La crisis sanitaria iniciada hace casi dos años con la aparición y propagación de la COVID-19 es uno de los ejemplos más evidentes de crisis globales que nos interpelan como especie y nos sitúan ante el espejo, porque es un excelente reflejo de la forma en que las empresas multinacionales y los Estados quieren solucionar este tipo de emergencias planetarias.

Pues bien, tras sucesivas olas de contagio la gravedad de la situación ya no solo se debe a la magnitud de la pandemia sino, sobre todo, a las decisiones políticas, al modo en que se ha respondido a la crisis sanitaria. Nuevamente, nos situamos ante el verdadero origen de las emergencias y de las amenazas a los derechos: la desigualdad. Como recordaba recientemente el Secretario General de la ONU, el “73% [de las vacunas COVID] han sido administradas en sólo 10 países. Los países de ingresos altos han administrado 61 veces más dosis por habitante que los países de ingresos bajos. Sólo el 3% de los africanos han sido vacunados”. En la misma línea, “los vacunados con tres dosis en los países ricos superan a la población con una en los más pobres”, y desde la Unión Europea se acaba de recomendar una dosis de refuerzo para las personas mayores de edad, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha pedido en reiteradas ocasiones una moratoria de las terceras dosis para garantizar primero la vacunación mundial. 

A la hora de identificar responsables, vemos, por un lado, cómo las farmacéuticas no han participado en las medidas voluntarias que ellas mismas habían promovido para conseguir la vacunación mundial sin tener que renunciar a los derechos de propiedad intelectual y sus correspondientes ganancias. Además, han incumplido en varias ocasiones sus compromisos de entrega y han promovido una contratación totalmente opaca. Y ello, a pesar de que las vacunas han sido posibles en gran parte gracias al intercambio del genoma del COVID, la cooperación global y las inmensas ayudas públicas para la investigación. 

Por el otro, los Estados se han caracterizado no solo por asumir procesos de contratación pública sin elementales garantías de transparencia, sino también por exonerar a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad por los efectos secundarios, iniciar una carrera a cualquier precio por abastecerse primero de las vacunas e incumplir los insuficientes compromisos de donación. Y ello, a pesar de reconocer lo esencial de las vacunas para proteger a la sociedad y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) las haya definido como un bien público mundial. 

Sin embargo, dentro del caos y la emergencia de la pandemia, no pueden juzgarse por igual la actuación de todos los Estados. De hecho, muchos han tratado de encontrar una solución que no pusiera por delante los derechos de propiedad intelectual y las ganancias por encima de la vida y la salud. Así, el 2 de octubre de 2020, India y Sudáfrica presentaron ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una propuesta para aprobar una exención de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, los medicamentos y las tecnologías asociadas a la prevención y tratamiento de la COVID-19. Tras la terrible ola de COVID que asfixió literalmente a cientos de miles de personas en mayo de 2021 en la India, este país, Sudáfrica y otros 60 países han copatrocinado una nueva propuesta que actualmente está respaldada por un total de 100 países. 

Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021, los Estados de la OMC estaban convocados a una cumbre en la que se iba a debatir la exención de dichos derechos de propiedad intelectual, esto es, la posibilidad de abordar la pandemia global desde una perspectiva de salud pública planetaria y no de “salud” corporativa, mercantil, global. Pocos días antes de su inicio, se ha anulado la convocatoria y se pospuesto sine die. La razón, la aparición de una nueva variante, la sudafricana, que amenaza con un nuevo impulso descontrolado a la expansión de la pandemia. Sudáfrica en estos momentos, cuenta con menos de una cuarta parte de población vacunada. 

A la espera de dicha cumbre, por el momento la Comisión Europea, Reino Unido, Alemania, Suiza, Noruega, Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán siguen bloqueando esta opción, que si bien no es una fórmula mágica, ha sido descrita como esencial por el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y distintos Relatores Especiales de la ONU. 

En este sentido, la Comisión Internacional de Juristas ha publicado recientemente un informe jurídico firmado por más de 130 juristas de prestigio internacional en el que se pone de manifiesto que el bloqueo a la exención constituye una vulneración de las obligaciones de los derechos humanos por parte de los Estados, en especial en relación al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. 

De la misma forma, una coalición de organizaciones internacionales, entre las que figuran Oxfam y el Centro de Estudios Sociales y Legales, han presentado una petición urgente ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU para que investigue el reparto desigual de las vacunas en el mundo y su carácter discriminatorio, al entender que la distribución de 7 billones de vacunas para los países ricos, en comparación con los 300 millones que han recibido los países pobres, puede describirse como un apartheid de la vacunación. Asimismo, organizaciones de derechos humanos están presentando demandas a nivel nacional contra Alemania, Canadá y Reino Unido por su persistente oposición a la exención, con el objetivo de cambiar el sentido de su votación y sentar a los Estados frente al espejo. 

No es solo una cuestión del derecho a la vida y la salud, sino que la falta de vacunación obliga a muchos países de rentas bajas a aplicar medidas restrictivas de derechos como los confinamientos o los estados de alarma, asfixiando todavía más sus economías. Por no hablar de una realidad egoísta, pero no por ella menos cierta: la falta de vacunación mundial aumenta el riesgo de aparición de nuevas variantes y cepas y, por lo tanto, también el derecho a la salud de las que habitamos el Norte Global. 

Por todo lo anterior, el resultado de la votación de la OMC en Ginebra, cuando la cumbre pueda llevarse a cabo, responderá a cuestiones sobre la realización de la democracia en el orden internacional, la equidad, la justicia y los derechos humanos, y sentará precedentes para las futuras epidemias y crisis globales como la energética o la climática. Esperemos que su desenlace no sea un reflejo de la COP26 de Glasgow, porque como especie no podemos permitirnos el lujo de seguir confinando nuestra ética y confiando nuestra supervivencia a declaraciones vacías.