Se ha definido el derecho patriarcal como aquel que subordina, discrimina y estigmatiza a las mujeres. El orden jurídico que tenemos en estos momentos subordina, discrimina y estigmatiza a las trabajadoras sexuales y la nueva propuesta incluida en el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que  puede convertirse en un artilugio más de esa estructura patriarcal, que no va a liberar a nadie, no va a abolir nada y va a generar nuevas vulneraciones de derechos. 

¿Dónde estamos? 

La construcción de relaciones sexuales libres de explotación es un objetivo que perseguimos todas las feministas. Las formas en las que se está articulando el sexo de pago en un mercado neo-liberal son, como no podría ser de otra manera, relaciones sujetas a las estructures capitalistas patriarcales, como lo son también otras muchas de nuestras relaciones sociales.  

El feminismo se encuentra dividido entre una posición abolicionista prohibicionista y una posición pro-derechos (recordemos que las posiciones reglamentaristas son otra perspectiva y no son defendidas por los enfoques feministas). En realidad, la división tiene que ver sobre cómo definimos los problemas y vulneraciones de derechos que hay en los contextos de prostitución y qué soluciones proponemos. 

Hablemos de derechos y de vulneraciones de derechos a la luz de la nueva propuesta de la Ley de Libertad Sexual

1. Consentimiento y trabajo sexual.  ¿Qué es lo que vulnera la libertad sexual de una persona cuando realiza un intercambio sexual? La ley de libertad sexual deja claramente establecido que la piedra angular de la libertad sexual es la voluntad (consentimiento) para establecer una relación sexual. La ausencia de intimidación, coacción, violencia es lo que construye un consentimiento libre. Resulta paradójico que los criterios con los cuales establecemos que hay consentimiento libre en otras relaciones sociales en las que también claramente puede haber explotación, como el empleo mal pagado o peligroso, no se apliquen al trabajo sexual. En una sociedad patriarcal capitalista el consentimiento está sometido a cadenas de explotación. Esta ley debería ayudar a construir un consentimiento libre en todas las relaciones sexuales también en aquellas que se dan en contextos de prostitución. Los espacios de no derechos, de pobreza, de situaciones migratorias administrativas no regularizadas, de explotación laboral, de sanciones administrativas en la calle, de violencia sexual no perseguida, son el verdadero contexto que vulnera la libertad sexual de las mujeres que se prostituyen. Desde las posiciones pro-derechos pensamos que solo se lucha contra el patriarcado armándonos de derechos. El deseo de vivir una sexualidad libre y no patriarcal es compartido por todas, pero, sorprendentemente, el abolicionismo prohibicionista plantea perseguir y generar contextos más precarios y punitivos para las trabajadoras sexuales.

2. Las violencias sexuales contras las trabajadoras sexuales. La propuesta de ley de libertad sexual no se plantea las situaciones reales de violencias laborales y de agresiones sexuales que viven en algunos casos las trabajadoras sexuales ¿Cómo denunciar una agresión sexual cuando se es puta y el discurso feminista abolicionista dice que toda la prostitución es violencia? No es un mensaje de respeto y reflexión sobre la prostitución y sus prácticas sexuales, es un mensaje que alimenta la violencia y el estigma. Los límites que pone una trabajadora sexual son así destrozados por un discurso que desempodera a las mujeres. No nos extrañemos luego del terrible tratamiento que reciben las heroicas trabajadoras sexuales que se atreven a denunciar agresiones sexuales en los tribunales. Ellas no aparecen en los medios como víctimas de violencias sexuales, ni como víctimas de feminicidios. Carla, una compañera trabajadora sexual de Málaga, ha sobrevivido a un feminicidio frustrado. Su situación médica es todavía crítica, pero los medios solo hablan de una mujer que se lanzó por un balcón ¿Qué legislación va a apoyar a esta víctima de violencia machista? (mientras tanto se la puede ayudar en yoapoyoacarla@gmail.com)

3. Las violencias institucionales contra las prostitutas: ordenanzas, Ley de Seguridad Ciudadana y Tercería Locativa.

No se puede hablar de libertad sexual de las mujeres que se prostituyen en un contexto de violencias institucionales contra ellas. El nuevo artículo 187 bis castiga a quien con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento. Este proyecto de ley amplia el concepto de explotación, que había ya delimitado el Tribunal Supremo, y propone una definición mucho más amplia del concepto de explotación, pues considerará que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación. La penalización de la tercería locativa es una nueva violencia institucional. La tercería locativa, incluida en la ley, ya ha mostrado en otros países que solo contribuye a clandestinizar más la prostitución y a crear estructuras de explotación para poder acceder a espacios para prostituirse. Es una medida que dificultará derechos básicos como el acceso a una vivienda, que expulsará a las mujeres de sus casas y/o de sus espacios de trabajo. Esto ya se ha visto en investigaciones hechas sobre medidas semejantes que se han tomado en otros países como el Norte de Europa (ver los informes de Amnistía Internacional al respecto).

Lo que nos ofrece la ley es un enfoque punitivista contra las mujeres que se prostituyen. Sanciones que se añaden a otras sanciones directas/indirectas de las ordenanzas municipales y a la Ley de Seguridad Ciudadana. Diversos estudios que hemos realizado desde el grupo de investigación Antígona, al que pertenezco, demuestran que dichas normativas solo han generado enormes contextos punitivos para las mujeres en la calle: multas económicas y persecución y violencia policial que se añade en muchos casos a las mujeres que ejercen la prostitución en situaciones de mayor pobreza e incluso en situaciones de trata.

Hablemos ahora de derechos en el contexto de las políticas abolionistas prohibionistas, en las cuales se enmarcan las medidas de la Ley de Libertad Sexual y los planteamientos del actual gobierno del Estado español.

El sistema abolicionista ha sido un fracaso a lo largo del siglo XX: solo ha conducido a las mujeres que se prostituyen a espacios sin derechos. 

a) Lejos de fomentar la autonomía y libertad de las mujeres, las posiciones prohibicionistas abonan espacios de no derechos para las todas la trabajadoras sexuales, especialmente en los casos de las mujeres en situaciones administrativas irregulares o sin recursos.

b) No destruye el estigma patriarcal de la prostitución, sino que construye un nuevo estigma sobre las mujeres que se prostituyen que son desposeídas de capacidad de decisión, revictimizadas por discursos altamente violentos que provienen del feminismo abolicionista, negando del carácter feminista de sus organizaciones o vindicaciones.

c) La estrategia de definir a toda la prostitución como trata, no sólo es un problema conceptual,  sino un error jurídico que conduce a una parálisis de las políticas contra las agresiones sexuales/violencias que sufren las prostitutas y contra las explotaciones laborales que viven. Se invisibilizan las situaciones reales de violencia y se deja en manos de políticas policiales, de control de frontera y poco garantistas el denominado problema de la “trata”. Las mujeres que denuncian violencias y trata con finalidad de explotación sexual son cargadas con el peso de la denuncia y frecuentemente finalmente expulsadas del territorio nacional o trasladadas a servicios de atención, algunos de ellos denunciados por maltrato institucional.   

Desde una posición pro-derechos el punto de partida es abolir todos los elementos patriarcales de la estructura jurídica que están oprimiendo a las mujeres que se prostituyen:

Las propuestas que sobre prostitución que el gobierno ha incluido en el proyecto de  ley de Libertad Sexual son un despropósito jurídico y un atentado contra los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución. La libertad de las mujeres se construye desde los derechos, ampliando la libertad, la democracia, la igualdad, con recursos económicos, políticos y jurídicos.

Los feminismos hemos vindicado la idea de que las mujeres somos sujeto político, más allá de las opresiones que nos atraviesan. ¿Por qué no pueden ser sujeto político las trabajadoras sexuales organizadas? No he visto nada más feminista que los grupos de apoyo de algunas trabajadoras sexuales que durante la pandemia acudieron a ayudar a sus compañeras. El plan del gobierno durante la pandemia para ayudar a las prostitutas fue un completo fracaso, dejando en la miseria y el hambre a miles de mujeres.  

No hay democracia feminista sin escucha a las voces de las mujeres que se prostituyen. Son ellas las que más y mejor nos han explicado que pasa en los clubs, qué tipos de explotaciones se viven al no tener papeles en un espacio de alegalidad. Por eso, en estos momentos, diversos colectivos han lanzado la campaña de “derecho a la escucha”, que sobre todo es un derecho a la palabra; en Twitter: @derechoescucha. La toma de conciencia, la sororidad feminista significa escuchar, dando la palabra a las trabajadoras sexuales, son nuestras aliadas en la lucha por un mundo sin explotaciones.