Hay decisiones que cambian el rumbo de una vida. Para Marta Barba, una de ellas fue detenerse y preguntarse si quería seguir viviendo para trabajar o empezar a organizar el trabajo en torno a la vida que deseaba tener.

Su trayectoria profesional podía haberla llevado a permanecer lejos de Aragón. Nacida en una pequeña localidad oscense, amante de los grandes animales y veterinaria de formación, se especializó en medicina interna de équidos e investigación, lo que la llevó a realizar gran parte de su trabajo en Francia, Estados Unidos, Nottingham y Glasgow en el Reino Unido, entre otros países.

Sin embargo, el regreso a sus raíces terminó abriéndose paso entre los planes profesionales. Si algo tenía claro Marta era que volver no iba a significar renunciar al conocimiento adquirido, sino buscar otra manera de ponerlo en práctica. “No quería que la vida se ajustase al trabajo, sino el trabajo a la vida”, apunta la ganadera sobre su decisión de instalarse en Alcalá de la Selva, en Teruel, en la Sierra de Gúdar, origen de sus compañeros Miguel Paricio y Antonio Monfort.

La de Marta, es una historia que habla de una mujer formada fuera, con experiencia internacional, que encontró en el medio rural una oportunidad para construir una vida diferente. Pero, al mismo tiempo, esta oscense también representa a una generación de mujeres que reivindican su espacio como profesionales y emprendedoras rurales, demostrando que quedarse o regresar a un pueblo pequeño no significa renunciar a la formación, a la innovación, ni a las aspiraciones personales.

Volver no es retroceder

Marta, Miguel y Antonio se conocieron estudiando Veterinaria en la Universidad de Zaragoza. Después de diferentes experiencias profesionales, los tres compartían el deseo de establecerse en el territorio y contribuir al desarrollo rural. Después de pensar en distintos lugares donde establecer su proyecto se decidieron por la sierra de Gudar, una zona eminentemente ganadera en la provincia de Teruel.

A más de 1.400 metros de altura, en el año 2020 pusieron en marcha La Albarda, un proyecto de ganadería extensiva de vacuno que nació con una idea clara: producir carne de calidad, respetar el bienestar animal y acercar el producto al consumidor sin depender de una larga cadena de intermediarios.

El proyecto no partía de una empresa familiar heredada ni de una estructura previamente consolidada. “No teníamos negocio familiar, así que empezamos de cero”, subraya Marta mientras reivindica que empezar desde cero implica asumir muchos más riesgos, aprender sobre la marcha y afrontar dificultades que van desde la gestión de las fincas hasta la comercialización. Conscientes de estas dificultades decidieron que, hasta que la explotación fuera totalmente viable, dos de ellos conservarían sus trabajos, una de ellos fue Marta, que continuó al frente de la gestión de la sede del CITA -Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón- en Teruel.

Ahora, seis años más tarde, Marta y Antonio ya están totalmente incorporados en la explotación y esperan que pronto también pueda hacerlo Miguel, el tercer socio. Comenzar de cero conlleva estos riesgos y la toma de decisiones complejas como esta, pero, también permite construir un modelo propio, con decisiones coherentes con la forma de entender el trabajo y el territorio.

Para Marta, La Albarda es mucho más que una actividad económica, “es una forma de vida”. La frase resume una apuesta que no se limita a producir carne. Se trata de vivir en el medio rural, trabajar con sus recursos y contribuir a que siga existiendo actividad económica en lugares donde cada nueva iniciativa puede marcar la diferencia.

Marta también reivindica el efecto que puede tener el emprendimiento sobre el conjunto de una comunidad. “Si unos emprenden, se crean dinámicas que contagian al resto”, confiesa. La llegada o permanencia de personas jóvenes, la aparición de nuevas actividades y la colaboración entre profesionales pueden contribuir a cambiar la percepción de los pueblos: de lugares donde escasean las oportunidades a espacios donde todavía queda mucho por construir.

Porque la despoblación no se combate solo pidiendo a la gente que se quede. También hacen falta proyectos capaces de generar actividad, aprovechar los recursos locales y ofrecer oportunidades de futuro. La Albarda es un ejemplo, un referente de esa voluntad de construir desde el territorio, con una mirada profesional que combina los conocimientos adquiridos fuera con las posibilidades que ofrece la tierra propia.

La Serrana de Teruel, una raza que merece seguir viva

Entre las apuestas más significativas de La Albarda está su compromiso con la Serrana de Teruel, una raza bovina autóctona ligada a la historia ganadera de la provincia y catalogada oficialmente como raza autóctona amenazada.

La conservación de una raza local no es solamente una cuestión de genética animal. También significa preservar una parte del patrimonio rural, de la adaptación al territorio y de los conocimientos acumulados durante generaciones. Los tres socios han incorporado ejemplares de Serrana de Teruel a su ganadería. Una raza que ha sido conservada hasta la fecha gracias al empeño “de una decena de ganaderos de la zona, que nos han vendido unos cuantos ejemplares”, explica Marta. La idea es explorar las posibilidades productivas de esta raza “con menos cantidad de carne, pero de una calidad excelente”, asegura la ganadera

La recuperación de la Serrana de Teruel encaja en la filosofía de estos tres emprendedores: dar valor a los recursos propios y buscar fórmulas para que la conservación de una raza amenazada tenga también una base económica. Una idea alineada con la defensa de la soberanía alimentaria y por la apuesta por un modelo de producción basado en la carne de pasto.

Porque proteger una raza no consiste únicamente en evitar su desaparición. También hace falta mantener los animales, dar a conocer sus características y conseguir que exista interés por los productos que pueden ofrecer. Los tres veterinarios tienen claro que la comercialización de su carne puede contribuir a ese objetivo, siempre que se desarrolle de manera viable y respetando las particularidades de la raza. “Estamos comenzando esta andadura y confiamos en que salga bien”, apunta Marta Barba, consciente de que una raza ganadera que corre el riesgo de perderse puede convertirse también en una oportunidad para el territorio.

Del pasto a la mesa: cerrar el ciclo

La Albarda apuesta por la ganadería extensiva y ecológica, con sus setenta vacasy todos los terneros engordando al aire libre con la hierba y los forrajes como su alimentación. A esa manera de criar el ganado se suma otra decisión fundamental: controlar el mayor número posible de etapas de la producción.

La Albarda trabaja para integrar la producción agrícola y ganadera, aprovechar las fincas que gestiona y producir en ellas el alimento de los animales, reduciendo la dependencia de recursos externos. La intención es que el pastoreo y los forrajes cultivados en sus propias tierras tengan el mayor protagonismo posible, con una gestión adaptada a los ritmos de las estaciones y a las necesidades del rebaño.

Además, en lugar de limitarse a criar animales y venderlos a otros operadores, esta explotación ha desarrollado la venta directa de carne al consumidor. El objetivo es acercar el producto a quien lo compra, explicar cómo se ha producido y procurar que una mayor parte del valor generado permanezca en el propio proyecto. Pero también exige asumir nuevas responsabilidades: organizar pedidos, gestionar los lotes, coordinar el sacrificio y el despiece y distribuir la carne. “Hay compradores que quieren apostar por este tipo de productos, lo que tenemos que hacer es ponérselo fácil a la hora de comprarlos”, explica Marta.

A cambio de esta implementación del trabajo, la relación permite establecer un vínculo más cercano con los consumidores, unos consumidores fieles que se adaptan al ciclo natural de la explotación. “Los restaurantes con los que trabajamos apuestan por nuestra forma de producción, son conscientes de que no siempre tenemos producto ni el mismo producto, y adaptan su carta a esa filosofía”, explica Marta Barba.

El proyecto busca, en definitiva, que la carne no sea un producto anónimo, separado de la tierra y de las personas que lo han hecho posible. Quien compra no adquiere únicamente un alimento: también puede respaldar una forma de producir que apuesta por el bienestar animal, la gestión responsable de los recursos y el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural. “No puede seguir siendo lineal la explotación de recursos porque estos son finitos, se acaban”, subraya la veterinaria, defensora de la necesidad de buscar modelos de producción capaces de aprovechar los recursos sin comprometer su disponibilidad futura.

Una forma de vida con futuro

La historia de Marta Barba no solo cuenta la vida de una mujer que ha decidido apostar por la ganadería, también habla de la posibilidad de construir una vida profesional y personal fuera de las grandes ciudades sin renunciar al conocimiento, a la innovación ni a la ambición de emprender. Su trayectoria demuestra que el talento no tiene por qué seguir siempre el camino de salida. También puede recorrer el camino de vuelta y convertirse en una oportunidad para los lugares que, durante años, han visto marcharse a buena parte de sus jóvenes.

La recuperación de la Serrana de Teruel, la producción de alimentos en las propias fincas y la venta directa de carne son piezas de una misma apuesta: dar valor a los recursos locales, mantener el control sobre la actividad y demostrar que un pueblo pequeño puede ser el escenario de un proyecto empresarial con identidad propia.

Marta y sus compañeros han decidido construir ese futuro desde el trabajo cotidiano, los animales y la tierra. Su experiencia recuerda que innovar no significa alejarse de lo que se ha hecho durante generaciones, sino que pasa por recuperar aquello que estaba a punto de perderse, aplicar nuevos conocimientos y encontrar la manera de hacerlo viable.

Y que apostar por una raza autóctona, cultivar el alimento del ganado y acercar la carne directamente al consumidor puede ser mucho más que una decisión empresarial: puede ser una forma concreta de defender el territorio, poniendo en valor la vida en los pueblos pequeños demostrando que estos no pertenecen únicamente al pasado, sino que siguen tejiendo su propio futuro.

Carolina Llaquet, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Aragón, denuncia en esta entrevista la falta de avances tras el rechazo del Estatuto de las Mujeres Rurales y alerta de las desigualdades que persisten en el acceso al empleo, los recursos y los espacios de poder. Frente a esta situación, defiende que el futuro de los pueblos pasa por garantizar la autonomía económica de las mujeres, reforzar los servicios públicos y combatir la violencia machista sin que vivir en un municipio pequeño suponga una desventaja.

¿Cómo ha recibido Fademur el rechazo del Estatuto de las Mujeres Rurales en las Cortes de Aragón?

Con profunda decepción e indignación. Llevamos desde 2021 trabajando para que Aragón cuente con un Estatuto de las Mujeres Rurales y no entendemos qué ha cambiado para que ahora PP y Vox hayan decidido rechazarlo. Las Cortes conocían perfectamente el texto. Era exactamente la misma proposición de ley que se tomó en consideración en diciembre de 2024, con el apoyo de todos los grupos excepto Vox. Una norma que siguió los trámites parlamentarios establecidos. Se celebraron audiencias legislativas en las que participamos organizaciones y entidades vinculadas al medio rural y a la igualdad, y los propios grupos presentaron enmiendas durante el mes septiembre de 2025. Después de lo sucedido el pasado día 8 de octubre nos preguntamos por qué entonces sí consideraron oportuno legislar en esta materia y ahora no. ¿Qué ha cambiado para que quienes entonces apoyaron su tramitación ahora decidan darle la espalda?

¿Qué supone esta decisión para las mujeres que viven y trabajan en nuestros pueblos?

Creemos que se ha perdido una oportunidad para situar a Aragón a la vanguardia de la igualdad de género en el medio rural. Hay que tener un gran desconocimiento del medio rural, y de la situación de sus mujeres, para aseverar muchas de las cosas que escuchamos en el pleno y negar la necesidad de seguir avanzando en igualdad. Hemos conquistado derechos que nuestras madres y abuelas no tuvieron, pero todavía persisten desigualdades importantes. Quizá lo que incomoda no sea que las mujeres rurales hayamos conseguido ser visibles, sino que ahora reclamemos llegar a los espacios de poder y de toma de decisiones. Porque una cosa es aplaudirnos y otra muy distinta aceptar que también queremos decidir. La negativa de las Cortes a tramitar esta Ley significa renunciar a una herramienta legislativa que no afecta solamente a las mujeres de hoy, también al futuro de nuestros pueblos y a las oportunidades que tendrán nuestras hijas e hijos para crecer y desarrollar sus proyectos de vida en igualdad. No se puede hablar de luchar contra la despoblación y garantizar el futuro del medio rural mientras se renuncia a avanzar en igualdad.

Tras este rechazo, ¿cuáles van a ser los próximos pasos de Fademur? ¿Contemplan retomar la iniciativa, negociar con los grupos parlamentarios o buscar otras vías para impulsar las medidas que recogía el Estatuto?

Nosotras vamos a seguir trabajando en la misma línea en la que llevamos haciéndolo desde hace más de veinte años: defendiendo los derechos de las mujeres rurales y luchando por la igualdad y el progreso de las mujeres que viven en los pueblos aragoneses. El portazo de la derecha al Estatuto tira por tierra años de trabajo y para retomarlo habría que comenzar de nuevo todo el recorrido parlamentario. Y, sinceramente, tenemos la sensación de que, durante esta legislatura, cualquier intento de avanzar en esta materia va a ser como darse continuamente contra un muro. El Partido Popular parece estar cautivo de sus socios de Gobierno y haber cambiado sus prioridades en materia de igualdad. Nuestros representantes políticos deben ser conscientes de que las mujeres somos aproximadamente la mitad de la población de nuestros pueblos. No somos una minoría a la que se pueda ignorar o ningunear sin consecuencias. Las mujeres rurales también votamos, tenemos voz y tenemos memoria. Y quienes hoy nos dan la espalda deben ser conscientes de que sus decisiones también tendrán que explicarlas ante la ciudadanía. Desde Fademur vamos a seguir vigilantes, reivindicando y exigiendo responsabilidades a quienes tienen la obligación de garantizar esos derechos. Queremos una igualdad real y efectiva, que se traduzca en oportunidades, autonomía económica, participación y capacidad de decisión. Y vamos a seguir trabajando por ella, gobierne quien gobierne.

Tenemos la sensación de que, durante esta legislatura, cualquier intento de avanzar en esta materia va a ser como darse continuamente contra un muro. El Partido Popular parece estar cautivo de sus socios de Gobierno

¿Ha cambiado la imagen de la mujer rural en los últimos años?

La imagen de las mujeres rurales ha cambiado muchísimo, afortunadamente. Durante décadas hemos tenido que luchar contra una visión estereotipada que nos vinculaba casi exclusivamente al ámbito doméstico, a los cuidados o a un trabajo en las explotaciones agrarias que, en muchas ocasiones, ni siquiera estaba reconocido. Además, hemos conseguido que se hable de nosotras en plural.

¿Qué papel desempeñan hoy las mujeres en la economía y la transformación de los pueblos aragoneses, y qué obstáculos persisten para que su trabajo tenga el reconocimiento que merece?

Hoy las mujeres rurales somos agricultoras, ganaderas, empresarias, profesionales de todos los sectores, emprendedoras, investigadoras, responsables de proyectos innovadores y protagonistas de buena parte del dinamismo económico y social de nuestros pueblos. Mujeres rurales somos las que se quedaron, las que regresamos y las que llegaron desde otros territorios y países para construir aquí su proyecto de vida. También hemos avanzado mucho en visibilidad y reconocimiento. Pero no podemos confundir la visibilidad con la igualdad. Todavía persisten desigualdades en el acceso a los recursos, a la propiedad de la tierra, al empleo y, especialmente, a los espacios donde se toman las decisiones. Y seguimos asumiendo una parte desproporcionada de los cuidados, lo que condiciona nuestra autonomía económica y nuestras oportunidades. Nuestro gran reto ahora es conseguir que todo ese reconocimiento social se traduzca en derechos, independencia económica y capacidad real de decisión.

¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran las mujeres que quieren emprender en el medio rural?

El acceso a la financiación, la falta de asesoramiento especializado, las dificultades para encontrar vivienda o las limitaciones de transporte y conectividad son algunos de los principales obstáculos. Y a todo ello se suma la desigual distribución de los cuidados, que sigue condicionando las oportunidades profesionales de muchas mujeres. También hay una dificultad que conocemos muy bien: la soledad de las emprendedoras. No siempre tienen cerca redes profesionales, espacios donde compartir experiencias o el acompañamiento necesario para sacar adelante sus proyectos.

¿Qué apoyos y servicios hacen falta para que puedan desarrollar sus proyectos profesionales sin tener que abandonar sus pueblos?

En nuestros pueblos hay muchísimo talento femenino y mujeres con ideas y proyectos que están generando actividad económica, creando empleo y ofreciendo servicios que contribuyen al desarrollo de sus territorios. Pero emprender en el medio rural sigue siendo más complicado que hacerlo en una ciudad y, si además eres mujer, a las dificultades territoriales se suman las desigualdades de género. Desde Fademur impulsamos diferentes programas y proyectos que ofrecen formación, asesoramiento y acompañamiento, además de facilitar la creación de redes de apoyo entre mujeres. Pero el emprendimiento no puede depender únicamente del esfuerzo individual. Necesitamos políticas públicas que faciliten el acceso a la financiación, servicios de proximidad, medidas de conciliación y apoyo técnico adaptado a la realidad de nuestros pueblos. Emprender en el medio rural no debería ser una heroicidad ni una carrera de obstáculos. Debería ser una opción profesional tan viable como hacerlo en una ciudad. 

¿Qué medidas considera prioritarias para mejorar la conciliación?

Cuando no hay escuela infantil, transporte público o recursos suficientes para atender a las personas dependientes, alguien tiene que asumir esas necesidades. Y sabemos que, todavía hoy, esa responsabilidad sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Son ellas quienes con más frecuencia reducen sus jornadas laborales, renuncian a oportunidades profesionales o abandonan el empleo para hacerse cargo de los cuidados. La falta de servicios públicos tiene consecuencias especialmente graves para las mujeres. Por eso necesitamos una red de servicios públicos de proximidad, adaptada a las características de cada territorio y, por supuesto, avanzar en corresponsabilidad, porque los cuidados no pueden seguir considerándose una responsabilidad exclusiva de las mujeres. No podemos pedir a las mujeres jóvenes que se queden en nuestros pueblos, que trabajen, emprendan o formen una familia si después no les ofrecemos las condiciones necesarias para hacerlo.

¿Qué particularidades presenta la violencia machista en los pueblos y cómo influyen el aislamiento, la dependencia económica, la falta de privacidad o el miedo a pedir ayuda?

En el medio rural concurren circunstancias que pueden dificultar especialmente que las mujeres víctimas de violencia machista pidan ayuda o consigan salir de una situación de violencia. La falta de anonimato, el miedo al qué dirán, el aislamiento, la dependencia económica o las dificultades para acceder a servicios especializados son barreras añadidas. En un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, romper el silencio puede resultar especialmente difícil. Desde Fademur llevamos años denunciando esta realidad. En 2021 pusimos en marcha el Observatorio de Violencia de Género en el Medio Rural, precisamente para visibilizar una problemática que las estadísticas oficiales no siempre permiten analizar desde la perspectiva territorial. Y los datos son preocupantes: en 2025 el 33% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes. En 2024 esa cifra alcanzaba casi el 40 % del total. En lo que llevamos de 2026 los datos son más espeluznantes ya que estamos en el 45%. 19 de las 42 mujeres asesinadas este año vivían en el medio rural. Estas cifras demuestran que la violencia machista está muy presente en nuestros pueblos y que necesitamos políticas de prevención, protección y atención adaptadas a sus particularidades.

En el medio rural concurren circunstancias que pueden dificultar especialmente que las mujeres víctimas de violencia machista pidan ayuda o consigan salir de una situación de violencia. La falta de anonimato, el miedo al qué dirán, el aislamiento, la dependencia económica o las dificultades para acceder a servicios especializados son barreras añadidas

¿Qué recursos tienen las víctimas para acceder a protección, atención psicológica, asesoramiento jurídico y alojamiento seguro?

En Aragón contamos con los servicios del Instituto Aragonés de la Mujer, atención psicológica y jurídica en las comarcas, el teléfono gratuito 900 504 405, disponible las 24 horas, y recursos de alojamiento y protección para las víctimas. Pero no basta con que los recursos existan: hay que garantizar que lleguen realmente a todas las mujeres, con independencia del municipio en el que vivan. Necesitamos reforzar la atención especializada, la coordinación entre administraciones y, especialmente, la prevención y la sensibilización social. Porque una mujer no puede tener menos posibilidades de salir de una situación de violencia machista por vivir en un pueblo de cien habitantes que por vivir en Zaragoza.

Una vez que una mujer consigue salir de una situación de violencia machista, ¿cuenta con suficiente acompañamiento para recuperar su autonomía económica y reconstruir su vida, y con garantías de seguimiento?

Salir de una situación de violencia machista es un paso fundamental, pero muchas mujeres deben afrontar después el reto de reconstruir su vida, recuperar su independencia económica, encontrar empleo y vivienda y superar las secuelas psicológicas. En el medio rural, estas dificultades se agravan por la falta de oportunidades y recursos. Además, muchas mujeres se ven obligadas a abandonar sus pueblos, sus raíces y su entorno para empezar de nuevo, algo que debemos evitar siempre que su seguridad lo permita. Desde Fademur creemos que es imprescindible reforzar el acompañamiento a medio y largo plazo, facilitando el acceso al empleo, la vivienda, la atención psicológica y la conciliación. También es fundamental mejorar la coordinación entre los servicios públicos, acercar los recursos especializados a los municipios más pequeños y apostar por la prevención. Porque no basta con ayudar a una mujer a salir de la violencia: debemos garantizar que pueda reconstruir su vida con libertad, seguridad e independencia económica.

Este otoño, el monte no ha respondido a la cita. La escasez de setas ha obligado a suspender las XXXV Jornadas Micológicas de Ayerbe (Huesca), previstas para los días 24 y 25 de octubre. La falta de ejemplares suficientes para organizar la exposición ha dejado en suspenso una tradición de más de tres décadas y ha privado al municipio de una actividad que atrae visitantes y contribuye a dinamizar su economía. 

La falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas de los últimos meses han dejado los montes demasiado secos para que proliferen los hongos. Las lluvias recientes han llegado tarde: las setas necesitan humedad y tiempo para desarrollarse. Los micólogos han calculado que apenas podrían reunir entre 25 y 30 especies, frente a las más de 200 habituales en otras ediciones, uno dato con el que la organización tomaba la decisión definitiva de suspender la cita, ha explicado el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas. “Hemos aguantado hasta el final”, reconoce Biescas, que lamenta la cancelación de unas jornadas con más de tres décadas de historia. 

El Ayuntamiento calcula que la organización supone una inversión de entre 9.000 y 10.000 euros. Y, aunque no se puede atribuir esta cancelación concreta exclusivamente al cambio climático, esta cancelación pone de manifiesto hasta qué punto la actividad de los pueblos puede depender de unos ciclos naturales “cada vez más difíciles de predecir”. 

Cuando no hay setas, el pueblo también lo nota 

La suspensión de las jornadas no afecta únicamente a los aficionados a la micología. Una cita de estas características puede llenar mesas en bares y restaurantes, favorecer las reservas en alojamientos rurales y aumentar las ventas de tiendas y comercios locales. Cada visitante representa una oportunidad de consumo que se reparte entre distintos negocios, especialmente importantes en municipios pequeños. 

Las jornadas de Ayerbe estaban concebidas como una actividad divulgativa y turística, con salidas al monte, talleres, conferencias y exposiciones. Su suspensión supone perder una oportunidad para atraer visitantes que podrían consumir en bares y restaurantes, alojarse en casas rurales o comprar en los comercios locales porque, tal y como reconoce el alcalde “dinamizar económicamente el municipio y todo su entorno” es uno de los objetivos de esta cita. 

El impacto concreto sobre los negocios de Ayerbe no se ha cuantificado públicamente, pero la importancia del turismo micológico para las economías rurales está documentada. Un estudio del Gobierno de Aragón, basado en encuestas realizadas en oficinas de turismo, concluyó que el 67% de los micoturistas pernoctaba en el destino, con una estancia media de 3,1 días, mientras que el 33% eran excursionistas. Además, el 45% señalaba la recolección de setas silvestres como principal motivo de la visita; el 40% se identificaba con el turismo micogastronómico y el 15% con el micoturismo cultural. 

El mismo estudio indica que el 10% de las personas encuestadas en las oficinas de turismo había practicado micoturismo en Aragón durante los tres años anteriores. El turismo micológico, además, suele vincularse a otras experiencias: la gastronomía de temporada, las rutas por el entorno, el patrimonio y el contacto con la naturaleza. Si una actividad desaparece del calendario, el perjuicio potencial no se limita a la venta de setas o a los platos elaborados con ellas. Puede afectar al conjunto de la experiencia turística que el pueblo ofrece. 

Aunque estos datos no miden el impacto actual en Ayerbe, muestran el potencial de esta actividad para generar pernoctaciones y gasto en el territorio. Cuando falla la temporada, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del monte. “Se va a notar en el pueblo, en todos los establecimientos”, apuntan desde el hostal local O Callejón de Belchite, en e que se han anulado tres habitaciones de las seis que ofertan. “Esta vez nos salva que tenemos contratadas comidas para otra actividad y otras tres habitaciones para una familia que viene al pueblo por otros motivos”, apuntan desde este hostal, que es un ejemplo de cómo pequeños negocios rurales se ven directamente afectados por la suspensión de eventos tan importantes como lo son las Jornadas Micológicas en la localidad de Ayerbe. 

Una situación que se repite en Aragón 

Ayerbe no es el primer municipio aragonés que afronta una mala temporada micológica. En 2016, la falta de lluvias y las altas temperaturas anticipaban una campaña muy negativa, con preocupación por la repercusión sobre la hostelería. En 2017, la sequía volvió a perjudicar la temporada en comarcas como el Maestrazgo, aunque la situación variaba según el territorio. 

El propio Ayerbe ya había vivido dificultades en 2022, cuando las escasas setas no impidieron mantener una programación divulgativa y gastronómica. Este año, sin embargo, la falta de ejemplares ha llevado a suspender las jornadas, previstas para el último fin de semana de octubre. En 2025, el alcalde apuntaba a la importancia de cuidar el monte: “No vale todo, el monte hay que cuidarlo porque si no, no habrá setas”. 

La decisión de este año recuerda que la adaptación al cambio climático no consiste únicamente en proteger los cultivos o gestionar el agua. También exige pensar cómo diversificar la economía rural, reducir la dependencia de temporadas concretas y mantener el atractivo turístico cuando los recursos naturales escasean.

El medio rural aragonés no se entiende sin sus mujeres. Han trabajado en explotaciones agrícolas y ganaderas, han sostenido negocios familiares, han levantado comercios, cuidado de generaciones enteras y mantenido vivos pueblos en los que los servicios, el empleo y las oportunidades no siempre han estado a la altura de sus necesidades. Sin embargo, una parte de ese trabajo ha quedado relegada a la categoría de ayuda familiar, sin el reconocimiento profesional, económico y social que merece.

Una semana antes de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), el 8 de octubre, en las Cortes de Aragón, la mayoría formada por el PP y Vox rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, impulsada por el PSOE. La iniciativa contaba con el respaldo del resto de los grupos de la oposición, pero no pudo continuar su tramitación parlamentaria. 

La reivindicación del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón comenzó su recorrido institucional en mayo de 2022, cuando las Cortes respaldaron impulsar la iniciativa y el Gobierno autonómico abrió el procedimiento para elaborar la norma. En marzo de 2023, el Ejecutivo llegó a aprobar un proyecto de ley que contemplaba medidas de empleo, emprendimiento, conciliación, prevención de la violencia y participación femenina. Sin embargo, aquel proceso no culminó en una ley.

El freno puesto por la coalición PP-Vox no significa que desaparezcan los derechos que ya reconocen las leyes vigentes, pero sí significa que Aragón se queda, por ahora, sin una ley autonómica específica que reúna y refuerce las medidas planteadas en este estatuto. Una diferencia que las mujeres rurales califican de “importantes” porque una cosa es reconocer que las mujeres rurales son fundamentales para el territorio y otra convertir ese reconocimiento en herramientas concretas para mejorar sus condiciones de vida.

Y mientras Aragón continúa esperando, otras comunidades sí han podido convertir estas demandas en un marco legal. Castilla-La Mancha aprobó su ley en 2019; Andalucía hizo lo propio en 2024, incluyendo a las mujeres rurales y del mar; y Asturias aprobó la suya en 2026. Son precedentes que demuestran que esta clase de legislación autonómica es posible y que Aragón no está ante una reivindicación sin referentes.

Mucho más que una ley: poder elegir dónde vivir y cómo trabajar

La importancia del Estatuto de las Mujeres Rurales reside en su propósito de abordar dificultades que, en muchos municipios, se acumulan: las barreras para acceder al empleo, las dificultades para emprender, la desigual distribución de los cuidados, el reconocimiento insuficiente del trabajo agrario y la escasa presencia femenina en determinados espacios de decisión.

La propuesta presentada en las Corte pretendía actuar sobre estos ámbitos mediante medidas de formación, empleo, emprendimiento, conciliación y corresponsabilidad, prevención de la violencia contra las mujeres y mayor participación femenina en organizaciones rurales. Además, también planteaba reforzar la titularidad compartida de las explotaciones y el reconocimiento de las mujeres como profesionales del sector primario. 

La diputada socialista María Ariño, encargada de defender la iniciativa en las Cortes, resumió esa filosofía con una frase que sitúa la libertad de elección en el centro del debate: “Esta ley no viene a imponer a ninguna mujer cómo tiene que vivir, viene precisamente a hacer todo lo contrario, a darle herramientas para que elija cómo quiere vivir”. Ese es uno de los argumentos esenciales para entender el valor de la norma: no se trata de imponer que las mujeres permanezcan en los pueblos, sino de evitar que la falta de oportunidades condicione su decisión de marcharse.

El trabajo invisibilizado que sostiene el campo y los pueblos

Durante generaciones, muchas mujeres han trabajado en el campo sin figurar necesariamente como titulares de las explotaciones, mientras, al mismo tiempo, se encargaban también las tareas domésticas, el cuidado de familiares y otras responsabilidades esenciales sin las que hubiera sido imposible mantener en funcionamiento las economías familiares. “El titular era otro, el que cotizaba era otro, el propietario era otro y el que decidía, en definitiva, siempre era otro”, apuntaba María Ariño durante su intervención en el debate parlamentario. 

Participar en el trabajo de una explotación no siempre ha significado disponer del mismo reconocimiento, autonomía económica o capacidad de decisión que otros miembros de la familia. Por eso, el estatuto aspira a que las mujeres no sean consideradas únicamente colaboradoras de una actividad económica, sino profesionales con derechos, capacidad de liderazgo y voz propia. 

Otras voces se han sumado a la defensa del Estatuto de las Mujeres Rurales, por ejemplo, la parlamentaria de Chunta Aragonesista Mary Carmen Bozal lo vinculó con “la igualdad, pero también (con) territorio, (...) servicios públicos, (...) empleo, (...) vivienda, (...) cuidados y (...) futuro para todas”. 

Porque la falta de reconocimiento no se limita a la agricultura y la ganadería. También afecta a las mujeres que gestionan pequeños comercios, impulsan iniciativas culturales, trabajan en el turismo rural, prestan servicios profesionales o emprenden en municipios con mercados reducidos y mayores dificultades de acceso a determinados recursos, y que contribuyen de manera activa a mantener las comunidades y a generar actividad económica. En este sentido, en las audiencias legislativas celebradas en las Cortes en mayo de 2025, representantes del ámbito cultural reclamaron expresamente que la futura norma reconociera el papel del trabajo artístico y de la cultura en el desarrollo rural.

El reto del Estatuto no es solamente reconocer a quienes ya trabajan en el campo, sino abarcar la diversidad de mujeres que hacen posible la vida en los pueblos y hacer frente a la desigualdad rural, una lucha que, como apunta Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, “no puede esperar”. 

¿Por qué se ha rechazado? El desacuerdo político sobre las medidas

El PP defiende que comparte el objetivo de mejorar las oportunidades de las mujeres rurales, pero pone en cuestión que el acceso a subvenciones y otros recursos públicos se condicione a alcanzar una representación femenina mínima del 40 % en determinados órganos de dirección. El grupo considera que esa exigencia no se ajusta a la realidad actual de las organizaciones rurales, donde la representación femenina todavía no alcanza esos porcentajes. 

 La discrepancia con la propuesta presentada no se limita al objetivo general de aumentar la presencia de las mujeres, sino que afectaba a la forma de conseguirlo y a las consecuencias de no cumplirlo. La portavoz popular María José Vicente sostiene que una buena intención no convierte automáticamente una norma en una buena ley.  

Vox, por su parte, duda de la utilidad y el enfoque de algunas de las medidas, y califica la propuesta de “imposición ideológica”, centrando además su intervención en el debate de las Cortes en otros problemas del sector agrario, como los precios, la burocracia y el relevo generacional.

Desde el PSOE, María Ariño reprocha al PP haber cambiado de criterio respecto a la tramitación anterior mientras que las organizaciones de mujeres rurales, han expresado su enfado y decepción. Carolina Llaquet, presidenta de FADEMUR Aragón, calificó de “incomprensible” el rechazo, y recuerda todo el trabajo técnico y social desarrollado para impulsar la iniciativa.

La consecuencia más inmediata del freno al estatuto es legislativa: ya que las medidas específicas recogidas en la proposición no adquieren fuerza de ley por el mero hecho de haber sido debatidas. Las disposiciones que ya existen en otras normas siguen vigentes, pero las nuevas garantías y obligaciones propuestas no entrarán en vigor dejando varias cuestiones de calado de nuevo abiertas, como el reconocimiento profesional, la conciliación y la corresponsabilidad, la participación de la mujer en los espacios de decisión, el empleo y el emprendimiento y la prevención de la violencia contra las mujeres, ya que el texto incorporaba actuaciones relacionadas con este ámbito, que no podrán ponerse en marcha a través de esta vía. 

El papel de las organizaciones rurales: del debate institucional a las necesidades reales

La presencia de representantes de asociaciones y colectivos de mujeres rurales en las Cortes durante el debate del 8 de octubre evidenció que el estatuto no es únicamente un asunto entre partidos. Su contenido afecta a quienes viven, trabajan y desarrollan proyectos en los municipios aragoneses.

El encuentro mantenido el 1 de octubre entre Pilar Alegría, Carolina Llaquet y Pilar Pérez ya había mostrado la importancia de la interlocución con las organizaciones rurales. FADEMUR Aragón y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural llevan años trabajando y aportando perspectivas distintas, pero relevantes, sobre las necesidades de las mujeres y las condiciones para mantener la actividad económica y social en los pueblos.

Con el freno del Estatuto, el siguiente paso para las entidades rurales es evitar que las demandas expresadas durante años queden reducidas a un episodio parlamentario, y ello exige seguir escuchando a las mujeres que trabajan en explotaciones, a las autónomas, a las emprendedoras, a las profesionales de los servicios y a quienes sostienen actividades culturales y comunitarias, además de evaluar las medidas con criterios prácticos: qué problemas resuelven, a quién benefician, qué recursos necesitan, cómo se adaptan a municipios de tamaños diferentes y cómo se mide su impacto, apuntan las organizaciones. 

Aragón puede seguir reconociendo en sus discursos que las mujeres son esenciales para el medio rural. Sin embargo, lo urgente es demostrarlo también con decisiones públicas. Porque el futuro del medio rural no se construye solo conservando sus paisajes y sus tradiciones, sino garantizando que quienes quieran vivir, trabajar y emprender en sus pueblos puedan hacerlo con derechos, autonomía y posibilidades reales de elegir su propio camino, especialmente las mujeres. Y para ello, es necesario reunir en un marco autonómico medidas con las que abordar las desigualdades que afectan al empleo, la participación, la conciliación, el reconocimiento profesional y su seguridad y bienestar.

En un pueblo pequeño, coger un coche no siempre es simplemente coger un coche. Para un adolescente puede significar depender de que sus padres puedan llevarle al instituto. Para una persona mayor, tener que pedir un favor a un familiar o a un vecino para ir al médico o hacer la compra. Para una familia, organizar toda la semana alrededor de los desplazamientos. Y para quien ya no conduce, una carretera que sobre el mapa parece corta puede convertirse en una frontera.

En la Bal d’Onsella, la movilidad es una de esas cuestiones que se entienden mejor cuando se viven en el día a día que cuando se cuentan en kilómetros.

La desaparición en 2025 del servicio de autobús que conectaba los pueblos del valle con localidades como Sangüesa y Sos del Rey Católico dejó durante más de un año una realidad difícil de encajar en cualquier mapa de servicios públicos: pueblos habitados, pero sin una conexión regular para salir de ellos. La situación afectaba especialmente a quienes no disponen de vehículo propio, por eso ahora la comarca busca una respuesta desde el propio territorio.

La respuesta tiene nombre: ONsellaMOVE, y forma parte de ONsellaCONECTA, una estrategia impulsada desde la localidad de Urriés que pretende abordar la movilidad como un servicio más necesario para mantener vivos los pueblos. Una furgoneta eléctrica de nueve plazas que tendrá una doble función: por las mañanas trasladará a estudiantes hacia el instituto de Sangüesa y, durante el resto del día, funcionará como transporte bajo demanda para los vecinos. Una idea sencilla, pero fundamental para la supervivencia de estos pueblos.

Para un joven, llegar al instituto también es poder elegir dónde vivir

Para un adolescente de la Bal d’Onsella, estudiar no debería depender del lugar donde haya nacido. Sin embargo, en el medio rural las distancias condicionan decisiones que en una ciudad apenas se perciben. El instituto está fuera del pueblo. Los servicios sanitarios de referencia están fuera. Muchas actividades, compras, trámites o conexiones de transporte también están fuera.

En el caso de los jóvenes, hay que tener en cuenta de que se encuentran cursando la Educación Secundaria Obligatoria “no se trata de un servicio optativo, sino de un derecho fundamental” y de una competencia que corresponde directamente al Gobierno de Aragón y que, sin embargo, “jamás se ha cubierto adecuadamente”, apunta el alcalde la localidad de Urriés, Armando Soria.

“La realidad del territorio es aplastante”, lamenta Armando Soria, y pone un ejemplo: “Una familia que se levanta a las 6 o las 7 de la mañana para ir a trabajar no puede llevar personalmente a sus hijos al instituto si este se encuentra en otro municipio. Al no existir un servicio público de transporte escolar, la única alternativa real para estas familias es depender diariamente de la solidaridad de algún vecino o, sencillamente, verse obligadas a abandonar el pueblo”.

Ante una situación como la descrita anteriormente, y que se repite en numerosas zonas rurales de toda la comunidad, Soria expone que la respuesta por parte de la administración pasa por la concesión de becas de transporte, unas ayudas que llegan a los hogares “con una media de dos años de retraso y que, por si fuera poco, no resuelven el problema de fondo: si no hay nadie disponible para llevar a los niños cada mañana, el dinero a futuro no sirve para nada”, recuerda.

En la localidad de Urriés, donde nace este proyecto de movilidad rural, hay cuatro niños en esta situación a los que se suman dos en Undués de Lerda y uno en Isuerre. En el caso concreto de Urriés, esto afecta de lleno a tres familias enfrentadas a un “dilema crítico: si no se habilita una solución de transporte, tendrán que marcharse del lugar donde han elegido construir su vida”.

Para que familias como estas no se vean obligadas a abandonar el pueblo, ONsellaMOVE quiere empezar por ahí: por garantizar el desplazamiento de los estudiantes hasta Sangüesa. No se trata únicamente de facilitar un trayecto de ida y vuelta. Se trata de que una familia pueda plantearse vivir en un pequeño municipio sin que cada mañana tenga que organizar un complejo sistema de coches, horarios y favores. “Resulta hiriente e incoherente que a las instituciones se les llene la boca hablando de lucha contra la despoblación mientras se ahoga a las familias fallándoles en lo más básico: garantizar el acceso a la educación obligatoria”, clama el alcalde de Urriés.

Porque la movilidad también forma parte de las oportunidades que ofrece un territorio. Y, a largo plazo, de sus posibilidades de futuro.

El coche: la diferencia entre autonomía y dependencia

La otra cara de la movilidad rural aparece cuando llega el momento en que conducir deja de ser una opción. En muchos pueblos pequeños, el vehículo particular ha terminado convirtiéndose en una extensión de los servicios públicos: sirve para ir al médico, comprar, acudir al banco, recoger un medicamento o simplemente encontrarse con otras personas.

Es una necesidad recurrente, y más ahora, ya que con el nuevo mapa concesionario, los habitantes de la zona pueden llegar hoy hasta Sos, “pero desde allí hasta nuestros pueblos están vendidos”, recuerda el alcalde. Y es que solo los viernes los habitantes de la Bal d´Onsella cuentan con combinación de autobús; el resto de los días, para ir o para volver, dependen de la buena voluntad y los favores de vecinos o ayuntamientos para poder bajar a la farmacia, a hacer la compra o a la peluquería. Gestiones y necesidades cotidianas que deberían ser sencillas, pero a las que se les condena a renunciar “solo por el hecho de ser pocos”.

Conscientes de la necesidad y urgencia de garantizar un modelo de movilidad digna cuando no tienes 5.000 usuarios en una línea, el transporte bajo demanda que plantea ONsellaMOVE tiene una importancia que va más allá de la movilidad sostenible. La intención es que vecinos, especialmente mayores y personas sin vehículo, puedan solicitar desplazamientos a localidades como Sangüesa o Sos del Rey Católico para realizar compras, gestiones, acudir a servicios o conectar con otros medios de transporte.

Es una cuestión de autonomía, pero también de dignidad. Que una persona mayor pueda decidir cuándo necesita desplazarse sin tener que esperar a que un hijo, un hermano o un vecino tenga disponibilidad puede parecer algo pequeño. En un pueblo, no lo es.

La dependencia del coche tampoco afecta únicamente a quienes no conducen. Una familia con hijos puede acabar haciendo auténtica ingeniería logística: llevar a los niños al colegio o al instituto, desplazarse para comprar, acudir al médico, realizar trámites y compatibilizar todo ello con el trabajo.

En territorios donde las distancias entre servicios son importantes, el coche acaba absorbiendo una parte considerable del tiempo familiar, y ONsellaMOVE pretende liberar una parte de esa carga. Por eso, el proyecto insiste en que una parte fundamental para entenderlo es comprender que: la movilidad no es un servicio aislado, está relacionada con la educación, la sanidad, el comercio, el empleo, los cuidados y las relaciones sociales. Y si la movilidad falla, todos los servicios se vuelven más difíciles de utilizar.

Una solución pensada para un valle, no para un solo pueblo

Quizá uno de los aspectos más interesantes de ONsellaMOVE sea precisamente que no plantea una solución municipal para un problema municipal. La Bal d’Onsella comparte características y necesidades: pueblos pequeños, población dispersa, servicios concentrados en localidades de mayor tamaño y una fuerte dependencia del vehículo particular. Por eso la respuesta también se plantea de forma compartida.

ONsellaMOVE nace impulsado por el equipo y la experiencia de la plataforma de comercio local RedOnsella que integra a cinco municipios: Undués de Lerda, Isuerre, Lobera de Onsella, Longás y Urriés, lo que supone que durante el año unos 200 vecinos se benefician de un servicio que multiplica su número de usuarios en verano y otras fechas festivas del calendario, incluidos los fines de semana. “Nos encantaría seguir sumando pueblos”, apunta Soria, que reconoce que son muchos los vecinos de otras localidades de la zona que ya acuden a RedOnsella.

El nuevo proyecto, centrado en la movilidad rural, nace dentro de ONsellaCONECTA, una iniciativa que pretende conectar a los distintos municipios del territorio y a sus habitantes. La filosofía en ambos casos es similar: si un pequeño pueblo por sí solo tiene dificultades para mantener determinados servicios, varios pueblos que comparten problemas pueden buscar juntos una solución. No se trata, por tanto, de que cada localidad tenga que inventar su propio sistema, se trata de “hacer comarca”. Una decisión que en territorios rurales, puede ser determinante para su supervivencia.

De acercar la compra a aproximar el transporte

RedOnsella ayuda a entender de dónde nace esta manera de trabajar. La iniciativa surgió para facilitar las compras a los vecinos y, al mismo tiempo, mantener actividad económica dentro del territorio. Vecinos como Charo Ripalda explicaban que podían comprar en el propio entorno y recibir los productos en sus casas sin tener que ir a Sangüesa o a Ejea a hacer la compra antes de subir al pueblo. Otros, como Enrique, vecino de Urriés, destacaban en sus inicios lo fácil que era utilizar este sistema para recibir la compra a domicilio.

Tras cerca de dos años y medio prestando este servicio; vecinos y mayores de Isuerre como Juanita, Pilarín, Gabriela, Esmeralda o Floren; Carmen, Sonia, Charo o Juli en Lobera; o personas como Loli, Mari y Sixto en Urriés, confían y encargan su compra durante todo el año a RedOnsella. “Solo por ver el impacto en sus vidas diarias, este proyecto ya es un rotundo éxito”, subraya Soria.

Además, la red trabaja con más de diez productores locales a los que se les proporciona visibilidad, tienda online y un canal directo de reparto por todo el valle. “Somos conscientes de que debemos seguir buscando fórmulas de crecimiento que refuercen su viabilidad económica a largo plazo. Por eso, aprovechando la nueva licitación de ONsellaMOVE, vamos a volver a licitar también RedOnsella, creando sinergias que optimicen los recursos del territorio”, explica el alcalde de Urriés.

Todos los testimonios recabados sobre esta iniciativa tienen en común algo importante: que un servicio rural funciona cuando acaba formando parte de la vida cotidiana. Y ahora, ONsellaMOVE busca hacer lo mismo pero con los desplazamientos. La primera conecta productos, la segunda conecta personas y ambas parten de la necesidad de encontrar una respuesta a la misma pregunta: ¿qué hace falta para que alguien pueda seguir viviendo en un pueblo pequeño sin que cada necesidad le obligue a marcharse?

A veces, cuando se habla de despoblación, la conversación se centra en atraer nuevos habitantes: vivienda, empleo, conectividad digital, emprendimiento, turismo. Todo eso es necesario, pero existe otra cuestión menos visible: que quienes ya viven en los pueblos puedan desarrollar allí una vida normal. Una vida que pasa por poder estudiar, comprar, ir al médico, trabajar, cuidar o visitar a la familia y amigos.

La movilidad es transversal a todas esas necesidades, y ONsellaMOVE nace como “una pieza más de una política de permanencia”, aseguran sus impulsores, ya que no pretende únicamente que la gente se desplace; pretende que la falta de transporte no se convierta en una razón para abandonar el territorio.

El propio Ayuntamiento de Urriés presenta el proyecto desde esa perspectiva: que los vecinos puedan vivir donde quieren vivir sin sentirse desplazados por la falta de servicios, cuidados o atención.

El reto será convertir la idea en un servicio útil y rentable

El proyecto todavía se encuentra en fase de implantación y el vehículo está pendiente de su puesta en funcionamiento. Por eso habrá que esperar para comprobar cómo responde en la práctica: qué demanda tendrá, qué horarios serán necesarios, qué pueblos utilizarán más el servicio y cómo se adaptará a las necesidades reales de los vecinos.

El primer paso se dará esta misma semana cuando está previsto que el MITECO de el pistoletazo de salida para comenzar a ejecutar los fondos de la subvención. “A partir de ese instante, tendremos que acelerar con los pliegos y licitaciones: la adquisición de la furgoneta, la contratación del conductor o conductora, la adecuación de las instalaciones necesarias y todo el aparataje logístico”, explica Armando Soria.

La parte más compleja será precisar las condiciones de la licitación para la persona u entidad que gestione el proyecto y, sobre todo, “ofrecer un margen operativo suficiente para que quien lo dirija pueda tener la rentabilidad necesaria que garantice la viabilidad y continuidad de ONsellaMOVE en el tiempo”, reconoce Soria.

Sus principales usuarios serán ocho menores estudiantes y más de un centenar de vecinos que llevan años reclamando una solución real y estable para su problema de movilidad en un entorno poco poblado, pero en el que quieren permanecer. Por ello, la verdadera medida del éxito de ONsellaMOVE no será el número de kilómetros que recorra la furgoneta, sino cuántas cosas permitirá hacer a quienes viven en el valle. Porque un pueblo no está vivo solamente cuando tiene habitantes. Está vivo cuando esos habitantes pueden hacer su vida, y saben que pueden salir teniendo la oportunidad de volver a casa.

La tierra vuelve a abrirse en el cementerio de Ejea de los Caballeros. La segunda fase de los trabajos de exhumación de la fosa común en la que se estima que se hallan cerca de 165 personas asesinadas ha permitido recuperar ya 20 cuerpos. El equipo de arqueólogos y antropólogos forenses continuará trabajando hasta finales de octubre con un doble objetivo: terminar de recuperar los restos del espacio que ya había sido abierto y avanzar en un segundo tramo del enterramiento, del que todavía no se sabe cuántas personas puede contener. 

La cifra convierte esta intervención en una de las actuaciones de recuperación de represaliados más importantes que se están desarrollando en Aragón. Los sondeos realizados en noviembre de 2024 ya habían mostrado la dimensión de lo que podía esconder el cementerio: las cinco catas abiertas dieron resultado positivo y en todas ellas aparecieron cuerpos. En una llegaron a contabilizarse al menos siete víctimas en un espacio de apenas un metro cuadrado. La primera estimación situó en torno a 150 el número de personas asesinadas que podían encontrarse en la zona, una cifra que posteriormente se elevó hasta 165. 

En la primera fase de exhumación, desarrollada en 2025, fueron recuperados 23 cuerpos. Ahora, con los 20 restos localizados en esta segunda intervención, el equipo continúa sacando a la luz una parte de las víctimas de la represión que fueron enterradas en este espacio durante las primeras semanas de la Guerra Civil. 

Pero esta nueva campaña no solo está permitiendo recuperar cuerpos. También está aportando información sobre cómo murieron. 

Las heridas que deja la munición 

La mitad de los primeros 20 cuerpos recuperados en esta segunda fase ya han pasado por el proceso de lavado y limpieza. Los restos han sido catalogados atendiendo, entre otros aspectos, al sexo y a las características antropológicas, patologías previas o cualquier otra característica individual que pueda servir para comparar los restos con la información disponible sobre las personas desaparecidas. “Buscamos cualquier característica que pueda ayudarnos a identificarles”, explica Miriam Gracia, antropóloga que participa en los trabajos.

Una de las informaciones más relevantes que están dejando los restos óseos que han salido a la luz tiene que ver con las lesiones. Los especialistas no han encontrado, por el momento, muchos indicios compatibles con torturas, pero sí han localizado, sin embargo, numerosos orificios provocados por proyectiles. 

Son impactos que apuntan a munición de pequeño calibre, procedente de pistolas de unos siete milímetros, un tipo de arma muy habitual durante los años treinta, tal y como asegura el equipo de exhumación. El calibre, por sí solo, no permite reconstruir las circunstancias concretas de cada muerte, pero las características de estos proyectiles aportan una información significativa: para que un disparo de este tipo resultara efectivo y provocara la muerte era necesario realizarlo a muy corta distancia. 

Este es un detalle que golpea especialmente a quienes llevan años trabajando en la recuperación de estas víctimas, como Javier Sumelzo, portavoz de la asociación memorialista Batallón Cinco Villas, quien considera que esta circunstancia permite acercarse a la dimensión de la violencia ejercida contra quienes fueron enterrados en la fosa y habla de “la crueldad de los asesinos”. 

La investigación antropológica, en todo caso, continúa. Cada cuerpo recuperado debe ser tratado de manera individual en un espacio habilitado para ellos en el cementerio de Ejea, que se está quedando pequeño. También serán documentados y estudiados antes de incorporarlos al proceso de identificación genética. El objetivo último sigue siendo poner nombre a los restos y devolverlos a sus familias para que puedan despedirse de ellos y darles sepultura “con la dignidad que merecen”, insiste el equipo. 

Una fosa que todavía no ha terminado de hablar 

La dimensión de la intervención sigue sin estar completamente definida. Las primeras catas realizadas en 2024 localizaron 14 cuerpos y mostraron que el enterramiento podía ser mucho mayor de lo que se había documentado hasta entonces. El cálculo de unas 165 víctimas procede de la investigación histórica y documental realizada por el equipo arqueológico y por la asociación Batallón Cinco Villas, y sigue siendo una estimación abierta. De hecho, los trabajos ya habían advertido de la posible existencia de otros espacios de enterramiento fuera de la zona inicialmente delimitada. 

Y detrás de esa cifra hay decenas de nombres. Los registros conservados permiten reconstruir una parte de la historia de quienes acabaron en este cementerio. Entre las víctimas identificadas en la documentación aparecen vecinos de Ejea como Carmelo Jiménez Aranda, Manuel Ginés Guillén, José Sánchez Sanz, Julia Abadía Navarro, José Lou Llorens o Francisco Longás Urbón, junto a personas procedentes de otros municipios de la comarca y de localidades más alejadas. El censo de patrimonio memorial de Aragón recoge al menos 72 personas naturales o vecinas de Ejea asesinadas en los alrededores de la localidad y señala que muchas de ellas, aunque casi con seguridad no todas, estarían enterradas en la gran fosa del cementerio. 

Pero la fosa de Ejea no es únicamente una fosa de Ejea. La localidad era la cabeza del partido judicial y su cárcel se convirtió durante los primeros meses de la guerra en uno de los principales centros de detención de la zona. Hasta el 31 de diciembre de 1936 fueron detenidas e ingresadas allí 501 personas. De ellas, los registros indican que 333 fueron sacadas de la prisión para ser fusiladas, mientras que otras fuentes y la investigación histórica manejada por los equipos memorialistas sitúan en al menos 365 las personas sacadas de la cárcel para ser asesinadas. 

Por aquella cárcel pasaron vecinos de una veintena de municipios. Entre las localidades que aparecen vinculadas a las víctimas que podrían estar en la fosa figuran Pedrola, Pinseque, Pradilla, Tarazona, Uncastillo, Luesia o Farasdués, además de municipios de Navarra y Soria. 

La fosa sale del cementerio y entra en el pueblo 

La intervención de este otoño está teniendo además una consecuencia que trasciende el propio trabajo arqueológico: la fosa empieza a ser conocida por un número cada vez mayor de vecinos. El trabajo que se desarrolla tras las paredes del camposanto ha despertado el interés de personas que hasta ahora conocían la existencia de la fosa, pero no necesariamente la dimensión de la intervención, y las visitas al cementerio se han incrementado durante esta semana. 

Uno de los momentos que ha contribuido a sacar el proyecto del ámbito estrictamente memorialista ha sido la visita de la periodista y divulgadora Nieves Concostrina. Estuvo el martes en el cementerio, donde conoció de primera mano los trabajos y recibió explicaciones del equipo que está llevando a cabo la exhumación. Horas después trasladó parte de esa información al público durante la conferencia ‘Memoria para indiferentes’, organizada por la asociación Batallón Cinco Villas, con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. La charla se celebró en el Teatro de la Villa de Ejea, que llenó sus 400 localidades y dejó a las puertas a un centenar de personas más sin entrada. 

La visita de la divulgadora tuvo además un elemento especialmente simbólico: la conferencia se abrió con fotografías de la propia fosa de Ejea y con algunos de los datos que los especialistas habían compartido con la periodista durante su visita al cementerio esa misma mañana. 

La memoria dejó así de ser solo una cuestión de archivos, nombres y familias que buscan a sus desaparecidos. Durante unas horas, la fosa se convirtió también en el punto de partida de una conversación pública sobre la violencia de la Guerra Civil y sobre la necesidad de recuperar los restos de quienes fueron asesinados y enterrados sin que sus familias pudieran despedirlos. 

Los estudiantes ante la fosa 

Ese acercamiento entre investigación y sociedad se ha materializado también con la visita de una veintena de estudiantes del Máster de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza al cementerio de Ejea, acompañados por la catedrática Ángela Cenarro. 

Los estudiantes han conocido sobre el terreno cómo se desarrolla una exhumación y escuchar las explicaciones del equipo encargado de los trabajos. No se trata únicamente de

observar cómo se recuperan restos humanos: la fosa permite conectar la investigación histórica con la arqueología, la antropología forense y las futuras pruebas genéticas que pueden conducir a la identificación de las víctimas. 

Es precisamente esa combinación de disciplinas la que explica la dimensión del proyecto iniciado en Ejea. Cuando comenzaron los primeros sondeos, los expertos ya advertían de que no se trataba de una intervención sencilla y la investigación histórica permitirá en un tiempo poner nombres, pueblos y fechas allí donde durante décadas solo hubo interrogantes. 

Los 20 cuerpos recuperados en esta segunda fase todavía no tienen nombre, algunos han pasado ya por las primeras labores de limpieza y estudio antropológico, y después llegará el momento de cruzar la información obtenida de los huesos con los datos de las familias y las muestras de ADN. 

Los trabajos de esta fase, liderado por equipo del director arqueológico Javier Ruiz y sufragados con recursos del Ayuntamiento del Ejea, continuarán hasta finales de octubre con la incertidumbre de conocer cuántas personas permanecen bajo tierra en el segundo tramo, anegado de lodo por las lluvias de esta semana, que pronto empezará a ser explorado.

Un río puede ser frontera y, al mismo tiempo, camino. El Algars separa Aragón de Catalunya en los mapas, pero la vida alrededor de sus orillas cuenta una historia bastante menos ordenada. En la Vall Rovira, en Arens de Lledó, la asociación Boodaville lleva años experimentando con otra manera de trabajar la tierra y de vivir en sociedad. Con la mayoría de edad cumplida, esta asociación ha decidido dar un paso más en su proyecto Rovira Regenerativa. 

En una segunda fase, ha recaudado 15.200 euros a través de la puesta en marcha de una campaña de micromecenazgo. La cifra supera el objetivo mínimo de 14.000 euros que se había marcado la campaña y, ahora, la asociación tiene la mirada puesta en una nueva parcela que albergará un equipamiento pensado como un lugar abierto al pueblo.

Al otro lado del río, en Caseres, prepara un nuevo espacio donde poder compartir lo aprendido hasta ahora y buscar respuestas a la pregunta que Lou Gurney, responsable del proyecto, planteaba al presentar la campaña de micromecenazgo: “¿Y si cultivar alimentos pudiera sanar la tierra, fortalecer la comunidad y crear medios de vida viables todo al mismo tiempo?”.

El diseño incluye un huerto comunitario con plantas autóctonas que funcione también como banco de semillas y espacio informativo; un vivero de plantas y árboles para futuros sistemas agroforestales; y una pequeña tienda de productos locales. También quieren que sea un punto de encuentro donde realizar talleres, propiciar el intercambio de conocimientos y poner en marcha actividades. En definitiva, se plantea como una manera de abrir el proyecto a más personas ofreciendo un lugar donde la vecindad pueda encontrarse.

Una experiencia que nace en Aragón y borra fronteras

Antes de pensar en el jardín de Caseres hubo una finca. Y antes de Rovira Regenerativa hubo Boodaville. Lou Gurney está al frente de la asociación desde 2008, cuando comenzó a desarrollar en la Vall Rovira una finca demostrativa de unas 1,5 hectáreas basada en los principios de la permacultura. Rovira Regenerativa nació y se desarrolló en la provincia de Teruel, y durante años, el espacio ha acogido cursos, voluntariado, intercambios juveniles y experiencias educativas.

En 2022, dieron un paso más y giraron la mirada hacia el viñedo vecino: dos hectáreas de viñas que llevaban dos años sin actividad, propiedad de Benita y Manuel quienes aseguran que les “dolía verlas abandonadas”. Dos años después, el equipo entró en el terreno, y con la ayuda y la experiencia de Benita, recogió las uvas y consiguió elaborar cientos de botellas de vino. Aquella intervención acabó convirtiéndose en el punto de partida práctico de Rovira Regenerativa. Este año, una vez finalizada la campaña, cuentan que tienen 459 botellas listas. “El vino regenerativo, combinado con la lucha contra la despoblación, es un mensaje muy potente que interesa a la población local”, aseguran desde la asociación. 

La finca se ha ido ampliando y cambiando, y hoy el proyecto trabaja sobre unas ocho hectáreas de viñedo, bosque y almendros y aplica un diseño agroforestal que pretende combinar producción agrícola, recuperación del suelo, biodiversidad y mejor gestión del agua. Aunque la viña sigue siendo el cultivo principal, alrededor se incorporan olivos, frutales, plantas aromáticas, verduras perennes y especies silvestres: “La idea del diseño de agroforestería es que tenemos muchas especies diferentes”, explica Gurney. 

No se trata, por tanto, de sustituir una plantación por otra. Lo que se pretende es construir un sistema en el que diferentes elementos tengan una función propia y en el que la producción agrícola conviva con la regeneración del ecosistema, contando también con la fauna: “los animales son una pieza clave para un sistema de agricultura regenerativa”, aseguran.

El agua: protagonista en un paisaje mediterráneo y seco 

La sequía de los últimos años ha sido uno de los grandes caballos de batalla de la finca: “un aprendizaje”, añaden. Al trabajar a orillas de una río, el Algars, y de tener sus aguas como fuente de riqueza y reconocimiento, el proyecto ha decidido trabajar con especialistas en hidrología para diseñar un sistema que permita captar mejor el agua de lluvia y mantenerla durante más tiempo en el terreno. El objetivo es que “el agua no atraviese la finca rápidamente, sino que pueda alimentar el suelo y favorecer la vida”, explican.

La agricultura regenerativa, se plantea como respuesta a un problema muy concreto: cómo seguir produciendo en un territorio donde cada vez resulta más difícil gestionar el agua y mantener la fertilidad del suelo. En 2023 llegaron 1.500 ejemplares de árboles a través de Life Terra. Principalmente especies productivas y otras destinadas a crear estructura y diversidad dentro del sistema. El propio proyecto reconoce que algunos de esos árboles tuvieron que afrontar su primer año en unas condiciones de sequía especialmente duras.

Las personas en el centro del proyecto

Una de las partes menos visibles de Rovira Regenerativa está fuera de las parcelas. Boodaville ha construido alrededor de la finca una red internacional de voluntarios, estudiantes y participantes. Según los datos facilitados por el proyecto, más de 1.500 personas de 30 países han pasado por sus actividades.

Es también un lugar de aprendizaje que, en esta nueva fase del proyecto, se propone dar un salto de escala y también de público. Hasta ahora, la asociación ha contado con la experiencia de los agricultores de la zona, y sus recursos, por ejemplo, utiliza estiércol de caballos procedente de vecinos, sin químicos, para enriquecer el suelo. Ahora, el objetivo es implicar a esos vecinos para que también dispongan de un espacio donde conocerse y compartir experiencias. 

Así, mientras que en la finca de Arens de Lledó se trabaja la tierra, en Caseres se quiere trabajar, además, la relación con el pueblo. El futuro jardín se ha proyectado como un lugar donde alguien pueda acercarse a aprender qué plantas son propias del territorio, llevarse una planta, intercambiar semillas, participar en un taller o comprar un producto elaborado cerca por sus propios vecinos, con la misma calidad y criterios que ellos.

Es una apuesta pequeña en tamaño, pero ambiciosa en lo que pretende provocar, aseguran desde la asociación, que lucha para que “el conocimiento generado en una finca experimental no se quede dentro de ella”. 

La elección de Caseres responde a “la lógica geográfica”. La finca de Boodaville está en Aragón, pero este municipio catalán es la localidad más cercana, un territorio que la propia organización define como “situado entre Catalunya y Aragón”, y que permite al proyecto crecer siguiendo el territorio que el río Algars ya habita. Rovira Regenerativa quiere probar si lo que empezó como una experiencia agrícola puede convertirse también en un lugar de encuentro para las personas que habitan a orillas del río. De momento, han conseguido algo más sencillo: que una semilla tenga dónde plantarse.

Francisco, agricultor de Ciudad Real, llegó este martes a repostar su tractor y comprobó en el surtidor cuánto ha cambiado la factura en apenas seis meses. El litro de gasóleo agrícola costó 1,588 euros. Navarro asegura que antes de la escalada de precios pagaba alrededor de un euro o, como mucho, 1,10 euros. “Es devastador”, lamenta mientras muestra el ticket del repostaje. Su caso resume el problema al que se enfrenta buena parte del campo español: trabajar cuesta cada vez más y el agricultor no puede trasladar automáticamente ese incremento al precio de lo que produce.

Félix y Vicente son dos jóvenes aragoneses que trabajan proporcionando servicios a los agricultores con su maquinaria agrícola. Esta subida pone en jaque sus trabajos: “Tendría que subir la hora de trabajo a los agricultores” reconoce Félix, que señala que a la subida del precio de las horas de taller, el de las ruedas y los recambios de la maquinaria ahora también tienen que asumir la subida en el gasóleo “y sin el combustible no podemos salir al campo, es fundamental”, añade Vicente. 

El precio medio ponderado nacional del gasóleo agrícola alcanzó el 7 de septiembre los 1,405 euros por litro, según el último informe semanal del Ministerio de Agricultura. Son 14,3 céntimos más que un año antes y un 45,6% más que el 23 de febrero, cuando se situaba en 0,96 euros. Con la referencia media nacional, llenar un depósito de 300 litros cuesta ahora 421,50 euros, frente a los 289,50 euros de entonces. La diferencia es de 132 euros por depósito.

La subida no puede llegar en “peor momento”, aseguran los agricultores. Y es que justo en estas semanas comienza una de las campañas que más maquinaria exige. España cuenta con cerca de 5,75 millones de hectáreas de cereal de grano, de las que aproximadamente 4,93 millones son de secano, según los datos provisionales de la ESYRCE 2025. Si se toma como referencia un consumo de entre 50 y 70 litros de gasóleo por hectárea, el incremento del precio respecto a septiembre de 2025 supone entre 7,15 y 10 euros más por hectárea. Aplicado a una superficie equivalente a todo el cereal de secano español, la subida se traduce en una horquilla de gasto de entre 35 y 49 millones de euros adicionales en combustible, aunque se trata de una estimación y no de un cálculo oficial de los costes de la campaña. Unos costes que algunos agricultores prevén que puedan llegar a disparar hasta 70 u 80 euros más por cada hectárea trabajada.

Además, el calendario añade otra preocupación: el 30 de septiembre termina la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola. Si no se prorroga, el sector afrontará desde el 1 de octubre el final de una medida que permite compensar parte del incremento del combustible. En este sentido, COAG reclama que la ayuda se mantenga al menos hasta final de año y que se revise el límite máximo de 20 céntimos por litro.

Un 45,6% más de precio por el mismo combustible

El incremento registrado durante los últimos meses tiene su origen en la fuerte subida experimentada por los carburantes después del inicio del conflicto en Oriente Medio. El precio medio nacional del gasóleo agrícola pasó de los 0,96 euros por litro de finales de febrero, a los 1,405 euros registrados el 7 de septiembre. Además, los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -MAPA- muestran diferencias entre los surtidores convencionales y los de las cooperativas agrarias, que ofrecen precios inferiores.

El resultado es que el coste del combustible se ha convertido en una partida cada vez más importante para unas explotaciones que necesitan maquinaria para prácticamente todas las fases del cultivo. Preparar la tierra, abonar, sembrar, aplicar tratamientos y recolectar implica consumo de gasóleo, aunque la cantidad varía considerablemente según el cultivo, el terreno y el sistema de laboreo.

COAG considera que la magnitud de la subida hace insuficientes las medidas actualmente vigentes, por eso, la organización agraria ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura para reclamar una respuesta ante este “drástico” aumento de los costes.

Casi cinco millones de hectáreas de cereal afrontan ahora el encarecimiento

El problema adquiere especial relevancia por el peso del cereal en la agricultura española. Según los resultados provisionales de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos de 2025, España tenía 5,746 millones de hectáreas de cereales de grano, de las que 4,93 millones correspondían a superficies de secano.

La próxima campaña obliga a los agricultores a asumir buena parte de los gastos necesarios para poner la tierra en condiciones óptimas para la siembra. En el conjunto del país, si se aplicara el incremento de 14,3 céntimos por litro a un consumo de 50 litros por hectárea, el sobrecoste sería de 7,15 euros; con 70 litros, alcanzaría los 10 euros. Sobre 4,93 millones de hectáreas de cereal de secano, el resultado sería de aproximadamente 35,2 millones de euros en el primer escenario y 49 millones en el segundo.

Como dato, ASAJA calcula que actualmente son necesarias unas tres toneladas por hectárea en secano y cinco en regadío únicamente para cubrir costes. En el caso del maíz, sitúa los costes en torno a 2.600 euros por hectárea. Por lo tanto, una explotación media que consume unos 15.000 litros al año habría pasado de gastar unos 12.000 euros en 2021 a unos 24.000 euros con los precios actuales, según los cálculos de esta organización agraria. 

Pero la preocupación se extiende además a otras actividades del sector primario en las que el gasóleo interviene directamente. Todos los cultivos, además del cereal, se ven perjudicados por el sobre coste del gasóleo, y se suma a la lista el transporte de las producciones, de modo que el aumento del carburante afecta de manera directa o indirecta a toda la cadena productiva.

El 30 de septiembre se acaba la ayuda. Y ahora ¿qué?

El siguiente punto de inflexión tiene una fecha concreta: el día 30 de septiembre de 2026. Ese día finaliza el periodo de aplicación de la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola aprobada por el Gobierno durante el verano, mediante el Real Decreto-ley 18/2026, para amortiguar el incremento de los carburantes.

Así, desde el 1 de julio, la ayuda se calcula sobre el diferencial de precio y puede alcanzar hasta el 70% de esa diferencia, aunque con un tope de 20 céntimos por litro. Según los cálculos de COAG, con el precio actual ese límite impide compensar todo el sobrecoste: la organización estima que el agricultor continúa soportando 42,7 céntimos adicionales por litro y que 22,7 céntimos quedan fuera de la ayuda máxima.

La situación fiscal tampoco es idéntica a la de los primeros meses del año. Y es que la evolución prevista para el gasóleo B -Gasóleo agrícola- se ha reducido y desde el 1 de julio volvió a aplicarse el IVA general del 21%, frente al tipo reducido del 10% que había estado vigente durante la primera mitad del año, tal y como señalan desde la organización profesional agraria COAG.

Desde este escenario, el sector mira ahora al 1 de octubre con incertidumbre. Si no se aprueba una nueva prórroga, desaparecerá la ayuda extraordinaria y aumentará el coste efectivo del combustible para agricultores y ganaderos. Los sindicatos calculan que el desembolso en el surtidor aumentaría otros 9,2 céntimos por litro con el final de las medidas actualmente vigentes. 

La organización COAG no ha sido la única en reclamar al Gobierno que prorrogue las medidas al menos hasta el 31 de diciembre de 2026. UPA Castilla y León ya reclamó el 14 de agosto que el Gobierno prolongase hasta finales de año la ayuda actual de 20 céntimos por litro. La organización considera que la medida es insuficiente ante el elevado precio del combustible y calificó su extensión como una actuación “prioritaria”.

De Aragón a Madrid: un problema que se repite

El testimonio de Francisco, el de Félix o el de Vicente, no son casos aislados. El encarecimiento de los carburantes ya había provocado protestas y reclamaciones de las organizaciones agrarias en distintas comunidades durante los últimos meses.

En marzo, agricultores madrileños denunciaban que el aumento del coste del combustible podría suponer unos 4.000 euros adicionales durante el ejercicio y, por ello, reclamaron un sistema de gasóleo profesional que permitiera al sector trabajar con un precio más estable.

Las organizaciones agrarias de Castilla y León también denunciaron durante la primavera fuertes incrementos del gasóleo B. COAG Castilla y León llegó a situar en abril el precio en algunos puntos de la comunidad por encima de 1,50 euros por litro y reclamó medidas para evitar que la escalada de costes recayera directamente sobre las explotaciones.

En este sentido, la organización agraria ASAJA da un paso más: Reclama a las administraciones que vigilen la formación de los precios y cuestiona la rapidez con la que las subidas del crudo se trasladan al surtidor, poniendo el foco, además, en la fiscalidad de los carburantes al señalar que los costes de producción —carburantes, fertilizantes y semillas— están aumentando mientras los precios de venta permanecen prácticamente estancados.

En este escenario y con los precios actuales, las organizaciones agrarias consideran que la subida compromete “seriamente” la rentabilidad de la campaña de cereal, ya que “si el agricultor no puede asumir el coste de sembrar, el problema puede terminar afectando a la producción de cereal y al conjunto de la cadena agroalimentaria”, ha advertido el secretario general de COAG, Andrés Góngora.

Tanto por parte de los agricultores y prestadores de servicios al sector primario, como de las organizaciones agrarias profesionales, sus reclamaciones coinciden en un mismo punto: el combustible es un coste que el agricultor necesita asumir antes de obtener su producción y que no siempre puede recuperar después a través del precio de venta.

Por eso, mientras los tractores comienzan a preparar las tierras para la próxima campaña, el campo español afronta dos incógnitas simultáneas: cuánto seguirá costando el gasóleo y qué medidas estarán vigentes cuando llegue el 1 de octubre.

Sentarse en un banco de El Burgo de Ebro, levantar la vista y encontrarse con una pequeña puerta hacia el pasado será algo posible dentro de muy poco en esta localidad de la provincia de Zaragoza. Una placa llevará el nombre de uno de los vecinos mayores que protagonizan Batallitas Rural y, junto a ella, un código QR. Bastará con escanearlo para escuchar su voz, conocer sus recuerdos y descubrir cómo era el pueblo cuando ellos eran jóvenes. El banco seguirá ahí, en la calle, pero también quedará convertido en un pequeño archivo de memoria. Es la particular forma que ha encontrado El Burgo de Ebro para que las historias de sus mayores no se pierdan.

Recuerdos que se han contado una y mil veces en las sobremesas, en las plazas, en las cuadrillas o al calor de una conversación familiar. Historias aparentemente pequeñas que, sin embargo, explican cómo era la vida de todo un pueblo, salen de la sobremesa para convertirse en Patrimonio compartido. 

Clemente Aguirán, a sus 75 años, tiene unas cuantas Batallitas en su archivo de vivencias de juventud. Entre plato y plato, en las comidas familiares, suele contárselas a sus nietos, David, de 14 años, y Silvia, de 7. Ellos escuchan con cariño y también con cierta sorpresa al imaginarse a su abuelo perdiendo los dientes de leche después de darse un golpe con una caballería. O cuando descubren que aquel abuelo suyo también fue joven, juerguista y podía llegar a casa cuando quisiera, aunque al día siguiente tuviera que levantarse temprano para ir a trabajar. 

El de Clemente es uno de tantos testimonios, que junto con los de Paquita Monterde, Ángel Pérez y otros cuatro vecinos más, en total siete testimonios que se recogen en un formato sencillo, pero eficaz: en la calle, sentados en una silla con un micrófono a plena luz del día, como si de una tarde a la fresca se tratara. 

La memoria del pueblo, contada por quienes la vivieron

A través del formato de video podcast, Batallitas Rural busca poner en el centro a personas mayores con una vinculación especial con el municipio y que tengan recuerdos, experiencias o anécdotas capaces de contar una parte de la historia de El Burgo de Ebro.

El proyecto nace de Volies, una organización especializada en voluntariado e impacto social, y está impulsado por Amazon, que cuenta con uno de sus centros de datos en el municipio. “Para AWS InCommunities apoyar este proyecto supone conectar dos generaciones de la misma comunidad, y que la gente joven de nuestros equipos locales aprenda del legado que los mayores atesoran, al tiempo que acercamos a las personas mayores la mirada actual de un mundo más digital que el que ellos conocieron”, explica Carlos Valdés, responsable de -Amazon Web Services- AWS InCommunities para el sur de EMEA.

El Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, por su parte, colabora en la iniciativa y ha sido parte activa de la selección de los protagonistas. La fórmula se planteó desde el principio como un concurso abierto a los vecinos. Cualquier persona podía proponer a un mayor cuya trayectoria, experiencias o manera de ser representasen la esencia del pueblo. Los candidatos debían tener preferentemente más de 65 años y estar empadronados en El Burgo o haber mantenido una vinculación importante con la localidad.

Vicente Royo Martínez, alcalde de El Burgo de Ebro, destaca el valor de dejar ese legado a las generaciones futuras: “Son recuerdos que podrán ver sus hijos, sus nietos y futuras generaciones. Es una forma de conservar la historia del pueblo contada por quienes la vivieron”. No se trata de buscar grandes personajes ni de reconstruir la historia oficial del municipio. El objetivo era encontrar a quienes conservan en la memoria esas pequeñas piezas que, juntas, explican una época y a un pueblo. 

Un banco como cápsula del tiempo

La grabación se ha llevado a cabo en El Burgo, recogiendo los recuerdos de la vida rural, de las antiguas fiestas y de una época en la que la agricultura constituía uno de los principales medios de vida. Algunos de los participantes confiesan que se han llegado a emocionar al poner en palabras delante de una cámara algunos episodios de su juventud.

Y es que, aunque en apariencia Batallitas recoge relatos menores –historias de abuelos que vuelven una y otra vez sobre episodios que sus familias ya han escuchado–, juntas dibujan el retrato de una generación y, con él, el de un pueblo.

Los protagonistas seleccionados darán nombre a bancos apadrinados por Batallitas Rural. En cada uno habrá una placa con su nombre y un código QR que permitirá acceder al episodio que protagoniza. Así, una conversación grabada en 2026 podrá escucharse en el espacio público y quedar vinculada físicamente al pueblo.

La idea es sencilla, pero simbólica, porque un banco sirve para sentarse, pero el código QR invita a detenerse un poco más. Y al otro lado del teléfono aparecerá una persona que quizá vivió en ese mismo lugar durante décadas y que puede contar cómo era antes. La tecnología, en este caso, no sustituye a la memoria sino que la conserva y la hace accesible a todas las personas que, a partir de ahora, pasen por la localidad. 

De una conversación a un archivo vivo

El Ayuntamiento define el proyecto como una forma de preservar la memoria colectiva y la identidad de El Burgo de Ebro, al tiempo que busca combatir la soledad no deseada y favorecer el encuentro entre generaciones, una idea que también apuntan desde la organización del proyecto. 

El videopodcast crea un espacio para que los mayores hablen de su vida, de sus recuerdos y de las transformaciones que han visto en el municipio. Y lo hace acompañándolos de voluntarios de Amazon y miembros de la comunidad, en conversaciones “concebidas desde la cercanía”, con una dimensión que va más allá del formato audiovisual, tal y como explica Volies que insisten en defender este proyecto como una forma de preservar la memoria colectiva, reforzar la identidad local, contribuir a combatir la soledad no deseada y generar vínculos intergeneracionales. 

En el caso de El Burgo de Ebro, esa conexión adquiere un significado particular. Amazon está presente en el municipio a través de su centro de datos y el proyecto busca precisamente que esa presencia empresarial tenga también una “dimensión de comunidad”. Volies explica que la iniciativa quiere reconocer a las personas mayores que representan la esencia de cada municipio, preservar su historia y crear vínculos entre generaciones. Y, en su planteamiento, también supone una manera de estrechar la relación entre las empresas que están empezando a formar parte de un territorio, no exentas de polémica, y las comunidades en las que desarrollan su actividad.

En cada municipio donde se asienta temporalmente Batallitas Rurales, el proyecto busca aliarse con ayuntamientos, fundaciones o el voluntariado corporativo de empresas tecnológicas o energéticas localizadas en la zona para financiar y producir los episodios.

En la actualidad, El Burgo de Ebro cuenta con un centro de datos operativo; con una superficie construida de 13.350 m² y diseñado para escalar progresivamente hasta alcanzar una potencia de 100 MW a pleno rendimiento, y un macrocomplejo adicional en fase de construcción que albergará cuatro edificios sobre una parcela total de 97.065 m², con una demanda de consumo energético de 1.766.000 MWh al año y una infraestructura hídrica que requerirá casi 200.000 metros cúbicos de agua al año para su refrigeración (equivalente al consumo de una localidad de 5.000 habitantes) tomados del Canal Imperial de Aragón.

El Burgo de Ebro no es la única localidad española donde se ha implantado Batallitas Rural; antes estuvo en Palos de la Frontera (Huelva), donde la energética Moeve (antes Cepsa) ha iniciado la construcción de una planta de hidrógeno renovable. Palos de la Frontera no alberga servidores, como El Burgo de Ebro, pero sí que se proyecta como el lugar donde se generará la energía limpia que estos necesitan.   

El pueblo, los verdaderos protagonistas

El estreno de los episodios está previsto para el 23 de octubre de 2026, Día Internacional de las Personas Mayores, en una ‘premiere’ abierta a los vecinos. El Ayuntamiento ha planteado el encuentro como un auténtico estreno cinematográfico, con los protagonistas como estrellas de la jornada.

Después de ese día, cuando las luces se apaguen, quedarán las grabaciones, los bancos y los códigos QR. Pero, sobre todo, quedarán las voces de estos vecinos y vecinas. Porque un pueblo no solo se construye con calles, edificios o documentos. También se levanta y se mantiene gracias a aquello que alguien recuerda cuando le preguntan cómo era la vida antes allí. Y en El Burgo de Ebro han decidido que esas historias, merecen ser conservadas antes de que se las lleve el tiempo.

Tauste, localidad zaragozana ubicada en la comarca de las Cinco Villas, tiene sobre la mesa el proyecto de una planta de valorización de residuos para la producción de biometano y otra de fabricación de fertilizantes, ambas promovidas por Biorig Energy Tauste. La iniciativa se encuentra en tramitación ambiental ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), que abrió el pasado 17 de agosto el periodo de información pública del estudio de impacto ambiental y del proyecto básico de autorización ambiental integrada.

Según la documentación difundida, la instalación ocupará una superficie de alrededor de 106.700 metros cuadrados y tendrá capacidad para procesar unas 260.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, procedentes fundamentalmente de la actividad agropecuaria. La producción prevista supera los 15,6 millones de metros cúbicos de biometano al año —que se inyectarían a la red gasista—, además de unas 262.254 toneladas anuales de fertilizante orgánico.

La dimensión de la infraestructura es precisamente uno de los elementos que ha llevado a A Vecinal a pedir un debate más amplio. Este movimiento ciudadano ha presentado alegaciones al proyecto, sobre el que cuestiona la idoneidad del emplazamiento. Además, la asociación abre el debate sobre el modelo de desarrollo territorial que promueve este tipo de actividad en zonas rurales como Tauste o Ejea de los Caballeros. «Tememos que pueda generar un efecto llamada para más instalaciones ganaderas de diferente índole», advierte el presidente del colectivo vecinal, Paco Sánchez Murillo.

La pregunta de A Vecinal: no solo qué planta, sino dónde

La asociación ya se hizo conocida en Tauste por su oposición a la ubicación inicialmente prevista para un lavadero sanitario de camiones, promovido por una Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) vinculada al sector porcino. En aquel caso, A Vecinal consiguió movilizar más de 1.300 alegaciones de los vecinos y defendió que el problema no era la actividad en sí, sino su proximidad a zonas habitadas y a determinados equipamientos del municipio, especialmente a la residencia de personas mayores Sancho Abarca III.

Ahora, la entidad considera que una instalación de estas dimensiones merece ser analizada no solo desde el punto de vista industrial, sino también territorial. Entre sus preocupaciones figuran la cercanía al casco urbano, el tráfico pesado previsto, los malos olores, la gestión de los residuos y subproductos resultantes, así como las características hidráulicas de los terrenos elegidos.

En este sentido, la asociación sostiene que la parcela se encuentra junto a un barranco que actualmente recoge aguas y filtraciones procedentes de los regadíos; un punto que, según explica Sánchez, «cumple la función de colector con una amplia cuenca pluvial que ya nos ha dado problemas en caso de lluvias torrenciales».

El colectivo busca ir un paso más allá. A corto plazo, plantea organizar charlas y asambleas informativas abiertas al vecindario, con la posibilidad de contar con la participación de la propia empresa promotora si se considera oportuno.

El objetivo es dar «voz y participación» a una ciudadanía que considera que todavía no se siente suficientemente concernida por el proyecto. Desde A Vecinal apuntan además a una cuestión que trasciende el caso concreto de Tauste: la percepción de que en poblaciones más pequeñas resulta más fluida la concienciación y la participación ciudadana ante problemas que afectan directamente al territorio. Por ello, la intención de la agrupación es que el debate no quede restringido a quienes han presentado alegaciones o siguen la tramitación administrativa, sino que alcance al conjunto de la población.

El alcalde defiende la utilidad de la planta, pero remite al INAGA

El Ayuntamiento de Tauste también ha fijado una primera posición pública. El alcalde, Miguel Ángel Francés, considera que una infraestructura de estas características puede resultar útil para gestionar los purines generados por las numerosas explotaciones porcinas de la zona. Francés señala que este tipo de plantas permite «transformar un producto que, desgraciadamente, en esta zona está muy presente». Al mismo tiempo, insiste en que las instalaciones deben cumplir «escrupulosamente todos los requisitos» y traslada al INAGA la responsabilidad de determinar la viabilidad ambiental del proyecto.

El regidor apunta asimismo que durante el periodo de exposición pública no se presentaron alegaciones en el Consistorio, mientras que A Vecinal sí las ha formalizado ante el procedimiento ambiental abierto por el Gobierno de Aragón.

La postura municipal introduce así otro elemento en la discusión: la planta puede contemplarse como una herramienta para abordar uno de los problemas derivados de la elevada carga ganadera de la comarca, pero su autorización deberá quedar condicionada al cumplimiento riguroso de las exigencias ambientales y administrativas.

260.000 toneladas implican transporte y digestato

La cifra de 260.000 toneladas anuales permite vislumbrar la magnitud logística del complejo, aunque no basta por sí sola para calcular el volumen de tráfico pesado: para ello es necesario conocer la capacidad media de los vehículos, los días de funcionamiento, el origen de los residuos y el porcentaje que llegará por cada ruta.

Por esta razón, la vecindad exige que el mapa de procedencia de los residuos y las rutas de transporte formen parte del debate público. El impacto difiere sustancialmente entre una instalación abastecida mayoritariamente por explotaciones situadas a pocos kilómetros y otra que necesite captar materia prima de un ámbito geográfico mucho más amplio.

A ello se suma la gestión del digestato, el material resultante tras la producción del biogás. El balance ambiental de una planta no termina en la puerta de salida del biometano. La digestión anaerobia no destruye los nutrientes de los residuos ganaderos; una parte importante permanece en el digestato, que debe ser tratado, comercializado o aplicado como fertilizante.

Esta circunstancia puede constituir una ventaja si existe una planificación agrícola adecuada, pero exige precisar la cantidad de producto que se generará, su composición, los lugares de destino, la superficie agrícola disponible y los controles que se aplicarán.

El gasoducto, un factor clave en el interés de la zona

En las Cinco Villas existen, al menos, dos grandes iniciativas en fase de información pública: la de Tauste y otra en Ejea de los Caballeros. El proyecto de Ejea, promovido por Cinco Villas Green Gas, contempla el tratamiento de unas 400.000 toneladas anuales y la producción de alrededor de 111 GWh de biometano, situándose a unos 3,6 kilómetros del casco urbano.

Entre Tauste y Ejea, ambas instalaciones suman una capacidad prevista de tratamiento superior a las 650.000 toneladas anuales. Si a este escenario se añade el proyecto de Calamocha, la cuestión deja de ser puramente municipal. El interrogante es si Aragón debe evaluar estas instalaciones caso por caso o si convendría definir qué modelo de implantación de plantas de biogás y biometano desea para sus comarcas rurales y qué capacidad de absorción tiene cada territorio.

La ubicación de Tauste y Ejea no es casual. La zona dispone de infraestructura gasista y, en el caso de Tauste, se ha tramitado una nueva posición en el gasoducto Gallur-Tauste-Ejea para permitir la inyección directa de biometano en la red. Esto facilita que una materia prima abundante en una comarca ganadera se transforme en gas renovable y se distribuya con facilidad.

Sin embargo, esta ventaja técnica explica también la inquietud de colectivos como A Vecinal: si la presencia de gasoductos convierte a determinados municipios en polos de atracción para estas plantas, ¿qué criterios se emplearán para decidir cuántas pueden instalarse y en qué ubicaciones?

Calamocha también se moviliza

Un caso significativo es el de Calamocha (Teruel), donde también hay proyectada una planta de biometano a partir de residuos agrícolas y ganaderos. La iniciativa, promovida por Casiopea Green Gas, contempla una inversión superior a los 17 millones de euros y fue declarada de interés público por el Ayuntamiento en 2025. Posteriormente, el Gobierno de Aragón la declaró «inversión de interés autonómico».

La situación en Calamocha guarda un paralelismo evidente con la de Tauste: en ambos municipios la actividad ganadera genera un problema de gestión de purines y las plantas de biogás se presentan como una posible vía de solución.

El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, explicó recientemente la postura municipal y la problemática local. En rueda de prensa, Rando señaló que el municipio ya padece una afección por purines y nitratos que podría agravarse con el crecimiento previsto de la cabaña porcina. El regidor defendió el peso de la ganadería en la economía local, pero advirtió de que la contaminación de las aguas por nitratos requiere soluciones urgentes.

En este contexto, Rando sostiene que «una planta de biogás puede ser parte de la solución siempre que cumpla los requerimientos establecidos». No obstante, la postura del Ayuntamiento contrasta con la oposición vecinal. La plataforma Stop Biogás Jiloca reconoce que el problema de los purines es real y que el biogás puede ayudar a mitigarlo, pero cuestiona el sobredimensionamiento y la cercanía de la planta a los núcleos poblados.

El escenario de Calamocha demuestra que el debate trasciende el posicionamiento a favor o en contra del biometano. Plantea dudas sobre la escala que deben tener estas plantas, su localización, el volumen de residuos a tratar y la garantía de que la solución a un problema ambiental no genere nuevos impactos en el territorio.

De hecho, el Ayuntamiento de Calamocha y la promotora han intentado acercar el funcionamiento de estas infraestructuras a la población local. En marzo, una delegación de concejales y representantes asociativos visitó en Alemania varias plantas de la empresa para conocer su operación sobre el terreno y resolver dudas respecto al proyecto turolense.

Un debate de alcance autonómico

Los casos expuestos ponen de manifiesto que la controversia sobre el biogás y el biometano está adquiriendo una dimensión autonómica. Tauste, Calamocha y Ejea de los Caballeros forman parte de un fenómeno más amplio donde confluyen la gestión de residuos ganaderos, la producción de energía renovable, las oportunidades económicas para el medio rural y las incertidumbres sobre sus impactos ambientales, logísticos y territoriales.

Aragón vive un notable auge de proyectos de biogás y biometano. En marzo de 2026 figuraban 75 iniciativas en distintas fases de tramitación en la comunidad, según datos del Gobierno de Aragón, si bien el número de instalaciones en funcionamiento es aún muy reducido.

Asimismo, 22 proyectos habían superado ya el periodo de información pública desde 2022, repartidos en 19 municipios de las tres provincias. Estas cifras explican que la discusión se reproduzca de forma recurrente en el medio rural, con visiones contrapuestas entre ayuntamientos, promotores y vecinos.

Hay nombres que aparecen en los archivos y otros que apenas dejan una huella. Antonio Pardo Tris tiene una ficha propia en el Portal de Archivos Españoles. Nació en Farasdués en 1913, era agricultor y arboricultor, militante del PSOE y de la UGT y combatió durante la Guerra Civil en el Ejército Popular de la República. Tras la derrota republicana pasó por el campo francés de Argelès-sur-Mer y el 24 de mayo de 1939 embarcó en el Sinaia rumbo a México. Llegó a Veracruz el 13 de junio. Después trabajó en Puebla y Chihuahua.

Su historia está documentada. La de su mujer aparece de otra manera. Se llamaba Gabriela Carrillo Sánchez. Nació en 1920 y estaba casada con Antonio Pardo. Su nombre aparece en la misma ficha de PARES, pero no como protagonista de una trayectoria propia. Aparece vinculada al expediente de su marido. La documentación de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles recoge que Antonio Pardo recibió ayuda para él y para su esposa Gabriela.

Es una frase aparentemente administrativa, pero también puede leerse como el reflejo de una forma de contar la historia. Él tiene nombre, profesión, militancia, itinerario político, campo de internamiento, barco y destino. Ella aparece como su esposa. Y ahí empieza esta historia. No porque Gabriela sea necesariamente un caso excepcional, sino porque su nombre permite hacerse una pregunta mucho más amplia que invita a reflexionar sobre cuántas mujeres participaron en el exilio republicano y quedaron registradas, cuando lo hicieron, a la sombra de un hombre.

Las mujeres no fueron acompañantes de la historia

El exilio republicano afectó a más de medio millón de personas tras la victoria franquista. Entre ellas había miles de mujeres. La Fundación 14 de Abril ha construido precisamente la exposición Mujeres en el Exilio: Represión y Olvido para recuperar esa parte de la historia. La muestra señala que las mujeres sufrieron el exilio exterior, pero también distintas formas de exilio interior, y reivindica el papel de los miles de mujeres anónimas cuya presencia ha quedado silenciada.

La localidad cincovillesa de Luesia ha acogido en agosto la muestra Mujeres en el Exilio: Represión y Olvido, formada por 13 paneles a través de los que pretende precisamente recuperar a las mujeres anónimas junto a aquellas que tuvieron una trayectoria destacada como maestras, escritoras, científicas, artistas, políticas o deportistas.

La Fundación 14 de Abril ha concebido esta exposición también como material educativo para llevarla hasta las aulas de los centros educativos de Aragón que la soliciten, acompañada de actividades y material de libre descarga en la web de la entidad. “El objetivo de todas nuestras propuestas es ayudar a que la memoria democrática esté presente en los centros escolares porque consideramos que está olvidada en los currículos y creemos que esta es la asignatura pendiente de nuestra democracia”, explica Adolfo Barrena, comisario de esta exposición que hasta ahora ha recorrido ocho municipios de las tres provincias aragonesas.

“En los centros de enseñanza se valora positivamente y hay que reseñar que ya está solicitada para el próximo curso en varios puntos de Aragón”, explica Barrena. Sobre su paso por las localidades aragonesas, como Luesia, el responsable asegura que “se detecta mucha emotividad en quienes asisten” y que “agradecen tanto los materiales como la charla-debate posterior” porque “tienen oportunidad de dar detalles de la experiencia vivida en relación al exilio”.

Desde la fundación insisten en que no se trata de sustituir una historia masculina por otra femenina, sino que se trata de completar una historia incompleta. “De mirar los mismos acontecimientos desde otro lugar”, a través de los ojos de aquellas mujeres que abandonaron sus casas y sus pueblos, atravesaron la frontera, llegaron a Francia y otros lugares y tuvieron que sobrevivir en un país desconocido. Mujeres que pasaron por campos de refugiados, cuidaron de sus hijos, trabajaron y participaron en redes de solidaridad y resistencia manteniendo sus vínculos políticos. Mujeres que, sencillamente, intentaron reconstruir una vida después de haberlo perdido casi todo.

Cinco Villas: antes del exilio estuvo la represión

En las Cinco Villas, lugar en el que ha recalado la exposición este verano, la historia tiene además una particularidad. La comarca tenía un fuerte arraigo republicano y socialista y quedó desde el inicio de la Guerra Civil en manos de los sublevados. La investigadora Cristina Sánchez ha estudiado la represión desde una perspectiva feminista y ha documentado cómo las mujeres sufrieron formas de violencia específicamente sexuadas: cortes de pelo, humillaciones públicas, violaciones, detenciones y asesinatos.

La violencia alcanzó localidades como Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico, Tauste, Farasdués y Uncastillo. No se trataba únicamente de castigar una determinada actividad política sino que el cuerpo de las mujeres se convirtió también en un lienzo para representar ese castigo: Raparlas, exhibirlas, humillarlas, señalarlas. Una violencia que tenía una “dimensión pública y ejemplarizante”.

Mientras algunos hombres huyeron y acabaron formando parte de las comunidades del exilio, muchas mujeres se quedaron en la comarca, soportaron una represión que también se dirigía contra ellas por sus propias ideas, por sus vínculos familiares o por el papel que habían desempeñado durante la República. Algunas fueron encarceladas, otras asesinadas y todas fueron obligadas a callar.

La relación con un varón como billete de entrada

Un camino que no fue fácil para las que se quedaron, y tampoco para las que decidieron huir. En este sentido, la historiadora Alba Martínez Martínez, en uno de sus artículos publicados en Historia Contemporánea en 2019, apunta a que el procedimiento administrativo de reconocimiento del refugiado político estaba construido sobre una imagen “masculinizada de lo que significaba ser perseguido políticamente”, los expedientes de mujeres que solicitaron ser reconocidas como refugiadas políticas en Francia con los que Martínez ha trabajado, conservados en el fondo de Solidaridad Democrática Española de la Fundación Francisco Largo Caballero, constatan que las mujeres tuvieron dificultades para demostrar mediante “pruebas materiales” una persecución que, en la mayoría de los casos, había sido distinta de la sufrida por los hombres y, por lo tanto, no se contemplaba como tal.

La historiadora Alicia Alted Vigil ya señalaba en 1997 que la historiografía había prestado una atención insuficiente a la experiencia femenina del exilio republicano. Su investigación defendía la necesidad de estudiar la presencia de las mujeres no solo como acompañantes, sino también por su participación en la vida política, pública y en la supervivencia cotidiana del exilio.

Estudios posteriores han profundizado en esa misma idea: que la vinculación con un varón fue determinante incluso para su consideración administrativa como refugiadas: el hombre podía aparecer como el “auténtico” refugiado mientras la trayectoria política o represiva de la mujer quedaba relegada. Así, y tal y como añade Alba Martínez Martínez, finalmente muchas mujeres terminaron consiguiendo el reconocimiento o el aval “por su relación con familiares varones” represaliados, independientemente de que sus propias actividades políticas y experiencias represivas fueran suficientemente reconocidas.

Esta información revela que la invisibilidad no se produjo solamente después, cuando los historiadores escribieron los libros, sino que también podía producirse en el propio momento del exilio. Una mujer podía ser una refugiada, una represaliada, una militante, una trabajadora o una madre que había cruzado la frontera. Pero en un expediente, podía acabar siendo, sencillamente, la esposa de un refugiado. Así han llegado hasta nuestros días y Gabriela Carrillo Sánchez permite poner nombre y rostro a esa paradoja.

Acabar con el doble olvido. Ponerlas en el centro

Este enfoque refuerza la teoría de la doble invisibilización que sufrieron estas mujeres: primero, por ser mujeres y, después, por ser exiliadas. La expresión a la que aluden investigadores e historiadoras es el doble olvido.

El género ha condicionado cómo fueron reconocidas, documentadas y recordadas las mujeres en la historia del exilio republicano en España durante décadas, y la historiografía reciente está intentando corregir ese desequilibrio. La investigación histórica lleva tiempo en la tarea de reconstruir esas vidas de las mujeres refugiadas cuestionando el relato tradicional del exilio basado en la lucha, la militancia y el heroísmo masculino.

Si se cuenta el exilio únicamente desde la perspectiva de quienes combatieron, dirigieron organizaciones o escribieron libros, solo se está contando una parte de lo ocurrido. Por eso, los testimonios de las mujeres introducen otras experiencias a la historia tal y como ha llegado hasta la actualidad; contempla el cuidado, la familia, el trabajo, el desarraigo y la vida cotidiana.

En este sentido, el Ministerio de la Presidencia ha publicado una extensa obra colectiva dedicada a las mujeres del exilio republicano de 1939 y a la recuperación de unas trayectorias que durante mucho tiempo quedaron fuera de los grandes relatos sobre la guerra, la posguerra y el exilio. El volumen, titulado Mujeres en el exilio republicano de 1939, publicado en 2021, incorpora a las intelectuales y militantes, y recupera la experiencia de aquellas que no tuvieron una trayectoria pública y que quedaron reducidas a menudo a su condición de esposas, madres o acompañantes.

La penalización por ser mujer rural

Tanto para las exiliadas, como para las que permanecieron en sus casas, el territorio al que pertenecieron también ha sido un elemento limitante, y por eso la historia se cuenta de manera muy diferente cuando descendemos al ámbito rural. Una mujer como Gabriela Carrillo Sánchez no procede de Madrid, Barcelona o Valencia. Su historia comienza en Farasdués, una localidad de la comarca de las Cinco Villas y continúa, al menos según la documentación localizada, ligada al destino de un hombre que terminó en México.

Una perspectiva que está empezando a ser tomada en cuenta tal y como demuestra la tesis doctoral de 2022 de Alba Martínez Martínez, titulada Las refugiadas del exilio republicano español en Francia. Género, identidades y experiencias (1939-1978). Este trabajo no se centra en las grandes figuras femeninas del exilio, sino en las mujeres “corrientes” que llegaron a Francia, y plantea que el género fue un elemento constitutivo de su identidad como refugiadas, el llamado “paradigma de la acompañante”, que las colocó en una posición de subordinación administrativa, política y social respecto a los hombres.

La historia de Gabriela es ejemplo de ese paradigma y abre una vía para mirar el exilio desde la experiencia de las mujeres del mundo rural, las que no ocuparon cargos ni quedaron reflejadas en sus obras. Las mujeres en el exilio que aparecen como “esposa de” en los documentos oficiales no lo hacen solo por una cuestión de catalogación, detrás hay un fenómeno social que reduce la experiencia de todas ellas a una mera relación familiar, sin identidad propia, aseguran las expertas.

Este hecho produce un hueco en la Historia. Las decisiones de estas mujeres, sus trabajos, sus pérdidas, sus redes y su forma de sobrevivir desaparecen, relegando al olvido la experiencia particular de miles de personas, con nombres desconocidos de mujer, que también escribieron la Historia del Exilio.

El jueves, día 3 de septiembre, ya es una fecha marcada en rojo en el calendario de la ganadería española. La Unión Europea anunciaba la suspensión de la entrada de carne de vacuno procedente de Brasil al considerar que el país sudamericano no ha aportado las garantías necesarias para demostrar que cumple las exigencias comunitarias sobre el uso de determinados medicamentos antimicrobianos.

La decisión, prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189, ha sido acogida con ganas por el sector en España. Las organizaciones agrarias y cárnicas la interpretan como una primera victoria después de meses —y años— reclamando que los productos importados se sometan a unas condiciones equivalentes a las que soportan los productores europeos.

La organización agraria ASAJA habla directamente de un “paso hacia la reciprocidad real” y exige a Bruselas que mantenga la firmeza y aplique la suspensión sin prórrogas. En el comunicado por la organización, recuerda que los ganaderos europeos están obligados a cumplir unas exigencias cada vez mayores en seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal y, por lo tanto, considera lógico que esas mismas reglas se apliquen a quienes quieran vender carne en el mercado comunitario.

Sin embargo, este sindicato profesional va más allá y advierte que el veto sólo tendrá verdadero efecto si se controla su cumplimiento en frontera. Según ASAJA, el protocolo brasileño de certificación se encuentra todavía en una fase inicial y “ninguna granja ha sido certificada”, por ello reclaman que se refuercen los controles y que las restricciones no se limiten exclusivamente a los antimicrobianos, sino que tengan en cuenta también las demás irregularidades detectadas en las auditorías comunitarias.

Por su parte, la Comisión Europea explica que sus normas forman parte de la estrategia comunitaria contra la resistencia a los antimicrobianos. Entre otras cuestiones, la normativa europea prohíbe utilizar determinados antimicrobianos para promover el crecimiento de los animales y reserva algunos medicamentos para su utilización en seres humanos. En este sentido, Bruselas sostiene que Brasil no ha presentado las garantías necesarias para demostrar que sus sistemas cumplen estas exigencias.

“Las mismas reglas para todos”

Durante años, el malestar del campo español ha ido en aumento y sin frenos por una situación enquistada: mientras las explotaciones europeas acumulan obligaciones sanitarias, ambientales, administrativas y de bienestar animal, los ganaderos llevan tiempo reclamando que la carne importada no pueda competir en el mercado comunitario con unas reglas diferentes.

Desde ARAGA, Federico Lorente, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón, lamenta que esta decisión no se haya tomado antes, y subraya que la suspensión de las importaciones procedente de Brasil “confirma que nuestra oposición al acuerdo Mercosur estaba más que justificada” ya que se trata de “países que no cumplen con las mismas garantías sanitarias con las que estamos cumpliendo los ganaderos europeos y españoles”, asegura Lorente.

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril, de Salamanca, también reclamó en el mes de julio que la suspensión no esperase hasta septiembre. El colectivo denunciaba entonces el “agravio comparativo” y los “dobles estándares” que, a su juicio, sufren los productores locales frente a los de terceros países. También en ese momento puso de manifiesto que los ganaderos españoles afrontan exigencias estrictas en sanidad, medicamentos veterinarios, bienestar animal, medio ambiente, sostenibilidad y trazabilidad.

Un sentimiento que se ha repetido en distintas partes del territorio. En Galicia, el presidente de la Asociación de Gandeiros da Suprema, Santiago Rego, resumía este desacuerdo ante las diferencias entre ambos modelos productivos así: “Aquí levamos tempo con esixencias, alí cabe todo” -“Aquí llevamos tiempo con exigencias; allí cabe todo”-.

Este no es el punto final, es el comienzo

La decisión llega en un momento especialmente delicado para el vacuno español, que afronta un escenario de precios debilitados, costes elevados y dificultades para colocar la producción en determinados mercados exteriores.

En Galicia, por ejemplo, el sector ha alertado durante los últimos meses de la caída de los precios en origen y de una rentabilidad cada vez más ajustada. La situación resulta especialmente sensible después del fuerte incremento de precios registrado durante 2025 y comienzos de 2026. Por eso, para los ganaderos, que Brasil deje de tener acceso al mercado comunitario mientras no acredite el cumplimiento de las exigencias europeas supone, sobre todo, una cuestión de igualdad de condiciones.

Las organizaciones representativas de toda la cadena ganadero-cárnica —entre ellas ASAJA, ASOPROVAC, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, ANICE y otras— coinciden en calificar la entrada en vigor de la medida como un “punto de inflexión”. El mensaje común es claro: si Brasil quiere volver a vender carne en Europa, tendrá que demostrar primero que cumple las reglas. Sin embargo, también reclaman que no se convierta en una actuación temporal.

En este sentido, el campo sabe que la celebración de hoy tiene letra pequeña. ASAJA considera que el 3 de septiembre “no es un punto final”, sino el comienzo de una política de reciprocidad que debe poder comprobarse sobre el terreno. La organización reclama controles fronterizos más fuertes y que cualquier eventual reapertura esté respaldada por garantías reales y parámetros que se puedan verificar.

Las organizaciones ganaderas y cárnicas han pedido a Bruselas que se comprometa, y que no se conforme con el papel así como que mantenga los controles hasta que Brasil pueda acreditar de forma “plena, verificable y auditable” que cumple los requisitos comunitarios. Y es que el foco también está puesto sobre el acuerdo UE-Mercosur ya que Brasil es uno de los cuatro países integrantes del bloque junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, y ASAJA considera difícil separar completamente la suspensión del debate comercial abierto tras el acuerdo. Un acuerdo que, tal y como recuerda la organización agraria, todavía debe superar el proceso de ratificación en el Parlamento Europeo.

Brasil, un proveedor más allá del vacuno

Brasil fue en 2025 el segundo mayor proveedor de carne de vacuno de la Unión Europea, con más de 92.000 toneladas exportadas al mercado comunitario por un valor superior a 713 millones de euros. Por eso, esta decisión no es menor desde el punto de vista comercial para el sector ganadero español. Pero esta suspensión no afecta solo al vacuno, también lo hace a otras categorías de productos de origen animal procedentes de Brasil, entre ellas équidos, tripas, productos de acuicultura, miel y aves de corral -especialmente al pollo-.

En cuanto al plazo en el que podrían reanudarse las importaciones desde Brasil, el Ejecutivo europeo no ha querido adelantar fechas, aunque se desprende de sus declaraciones que los plazos serán distintos para cada sector afectado. En el caso de las aves de corral y la miel tienen una particularidad, y es que podrían volver a ser autorizadas en las próximas semanas si la auditoría en curso concluye con resultados satisfactorios. Sin embargo, la Comisión Europea apunta a que, en el caso de la carne de vacuno, los plazos se podrían alargar más en el tiempo debido a la duración de los ciclos de producción.

En este sentido, fuentes directas de la Comisión Europea han precisado que “Brasil es un socio importante de la UE” y que por ello: “Estamos trabajando en estrecha colaboración para garantizar que cumpla con estos requisitos. Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE”.

Los agricultores que durante los incendios forestales de este verano han puesto sus tractores y maquinaria a disposición de las labores de extinción esperan ahora recuperar el dinero que gastaron para hacerlo. Entre los principales costes asumidos por los profesionales del campo está el combustible utilizado durante las horas de trabajo y los desplazamientos.

El Gobierno de Aragón asegura que estos agricultores serán compensados y que el procedimiento para solicitar el abono se concretará una vez que las emergencias hayan pasado a la fase de recuperación. Así lo trasladan desde Presidencia del Gobierno de Aragón, que sitúa estas compensaciones en el Decreto-ley 6/2025, de 2 de octubre, aprobado como marco general para atender los daños y pérdidas provocados por situaciones de emergencia de protección civil.

“Este es el Decreto Marco que establece las ayudas ante cualquier emergencia de protección civil”, explica el Ejecutivo autonómico. En concreto, el artículo 5 establece la compensación a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestaciones personales o de bienes durante una emergencia. El departamento competente en materia de emergencias debe sufragar los gastos ocasionados cuando esas prestaciones se hayan realizado en las condiciones previstas por la norma. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que este artículo “incluye a los agricultores voluntarios” y que “siempre, en todas y cada una de las emergencias, se pagan esos daños”.

“Cada vez que hay una emergencia de protección civil anunciamos las correspondientes ayudas que, aunque vienen recogidas en este decreto marco, se especifican en cada emergencia”, explican desde Presidencia. También explican que el sistema se activa una vez superada la fase de emergencia. “Lo habitual es que cuando la emergencia pasa a fase recuperación, es decir, cuando el incendio está ya apagado, se abre el plazo para solicitar las compensaciones. Siempre se hace así”, señalan.

Sin embargo, desde finales del mes de junio, cuando se declaró el primer incendio en el que intervinieron agricultores de la comunidad, la Administración todavía no ha abonado estos gastos, tal y como denuncian los afectados. Y, hasta la fecha, tampoco se ha explicado a los interesados cuál es el procedimiento concreto para realizar la petición de las compensaciones. El Gobierno asegura que “en su momento se explicará” y que será cuando los incendios estén extinguidos cuando se concrete cómo deberán realizarse estos trámites, algo que sucederá previsiblemente “en las próximas semanas”, tal y como han adelantado fuentes del ejecutivo a este medio.

No han cobrado todavía

Mientras la Administración, sigue sin fijar una fecha concreta y continúa preparando este procedimiento, quienes están colaborando con sus propios medios necesitan saber cuanto antes quién asumirá el coste de una ayuda que, en muchos casos, están prestando a costa de su propio combustible, del desgaste de su maquinaria y de sus horas de trabajo.

Es el caso de Fernando Luna, agricultor de Robres y uno de los profesionales que acudieron con su maquinaria al incendio declarado en Leciñena para abrir franjas de seguridad y colaborar en la contención de las llamas. Preguntado por si ya les han abonado los gastos de gasóleo derivados de su participación, su respuesta es clara: “No”. Tampoco, según explica, les han comunicado cuándo se realizará el pago.

La incertidumbre se extiende también a la documentación que tendrán que aportar para justificar los gastos. “En Robres hemos presentado un listado de horas al Ayuntamiento”, explica Luna, que señala así uno de los mecanismos utilizados por los agricultores para dejar constancia del trabajo realizado durante la emergencia.

Los que salieron a hacer frente al incendio de Orés explican una situación similar: “Nos dijeron lo que había que hacer para cobrarlo, presentar ticket o declaración responsable”, confirma Diego Pemán, ganadero de Uncastillo, localidad afectada por este incendio. “Al Ayuntamiento se presentaron todos gastos que en teoría hubo y que se calcularon desde el grupo de voluntarios teniendo en cuenta donaciones de comida, aguas y demás, y los gastos de gasoil”, recuerda Pemán.

En Uncastillo se estima que colaboraron 58 tractores y 30 todorerrenos del pueblo, además de los de los vecinos de localidades próximas a esta villa. Los gastos derivados del combustible en la localidad rondaron los 11.000 euros, a los que se sumaron los cerca de 3.000 euros de los todoterrenos y más de 15.000 euros de tractoristas voluntarios de pueblos próximos a la zona. Desde que llevaron estos documentos a sus respectivos ayuntamientos, ninguno de estos agricultores y ganaderos han tenido noticia de la evolución de estos trámites por parte de las autoridades competentes.

Ahora, la cuestión más importante para ellos es saber cómo se traducirá en la práctica la compensación anunciada por el Gobierno de Aragón: qué documentación definitiva tendrán que presentar, cómo se calculará el importe y, lo más acuciante de todo, cuándo recibirán “un dinero necesario para nosotros”, recuerdan los afectados, que en muchos casos están soportando pérdidas en sus explotaciones debido a los temporales de viento, lluvia y granizo de extrema violencia registrados desde el fin de semana en distintos puntos de la comunidad.

Movilización vecinal para sufragar gastos

La incertidumbre sobre cuándo y cómo se compensará a los agricultores ha llevado a algunos vecinos a organizar iniciativas propias para intentar ayudar a quienes están participando activamente en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. La Asociación Vivir en la Canal de Berdún ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos destinada a sufragar los gastos de los agricultores que han aportado en maquinaria, combustible y tiempo en la emergencia.

Su presidente, Peter Rich, explica que la iniciativa surge ante la falta de información clara por parte del ejecutivo aragonés. Además, ha subrayado en distintas declaraciones que “Cada tractor puede consumir hasta 500 litros de gasoil al día”, un gasto al que hay que sumar el desgaste de los aperos y otras averías que pueden derivar del desgaste general debido al trabajo de unas “máquinas cuyo valor puede ascender hasta 300.000 euros”.

Cuando se hizo pública esta iniciativa vecinal, el Gobierno de Aragón emitió un comunicado calificándola de “bulo” y aseguró por varios canales de comunicación que era el Ejecutivo el que se iba a hacer cargo de esos gastos.

Sin embargo, en el incendio de las Peñas de Riglos, no el Gobierno de Aragón pero sí otra institución pública, en este caso la Comarca de la Jacetania, ha aprobado 40.000 euros específicamente para cubrir el combustible de agricultores y ganaderos voluntarios que utilizaron su propia maquinaria en las labores de extinción del fuego. El acuerdo se aprobó por unanimidad en el pleno comarcal del 20 de agosto y la información publicada el día 21 señala que la cuantía de 55.000 euros aprobada de urgencia -40.000 € para combustible y otros 15.000 € para diferentes gastos- tienen como finalidad realizar un “pago rápido” a quienes colaboraron en el incendio. Por el momento no se ha confirmado que las transferencias ya se hayan efectuado a los interesados.

Incendios ya extinguidos y sin compensación para los agricultores

Durante el verano de 2026, Aragón ha sufrido varios incendios forestales de especial relevancia. El incendio de Tamarite de Litera -Huesca- se declaró el 25 de junio y afectó a unas 4.525 hectáreas, aunque la mayor parte correspondió a superficie agrícola. El 30 de junio se declaró el incendio de Leciñena, Robres y Alcubierre -Zaragoza-, en la Sierra de Alcubierre, que afectó a más de 3.000 hectáreas, con aproximadamente un 80 % de masa forestal. Además de los incendios en Loporzano, Castillonroy y Plan -Huesca-, Almonacid de la Sierra -Zaragoza- y de Ejulve -Teruel-, uno de los episodios más graves comenzó el 15 de julio en Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza), donde el fuego llegó a afectar a unas 15.700 hectáreas.

Hasta la fecha el incendio declarado el 10 de agosto ya denominado como gran incendio de Las Peñas de Riglos -Huesca-, con unas 14.500 hectáreas calcinadas y más de 1.000 personas desalojadas de 19 municipios, se encuentra desde el día 21 de agosto controlado, aunque todavía no se considera oficialmente extinguido.

Quitando este, el resto de los incendios en los que ha habido colaboración por parte de los agricultores en las labores de extinción se han dado ya por extinguidos, algunos desde hace semanas, es decir, la emergencia ha pasado a fase recuperación, por lo que tal y como explican desde Presidencia se debería “abrir el plazo para solicitar las compensaciones”. Sin embargo, los agricultores aseguran no haber recibido información a este respecto.

El gasóleo, entre los gastos que se quieren compensar

La base jurídica de estas ayudas se encuentra en el Decreto-ley 6/2025, cuyo artículo 5 establece que el Gobierno de Aragón compensará los gastos, daños o perjuicios derivados de la prestación de bienes o servicios durante una emergencia, incluidos los realizados por agricultores voluntarios, según la interpretación de Presidencia. Aprobado en octubre de 2025 y convalidado posteriormente por las Cortes de Aragón, el decreto permite además extender estas ayudas a otros acontecimientos catastróficos cuando se solicite su declaración como emergencia de interés nacional o como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

La principal preocupación de los agricultores es el coste del combustible consumido durante las horas de colaboración. El Gobierno de Aragón asegura que estos gastos están incluidos dentro de las compensaciones.

La Administración deberá concretar ahora cómo se acredita ese consumo y qué sistema se utilizará para calcular el importe que corresponde a cada agricultor. Desde Presidencia insisten en que el procedimiento se explicará cuando las emergencias pasen a la fase de recuperación. Será entonces cuando se conozcan los plazos para solicitar las compensaciones, los requisitos y la forma en la que se determinará el importe que recibirá cada agricultor.

Hasta entonces, quienes se subieron al tractor para ayudar a frenar las llamas, quienes han puesto horas de trabajo, maquinaria y combustible para colaborar en la extinción, tendrán que esperar a que esos gastos, tal y como asegura el Gobierno de Aragón, sean finalmente resarcidos y que los costes derivados de esa participación no terminen saliendo de sus bolsillos.

“Se vende hilo, agujas de coser, ovillos blanco y negro y el calendario de Mariano Castillo”. La voz de Ascensión Montolar Vera, vecina de Tauste, recuerda uno de los bandos que resonaban en las calles de esta localidad de la comarca de Cinco Villas —Zaragoza—, décadas atrás. El recuerdo de un instante que se vuelve eterno.

Un archivo histórico puede conservar una fotografía, una carta, un acta o un libro. Un archivo sonoro conserva algo diferente: la presencia de quien habla. En Tauste, lo saben bien. Durante décadas, las voces de vecinos de Tauste que habían cantado, contado historias, recitado romances, recordado costumbres o simplemente compartido aquello que conservaban en la memoria, permanecieron guardadas en cintas de casete.

Treinta años después, esas voces vuelven a escucharse gracias al trabajo llevado a cabo por la Asociación Cultural El Patiaz y su Archivo de la Tradición Oral de Tauste, un fondo de más de 300 grabaciones realizadas durante los años noventa y que ahora ha sido digitalizado, organizado y puesto a disposición del público a través de la página web de la asociación. “Un espacio vivo donde la memoria taustana puede escucharse, estudiarse y compartirse”, apuntan desde la asociación, que incide en la necesidad de “rescatar del olvido las voces” intentando que, de alguna manera, ese pasado vuelva a formar parte del presente de la vecindad de la villa.

La novedad no está en las grabaciones. Esas voces llevan más de tres décadas esperando. Lo nuevo es que ya no es necesario acudir a una antigua cinta para encontrarlas: el archivo permite consultarlas directamente en internet, clasificadas por contenidos y acompañadas de un buscador. Hay canciones de cuna y de falda, canciones infantiles, coplas, dichos, bandos y reclamos, jotas y boleros. También oraciones y testimonios relacionados con la Semana Santa, romances, poemas, cuentos, adivinanzas, materiales del Dance de Tauste e incluso las voces utilizadas antiguamente para dirigirse a caballerías y ganado. El Patiaz señala además que en la organización del fondo se ha respetado “la expresión y la grafía original” de los testimonios.

En la calle, esta iniciativa ha sido “un éxito”. “Vamos haciendo visibles partes del Archivo a través de las redes sociales y la gente está respondiendo muy bien, a los vecinos les gusta escucharse y, sobre todo, escuchar a las personas que ya no están”, explica Jesús Alegre, miembro de la Asociación El Patiaz y uno de los impulsores de este proyecto, que ha contado con el respaldo de toda la Junta y del resto de miembros activos de la entidad.

Del casete a internet

La recuperación tiene además un valor documental añadido. La propia asociación considera que la investigación desarrollada por Gros y Bajén en las Cinco Villas constituye una de las recopilaciones más completas sobre la tradición oral aragonesa.

En marzo de 2025, antes de la presentación del archivo digital, Gros y Bajén regresaron a Tauste para participar en las XXVI Jornadas sobre la Historia de la localidad. Allí repasaron canciones, melodías y tradiciones recogidas durante aquella investigación. El Patiaz destacó entonces que el trabajo realizado décadas atrás había permitido conservar un patrimonio que había pasado de generación en generación.

El trabajo con los contenidos de Tauste del archivo de Tradición Oral de Aragón surgió, según explica Jesús Alegre, ante la necesidad de ordenar un material que resultaba “difícil de consultar”. “Nos costó encontrar una solución válida” hasta dar con un sistema “ágil y sencillo”, asegura Alegre, que permite facilitar el acceso a estos contenidos a todos los vecinos que se acercan hasta este archivo. Una herramienta que, ahora, El Patiaz pone a disposición de otros municipios interesados en reorganizar de la misma manera los testimonios y materiales correspondientes a su territorio.

La iniciativa se enmarca en la trayectoria de una asociación que lleva cerca de tres décadas trabajando en la recuperación y difusión del patrimonio de Tauste y que cuenta con más de 700 socios. Alrededor de quince participan habitualmente en la organización de actividades y en el desarrollo de nuevos proyectos. A pesar de “la armonía para llevar a cabo estos proyectos que existe entre quienes mantienen activa la asociación”, Alegre y el resto de la Junta, lamentan la falta de relevo generacional, que pone en riesgo la continuidad de su labor a largo plazo.

Por eso, desde El Patiaz, no solo animan a otros municipios a contactar con ellos para conocer el sistema que han puesto en marcha para hacer más accesible su Archivo de Tradición Oral y seguir así el camino iniciado por Tauste, también invitan a sus vecinos y vecinas a que se acerquen a conocer la asociación y a formar parte de ella.

Màs allá de la tradición oral: el compromiso con el patrimonio humano de un pueblo

Para entender qué acaba de recuperar Tauste hay que viajar hasta principios de los años noventa. Entonces, los investigadores y folcloristas Mario Gros y Luis Miguel Bajén emprendieron una labor de recopilación de la tradición oral aragonesa que terminaría dando lugar al Archivo de Tradición Oral de Aragón.

En 1992 crearon este archivo con el propósito de investigar y conservar la cultura popular transmitida oralmente. Uno de sus primeros grandes trabajos se desarrolló en la comarca de las Cinco Villas. Durante dos años reunieron más de 5.000 documentos sonoros y 2.000 imágenes, y en 1994 publicaron 'La tradición oral en las Cinco Villas'. Tauste destacó especialmente por la “cantidad y la riqueza” del material conseguido a través de la colaboración de sus vecinos.

Gros y Bajén no buscaban únicamente canciones. Su trabajo partía de un concepto mucho más amplio de lo que comúnmente se entiende por tradición oral. En un texto dedicado a aquella experiencia, Mario Gros explica que decidieron que sus encuestas debían ir más allá de sus propios intereses y que tenían que registrar “todo lo que pudiera ser grabado”.

Aquella decisión explica la riqueza del fondo que hoy recupera El Patiaz. En las cintas quedaron registradas manifestaciones musicales, pero también cuentos, adivinanzas, dichos, pregones, oraciones, romances y otras formas de literatura oral. En definitiva, no solo aquello que se cantaba, sino también la manera en que una comunidad hablaba y recordaba.

Luis Miguel Bajén ha explicado en trabajos posteriores el origen de su interés por esta tradición. Su acercamiento al folklore nació, entre otras cosas, de comprobar el escaso conocimiento que existía sobre la música tradicional y de escuchar a personas que lamentaban que las expresiones que habían aprendido de sus antepasados estuvieran desapareciendo. Tres décadas después, aquellas preocupaciones siguen dando sentido al archivo que ahora se presenta actualizado y más accesible gracias a la aplicación de los avances de la tecnología.

Cuando el patrimonio tiene voz

No es lo mismo leer el nombre de una canción que escuchar cómo la cantaba una vecina de Tauste. No es lo mismo encontrar escrito un dicho que oír su pronunciación. Una transcripción puede conservar las palabras, pero no el timbre de una voz, su cadencia y sus pausas, su acento o la forma en que una persona recuerda aquello que aprendió cuando era niña. Este es el valor humano del archivo.

Las más de 300 grabaciones permiten acercarse a un Tauste que ya no existe exactamente como entonces, pero que continúa presente en las voces de quienes la vivieron. Para una familia, además de escuchar la voz de alguien que ya no está entre nosotros, puede significar reencontrarse con una forma de hablar o cantar que pertenece a otra generación. Para un investigador, significa disponer de una fuente para estudiar la cultura popular. Para un joven de la localidad, el archivo le brinda la oportunidad de descubrir que determinadas palabras, canciones o costumbres que no nacieron ayer, sino que forman parte de una historia mucho más larga. Y para el propio municipio supone tener accesible su memoria, además de ponerla en valor.

El proyecto encaja en la trayectoria que El Patiaz viene desarrollando desde hace décadas, centrada en la recuperación y difusión del patrimonio local. La asociación trabaja con documentos, fotografías, publicaciones y otros materiales que permiten reconstruir la historia de Tauste, y en los últimos años ha recurrido también a la colaboración de los propios vecinos para identificar personas y acontecimientos presentes en documentos gráficos antiguos.

El archivo oral de esta villa de la comarca de las Cinco Villas lleva esa participación un paso más allá. En este caso, los protagonistas no son únicamente quienes investigan y conservan los documentos, son también las personas que prestaron su voz.

“Había árboles arrancados de cuajo, se veían las raíces”. Así cuenta una vecina de Bardenas la situación de sus campos tras la tormenta de pedrisco que atravesó las Cinco Villas durante la madrugada del domingo 23 de agosto, que ha dejado una primera estimación de unas 4.000 hectáreas afectadas en la comarca zaragozana. “Es como si hubiera pasado un tornado con una violencia tremenda”, añaden los vecinos de las localidades afectadas. Ahora, los daños y los estertores de la tormenta son el tema de conversación en los bares y en las panaderías de estos pueblos en los que un importante número de familias viven del sector primario.

Una sola noche ha cambiado el balance de un verano especialmente difícil para el campo aragonés. La cifra de hectáreas afectadas, todavía provisional y pendiente de peritación, adquiere toda su dimensión cuando se compara con los datos que Agroseguro manejaba apenas unos días antes: más de 6.700 hectáreas de cultivos asegurados afectados por episodios tormentosos en el conjunto de Aragón durante la primera mitad de agosto.

Dicho de otra manera: en una sola noche, una comarca ha sufrido el equivalente al 60% de los daños acumulados en toda la comunidad autónoma durante las semanas anteriores del mes de agosto. La superficie que esta única tormenta ha podido dañar en Cinco Villas equivale a casi seis de cada diez hectáreas que Agroseguro había contabilizado como afectadas por episodios tormentosos en todo Aragón durante la primera mitad de agosto. De las 4.000 hectáreas afectadas, la organización agraria UAGA calcula que unas 2.000 han quedado directamente arrasadas y que el 100 % de los cultivos estivales se ha perdido en varias zonas de la comarca. Y la cifra podría aumentar.

No se trata, no obstante, de comparar dos cifras exactamente homogéneas. Los 6.700 hectáreas de Agroseguro corresponden a cultivos asegurados afectados por episodios tormentosos en Aragón, mientras que las 4.000 hectáreas de Cinco Villas son una primera estimación local de superficie dañada por la tormenta de este fin de semana. La comparación sirve para dimensionar la magnitud del episodio, pero el balance definitivo tendrá que llegar después de las peritaciones.

Biota, la localidad más afectada

El golpe más fuerte se lo ha llevado el entorno del municipio de Biota, donde las primeras estimaciones sitúan en unas 2.000 hectáreas la superficie prácticamente devastada, especialmente en las zonas de regadío. El alcalde de la localidad, Ezequiel Marco, explica que mientras en el núcleo urbano la tormenta dejó principalmente agua, en el monte la situación fue muy diferente. “Todo nuestro monte, sobre todo en la zona de regadío, ha quedado completamente arrasado”, señala. En esas tierras había brócoli, maíz y girasol, entre otros cultivos.

La descripción da una idea de la desigual distribución del episodio: no toda la comarca recibió el mismo golpe. La tormenta descargó con una intensidad extraordinaria sobre determinadas zonas, dejando parcelas prácticamente destruidas mientras otras quedaron mucho menos afectadas. A las 2.000 hectáreas estimadas en Biota se suman otras 2.000 en los montes de Sádaba, El Bayo, Pinsoro y Bardenas, los siguientes municipios más afectados después de Biota según las primeras valoraciones realizadas sobre el terreno.

Las afecciones no solo se contabilizan en cultivos, también en instalaciones, sobre todo de riego, que han sufrido los impactos del granizo. Entre los afectados está Sergio Sánchez, agricultor de Sádaba, que además de sufrir los daños sobre sus cultivos pudo comprobar la violencia del episodio a través de una infraestructura muy concreta de su explotación. “Tenía unas sondas en los campos que captan las señales de agua, y ayer, después de la tormenta, dejé de recibir señales porque el pedrisco me los había roto todos”, relata.

El testimonio resulta especialmente significativo porque muestra que la intensidad del granizo no se limitó a producir daños superficiales en las plantas. El pedrisco llegó a destrozar dispositivos instalados en las parcelas. Los agricultores describen que los bloques de granizo que precipitó la tormenta llegaron a alcanzar un tamaño similar al de las pelotas de ping-pong.

El almendro, golpeado con la cosecha a las puertas

Entre los cultivos más afectados se encuentran los almendros. La primera estimación apunta a entre 200 y 300 hectáreas de almendra dañadas en distintos puntos de la comarca de Cinco Villas. Los árboles han sufrido una fuerte defoliación y, en las zonas más castigadas, han quedado prácticamente sin hojas. La propia almendra, también ha recibido directamente los impactos del granizo.

El momento en el que se ha vivido este episodio tormentoso agrava el problema, todavía más, ya que buena parte de las almendras se encuentran a escasas fechas de la recolección. La consecuencia inmediata puede ser una pérdida muy elevada de la cosecha de 2026. Sin embargo, la preocupación para los agricultores de este cultivo no se queda aquí porque el efecto de estos daños podría prolongarse más allá de esta campaña. “Una granizada de esta intensidad no solo provoca la caída de almendras, sino también daños físicos en el fruto y pérdidas de calidad”, apuntan los expertos.

Los afectados explican que ahora viene la parte silenciosa que más miedo les da: la evolución del árbol durante las próximas semanas, que será clave para saber si el daño se limita al fruto y al follaje o si también ha afectado a los brotes y a la madera. Si la estructura del árbol ha quedado dañada, la tormenta tendrá consecuencias sobre la capacidad productiva de estas plantaciones de cara a la próxima campaña y siguientes.

Maíz, girasol y hortícolas, entre los cultivos arrasados

En Biota, la localidad que se ha llevado la peor parte de esta brutal tormenta de granizo, el maíz, el girasol y el brócoli se encuentran entre las producciones directamente afectadas. Algunos cultivos se encontraban en fases avanzadas de desarrollo, lo que eleva el impacto económico negativo para los agricultores propietarios de los campos que en algunos casos, tal y como han confesado los afectados, se puede decir que han quedado “arrasados”.

En el maíz, el grado de pérdida dependerá de si el granizo ha afectado fundamentalmente a las hojas o también ha roto tallos y provocado daños en las mazorcas. En el girasol, el impacto puede alcanzar tanto al tallo como al capítulo y a las semillas. En el caso de las hortícolas, como el brócoli, el margen de recuperación es mucho menor cuando el producto comercial ha recibido directamente el impacto del pedrisco.

Por eso, las 4.000 hectáreas afectadas no equivalen automáticamente a 4.000 hectáreas de cosecha perdida. La superficie es la primera dimensión del problema; la segunda, todavía por determinar, será el porcentaje de daño real de cada parcela.

El golpe llega después de un agosto ya de por sí excepcional

El último balance específico publicado por Agroseguro el 13 de agosto señalaba que los episodios tormentosos habían provocado daños sobre más de 6.700 hectáreas de cultivos asegurados en Aragón. Huesca acumulaba casi 3.940 hectáreas declaradas con siniestro; Teruel superaba las 1.500 y Zaragoza contabilizaba casi 1.270.

En Huesca, los cultivos herbáceos, fundamentalmente maíz y soja, eran los más perjudicados, con casi 3.450 hectáreas siniestradas. En Teruel se habían registrado también daños significativos en frutos secos, cereales de primavera y olivar.

A escala nacional, Agroseguro había contabilizado hasta el 13 de agosto más de 22.300 hectáreas de cultivos asegurados afectadas específicamente por pedrisco. Entre las producciones más dañadas figuraban la uva de vino, el almendro y los cultivos herbáceos extensivos.

En frutos secos, fundamentalmente almendro, se registraban entonces alrededor de 5.800 hectáreas declaradas con siniestro, mientras que los cultivos herbáceos extensivos sumaban unas 5.050 hectáreas, principalmente maíz. La tormenta de la madrugada del 23 de agosto en la comarca de Cinco Villas añade ahora un nuevo episodio de enorme intensidad este verano en la comunidad.

“Un mal día para ser alcalde”: El temporal se ceba con los municipios de Teruel

En la provincia de Teruel también se han registrado daños importantes que han afectado a un total de 900 hectáreas, cifra aproximada que se maneja desde la organización agraria UAGA. En el municipio de Valdealgorfa, la producción ecológica se ha visto gravemente afectada por el episodio de granizo vivido este fin de semana. Los cultivos de nogales y frutales, han tenido importantes daños, aunque han sido las plantaciones de manzano las que se han llevado la peor parte de las consecuencias del temporal.

Las tormentas no solo han afectado a los cultivos, también han provocado daños en pinos y cipreses, e instalaciones municipales. En el municipio de Castelserás, el temporal ha provocado graves desperfectos en el pabellón municipal, cuya cubierta fue parcialmente arrancada por el viento y dejó entrar después el agua y el granizo, afectando a su estructura de madera. El alcalde, Santiago Anglés, hacía esta declaración a La Comarca tras la tormenta: “Ha sido un mal día para ser alcalde”. Anglés explica que la tormenta le sorprendió cuando regresaba al municipio con su familia y que tuvieron que refugiarse en una pequeña granja; incluso su vehículo sufrió daños por el granizo. Parte de la cubierta del pabellón salió despedida hasta las inmediaciones del colegio y la guardería, lo que obligó a acordonar la zona.

En Alcañiz, el alcalde, Miguel Ángel Esteban, apunta que el casco urbano ha quedado relativamente a salvo, aunque sí se han registrado afecciones en las zonas agrícolas, especialmente en dirección a Castelserás y en el entorno de Valdealgorfa. En esta última localidad, la alcaldesa, Reyes Gimeno, cuenta como la intensa lluvia provocó acumulaciones de agua en terrazas y otras zonas exteriores de viviendas, mientras los daños en las explotaciones agrícolas todavía estaban pendientes de valoración.

Un balance que todavía no está cerrado

La fotografía actual de los daños en la comarca de Cinco Villas es provisional. A falta de conocer los resultados de las peritaciones, en los almendros también habrá que comprobar durante las próximas semanas si la defoliación va acompañada de daños en brotes y madera. En el resto de cultivos será necesario determinar cuánto producto puede salvarse y cuánto ha quedado definitivamente inutilizado.

Algo que preocupa y mucho a las organizaciones agrarias son las afecciones a los forrajes, un cultivo que no cuenta de manera habitual con seguro agrario, lo que hace que las pérdidas sean “especialmente difíciles de cubrir” para los agricultores afectados. Además, se encontraban en plena fase de crecimiento y “los daños sufridos comprometen directamente el próximo corte, reduciendo la producción que los agricultores esperaban obtener”, aseguran desde UAGA.

Sin embargo, lo que sí está claro es la excepcional intensidad del episodio vivido en esta comarca y su concentración territorial. En una sola noche, el pedrisco ha provocado en Cinco Villas una superficie de daños equivalente al 60 por ciento de los siniestros acumulados por episodios tormentosos en Aragón hasta mediados de agosto. Los profesionales del campo, muchos de ellos propietarios de explotaciones familiares, hacen ya cálculos del impacto de las pérdidas económicas en el corto plazo, y en las heridas que la tormenta habrá causado a largo plazo, especialmente en las plantaciones de almendros, porque “una granizada así no solo hace daño en el momento, nos puede trastocar también la cosecha del 2027”, lamentan.

Cada primavera, cuando la nieve comenzaba a retirarse del Pirineo, miles de ovejas emprendían un viaje que llevaba siglos repitiéndose. Durante días recorrían decenas de kilómetros por las cabañeras aragonesas, acompañadas por los pastores y sus perros, hasta alcanzar los pastos de montaña. Allí pasarían el verano. En otoño, el camino se hacía a la inversa. Aquellos desplazamientos no solo alimentaban al ganado; también modelaban el paisaje, mantenían abiertos los montes y conectaban pueblos separados por cientos de kilómetros. Hoy, en muchos de aquellos caminos, el silencio ha robado el protagonismo al característico sonido de los cencerros.

La reciente petición de Ecologistas en Acción para que el Gobierno central apruebe la Red Nacional de Vías Pecuarias vuelve a poner el foco sobre un patrimonio que en Aragón tiene una dimensión extraordinaria: casi 13.500 kilómetros de vías pecuarias identificadas, de las que unas 11.000 ya han sido clasificadas, lo que supone cerca de 47.000 hectáreas de dominio público.

Sin embargo, la red sigue lejos de estar plenamente protegida. Según los datos oficiales del Gobierno de Aragón recopilados en el diagnóstico del Plan Forestal y actualizados por la Red PAC, poco más de la mitad de los municipios aragoneses cuentan con el proyecto de clasificación aprobado, o lo que es lo mismo: Alrededor del 43% de los municipios siguen sin completar la clasificación.

Las cabañeras de Aragón frenadas por la administración

Aragón posee una red de vías pecuarias comparable a las grandes comunidades trashumantes como Castilla y León o Extremadura. Sin embargo, mientras estas han avanzado durante las últimas décadas, Aragón mantiene todavía importantes diferencias entre provincias. Huesca supera el 80% de municipios con las vías clasificadas, Zaragoza ronda el 45% y Teruel apenas alcanza el 30% —a pesar de ser la que más ha avanzado en los últimos años—. Estos datos demuestran que el reto no es la falta de patrimonio, sino completar su protección y gestión.

Sin clasificación no puede haber deslinde, sin deslinde resulta mucho más difícil recuperar los caminos y sin caminos continuos la trashumancia pierde viabilidad. Todo esto dificulta conocer con precisión el trazado de muchas cabañeras y protegerlas frente a ocupaciones o alteraciones.

Pero no se trata solo de un trámite administrativo, el problema va más allá, porque cuando desaparece una vía pecuaria no solo se pierde un camino; también se debilita una herramienta para prevenir incendios, se dificulta la trashumancia y se pone un obstáculo más a la ganadería extensiva, una forma de vida que lleva décadas luchando por sobrevivir.

Una red con potencial eclipsada por la falta de gestión

Teniendo en cuenta los datos Aragón no parte de una mala situación por falta de patrimonio, y todavía tiene margen para reforzar su protección y gestión. Andalucía lleva casi tres décadas ejecutando planes específicos de clasificación, deslinde, restauración y señalización. Navarra, comunidad foral con la que Aragón comparte algunas de las cabañeras históricas más importantes, como la Cañada Real de los Roncaleses, que atraviesa las Cinco Villas, es un buen espejo en el que mirarse. La diferencia entre ambas no radica tanto en la extensión de la red como en la estrategia de gestión. Navarra ha entendido las cañadas como un patrimonio natural y cultural que sigue teniendo utilidad en el siglo XXI: facilitan la trashumancia, actúan como corredores ecológicos y forman parte de la identidad del territorio.

Por su parte, Aragón posee un patrimonio mucho mayor, pero todavía tiene el desafío de convertir sus cabañeras en una auténtica infraestructura verde al servicio de la ganadería extensiva, la biodiversidad y la prevención de incendios. La comunidad aragonesa ha avanzado de forma irregular y dependiente de los recursos disponibles en cada momento.

El resultado es que Navarra ha demostrado que las vías pecuarias pueden seguir siendo una infraestructura útil en el momento actual, pero Aragón no necesita construir esa red: ya la tiene. El desafío ahora consiste en recuperar, proteger y volver a llenar de vida los miles de kilómetros cuya protección jurídica todavía no está completamente garantizada.

Tres décadas de retraso

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.

“Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales”, explican desde Ecologistas en acción. Además, recuerdan que la declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad “resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa”.

Sin cabañeras no hay trashumancia

Mucho antes de que existieran las carreteras, las cabañeras conectaban los pastos del Pirineo con las tierras bajas del valle del Ebro y las sierras turolenses. Gracias a estas sendas, los rebaños podían desplazarse siguiendo el ritmo de las estaciones, aprovechando los recursos naturales sin sobreexplotarlos.

Hoy muchas de esas rutas siguen existiendo sobre el papel, pero numerosos tramos permanecen invadidos, interrumpidos o sin uso ganadero. El efecto inmediato es que esta forma de ganadería está “en retroceso”. Al deterioro de muchas vías pecuarias se suman el envejecimiento del sector primario y la falta de relevo generacional. Una ecuación cuyo resultado se traduce en: dificultad para llevar a cabo en el contexto actual una práctica que la UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Pero la pérdida de las cabañeras no solo afecta a los pastores ni al sector ganadero. También supone más vegetación acumulada, mayor riesgo de incendios y un territorio cada vez más despoblado de familias y pueblos vivos. Recuperar estos caminos es proteger un patrimonio histórico, pero también apoyar un modelo de ganadería extensiva que contribuye a conservar la biodiversidad, mantener el paisaje y fijar población en el medio rural.

Matar al fuego reviviendo al ganado

Cada verano, cuando las altas temperaturas convierten los montes aragoneses en un polvorín, el debate suele centrarse en los medios de extinción. Mientras unas voces dicen que “se necesitan más bomberos”. Otras responden: “No, se necesitan más helicópteros”. Sin embargo, los expertos recuerdan que la mejor forma de combatir los grandes incendios es evitar que el monte acumule combustible: prevención.

En esa tarea, los rebaños desempeñan un papel fundamental. Porque cuando un rebaño atraviesa una cabañera no solo se desplaza. Los animales hacen un trabajo silencioso, constante y gratuito desde hace siglos. A su paso por los caminos consumen hierbas, arbustos y vegetación que, semanas después, podría alimentar un incendio. Este aprovechamiento natural, conocido como pastoreo preventivo, reduce la biomasa, mantiene el paisaje en mosaico y dificulta la propagación del fuego.

Las vías pecuarias permiten precisamente ese movimiento del ganado entre diferentes zonas de pasto. Sin estos corredores públicos, la ganadería extensiva pierde movilidad y el territorio una de sus herramientas más eficaces y sostenibles para prevenir incendios. En un contexto de cambio climático y de veranos cada vez más extremos, recuperar las cabañeras es también una forma de invertir en prevención.

Qué dice el Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón defiende que, aunque la clasificación de alrededor de 300 términos municipales continúa pendiente y constituye uno de los principales retos para la protección efectiva de la red, en los últimos tres años se ha producido un cambio.

Según explica la Consejería de Medio Ambiente, desde 2024 el Gobierno de Aragón ha comenzado a aplicar “por primera vez en la comunidad autónoma” el principio establecido en la legislación estatal y autonómica de que los ingresos obtenidos por autorizaciones, ocupaciones, aprovechamientos, sanciones y otras actuaciones relacionadas con las vías pecuarias deben destinarse a su conservación, vigilancia y mejora.

Este cambio se materializó con la creación del fondo de mejoras de vías pecuarias, identificado como fondo financiador 72030, en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024. A través de este mecanismo se destinaron 502.881,49 euros a la mejora de las vías pecuarias durante 2024. Debido a la prórroga presupuestaria, esa misma cantidad se ha mantenido en 2025 y se está destinando también durante 2026.

Las actuaciones llevadas a cabo desde entonces; centradas en desbroces, mejoras de pastizales y de los firmes de caminos que discurren por el interior de las vías pecuarias, así como la construcción y reparación de refugios y apriscos, se han desarrollado en diferentes puntos de Aragón, aunque con especial intensidad en la provincia de Zaragoza. Además, el ejecutivo recuerda que también se han ejecutado actuaciones para construir y mejorar balsas y abrevaderos destinados al ganado.

Pero el avance, apuntan desde Ecologistas en Acción, “continúa siendo insuficiente” comparado con el trabajo que están llevando a cabo comunidades autónomas como Andalucía o la vecina Comunidad Foral de Navarra.

Por el momento, desde agosto de 2023, hasta agosto de 2026, se ha aprobado la clasificación de las vías pecuarias existentes en siete términos municipales, y está en trámite la de dos más, tal y como apuntan fuentes de la consejería que no se pronuncia sobre el tiempo que llevará completar la clasificación de los términos municipales que todavía carecen de ella, avanzar posteriormente en la delimitación y recuperación de los trazados y conseguir que una red de casi 13.500 kilómetros pueda funcionar de manera efectiva como infraestructura para la ganadería extensiva, como corredor ecológico y como herramienta de prevención frente a los incendios.

Porque las cabañeras aragonesas no han desaparecido. El desafío es conseguir que vuelvan a estar plenamente reconocidas, protegidas y utilizadas.

Helicópteros, aviones anfibios, brigadas helitransportadas, autobombas, drones y centenares de profesionales desplegados sobre el terreno. Nunca Aragón había contado con un dispositivo de extinción tan potente como el actual y, sin embargo, el verano de 2026 está dejando una de las campañas de incendios más complejas de los últimos años.

La paradoja es evidente. Si los medios para apagar el fuego son cada vez mejores, ¿por qué los grandes incendios siguen creciendo en intensidad, velocidad y superficie quemada?

Para Ignacio Pérez-Soba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, la respuesta no está en el aire, sino bajo los pies de quienes combaten las llamas. El problema, sostiene desde hace años, no es únicamente cómo se extinguen los incendios, sino cómo se está gestionando el territorio mucho antes de que aparezca la primera columna de humo. Su tesis, compartida recientemente junto al decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, Jesús Ángel Betrán, es clara: los incendios forestales no pueden seguir abordándose como una emergencia estacional, sino como un problema estructural de ordenación del territorio.

En este sentido, Pérez-Soba va un paso más allá. En el capítulo que acaba de publicar sobre la problemática de los incendios forestales en España sostiene que en la actualidad los “incendios forestales” son cada vez menos exclusivamente forestales. “Los incendios forestales son, ante todo, un fenómeno rural”, escribe, porque es en el territorio rural donde confluyen las condiciones que explican su origen, su propagación y sus consecuencias. Esa afirmación obliga, a su juicio, a cambiar también el enfoque de las políticas públicas: la prevención no puede recaer únicamente en los servicios forestales, sino que debe implicar a la agricultura, la ganadería, la planificación territorial y el desarrollo rural.

Ni basta con “limpiar” el monte ni con contratar más helicópteros

Durante años, el debate público sobre los incendios ha girado casi exclusivamente alrededor de dos preguntas: si hacen falta más medios de extinción y si basta con “limpiar el monte”.

Cuando un incendio alcanza un comportamiento extremo, genera su propia meteorología y supera la capacidad de ataque de los equipos terrestres y aéreos, el margen de actuación es muy reducido. El trabajo de los quipos de extinción (que en Aragón son principalmente las brigadas forestales del Gobierno de Aragón, conocido como “dispositivo INFOAR”) consiste entonces en proteger vidas humanas y evitar que el fuego alcance los núcleos habitados.

Por eso, la verdadera prevención empieza mucho antes. “Solo con un sector profesional forestal fuerte podremos tener incendios más débiles”, ha repetido Pérez-Soba en distintas intervenciones públicas, defendiendo que la gestión activa del monte constituye la herramienta más eficaz frente a los grandes incendios.

Además, el decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón incide en denunciar que “expresiones como ”los incendios se apagan en invierno“ o ”hay que limpiar el monte“ simplifican en exceso una realidad en la que intervienen factores ecológicos, económicos, sociales y culturales”, al mismo tiempo que recuerda que “un problema tan complejo” no debe ser abordado con “explicaciones o soluciones extremadamente simplistas”.

Una vegetación que se expande, y sin nadie que la gestione

Los expertos explican que el gran cambio sufrido por Aragón en las últimas décadas no ha sido únicamente, ni siquiera principalmente, climático. También han cambiado tanto el paisaje como la sociedad rural.

El abandono de la explotación de las leñas y el marcadísimo descenso de la agricultura de montaña o marginal y de la ganadería extensiva han causado y causan que el paisaje rural haya perdido cultivos agrícolas, eriales y pastizales, ganando matorrales y cubiertas arboladas. Esta realidad es en sí positiva: es la cicatrización de las heridas causadas por siglos de sobreexplotación y maltrato humanos.

El problema no es la expansión de la vegetación forestal, sino que ésta se haya producido a la vez que pasaban dos cosas en España: había un cambio estructural profundísimo de la actividad agroforestal, que pasó a hacer una agricultura y una ganadería mucho más intensivas, y en muchos lugares abandonó los montes, dejando de tener actividad profesional en ellos; y disminuyó, en casi todas las Comunidades Autónomas, la inversión pública en gestión forestal. En esta disminución influyó mucho que se difundieran entre la sociedad urbana (y por tanto, también en la clase política), prejuicios contra la corta de madera: lamentablemente el ciudadano español medio actual cree poco menos que un crimen la corta de cualquier árbol. Nada más falso: la ingeniería de montes lleva casi 180 años demostrando en España que unas cortas bien hechas, que imiten los procesos naturales de muerte del arbolado, son una magnífica herramienta para mejorar y rejuvenecer los bosques.

Así pues, justo cuando se planteó un nuevo y amplio reto de gestión de la vegetación forestal, descendieron los presupuestos dedicados a la ingeniería de montes, y la sociedad se desvinculó de los montes. El resultado: millones de metros cúbicos de madera se incorporan cada año a nuestros bosques, sin adecuada gestión.

A ello se suma otro factor que este verano ha sido especialmente determinante: una vegetación extremadamente seca tras semanas sin precipitaciones significativas y varios episodios consecutivos de calor extremo. Esa combinación ha incrementado la energía liberada por los incendios y ha reducido enormemente la capacidad de controlarlos durante las primeras horas.

Poner el foco sobre: ¿quién gestiona realmente el monte?

En un artículo publicado en el Heraldo de Aragón, firmado por los decanos Pérez-Soba y Betrán, y secundado por el resto de decanos de los Colegios Profesionales de Ingeniería de Aragón, defienden que la prevención de incendios es “asunto de todas las ingenierías”. Una frase que encierra una idea mucho más profunda de lo que parece.

“Gestionar el territorio no consiste únicamente en apagar incendios”, explican. “Consiste en decidir qué cultivos permanecen activos, qué montes se aclaran, qué caminos forestales nuevos son precisos, dónde y cómo pasta el ganado, cómo se aprovecha la biomasa o quién se responsabiliza del mantenimiento de miles de hectáreas forestales”, apuntan.

Y es justo en este punto donde aparece uno de los problemas que arrastra Aragón: cerca de la mitad de la superficie forestal pertenece a propietarios privados. En numerosos casos se trata de parcelas extremadamente fragmentadas, heredadas durante generaciones, con titulares difíciles de localizar o cuya rentabilidad económica resulta insuficiente para justificar inversiones periódicas en trabajos selvícolas.

El Diagnóstico del Plan Forestal de Aragón, elaborado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, indica que: el 58,5 % de la superficie forestal aragonesa es de titularidad pública (1.475.140 hectáreas), y el 41,5 % restante es de titularidad privada, lo que supone más de un millón de hectáreas en manos alrededor de 158.000 propietarios particulares de monte privado diseminados por toda la comunidad.

La propiedad está muy fragmentada, y esa fragmentación dificulta la gestión forestal. El Plan Forestal propone un “Plan de dinamización y concentración de la propiedad forestal privada aragonesa”. Mientras existan millones de hectáreas con propietarios desconocidos, dudosos o incapaces de gestionar individualmente sus parcelas, resulta muy complicado planificar tratamientos forestales, restauraciones o infraestructuras de prevención. Por ello, Pérez-Soba recuerda que, uno de los principales obstáculos para desarrollar una gestión preventiva eficaz, es precisamente la falta de claridad en la propiedad del monte.

El monte no puede mantenerse solo con subvenciones

Otra de las ideas que el decano del Colegio de Ingenieros de Montes pone sobre la mesa rompe con uno de los planteamientos más habituales sobre la conservación de los bosques. Un monte no puede mantenerse solo mediante inversiones públicas. “Permanece bien gestionado cuando genera actividad económica”.

Durante siglos, el bosque fue un espacio productivo. Proporcionaba madera, carbón vegetal, leña, resina, pastos, caza o setas. Esa actividad obligaba a mantener caminos abiertos y realizar aprovechamientos periódicos que reducían de forma natural la carga de combustible. Cuando esa economía desaparece, también desaparecen quienes trabajan diariamente en el monte.

La vegetación crece durante décadas sin apenas intervención humana y el resultado es un bosque más denso, con árboles compitiendo por el agua, abundante matorral y grandes cantidades de biomasa seca acumulada. Esta fotografía fija se convierte en el escenario perfecto para que cualquier chispa termine convirtiéndose en un incendio de comportamiento extremo como los que se están viviendo este verano en Aragón y en el resto de España.

De apagar incendios a gestionar paisajes

El cambio de estrategia frente a los incendios forestales pasa, según defienden los decanos de los colegios de Ingenieros de Montes y de Ingenieros Agrónomos, por actuar sobre el territorio mucho antes de que llegue el verano. Ignacio Pérez-Soba y Jesús Ángel Betrán sostienen que la prevención no puede limitarse a abrir cortafuegos o reforzar los dispositivos de extinción cuando comienza la campaña estival. La clave está en recuperar una gestión integral del territorio, en el que bosques, cultivos y pastos sean espacios gestionados y activos. Se trata, en definitiva, de “diseñar un territorio más resistente al fuego y menos vulnerable a los incendios de alta intensidad”.

Ese modelo requiere devolver al monte su función productiva y favorecer actividades que contribuyen a su mantenimiento. La ganadería extensiva ayuda a controlar de forma natural la vegetación que alimenta los incendios; el aprovechamiento de la biomasa convierte un exceso de combustible forestal en un recurso con valor energético; y en general los proyectos de ordenación de montes permiten planificar una gestión integral.

Los ingenieros inciden en que la prevención debe dejar de entenderse como un gasto asociado a la campaña de incendios para convertirse en una inversión permanente en gestión del territorio y desarrollo rural, capaz de generar actividad económica, fijar población y reducir el riesgo de que una chispa termine convirtiéndose en un gran incendio forestal.

Una nueva política para el monte

Para Pérez-Soba y Betrán, la prevención de los incendios forestales no puede seguir siendo una responsabilidad exclusiva de los servicios de extinción o de un único departamento de la Administración. Exigen una estrategia compartida en la que participen ingenieros de montes, ingenieros agrónomos, administraciones públicas, propietarios forestales, agricultores, ganaderos y ayuntamientos. La gestión del territorio, defienden, debe convertirse en una política permanente que trascienda la campaña de verano y que integre la actividad agrícola, ganadera y forestal como herramientas clave para reducir el riesgo de grandes incendios.

Ese cambio de modelo pasa por adoptar medidas concretas que permitan recuperar un territorio más resiliente frente al fuego. Entre ellas, proponen favorecer la creación de agrupaciones de propietarios para gestionar de forma conjunta parcelas forestales muy fragmentadas, actualizar la información catastral y registral para identificar con claridad la titularidad de los montes, incentivar fiscalmente la gestión forestal sostenible y consolidar un mercado estable para todos los productos forestales, que dé valor añadido al monte.

También consideran prioritario apoyar la ganadería extensiva como método natural para reducir la carga de combustible y sobre todo promover trabajos y actividades forestales, no solo de las brigadas de la Administración Forestal, sino de empresas privadas y de otras Administraciones Públicas, como las locales.

Las cifras del fuego: las series históricas demuestran que no hay más incendios que en los años 80

La sensación de que cada verano arden más montes forma parte ya del imaginario colectivo. Sin embargo, las estadísticas oficiales dibujan un panorama más complejo. Pérez-Soba recuerda que el análisis de los incendios debe hacerse sobre series históricas largas y no a partir de una campaña concreta. “En el sector forestal toda tendencia se manifiesta en plazos largos”, advierte.

Los datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), que recopila información homogénea desde 1968, muestran que el número de incendios en España lleva años descendiendo. Tras alcanzar máximos superiores a los 25.000 incendios anuales en la década de los noventa, desde 2012 la cifra se estabiliza en torno a los 12.000, menos de la mitad del máximo histórico. También ha disminuido el número de grandes incendios forestales y la superficie media quemada por incendio respecto a los peores años registrados.

Entonces, ¿por qué existe la percepción de que los incendios son cada vez peores? El ingeniero de montes apunta varias razones. Por un lado, la enorme repercusión mediática que tienen los grandes incendios durante el verano; por otro, la espectacularidad de las imágenes aéreas y la falta de especialización técnica en buena parte de la información publicada. Todo ello contribuye, sostiene, a construir una visión parcial de un fenómeno mucho más complejo de lo que suele reflejar el debate público.

¿El incendio se apaga en invierno? No: se apaga todo el año, todos los años

La campaña de 2026 ha demostrado que Aragón dispone de profesionales altamente cualificados para combatir el fuego. Pero también está poniendo de manifiesto que existe un límite que los medios de extinción no pueden superar cuando el territorio acumula décadas de abandono.

La reflexión que plantean Ignacio Pérez-Soba y Jesús Ángel Betrán trasciende la gestión de una emergencia concreta. Su mensaje apunta a un cambio de modelo: dejar de considerar el incendio como un problema exclusivamente de extinción y empezar a entenderlo como la consecuencia visible de un territorio cada vez más abandonado.

Porque, cuando el fuego llega en verano, las decisiones que realmente podían haber reducido su intensidad se tomaron —o se dejaron de tomar— muchos meses, o muchos años, antes. Y en ese tiempo, concluyen los ingenieros, el protagonista ya no es el helicóptero ni la autobomba. Es el propietario forestal, el agricultor, el ganadero, el técnico y la administración capaces de mantener un monte vivo, rentable y gestionado durante los doce meses del año.

La diferencia entre un monte que arde y otro que resiste no empieza cuando despega el primer helicóptero. Empieza en la forma en que una sociedad decide gestionar -o no- su territorio rural.

La explicación se detiene unos segundos. El grupo levanta la vista hacia una estancia centenaria del Castillo-Palacio Arzobispal de Albalate del Arzobispo y, casi al mismo tiempo, baja la mirada hacia la pantalla de una tablet. En ella aparece una imagen que ayuda a reconstruir lo que el tiempo ha borrado. Donde hoy quedan muros desnudos, la tecnología dibuja espacios habitados; donde solo se intuye el paso de los siglos, surgen detalles que permiten comprender mejor la historia.

No hay prisas. Las preguntas aparecen con naturalidad y el guía continúa el recorrido. La escena resume una idea que hace apenas unos años parecía difícil de imaginar: un castillo medieval y una herramienta digital compartiendo protagonismo para contar la misma historia.

La introducción de tablets en las visitas al Castillo-Palacio Arzobispal es un paso más en la estrategia de valorización turística del castillo, y hacia la modernización de la experiencia de sus visitantes, cada vez más diversos y con necesidades diferentes. Sin embargo, lejos de convertir la visita en una experiencia puramente digital, la tecnología actúa como una herramienta al servicio del patrimonio; facilita que cada estancia cobre vida y ayuda a quien lo ve a imaginar cómo fue el edificio en sus diferentes etapas históricas.

La experiencia digital que llega al Castillo-Palacio Arzobispal de Albalate del Arzobispo se despliega en distintos espacios del mismo. En el patio, los visitantes pueden disfrutar de una visión inmersiva en 360º; la terraza combina la realidad virtual con una recreación también en 360º, mientras que la capilla incorpora técnicas de realidad aumentada que enriquecen la interpretación de este espacio histórico.

Innovar también es una forma de conservar

Durante mucho tiempo, la conservación del patrimonio se ha centrado casi de manera exclusiva en la restauración de piedras, consolidación de muros o reparación de cubiertas. Hoy, esa misión va un paso más allá, demostrando con iniciativas como esta que, velar por el patrimonio también consiste en conseguir que quien visita un monumento entienda por qué merece la pena conservarlo.

La incorporación de tablets a las visitas del castillo responde precisamente a esa filosofía. La entrada de un nuevo elemento no pretende sustituir la experiencia de caminar por un edificio con siglos de historia ni el relato de quienes lo conocen. En este caso el de su guía, Alfredo Martínez, un profesional altamente valorado por quienes han realizado visitas con él, que se confiesa un apasionado de su trabajo, y que ha participado activamente en este proyecto que apenas está comenzando a despegar con la llegada de las tablets.

Si algo tiene claro el equipo multidisciplinar que está al frente de este proyecto, es que una pantalla nunca podrá sustituir la emoción de atravesar una puerta que ha permanecido abierta durante siglos. Pero sí puede ayudar a imaginar, identificar o contextualizar episodios históricos que, sin una explicación visual, resultarían difíciles de entender. Y es que, tal y como subrayan los expertos, cuando la tecnología se pone al servicio del patrimonio, no resta autenticidad; suma comprensión.

Musealización, videomaping y realidad aumentada y virtual

Las últimas actuaciones, financiadas a través de una convocatoria de ayudas del Instituto para la Transición Justa (ITJ), han permitido consolidar el torreón islámico y acometer distintas intervenciones en la Sala Gótica, con una inversión de 284.383 euros. A ello se suma la digitalización de la musealización del monumento, dotada con otros 51.546 euros, que incorpora herramientas tecnológicas para enriquecer la experiencia de la visita. “Se trata de acercar a la gente a las nuevas tecnologías y de ofrecer una forma diferente de conocer la historia y nuestro patrimonio. Creemos que la experiencia ha gustado a quienes ya la han probado”, explica la alcaldesa de Albalate del Arzobispo, Celia Trullén.

La digitalización del castillo no termina con la incorporación de las tablets. El proyecto nace con vocación de crecer e integrar, en próximas fases, distintas herramientas como la realidad aumentada, la realidad virtual o el videomapping para ofrecer una interpretación cada vez más inmersiva del monumento. “La idea es acercar al visitante esa realidad oculta que se esconde detrás de la historia y de los restos que conservamos. Para hacerla más comprensible recurrimos a estas tres tecnologías”, explica el coordinador del proyecto, José Ángel Guimerá.

El recorrido se completa con contenidos audiovisuales que ayudan a contextualizar la evolución del castillo y permiten descubrir detalles que, de otro modo, pasarían inadvertidos, como los canecillos recuperados recientemente de la antigua techumbre.

Detrás de esta iniciativa hay un equipo multidisciplinar que combina conocimiento histórico, restauración patrimonial e innovación tecnológica. El historiador y guía local Alfredo Martínez Tirado, el arquitecto especializado en restauración José Ángel Gil Bordás, el documentalista y coordinador técnico José Ángel Guimerá Maurel y la empresa Invelon Technologies han unido sus conocimientos para demostrar que la mejor manera de preservar el patrimonio no siempre consiste solo en restaurarlo, sino también en encontrar nuevas formas de contarlo.

El patrimonio también genera futuro

Albalate del Arzobispo ha apostado por implantar las palabras: digitalización, innovación o transformación tecnológica, desde otra escala. Lo ha hecho utilizando su principal patrimonio como puerta de entrada. Sin embargo, no se trata únicamente de ofrecer una visita más atractiva, esta innovación tiene otra función, la de demostrar que el medio rural también puede incorporar herramientas actuales sin renunciar a su identidad. La innovación no siempre llega en forma de grandes infraestructuras. A veces cabe en una mochila y acompaña a un guía durante una visita, como estas tablets.

Cada persona que entra en el castillo deja algo más que una entrada vendida. En muchas ocasiones prolonga la visita con una comida en el municipio, una compra en un comercio local o un paseo por sus calles. Ese movimiento, aparentemente pequeño, alimenta una economía hiperlocal a veces, que necesita motivos para seguir atrayendo visitantes durante todo el año.

Por eso, mejorar la experiencia turística no es un detalle menor. Es una inversión en oportunidades. Y una salvaguarda a futuro. En este contexto, los pueblos no compiten únicamente por atraer turistas, también lo hacen para ofrecer a una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, vídeos y experiencias, una oferta cada vez más inmersiva y de calidad.

Pero, el verdadero reto consiste en hacerlo sin convertir el patrimonio en un espectáculo. Y en Albalate del Arzobispo la apuesta es: utilizar la tecnología para reforzar el valor de la historia, no para eclipsarla. Así, mientras la piedra prevalece, las tablets ayudan a que el visitante no solo observe un edificio histórico, sino que imagine cómo fue, quiénes lo habitaron y por qué este enclave continúa siendo uno de los grandes símbolos patrimoniales del Bajo Martín.

Cuando un pueblo mira al futuro sin dejar de mirar a su pasado

Hay proyectos que pasan desapercibidos en el territorio porque no implican grandes inversiones ni inauguraciones multitudinarias. Sin embargo, terminan explicando mejor que muchos discursos hacia dónde quieren caminar los pueblos, y la apuesta de Albalate por maridar patrimonio y tecnología es arriesgada, pero nace de la base de que la segunda, no borra la identidad rural, y que cuando se utiliza con sentido ayuda a reforzarla.

El Castillo-Palacio Arzobispal lleva años recuperando protagonismo gracias a distintas actuaciones de conservación, restauración y promoción. La aprobación de un plan director marcó además la hoja de ruta para seguir consolidándolo como uno de los referentes patrimoniales de Aragón y como un motor de dinamización para el municipio.

A primera vista, cuesta imaginar una tablet entre muros levantados hace siglos. Sin embargo, en el Castillo-Palacio Arzobispal de Albalate del Arzobispo ambas realidades ya conviven con naturalidad. La piedra sigue contando historias, pero ahora encuentra un nuevo aliado para llegar más y mejor a quienes cruzan su puerta para descubrirla.

El serrín cae sobre la mesa mientras un destornillador aprieta el último tornillo. Es el paso final para que unas tablas de madera se conviertan en una pequeña caja, con una abertura circular en uno de sus laterales. No parece gran cosa. Sin embargo, quienes la construyen saben que, dentro de unos meses, puede convertirse en el hogar de una de las aves más bellas y amenazadas del Bajo Aragón: la carraca europea (Coracias garrulus).

Cada primavera, esta ave de plumaje azul eléctrico y unos 15 centímetros, recorre miles de kilómetros desde el África subsahariana hasta la península ibérica. Un camino que viene haciendo durante siglos, pero cuyo destino hacia el Bajo Aragón había comenzado a cambiar hace unos años.

El abandono de espacios como granjas o casas de campo tradicionales, y la pérdida de chopos o almendros viejos, han ido dejando a las carracas sin cavidades y huecos naturales donde poner sus huevos. Por ese motivo, la migración a esta zona de Aragón estaba dejando de tener sentido para la carraca.

Consciente de esta realidad que las cifras avalan, el ornitólogo Luis Bolonio ha puesto en marcha en Aragón el proyecto 'CasaCarraca', una iniciativa que se sufraga con recursos propios y que está implicando a vecinos, escolares, voluntarios y amantes de la naturaleza participando en la construcción de 36 casetas refugio de madera con un objetivo común: que la carraca encuentre un lugar donde criar cuando regrese al Bajo Aragón de su largo viaje desde África.

La implicación de quienes conocen el territorio

El proyecto ha iniciado la instalación de 36 cajas nido repartidas por distintos enclaves del Bajo Aragón Histórico, especialmente en zonas próximas a las Saladas de Alcañiz y otros espacios donde todavía persisten algunas parejas reproductoras de carraca. Cada ubicación es el resultado de un estudio llevado a cabo previamente para aumentar las posibilidades de éxito, y forma parte de un plan mucho más amplio que incluye censos, seguimiento de ejemplares y acciones de divulgación. Y es que, como asegura el ornitólogo: “La que tenemos en la comarca es una población en una situación muy frágil, muy vulnerable y que en poco tiempo se podría extinguir”.

La carraca tiene una particularidad que comparte con otras aves: no construye su propio nido, por lo que depende de los agujeros abiertos por los pájaros carpinteros o de las cavidades en edificios para cobijarse. Cuando desaparecen los árboles viejos o se rehabilitan las masadas sellando todos sus huecos, la especie pierde automáticamente sus lugares de reproducción.

Por eso las cajas nido se han convertido en una herramienta tan eficaz. Están fabricadas en madera y diseñadas específicamente para la especie, reproduciendo las condiciones que antes ofrecía el propio paisaje. Los primeros resultados ya invitan al optimismo: buena parte de las primeras cajas instaladas antes de la llegada de las aves fueron ocupadas durante la misma temporada de cría.

Un proyecto sin premio ni financiación que sale adelante con recursos propios

'CasaCarraca' no pretende limitarse a colocar refugios artificiales. La iniciativa va más allá y pasa por implicar a agricultores, ganaderos, cazadores, propietarios de fincas, centros educativos y asociaciones locales. Porque la filosofía del proyecto entiende que la conservación solo es posible si nace desde el medio rural, contando con quienes más lo conocen, lo mantienen y lo habitan.

Este proyecto también pone de manifiesto otra realidad habitual en el medio rural: muchas iniciativas nacen antes de contar con financiación. 'CasaCarraca' es un buen ejemplo de ello. La idea no logró acceder a las ayudas a las que optó a través de un vídeo que los niños y niñas del CRA Alifara grabaron para presentar el proyecto y conseguir así salvar de la extinción a esta especie, como ha sucedido en Guadalajara.

“Después de que los programas de desarrollo local no contestaran a nuestros mensajes, decidimos seguir adelante con la iniciativa, pagándola nosotros”, explica el ornitólogo. La falta de recursos públicos no frenó la puesta en marcha de algo que muchos ya habían integrado en su lista de “debe al pueblo”. Y eso es, precisamente, lo que ha sacado adelante 'CasaCarraca', que el entorno más próximo ha hecho suyo el proyecto.

A pesar de la precariedad en los recursos, hay “algo bonito” en esta historia. “La gente ha empezado a preguntar cómo colaborar, así que ahora estamos pensando cómo poner en marcha algún mecanismo, por ejemplo, de micromecenazgo”, que permita la viabilidad de 'CasaCarraca', añade Bolonio. También “hay empresas interesadas en financiar el proyecto, al menos parcialmente”, apunta, y la asociación ecologista aragonesa ANSAR va a donar 10 cajas nido para instalar el próximo año. Casi sin buscarlo, a esta iniciativa se le abre una ventana con vistas al futuro, en un lugar donde no la había buscado. Y mientras estos futuros apoyos llegan, hay uno que es ya una realidad tangible y vital.

Se trata del impulso de los escolares del CRA, que están participado en la construcción y decoración de varias cajas nido, y también en su instalación. Mientas construyen las casas prenden cómo vive la carraca, por qué necesita estos refugios y qué papel desempeñan los paisajes agrícolas tradicionales en la conservación de la biodiversidad. Al mismo tiempo que unos sujetan los tornillos y otros pintan los listones, también descubren que proteger la naturaleza puede empezar con un gesto tan sencillo como lo es el construir un pequeño nido. Una caja de madera que puede llegar a salvar de la extinción a un ave que forma parte del paisaje y de la tradición del Bajo Aragón y el Bajo Martín.

Símbolo de un problema mucho mayor

El descenso de la población de carraca es el “símbolo de un problema mucho mayor”, asegura el ornitólogo Luis Bolonio. Cuando desaparecen los árboles viejos, las construcciones del campo quedan vacías, los barbechos se reducen y los insectos escasean, no solo se pierde una especie, el paisaje rural se empobrece. Por ello, fabricar una caja nido es mucho más que un trabajo de carpintería. Es una forma de devolver al paisaje un hogar que atrae vida.

Lejos de ser un investigador de laboratorio, Bolonio conoce el mundo rural desde dentro. Fue ganadero de cabras en extensivo en el Alto Tajo antes de especializarse en conservación de la biodiversidad. Más tarde trabajó durante años en África Occidental desarrollando proyectos de cooperación vinculados al desarrollo rural y la convivencia entre las personas y la fauna salvaje. Hoy preside la asociación CEBIME (Conservación y Estudio de la Biodiversidad en Medios Esteparios) y participa en diferentes investigaciones sobre aves esteparias y conservación del territorio.

Su historia con la carraca comenzó hace más de dos décadas en Guadalajara. Allí comprobó que apenas sobrevivían unas pocas parejas reproductoras y decidió actuar. La solución parecía sencilla: construir cajas nido que sustituyeran los huecos naturales desaparecidos, pero detrás de aquella idea había mucho más que carpintería.

Había censos, seguimiento científico, colaboración con agricultores y propietarios de fincas, restauración del hábitat y un convencimiento que Bolonio repite siempre que habla del proyecto: conservar una especie significa conservar también el paisaje que la hace posible. Los resultados terminaron dando la razón al equipo porque donde apenas quedaban unas pocas parejas reproductoras, la población comenzó a recuperarse hasta convertirse en uno de los principales ejemplos de conservación de la carraca en España; salvando a esta especie de la extinción en esa zona.

A las puertas de la extinción en el Bajo Aragón

El primer censo provincial de carraca europea realizado por CasaCarraca en la comarca del Bajo Aragón en 2025 dibujó un escenario preocupante. El estudio localizó cuatro subpoblaciones distribuidas en 12.169 hectáreas y censó un total de 17 parejas reproductoras en toda la provincia de Teruel. De ellas, 11 se concentran entre el Bajo Aragón y el Bajo Martín, donde se encuentra el 65 % de la población turolense, mientras que las seis restantes viven en el entorno de la Laguna del Cañizar. Además, el trabajo permitió identificar por primera vez dos subpoblaciones desconocidas hasta ahora, en la Huerta de Gaén y en los Llanos del Regallo-Vañimala.

Los datos recogidos por el equipo de Bolonio muestran también la rapidez con la que la especie está retrocediendo en esta zona. En los últimos años han desaparecido al menos seis parejas reproductoras en el Bajo Aragón, lo que supone un declive del 35 %. En cinco de esos antiguos nidos hoy crían cernícalos vulgares, una señal de que las cavidades siguen siendo útiles, pero ya no reúnen las condiciones que necesita la carraca. A ello se suma otro problema de fondo: la desaparición sinuosa, pero sin freno hasta ahora, del pito real ibérico; el pájaro carpintero que excava los huecos naturales de los que depende la carraca para reproducirse.

A día de hoy, solo dos parejas de carraca siguen utilizando este tipo de cavidades naturales; el resto ocupa edificios rurales muy deteriorados o intenta criar en construcciones modernas con orificios inadecuados que no garantizan el éxito de la reproducción para estas aves.

Con este diagnóstico sobre la mesa, CasaCarraca ya ha diseñado una hoja de ruta para los próximos años. El plan contempla instalar 60 nuevos nidales para consolidar las tres subpoblaciones del Bajo Aragón y el Bajo Martín, ampliar el censo hacia la ribera zaragozana del Ebro, conectar las distintas poblaciones mediante nuevos puntos de reproducción, estudiar con emisores GPS los hábitos de alimentación de la carraca y analizar la situación del pito real ibérico, considerado una especie clave para la supervivencia del primero. Todo ello acompañado del mantenimiento de los nidos y de un seguimiento continuado de la población.

Un trabajo ingente que, hasta ahora, ha sido posible poner en marcha gracias al alumnado y el profesorado del CRA Alifara, y al resto de vecinas y agricultores que han apostado por salvar a un pájaro azul turquesa y anaranjado construyendo nidos con el fin de que éste siga eligiendo surcar el cielo de Teruel para ver nacer a sus crías.

Un trabajo manual con madera, tornillos y alambre que va más allá de fabricar un nido. Lo que los vecinos del Bajo Aragón están intentando es demostrar que con colaboración y un buen guía, pueden llegar a conseguir que una parte de la memoria natural de la zona, vuelva a encontrar razones para regresar a su comarca cada primavera.

Las máscaras africanas observan en silencio desde los muros de piedra del castillo de Aínsa. Frente a ellas, la tierra del Pirineo. Y entre unas y otras, una conversación. Una de esas que solo el arte sabe mantener. Desde el silencio. A través del simbolismo que cada una de las partes encierra. En un territorio donde hablar de cultura es también hablar de comunidad, el Festival Castillo de Aínsa ha reservado, en su edición de 2026, un espacio para mirar hacia las personas con capacidades diferentes, una parte de la sociedad que, demasiadas veces, se quedan fuera del foco.

Las jornadas 'Habitando los márgenes' han convertido durante unos días al Sobrarbe en un lugar donde el arte africano ha dialogado con las obras creadas por jóvenes con discapacidad intelectual de ArteCor Monegros. Una línea que abrió a mediados del siglo pasado una mujer que nunca visitó Aínsa y que, sin embargo, ha estado muy presente entre las piedras del castillo.

Se llamaba Judith Scott. Nació en Estados Unidos en 1943 con síndrome de Down y sordera profunda. Cuando apenas tenía siete años fue separada de su hermana gemela e ingresada en una institución donde pasó casi cuatro décadas. Nadie esperaba nada de ella. Nadie imaginaba que aquella mujer silenciosa acabaría convirtiéndose en una de las escultoras más reconocidas del art brut contemporáneo.

Su historia podría parecer muy lejana al Pirineo. Pero no lo es. Porque cuando el Festival Castillo de Aínsa decidió dedicar unas jornadas al arte, la discapacidad y el medio rural, eligió precisamente la vida de Judith Scott para recordar una idea sencilla: el talento necesita más oportunidades que permisos. Una historia que se ha podido conocer a través de la proyección del documental biográfico '¿Qué tienes debajo del sombrero?' (2006), dirigido por Lola Barrera e Iñaki Peñafiel y considerado como una de las obras documentales más importantes sobre arte y discapacidad en España.

El documental contextualiza la exposición y el objetivo de este proyecto aragonés, poniendo como ejemplo a la artista estadounidense; una mujer, fuera del foco y con discapacidad, condiciones muy similares a las de las personas que colaboran en la muestra de Aínsa –con capacidades diferentes y residentes en el mundo rural– que han encontrado en el arte una forma de expresión, reivindicación y de ocupar un espacio en la sociedad actual. Y ¿por qué a través del arte africano?

Herramienta para hablar de inclusión y territorio

Desde el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, Alfonso Revilla, docente e investigador, ha convertido el arte africano en una herramienta para hablar de educación, diversidad, inclusión y memoria colectiva. Lejos de la visión folclórica o etnográfica con la que durante décadas se contemplaron, Revilla reivindica la dimensión cultural y social de estas piezas. “El arte africano no solo es un medio de expresión estética, también es un vehículo de narración cultural, histórica y restitutiva”, explicaba durante la presentación de la exposición 'Alteridad e identidad: arte africano más allá de la frontera', organizada por la Universidad de Zaragoza en 2024.

Ese planteamiento ha ido tomando forma en diferentes proyectos impulsados desde la universidad. Primero fue una exposición didáctica para acercar el contexto histórico y simbólico del arte africano a los futuros maestros. Después, con la iniciativa 'Presentificación' llevó máscaras, esculturas y objetos ceremoniales a los escaparates del centro de Huesca, sacando el arte de los museos para integrarlo en la vida cotidiana de las personas, convirtiendo así a la ciudad en un espacio de reflexión compartida.

La última parada de ese recorrido ha sido Aínsa, donde las jornadas 'Habitando los márgenes' han propuesto a sus visitantes un diálogo entre piezas tradicionales africanas y las obras creadas por jóvenes con discapacidad intelectual de ArteCor Monegros. Un proyecto que se adentra en un terreno nunca antes explorado y que no se ha basado en una simple convivencia estética. Ha sido una conversación entre dos maneras de entender el arte como expresión de la comunidad, del cuidado, de la identidad y del lugar donde vives.

Cambiar la mirada sobre la discapacidad y el rural

La elección de ArteCor para participar en esta propuesta llevada a cabo en Aínsa tampoco es casual. Esta asociación trabaja desde hace años en Monegros utilizando el arte y la artesanía como herramientas de inclusión. En Aínsa, al situar sus creaciones junto a esculturas y máscaras africanas, la exposición ha dado un paso más allá. Ha puesto en cuestión otra frontera: la que todavía separa el arte reconocido, de las creaciones que llevan a cabo personas con capacidades diferentes.

Esto explica muy bien el planteamiento de 'Habitando los márgenes': una máscara ritual africana no llegó a Huesca para ocupar una vitrina. Tampoco viajó hasta el castillo de Aínsa para convertirse en una pieza exótica que admirar durante unos minutos. Su función era más clara y mucho más profunda: obligar al espectador a mirar de otra manera.

La propuesta del investigador Alfonso Revilla en este sentido ha sido hacer conversar al arte africano con obras contemporáneas creadas en el medio rural aragonés, por personas con capacidades diferentes, moviendo los márgenes para obligar al público a cambiar la mirada y observar el mundo para descubrir y entender otras formas de convivir.

Las piezas han despertado interés de quienes las han podido ver “sobre todo nos preguntaban por el significado de cada una de ellas”, explica Alfonso Revilla, que, aunque reconoce que es difícil decir si el objetivo de “cambiar la mirada del público y hacerles reflexionar” se ha cumplido, ya que no se han hecho métricas de la exposición, sí que tira de experiencia y reconoce que “toda propuesta de arte africano en contextos postcoloniales es una invitación a hacer una reflexión crítica desde el arte que al público le suele interesar, sobre todo teniendo en cuenta el interés y las preguntas que han generado las piezas en esta exposición”, aclara.

Este es un trabajo a largo plazo, y aunque hasta la fecha no se ha decidido de manera oficial, todo apunta a que el próximo curso la línea de trabajo del Campus de Huesca, a través de este profesor, puede tener continuidad con una muestra que reunirá más de 50 piezas y que se expondrán, en este caso, en una zona urbana.

Una exposición que pone en valor el arte libre de etiquetas

“El arte africano nos obliga a cuestionar nuestros prejuicios”, ha apuntado en numerosas intervenciones Alfonso Revilla. Por ello, la exposición 'Invisibles; habitando los márgenes', una muestra comisariada por este profesor junto con Raúl Ursúa, que ha reunido una veintena de piezas de África occidental y central junto a creaciones elaboradas por artistas de ArteCor, ha sido un ejemplo de su línea de pensamiento expuesta para ser observada por el público neófito.

Esculturas, máscaras y objetos rituales vinculados a la fertilidad, la protección o el cuidado colectivo conviviendo en el mismo espacio y tiempo con obras nacidas en la tierra altoaragonesa. Las texturas del barro, los óxidos o los pigmentos naturales evocan ríos, montañas y paisajes del Pirineo, estableciendo un puente inesperado entre dos mundos que comparten una misma manera de entender la comunidad. Porque el verdadero hilo conductor es una pregunta: ¿qué papel puede desempeñar el arte en un pueblo, en una comarca, en un territorio que lucha por mantener vivas sus oportunidades?

La propuesta de tanto de Revilla como de Ursúa es invitar a la sociedad actual a buscar la respuesta en lo colectivo: asociaciones, centros educativos, administraciones y entidades sociales que trabajan cada día en favor de la discapacidad, la creatividad y el desarrollo rural. Porque “en los pueblos la cultura no se contempla como un hecho aislado, se articula como una red” que conecta personas, proyectos y formas distintas de entender, sentir y habitar el territorio.

Por eso, que el escenario elegido haya sido Aínsa, un municipio del Pirineo aragonés, tampoco es una serendipia. En el medio rural, “donde las distancias obligan a cuidar más de los vínculos”, iniciativas como esta demuestran que la cultura puede ser una herramienta para invitar a la gente a quedarse, apostar por un proyecto de vida, generar comunidad y hacer visible aquello que durante demasiado tiempo permaneció invisible; a los “diferentes”.

Entre la piedra medieval del castillo, el barro del Pirineo y las historias que llegan desde África o desde el estudio de Judith Scott, en Aínsa, el arte africano ha dejado de ser un objeto de estudio para “demostrar que se puede convertir en una herramienta de mediación cultural”. Así, la discapacidad deja de abordarse desde la asistencia para hacerlo desde la creación. Y el medio rural deja de ser un escenario periférico para transformarse en un laboratorio donde experimentar nuevas formas de inclusión.