Mientras aprende español en un aula de la Escuela de Adultos Miguel Hernández de Utebo, Ouafae piensa en el futuro. En las conversaciones que algún día mantendrá con sus clientes, en los encargos que espera recibir y en el pequeño negocio de repostería que sueña poner en marcha. Esta joven marroquí hace tartas, “buenas y preciosas tartas”, aseguran quien las han probado. Pero para convertir esa habilidad en un proyecto de vida Ouafae necesita algo más que recetas: necesita dominar el idioma.

Mientras ella estudia español en una de las aulas de la Escuela de Adultos, tras una puerta decorada con flores y mariposas de papel de colores, a pocos metros, está su hijo jugando, pintando o entretenido con otros niños. Es el Aula Canguro del centro. Este chiquitín de ojos vivos y pelo rizado lleva acudiendo allí desde que tenía apenas ocho meses. Ouafae asegura a través de la persona que la ayuda a comunicarse en castellano que: “Si no existiera este servicio, yo no podría venir a clase”. 

La frase parece sencilla, pero encierra una realidad que conocen bien muchas familias. Estudiar cuando se tienen hijos pequeños no siempre depende de las ganas o de la motivación. A menudo depende de algo mucho más básico: tener con quién dejarlos.

Fue precisamente esa barrera la que llevó a la Escuela de Adultos Miguel Hernández a poner en marcha, en el curso 2022-2023, un servicio que hoy se ha convertido en una rareza dentro del sistema educativo aragonés y posiblemente también fuera de él. Mientras los adultos aprenden, los niños esperan al otro lado del pasillo, en el Aula Canguro, un espacio pionero en Aragón.

Una necesidad que estaba vaciando las aulas

La idea no nació de ningún plan estratégico ni de una gran inversión. Surgió de algo mucho más cotidiano: escuchar. El profesorado y el equipo directivo comenzaron a detectar una situación que se repetía año tras año. Personas interesadas en aprender español, obtener una titulación, mejorar sus competencias digitales o ampliar su formación acababan renunciando antes incluso de matricularse.

Las razones eran casi siempre las mismas: madres con bebés, padres con horarios imposibles, familias extranjeras recién llegadas que no contaban con una red familiar de apoyo, abuelos y abuelas que ejercían de cuidadores habituales de sus nietos. La conciliación, o más bien la falta de ella, estaba dejando fuera de las aulas a quienes más podían beneficiarse de la formación.

“Veíamos que había personas que querían estudiar y por sus circunstancias familiares simplemente no podían hacerlo”, explica Ana del Buey, directora de la escuela en aquel momento y promotora del Aula Canguro. No era una cuestión de interés. Era una cuestión de cuidados y la respuesta desde el centro fue crear un espacio específico para los menores. Un lugar seguro dentro de la propia escuela. Un aula que permitiera a los adultos seguir aprendiendo sin tener que elegir entre formarse o cuidar.

A diferencia de otros servicios de conciliación con horarios cerrados, el Aula Canguro de Utebo funciona de forma flexible. Se organiza en función de las necesidades reales del alumnado. Si una madre tiene clase dos mañanas por semana, el servicio se ajusta a esas horas. Si un abuelo asiste a un curso por las tardes y necesita acudir con su nieta, también se adapta. No existe una programación rígida porque el objetivo es precisamente responder a situaciones muy diversas. 

Para ello cuentan con una monitora titulada que permanece con los menores durante el tiempo que dura la formación. Pueden acudir niños y niñas de entre 0 y 12 años, “aunque casi todos los que lo hacen son bebés o niños pequeños, y los que están escolarizados lo hacen por las tardes” explica Sergio Martínez, actual director de la Escuela de Adultos. 

Y hay un detalle que las familias valoran especialmente: no tienen que desplazarse. El aula está dentro del mismo edificio. Apenas unos metros separan a los estudiantes de sus hijos o nietos. Si surge cualquier necesidad, ambos están cerca. Una tranquilidad que, según explican los usuarios, resulta fundamental para quienes dejan por primera vez a un bebé al cuidado de otra persona.

Mucho más que una guardería improvisada

Este Aula Canguro, acogedora, repleta de colores, de juegos para todas las edades, que cuenta con pantalla, una pizarra digital, colchonetas, sillas y mesas, dos cunas y mucha luz natural, se ha convertido en una herramienta de inclusión educativa. Permite que personas que antes quedaban fuera del sistema puedan acceder a una formación que, en muchos casos, resulta clave para mejorar sus oportunidades laborales y sociales.

Es lo que ocurre con Ouafae. Llegó a las clases de español con una meta muy concreta: eliminar la barrera del idioma para poder emprender. Quiere dedicarse profesionalmente a la elaboración de tartas, pero sabe que, para atender clientes, gestionar pedidos o promocionar su trabajo necesita desenvolverse con soltura. Cada clase supone un paso más hacia ese objetivo. Y cada clase ha sido posible gracias a un espacio donde su hijo puede permanecer atendido mientras ella estudia.

El proyecto se financia a través del Programa Corresponsables, destinado a impulsar medidas de conciliación y corresponsabilidad en los cuidados. Gracias a estos fondos se sufraga la contratación de la monitora y el funcionamiento del servicio. La valoración entre usuarios y responsables del centro es unánime, lo asegura Sergio Martínez: “El Aula Canguro funciona”.

Una experiencia singular en Aragón

La Escuela de Adultos Miguel Hernández es la única que dispone de una Aula Canguro de estas características vinculada a un centro de educación de personas adultas en Aragón. La afirmación encuentra respaldo en la información pública disponible sobre los centros aragoneses de educación de adultos, donde no se localizan servicios equivalentes integrados en el propio centro y diseñados específicamente para facilitar la asistencia del alumnado.

Respecto al conjunto del país, resulta difícil asegurar que sea la única experiencia de España, ya que no existe un registro nacional de este tipo de iniciativas, “pero no tenemos constancia de que exista otro servicio similar a este en un Centro de Educación para personas adultas”, puntualiza el director de la Escuela en Utebo. Lo que sí parece claro, asegura el director: “Es que se trata de una propuesta excepcional y poco frecuente”. En definitiva, una solución sencilla a un problema que afecta a miles de personas.

Además, el Aula Canguro no solo presta servicio a las familias de la escuela. Cuando no está siendo utilizada para la conciliación educativa, el espacio continúa teniendo vida. Allí se desarrollan actividades de maternaje y los viernes por la tarde la Asociación de Personas con Discapacidad de Utebo -ADUT- realiza sesiones de logopedia. La sala se ha convertido así en un recurso comunitario que amplía su utilidad más allá de la propia escuela.

Una idea replicable en todo el territorio

“Este Aula funciona tan bien que nos gustaría que otros centros de Aragón sigan el mismo camino”, propone Sergio Martínez. Porque detrás de cada matrícula que se formaliza gracias al Aula Canguro en Utebo hay una historia que, de otro modo, quizá nunca habría llegado a escribirse. La de una madre que aprende español para emprender. La de un abuelo que no tiene que renunciar a formarse porque cuida de sus nietos. La de una familia recién llegada que encuentra una puerta abierta.

Historias pequeñas que hablan de algo mucho más grande: el derecho a aprender sin que los cuidados se conviertan en un obstáculo. Y eso, en una escuela de adultos de Utebo, hace tiempo que dejó de ser una aspiración para convertirse en realidad.

“No vayas donde te lleve el camino, ve donde no hay camino y deja un rastro”. Lo dijo Ralph Waldo Emerson, filósofo que se convirtió en un símbolo del espíritu emprendedor porque a finales del siglo XIX ya hablaba de crear oportunidades donde antes no existían, de la self-reliance —autosuficiencia o confianza en uno mismo—, un término que acuñó y con el que animó a las personas a confiar en su criterio incluso cuando toman decisiones poco convencionales.

La historia de Jara Escudero tiene mucho que ver con Ralph Waldo Emerson, porque cuando la mayoría de los itinerarios empresariales parecen conducir inevitablemente hacia las grandes ciudades, esta emprendedora oscense eligió la dirección contraria. Decidió quedarse en el pueblo donde nació y demostrar que la innovación no entiende de códigos postales. Desde Peralta de Alcofea, un pueblo de apenas 400 habitantes, esta naturópata y cosmetóloga ha impulsado un proyecto que cuestiona viejas certezas sobre el emprendimiento y abre nuevas posibilidades para quienes quieren desarrollar su futuro sin renunciar a sus raíces.

Se trata de CistusLab, una iniciativa que plantea la creación de un laboratorio cosmético compartido destinado a pequeñas marcas y productores. El proyecto ha sido reconocido con el segundo premio Rural Emprende Aragón 2026, un galardón que distingue iniciativas innovadoras capaces de generar actividad económica y oportunidades en municipios rurales.

En los pueblos también caben los microscopios

Lo llamativo no es únicamente el proyecto en sí, sino el lugar donde ha surgido. Porque la pregunta aparece de manera inevitable: ¿Por qué un laboratorio cosmético innovador nace en un pequeño pueblo del Somontano y no en una gran ciudad?

La respuesta tiene mucho que ver con la trayectoria personal de la mujer que está detrás de esta idea. Jara Escudero creció en Peralta de Alcofea y, tras formarse en naturopatía, dermofarmacia y cosmética natural, decidió regresar a su pueblo para desarrollar allí su actividad profesional. “Siempre he tenido claro que quería emprender desde el territorio donde nací”, asegura esta joven que ha tomado una decisión poco habitual en un contexto en el que la apuesta por las ciudades de jóvenes cualificados nacidos y criados en las provincias, sigue siendo una realidad constante; con menos seguidores, pero constante. 

Lo que comenzó como una pequeña empresa de cosmética natural ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en lo que hoy es; una marca con reconocimiento dentro del sector. Durante su andadura CistusLab ha recibido varios premios a nivel nacional relacionados con la cosmética ecológica y natural. Hitos que han ayudado a esta emprendedora rural a consolidar una trayectoria empresarial que demuestra que la especialización y la innovación no son patrimonio exclusivo de los entornos urbanos.

Cuando vivir en tu pueblo, compensa

Sin embargo, emprender desde un pueblo también implica asumir algunas dificultades que rara vez aparecen en los discursos idealizados sobre el medio rural. La menor visibilidad empresarial, unas conexiones digitales todavía mejorables, los plazos más largos en los envíos o la necesidad de disponer de vehículo propio para cualquier desplazamiento forman parte de la realidad cotidiana con la que conviven quienes deciden desarrollar su actividad profesional lejos de las grandes ciudades. Jara Escudero conoce bien esas limitaciones, pero considera que las ventajas compensan ampliamente los inconvenientes. “Vivir en mi pueblo me aporta calma y felicidad. Me gusta la naturaleza, la tranquilidad y poder desarrollar aquí mi vida personal y profesional. He vivido varios años en la ciudad y no cambio por nada la vida en el pueblo”, explica.

Esa convicción personal también está en el origen de CistusLab. Antes de impulsar este proyecto, Jara trabajó en un laboratorio compartido que le permitió dar sus primeros pasos en el sector. Aquella experiencia fue positiva, pero con el tiempo comprendió que las necesidades de su marca requerían otro tipo de espacio. Tenía apenas 23 años cuando comenzó a plantearse un modelo más flexible, capaz de adaptarse a las distintas etapas de crecimiento que atraviesan los pequeños proyectos. 

Fue precisamente durante ese proceso de crecimiento cuando Jara Escudero detectó que había apareció una dificultad que era compartida por numerosos emprendedores del sector. Desarrollar y fabricar cosméticos exige cumplir una normativa estricta, disponer de instalaciones homologadas y asumir inversiones que resultan inalcanzables para muchas pequeñas marcas. “No podemos hacer una inversión tan fuerte para empezar cuando no sabes cómo te va a ir”, subraya Jara Escudero. 

De esa reflexión nació la idea de crear un laboratorio propio que incorporara diferentes modalidades de uso, además de una pequeña tienda y una oficina que le permitieran separar la vida profesional de la personal. “No quise crear un laboratorio para que los emprendedores se adaptaran al espacio; quise crear un espacio que se adaptara a los emprendedores”, resume. Una filosofía que ha acabado convirtiendo una necesidad individual en una herramienta colectiva para quienes buscan abrirse camino en el sector de la cosmética natural desde cualquier lugar, también desde un pueblo de apenas 400 habitantes.

Las dificultades compartidas encuentran soluciones comunes

Este laboratorio es un espacio compartido donde diferentes emprendedores pueden formular y fabricar sus productos utilizando instalaciones profesionales sin tener que hacer frente de manera individual al elevado coste que supone poner en marcha un centro propio. CistusLab es un modelo inspirado en los obradores compartidos que ya funcionan en otros sectores, especialmente en el ámbito agroalimentario, pero todavía poco habitual en el mundo de la cosmética.

Más allá de la actividad concreta que desarrolla, la idea resulta interesante porque refleja una transformación más profunda que está comenzando a producirse en algunos territorios rurales. Durante décadas existió una división casi automática entre las actividades económicas asociadas a las ciudades y aquellas consideradas propias de los pueblos. Los servicios avanzados, la investigación o las industrias especializadas parecían pertenecer exclusivamente al ámbito urbano. Sin embargo, hoy esa frontera comienza a difuminarse.

La expansión de la conectividad digital, la comercialización online y la búsqueda constante de nuevos modelos de empresa que sean más sostenibles y equilibrados en el tiempo, el territorio, y con la calidad de vida, están permitiendo que determinados proyectos encuentren ventajas unos kilómetros más allá de las ciudades, donde los costes son menores, existe una relación más directa con determinadas materias primas y, además, muchas empresas descubren que el pueblo en el que eligen asentarse, puede convertirse en parte de su propia identidad de marca.

El vínculo entre la identidad de la marca y la materia prima

En el caso de CistusLab, esa conexión es especial y forma parte de la esencia del proyecto. La empresa trabaja con ingredientes naturales y mantiene un vínculo muy estrecho con el entorno, algo fundamental para Jara Escudero que no ve su pueblo únicamente como escenario de producción, sino como un elemento esencial y diferenciador que aporta valor al producto final que la joven ofrece a los consumidores. 

“Para mí era importante que el proyecto tuviera identidad y estuviera ligado al territorio”, confiesa. Un ejemplo es el oleato de tomate de Caspe que está presente en algunos productos que saca al mercado y su intención es seguir incorporando más ingredientes vinculados al entorno. “Siempre que es posible, priorizo materias primas y proveedores locales o nacionales, no solo por reducir la huella ambiental, sino también por poner en valor los recursos que tenemos cerca”, asegura Jara Escudero. 

Lo que está ocurriendo en Peralta de Alcofea trasciende el ámbito de la cosmética y conecta con una tendencia más amplia: cómo están cambiando las expectativas sobre el futuro de los pueblos. “Mi objetivo es demostrar que no hace falta irse de un pueblo para emprender, también se puede innovar, crear oportunidades y desarrollar proyectos con impacto desde el medio rural”, apunta.

Y así es como Jara Escudero, como emprendedora, ha demostrado que un laboratorio cosmético puede instalarse en un municipio de apenas 400 habitantes. Un hecho que sugiere que la innovación rural del futuro quizá no dependa tanto de atraer proyectos externos como de crear las condiciones necesarias para que las ideas nacidas de quienes viven o quieren volver a los pueblos puedan desarrollarse en ellos.

En un momento en que buena parte del medio rural busca nuevas formas de construir su futuro, historias como la de CistusLab invitan a replantear una vieja pregunta: ¿Qué actividades pueden sobrevivir en los pueblos? Para reconocer que, cada vez más, los pueblos también pueden ser lugares donde nacen actividades que nadie esperaba encontrar allí.

Cuando se habla de innovación rural, la imagen suele remitir a drones sobrevolando campos, sensores que miden la humedad del suelo o aplicaciones capaces de gestionar explotaciones agrícolas desde un teléfono móvil. Sin embargo, en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés, la innovación ha comenzado por algo mucho más sencillo: abrir un sobre de papel y sacar unas semillas que llevaban décadas esperando a que alguien les diera la oportunidad de sorprender con el valor que atesoran en su interior.

En Ara, un pueblo situado en la comarca de la Jacetania y que cuenta apenas 40 habitantes en invierno, la Fundación 3piedras, está impulsando el proyecto 'Pueblos con Semilla', desarrollado junto con la Red de Semillas de Aragón y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). La finalidad última es busca catalogar, conservar y multiplicar variedades tradicionales procedentes de las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego. Una acción que ha sido reconocida con el primer premio Rural Emprende Aragón 2026, y que parte de una idea aparentemente simple: las semillas que durante generaciones seleccionaron y conservaron agricultores y familias pueden convertirse hoy en una herramienta para afrontar algunos de los principales retos del medio rural, devolviéndolas al campo y a la economía local.

Los impulsores de 'Pueblos con semilla' defienden que cada una de esas semillas “guarda mucho más que una planta”, asegura Beatriz Bañales directora de 3piedras —la cara más visible de esta iniciativa—. Cada semilla conserva dentro de sí adaptación al territorio, resistencia al clima, conocimiento sobre manejo de las tierras y una forma de entender la agricultura que en muchas zonas ha estado a punto de desaparecer.

Lo que se pierde cuando desaparece una semilla

Durante décadas, la modernización agrícola impulsó la sustitución de variedades locales por otras más homogéneas y productivas. El proceso cumplió su objetivo principal: aumentar los rendimientos, pero en su camino también provocó una importante pérdida de diversidad genética. En muchos pueblos del Pirineo aragonés, las antiguas variedades de judías, tomates, lechugas o cereales fueron desapareciendo poco a poco de los huertos familiares. Y con ellas también se fue parte de la memoria agrícola del territorio.

Algunas han sobrevivido porque personas mayores siguieron haciendo lo que “toda la vida se ha hecho”: guardar semillas año tras año. Sin embargo, otras no tuvieron tanta suerte y también ellas quedaron olvidadas en pequeños huertos de autoconsumo, y con la desaparición de sus guardianes muchas se perdieron para siempre.

Del banco de semillas al desarrollo rural

En este contexto, el trabajo de 'Pueblos con Semilla' consiste en localizar ese patrimonio vivo, recuperarlo y ponerlo de nuevo en circulación, “no como una pieza de museo”, advierten, sino como una herramienta útil para el presente, que se transforme en fuente de ingresos con capacidad para revertir en el territorio. 

Por eso, el proyecto va más allá de la conservación. Las líneas de trabajo también se centran en conectar productores y restauradores locales para crear una pequeña economía alrededor de estas variedades recuperadas, haciéndolas llegar a mercados de proximidad y consumidores interesados en alimentos ligados a la identidad local, y por supuesto a restaurantes, mediante la iniciativa 'Del Surco al Mantel'.

'Pueblos con Semilla' nació durante la pandemia de 2020. “Los viveros cerraron y nos quedamos sin semillas ni planteros para nuestros propios huertos”, cuenta Beatriz Bañales. De la necesidad de llenar de alimentos sus tierras nació la solución “empezamos a buscar semillas que cada uno tenía o que se habían ido conservando”, añade la directora de la Fundación, y cuando el rumor se extendió también llegó la sorpresa, porque “muchos otros vecinos tenían el mismo problema: no había semillas para los hortales. Y así nació este proyecto”, concluye Beatriz. Un ejemplo de aquel dicho popular que asegura que “de la necesidad, virtud”.  

Desde entonces, la iniciativa ha evolucionado hasta convertirse en el grupo de acción local del Alto Aragón dentro de la Red de Semillas de Aragón, promoviendo la recuperación, conservación e intercambio de variedades tradicionales. El proyecto cuenta ya con 40 guardianes de semillas, y reúne a agricultores, hortelanos y vecinos comprometidos con la biodiversidad cultivada y la soberanía alimentaria. Hasta la fecha, la iniciativa registra más de un centenar de referencias de 13 variedades distintas. 

Entre sus actividades destacan los encuentros formativos y de trabajo colectivo, como los talleres de poda y de semillas que se han llevado a cabo este año en localidades como Ara e Ibor, donde los participantes aprenden técnicas para la preparación de semilleros y colaboraron en la puesta a punto del banco de semillas del proyecto, sembrando variedades seleccionadas para su recuperación gracias a la labor de los denominados “guardianes de semillas”.

Innovar mirando hacia atrás

La experiencia les está enseñando a quienes la viven de cerca, por ejemplo, que “no es nada fácil hacer planteros propios desde la semilla, te hace tener una responsabilidad, necesitas entender cómo funcionan las plantas, elegir los mejores frutos y cuidarlos para evitar que se hibriden y así conservar la pureza”, confiesa Beatriz Bañales. Y mientras unos aprenden, otros, sobre todo las personas más mayores, se enorgullecen de llevar hasta la Fundación nuevas variedades de semillas antiguas. Porque para ellos son tesoros y viven con emoción el hecho de saber que volverán a ver ese tomate o esa hortaliza de nuevo en la tierra, como antaño. 

Una de las principales aportaciones que hace 'Pueblos con Semilla' es cuestionar la idea —muy extendida— de que innovar significa incorporar algo nuevo. En Ara, la innovación consiste en recuperar lo que estaba desapareciendo: recuperar recursos propios, conocimiento acumulado y biodiversidad, escuchando a quienes todavía recuerdan cómo se cultivan determinadas variedades. “Es volver a mirar las semillas guardadas durante generaciones”, y conectar ese saber local con la investigación científica, la gastronomía y los mercados actuales.

Mientras buena parte del mundo busca soluciones cada vez más sofisticadas para afrontar la crisis climática o la pérdida de biodiversidad, este pequeño proyecto nacido en el Pirineo aragonés lanza una pregunta incómoda, pero, al mismo tiempo sugerente: “¿Y si una parte del futuro del medio rural estuviera escondida en aquello que creíamos que pertenecía al pasado?”.

Mientras la renta agraria española creció un 12,9% en 2025 respecto al año anterior, según el Ministerio de Agricultura, Aragón continúa perdiendo agricultores y ganaderos profesionales a un ritmo “preocupante” para las organizaciones agrarias profesionales. En apenas siete años han desaparecido 1.896 autónomos agrarios, una cifra que equivale a más de cinco profesionales abandonando sus campos o sus granjas cada semana desde 2018. Detrás de las estadísticas se esconden historias personales que se repiten en numerosos pueblos aragoneses. Es el caso de Javier —nombre ficticio a petición del afectado—, agricultor de una comarca cerealista de Zaragoza que decidió cesar su actividad en 2024 tras más de tres décadas trabajando sus tierras. La sucesión de campañas marcadas por el aumento incesante de los costes de producción, los bajos precios de mercado y la falta de relevo familiar acabaron inclinando la balanza hacia el cierre de la explotación.

“Los números cada vez salían peor. Cuando terminabas una campaña y hacías cuentas, veías que habías trabajado todo el año para ganar menos que hace diez años. Mis hijos tienen otros trabajos y no querían continuar. Llegó un momento en que no compensaba seguir”, explica. Su caso no es excepcional. Las organizaciones agrarias coinciden en que buena parte de las bajas registradas corresponden a explotaciones familiares que no encuentran sucesión o que optan por arrendar sus tierras a explotaciones de mayor tamaño.

Los datos presentados en rueda de prensa por la organización agraria UAGA en su balance agrario de 2025, reflejan una tendencia que preocupa a todo el sector. En noviembre de 2025 Aragón contaba con 17.008 trabajadores autónomos agrarios, frente a los 18.904 registrados en 2018. La caída se ha acelerado en los últimos años: solo desde enero de 2023 se han perdido 729 profesionales. La reducción afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque estas últimas continúan representando apenas una cuarta parte de los titulares de explotación. En noviembre de 2025 había registradas 4.185 agricultoras y ganaderas autónomas frente a 12.823 hombres.

Más producción, pero menos personas

Aunque las explotaciones que permanecen activas han logrado mejorar sus resultados en determinados sectores gracias a mejores cosechas y a una cierta recuperación de precios en algunos mercados, cada vez son menos las personas que viven directamente de la agricultura y la ganadería. Una paradoja que preocupa a las organizaciones agrarias.

El secretario general de UAGA-COAG Aragón, José María Alcubierre, ha advertido en varias ocasiones durante el último año de que la rentabilidad sigue siendo el principal problema estructural del campo aragonés. Tras presentar el balance agrario de 2025, Alcubierre ha resumido la situación con una frase contundente: “Ha sido un buen año de producción, pero no de ingresos”. Una circunstancia que, según la organización, dificulta el relevo generacional y acelera el abandono de explotaciones familiares.

Desde UAGA recuerdan que detrás de cada baja en el Régimen Especial Agrario no solo desaparece una actividad económica, sino “también una familia vinculada al territorio, una explotación que deja de generar empleo” y con ella, se reduce la capacidad para fijar población en el medio rural.

El resto de organizaciones profesionales agrarias comparten esta misma preocupación. Desde ASAJA Aragón, por ejemplo, vienen alertando desde hace años sobre el envejecimiento de los titulares de explotación y las dificultades para incorporar jóvenes al sector. Su presidente, Fernando Luna, incide en que los costes de producción, la burocracia y la incertidumbre normativa están desincentivando la entrada de nuevas generaciones.

En términos similares se expresan desde la organización UPA Aragón, que insiste en que el problema no es únicamente económico, y pone el acento en el hecho de que las pequeñas y medianas explotaciones familiares soportan cada vez mayores exigencias administrativas mientras ven que su capacidad de negociación frente a los grandes distribuidores es cada vez menor.

Desde ARAGA, en este mismo sentido, recuerdan el papel esencial de los agricultores y ganaderos en el sostenimiento de la actividad económica en el medio rural y en el mantenimiento de su población para vertebrar el territorio. 

Desde ARAGA entienden que “si bien el abandono de la actividad agroganadera es un problema que debe preocuparnos, este podría paliarse en cierta medida facilitando el proceso de incorporación de jóvenes agricultores”, apunta la organización. Se trata de un colectivo que “no solo tiene muchas dificultades de acceso a la tierra, sino que además tiene que lidiar con una administración que tarda varios años no solo en resolver los expedientes de incorporación, sino también en hacer los pagos de las ayudas”, lamenta ARAGA. Unas ayudas que son “fundamentales” para hacer viable un negocio en el sector primario para cualquier joven que desee desarrollar un proyecto de vida en torno a la agricultura o la ganadería. 

El reto del relevo generacional

Las organizaciones agrarias coinciden en alertar que el principal desafío para los próximos años pasa por facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganadero, y reclaman la simplificación de la Política Agraria Común (PAC), medidas que garanticen precios justos y una mayor rentabilidad de las explotaciones.

La incorporación de nuevas tecnologías, la diversificación de cultivos y la modernización de regadíos son oportunidades para mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, quienes las tienen que aplicar insisten en que ninguna estrategia será suficiente si la actividad agraria deja de resultar atractiva desde el punto de vista económico. “Sin ingresos, nadie quiere trabajar”, añade Javier. 

Porque mientras las cifras de renta agraria muestran una imagen positiva del sector, los datos de afiliación cuentan otra historia. Exponen en cifras la realidad de un campo que produce más, pero con cada vez menos agricultores y ganaderos al frente de las explotaciones, especialmente, mujeres.

Explotaciones más grandes y menos agricultores

La pérdida de profesionales no implica necesariamente una reducción de la superficie cultivada. De hecho, buena parte de las tierras que abandonan los agricultores que se jubilan entran a formar parte de explotaciones vecinas. Visto a ojo de águila, esta absorción de tierras genera un proceso de concentración de la tierra cada vez más visible.

Nuevamente, organizaciones agrarias y profesionales del sector primario advierten de que este fenómeno puede mejorar la eficiencia económica en determinadas zonas, pero también tiene consecuencias sociales importantes y negativas en las zonas rurales más alejadas de núcleos urbanos y en las más despobladas. Menos titulares supone menos actividad económica directa que deriva en una reducción progresiva de la población vinculada al sector primario y a los pueblos.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, más del 40% de los titulares de explotación en España supera ya los 65 años, mientras que los menores de 40 representan un porcentaje muy reducido. Una tendencia que también se refleja en Aragón y que preocupa especialmente en las zonas más despobladas.

Hace apenas un año, una joven turolense de 25 años y un hostelero valenciano de 42, con experiencia como jefe de cocina en Paradores Nacionales, decidieron dar el paso de instalarse en un pequeño pueblo de la provincia de Teruel para gestionar un multiservicio rural en la comarca de las Cuencas Mineras –prefieren omitir el nombre del municipio por motivos personales– y contribuir así a mantener vivos unos servicios esenciales para sus apenas 38 habitantes.

Su historia fue entonces un ejemplo de emprendimiento en el Aragón más rural, en lo que hoy se conoce como la España vaciada, aunque la realidad que describe ha existido siempre. Esta pareja cambió la comodidad de un empleo estable y las posibilidades de los entornos urbanos por el desafío de vivir en un pequeño municipio turolense. Una apuesta por el territorio, por la vida en las zonas rurales y por demostrar que todavía existen personas dispuestas a trasladar su proyecto vital y profesional a pequeñas localidades.

Sin embargo, la realidad acabó siendo más compleja de lo que imaginaban.

Unos meses después de ponerse al frente de este primer multiservicio –esperado desde hacía 22 años– ambos decidieron abandonar la gestión. Aseguran que no fue una cuestión de “falta de ganas ni de compromiso”. Tampoco de falta de trabajo. El problema, según explican, estuvo en las dificultades para hacer viable un proyecto que, sobre el papel, parecía diseñado para fijar población y garantizar servicios básicos, pero en el que fallaron “la comunicación con el Ayuntamiento” y una burocracia “alejada, en sus exigencias y criterios, de la realidad que se vive en los pueblos pequeños”.

Lejos de rendirse, la pareja ha vuelto a apostar por el medio rural. Desde finales del pasado año gestionan las piscinas municipales, el servicio de bar y el restaurante de otra localidad cercana, Alacón, que triplica la población del anterior aunque sigue sin superar el centenar de habitantes.

Antes de emprender esta nueva etapa, él desarrolló buena parte de su carrera profesional como jefe de cocina en Paradores Nacionales. Una experiencia que le permitió conocer establecimientos de referencia en toda España, pero que tampoco le ha impedido elegir un camino muy diferente al de las grandes ciudades o los destinos turísticos más consolidados.

“Mi pareja es de la zona, vivimos en su pueblo y nos desplazamos al trabajo en diez minutos”, explica. “Nosotros seguimos creyendo en los pueblos”, añade. “Si hemos vuelto a intentarlo es porque pensamos que merece la pena luchar por mantener vivos estos lugares y porque queremos construir aquí nuestro proyecto de vida”, asegura el hostelero valenciano.

Por qué muchos proyectos terminan fracasando

A pesar de estar convencidos de su apuesta por la vida en el medio rural, la joven pareja lanza una advertencia que considera necesaria para entender por qué muchos proyectos terminan fracasando. A su juicio, la lucha contra la despoblación no puede recaer únicamente sobre los emprendedores que llegan a los municipios. Consideran que las administraciones locales desempeñan un papel fundamental y que, en ocasiones, las condiciones establecidas en los concursos públicos o en los pliegos de adjudicación dificultan enormemente la viabilidad económica de quienes deciden hacerse cargo de estos servicios.

“Hay mucha gente con ganas de venir a los pueblos, de abrir un bar, gestionar una tienda, un restaurante o un multiservicio. El problema es que muchas veces las condiciones son tan exigentes que apenas queda margen para obtener beneficios y poder vivir de ello”, lamenta.

Una situación que, añade, genera “una contradicción difícil de entender”. Mientras desde las administraciones se impulsan discursos y estrategias para atraer población a las zonas rurales, quienes dan el paso se encuentran con frecuencia con obstáculos administrativos, costes elevados y obligaciones que complican la sostenibilidad de los proyectos. El resultado es que muchos emprendedores terminan abandonando.

Y cuando un negocio cierra en un pueblo pequeño, las consecuencias van mucho más allá de la pérdida de una actividad económica. Con el cierre de una puerta o la bajada de una persiana también desaparecen la luz de la calle, el movimiento en una plaza y, sobre todo, un punto de encuentro, un espacio de socialización y, en muchos casos, el único servicio del que disponen los vecinos.

Más colaboración y contacto entre administración y emprendedores

“La buena voluntad de quienes llegan no es suficiente si no existe una estructura que les permita desarrollar su trabajo con garantías”, defiende esta pareja, que considera que la solución pasa por una mayor colaboración entre administraciones y emprendedores. Reclaman contratos adaptados a la realidad de los pequeños municipios, más flexibilidad y una visión a largo plazo que permita consolidar proyectos capaces de generar actividad económica y fijar población.

La experiencia de estos emprendedores en la provincia de Teruel no es un caso aislado. Resume una de las grandes paradojas de las zonas rurales en la actualidad, no solo en Aragón, sino también en el resto de España. Por una parte, hay personas dispuestas a trasladarse a municipios de apenas unas decenas de habitantes, invertir tiempo, esfuerzo y recursos para mantener abiertos servicios esenciales y contribuir a frenar la despoblación. Pero, por otra, para que esas iniciativas prosperen, aseguran, es necesario algo más que ilusión. Hace falta “apoyo, confianza y unas condiciones realistas y adaptadas” que permitan convertir el compromiso con el territorio en un proyecto de vida sostenible.

“Sabemos que con estos negocios no nos vamos a hacer ricos, pero sí necesitamos que sean rentables. Todos tenemos que vivir”, recuerda este emprendedor.

Tras la experiencia en el primer municipio, donde se planteaba la gestión de un nuevo espacio que integraba tienda, bar-restaurante, alojamiento y servicios para visitantes, además de funcionar como apoyo a la actividad turística de la zona, la pareja afronta ahora una etapa diferente. En su nuevo destino regentan el bar-restaurante de las piscinas municipales, cuentan con clientela y aseguran estar satisfechos con la experiencia. Este espacio también funciona como punto de recogida y entrega de paquetería, un servicio más para los vecinos de la localidad.

Unir fuerzas para resistir: lo importante sucede en lo cotidiano

Quienes conocen el mundo rural saben que la clave no está solo en atraer nuevos habitantes, ofrecerles un trabajo o inaugurar servicios. La verdadera dificultad reside en mantenerlos vivos día tras día. En muchos pueblos de Teruel, los multiservicios rurales funcionan casi como una trinchera frente a la despoblación. Son negocios complejos, donde la rentabilidad económica no siempre acompaña al enorme esfuerzo de las personas que están detrás de ellos. Hace unos años, el gestor de otro multiservicio en El Pobo reconocía que trabajaba “a pérdidas” mientras intentaba sostener el servicio para el pueblo.

La diversificación de espacios ha supuesto un paso positivo para mejorar las condiciones y aumentar las posibilidades de mantener vivos servicios esenciales como la tienda o el bar. La figura del multiservicio ha evolucionado hacia un modelo que convierte un único punto en un centro multifuncional donde tienen cabida la hostelería, la pequeña tienda, el turismo rural e incluso servicios de paquetería o atención social. Se trata, en definitiva, de aglutinar servicios para sumar fuerzas.

En un tiempo en el que muchas pequeñas localidades pierden escuela, comercio o consultorio, abrir un negocio de estas características supone lanzar un mensaje de continuidad. Significa decir que todavía merece la pena quedarse. O volver. Y que sigan apareciendo personas dispuestas a intentarlo, como esta joven pareja, es una prueba de ello. Quizá ahí resida la verdadera noticia.

Mientras tanto, la joven turolense y su pareja, el jefe de cocina valenciano, continúan al frente de su nuevo reto, convencidos de que los pueblos tienen futuro, pero también de que ese futuro dependerá de la capacidad de todas las partes para remar en la misma dirección.

Porque lo importante, recuerdan, es lo que sucede en lo cotidiano. Ocurre cuando una persona mayor puede acercarse caminando a comprar unas pocas cosas o a tomar un café. Cuando vuelve a haber luces encendidas en un local de la plaza. Cuando alguien abre la puerta y escucha un “¿qué tal va el día?” sin necesidad de desplazarse al pueblo de al lado.

Aragón se reafirma, una campaña más, como el gran motor de la alfalfa para España y uno de los territorios estratégicos del mercado de forrajes a nivel mundial. La comunidad concentra más de la mitad de la superficie nacional dedicada a este cultivo y supera el 60% de la producción de todo el país, en una campaña marcada por el crecimiento las exportaciones, la estabilidad de la demanda internacional y las tensiones geopolíticas que amenazan las rutas comerciales.

La comunidad aragonesa destina más de 50.000 hectáreas al cultivo de alfalfa y produce alrededor de 700.000 toneladas anuales, según datos presentados este año durante la IV Jornada Española del Cultivo de la Alfalfa (JECA 2026), celebrada en Huesca. Además, más de la mitad de las plantas deshidratadoras de España, se encuentran instaladas en Aragón, lo que la consolida como el principal núcleo industrial del sector forrajero europeo.

La provincia de Huesca sigue siendo el epicentro de producción, especialmente en áreas de regadío como Los Monegros y el Bajo Cinca, territorios a los que se suma la ribera del Ebro. Un modelo agrícola altamente especializado y vinculado a la exportación, es según los expertos, la razón por la que, solo la provincia de Huesca, ha concentrado entre el 35% y el 40% de toda la producción nacional entre 2025 y 2026. 

Una campaña marcada por la exportación

Con cerca del 80% de la producción de la comunidad destinada a exportación, la alfalfa aragonesa mantiene una fuerte orientación exterior. Las principales zonas receptoras de la alfalfa aragonesa son Oriente Medio y Asia, donde este producto se utiliza principalmente para elaborar alimentación animal en países con limitada capacidad agrícola, en gran parte por la escasez de agua. 

España se mantiene a día de hoy como el segundo exportador mundial de alfalfa deshidratada, solo por detrás de Estados Unidos, y dentro de este puzle Aragón es la pieza central. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y, cada vez más, países asiáticos como Japón o Vietnam, figuran entre los principales destinos comerciales de la alfalfa que se cultiva en los campos de Aragón.

Durante JECA 2026, la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA) destacó la capacidad de resiliencia del sector y su apuesta por la diversificación de mercados internacionales, en un contexto de creciente demanda global de proteína vegetal para alimentación animal. En este sentido, OPAs como UAGA-COAG advierten sobre la dependencia exportadora del sector forrajero español respecto a países del Golfo Pérsico. Según declaraciones de esta organización agraria, Arabia Saudí y Emiratos Árabes absorben cientos de miles de toneladas de alfalfa española cada año, lo que hace al “sector vulnerable a conflictos internacionales y costes logísticos”.

La geopolítica entra en el campo aragonés

Precisamente la campaña de este año también está poniendo blanco sobre negro hasta qué punto la agricultura aragonesa depende del contexto internacional. El sector de la alfalfa está viviendo con especial preocupación las tensiones en Oriente Medio y las dificultades logísticas derivadas de los problemas en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para las exportaciones hacia los países del Golfo.

Expertos del sector, a los que se suman las organizaciones agrarias, advierten de que cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo puede afectar directamente a deshidratadoras y exportadores, y al campo aragonés, a través del impacto que esta situación tiene en los productores. La alfalfa se ha convertido así en uno de los cultivos más sensibles a la geopolítica internacional dentro del campo aragonés.

Las organizaciones agrarias, además ponen el acento en el fuerte impacto que el incremento de costes energéticos y de fertilizantes está teniendo sobre los profesionales del campo. El aumento del precio del gasóleo y de los insumos agrícolas está reduciendo los márgenes de beneficio para los agricultores en un cultivo que implica “un gasto considerable” ya que está ligado al regadío y al transporte internacional.

Tanto la UPA como ASAJA, vienen reclamando una “PAC con más apoyo a cultivos estratégicos” y menos burocracia, incluyendo los cultivos forrajeros de regadío, por su importancia en la alimentación animal y el mantenimiento del medio rural.

El agua, factor decisivo

La disponibilidad de agua para riego sigue siendo el principal condicionante de la campaña. La alfalfa depende del regadío y necesita estabilidad en el suministro de agua para mantener su calidad y, por lo tanto, su competitividad en el mercado. 

El sector del forraje considera que Aragón cuenta con ventajas estructurales muy importantes: clima seco, tecnificación del riego y experiencia industrial. Sin embargo, la incertidumbre climática y la presión sobre los recursos hídricos están obligando a mejorar la eficiencia y mantener inversiones en modernización de regadíos que suponen un alto coste que recae sobre el agricultor, con los riesgos que ello conlleva para estos profesionales.

Pese a ello, las perspectivas de campaña siguen siendo relativamente positivas. El primer corte llegó con “buen desarrollo vegetativo” gracias a un invierno y a una primavera con más disponibilidad hídrica que en campañas anteriores. Además, la calidad parece estar siendo “de correcta a buena”, especialmente en parcelas de regadío bien manejadas y los precios durante el mes de mayo en la Lonja de Binéfar y Mercolleida, no han registrado cambios relevantes respecto a semanas anteriores.

El sector prevé que tanto la producción como la demanda sigan siendo estables, un hecho que se ve apoyado asimismo por la constante dependencia de este producto por parte de la ganadería y por el crecimiento de mercados asiáticos.

Un cultivo estratégico para Aragón

Más allá de las cifras económicas, la alfalfa se ha convertido en uno de los cultivos estratégicos para Aragón por su capacidad de generar empleo, actividad industrial y exportación. El sector forrajero aragonés emplea a miles de personas entre producción agrícola, transformación y logística.

Además, la alfalfa desempeña un papel relevante para los cultivos dentro de las rotaciones agrícolas, ya que, no solo mejora la fertilidad del suelo, sino que también está demostrado que reduce la necesidad de fertilizantes gracias a su capacidad de fijar nitrógeno en la tierra.

En un contexto en el que la incertidumbre climática y la comercial son una espada de Damocles sobre la agricultura, Aragón mantiene su posición como referencia mundial de la alfalfa deshidratada. La evolución de la campaña de 2026 servirá de termómetro, dado el contexto geopolítico actual, para testar hasta qué punto el sector es capaz de sostener su liderazgo internacional. 

La escalada del precio de los fertilizantes químicos, provocada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, está reconfigurando el modelo agrario europeo. En este contexto, el sector ganadero español —y especialmente el aragonés— emerge como un proveedor estratégico de fertilizantes orgánicos, a través del aprovechamiento de purines y estiércoles generados en sus explotaciones.

En apenas tres meses, el precio de la urea ha pasado de 430 a 750 dólares por tonelada, un incremento del 75% que ha elevado significativamente los costes de producción agrícola. España, que importa cerca del 60% de los fertilizantes que consume, afronta un sobrecoste anual superior a los 1.000 millones de euros, con especial impacto en cultivos intensivos como el maíz, el trigo o las hortalizas.

Frente a esta dependencia exterior, los nutrientes orgánicos producidos por la ganadería se presentan como una solución inmediata, local y competitiva. Según datos del propio sector, una explotación porcina media —con unos 4.000 animales— puede generar hasta 7.000 metros cúbicos de purín al año, equivalentes a más de 63.000 kilos de urea, con un valor agronómico que puede alcanzar los 49.000 euros anuales y un margen neto superior a los 30.000 euros.

Aragón: potencia ganadera y reserva de nutrientes

Aragón se sitúa entre las comunidades con mayor peso ganadero del país, especialmente en porcino, con una cabaña que supera los 9,6 millones de cabezas y más de 4.000 explotaciones intensivas. Estas cifras la convierten en una pieza clave en este nuevo escenario. 

La comunidad genera anualmente más de 20 millones de metros cúbicos de purines, a los que se suman importantes volúmenes de estiércol procedente de explotaciones de vacuno, ovino y avícola, una cifra que refleja tanto el potencial agronómico como el reto de gestión de estos recursos.

Lejos de ser un residuo, estos subproductos contienen nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones que los hacen comparables —e incluso superiores en algunos aspectos— a los fertilizantes sintéticos. Mientras el purín destaca por su efecto inmediato como sustituto de la urea, el estiércol aporta materia orgánica y mejora la estructura del suelo a medio y largo plazo.

Este potencial está favoreciendo la aparición de un mercado emergente en torno a los nutrientes orgánicos. En regiones como Aragón ya se están consolidando prácticas como el transporte de purines entre comarcas, acuerdos directos entre ganaderos y agricultores o inversiones en tecnologías de valorización como la digestión anaerobia para la producción de biogás.

Precios que están soportando los agricultores

España, el impacto es doble: compramos en el exterior el 60% de los fertilizantes que consumimos. Los sindicatos también alertan de que muchos agricultores están reduciendo entre un 40% y un 60% el uso de fertilizantes por su elevado coste. El maíz, el trigo, el arroz y las hortalizas, algunos de los cultivos más intensivos en nitrógeno, “están encajando subidas de entre 80 y 250 euros por hectárea en el coste de fertilización”, aseguran desde UAGA-COAG.

Esta reducción del consumo, prevén las organizaciones agrarias, que puede llegar a traducirse en caídas importantes de producción en cultivos como el cereal y el olivar. Según UAGA-COAG y la UPA —Unión de Pequeños agricultores y ganaderos—, esto pone en riesgo la “soberanía alimentaria” europea y podría acabar repercutiendo en el precio final de los alimentos.

La situación es tal que las organizaciones agrarias españolas han vuelto a movilizarse esta semana para denunciar el fuerte encarecimiento de los fertilizantes y reclamar medidas urgentes tanto al Gobierno español como a la Unión Europea. Las protestas se han desarrollado en Valladolid y también frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, hasta donde se han trasladado profesionales del campo aragonés convocados por los sindicatos ASAJA, UPA y COAG.

En la otra cara de la moneda, el valor agronómico del purín porcino puede alcanzar los 5 o 7 euros por metro cúbico, frente a un coste de gestión en torno a 2,5 euros —datos del CITA de Aragón, Porcinova—. “Lo que antes era una partida de gasto se ha convertido en un activo económico con margen positivo”.

Una oportunidad estratégica

Desde el sector agrario se insiste en que esta situación representa una oportunidad histórica. “El ganadero español está siendo reconocido por lo que siempre ha sido: un productor de alimentos y, ahora también, un proveedor esencial de nutrientes para la agricultura”, Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos en COAG.

No obstante, las organizaciones agrarias reclaman cambios normativos que permitan aprovechar plenamente este potencial. Entre las principales demandas destacan el reconocimiento del purín y el estiércol como recursos y no como residuos, la flexibilización de los límites de aplicación de nitrógeno y el impulso a infraestructuras que faciliten su gestión y transporte.

Algunos países europeos ya han avanzado en esta línea, permitiendo superar los límites actuales de 170 kg de nitrógeno por hectárea bajo condiciones controladas. El sector considera que España no puede quedarse atrás si quiere reducir su dependencia exterior y avanzar hacia un modelo agrario más sostenible y autosuficiente.

En un contexto de incertidumbre global, Aragón y el conjunto del sector ganadero español se posicionan así como actores clave en la transición hacia una agricultura más resiliente, basada en la economía circular y el aprovechamiento de recursos propios.

El Gobierno de España ha dado un nuevo paso en la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), con un anteproyecto que busca reforzar la protección de niños y niñas frente a situaciones de violencia. Entre las medidas más destacadas se encuentra el endurecimiento de los requisitos para trabajar con menores, especialmente en entornos relacionados con la primera infancia.

La reforma, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, pretende cerrar vacíos legales detectados desde la entrada en vigor de la ley en 2021. El nuevo texto pone el foco en la prevención y en garantizar entornos seguros para los menores más vulnerables. Entre otras medidas, amplía los controles para impedir que personas condenadas por violencia de género o maltrato familiar puedan ejercer profesiones en contacto con niños pequeños.

Detrás de este debate legal hay nombres propios y casos que han contribuido a evidenciar las carencias del sistema. La aragonesa Paloma Delgado, médica y víctima de violencia vicaria, ha impulsado durante los últimos años una intensa labor de denuncia pública y reivindicación institucional. 

Una frase que lo cambió todo

A comienzos del actual curso escolar 2025-2026, la comunidad educativa del IES Francisco Grande Covián de Zaragoza mostró preocupación tras conocer que uno de sus profesores había sido condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su exmujer y a sus tres hijos, cuando estos tenían 6, 9 y 11 años respectivamente. Una sentencia que finalmente fue sustituida por medidas alternativas y una multa de 1.530 euros. 

El caso ya había generado polémica y revuelvo mediático el curso anterior en el IES Goya. En aquel momento, las familias pusieron en marcha la plataforma Docentes Decentes y encabezaron protestas para reclamar una reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia, reabriendo así el debate sobre el vacío legal que permitía ejercer como docentes a personas condenadas por violencia familiar, siempre que no tuvieran antecedentes por delitos sexuales.  

Paloma Delgado había comenzado este movimiento de lucha mucho antes, acompañada por la abogada Altamira Gonzalo, también aragonesa y experta reconocida en este campo. En diciembre de 2022, Delgado compareció en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón donde reclamó reformas legales para reforzar la protección de los menores. Allí lanzó una pregunta que se convirtió en símbolo de su reivindicación: “¿Estarían tranquilos si el profesor de sus hijos estuviera condenado por maltrato a los suyos propios?”.

No es un caso aislado, puede pasar más allá de las aulas de un colegio

Precisamente esa cuestión es la que conecta directamente con el espíritu de la actual reforma de la LOPIVI. El anteproyecto contempla ampliar los requisitos de acceso a profesiones relacionadas con la infancia, más allá del actual certificado de delitos sexuales. La intención es impedir que personas condenadas por violencia o maltrato familiar puedan trabajar en escuelas infantiles, centros educativos, actividades deportivas o espacios de cuidado de menores. 

Tras hacerse público, el caso de Delgado y su familia se ha convertido en un ejemplo recurrente citado por asociaciones feministas y organizaciones de protección a la infancia, para denunciar lo que consideran fallos estructurales del sistema judicial en materia de violencia vicaria. “Nos encontramos con que, un año después de la denuncia, mi exmarido y padre de mis hijos, condenado por maltrato, ejercía como docente en un centro educativo, ¿cómo podía ser?”, se pregunta Paloma Delgado. 

Una persona, sin experiencia profesional previa como docente, con una condena firme, impartiendo clases de ética y siendo referente para el alumnado“, continúa Delgado, ”es una situación que lanza dos mensajes peligrosos“: ”A quienes están siendo abusados les dice que no merece la pena denunciar, porque la sociedad no lo penaliza; y a quienes tienen como referente a un docente o monitor condenado el mensaje es que da igual lo que hagas, porque puedes continuar haciendo tu vida con normalidad, sin apenas penalización“. 

El caso de este profesor de Zaragoza no es aislado, por eso “es importante que se tome como referencia, pero también que seamos conscientes de que puede pasar en otros espacios”; entornos como una clase de tenis, un aula o un campamento, apunta Paloma Delgado.

Durante años la aragonesa ha impulsado campañas públicas, recogidas de firmas y reuniones con instituciones para reclamar cambios legislativos. “La disposición del Ministerio ha sido buena, vinieron a Zaragoza para mantener un encuentro y nos han escuchado”, reconoce Paloma. La respuesta social también ha sido positiva, una de sus peticiones en Change.org llegó a superar las 100.000 firmas de apoyo. Y en estos días, precisamente, se han actualizado tanto esta como la petición realizada por Lucía Gutiérrez: “No con mis hijos”. 

Un paso más para acabar con la incertidumbre y el miedo

En numerosas ocasiones, en testimonios recogidos en prensa, Paloma Delgado ha denunciado el “miedo, incertidumbre y desprotección” que viven muchas madres y menores tras denunciar violencia de género. También ha criticado que, por defecto, el sistema prioriza los derechos del agresor frente al interés superior del menor. Algo que es difícil de cambiar si no se conoce: “La gente no puede reclamar algo si no tienen consciencia de que existe”, apunta y recuerda que incluso los docentes, hasta la fecha, desconocían el vacío legal que ahora va a subsanar la reforma de la LOPIVI.  

Hacer público su caso “ha sido sanador” para Paloma y para sus tres hijos, a los que “sentir el apoyo social” les ha ayudado en un proceso “complicado y duro” en el que tal y como lamenta esta madre, “no se ha pensado en las secuelas psicológicas de los menores a futuro”. Por eso, sacar adelante esta reforma “es una forma de avanzar, una mejora para la sociedad”, se complace la aragonesa. 

La reforma de la LOPIVI también incorpora otras medidas relevantes, como la prohibición expresa del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), la obligación de escuchar a los menores sin límite de edad en procedimientos judiciales, y la posibilidad de que un solo progenitor autorice atención psicológica para hijos víctimas de violencia.

Aunque el texto aún debe recorrer su trámite parlamentario, el debate social ya está abierto. Y en él, voces como la de esta aragonesa –madre, médica y víctima de violencia- ha sido fundamental para trasladar al ámbito político una realidad que muchas víctimas llevaban años denunciando: que la protección de la infancia no puede quedarse únicamente en el papel y que los antecedentes de violencia deben tener consecuencias reales cuando se trata de trabajar con menores.

Pendientes quedan otros puntos de la reivindicación de esta madre y mujer maltratada, entre ellos: la acumulación de delitos y, la revisión y valoración del condenado antes de dar paso a su restitución. Medidas complejas, ya que requieren una reforma a nivel penal, pero que, como recuerda Paloma Delgado son “necesarias” por el bien de los menores, cuya protección “debe ser nuestra prioridad”. 

Los vecinos de Luesia han decidido organizarse para reclamar una mejora integral de la carretera A-1204, principal vía de acceso al municipio y una infraestructura que, según denuncian, presenta un estado “insostenible” desde hace años. Bajo el nombre de 'Dignidad Luesia', la nueva plataforma vecinal ha comenzado a movilizarse para exigir al Gobierno de Aragón la ejecución inmediata del proyecto de acondicionamiento pendiente entre Farasdués y Luesia. 

La situación del firme, deteriorado por baches, grietas, deformaciones y parcheados continuos, ha provocado un creciente malestar entre vecinos, conductores y empresarios de la zona. Según la plataforma, recientemente constituida, más de 400 vehículos circulan a diario por esta carretera. Entre ellos, se encuentran numerosos vehículos pesados —aproximadamente unos 40, calculan—, lo que agrava todavía más el desgaste de la vía y aumenta el riesgo para la seguridad vial. 

El portavoz de la asociación, Carlos Asín, ha señalado que la reivindicación “no responde únicamente a una cuestión de comodidad”, sino a la necesidad de garantizar “seguridad, igualdad territorial y futuro para el medio rural”. Desde Dignidad Luesia consideran que el abandono de la A-1204 representa un ejemplo más de la falta de inversiones en infraestructuras básicas para los pequeños municipios del interior aragonés. 

Más de una década pidiendo asfalto y seguridad

La carretera conecta Ejea de los Caballeros con el norte de la comarca de Cinco Villas y constituye una vía estratégica tanto para los desplazamientos diarios de los vecinos como para la actividad turística y económica de la zona. Durante los meses de verano, además, la población de Luesia se multiplica y el tráfico aumenta considerablemente. 

Las críticas por el estado de esta carretera no son nuevas. Desde hace más de una década diferentes partidos políticos, ayuntamientos y colectivos sociales vienen denunciando el deterioro progresivo de la vía. Ya en 2014, Chunta Aragonesista alertaba de la presencia de socavones, piedras desprendidas y falta de señalización en varios tramos, calificando la carretera de “auténtico peligro” para los conductores. 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Ejea volvió a reclamar actuaciones urgentes ante las “pésimas condiciones” del firme, especialmente en el tramo que atraviesa Farasdués y Rivas, 19 kilómetros pendientes de intervenir, donde incluso se advierte del riesgo de hundimientos en las cunetas y de problemas de circulación para vehículos pesados. 

Más que una carretera, una apuesta de futuro

La plataforma Dignidad Luesia ha iniciado también una campaña de recogida de firmas a través de internet en la que reivindican “carreteras dignas, territorio vivo y oportunidades de futuro”. En el manifiesto publicado por el colectivo, los vecinos aseguran que la mejora de la A-1204 es prioritaria para evitar el aislamiento del municipio y combatir la despoblación rural: “Quieren que nos quedemos en los pueblos, pero sin vías adecuadas, no es posible”. 

Aunque el Gobierno de Aragón ha confirmado recientemente que el proyecto de reforma continúa en fase de redacción, desde la plataforma temen que los cambios políticos y los retrasos administrativos derivados de esta nueva situación, vuelvan a posponer una actuación que consideran urgente y largamente prometida. 

“Luesia no pide privilegios; pide lo que le corresponde”, resumen desde la asociación, que ya ha anunciado nuevas acciones reivindicativas para mantener viva una demanda histórica de la comarca.

Son las 11 de la mañana, en el suelo de la Biblioteca del CEIP Ferrer y Racaj no se ve una baldosa. El alumnado ha acampado en el espacio entre las estanterías repletas de libros y las ventanas que ofrecen una vista espectacular de la estanca del Gancho de La Llana, en plena explosión de la primavera. El centro celebra sus Jornadas Culturales, y mientras en la sala de música José Miguel 'El Baño' —saxofonista de Sabina y Sergio Dalma, entre muchos otros artistas— charla con una parte del alumnado sobre música, saxofón en mano, los estudiantes de los últimos cursos esperan para escucharla a ella, a Elisa, la escritora que hoy presenta su primer libro publicado; una niña que tiene casi la misma edad que el expectante público que no le quita ojo. 

En un panorama literario donde la experiencia suele llegar con los años, la historia de Elisa Pascual rompe moldes. Con 11 años, esta joven de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) ha publicado su primer libro, 'Aurora y los niños intrépidos', una obra que no solo destaca por su creatividad, sino por el mensaje que transmite: la dislexia no es un límite, es una forma distinta de entender el mundo.

Elisa comenzó a escribir esta historia cuando tenía ocho años. Lectora voraz, las palabras alimentan una imaginación desbordante que, sumada a una afición temprana por contar relatos, la impulsaron a trabajar durante casi un año en este primer libro de aventuras que trata sobre valores tan importantes como la amistad, la superación o la diversidad. 

Lo que comenzó siendo un juego ha terminado convirtiéndose, dos años después, en un proyecto editorial real, con presentación pública y una clara vocación inclusiva, porque la ópera prima de Elisa está adaptada con una tipografía llamada opendyslexic especialmente diseñada —con fondos más pesados y espaciado más amplio entre las letras— con el objetivo de aumentar y facilitar la legibilidad de los lectores con dislexia. Además, dentro de poco será traducida también al lenguaje braille, un trabajo que se llevará a cabo con la colaboración de la Fundación ONCE. 

Una historia que nace de la dificultad

El caso de Elisa tiene una dimensión especial porque convive con dificultades en la lectoescritura, concretamente dislexia y disortografía, trastornos que afectan a la capacidad de leer y escribir correctamente.  Lejos de frenar su vocación, estas dificultades han marcado la forma de crear de esta jovencísima escritora. La propia Elisa defiende que la dislexia es “una forma diferente de ver el mundo”, una idea que también comparten especialistas y asociaciones, que insisten en que no se trata de una falta de inteligencia, sino de una manera distinta de procesar la información.

Amante de las letras, en todas sus dimensiones, Elisa comenzó a escribir en su pueblo, en la Asociación Literaria local y animada por Cristina, quien no solo le daba consejos, si no que la animaba a seguir dando rienda suelta a su imaginación, a dar forma a la historia y a los personajes. “Compartíamos una hora, repasábamos lo que había trabajado y me llevaba deberes para casa”, recuerda Elisa. Gracias a todo ese trabajo, al apoyo de las personas que ha ido encontrando en su camino, como Cristina, sus padres y la editorial Zafiro que la publica, esta joven ha podido ver su libro en las estanterías de una librería a la venta: “Me siento muy feliz cada vez que lo veo en una librería”, les confesaba sonriente a los niños del colegio de La Llana.  

Su primer libro publicado, 'Aurora y los niños intrépidos', tiene como protagonistas a tres jóvenes que viven aventuras en distintos lugares del mundo. A lo largo de sus páginas e ilustraciones, la autora habla al lector del valor de la amistad, la valentía y el poder de superación. Pero, en el fondo, las historias que acompañan a los personajes a los que Elisa ha creado, dibujan el reflejo de su propia experiencia.

¿Qué es la dislexia?

En España, la dislexia está reconocida como Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA), de origen neurobiológico. Se define como un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente a la lectura y la escritura, y se estima que afecta a entre un 5% y un 10% de la población. La dislexia se manifiesta en dificultades para reconocer palabras, leer con fluidez o comprender textos escritos. Entre sus características más comunes están: la lectura lenta o con errores, dificultad para relacionar letras y sonidos, problemas de ortografía o puntuación, y confusión de letras similares —como “b” y “d”—. 

“Leer un texto escrito por Elisa era un galimatías”, confiesa su madre. Y así, prestando atención a errores como confundir letras o alterar el orden de las sílabas —algo habitual en estos perfiles— los profesionales detectaron que Elisa “no era vaga, ni mucho menos distraída”. Elisa era una niña con una dificultad para el aprendizaje que se podía salvar adaptando el sistema: que el profesor lea el examen en voz alta, un simple cambio, puede hacer que Elisa entienda o no las preguntas y, por lo tanto, que tenga la oportunidad de demostrar sus conocimientos, o todo lo contrario. 

Sin embargo, las personas con dislexia suelen desarrollar otras habilidades que no solo resultan útiles en entornos profesionales, también a la hora de desenvolverse en entornos sociales. Entre esas habilidades se encuentran la creatividad, el pensamiento visual o la capacidad narrativa. 

De hecho, no son pocos los escritores que han convivido con esta dificultad y han encontrado en la escritura una vía de expresión. Una lista que encabezan: la dama del crimen, Agatha Christie; el autor de 'Matilda', Roald Dahl; el español Jordi Sierra i Fabra o F. Scott Fitzgerald, padre de la novela 'El Gran Gatsby'. 

Visibilidad desde Aragón

El caso de Elisa Pascual pone el foco en una realidad todavía poco comprendida. En la comunidad, la Asociación de Dislexia de Aragón trabaja desde hace años para dar apoyo a familias y sensibilizar a la sociedad sobre este trastorno, insistiendo en la importancia de la detección temprana y la adaptación educativa. Si estas dos variables se dan, la vida académica de una persona —niño o adulto— con dislexia multiplica la garantía de éxito.

Desde la Asociación recuerdan que llevan años denunciando la falta de visibilidad, de apoyo y sobre todo de formación para el profesorado, que son quienes se enfrentan a estos casos, cada día. Una realidad que comparten el cuerpo docente, que reconocen “no estar preparados” ni tener herramientas para abordar de manera adecuada un caso de dislexia en sus aulas. 

La visibilidad y la concienciación son fundamentales para sacar de la sobra esta dificultad de aprendizaje y, en el último tiempo, la joven autora zaragozana se ha convertido en un referente inesperado, y muy necesario, especialmente para otros niños que atraviesan las mismas dificultades a las que Elisa hace frente en su día a día. 'Aurora y los niños intrépidos' no solo está pensado como un libro para entretener, sino también para demostrar que leer y escribir pueden ser accesibles para todos si ambas acciones —fundamentales para cualquier ser humano— se adaptan a través de las herramientas adecuadas.

Más allá de las dificultades

Elisa no solo escribe: también estudia en el colegio de su pueblo, aprende música, monta a caballo y sigue imaginando nuevas historias. Su primera obra, esta novela corta de menos de cien páginas, tiene un final abierto y ya está trabajando en la segunda parte, a la vez que ha empezado a escribir de manera simultánea otra obra totalmente diferente. 

Pero es que su historia, la de Elisa, es en sí misma un mensaje: las dificultades de aprendizaje no definen el talento, simplemente lo moldean de otra manera.

En un contexto educativo donde la dislexia sigue siendo una barrera para una gran parte del alumnado, voces como la de Elisa Pascual contribuyen a cambiar la mirada y a dar un giro a la historia: de problema a oportunidad, de obstáculo a impulso creativo. Porque, como demuestra su caso, a veces las letras no se colocan como deberían, pero las historias siguen encontrando su camino.

El cereal en Aragón atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Agricultores y organizaciones agrarias coinciden en señalar que, en esta campaña de 2026, la combinación de altas temperaturas —impropias para este momento del año— y una acusada falta de precipitaciones —en plena fase clave del cultivo—, está comprometiendo seriamente las expectativas de la cosecha aragonesa, especialmente en las zonas de secano.

Según diversas fuentes del sector, la situación actual ha llevado a hablar abiertamente de un escenario límite. Así lo ha explicado ASAJA Aragón, que ya ha alertado de una posible “catástrofe” si no se producen lluvias en los próximos días, ya que muchos cultivos se encuentran “en fases críticas de desarrollo y necesitan agua de forma urgente”, aseguran.

Un cultivo en fase crítica

El problema no radica solo en la ausencia de lluvias, sino en el momento en que se produce. La primavera es un momento determinante para el cereal, ya que en estas semanas se define el llenado del grano. Sin embargo, el calor adelantado está acelerando el ciclo vegetativo lo que está impidiendo el desarrollo normal de las plantas.

En amplias zonas del centro de Aragón, sur de Zaragoza, algunas partes de Huesca y en el norte de Teruel, los cultivos presentan ya “signos de estrés hídrico severo”, ha alertado ASAJA. Las previsiones meteorológicas, lejos de mejorar el panorama, apuntan a la continuidad del calor, aunque se esperan lluvias para la semana próxima, lo que podría traducirse en rendimientos mínimos, pero no se descarta que en algunos puntos de la comunidad las cosechas sean ya nulas.

La afección no es homogénea. Mientras que las zonas más tempranas están ya en una situación crítica, otras comarcas con ciclos más tardíos —especialmente áreas más altas del norte de Aragón— mantienen cierto margen de recuperación. No obstante, incluso en estas zonas, el sector insiste en que sin un cambio meteorológico inmediato la campaña también podría verse “gravemente” afectada.

Más inversión, más riesgo

A la incertidumbre climática se suma un factor económico que agrava la crisis. Tras un invierno relativamente húmedo, muchos agricultores “apostaron” por una campaña favorable, una previsión que les llevó a aumentar su inversión en fertilizantes, fitosanitarios y otros insumos.

Este incremento de costes convierte la situación actual en “especialmente preocupante”, denuncian los profesionales. Si la cosecha no llega a materializarse, las pérdidas no solo serán productivas, sino también económicas, lo que podría comprometer la rentabilidad, y hasta la viabilidad de muchas pequeñas explotaciones aragonesas.

Un sector ya debilitado e incertidumbre en los mercados

La crisis climática llega además en un contexto estructural complicado para el cereal aragonés. El sector arrastra desde hace años varios problemas que se han convertido en estructurales: los altos costes de producción, los bajos precios en origen y una elevada carga burocrática.

De hecho, la campaña de 2025 ya reflejó esta fragilidad: pese a una buena producción en algunas zonas, los bajos precios dificultaron cubrir gastos, evidenciando que la rentabilidad del cereal depende no solo de la climatología, sino también del mercado.

Un mercado que ya refleja los primeros coletazos de esta situación meteorológica. La incertidumbre sobre la evolución de los cultivos ha frenado la caída de los precios del cereal en las últimas semanas, en un contexto de baja actividad comercial y expectación entre operadores.

Un punto de inflexión para el campo aragonés

La campaña de cereal de 2026 se podría convertir en un punto de inflexión. La combinación de clima extremo, altos costes y debilidad estructural colocan al sector en una posición delicada. Y, ante este escenario, los profesionales del campo no descartan solicitar ayudas extraordinarias si se confirma el peor pronóstico. Entre las posibles medidas se barajan, ASAJA ha puesto ya sobre la mesa algunas: apoyos directos, flexibilización de la PAC y otras medidas fiscales que permitan aliviar la presión económica sobre los agricultores.

Torres de Berrellén vuelve a ser conocido como “el pueblo de los melones”. Un apelativo que le acompañó durante décadas hasta que el paso del tiempo, la mecanización agrícola y el abandono de cultivos tradicionales provocaron la desaparición de este cultivo, uno de los productos más emblemáticos de la ribera alta del Ebro. La historia no ha acabado, solo ha sido un alto en un camino que, tras más de diez años de trabajo e investigación, continúa para el melón autóctono de Torres de Berrellén, que ha vuelto a abrirse paso en los campos aragoneses, convertido en símbolo de identidad, innovación y futuro rural.

El proyecto de recuperación arrancó en 2015 impulsado por vecinos del municipio, con el apoyo de instituciones científicas como el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). El objetivo era claro: rescatar el “melón verdadero”, una variedad tipo Tendral muy valorada en el siglo pasado, pero que había desaparecido sin causas del todo claras.

El punto de partida fue casi novelesco: unas semillas halladas en un antiguo granero fueron el detonante de un largo proceso de investigación, selección y cultivo experimental que se ha prolongado a lo largo de más de una década.

Un proceso científico, agrícola y social

La recuperación del melón de Torres de Berrellén ha sido el resultado de un largo proceso que ha combinado investigación científica, trabajo agrícola y colaboración social. Lejos de ser una iniciativa rápida, el proyecto se ha desarrollado por fases bien definidas. En primer lugar, se llevó a cabo la recopilación y conservación de semillas, gracias a la aportación de agricultores locales que aún guardaban variedades antiguas. A partir de ahí, se iniciaron ensayos de cultivo tanto en los campos del municipio como en las instalaciones del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), con el objetivo de comprobar su adaptación y calidad.

Posteriormente, los investigadores abordaron la selección y depuración genética mediante análisis físico-químicos y sensoriales, con los que se buscaba recuperar las características originales del fruto. Una vez estabilizada la variedad, se procedió a la multiplicación de semillas para facilitar su reintroducción entre los agricultores. Desde 2018, además, se han impulsado cultivos ecológicos y pequeñas pruebas de comercialización.

El proceso alcanzó un hito fundamental en 2025 con la inscripción oficial de la semilla en el registro de variedades de conservación, lo que asegura su protección y difusión a futuro. Tras una década de trabajo, el CITA ha logrado recuperar dos tipos de simientes —verde y blanco— que hoy se conservan en el Banco de Germoplasma Hortícola, donde permanecen deshidratadas y congeladas a -18 °C para garantizar su viabilidad a largo plazo. Además, el centro puso en circulación más de 6.000 semillas para su cultivo en la campaña de 2025, consolidando así el regreso de este producto emblemático a los campos aragoneses.

Actuaciones para consolidar el proyecto

Más allá del ámbito estrictamente agrícola, la recuperación del melón de Torres de Berrellén se ha apoyado en una serie de actuaciones de carácter social y cultural que han resultado ser claves para consolidar el proyecto y asegurar su continuidad. Entre ellas destaca la creación de la Asociación Amigos del Melón de Torres de Berrellén, entidad encargada de coordinar los esfuerzos y dar cohesión a la iniciativa. También se ha registrado una marca comercial que permite identificar y proteger este producto autóctono en el mercado.

El impulso de huertos comunitarios y cultivos ecológicos ha sido otra de las líneas de actuación, en algunos casos vinculados a proyectos de inclusión social, como Gardeniers, lo que ha añadido una dimensión solidaria al proyecto. Al mismo tiempo, se han ido desarrollando numerosas actividades culturales y divulgativas —como rutas, catas, talleres, publicaciones y documentales— destinadas a sensibilizar a la población y a dar a conocer el valor histórico y gastronómico de este particular melón.

Mientras tanto, la conservación de las semillas en el Banco de Germoplasma garantiza su preservación a largo plazo, evitando que esta variedad autóctona vuelva a perderse. En conjunto, todas estas iniciativas han permitido no solo devolver al presente un cultivo tradicional, sino también reconstruir en torno a él un auténtico ecosistema agrícola, social y cultural. Y todo esto ha sido posible gracias a la implicación de vecinos, entidades públicas y profesionales de múltiples ámbitos.

Mucho más que un melón: identidad y futuro

Por todo lo anterior, la recuperación del melón de Torres de Berrellén va mucho más allá de la simple reintroducción de un cultivo tradicional a la tierra de donde procede. Su regreso supone, en primer lugar, la recuperación de la memoria colectiva de todo un municipio, al devolver a sus vecinos un símbolo profundamente ligado a su historia y a su identidad. Este fruto, que durante décadas formó parte del paisaje y de la vida cotidiana del pueblo, vuelve ahora a ocupar un lugar central en la cultura local.

Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a poner más en valor el medio rural como un ejemplo de apuesta por productos de proximidad y de alta calidad frente a modelos agrícolas intensivos y de menor valor añadido. En este contexto, el melón se convierte también en motor económico, porque con su entrada de nuevo en escena ha impulsado la aparición de nuevas oportunidades en ámbitos como la producción, la comercialización y el turismo gastronómico, cada vez más vinculado a la autenticidad y a los productos de origen que cuentan su propia historia.

Otro de los pilares del proyecto es la preservación de la biodiversidad agrícola. La recuperación de este melón autóctono es un ejemplo de protección de una variedad tradicional que había estado al borde de desaparecer frente a la estandarización del mercado global. Finalmente, el proceso —en el que se han invertido mucho tiempo y recursos humanos y tecnológicos— ha servido para fortalecer la cohesión social al implicar en un objetivo común a agricultores, investigadores, instituciones y vecinos, demostrando que la colaboración puede ser clave para recuperar y proyectar el patrimonio rural —también el agroalimentario— hacia el futuro.

La historia ha sido recogida en un documental en el que se cita esta frase: “De una semilla nace un pueblo”. Y en este caso, no es solo una metáfora. El melón de Torres de Berrellén ha pasado de ser un recuerdo a convertirse en un ejemplo de cómo la tradición, la ciencia y la comunidad pueden unirse para recuperar el pasado y sembrar futuro.

A las afueras de Tauste, sobre una pequeña elevación del terreno que durante siglos ha dado la bienvenida a viajeros y vecinos, se alza —o más bien resistía— la ermita dedicada a Santa Ana y San José. Durante décadas, marcado por las grietas y después apuntalado y tapiado, este edificio ha sido símbolo de un patrimonio en peligro, pero también del esfuerzo colectivo por evitar su desaparición. Tras décadas de lucha y espera, la ermita volverá a ser visitable en mayo de este año, gracias a una profunda intervención en la que se han respetado tanto su diseño como los materiales originales empleados en su construcción, con el objetivo de devolver una imagen lo más fiel posible a la original. 

Una intervención Patrimonial que no solo garantiza la supervivencia de un edificio, sino la continuidad de las tradiciones asociadas al mismo, como la romería que cada 19 de marzo la vecindad de Tauste hace hasta este paraje, en familia, con amigos y acompañados de promesas y de una receta dulce típica de la villa, el fullatre. 

La ermita se remonta al siglo XV y constituye uno de los edificios más antiguos de la localidad zaragozana, solo superado en antigüedad por las iglesias de Santa María la Mayor y San Antón. Su arquitectura, de estilo gótico popular, presenta una nave rectangular, cubierta de madera y elementos constructivos humildes como mampostería, tapial y ladrillo.

Más allá de su valor arquitectónico, el templo ha estado profundamente ligado a la vida social y económica de Tauste. Durante siglos, los apicultores locales —organizados en la cofradía de Santa Ana— se encargaron de su mantenimiento, en una época en la que la producción de miel y cera tenía gran relevancia en la comarca.

La ermita fue también escenario de tradiciones arraigadas en la localidad, como el 'voto a San José', instaurado en 1599 tras una epidemia, que obligaba a los vecinos a acudir en procesión hasta el templo cada 19 de marzo, una costumbre que aún pervive. Romerías, celebraciones religiosas y elementos simbólicos convirtieron este espacio en un referente cultural y espiritual para generaciones de taustanos.

De centro de vida a edificio en ruina

Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento acabaron por deteriorar gravemente el edificio. A lo largo del siglo XX, la ermita fue perdiendo uso y sus bienes artísticos —como retablos y esculturas— fueron trasladados a otros templos para garantizar su conservación.

El estado de la nave ha sido crítico: problemas estructurales, humedades, grietas y deformaciones han llevado a que sus muros tengan que ser apuntalados para evitar el colapso. La degradación ha sido tal que en noviembre de 2021 la ermita fue incluida en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, un catálogo que recoge monumentos españoles en riesgo de desaparición.

La entrada en esta lista no solo evidenciaba el peligro, sino también la urgencia de actuar. Hispania Nostra subrayó la “importancia histórica y antropológica extraordinaria” y la necesidad de impulsar la rehabilitación de este inmueble para preservar, en cierta manera, una parte importante de la memoria colectiva del municipio.

Salvada por la vecindad

Lejos de resignarse, la comunidad local se ha ido movilizando a lo largo de los últimos años para mantener en pie la ermita: se construyeron paredes de ladrillo provisionales y se apuntaló la estructura para evitar su colapso. Pero no era suficiente. En 2025, el Ayuntamiento de Tauste programó una modificación presupuestaria dotada de 500.000 euros destinada a acometer las obras pertinentes para la consolidación y rehabilitación de la ermita de Santa Ana y San José. 

Un año después “los trabajos se encuentran en fase de finalización”, asegura el alcalde, Miguel Ángel Francés, que espera que en mayo se celebre la inauguración del edificio ya rehabilitado “con una fiesta por todo lo alto”, asegura el primer edil. Así mismo, en 2026, el Ayuntamiento de Tauste ha aprobado una nueva partida de 400.000 euros que se destinarán a “habilitar un paseo que conecte el pueblo con la ermita”, concluye Francés.

¿Por qué ahora? El alcalde de la localidad asegura que es el momento porque “las cuentas municipales están saneadas y hay remanente” suficiente para que el Ayuntamiento se permita afrontar una inversión de estas características. La vecindad está satisfecha y el objetivo común es claro: consolidar la estructura, frenar su deterioro y, a la mayor brevedad posible, devolverle parte de su función como espacio cultural y simbólico.

La inclusión en la Lista Roja, de hecho, funciona como una llamada de atención que facilita la visibilidad de monumentos como esta ermita, datada del siglo XV y profundamente ligada a la historia y tradición de la villa de Tauste. En este proceso la implicación vecinal y el propio Ayuntamiento han sido claves, siguiendo el ejemplo de otros monumentos que han logrado salir de la Lista Roja gracias a la colaboración entre ciudadanía e instituciones.

El yeso aragonés, protagonista de esta restauración

La restauración de la ermita se ha planteado con el objetivo de respetar al máximo los materiales y técnicas originales, tal y como asegura María Aragüés, arquitecta del proyecto. El material principal utilizado para revestir nuevamente las paredes es el yeso tradicional aragonés, elaborado de forma artesanal, ya que es el único compatible con los muros originales, también hechos con yeso. Se ha mantenido el sistema constructivo original del edificio con arcos fajones de ladrillo, sobre los que se apoya una cubierta reconstruida con vigas de madera y teja árabe, apunta Jaime Carbonell, aparejador de la obra y un firme defensor de la recuperación del patrimonio aragonés, implicado personal y profesionalmente en distintas obras de este tipo en la comunidad.

En el suelo de la ermita también se ha recuperado el uso del yeso, aunque apoyado sobre una solera de hormigón de cal transpirable —evitando el cemento por ser perjudicial—. En algunos elementos concretos, como el óculo, se ha introducido alabastro para permitir la entrada de luz.

En cuanto a las zonas intervenidas, la actuación ha sido amplia: desde la cubierta —con la reconstrucción tras su hundimiento, recuperando su estructura tradicional—, hasta la espadaña —recuperando su parte superior para devolverle su aspecto original—. Asimismo, se han consolidado y reconstruido los muros, incluyendo el muro oriental, donde se ha añadido un nuevo arco fajón para dar continuidad al edificio, y se ha repuesto el suelo y enlucido de paredes. En cuanto a las capillas laterales, no se han reconstruido, pero se conservan sus huellas —cimentación y accesos—.

En la parte exterior, se ha recuperado el antiguo porche orientado hacia la localidad de Pradilla. Y se ha intervenido en el entorno, mejorando el espacio y demoliendo construcciones posteriores carentes de valor, como la casa del santero.

En conjunto, la intervención ha cumplido el deseo del pueblo y de los profesionales que la han hecho posible: llevar a cabo una restauración fiel de los elementos originales, con actuaciones puntuales para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la ermita, respetando el carácter histórico de este singular y querido edificio de Tauste.

Un futuro por escribir

La ermita de Santa Ana y San José encarna una realidad frecuente en el patrimonio rural español: edificios de enorme valor histórico que, sin uso ni mantenimiento, se enfrentan a la ruina. Pero también representa una oportunidad.

Su historia, ligada a la religiosidad popular, a la economía tradicional y a la identidad de Tauste, sigue viva en la memoria colectiva. Y esa memoria, se ha transformado en acción. Entre muros agrietados y vigas de refuerzo, se abrió paso una nueva etapa en la que la recuperación ya no es solo un deseo, sino un proyecto compartido que, gracias a la suma de todas las fuerzas, se ha hecho realidad. 

La ganadería tradicional mediterránea moldea paisajes, fija población en el medio rural, mantiene vivos oficios centenarios como el pastoreo, y se enfrenta a un momento decisivo. El cambio climático, la falta de relevo generacional y la presión económica están poniendo en jaque a miles de explotaciones. Ante este escenario, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM Zaragoza) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han impulsado la creación de una Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles para buscar soluciones conjuntas.

La iniciativa se gestó en el seminario internacional 'Sistemas ganaderos mediterráneos: retos y estrategias para la sostenibilidad' celebrado en Madrid los días 7 y 8 de abril, en el que participaron expertos de 16 países junto a representantes del sector y de la administración. Más que un encuentro técnico, fue un espacio para compartir preocupaciones y también oportunidades. “Un lugar de encuentro donde pensar juntos cómo debe evolucionar la ganadería en los próximos años”, explicó el director del CIHEAM Zaragoza, Raúl Compés. 

La nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles, resultante de este foro, nace como una iniciativa que busca reforzar la cooperación científica y técnica ante los crecientes desafíos del sector de la ganadería en las regiones Mediterráneas, y especialmente en Aragón. 

Trabajar juntos para cambiar el modelo

El futuro de la ganadería mediterránea no es solo una cuestión del sector primario. Tiene implicaciones directas en la alimentación, el medio ambiente y el equilibrio territorial. Mantener vivos estos sistemas significa también conservar paisajes, pueblos, tradiciones y formas de vida. Pero algo no está funcionando. Por eso, iniciativas como esta buscan algo más que soluciones técnicas: aspiran a abrir un diálogo amplio sobre qué modelo de desarrollo rural quiere la sociedad para su futuro inmediato.

La nueva la Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles nace con la idea de conectar conocimiento, experiencias y soluciones. No se trata solo de mejorar la producción, sino de “repensar el sistema en su conjunto”, teniendo en cuenta el medio ambiente, la economía y la dimensión social.

“Necesitamos enfoques más amplios, que integren distintas disciplinas y realidades”, señalan desde la organización. Aprovechando las oportunidades que brinda la parte positiva de un mundo globalizado, la red servirá para impulsar proyectos de investigación, formación e innovación, así como para reforzar la cooperación entre países que comparten problemas similares. “Buscar soluciones reales a problemas comunes a todos”, aprovechando recursos ya existentes a través de las experiencias compartidas.

El cambio climático en el centro del problema

En los campos del Mediterráneo la ganadería extensiva, que aprovecha los pastos naturales, depende directamente del clima. Pero el equilibrio se está rompiendo. El cambio climático está haciendo que los pastos sean cada vez más escasos y menos predecibles. Llueve menos o en momentos poco habituales, y los veranos son más largos y secos, lo que dificulta que la hierba crezca con normalidad. Como resultado, hay menos comida disponible en el campo y de peor calidad.

Para los ganaderos, esto se traduce en más incertidumbre y más gastos, ya que muchas veces tienen que comprar pienso para alimentar a los animales —deben hacer frente a mayores costes y a una menor productividad—. Además, los suelos se van degradando y pierden fertilidad, lo que agrava el problema con el tiempo. 

A los problemas ambientales, se suman otros derivados de un sistema que prima el modelo industrializado, un enfoque que ha provocado que muchas pequeñas explotaciones tengan tantas dificultades para competir que ven peligrar su existencia, mientras que el relevo generacional no llega a otras tantas explotaciones, todas ellas ubicadas en zonas rurales. 

El resultado es un paisaje que corre el riesgo de vaciarse, tanto de personas como de actividad económica, empezando por la desaparición del modelo de ganadería familiar y tradicional.

La voz de la ganadería como parte de la solución

Sin embargo, lejos de ser parte del problema, cada vez más voces destacan que la ganadería extensiva puede ser clave para afrontar los grandes retos globales. “El pastoreo no solo produce alimentos, también conserva ecosistemas y culturas”, reivindican desde el sector en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, impulsado por Naciones Unidas.

En esta misma línea, y tal y como han dejado claro en el seminario celebrado en Madrid, los responsables de la FAO insisten en que los pastores y los sistemas tradicionales “forman parte de la respuesta” frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, en la nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles tendrán una posición destacada como colaboradores entidades como Oviaragón y Provacuno, en representación de las principales ganaderías del sector tanto en extensivo como en semiextensivo. 

Desde Oviargon valoran de manera muy positiva la iniciativa. El seminario sentó unas bases sólidas y presentó la fotografía real de la situación del sector en los diferentes territorios, conscientes de que la ganadería es una fuente de ingresos de economía familiar, sabiendo que es una forma de asentamiento de población rural, y pilar fundamental para el mantenimiento del ecosistema, evitar la erosión y conservar la biodiversidad. “Asistir al foro nos ha hecho darnos cuenta de que independientemente del lugar del mapa en el que estés, los problemas son compartidos: la mano de obra y la disminución del consumo en todo el mundo, y en Europa, sobre todo, la PAC”, explica Leticia Riaguas, veterinaria y responsable de coordinación de I+D+i en Oviaragón. 

Aunque no esperan obtener soluciones a corto plazo, desde Oviaragón valoran que esta Red se presenta como “una apuesta firme por la ganadería como solución” y como un altavoz en el que están representados todos los actores con sus singularidades: “Tener una voz más grande, que pueda tener una representación a través de CIHEAM Zaragoza y la FAO en los foros donde se toman las decisiones que nos afectan, es un paso importante para la ganadería”, asegura Leticia Riaguas.

El sector vitivinícola aragonés vuelve a quedarse fuera de una de las herramientas de apoyo contempladas en la Política Agraria Común (PAC). Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Aragón ha decidido no activar la llamada “cosecha en verde”, una medida destinada a equilibrar el mercado del vino y paliar las pérdidas de los productores. Para el sector, esta decisión tomada por el ejecutivo autonómico “coloca a los viticultores de la comunidad en una posición de desventaja respecto a otras regiones” que sí recibirán estas ayudas.

La organización agraria UAGA-COAG ha denunciado esta situación que califica de “perjuicio económico muy importante” para el sector aragonés. Mientras comunidades como La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña ya han tramitado la solicitud ante el Ministerio de Agricultura y están publicando sus convocatorias, Aragón ha optado por no solicitarla.

La organización agraria asegura que trasladó esta problemática al Departamento de Agricultura en diciembre, y que desde entonces ha mantenido varias reuniones con la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria. Sin embargo, la consejería ha optado por no activar una medida que, según el propio sector, está pensada precisamente para responder a momentos crisis como el actual —marcado por un exceso de stock en bodegas y precios en origen por debajo de los costes—.

Las explotaciones familiares y de libre mercado, las principales afectadas

La “vendimia en verde” permite a los viticultores eliminar parte de la producción antes de que madure, reduciendo así la oferta de uva y contribuyendo a estabilizar los precios en el mercado. A cambio, los agricultores reciben una compensación económica por la uva destruida y por los costes de la mano de obra. 

Sin embargo, los viticultores aragoneses no podrán acogerse a esta medida en 2026. La decisión llega en un contexto especialmente delicado para el sector. Los más afectados son los profesionales que están operando en el libre mercado y que comercializan su producción de uva por su cuenta. Según UAGA-COAG, tras la campaña de 2025, gran parte de estos productores se encuentran en una situación delicada: algunos aún no han cobrado por la uva entregada, otros han vendido por debajo de costes y, en los casos más extremos, ha habido cosechas que ni siquiera se han recogido por falta de compradores.

El contraste con otras comunidades autónomas es especialmente significativo. En territorios competidores directos, las administraciones sí han atendido la petición del sector y han solicitado al Gobierno central la activación de estas ayudas. Esto permitirá a sus viticultores ajustar la producción y recibir compensaciones económicas, mejorando su posición en el mercado frente a los productores aragoneses.

Una medida que el Gobierno de Aragón no comparte

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación asegura que “rechaza la aplicación de la vendimia en verde tras haber estudiado en profundidad la petición por parte de UAGA, incluso solicitando una prórroga al Ministerio de Agricultura, para poder analizarla con rigor y con todos los datos sobre la mesa”, apuntan fuentes de la consejería. Y añaden que “ningún interlocutor del sector” que ha sido consultado, “están a favor de la medida”.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este es “un debate repetido” respecto al año pasado que plantea una solución que “el Gobierno de Aragón no comparte”. Así mismo, la consejería deja clara su postura: “La vendimia en verde no va a ser en beneficio de los viticultores, ni de las bodegas, ni resolverá los problemas estructurales del sector ya que las cifras proporcionadas por las bodegas aragonesas hasta la fecha no evidencian un exceso de stock”.

Agricultura apunta al “plan que contempla la promoción, la modernización y la capacidad comercial” como medida de apoyo al sector en línea con la filosofía del Gobierno de Aragón: “No producir menos, sino vender más y vender mejor, llegar a más públicos y a nuevos mercados, y reforzar la competitividad y el reconocimiento del vino aragonés”, concluyen.

Pérdida de competitividad y desigualdad 

Desde UAGA-COAG advierten de que esta diferencia de trato de Aragón hacia sus productores, frente a la decisión tomada por otras comunidades rompe, una vez más, el principio de igualdad de condiciones dentro del propio mercado nacional. “No se puede competir en las mismas condiciones cuando unos territorios cuentan con herramientas de apoyo y otros no”, señalan.

Más allá del impacto inmediato en las rentas agrarias, la decisión del Ejecutivo aragonés podría tener consecuencias estructurales para el sector vitivinícola de la comunidad, al acentuarse la pérdida de rentabilidad de las explotaciones afectadas. Por este motivo, el sector denuncia que dejarles sin las ayudas a la vendimia en verde no solo llega en el peor momento, sino que amplía la brecha competitiva entre Aragón y el resto del mapa vitivinícola de España.

Con la llegada de la primavera, los campos de Aragón vuelven a llenarse de actividad. La comunidad ha dado inicio a una nueva campaña de recogida de fruta, uno de los motores económicos del medio rural y una actividad clave para comarcas como el Bajo Cinca, Valdejalón o La Litera. Este año está previsto que la temporada, que se prolongará hasta otoño, movilice a entre 20.000 y 25.000 trabajadores, en su mayoría personas migrantes, que sostienen una parte fundamental de la producción agroalimentaria de la comunidad.

Sin embargo, el inicio de la campaña vuelve a evidenciar un problema estructural que se repite año tras año: la falta de vivienda digna para los temporeros. Son manos imprescindibles para recoger la cosecha, sin embargo, mientras la fruta madura en los árboles, el problema de la vivienda sigue enquistado en el suelo.

Entidades como Cáritas o Cruz Roja han alertado en campañas anteriores de situaciones en las que, ante la escasez de alojamientos disponibles en las inmediaciones en las que se encuentran los campos, principalmente zonas rurales, los temporeros se ven obligados a recurrir a soluciones precarias: desde viviendas saturadas hasta asentamientos improvisados o pernoctaciones en vehículos y en la calle. Una realidad que se repite cada temporada.

Un Plan Pirineos, para el campo

La llegada masiva de trabajadores a municipios pequeños tensiona todavía más un mercado de vivienda ya de por sí limitado. En algunas localidades la población llega a incrementarse en pocas semanas hasta en 2.000 personas, como en La Almunia de Doña Godina, lo que hace prácticamente imposible absorber la demanda de alojamiento.

Las organizaciones agrarias advierten de que, aunque muchas explotaciones agrícolas han avanzado en la habilitación de alojamientos para sus empleados, con la instalación por ejemplo de viviendas prefabricadas, un año más, esta campaña recién comenzada, siguen existiendo importantes carencias, especialmente en el caso de trabajadores que llegan sin contrato previo “y sin vivienda”, apuntan.

Ante esta situación enquistada, el sector reclama soluciones estructurales, y ha puesto sobre la mesa la demanda de planes públicos para rehabilitar vivienda vacía en los pueblos y destinarla a alojamiento temporal vinculado al empleo agrícola. 

Si algo hay en los pueblos es “vivienda abandonada o desalojada”, con lo que no cuentan es con “dinero para ponerla en condiciones”, denuncian desde UAGA, que propone diseñar un “Plan Temporeros”, tomando como referencia el Plan Pirineos, una estrategia del Gobierno de Aragón para dinamizar el Pirineo, que contempla la construcción de vivienda asequible, facilitando el alojamiento a empleados locales y temporeros. Sin embargo, estas medidas avanzan lentamente frente a una necesidad que es inmediata.

Derechos laborales y obligaciones de los empleadores

En paralelo, las administraciones han intensificado los llamamientos para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante la campaña. La normativa vigente establece que los trabajadores deben contar con contrato de trabajo en regla, estar dados de alta en la Seguridad Social, percibir un salario conforme al convenio agrario y tener unas condiciones adecuadas de prevención de riesgos laborales. 

Además, es un derecho del trabajador disponer de un alojamiento digno, facilitado por el empleador cuando el trabajo implica desplazamiento temporal. En agricultura “somos los únicos que debemos proporcionar vivienda al trabajador”, apunta Asaja, aunque reconocen ser conscientes del volumen de mano de obra que emplean y que “tienen que proporcionarla”.

Desde la Inspección de Trabajo se recuerda que estas obligaciones no son opcionales, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas importantes. En anteriores campañas se han interpuesto denuncias de los casos detectados de personas que, incluso con contrato, no han podido acceder a una vivienda y se ven obligadas a pasar la noche en la calle tras la jornada de trabajo, tal y como han reconocido desde FICA UGT Aragón.

Además, las autoridades alertan de la necesidad de prevenir situaciones de explotación laboral o economía sumergida, que todavía persisten en algunos casos vinculados a la contratación irregular.

Entre la necesidad económica y el reto social

La campaña de la fruta representa cerca del 10% de la economía aragonesa, y resulta esencial para mantener la actividad en zonas rurales, las principales afectadas por el fenómeno silencioso y persistente de la despoblación.

No obstante, este peso económico contrasta con los retos sociales que se le asocian, especialmente en materia de acogida, y que no terminan de encontrar solución. La falta de planificación y recursos sigue provocando situaciones de vulnerabilidad a las que los temporeros se tiene que enfrentar año tras año, como dificultades para acceder a alojamiento o servicios básicos, mientras desempeñan uno de los trabajos más duros y denostados por un alto porcentaje de la población nacional o de clase media.

En este contexto, administraciones públicas, organizaciones agrarias y entidades sociales coinciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo más estructurado que garantice tanto la viabilidad del sector como unas condiciones de vida y trabajo dignas para quienes hacen posible que cada campaña la fruta se recoja de los árboles y siga funcionando la cadena de producción en el sector agrario. 

Porque detrás de cada campaña no solo hay cosechas, también conviven en la sombra las historias de movilidad, esfuerzo e incertidumbre de miles de personas.

La campaña de cosecha de miel en Aragón arranca este año bajo el signo de la incertidumbre. Tras varias temporadas marcadas por la irregularidad climática y la caída de la producción, los apicultores afrontan un nuevo ciclo con prudencia, mientras los sindicatos agrarios intensifican sus reclamaciones y el Gobierno autonómico anuncia ayudas para sostener al sector.

En Aragón, la apicultura mantiene un peso relevante en el medio rural, con 104.082 colmenas distribuidas en unas 1.219 explotaciones repartidas por comarcas de Zaragoza, Huesca y Teruel. Sin embargo, la rentabilidad de la actividad lleva años en entredicho. La combinación de sequías prolongadas, episodios de calor extremo y floraciones cada vez más irregulares ha reducido de forma notable la producción de miel en las últimas campañas.

“Dependemos totalmente del tiempo, y cada vez es más imprevisible”, señalan desde el sector, que describe campañas recientes con rendimientos muy desiguales. Si a mediados de la pasada década la producción se mantenía en niveles “aceptables”, los últimos años han estado marcados por cosechas cortas, especialmente en zonas de secano. Las campañas de 2022 y 2023 fueron especialmente negativas, azotadas por una sequía extrema que afectó a la producción de miel en toda España. 

A los factores climáticos se suman problemas estructurales. El aumento de costes —combustible, alimentación suplementaria de las colmenas o tratamientos sanitarios— contrasta con unos precios de la miel que, según denuncian los apicultores, siguen presionados a la baja por la entrada de producto importado.

Ayudas para sostener el sector

En este contexto, el Gobierno de Aragón ha activado esta semana una línea de ayudas dotada con 792.486 euros para modernizar y profesionalizar el sector apícola, con el objetivo de mejorar su competitividad. Estas subvenciones, enmarcadas en la Política Agraria Común, buscan impulsar tanto la producción como la comercialización de la miel.

Las líneas de apoyo incluyen la modernización de explotaciones, la mejora sanitaria de las colmenas, la formación de los apicultores y el impulso a la comercialización. El Ejecutivo autonómico defiende que estas medidas “son clave” para reforzar la competitividad del sector y garantizar su sostenibilidad a medio plazo.

No obstante, desde las organizaciones agrarias se insiste en que la línea de ayudas anunciada por la Consejería, aunque necesarias, resultan “insuficientes” si no se acompañan de cambios más profundos en el mercado.

Retos de fondo: clima, mercado y relevo

La campaña actual vuelve a estar condicionada por varios desafíos que se repiten año tras año. El cambio climático se ha convertido en el principal factor de incertidumbre, alterando los ciclos de floración y reduciendo la disponibilidad de néctar. A corto plazo, cómo se desarrolle la campaña dependerá de la climatología de esta primavera. Si las lluvias y temperaturas acompañan, el sector podría consolidar la recuperación iniciada en 2024 tras los años de sequía. En caso contrario, la campaña volverá a estar marcada por la incertidumbre.

La rentabilidad sigue siendo otro de los grandes problemas que arrastra el sector, agravado por la competencia exterior y el incremento de costes. El modelo tradicional de trashumancia —traslado de colmenas en busca de floraciones— se ha encarecido notablemente en los últimos años, elevando los costes de producción.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, recuerda que “el precio de la miel en origen se sitúa en torno a 1,75 euros por kilo, muy por debajo de los costes de producción, que rondan los cuatro euros”. 

La apicultura es a día de hoy “el único sector agrario que no cuenta con una interprofesional operativa”, denuncia UPA, que reclama desde hace tiempo la constitución de esta herramienta que las organizaciones agrarias consideran “imprescindible para ordenar el sector, realizar campañas de promoción y hacer frente a la competencia desleal de las importaciones”.

A esta problemática se añade la sanidad de las colmenas, con enfermedades y parásitos que obligan a un control constante y “a una inversión también constante”, apuntan los apicultores. Enfermedades como la varroa y la expansión de especies invasoras, como la avispa asiática, siguen siendo una amenaza real para la viabilidad de las explotaciones, tal y como ya se evidenció en campañas anteriores.

Explotaciones pequeñas y difícil viabilidad

El sector se enfrenta además a un reto demográfico: la falta de relevo generacional en el medio rural pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones apícolas. El envejecimiento de los titulares de explotaciones plantea dudas sobre la continuidad del sector que sigue perdiendo peso en el cómputo global de España: Aragón se sitúa en una posición intermedia, siendo en 3,9% de la media nacional según el 'Informe SITRAN: Evolución de los datos registrados en el sistema, en julio 2025, en explotaciones de alta'. 

El perfil de las explotaciones apícolas en Aragón es principalmente de pequeño tamaño, solo el 2% de explotaciones son explotadas comercialmente de forma exclusiva, suponiendo el 20% de colmenas y el 30% de la producción total en la comunidad. El 68% son de carácter lúdico, y el 30% restante son explotaciones que tienen menos de 50 colmenas y que se mantienen porque se complementan con otras actividades. 

Este perfil dificulta la viabilidad de las explotaciones y del sector en Aragón, especialmente al competir con un mercado internacional que ofrece bajos precios en los lineales de venta, independientemente de la calidad del producto –según la Comisión Europea, el 51% de las mieles analizadas en frontera en España está bajo sospecha de fraude–. 

Más allá de la miel, los pueblos

Más allá de su valor económico, los apicultores recuerdan que su actividad cumple una función esencial en los ecosistemas. La polinización que realizan las abejas es vital para la biodiversidad y para numerosos cultivos agrícolas. Por ello, insisten en que apoyar la apicultura no es solo una cuestión productiva, sino también ambiental. “Sin abejas no hay agricultura” y sin agricultura muchos pueblos dejarían de existir, insisten en alertar desde el sector.

Y es que, a pesar de que la campaña de la miel en Aragón arranca, un año más, cargada de incertidumbre, la apicultura aragonesa encara 2026 con una certeza, que su papel estratégico en el medio rural y en el equilibrio ambiental sigue siendo incuestionable, aunque su viabilidad económica continúe en el aire.

Hay edificios que cuentan una historia incluso cuando ya casi no pueden sostenerse en pie. En Ejea de los Caballeros, la Casa Pujol es uno de ellos. Su reciente entrada en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, a instancias de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés, ha vuelto a poner el foco sobre un inmueble que, más allá de la denuncia de su deterioro “avanzado y con riego de ruina”, encierra una parte esencial de la memoria urbana, económica y social de la localidad.

Ideada y levantada entre 1900 y 1913 en un enclave estratégico —la confluencia del paseo del Muro con las calles Concordia y Joaquín Costa—, esta casa no es un edificio cualquiera. Su silueta, marcada por un torreón central y un lucernario, responde a un modelo de arquitectura burguesa de principios del siglo XX, con rasgos eclécticos y, aunque tímida, también influencia modernista. Durante décadas, fue un referente visual para quienes llegaban o vivían en la localidad, por su ubicación en uno de los puntos más reconocibles del casco urbano, frente a la iglesia de San Salvador. 

Pero su valor va más allá de lo estético. La casa está íntimamente ligada al proceso de modernización de Ejea de los Caballeros. La residencia Pujol fue promovida por la familia Villacampa, importantes ganaderos y productores vinculados a la economía local, y simboliza el surgimiento de una incipiente burguesía industrial en el municipio. Sin embargo, el inmueble cambió obligatoriamente su nombre cuando su heredera, Pepita Villacampa, contrajo matrimonio con José Pujol, hijo de Rosendo Pujol, quien impulsó a comienzos del siglo XX la Electroharinera 'La Primitiva', y responsable del primer suministro eléctrico del municipio y del alumbrado público en 1902. 

Abandono avanzado y riesgo de ruina

Aquel pasado industrial y urbano del inmueble contrasta con el papel que desempeña en el presente. Hoy, la Casa Pujol es un edificio abandonado, afectado por un “importante” deterioro progresivo fruto de décadas deshabitada y “sin recibir el mantenimiento adecuado”, según APUDEPA. A pesar de estar catalogada desde el año 2000 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como edificio de interés ambiental —con obligación de conservar su volumen y fachada—, la realidad es que su estado actual evidencia una falta de intervención efectiva. 

Esta situación ha motivado su entrada en la Lista Roja del Patrimonio, a propuesta de APUDEPA. Esta lista, impulsada por Hispania Nostra, recoge bienes culturales en riesgo de desaparición o alteración grave de sus valores, con el objetivo de visibilizar su situación y fomentar su protección. 

Desde APUDEPA advierten que existe “un riesgo real de pérdida patrimonial si no se actúa con rapidez”. La asociación denuncia que el estado de la cubierta es “lamentable” y que “anticipa posibles colapsos estructurales”. Lo mismo en el exterior, donde el deterioro es visible con “revocos desprendidos, grietas, suciedad acumulada y cableado desfigurando la fachada”, apuntan en el informe publicado en la Lista Roja. 

Desde la Asociación piden que se tenga en cuenta el alcance y singularidad de la Casa Pujol no solo por su arquitectura —una de las pocas construcciones con torreón de este tipo en la localidad—, sino también por su valor urbano, al articular visualmente uno de los accesos principales al casco histórico. Y que se ponga en valor por su dimensión simbólica como testimonio de una etapa menos visible y conocida de la historia de Ejea: la de su temprana industrialización. 

El debate se reabre veinte años después

Entre 2005 y 2007 hubo un intento de declarar su ruina y proceder a su demolición. Una intervención que fue frenada por informes desfavorables de la Comisión Provincial de Patrimonio. Desde entonces, la casa ha permanecido en una especie de limbo: protegida sobre el papel, pero sin un proyecto claro de rehabilitación. 

Ante la pregunta ¿Qué puede ocurrir ahora? La respuesta es que la inclusión en la Lista Roja no implica protección legal directa, pero sí presión social e institucional que en muchos casos ha servido como punto de inflexión para activar procesos de restauración. El futuro de la Casa Pujol depende, en gran medida, de la capacidad de las administraciones —y especialmente del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros— para impulsar soluciones.

El margen de actuación existe, aunque no es sencillo. El inmueble es de propiedad privada, lo que limita la intervención directa municipal. Sin embargo, el consistorio puede ejercer varias vías: desde exigir el cumplimiento del deber de conservación a los propietarios, hasta promover acuerdos, incentivos o incluso fórmulas de adquisición o expropiación en caso de incumplimiento grave. También puede optar por integrar el edificio en estrategias más amplias de rehabilitación urbana o patrimonial.

En paralelo, la clave estará en encontrar un uso que garantice su viabilidad. La experiencia demuestra que la conservación del patrimonio no pasa solo por restaurar, sino por reintegrar los edificios en la vida cotidiana: como equipamientos culturales, espacios sociales o iniciativas vinculadas al turismo.

Mientras tanto, la Casa Pujol sigue dando la bienvenida al pueblo frente a la Iglesia de San Salvador, visible, reconocible, pero cada vez más frágil. Como tantas otras piezas del patrimonio aragonés que se encuentran en riesgo, el futuro de esta casa se juega en un equilibrio delicado entre la memoria, el abandono y la pregunta de si la sociedad que la heredó está dispuesta a seguir conservándola.

Hay caminos que nunca desaparecen del todo. Solo esperan a ser transitados de nuevo. A veces se encuentran cubiertos por la maleza, otras olvidados en la memoria de los pueblos, pero siempre latentes. En el noroeste de Aragón, uno de esos caminos —un ramal secundario del Camino de Santiago— empieza ahora a recuperar el pulso gracias al empeño de quienes se resisten a dejar caer su historia en el olvido.

La Asociación colaborativa Amigos del Camino de Santiago Hoya de Huesca Noroeste-Altas Cinco Villas constituida de manera oficial en 2025, está trabajando en la recuperación de este recorrido del camino jacobeo. El germen del proyecto viene de tiempo atrás, ya que desde 2023 se han venido manteniendo reuniones discretas, conversaciones entre ayuntamientos y colectivos locales, que han evidenciado lo que era una intuición compartida y constatada desde Patrimonio del Gobierno de Aragón: que este territorio todavía tiene mucho que contar. 

La iniciativa promovida desde esta asociación aragonesa busca no solo rescatar un itinerario histórico, sino también dinamizar el territorio frente al reto que supone la despoblación para las zonas por las que trascurre. El proyecto conecta los municipios de Murillo de Gállego, Agüero, Fuencalderas, Biel, Luesia, Uncastillo y Sos del Rey Católico, enlazando finalmente con el Camino Francés desde Sangüesa, la ruta jacobea más transitada. Se trata de un trazado con base histórica, vinculado a antiguos caminos de peregrinación y vías de comunicación tradicionales que habían caído en desuso con el paso del tiempo.

Según explica el presidente de la asociación, Antonio Torrea, el objetivo es triple: “Recuperar, defender y promocionar este ramal del Camino de Santiago”. Para ello, se ha trabajado en colaboración con ayuntamientos, entidades culturales y colectivos locales, logrando el reconocimiento institucional y el respaldo de diversas administraciones. En la actualidad, el proyecto ha sido reconocido por Patrimonio y cuenta con la aprobación de los ayuntamientos a los que afecta. Además, forma parte del Plan director de Caminos Identitarios por Aragón de la administración pública. 

Del papel a la realidad

Existen evidencias suficientes, apoyadas por Patrimonio del Gobierno de Aragón, que demuestran que este ramal “no es una invención contemporánea”, sino que estamos frente a la recuperación de una ruta con base histórica, un camino que durante siglos sirvió de paso a peregrinos, comerciantes y vecinos.

El proyecto no se ha quedado en el papel, porque uno de los pilares del mismo es la puesta en valor del recorrido mediante actividades concretas. Entre ellas, destacan la organización de etapas senderistas abiertas al público —como las que unen Agüero con Biel o Biel con Luesia y Uncastillo—, recorridos compartidos que son también una forma de redescubrir el paisaje y reforzar vínculos.

Por otra parte, se está llevando a cabo una importante labor de difusión en los propios municipios por los que pasa el ramal “para que se impliquen en la iniciativa”. A esto se suman charlas divulgativas impartidas por expertos donde la historia del Camino se entrelaza con la vida cotidiana. El escritor Luis Barreiro Bordonaba, es una de las voces que acompaña este proyecto ya que, su trabajo sobre los caminos peregrinos en la comarca, ha servido de inspiración para la puesta en marcha de la Asociación que ha hecho posible la recuperación de esta parte olvidada del Camino de Santiago a su paso por Aragón.

Una iniciativa intermunicipal: “El camino es de todos”

El proyecto tiene una dimensión social relevante. Desde la asociación recuerdan que se trata de una iniciativa intermunicipal que requiere implicación ciudadana. La asociación lo tiene claro: sin la implicación de los vecinos, nada de esto tendría sentido. La participación de los habitantes de los municipios cercanos al ramal, así como voluntarios y asociaciones, ha sido fundamental para poder dar los primeros pasos hacia la recuperación de este camino que, al fin y al cabo, “no pertenece a nadie y es de todos”. 

El reto está en el mantenimiento del trazado y la acogida de futuros peregrinos. Por eso la asociación hace un llamamiento a participar, a implicarse y a formar parte de algo que va más allá de una ruta señalizada. Caminar de Agüero a Biel, o de Biel a Luesia y Uncastillo, no es solo hacer kilómetros. Es reconstruir una geografía emocional, volver a mirar el territorio con otros ojos.

Y es que, además del componente cultural, el impacto económico es uno de los aspectos clave de esta iniciativa. La recuperación del camino se plantea como una oportunidad para atraer turismo sostenible, generar actividad en el medio rural, además de reforzar la identidad territorial. “Supone recuperar un legado histórico y añadir valor al patrimonio natural y cultural de las comarcas por las que pasa”, subrayando el potencial del Camino de Santiago como motor de desarrollo.

El Patrimonio: Un balón de oxígeno para la supervivencia de zonas rurales

En un contexto en el que muchas zonas rurales buscan fórmulas para reinventarse, la recuperación de este ramal jacobeo se presenta como un ejemplo de cómo el patrimonio histórico puede convertirse en una herramienta de futuro. “Recuperar este legado es también una forma de desarrollo”. 

En la comarca de Cinco Villas, por ejemplo, hablar de patrimonio es también hablar de futuro. En las localidades situadas en la zona más alta de la comarca, sentenciadas por la despoblación, iniciativas como esta abren una puerta —quizá pequeña, pero firme— a nuevas oportunidades. El Camino de Santiago no es solo espiritual o cultural; es también una red que genera actividad, movimiento y, en muchos casos, arraigo.

Y en esa idea late una realidad que conocen bien en el medio rural: que cada proyecto suma, que cada visitante cuenta, que cada paso puede ayudar a sostener lo que permanece. Las Cinco Villas, con su riqueza paisajística y cultural, tiene un nuevo as que le permite volver a la partida situándose en el mapa de los caminos que conducen a Santiago. Porque quizá se trata de eso, de volver a abrir caminos. Y de recordar que, incluso en los territorios más silenciosos y silenciados, siempre hay historias esperando a ser recorridas.

Evidencias verosímiles del ramal como ruta oficiosa en la época

En el caso del ramal secundario que ha sido recuperado, no existe una prueba documental clara y directa como la del Camino Francés, pero sí un conjunto de indicios históricos, geográficos y patrimoniales que permiten plantearlo como ruta secundaria o complementaria. Los historiadores coinciden en que existían múltiples caminos alternativos o locales, no siempre documentados con precisión. Esto abre la puerta a la existencia de ramales secundarios al camino. 

Agüero, Biel, Luesia o Uncastillo fueron núcleos relevantes entre los siglos XI y XIII, justo cuando se consolida el Camino. No eran aldeas aisladas, sino parte de una red que podía sostener tránsito de viajeros. Se trata de un itinerario que aparece citado desde la Edad Media hasta el siglo XIX, y que ha sido repetidamente documentado en distintas épocas. A lo largo de este trazado está constatada la existencia de numerosos hospitales de peregrinos (aunque algunos ya desaparecidos), monasterios que acogían caminantes, restos funerarios y muestras de señales referidas a los peregrinos como tumbas, veneras, testamentos, además de numerosos símbolos jacobeos.

En la localidad de Agüero, al inicio del itinerario, se encuentra la ermita dedicada a Santiago, del siglo XII, con iconografía jacobea. A esto se suma la abundancia de patrimonio religioso en Uncastillo, indicativo de que había una importante actividad económica y social por el paso de viajeros. Y, finalmente, la posición estratégica de Sos del Rey Católico como puerta de acceso a Navarra por su cercanía con Sangüesa. Todos estos factores hacen posible, según los expertos, como Luis Barreiro Bordonaba, la existencia en la zona del ramal secundario ahora recuperado, de una ruta “históricamente verosímil, documentada y coherente”, que pudo ser utilizada por peregrinos durante siglos.

Un dicho popular asegura que “seguir a una cabra es aprender que a veces hay que subir para ver más lejos”. Así lo creyeron en la localidad de San Juan de Plan, y de esta idea nace La Estiva, la Escuela de Pastoreo de Aragón. Ubicada en el Valle de Chistau impulsa una formación orientada a la ganadería extensiva y al pastoreo multiactivo, un enfoque que trasciende el simple manejo de cabezas de ganado y combina teoría, práctica de campo y un profundo contacto con el territorio.

Allí donde los rebaños han sido durante siglos moteadores del paisaje, La Estiva es un centro de formación con una esencia muy particular y con una misión clara: generar relevo generacional en un oficio que ha sido sustento y cultura de los pueblos de montaña. Decidieron que para ver más allá de la pérdida de explotaciones ganaderas de ovino, caprino y vacuno, de la falta de jóvenes que quisieran ser pastores y pastoras, y de una sociedad que ni les entiende ni les ampara, tenían que hacer lo que hacen las cabras, subir un poco más para ver más lejos. 

El 24 de febrero arrancaba la 5ª edición de la escuela, cinco años de recorrido a lo largo de los que se han formado medio centenar de nuevos pastores y pastoras, que han pasado por las 860 horas lectivas que integran el programa anual, combinando clases teóricas, prácticas en explotaciones y trabajo en montaña, acompañados siempre de pastores y ganaderos con experiencia. Este nuevo curso se suman 10 nuevos alumnos y alumnas, que han sido seleccionados entre las más de 70 solicitudes de plaza recibidas en esta convocatoria. 

Una formación que combina tradición y adaptación a los nuevos tiempos

La propuesta educativa de La Estiva busca formar profesionales capaces de enfrentar los retos de la ganadería dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y viabilidad económica. Incluye contenidos sobre reproducción y cuidados sanitarios, manejo de rebaños de ovino, vacuno y caprino, gestión de pastos, silvopastoreo y organización de explotaciones, así como aspectos empresariales como comercialización, la gestión de la ayuda PAC y transformación láctea.

Las clases se extienden desde febrero hasta septiembre, cuando el alumnado se desplaza a los puertos de montaña para practicar trashumancia —el traslado del ganado a pastos de altura— y aprende a orientar a través de mapas, gestionar los ritmos de la montaña y convivir con la naturaleza.

Desde el 24 de febrero al 12 de junio se desarrolla el programa teórico con prácticas en las explotaciones ganaderas –acciones formativas de lunes a viernes–. Además, durante este tiempo el alumnado comparte una semana con una red de explotaciones colaboradoras del valle. A partir de la última semana de junio hasta el 4 de septiembre las prácticas se realizan en montaña, con manejo de ganado en puerto durante cinco días a la semana.

Una escuela para profesionalizar la figura de pastor. El pastoreo no es solo una tradición, es fundamentalmente una actividad económica que, desde el punto de vista social, contribuye a fijar población en el medio rural, sobre todo población joven y mujeres, ya que el perfil del alumnado, 60% hombres y 40% mujeres, va desde 19 hasta 40 años, y cada vez son más las mujeres que deciden acceder al perfil técnico del pastoreo multiactivo que ofrece La Estiva. La escuela recuerda que el Diploma está avalado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y “aporta todos los requisitos formativos exigidos por la administración para el acceso y la incorporación al sector”.

Formadores para formar

San Juan de Plan ha formado a 15 ganaderos para convertirlos en tutores de la primera escuela de pastores de Aragón, un proyecto que arrancaba en primavera de 2021. La formación consistió en “enseñar a los futuros enseñantes de pastor” habilidades de comunicación para saber transmitir sus conocimientos, así como criterios de evaluación de los alumnos. Un total de 15 personas, todas ellas profesionales del sector, pasaron por esta formación que tuvo una duración de 80 horas. 

“Hay que saber de meteorología, nutrición, bienestar animal..., y debemos apoyarlos porque han perdido el reconocimiento social”, ha comentado en varias ocasiones la presidenta de la Fundación Monte Mediterráneo, Andrea-Ernestine Lüdeke. Además de aquellos 15 primeros formadores, “ahora tenemos una veintena más”, apunta el director de la escuela. Y la idea es seguir ampliando el profesorado con una formación específica para disponer de más tutores en puertos de montaña, “en los puertos de montaña hay alumnos con rebaños de ovino o de vacuno a los que desde la escuela les hacemos seguimiento directo, necesitamos más formadores en este ámbito”, aseguran. 

La implicación de los ganaderos de la zona ha sido fundamental

La de San Juan de Plan es la primera y única escuela de pastores en Aragón. En España hay un total de siete y la última, antes de ponerse en marcha La Estiva, se abrió en Canarias. La Fundación Monte Mediterráneo mantiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento desde que la escuela echó a andar. No aporta financiación al proyecto, pero como reconoce el alcalde y director del centro, este vínculo se mantiene activo y es beneficioso para ambas partes desde el punto de vista del apoyo y el compartir experiencias, sobre todo para quienes se forman.  

La Estiva es un proyecto financiado por la comarca de Sobrarbe, la Diputación Provincial de Huesca y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, además del Ayuntamiento de San Juan de Plan, localidad en la que está implantada la escuela. 

La idea nace en 2002, cuando se llevó a cabo una primera experiencia entre Huesca y Olorón, en Francia, “funcionó muy bien, vincularon las prácticas al terreno, pero se acabó la financiación y el proyecto se dejó caer”, lamenta el alcalde de San Juan de Plan. En 2015 un grupo de vecinos con representación política y social en la zona decidió retomar esta iniciativa, trabajando en una idea similar y contando con la experiencia de Federico Fillat, el precursor de la experiencia en 2002, “para evitar que volviera la idea volviera a caer”. 

La principal novedad del proyecto que se puso en marcha hace cinco años fue el carácter de la iniciativa, que va más allá de un proyecto educativo para convertirse también en un programa con implicación directa en el desarrollo rural. “No hay casa en el pueblo que no esté vinculada de alguna forma con la escuela”. San Juan de Plan parte con una ventaja, y es que sigue teniendo una importante base ganadera, y en este sentido su implicación ha sido fundamental. “La gente entró enseguida a formar parte del proyecto”, apunta el director de la escuela, que reconoce que apostar por la participación de “los ganaderos de casa” no solo ha “fortalecido” a la escuela, sino también al pueblo. 

Perfiles diferentes con un mismo objetivo: no dejar morir la ganadería

En el formulario hay una pregunta para clasificar por orden de prioridades “porqué vienes aquí”. En La Estiva el perfil del alumnado no es homogéneo: desde Argentina, Colombia, Andalucía o Galicia, la formación de los alumnos también hace un recorrido interesante: pasando por arquitectos, veterinarios o una bióloga, hasta alumnos que necesitan pisar el suelo y ver el sector desde la perspectiva del medio rural. La escuela es un centro que se ha ido haciendo a sí mismo, aportando herramientas durante la formación que son útiles para mantener vivo y actualizado a un sector fundamental, el de la ganadería extensiva. 

El impacto de esta escuela se deja sentir en cada uno de los que la viven. Para los que vienen, La Estiva ha sido una oportunidad de transformación personal y profesional. Para quienes ya estaban, los del mundo rural, ha sido una forma de entender, como dice Zacarías, joven pastor, que “tenemos que abrir los brazos y hacer hueco a los que vienen de fuera”. Porque como subraya Mª Isabel Bruned, ganadera y tutora, transmitir la herencia ganadera significa ayudar “a que la ganadería no se pierda y que el pueblo siga vivo”.

Un modelo que mira a la ciudad desde el Pirineo

En apenas cinco años de actividad La Estiva ha formado a más de 50 pastores y ganaderos, con una creciente presencia de mujeres y alumnado procedente de distintas partes de España. Las tasas de empleabilidad son elevadas y muchos de los egresados ya están trabajando en explotaciones propias o ajenas, tanto en Aragón como en otras regiones. En la actualidad trabajan en un nuevo certificado de profesionalidad y en ampliar su homologación a otros ámbitos relacionados con el sector. 

La decisión de implicar a los dueños de las explotaciones ganaderas de la zona y, por lo tanto, a las familias de San Juan de Plan, está teniendo un resultado positivo, “muchos de los alumnos se quedan el fin de semana”, asegura Serrano, y así han empezado a formar parte de él, a conocer una forma de vida diferente, los valores propios de las zonas rurales, y eso “también forma parte del aprendizaje”, el de concienciar sobre el respeto y la necesidad de mantener vivos los pueblos, fundamentales para la subsistencia de la ganadería, el cuidado del entorno y el arraigo de las tradiciones y formas de vida más allá de lo urbano. 

Por todo ello, La Estiva también se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la despoblación y el desgaste del medio rural. Su enfoque práctico y arraigado en el territorio propone no solo enseñar un oficio, sino apostar por una economía rural viva, sostenible y conectada con las nuevas generaciones.