Tras más de tres meses desde el inicio de la masacre en Gaza, llegan días muy importantes para el futuro del Derecho Internacional Público. El pasado noviembre, el prestigioso Centre for Constitutional Rights de Nueva York, en representación de las organizaciones palestinas Defense for Children International y Al-Haq, presentó una demanda ante la Corte Federal del Distrito del Norte de California de Estados Unidos contra el presidente Biden, el secretario de Estado Blinken y el secretario de Defensa Austin, por la falta de prevención y la complicidad ante el riesgo de genocidio fruto de las acciones militares que Israel está llevando a cabo en la franja de Gaza.

Según la demanda, la estrecha cooperación entre ambos estados estaría incumpliendo las normas imperativas, elementales e inderogables del Derecho Internacional Público de prevenir todo acto de genocidio. Un genocidio que, como se ha señalado, sería “de manual”, y traspasaría el límite de décadas de despojo, expulsión, tortura, asesinato, discriminación y apartheid en los Territorios Ocupados. Una inercia terrible de odio y deshumanización que, si bien se ha disparado ante el condenable e inhumano atentado de Hamás, no puede justificar en ningún caso el genocidio. 

En este sentido, la demanda señala, por un lado, que Estados Unidos conoce o debe conocer que los actos de Israel no se pueden enmarcar bajo la legítima defensa, pues, en realidad, están encaminados hacia la destrucción de la población palestina, atendiendo, entre otros, al número de muertos, desplazamientos forzosos, privación de alimentos, medicinas y todo tipo de suministros básicos, ataques premeditados a hospitales, destrucción masiva y arbitraria de hogares civiles durante el conflicto, y un largo etcétera. 

Por el otro, las autoridades estadounidenses tampoco pueden obviar las más de medio millar de declaraciones por parte de altos cargos de Israel que demuestran la intención genocida, como llamar a los palestinos “animales humanos” (“human animals”), hablar de hacer Gaza permanentemente inhabitable, o explicitar que “el énfasis está en el daño y no en la precisión”. 

Además, la demanda describe con claridad que, sin el apoyo incondicional de Estados Unidos, sería difícil que Israel pudiera mantener la actual situación en Gaza. Por ello, los demandantes solicitan a la citada Corte Federal la adopción de medidas cautelares para que el Gobierno de Estados Unidos cese de inmediato su cooperación con Israel y cumpla con su obligación de prevenir el genocidio emergente. 

A finales de diciembre, numerosas entidades de derechos humanos, como la Red Global de Abogadas de Movimientos Sociales y el Observatori DESCA, nos hemos dirigido a la misma Corte Federal que estudia el caso para sumarnos a la demanda y señalar la necesidad de que Estados Unidos deje de vulnerar las normas internacionales más elementales, como ha ocurrido también en otros casos recientes como Afganistán, Iraq, la ‘Guerra contra el Terror’ o Guantánamo. El riesgo, o mejor dicho, la consecuencia, es una gravísima erosión de la legitimidad misma del Derecho Internacional Público y del sistema de los Derechos Humanos, algo que ha generado ya un caldo de cultivo de nihilismo moral que permite a otros estados justificar sus propias guerras ilegales, sus propios centros de tortura, sus propias ejecuciones sumarias, y sus propios genocidios. 

De forma similar a la demanda federal, el pasado 29 de diciembre, Sudáfrica presentó un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia para que esta estudie la violación de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio por parte de Israel, y adopte medidas cautelares con el mismo propósito de cesar inmediatamente el genocidio. Cabe recordar que este tipo de demandas admiten ser apoyadas por el resto de países firmantes de la Convención, por lo que reconocidos juristas ya han pedido al Gobierno español que se sume a la demanda, tal y como ya han hecho otros países como Bolivia, Jordania, Turquía, Malasia y la Organización para la Cooperación Islámica. Dichos apoyos son de vital importancia para contrarrestar la presión política que se ejerce en el presente caso. Hay que tener en cuenta que las primeras audiencias públicas se celebran ya los días 11 y 12 de enero.

Respecto de la demanda presentada ante la Corte Federal de Estados Unidos, la audiencia prevista para decidir sobre las medidas cautelares se ha convocado para el próximo  26 de enero.  De este modo, en pocas semanas ambas cortes podrían tomar decisiones que lleguen a impactar en la hasta ahora sólida alianza entre Estados Unidos e Israel, aislado de la comunidad internacional en relación con el conflicto. Dado el alto componente político, de poder, del asunto, también podría ocurrir que las acciones judiciales lleguen a archivarse o languidecer hasta que sea demasiado tarde, pero su mera presentación indica de por sí la imperiosa necesidad de reconstruir la confianza en la legalidad internacional como paso previo para lograr una salida humana frente al terror.

La importancia del caso no es sólo fundamental para la vida de las personas palestinas e israelíes, sino que servirá de precedente moral para el futuro. De ser favorables y rápidas, las decisiones de la Corte Federal de Estados Unidos y la Corte Internacional de Justicia, no sólo permitirían redoblar la presión para detener el genocidio en Gaza, sino que ayudarían a rehabilitar los instrumentos del Derecho Internacional Público en una época en la que su aplicación va a ser cada vez más necesaria. 

Porque si no somos capaces de generar las condiciones internacionales para desintoxicar el odio que envenena los corazones y las mentes de los que ahora matan y mueren en Gaza, ¿seremos capaces de curar el mismo veneno que corre silencioso en otros rincones del mundo? ¿Seremos capaces de hacer frente a la crisis de la vida y evitar la muerte de millones de personas que, a causa de la catástrofe climática, huyen del desierto, del hambre, y de la sed? No hacerlo supondría dar pasos hacia el mismo abismo que la comunidad internacional trató de prevenir tras la Segunda Guerra Mundial. El genocidio es el crimen de crímenes, es la negación misma del derecho a existir de un grupo humano, es una afrenta directa contra la humanidad misma. 

Detener el genocidio en Gaza y evitar genocidios futuros es la esencia de  nuestro compromiso moral como seres humanos. Si no reaccionamos pronto, recurriendo a Albert Camus, ¿acaso no estaremos siendo cómplices inconscientes de nuestro propio genocidio, tal y como lo fueron nuestros antepasados del Holocausto?

El río Da transcurría libre entre China y Vietnam, hasta que fueron cortando progresivamente su flujo mediante distintas presas. La planta hidroeléctrica Son La fue la penúltima de ellas, y obligó a desalojar forzosamente a más de 90.000 personas. La mayoría de ellas pertenecían a etnias minoritarias de Vietnam, que habían sido hasta entonces autosuficientes gracias a la riqueza de los ecosistemas fluviales y que se convertían, de la noche al día, en comunidades vulnerables desterradas de sus tierras. 

Otro río, este de naturaleza financiera, corre actualmente desde la Unión Europea y el G7 hacia Vietnam. En diciembre del año pasado, estas partes firmaron la Just Energy Transition Partnership (JET-P), una asociación por la cual se prometen 15.000 millones de dólares para promocionar la descarbonización y una transición energética justa del país asiático. Este acuerdo se fraguó tras las promesas del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, en la COP 26 de Glasgow, de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050. Y se enmarca en el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Vietnam (2020), que exige la constitución de un grupo asesor nacional para la vigilancia del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con la participación de organizaciones medioambientales. 

El abogado

La investigación sobre la forma en que se han realojado a las comunidades afectadas por la presa Son La y el intento de fiscalizar la aplicación sostenible de la JET-P habrían sido algunas de las causas políticas que habrían llevado a la condena de cinco años de Dang Dinh Bach, un reconocido abogado de derechos humanos, al que conocí hace cuatro años en Marrakech, durante el primer encuentro de la Red Global de Abogadxs de Movimientos Sociales. 

Hace varias semanas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió un informe donde se recogían algunas de las violaciones de derechos humanos que había sufrido Bach. Como en otros casos de activistas perseguidos políticamente, se le acusó de evasión fiscal a través de normas de dudosa legalidad, su detención no contó con la debida orden judicial, y fue mantenido en régimen de aislamiento durante seis meses, desde su encarcelamiento hasta diez días antes del juicio, cuando por fin pudo recibir la primera visita de su abogado. Además, las autoridades se negaron a que su mujer pudiera entregar a Bach una fotografía de su único hijo, nacido unas semanas antes de su detención; el juicio se celebró a puerta cerrada, denegando el acceso al personal de distintas embajadas occidentales; y los archivos de su ordenador confiscados sobre la presa Son La no han sido devueltos hasta la fecha. 

Esta situación no es excepcional. Actualmente, en Vietnam hay más de 150 activistas, abogados y periodistas encarcelados injustamente por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos básicos. Ello corresponde con la reducción del espacio público para la sociedad civil vietnamita, tal y como ha denunciado Human Rights Watch. 

Qué debería hacer la UE

En este sentido, la semana pasada se celebró en Hanoi el diálogo de derechos humanos entre la Unión Europea y Vietnam. Más allá de las críticas que se han realizado en otras ocasiones, la Unión Europea debería presionar para la liberación de los representantes de la sociedad civil injustamente condenados, entre otras, con la posible retirada de la financiación correspondiente de la JET-P. Además, debería asegurarse de que acuerdos de la misma naturaleza que se celebren en el futuro con otros países incorporen mecanismos efectivos de control de los derechos humanos. No obstante, ello parece una opción complicada, por cuanto la propia Unión Europea tiene serios problemas para garantizar la calidad democrática y los derechos civiles y políticos básicos entre algunos de sus propios Estados Miembros.

Y, sin embargo, si la influencia financiera y política de la Unión Europea en materia de transición energética fuera de sus fronteras no permite condicionar una agenda de respeto y promoción de los derechos individuales de las defensoras de vida y los derechos colectivos de las comunidades afectadas, no podemos hablar de una verdadera transición justa. Porque sin respeto a la dignidad de los territorios y las comunidades, la transición solo es un cambio de matriz energética, de combustibles fósiles a renovables, en nombre del cual se pueden volver a justificar los mismos sacrificios humanos y ecológicos que en el pasado se cometieron en nombre del progreso. 

Desde la cárcel, Bach ha empezado su tercera huelga de hambre, con el convencimiento de llevarla hasta sus últimas consecuencias. Con dicha resistencia no-violenta, trata de obtener su liberación inmediata, pero también lo que quiso compartir (y no pudo por la censura) en una carta a Vo Van Thuongl, Presidente de Vietnam:  “Quiero que tú y yo disminuyamos la velocidad y observemos la corriente del tiempo, la corriente en la que tienes la oportunidad de cumplir tu juramento, de poner a este hermoso país de Vietnam en sintonía con los corazones de toda la humanidad a la luz de una nueva era, la era de la integridad, la comprensión y la compasión”.

De forma simbólica, para denunciar el sufrimiento de Bach, compañeras y entidades de todo el mundo, desde Corea del Sur, Laos y Malasia, pasando por Estados Unidos, Puerto Rico, Haití, Colombia, Brasil, hasta Sudáfrica, Palestina y Barcelona, nos vamos relevando en un ayuno diario para acompañar a Bach en su huelga de hambre. Porque aunque sea de forma testimonial, es importante honrar con nuestras conciencias y nuestros cuerpos la corriente del tiempo que nos puede llevar a una justa y verdadera transición planetaria.

El filósofo Roman Krznaric (Sídney, 1971) ha publicado recientemente ‘El buen antepasado. Cómo pensar a largo plazo en un mundo cortoplacista’ (Capitán Swing, 2022), un alegato contra el cortoplacismo y a favor de un pensamiento que sea capaz de aunar el poder de la memoria y la imaginación del futuro. En una entrevista reciente, resumía que “ser un buen antepasado pasa por pensar en el futuro vinculándolo a la memoria, a la manera en que nos recordarán y juzgarán las generaciones futuras. Aunque también implica que en el presente necesitamos recordar el pasado”. 

Compartimos su opinión de que el cortoplacismo de las elecciones es un peligro que carcome la democracia con la misma insistencia que la extrema derecha. Ejemplos de esta visión dominada por el tiempo presente pueden verse a diario, desde el abordaje de la política a base de tuits a la crisis energética y la crisis climática. 

En el ámbito de la vivienda no es ni distinto ni novedoso. Si utilizamos el artefacto de la memoria, pronto se recuerda uno de los mayores errores que explican el por qué de cientos de miles de ‘gentes sin casas y casas sin gentes’. Y no es otro que la decisión de la dictadura franquista de desarrollar una política de promoción de viviendas protegidas centradas en la compraventa y con la que promotores “amigos” construyeron viviendas de mala calidad en terrenos baratos del extrarradio para sacar tajada, a contracorriente de la mayoría de países europeos que optaron por las viviendas sociales de alquiler. Las familias compradoras, humildes, pero también de clase media, pudieron vender décadas después estas viviendas a otras familias sin límite de precio y perdiendo su carácter protegido. Ahora, muchos de estos pisos están o bien en manos de los propios bancos que ejecutaron las hipotecas de las segundas y terceras transmisiones, o bajo los tentáculos de los fondos buitres. 

Los resultados de esta política son desastrosos y se explican por sí solos: se calcula que entre un 26% y un 35% del total de viviendas construidas entre 1952 y 2016 tuvieron carácter protegido (Trilla, Bosch, 2018), pero actualmente sólo tenemos un parque de vivienda protegida de un mísero 1,6%. A años luz o décadas de la buena gestión de países como Holanda (30%), Austria (24%) o nuestra vecina Francia (16,8%). 

Como dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, en el año 2012 se creó la SAREB, una entidad encargada de digerir los activos tóxicos de las cajas de ahorro y las entidades de crédito rescatadas, con un patrimonio de cerca de 100.000 inmuebles, otros 400.000 en garantía y unos 70.000 préstamos. En palabras de Manuel Gabarre, abogado e investigador experto en la financiarización de la vivienda, el ‘banco malo’ no es más que “un trampantojo normativo para evitar que Sareb fuese una entidad pública desde el punto de vista legal. Sin embargo, no es más que una gran inmobiliaria del Estado que se ha ido privatizando de manera encubierta”. En el instante en que nuestra sociedad más lo necesitaba, se perdió una oportunidad histórica de que dichos activos pasaran a formar parte del parque de viviendas sociales. Y no fue porque la sociedad civil y los movimientos sociales, como la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas (PAH), no lo reclamaran.  

El año pasado Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea, obligó al Gobierno a incorporar las deudas de la SAREB en las cuentas públicas. Este soplo de aire proveniente de Europa, como tantos otros en materia de vivienda, parecía abrir el espacio para la imaginación y un cambio de rumbo. Porque si se había malvendido una parte considerable del patrimonio de la entidad a fondos buitres, a día de hoy todavía quedan 45.147 viviendas, 26.697 obras en construcción y 30.487 terrenos urbanizables. Lo que traducido a nivel práctico significa que en Catalunya se aumentaría como mínimo un 78% el parque público de vivienda y daría respuesta al 15% de personas solicitantes de vivienda social; o que en la Comunidad Valenciana aumentaría un 61% el parque público, logrando de esta forma “cubrir no solo el total de las solicitudes, sino duplicarlas”. Todo eso sin contar con las obras en curso y los suelos edificables.

Sin embargo, hasta la fecha solo se han apuntado algunas medidas relativas a la cesión de 15.000 viviendas de la SAREB a las Comunidades Autónomas. Mientras, fondos de inversión como Blackstone, dedicados a la especulación, gestionan la venta de las viviendas del ‘banco malo’, instando desahucios para hacerlo. No lo lean otra vez, lo entendieron bien: fondos buitre encargados de gestionar un patrimonio público dejan en la calle a familias cada día. Lo cuenta -de forma didáctica pero indignada- el experto antes mencionado en un reciente informe sobre estos fondos oportunistas publicado por el Observatorio DESC. Por ello y con razón, algunas Comunidades Autónomas, como Valencia, Navarra, Cantabria o Cataluña, además de muchos Ayuntamientos, ya se han organizado para exigir una incorporación real, efectiva y duradera de las viviendas de la SAREB a las distintas administraciones públicas. 

En estas y otras decisiones se echa en falta el criterio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, creada en 2020 para batir, literalmente, ‘el enemigo del cortoplacismo’. ¿Pensarán sus miembros y los del Gobierno en el millón y medio de personas desalojadas de sus viviendas en la última década? ¿Y en el otro medio millón de hogares que necesitan una vivienda social? ¿Se imaginan a sus niños y niñas? ¿Y en sus nietas maldiciendo desde el lejano 2050 todas las oportunidades perdidas para crear un parque público de viviendas sociales suficiente? ¿Se las imaginan con la ansiedad de ocupar por necesidad una vivienda sin título, o con los problemas de salud de vivir en una chabola, preguntándose por qué en 2022 volvimos a tropezar por tercera vez con la misma piedra? ¿O es que quizás no pueden imaginar nada de eso porque sufren la misma ceguera que Enrique Ossorio, el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que es incapaz de ver a los pobres? 

Si seguimos el rumbo de tropezar siempre sobre la misma piedra, si desaprovechamos la nueva oportunidad que nos brinda la SAREB ¿Cómo nos recordarán? ¿Cómo buenos antepasados o como cómplices de  la especulación, la corrupción y la ignorancia?

Hagan caso a la sabiduría popular. Como decía el lema de los -imparables- activistas por el derecho a la vivienda, “si la SAREB es nuestra, sus casas también”.

La crisis sanitaria iniciada hace casi dos años con la aparición y propagación de la COVID-19 es uno de los ejemplos más evidentes de crisis globales que nos interpelan como especie y nos sitúan ante el espejo, porque es un excelente reflejo de la forma en que las empresas multinacionales y los Estados quieren solucionar este tipo de emergencias planetarias.

Pues bien, tras sucesivas olas de contagio la gravedad de la situación ya no solo se debe a la magnitud de la pandemia sino, sobre todo, a las decisiones políticas, al modo en que se ha respondido a la crisis sanitaria. Nuevamente, nos situamos ante el verdadero origen de las emergencias y de las amenazas a los derechos: la desigualdad. Como recordaba recientemente el Secretario General de la ONU, el “73% [de las vacunas COVID] han sido administradas en sólo 10 países. Los países de ingresos altos han administrado 61 veces más dosis por habitante que los países de ingresos bajos. Sólo el 3% de los africanos han sido vacunados”. En la misma línea, “los vacunados con tres dosis en los países ricos superan a la población con una en los más pobres”, y desde la Unión Europea se acaba de recomendar una dosis de refuerzo para las personas mayores de edad, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha pedido en reiteradas ocasiones una moratoria de las terceras dosis para garantizar primero la vacunación mundial. 

A la hora de identificar responsables, vemos, por un lado, cómo las farmacéuticas no han participado en las medidas voluntarias que ellas mismas habían promovido para conseguir la vacunación mundial sin tener que renunciar a los derechos de propiedad intelectual y sus correspondientes ganancias. Además, han incumplido en varias ocasiones sus compromisos de entrega y han promovido una contratación totalmente opaca. Y ello, a pesar de que las vacunas han sido posibles en gran parte gracias al intercambio del genoma del COVID, la cooperación global y las inmensas ayudas públicas para la investigación. 

Por el otro, los Estados se han caracterizado no solo por asumir procesos de contratación pública sin elementales garantías de transparencia, sino también por exonerar a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad por los efectos secundarios, iniciar una carrera a cualquier precio por abastecerse primero de las vacunas e incumplir los insuficientes compromisos de donación. Y ello, a pesar de reconocer lo esencial de las vacunas para proteger a la sociedad y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) las haya definido como un bien público mundial. 

Sin embargo, dentro del caos y la emergencia de la pandemia, no pueden juzgarse por igual la actuación de todos los Estados. De hecho, muchos han tratado de encontrar una solución que no pusiera por delante los derechos de propiedad intelectual y las ganancias por encima de la vida y la salud. Así, el 2 de octubre de 2020, India y Sudáfrica presentaron ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una propuesta para aprobar una exención de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, los medicamentos y las tecnologías asociadas a la prevención y tratamiento de la COVID-19. Tras la terrible ola de COVID que asfixió literalmente a cientos de miles de personas en mayo de 2021 en la India, este país, Sudáfrica y otros 60 países han copatrocinado una nueva propuesta que actualmente está respaldada por un total de 100 países. 

Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021, los Estados de la OMC estaban convocados a una cumbre en la que se iba a debatir la exención de dichos derechos de propiedad intelectual, esto es, la posibilidad de abordar la pandemia global desde una perspectiva de salud pública planetaria y no de “salud” corporativa, mercantil, global. Pocos días antes de su inicio, se ha anulado la convocatoria y se pospuesto sine die. La razón, la aparición de una nueva variante, la sudafricana, que amenaza con un nuevo impulso descontrolado a la expansión de la pandemia. Sudáfrica en estos momentos, cuenta con menos de una cuarta parte de población vacunada. 

A la espera de dicha cumbre, por el momento la Comisión Europea, Reino Unido, Alemania, Suiza, Noruega, Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán siguen bloqueando esta opción, que si bien no es una fórmula mágica, ha sido descrita como esencial por el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y distintos Relatores Especiales de la ONU. 

En este sentido, la Comisión Internacional de Juristas ha publicado recientemente un informe jurídico firmado por más de 130 juristas de prestigio internacional en el que se pone de manifiesto que el bloqueo a la exención constituye una vulneración de las obligaciones de los derechos humanos por parte de los Estados, en especial en relación al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. 

De la misma forma, una coalición de organizaciones internacionales, entre las que figuran Oxfam y el Centro de Estudios Sociales y Legales, han presentado una petición urgente ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU para que investigue el reparto desigual de las vacunas en el mundo y su carácter discriminatorio, al entender que la distribución de 7 billones de vacunas para los países ricos, en comparación con los 300 millones que han recibido los países pobres, puede describirse como un apartheid de la vacunación. Asimismo, organizaciones de derechos humanos están presentando demandas a nivel nacional contra Alemania, Canadá y Reino Unido por su persistente oposición a la exención, con el objetivo de cambiar el sentido de su votación y sentar a los Estados frente al espejo. 

No es solo una cuestión del derecho a la vida y la salud, sino que la falta de vacunación obliga a muchos países de rentas bajas a aplicar medidas restrictivas de derechos como los confinamientos o los estados de alarma, asfixiando todavía más sus economías. Por no hablar de una realidad egoísta, pero no por ella menos cierta: la falta de vacunación mundial aumenta el riesgo de aparición de nuevas variantes y cepas y, por lo tanto, también el derecho a la salud de las que habitamos el Norte Global. 

Por todo lo anterior, el resultado de la votación de la OMC en Ginebra, cuando la cumbre pueda llevarse a cabo, responderá a cuestiones sobre la realización de la democracia en el orden internacional, la equidad, la justicia y los derechos humanos, y sentará precedentes para las futuras epidemias y crisis globales como la energética o la climática. Esperemos que su desenlace no sea un reflejo de la COP26 de Glasgow, porque como especie no podemos permitirnos el lujo de seguir confinando nuestra ética y confiando nuestra supervivencia a declaraciones vacías. 

No sabemos si aquella fue una idea original de un solo juez, compartida más tarde entre cafés durante un desayuno en la ciudad judicial con otros magistrados, para iniciar lo que más tarde llegaría a ser una práctica habitual en la ciudad de Barcelona. Tampoco sabemos, no por falta de ganas sino por falta de información, si acaso fue deslizada por primera vez del puño y letra de un procurador o un abogado. Quizás, y esta versión literaria de los hechos es la que más me gusta, la idea nació en un cónclave entre promotoras, fondos de inversión y las cabezas jurídicas que los asesoran. Pero a pesar del origen incierto de la semilla del mal, finalmente la idea cristalizó en una resolución judicial y, como la gripe, se fue extendiendo en muchas otras resoluciones. Así, los desahucios con fecha abierta, los desahucios sorpresa, empezaron a ser parte habitual del drama de las personas que luchan por no quedarse sin hogar desde hace cerca de un año y medio.

A diferencia de los desahucios ‘normales’, si es que la práctica de quitarle el techo a alguien puede normalizarse, en que se fija una fecha y una hora determinada,  los desahucios abiertos permiten que pueda desahuciarse a una familia durante una quincena de días o un mes o un trimestre, según le convenga al juez o al letrado de la administración que dicta la diligencia de lanzamiento. De esta forma, como si nos encontráramos en un estado totalitario en el que el solo ruido del timbre nos sobresalta, la comitiva judicial puede aparecer en cualquier momento del período fijado para sacarnos de casa junto con nuestras cosas.

Pero volvamos de nuevo a la raíz ¿Por qué aparecieron los desahucios abiertos? Se han dado dos respuestas posibles, aunque ambas coinciden en lo fundamental. De forma oficial, según un reciente comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se deben a las dificultades con las que se encuentran las comitivas judiciales para realizar los lanzamientos y “que frecuentemente impiden su efectividad (en 2018, de 4.880 lanzamientos señalados por el Servei d'Actes y Comunicacions (SAC) de Barcelona, 2.683 fueron negativos y sólo 2.197 pudieron materializarse)”. De forma extraoficial, es bien conocido que dichas dificultades no son otras que la actividad incesante de los distintos colectivos de vivienda de Barcelona, que como la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas (PAH), deciden ponerse delante de las puertas señaladas para evitar que familias vulnerables abandonen sus casas, de lunes a viernes, semana tras semana. Bajo esta luz, los desahucios con fecha abierta son una reacción de los jueces, enarbolando la bandera de la eficacia, ante el empoderamiento vecinal. Y es efectivo: organizarse delante de una puerta durante quince días o un mes es muy complicado.

Desde el punto de vista legal, los desahucios con fecha abierta también pueden entenderse como una desobediencia judicial creativa y voluntariosa ante la desobediencia civil, puesto que el amparo legal de los desahucios con fecha abierta es inexistente. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la norma encargada de regular los procedimientos civiles, establece con rotundidad hasta en 6 artículos que para cualquier desahucio es necesario establecer una fecha y una hora, o como mínimo una fecha determinada. De hecho, la modificación introducida por el nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler todavía lo establece con mayor rotundidad al especificar que “que deberá fijarse por el órgano judicial el día y la hora exactos de los lanzamientos”. Y ello no sólo lo dicen los juristas y activistas que luchan por garantizar el derecho a la vivienda, sino que también lo dicen los propios jueces que defienden los desahucios abiertos. En palabras de Roberto García Ceniceros, miembro de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y titular del juzgado de primera instancia número 30 de Barcelona, “la Ley ha dejado de ser 100% útil”.  Y como la Ley ya no es 100% útil (¿para el juez?, ¿para la propiedad?), como la Ley ya no es eficaz, han decidido prescindir de ella ¿Para qué iban a esperar a que el legislador decidiera cambiar la LEC? ¿No iría ello en contra de la eficacia y la utilidad?

Si dejamos de lado la eficacia y la utilidad, principios cien mil veces enumerados para vulnerar los derechos fundamentales, los desahucios con fecha abierta lesionan derechos como la tutela judicial efectiva, que requiere que las sentencias estén fundadas en Derecho y no sean arbitrarias; el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, así como el derecho a la integridad física y moral, por no hablar de aquel principio constitucional y ético de la dignidad. Con otras palabras,  es evidente que no saber si a la vuelta del colegio, del trabajo o del mercado vas a seguir viviendo en tu casa es cruel e inhumano. Es el mismo trato que reciben los condenados por ocupación en la vía penal. Y la lógica delictiva no puede aplicarse a quién no puede pagar o a quién pudiendo y queriendo pagar lo que hasta ahora podía, no tiene capacidad para subidas prohibitivas y especulativas de la propiedad. Por todas estas razones, la Plataforma Prou Desnonament Oberts, de la que forman parte cerca de 220 entidades, oenegés y sindicatos de Barcelona, ha denunciado en repetidas ocasiones la ilegalidad de dicha práctica y la necesidad de su cese inmediato.

Esta extensión arbitraria de la Ley no es el único ejemplo del poder judicial apuntalando el derecho a la propiedad. Aquellos jueces que no paralizan desahucios, en contra de lo establecido en el Dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) que obliga a no desahuciar hasta que haya una alternativa habitacional es tan solo una recomendación y no tiene efectos jurídicos, son los mismos que después dictan desahucios abiertos, escudándose en que la LEC nada dice al respecto. Son los mismos que tampoco suspenden los lanzamientos cuando es el propio Comité DESC quien lo ordena mediante medidas cautelares. Así, parece que la flexibilidad, la imaginación y la creatividad jurídica solo están presentes cuando toca defender el derecho a la propiedad.

Dicen que los chinos llaman a la Ley “la que abre el agua para el riego”. Por la distancia cultural es fácil malinterpretar el significado. Así, si uno entiende que el agua es para limpiar el interior de las viviendas de familias y defender la propiedad, los desahucios abiertos cumplen con la legalidad. Desde el Observatori DESC y la PAH defendemos otro tipo de legalidad que está al servicio de las personas más vulnerables, los derechos humanos y el derecho internacional; para que el agua haga crecer el respeto y la dignidad. Por ello, este mes hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el desahucio con fecha abierta que sufrió Raquel y su familia en enerocontra el desahucio con fecha abierta que sufrió Raquel y su familia en enero.

El próximo 28 de septiembre, los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona aprobarán previsiblemente que los promotores destinen un 30% del suelo de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de edificios que superen los 600 m2 a viviendas en régimen de protección oficial. En otras palabras, de cada diez nuevas viviendas construidas o sujetas a grandes rehabilitaciones, tres serán de compra o alquiler a precios asequibles. Así, el metro cuadrado de alquiler será de 7,28€/m2 en vez de 14€/m2, y el precio de compra pasará de costar entre los 4.000 y 3.000€/m2 que marca el mercado a 1.940€/m2. Una gran diferencia para muchas familias que viven en Barcelona. En total, se calcula que la medida del 30% permitirá disponer de entre 300 y 400 pisos asequibles al año. Sin duda, la medida no solucionará por sí sola la gran crisis habitacional que sufre la ciudad, pero permitirá que muchas familias puedan empezar a pagar precios razonables por disfrutar de su derecho a la vivienda y, sobre todo, enviará un mensaje claro a todos los operadores que se lucran sin límites a expensas de un derecho fundamental.

La medida, impulsada por l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, el Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicat de Llogaters de Barcelona, surgió de la lucha de las personas que sufren la precariedad habitacional, que además de políticas de urgencia, coincidían en la necesidad de proponer iniciativas a medio plazo. Porque parar los desahucios en la puerta es fundamental, pero no deja de ser un pequeño parche. Es necesario tratar de solucionar el problema de raíz, revertir la situación, dibujar otros escenarios, como ya ocurre en ciudades como París o Nueva York, donde medidas parecidas llevan años funcionando con éxito.

Como era de esperar, la medida del 30% no ha contado con el beneplácito del sector de la construcción, que ha redoblado su presión a medida que la iniciativa se acerca a su aprobación definitiva. De hecho, su poder, y no precisamente de convicción, llegó a impedir que se cumpliera con un trámite previsto legalmente, la suspensión de licencias que tiene como objetivo que no se produzcan avalanchas de solicitudes cuando se afectan a los intereses de las promotoras. Desde entonces, las solicitudes se han disparado y centenares de solares y edificios estarán exentos de la futura normativa del 30%, con los beneficios que ello conlleva para las empresas al poder alquilar o vender todas las viviendas a precios de mercado, y con los perjuicios que suponen para la ciudad de Barcelona dejar escapar centenares de viviendas asequibles. No contento con esa victoria, el lobby de la construcción aprovecha cada uno de los foros donde participa para sembrar dudas sobre la medida. “No nos han consultado, es ilegal y no es viable”, pero ¿a qué se refieren las constructoras cuando hablan de “legalidad”? Se refieren a su legalidad, a una normativa urbanística que hasta ahora mayoritariamente les ha favorecido y les ha permitido embarcar a todo un país en una inmensa burbuja inmobiliaria que ha causado y sigue causando mucho dolor social. Por lo tanto, se refieren a una legalidad reducida y aislada del resto del ordenamiento jurídico, puesto que olvidan que la Llei del dret a l'Habitatge de Catalunya recoge la medida expresamente, como olvidan que existe algo llamado derecho a una vivienda digna, reconocido en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Pero nada de esto es nuevo. Lo que se va a decidir el próximo 28 de septiembre en el Ayuntamiento de Barcelona es tan solo el reflejo local de una batalla global que la sociedad civil y empresas llevan librando desde hace décadas. En el fondo, lo que tendrán que decidir los grupos municipales no es otra cosa que el papel de las empresas en el respeto y la promoción de los derechos humanos. Y votar que sí a la medida del 30% es reconocer que las empresas tienen responsabilidades, un cambio de paradigma que se revela fundamental cuando los Estados se hacen chiquitos, los problemas se hacen grandes y traspasan todas las fronteras.

Cuando la esfera de lo político cede espacio a lo económico, cuando el Estado decide ser tan sólo regulador de los servicios básicos y el business se hace omnipresente, no podemos exigir responsabilidades únicamente a los Estados. Como ciudadanos tenemos que exigir, con la misma convicción que ante los gobiernos, que las empresas respeten y promuevan los derechos humanos. Porque seguir centrando nuestras demandas en los gobiernos es no entender que asistimos a un cambio de mundo en el que la sociedad civil debe controlar no solo el poder legítimo de los gobiernos, sino el papel impolítico del poder económico, en palabras de Ulrich Beck.

A nivel global, cada una de las batallas que han tratado de poner coto a la impunidad de las empresas transnacionales ha finalizado en derrota. La última vez fue en 2003, cuando la extinta Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas consiguió elaborar unas ‘Normas’ para un futuro tratado internacional vinculante para las empresas. Estas ‘Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos’ acabaron olvidadas en un cajón, allá en Ginebra, ante la presión de las empresas multinacionales que utilizaron los mismos argumentos que ahora repiten las constructoras. “No nos han consultado, es ilegal y no es viable”,  pero ¿consultarían ustedes con Lehman Brothers para tratar de evitar la próxima crisis financiera? ¿Acaso las entidades financieras consultan a los ciudadanos cómo repartir equitativamente las consecuencias de la crisis? ¿Qué tipo de participación se puede esperar de alguien que ve amenazados sus privilegios?

Por suerte, la derrota de 2003 no ha sido la última palabra de la sociedad civil. En 2014, de la mano de Sudáfrica y Ecuador, se creó un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para elaborar un borrador para un tratado vinculante para el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. A pesar de los múltiples obstáculos puestos por parte de los lobbies, Estados Unidos y la Unión Europea, el próximo 15 de octubre tendrá lugar la cuarta sesión del grupo de trabajo que seguirá avanzando para embridar los excesos del poder económico.

En este sentido, la aprobación de la medida del 30% el 28 de septiembre en el Ayuntamiento de Barcelona será una gran noticia no sólo a nivel local, sino global. El valor simbólico de la iniciativa será otra semilla más para el arduo camino que queda por recorrer en tantos ámbitos de los derechos humanos en que las empresas no están dispuestas a colaborar para construir un mundo más justo. Un camino que debe empezar por nuestra forma de percibir a las empresas, no sólo como personas jurídicas sujetas a la legalidad, sino como órganos de la sociedad que por su poder e influencia deben promover los derechos humanos, tal y como reza el olvidado y mal traducido preámbulo de las Naciones Unidas. Porque en este mundo cambiante hay empresas que, como afirma Gordon Ash, se han convertido en superpotencias privadas. Porque los negocios no pueden ser tan sólo negocios si queremos seguir habitando con dignidad nuestras ciudades y nuestro planeta.