente todo lo demás en el sistema inhumano donde los migrantes son rutinariamente torturados, violados, retenidos ilegalmente y a veces asesinados. Una investigación de The Outlaw Ocean Project, que trabajó sobre el terreno en Trípoli, revela que Frontex pasa información de inteligencia al Gobierno italiano, que a su vez alerta a los guardacostas libios.

Uno de los migrantes devueltos, asesinado

La operación del 4 de febrero entregó a los migrantes de esa patera a la prisión más brutal de Libia, Al Mabani (“El edificio”, en árabe). Esta cárcel ha sido señalada en repetidas ocasiones como un lugar de extorsión rutinaria, violaciones y otros abusos. Aliou Candé era uno de los migrantes detectados por el dron de Frontex, devuelto a la costa libia. Había huido de Guinea Bissau por la crisis climática.

En un mensaje de audio al que ha tenido acceso The Outlaw Ocean, el migrante guineano, escondido en la cárcel de Al Mabani, pedía por última vez a su familia que enviara el rescate que necesitaba para ser liberado. Candé fue finalmente disparado y asesinado en este centro de detención. No se castigó a nadie por su muerte. Diplomáticos de la UE pidieron una investigación, pero luego guardaron silencio.

Las personas encerradas en esta prisión para migrantes nos hablaron de celdas tan abarrotadas que los detenidos tenían que dormir por turnos. Describían una sala especial en la que a veces se golpeaba a los migrantes mientras estaban colgados boca abajo de las vigas del techo.

Dónde va la financiación europea

A través de los drones y aviones de Frontex, la UE se encarga primero de detectar las embarcaciones y, a través de las autoridades italianas y maltesas, de entregar esta información a Libia. A continuación, los barcos adquiridos por la UE y operados por los guardacostas libios capturan a los migrantes y los devuelven a la costa.

La investigación de The Outlaw Ocean Project descubre que los fondos de la UE y de los Estados miembro, a veces canalizados a través de organizaciones de ayuda, financian la mayor parte de lo que ocurre después. Con ese dinero se compran los contenedores de transporte que sirven de oficinas portuarias para el personal de la guardia costera libia, y las tabletas electrónicas que utilizan los trabajadores humanitarios que realizan el recuento de los migrantes una vez que desembarcan en Trípoli.

Con este dinero se pagan muchos de los autobuses utilizados para transportar a los migrantes desde el puerto hasta los centros de detención. También las mantas, la ropa de invierno y las zapatillas que suelen recibir a su llegada. Los baños de algunos de los centros de detención, así como las duchas, los aseos, el jabón, los kits de higiene y el papel higiénico se han comprado con dinero de la UE. Lo mismo ocurre con los colchones donde duermen los migrantes detenidos.

El dinero de la UE ha financiado los todoterrenos que utilizan las autoridades migratorias libias para buscar a los migrantes si se escapan de la detención o cuando entran en Libia por el sur a través del desierto del Sahara. Cuando los migrantes detenidos enferman, a menudo las ambulancias que los llevan al hospital han sido compradas por la UE. Y cuando los migrantes mueren -al llegar a la orilla o durante la detención- el dinero de la UE suele costear las bolsas para los cadáveres y formar al personal libio en el manejo de los mismos de forma religiosamente respetuosa.

Gran parte de esta financiación es bien intencionada, e incluso salva vidas. Pero no se puede negar que la UE y sus Estados miembros sostienen financieramente el sistema por el que miles de migrantes son capturados y retenidos en condiciones espantosas en Libia.

Frontex, en el punto de mira

Y como Frontex es la punta de la lanza, cada vez se presta más atención al papel que desempeña y a la legalidad de su participación.

Una reciente investigación del Parlamento Europeo ha dado lugar a una lista de acusaciones contra la agencia. El informe concluyó que ha hecho la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por el personal de los guardacostas tanto de los países europeos como de los países asociados de África; que su propio sistema interno para recibir y actuar ante las denuncias de mala conducta era en sí mismo un fracaso; y que el director de la agencia, Fabrice Leggeri, no ha actuado ante cuatro años de advertencias lanzadas por el propio responsable del área de derechos humanos de su agencia.

En una entrevista concedida a The Outlaw Ocean Project a finales de octubre, un alto cargo de Frontex ha afirmado que Leggeri había participado en un juego calculado y poco sincero durante años. El director de la agencia pedía “pruebas” de mala conducta por parte de las agencias fronterizas de la UE como condición para empezar a actuar, mientras no se aseguraba de que se investigaran de forma contundente las denuncias de los posibles abusos, ha añadido la misma fuente.

El alto funcionario subrayó que ya no confiaban en que Frontex cumpliera con su obligación más esencial: asegurarse de que se respetaran los derechos de algunas de las personas más vulnerables del mundo. Según afirmó, las emociones furiosas y volátiles despertadas en Europa en relación con la cuestión de la aplicación de la migración habían erosionado la independencia de Frontex.

“No querían entender”

“La influencia de la política es un problema cuando se gestiona la cuestión de derechos humanos fundamentales”, ha dicho el funcionario. “Incluso si su participación en la devolución de migrantes a Libia es indirecta, Frontex puede estar violando la legislación de la UE”.

“No hay interés”, ha lamentado el funcionario sobre Leggeri y sus otros ayudantes de mayor rango: “No importaba lo que les dijeras. No querían entender”. Leggeri se negó a dar declaraciones en repetidas ocasiones.

Este año, varias personas migrantes han presentado dos casos históricos contra Frontex ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la principal autoridad judicial de la UE. El primer caso, presentado en mayo, afirma que Frontex lleva mucho tiempo actuando en contra de su obligación de denunciar y detener los abusos criminales contra los migrantes que buscan asilo en Europa. El caso alega que dos personas -un chico congoleño de 17 años llamado Jeancy Kmbenga y una mujer de Burundi que pidió permanecer en el anonimato- formaban parte de un grupo de 13 ciudadanos que fue acorralado por las autoridades griegas tras llegar a la isla griega de Lesbos. Dicen que fueron trasladados a la fuerza a un barco de la guardia costera y devueltos al mar antes de ser abandonados en un bote salvavidas, para acabar de nuevo en Turquía.

Las acusaciones en el segundo caso, presentado en octubre, son posiblemente aún más condenatorias para Frontex. El caso alega que una familia siria, con cuatro niños pequeños de entre uno y siete años, fue deportada de Grecia en 2016 sin que se le diera acceso a un procedimiento de asilo, y fue devuelta a Turquía en un vuelo organizado por Frontex, con los cuatro niños pequeños separados de sus padres, mientras el personal de Frontex miraba. La familia fue detenida al aterrizar en Turquía y ahora vive en el norte de Irak.

Estos casos llevan por primera vez a Frontex ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Derechos humanos y Frontex

En un informe publicado el pasado verano, Human Rights Watch hizo una detallada acusación sobre la actuación de Frontex, su cultura organizativa y su liderazgo. “Frontex ha fracasado repetidamente en la adopción de medidas efectivas cuando se le han presentado denuncias de violaciones de los derechos humanos”, recalca Eva Cossé, investigadora de Europa Occidental en Human Rights Watch. “Su rápido crecimiento hasta convertirse en una agencia ejecutiva de la UE, con mayores poderes, financiación y responsabilidades legales, hace aún más urgente que Frontex ponga en marcha herramientas eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales”.

Creada en 2004, Frontex tiene ahora un presupuesto de más de 500 millones de euros y emplea a más de 1.400 personas, incluida una fuerza uniformada de unos 600 agentes. La agencia está dirigida por un consejo de administración formado por representantes de Estados miembros y de la Comisión Europea. En teoría, hay una serie de mecanismos por los que Frontex podría rendir cuentas, pero rara vez se ha enfrentado a una verdadera sanción. Obtener información básica de la agencia, incluso para un miembro del Parlamento Europeo, es difícil: “Tenemos verdaderos problemas con la falta de transparencia”, denuncia Tineke Strik, miembro holandés del Parlamento Europeo.

En su análisis sobre la historia del trabajo de Frontex, Human Rights Watch aduce que, según sus propios estatutos, la agencia tiene la facultad de suspender o poner fin a las operaciones de las agencias fronterizas de la UE que hayan cometido abusos contra los migrantes. Pero, en toda su historia nunca lo ha hecho, según Human Rights Watch.

En los últimos meses, se ha pedido la dimisión de Leggeri como director ejecutivo de Frontex en repetidas ocasiones. Recientemente, manifestantes se congregaron frente a las oficinas de Frontex en Bruselas para pedir la supresión de la agencia. En una carta dirigida a su personal, Leggeri, que trabajó en la aplicación de la ley de inmigración como miembro del Ministerio del Interior francés, calificó las protestas de “campaña de odio” y prometió emprender acciones legales.

En junio, Human Rights Watch envió a los máximos responsables de la agencia lo que, en su opinión, eran pruebas de faltas graves cometidas o pasadas por alto por Frontex en tres países europeos. Todavía no ha recibido respuesta. La organización acusó a Frontex de un cínico juego semántico al eludir su responsabilidad por los abusos cometidos tanto en el Mediterráneo como en el Mar Egeo.

“A lo largo de los años, Frontex se ha apoyado en su función de coordinación y en su falta de autoridad ejecutiva para eludir su responsabilidad en materia de derechos humanos”, escribió Human Rights Watch. “En diciembre de 2020, el director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, dijo al Parlamento Europeo que no había pruebas de la implicación de Frontex en los abusos en el Egeo y que sólo los Estados miembros tenían autoridad para tomar decisiones operativas, lo que implicaba que no se podía responsabilizar a Frontex.”

Frontex, bajo presión, ordenó una revisión interna de sus operaciones. Sus propios investigadores ofrecieron una crítica mordaz a los sistemas de la agencia para informar de los problemas en sus filas. Los investigadores afirmaron que la agencia tenía que reconocer sus fallos y recomendaron lo que equivalía a una revisión de la cultura de la agencia en lo que respecta a sus responsabilidades para identificar y actuar en relación con las violaciones de los derechos humanos. Sugirió que Frontex se encargara de grabar en vídeo el trabajo de aplicación de la ley realizado por los Estados miembros de la UE y lo conservara para su investigación.

En junio, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes que durante años había formado parte de una junta independiente de asesores de Frontex, se retiró del grupo. Arguyendo que se sentía ignorada y marginada, la organización, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados, dijo que había llegado a dudar del papel de Frontex en “una sociedad civil”.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude también abrió una investigación sobre Frontex para examinar las acusaciones de fraude, los casos de trato ilegal a los inmigrantes que se les devuelve y los problemas de acoso en el lugar de trabajo, pero las acusaciones concretas no se han hecho públicas. Tanto Frontex como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude confirmaron que se estaba llevando a cabo una investigación, pero no ofrecieron más detalles. “Están actuando con mucha cautela”, dijo Strik. “Pero hablé con ellos en agosto y esperan terminar en unos meses”.

El trabajo de Frontex con Libia, por supuesto, forma parte de un impulso europeo mucho más amplio y costoso para externalizar la aplicación de las leyes de inmigración a terceros países. La UE ha enviado miles de millones a países como Libia, Níger, Túnez y otros, aparentemente para ayudarles a mejorar las condiciones en sus países y así limitar la necesidad de que la gente huya. Sin embargo, decenas de millones de esos dólares se han destinado a endurecer la legislación en materia de inmigración y a dotar de poder a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en esos países.

En julio, Amnistía Internacional publicó su último y terrible informe sobre la situación de los migrantes en Libia. Señalaba que los guardacostas libios, a menudo alertados por Frontex de la existencia de migrantes que intentan llegar a Europa, se apresuran a interceptar las embarcaciones de los migrantes y a capturar a los que van a bordo, a veces disparando con armas de fuego a las balsas o botes, y en ocasiones haciéndolos zozobrar. En febrero, por ejemplo, los guardacostas dispararon contra una balsa, perforándola y haciendo que se hundiera. Cinco personas se ahogaron mientras los guardacostas filmaban con sus teléfonos móviles, según el documento.

Frontex es seguramente consciente de las preocupaciones que desde hace tiempo suscita la guardia costera libia a la que asiste regularmente. La guardia costera, que en realidad es una mezcla de autoridades portuarias locales, lleva años trabajando en concierto con las milicias del país, muchas de las cuales están implicadas en el tráfico de personas. De hecho, el jefe de la agencia gubernamental libia que supervisa la represión de los migrantes ha admitido abiertamente en una serie de entrevistas recientes que existe corrupción en las filas de la guardia costera.

El alto funcionario de Frontex que ha hablado con The Outlaw Ocean Project aseguró que habían dejado claro que hacer cualquier tipo de negocio con los guardacostas libios era impensable, en parte porque Europa “no tenía ni idea” de la integridad de los que decían pertenecer a estos equipos de vigilancia marítima. La situación era demasiado confusa y opaca en Libia, un país dividido que aún lucha por salir de años de guerra civil.

“Es imposible investigar quién es quién”, dijo.

*Este artículo se publica en colaboración con The Outlaw Ocean Project, una organización sin ánimo de lucro dedicada al periodismo de investigación sobre los crímenes que ocurren en los océanos.