La expresión “altura de miras” es una de las pocas en las que el adjetivo “altus, -a, -um” retiene en español una de sus acepciones originales del latín: lejano. Tener altura de miras es ser capaz de ver lejos, o estratégicamente, como dicen en política, quienes verdaderamente entienden de ella. También podemos observar esa misma acepción en la expresión “alta mar”, que no quiere decir que el mar se ponga en vertical. Ambas me valen para introducir el asunto de este artículo: el canarismo necesita líderes con altura de miras. 

Quienes lean estas líneas comprenderán que no conviene dar por hecho que esto es algo evidente. Los recientes acontecimientos en las filas del canarismo autonomista –no por esperados, menos frenéticos– representan, entre otras cosas, una interpelación directa hacia quienes hoy ocupan los puestos de mando del mismo: los que pasan claramente a la primera fila  pero también los que deben abandonarla si es verdad que están por el interés general y no por el particular. 

El movimiento centrípeto que desembocará en algún tipo de frente amplio canarista en las próximas elecciones generales es imparable. Quienes llevamos observando este proceso y abogando por el mismo desde hace años –en mi caso concreto desde 2019, con la amarga experiencia de noviembre de ese mismo año a cuestas– tenemos razones para sostener que el canarismo avanza hacia niveles mayores de cooperación y hasta de integración. El sistema de partidos rara vez es completamente estable pero siempre, tras los movimientos convulsos que se puedan dar, busca la estabilidad. Es hacia ese punto hacia el que avanzamos rápidamente. 

Creo que la altura de miras no abunda en el canarismo. Tampoco en el españolismo pero hoy no voy a escribir acerca de eso. Sin embargo, todo el mundo parece reclamarla. Como el propio Teodoro Sosa escribía en un artículo publicado el pasado 13 de abril, “con una transversalidad que supere sectarismos ideológicos;”. El presidente del Gobierno de Canarias y líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, afirmaba con motivo del VIII congreso de su formación que “cuando decimos ‘Canarias unida’, hablamos de unir voluntades, de superar diferencias y de entender que por encima de cualquier matiz, de cualquier estrategia, está nuestra tierra y está nuestra gente”. Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias (NC) en nuestro Parlamento, en esa misma cita sostenía que NC “comparte posiciones, ‘casi hasta un 90%’, en la defensa de los intereses de Canarias en Madrid ante el Gobierno central.”. 

Cuando se dice que alguien tiene “altura de miras”, de alguna manera también se está diciendo que esa persona sabe ver más allá del “narcisismo de la diferencia” que acuñara Freud, de los deslices y contratiempos inevitables en toda acción humana. En cierto modo, comprende que cualquier creación es imperfecta y que, en sociedades complejas como las nuestras, es la heterogeneidad la norma y no la homogeneidad. 

Quienes desde las filas del canarismo, se entretienen en practicar el fuego amigo no hacen sino demostrar su tremenda debilidad y, algo no menos importante, su miedo: miedo a que en un escenario de amplia transversalidad, queden descolgados. El ombliguismo siempre tiene algo de ridículo y necesita de la mentira y la impostación para tratar de quedar bien. Es entonces cuando aparece alguien que dice que “por el bien de la unidad, yo soy capaz de quitarme de aquí o allá”, como si no se supiera ya que no se cuenta con esa persona, que ya el tiempo, la vida, el electorado… lo han quitado.

Estas pequeñas miserias no conducen a ningún lado. Es hora de que las personas que conducen en este momento el canarismo, con Fernando Clavijo a la cabeza, pero también Teodoro Sosa, tengan esa altura de miras, sean generosas y hasta magnánimas, que estén a la altura de la Canarias en la que viven también sus descendientes y piensen en la Canarias dentro de treinta años; en los enormes problemas que nos aquejan y en la imprescindible soberanía que, paso a paso, tendremos que conquistar para poder afrontarlos. Sin ambigüedades, deben volver a tender la mano a Nueva Canarias, a quienes la dirijan en la nueva etapa, a sus militantes, a esa valiosísima corriente organizada de personas que tienen una Canarias mejor como proyecto político irrenunciable. Eso sería un ejercicio inapelable de altura de miras o mirada amplia, que viene a ser lo mismo o algo muy parecido. 

Este artículo intenta armar una táctica plausible para que Vox pierda una buena cantidad de diputados, deje de ganar otros muchos e imposibilite un gobierno de las derechas para la próxima legislatura. No es el bálsamo de Fierabrás. Es solo una modesta aportación en forma propuesta táctica dirigida a un objetivo concreto, que no es poco

La reflexión que hoy quiero compartir con ustedes no es de aplicación al País Canario. Nuestro mapa político responde a unas coordenadas propias, entre las que la más determinante es la existencia del espacio político canarista, que invalidan de facto lo que yo pueda decir en adelante en cuanto a su puesta en práctica en Canarias. Tampoco me referiré a aquellas comunidades autónomas con partidos políticos nacionalistas potentes, que ya actúan como cortafuegos para la ultraderecha española. Busco poner sobre la mesa la que considero la propuesta más eficaz (no la más viable ni la más probable) para detener el avance de Vox y hacerlo retroceder; también, en la medida de lo posible, provocar un efecto similar en el Partido Popular. 

No estoy pensando en apoyar a tal o cual sigla, facción o líder en la lucha por la hegemonía del espacio político a la izquierda del PSOE, algo que me interesa bien poco. Todavía menos me interesa el oportunismo de quien ve aquí una posibilidad, seguramente la última, de prolongar su vida política o la de su agonizante proyecto. No engañan a nadie. Los próximos meses nos depararán muchas ocasiones para ver el ejercicio del “narcisismo de las pequeñas diferencias” en su apogeo. Mi intención no puede ser más dispar. Este artículo intenta armar una táctica plausible para que Vox pierda una buena cantidad de diputados, deje de ganar otros muchos e imposibilite un gobierno de las derechas para la próxima legislatura. No es el bálsamo de Fierabrás. Es solo una modesta aportación en forma propuesta táctica dirigida a un objetivo concreto, que no es poco.  

Sentado el punto de partida de mi propuesta, delimitaré el alcance de la misma: las próximas elecciones generales, sean cuando sean, en unas determinadas circunscripciones electorales. Dichas circunscripciones serían fundamentalmente aquellas siete que eligen cinco diputados y donde Vox obtuvo el último escaño en disputa: Valladolid, Cantabria, Ciudad Real, Jaén, Castellón, Huelva y Badajoz. También Guadalajara, que solo elige tres diputados pero donde la fuerza ultra obtuvo un escaño. Por la naturaleza misma de la propuesta y por lo que apuntan todos los sondeos conocidos, creo que debe ser extensiva a provincias donde eligen cuatro diputados (León y Salamanca); tres diputados (Palencia, Zamora, Ávila, Huesca, Teruel y Cuenca); dos diputados (Segovia y Soria) y hasta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (uno/a cada una). En todas estas circunscripciones, el voto a la izquierda del PSOE, con cualquier sigla, se fue directamente a la basura. Hay que evitar a toda costa que esto vuelva a suceder. En total, hay setenta escaños en liza, de los que ninguno debe caer en manos de la ultraderecha si se juega esta partida con inteligencia, visión estratégica y generosidad.  

No creo que sea demasiado útil para esto que voy a proponer teorizar sobre si el PSOE es o no un partido de izquierdas, si sus políticas son más o menos progresistas. Esa es una batalla del día a día, en la que la sociedad civil siempre debe presionar de forma crítica y propositiva en una misma dirección. Ahora hablamos de algo de naturaleza distinta: del sentido concreto de un acto político puntual, no irrelevante pero de trascendencia discutible, como es el del voto. Para mí lo fundamental es comprender que, sociológicamente, sí lo es: que la gente cuando vota al PSOE lo hace mayoritariamente porque cree que está votando un partido de izquierdas. Y que, además, es a día de hoy la única fuerza que puede propiciar un escenario en el que el nivel de autogobierno logrado hasta ahora, además de derechos sociales y libertades públicas, no retroceda. Así de grave es la cosa.  

Propongo que en el ámbito electoral ya mencionado todas las fuerzas de izquierdas –incluido por supuesto el PSOE o los números no darán– presenten una lista conjunta, unitaria, en torno a un programa mínimo y con el compromiso explícito de apoyar en la investidura al candidato con más posibilidades de frenar el gobierno de las derechas. Primero, quitar el agua al pez, luego todo lo demás. Hablen entre ustedes, cedan, concedan, lleguen a acuerdos… ejerzan esas funciones que se les presuponen a los/as profesionales de la política. Creen un “olivo español” quienes pueden hacerlo y donde nunca podrá un independentista catalán por muy bien que le vaya en las redes. Sean capaces de ilusionar y hasta emocionar a un electorado que no quiere elegir entre varias papeletas y que, en buena medida, lo hará por el voto útil o la abstención, hastiado de tantos codazos a ver quién va primero. No es la solución a todos los problemas pero sí puede ser un buen dique de contención allí donde único se puede alzar. Si es que de verdad estamos hablando de parar en seco a Vox...

En primer lugar, en el plano electoral, es preciso constatar que, en Gran Canaria, el apoyo a Nueva Canarias en las últimas elecciones autonómicas se redujo en unos diez mil votos: de 63.571 votos en 2019 a 53.140 en 2023. También lo hizo de manera similar el registrado por Coalición Canaria, que pasó de 42.507 a 34.990 en las mismas elecciones. Resumiendo, el espacio canarista autonomista pierde casi 20.000 votos en cuatro años. En el caso de Coalición, su retroceso encuentra en buena medida explicación en la ruptura de la alianza que mantenía con Unidos por Gran Canaria (UxGC), pues ésta obtuvo unos nada despreciables 17.153 votos. Por la izquierda, la aparición de Drago Verdes Canarias (DVC) alcanzó los 7.589 sufragios, mermando las posibilidades de Nueva Canarias. En mi opinión, los votos de UxGC son “recuperables” para una opción canarista transversal en el 2027. Sobre los votos de DVC tengo más dudas por razones que explicaré más adelante. 

La comparativa de las elecciones generales arroja una lección para quien la quiera entender: yendo juntos, puede haber menos voto, pero es más probable que haya escaño; yendo por separado, lo más probable es que todo ese voto canarista se vaya a la basura. En noviembre de 2019, la coalición CC-PNC-NC obtuvo 48.028 sufragios en la provincia de Las Palmas, de los cuales 36.031 sufragios fueron en Gran Canaria. Fueron suficientes para obtener un escaño. Sin embargo, en julio de 2023 los 61.647 votos obtenidos por ambas fuerzas por separado (39.866 por NC y 21.781 por CC) no sirvieron para absolutamente nada. Como tampoco sirvieron los 70.698 que obtuvieron divididos en las generales de abril. Gran noticia para el españolismo. 

El análisis del voto canarista al Cabildo de Gran Canaria en 2019 y 2023 devuelve una imagen paralela a la del Parlamento de Canarias y que venimos anunciando precisamente desde aquella primera convocatoria electoral: el lento declive del canarismo no parece encontrar fin. Entre ambas elecciones, NC pierde 4.191 votos y CC, 5.923. El espacio canarista se reduce y la aspiración de contar con una mayoría sólida en el gobierno insular sin que los socialistas les pisen los talones se aleja cada vez más. 

En el plano ideológico, a mi juicio, conviene no llevarse a engaños y relativizar los discursos que los propios partidos ponen en circulación con el fin de embellecer su imagen y hacer aparecer al adversario como alguien odioso y, sobre todo, muy alejado ideológicamente de tus posiciones. En primer lugar, las ideologías clásicas juegan un papel secundario en la política actual, puesto que los partidos son, sobre todo, gerencialistas y, en el día a día, cuesta hallar diferencias entre ellos. Las diferencias que pueda haber entre NC y CC a escala municipal, por ejemplo, tienen muchas veces que ver con las filias y fobias que se dan en cualquier colectivo humano. Es más, diría que no son mayores que las que pueda haber entre sectores de un mismo partido, llámese PSOE o PP. O en el interior de la misma CC o NC. 

Es significativo, por ejemplo, el consenso que existe entre los partidos en torno al proyecto Salto de Chira, emblemático de la acción de gobierno de NC en Gran Canaria. Coalición, por supuesto, también defiende el proyecto. Sin embargo, en el espacio de lo que, en otros textos, he dado en llamar “canarismo popular”, la oposición es frontal. He ahí una frontera insalvable por la que creo que para NC es más rentable, en términos políticos, liderar la reunificación del canarismo en Gran Canaria que lanzarse a aventuras a su izquierda con socios que, básicamente, los consideran parte del problema y no de la solución. 

El canarismo es ese espacio de encuentro de familias y sensibilidades ideológicas que, desde la transversalidad, consideran que es necesario articular una fuerza de amplio espectro donde nacionalistas, federalistas, municipalistas, etc., desde la socialdemocracia al socioliberalismo, puedan entenderse, asumiendo las legítimas diferencias que en toda experiencia colectiva y plural siempre existen. Ese espacio sólo puede (re)nacer desde acuerdos sensatos y razonables entre NC y GC en Gran Canaria. Pero luego volveré sobre esto. Ahora debo ocuparme de una cuestión no menor: el relevo generacional. 

En 2025 la cúpula de NC cumplirá veinte años al frente de la que en su momento fue una escisión de Coalición Canaria. Cuesta encontrar en la política de nuestro país un caso similar de ausencia de renovación. Si acaso, el de Casimiro Curbelo es un récord que no parece deseable igualar ni mucho menos superar: diecisiete años de secretario general del PSC-PSOE en La Gomera (1983-2015) y, desde entonces, secretario general de la Agrupación Socialista Gomera (ASG). En total, treinta y un años. Las personas que se pusieron al frente de NC en 2005 han cumplido un ciclo y deben asumirlo: los que tuvieron éxito en mayo de 2023 y los que fracasaron. Su pase ordenado a la reserva es una exigencia democrática que no pueden desoír. Pretender aferrarse a puestos de dirección que, en su amplia mayoría, ya ocupaban desde mucho antes, hace un gravísimo daño a una organización que, como todas, debe renovarse y regenerarse. Las generaciones nacidas en democracia o, al menos, después de mayo del 68, deben tomar el relevo y no estar condenadas a un eterno papel secundario. Los nuevos liderazgos municipales e insulares deben dar un paso al frente, respaldados por su importante apoyo popular. Esto debe entenderse y ponerse en práctica de manera diplomática y efectiva, como de hecho sucede en el resto de partidos. 

Así las cosas, vistas desde la grada del terrero, por parte de quien no tiene equipo pero sí aspira a ver una buena luchada, opino que el proceso de recomposición del canarismo en la isla de Gran Canaria debe avanzar por los siguientes carriles:

Si todo esto y algún asunto más se desenreda, habrá en 2027 un gran partido canarista hegemónico ocupando la centralidad del tablero político y con peso político en Madrid para que, entre otras cosas, no nos ninguneen como ahora sucede con la dramática situación de los menores no acompañados en las islas. Esto no basta. Toca además, en paralelo, construir su gran oponente, una fuerza canarista, nacional-popular, que emane de la sociedad civil y quiera ir más allá en todo, pero sucede a veces que hay ideas a las que le ha llegado su momento mientas que otras deben seguir esperando por las personas que sepan interpretarlas. 

Despropósito, negligente, contraproducente, ataque brutal… todas estas palabras y alguna más han sido usadas a lo largo de estas semanas para calificar al concurso de estabilización de los docentes interinos canarios. A mi juicio, no exageran. El que un proceso administrativo, supuestamente diseñado para dar estabilidad laboral a quienes ejercían la docencia en Canarias en situación de interinidad, acabe provocando el surrealista desenlace de estabilizar mayoritariamente a docentes que jamás han ejercido en las islas, no merece ninguna consideración positiva por nuestra parte. De hecho, a la espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cual deus ex machina, dicte una sentencia favorable a los intereses de los enseñantes interinos canarios, no está de más desbrozar responsabilidades ante semejante sinsentido. 

La interinidad en la función pública debe ser excepcional. Los niveles de hasta el 40% de interinidad que se dan en el sistema educativo canario no son aceptables. La Comisión Europea fija en torno al 8% los límites del mismo, entendiendo que la estabilidad en el puesto de trabajo, en las plantillas de los centros educativos, es, junto con otros factores, un elemento que aporta calidad a la educación. Cuando las plantillas de los centros cambian masivamente año tras año, es tremendamente difícil consolidar una comunidad educativa estable, en la que el alumnado se sienta acogido con seguridad y pleno conocimiento de sus características psicosociales, sino que se da una situación de “eterno recomienzo” de la que nadie sale beneficiado. 

En este sentido, abrir un proceso de estabilización que contribuyera a aminorar de manera importante los porcentajes de profesorado interino en las islas era una idea razonable, siempre y cuando se llevara a cabo con criterio y garantías. Nada de esto ha sucedido. La “Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público” fue un instrumento aplicado de manera irresponsable por la Consejería de Educación del anterior ejecutivo canario. Como su mutismo en estas semanas es absoluto, es importante recordar que dicha consejería estuvo en manos del PSOE y su titular fue la consejera Manuela Armas. ¿Pedirán perdón a los docentes canarios que verán frustradas sus esperanzas de estabilizarse mediante este proceso? A la vista del mencionado mutismo, lo veo improbable. 

El equipo de la Consejería de Educación del Pacto de las Flores cometió errores gravísimos, muy probablemente sin posibilidad de subsanación al menos en el corto plazo. De entrada, sacó a Canarias de la coordinación estatal, sin prever que eso daba oportunidad a los docentes de otras comunidades de concursar en su propia comunidad y, además, en Canarias. En el concurso de méritos no aprovechó la posibilidad de computar en mayor grado la experiencia docente acreditada en Canarias, lo cual hubiera supuesto una ventaja competitiva en muchos casos imbatible en beneficio del profesorado ya ejerciendo en Canarias. Este apartado podía haber sido impugnado por nuestro gobierno precisamente para defender los derechos laborales de sus docentes y no los de otras comunidades autónomas. Sin embargo, pudo más la sumisión a Madrid. 

De fondo, no se puede dejar de mencionar la práctica inexistencia de contenidos canarios de carácter obligatorio en nuestro sistema educativo a todos los niveles y, por ende, en los temarios de oposiciones para acceder al ejercicio de la docencia en Canarias. No se puede poner en pie una Escuela Canaria digna de tal nombre si la administración no inculca en el profesorado la obligación, recogida por otra parte en todas las leyes educativas de este Estado, desde la mismísima Ley General de Educación de 1970 hasta la actual LOMLOE de 2020: el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe darse “en el vacío” sino que siempre debe partir de la realidad (social, natural, histórica, cultural, etc.) del alumnado. ¿Cómo va a cumplirse este principio orientador con la auténtica avalancha de profesorado foráneo que nos espera? 

Así las cosas, los docentes en situación de interinidad no tienen demasiadas ilusiones a las que aferrarse. Está por ver que los anuncios de la consejería actual, por más que bienintencionados, acaben teniendo un efecto de contrapeso suficiente ante semejante despropósito. En cualquier caso, no van mucho más allá, por ahora, de “asegurar” que podrán seguir siendo interinos mientras que una mayoría de docentes que jamás han trabajado en las islas pasan a ser funcionarios del Gobierno de Canarias sin ni siquiera pasar por un periodo de prácticas. Peor lo tienen tantos egresados de nuestras universidades que ven la oportunidad de incorporarse a la docencia más lejos gracias a este despropósito. 

Ahora toca reclamar masivamente antes del 15 de mayo, a la espera de que las nefastas consecuencias del proceso de estabilización no se materialicen el próximo curso y nuestro profesorado pueda situarse en mejores condiciones –ante una hipotética competición equitativa que a día de hoy no existe–  para su definitiva estabilización. Si el 13 de junio llegan buenas noticias desde Bruselas, habrá que presionar al Gobierno de España para que la cordura retorne a nuestro sistema educativo. A ver si el PSOE de Madrid tiene la altura política que el PSOE en Canarias no ha tenido en ningún momento en este respecto, a pesar de haber estado presidido por un funcionario docente. Como diría nuestro poeta universal, “la esperanza nos mantiene”.

Hasta aquí la información más elemental acerca de un evento que, a mi parecer, irá ganando peso en el debate ideológico y cultural canario en los próximos años. Pero, ¿qué es lo que se expresa en este curso, de conferencias de carácter más académico en la mañana y debates abiertos en la tarde? ¿Cómo es posible reunir a personas tan dispares como Antonio González Viéitez –histórico del canarismo progresista– y Juan Manuel García Ramos, uno de los líderes históricos del PNC? ¿O  a Koldobi Velasco –activista de mil causas justas– con Ana Oramas, la más fiel representante del canarismo conservador? Sin duda una voluntad nada sectaria de acoger en este marco a los extremos casi improbables de un espacio cuya existencia se intuye y en el que se reconocen no pocas diferencias y puntos de fricción pero alguna seña en común. 

Por otro lado, ¿qué representa la pluralidad de voces académicas como Larisa Pérez Flores, Roberto Gil Hernández, Pablo Estévez Hernández, Paula Fernández Hernández, José Miguel Perera Santana, Rumen Sosa Martín, etc.? ¿Qué tendrá que decir sobre Canarias este grupo de canarios y canarias, nacidos en democracia y autonomía? A mi juicio, que estamos ante el nacimiento de la Generación Otra, algo que intentaré desarrollar, aunque sea brevemente, en las próximas líneas. 

Desde hace algún tiempo –alguien deberá concretar más y mejor el momento exacto, si es que esto es posible– se viene dejando sentir una perspectiva y una sensibilidad nuevas acerca de Canarias, nuestro lugar en el mundo, nuestro devenir como pueblo. No diré que es un hecho absolutamente extraordinario y totalmente desconectado de cualquier otro movimiento o escuela en otros lugares del mundo. De hecho, estos empujes generacionales se suceden con alguna periodicidad aunque tampoco son frecuentes. Son más los años estériles, en los que algunos intelectuales recorren la larga travesía del desierto esperando entregar el testigo a quien lo quiera recoger. 

Es innegable, por otra parte, la influencia en esta Generación Otra de escuelas como el posmarxismo o, significadamente, el pensamiento decolonial en el conjunto de reflexiones que vienen delimitando esta Generación Otra. Nombres como los de Manuel Alemán, Frantz Fanon, Fernando Estévez, Ángel Sánchez, Derrida o Laclau, no les son ajenos. Las alteridades en su lucha por la emancipación de sus respectivas subalternidades son definitivamente su terrero de lucha. La subversión epistémica, la criollidad, el cuestionamiento de la canariedad hegemónica, el descentramiento cognitivo, la colonialidad, el colonialismo,… muchas de las pegas en las que estos luchadores y luchadoras se fajan sin miedo al disenso interno. 

Asistimos, en fin, al nacimiento de una Generación Otra que pide paso en su derecho de enunciación de Canarias; que se viene re(v/b)elando en libros, artículos, charlas, debates, etc. desde hace no menos de una década; que ejerce un activismo intelectual en la denuncia de los límites del autonomismo y la (ultra)periferia (auto)impuesta; que participa, en fin, de la construcción de una subjetividad nueva para hombres, mujeres, personas no binarias, grupos sociales excluidos, etc. aun en su heterogeneidad de enfoques y puntos de vista en otra Canarias posible y urgente. La Laguna –escenario histórico de tantas contestaciones– acoge esta próxima semana la constatación de que Canarias se sigue pensando en clave rebelde y emancipadora; de que las diferentes canariedades vuelven a expresarse sin miedo a ser ocultadas. Deseo que nueva hornada de ilustrados e ilustradas nacidos de nuestros sectores populares alcancen cotas aún más altas que las que anteriormente otros alcanzaran en sus tertulias laguneras. 

Deseo que en el debate acerca de la amnistía en Cataluña los canaristas autonomistas de CC y NC se sitúen del lado de la resolución del problema

Los referéndums para consultar a la ciudadanía sobre el estatus de una determinada comunidad nacional con respecto a la entidad supranacional en la que se inserta no son infrecuentes. Los ha habido en el pasado y, con toda seguridad, los seguirá habiendo en el futuro. En Québec tuvieron lugar en 1980 y 1995 y fueron alegales, que no ilegales. La opción independentista perdió en ambas ocasiones por escaso margen y no hubo en ningún caso consecuencias legales.  Tampoco las hubo en el referéndum escocés de 2014, que además contaba con el beneplácito de Westminster. También fue derrotado el independentismo y no hubo, por supuesto, represalia de ningún tipo. 

Puerto Rico ha realizado desde 1967 hasta seis referéndums o consultas no vinculantes para decidir acerca de su estatus con respecto a los Estados Unidos. Las opciones disponibles han basculado entre la independencia, el Estado Libre Asociado (ELA) y la estadidad, es decir, ser incluido como un estado más de la Unión. Tradicionalmente ha sido esta última opción la vencedora, sobre todo en 2017, cuando el apoyo a la conversión de Puerto Rico en un nuevo estado concitó el 97’13% de los apoyos, si bien es verdad que la participación fue la más baja en toda la historia de estos referéndums. Sólo votaron un 23’23% de los puertorriqueños, lo cual plantea dudas razonables acerca de la representatividad del resultado. 

La declaración de independencia de Kosovo en 2008 se sostenía no solo en una mayoría parlamentaria inapelable –109 de sus 120 diputados votaron a favor– sino en el precedente del referéndum de 1991, en el cual participaron un 87% de las personas llamadas a votar. Un 99% de los votantes expresaron su apoyo a que Kosovo se independizara de Serbia. En tres votaciones (1974, 1976 y 2009) ha podido la ciudadanía de Mayotte ratificar su voluntad de continuar ligada a la República Francesa y no seguir el camino del resto del archipiélago de las Comores, estado independiente desde 1974. Hasta en tres ocasiones (2018, 2020 y 2021) han rechazado los habitantes de Nueva Caledonia la independencia de su archipiélago con respecto a Francia, adquiriendo el estatus de colectividad de ultramar. 

No quiero continuar con la larga lista de ejemplos acerca de cómo las sociedades pueden expresar de manera pacífica y democrática su voluntad de permanencia, abandono o cambio de estatus. Esa debe ser la normalidad y no la que llevamos viviendo en el Estado español desde que el procés catalán se convirtió en la práctica en una vía unilateral hacia la independencia sin contar ni con una mayoría parlamentaria amplia ni con un refrendo popular suficiente para un proyecto que debe concitar apoyos amplios que permitan avanzar hacia otro modelo distinto del actual. 

El Estado español no fue precisamente un ejemplo de escrupulosidad democrática en el tratamiento del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Las imágenes de las cargas policiales contra la parte de la ciudadanía catalana que insistía en votar en aquella oportunidad dieron la vuelta al mundo. El nacionalismo español alentó la crispación y la catalanofobia abortando lo que probablemente no hubiera sido más que una votación con participación claramente insuficiente como para la de poner en marcha un proceso de independencia de ningún tipo. 

Se impone pasar página pero ante habrá que aprender unas cuantas lecciones. No existe en la sociedad catalana un consenso mayoritario a favor de la independencia que permita una vía unilateral. Ésta debe ser desechada de manera explícita por quien debe y puede hacerlo. El Gobierno español, el futuro gobierno presidido por Pedro Sánchez, debe comprometerse a realizar una consulta en la que la sociedad catalana pueda expresar su voluntad de independizarse, continuar con el modelo actual o una tercera vía que una mayoría suficiente del Parlament debe acordar en un plazo no demasiado lejano. 

Cataluña debe poder votar qué quiere ser de mayor: una nacionalidad con amplia autonomía como en la actualidad, algún tipo de estatus que conserve lazos con el Estado español incrementando tanto como sea posible su autogobierno o convertirse en un país independiente. Esta última opción, de ser vencedora, algo poco probable, obligaría a arbitrar condiciones mediante las cuales podrán articularse dicho mandato popular. Exigiría reformar el Estado español tal y como lo conocemos y avanzar hacia un modelo de libre adhesión donde las partes actuales decidan democráticamente qué papel se quiere jugar, qué se quiere compartir o no en un hipotético modelo reformado de inspiración confederal. Una victoria poco clara de la continuidad del modelo actual contribuiría a que el problema se enquistara durante años pues siempre habría una parte nada despreciable de la sociedad catalana que querría ir más allá. Algo se debe mover para acertar con un estatus que concite apoyos superiores a la opción de la independencia o la autonomía. 

Finalmente, en Canarias debemos tomarnos el debate territorial con bastante más intensidad, que no dramatismo, de lo que demuestra nuestra clase política en estos días. Las intervenciones que hemos leído hasta ahora son francamente decepcionantes. El autonomismo canario de CC y NC, siempre tan conservador, da palos de ciego y deja ver, de manera indisimulada, su incapacidad de poner encima de la mesa un modelo mínimamente creíble que pueda ser compartido por la mayoría de la sociedad canaria y represente un paso más allá de lo que ahora mismo tenemos. Lo mismo resucitan el ELA que mentan un Estado federal asimétrico –que conlleva una Constitución propia, un(a) Primer(a) Ministro(a), etc.– poco creíble si examinamos con detalle su escasa inclinación a otra cosa que no sea quedarnos como estamos. Cuando la política, la ideología, saltan por la ventana, por la puerta entra el culto a la gestión, como si los demás no fueran capaces de gestionar. 

Deseo que en el debate acerca de la amnistía en Cataluña los canaristas autonomistas de CC y NC se sitúen del lado de la resolución del problema, es decir, a favor de hacer de la misma un instrumento para el avance en un cierre sensato y democráticamente acordado de los peores aspectos del procés. Si se pronuncian en contra de la misma y de cualquier posibilidad de que la sociedad catalana vote acerca del estatus que quiere tener o, como ya sucediera cuando la aplicación del 155 en Cataluña, se ponen de perfil, acabarán por convertirse en un serio obstáculo para que en Canarias se pueda articular una propuesta mínimamente creíble de profundización en nuestro autogobierno. Ser un demócrata convencido hoy, en la Canarias del siglo XXI, significa, como dijera el poeta, saber que no vale “pasar de largo, no saber nada, hacer la vista gorda a lo que pasa, guardar la sed de estrellas bajo llave.”

Trataré de explicar mejor a lo que me refiero. Todos hemos visto en muchas ocasiones cómo las dinámicas federales o confederales que a nivel estatal adoptaban organizaciones políticas o sociales canarias acaban mutando en el clásico sucursalismo que tanto hemos padecido en este archipiélago. Nuestras experiencias más originales progresivamente se iban diluyendo primero en un totum revolutum de realidades con las que poco teníamos que ver para acabar siendo un mero apéndice de un poder estatal, normalmente radicado en Madrid, y subordinado a intereses que rara vez coincidían con los nuestros. La izquierda no ha sido en absoluto una excepción a todo esto. Antes bien, ha actuado numerosas veces como agente de la colonialidad sin apenas diferencias con la derecha. Esto no puede volver a ocurrirnos.

Desde luego, siempre cabe la posibilidad de renunciar a cualquier tipo de relación que vaya más allá de la visita protocolaria a eventos como congresos, jornadas, etc. Dar por hecho que la única relación posible con entidades de otras comunidades debe darse precisamente en Madrid, casi de manera “espontánea”, y evitar cualquier posibilidad de sinergia -política o ideológica- en otras coordenadas. Es en buena medida la política tradicionalmente adoptada por el canarismo autonomista que, sin embargo, sí participa con otras fuerzas de otros lugares del Estado en las elecciones europeas, por ejemplo, o incluso, en el caso de Nueva Canarias, integrándose puntualmente en la lista al Congreso del PSOE para las elecciones generales de 2015. También el canarismo independentista participó recientemente en Ahora Repúblicas, una experiencia con otros partidos de parecida ideología. Es bueno recordarlo para identificar quienes en estos días, interesadamente, pretenden confundir sucursalismo y estatalismo.

Este aislacionismo imperfecto, de baja intensidad, a mi juicio ha estado presidido fundamentalmente por una visión puramente instrumental, de supervivencia electoral, porque lo cierto es que el canarismo autonomista, en sus treinta años de existencia, apenas ha mostrado interés en imaginar y mucho menos desarrollar una visión del Estado español que vaya más allá del Estado de las autonomías. Aparece aquí y allá alguna invocación al Estado federal pero en sus políticas es imposible detectar ninguna propuesta seria en ese sentido. De hecho, no han sido escasas las ocasiones en las que ha desechado desarrollar instrumentos propios para limitarse a la competencia con otras autonomías por los favores del poder central: como ejemplo, el reciente debate sobre la desconcentración de las instituciones estatales. No existe en Canarias una sólida visión acerca de cómo debe ser el Estado español más allá de, por un lado, un autonomismo centrado en los asuntos económicos y, por otro, un independentismo que no es capaz de explicar cómo se llegaría a esa hipotética independencia desde el modelo autonómico actual.

A mi juicio, las preguntas que en Canarias debemos hacernos son las siguientes: ¿puede el Turiacuerdo, incluso en su actual formulación como foro de encuentro, ayudar a desarrollar el autogobierno de las islas como el canarismo autonomista parece ser incapaz de lograr desde hace algún tiempo? ¿Puede contribuir a impulsar en el seno de la sociedad canaria la necesidad de superar el marco competencial actual para afrontar con garantías los graves problemas demográficos, sociales, económicos, ambientales, etc. que afronta nuestro país? ¿Servirá para acelerar el cambio de unas relaciones entre Canarias y España presididas por la compensación, la ayuda, la dependencia y el extractivismo a otras donde la constitución de un modelo propio, la apuesta por nuestra propia vía, la soberanía, en fin, sean el motor de nuestro desarrollo?

A mi juicio, a Proyecto Drago hay que exigirle que dedique su participación en dicho foro a lograr alianzas en el nivel estatal para que estas preguntas sean respondidas de forma afirmativa; para que avanzar hacia, por ejemplo, la Plena Autonomía Interna no sea un asunto de minorías más o menos radicales, sino un proyecto de pueblo, de país, que pueda recibir apoyos más allá de nuestras fronteras. A Compromís, Más País, la Chunta Aragonesista, Verdes Equo, Més Per Mallorca, Coalición por Melilla y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, hay que pedirles que comprendan que vienen al País Canario, un archipiélago con graves problemas y, desde luego, una realidad muy diferente a la de sus respectivos territorios. Unas islas que inauguraron el colonialismo europeo en 1402 y en cuya sociedad actual todavía se dejan sentir en muchos planos la colonialidad de una relaciones centro-periferia en la que ellos deben, de manera consciente y empática, situarse del lado “correcto” de la Historia. Si esto es así, habrá valido la pena consolidar unas relaciones que, en los próximos años, pueden ser fundamentales para defender, en el actual periodo de resistencia, el autogobierno alcanzado y construir mayoría popular a favor de las soberanías del pueblo canario y otros pueblos del Estado.

Sin ánimo de precisión histórica, creo recordar que la expresión “obediencia canaria” nace, o al menos se usa de manera corriente, con motivo del nacimiento “oficial” del canarismo autonomista en 1993. Los dirigentes de aquella Coalición Canaria -que muchos entonces calificaban “contra natura” y que tanto iba a marcar el futuro de esta tierra- insistían, con bastante acierto, en señalar dicha obediencia como la argamasa que los unía: los partidos que conformaban la alianza electoral -Agrupaciones Independientes de Canarias, Centro Canario Nacionalista e Iniciativa Canaria- no respondían ante ninguna instancia política que no fuera canaria. Sus programas, candidatos, políticas, acuerdos, etc. se decidían aquí. 

Sin embargo, la expresión fue cayendo en desuso, en paralelo con el declive de una fuerza cada vez más envejecida, debilitada por la escisión de Nueva Canarias y con una crisis de orientación cada vez más evidente. El mismo espacio del canarismo autonomista -puesto que no se dedica a la construcción nacional- parece limitarse a la defensa de un Estado de las Autonomías que se le quedó corto a Canarias hace ya algún tiempo. Cuesta reconocer en el medio y largo plazo qué proponen estas dos fuerzas que sea Canarias distinto a lo que ya es con respecto a lo que se supone que debiera diferenciarlas del resto de partidos: su proyecto de “país”.

Este debate sobre la “obediencia canaria” ha sido revivido en las últimas semanas con inusitado ímpetu a raíz de la aparición de un nuevo actor político que a nadie ha dejado indiferente: el Proyecto Drago. Desde esta nueva fuerza se ha hecho hincapié en la “obediencia canaria” no sólo como seña de identidad del proyecto sino también como requisito para cualquier posible alianza política o electoral. A raíz de la reciente firma de Proyecto Drago del “Acuerdo del Turia”, -un acuerdo político no electoral que establece un marco de cooperación con fuerzas como Compromís, Más País, Movimiento por la Dignidad y la Autonomía de Ceuta, Més per Mallorca, Chunta Aragonesista, Ciudadanos por Melilla y Equo Verdes- no ha faltado quien ha señalado una posible contradicción con la “obediencia canaria” tan a gala de la formación canaria. 

En mi opinión, no existe tal contradicción. Sería demasiado ingenuo pensar que los adversarios no iban a aprovechar cualquier mínimo resquicio para socavar las bases de un competidor inesperado, incómodo y al que no controlan; que amenaza con perturbar el status quo que reposa en nuestras instituciones. Confunden -no pocas veces de manera interesada- lo que “Jorge Guerra” (alias de Pablo Ródenas, secretario general del Partido de Unificación Comunista de Canarias) señaló como sucursalismo y, por otro lado, estatalismo, ya en la I Conferencia Insular de Las Palmas (sic) en mayo del 1978. Sobre el primero dice que “El sucursalismo lo es en tanto que delega decisiones que sólo al pueblo canario soberano corresponden”. El estatalismo sería “el mantenimiento de lazos con organizaciones homólogas de la Península [Ibérica]”. Considero evidente, por lo que sabemos hasta ahora, que el Acuerdo del Turia, de manera explícita e implícita, transcurre por la segunda de las vías. Habrá que ver a dónde llega más adelante.

He querido, en una versión personal del Diagrama de Nolan, representar el sistema de partidos canarios no sólo en el eje izquierda-derecha -una visión simplista en la que tantos caen- sino también en cuanto a la soberanía/dependencia organizativa de los mismos. Por tanto, no me refiero ahora a la asunción de un determinado cuerpo de ideas como a culturas organizativas en algunos casos muy asentadas. Aunque representar siempre exige delimitar, no conviene olvidar que siempre existen las zonas grises, los solapamientos y que es ahí precisamente donde cualquier proyecta se juega crecer o estancarse. También es necesario aclarar que no siempre ambos extremos de este eje se corresponden de manera exacta con el par canarismo/españolismo, aunque sí que suelen -a grandes rasgos- coincidir.

Así, resulta fácil comprender que en la izquierda del tablero, no todas las organizaciones son iguales. Existen algunas que cultivan a rajatabla aquello de la “obediencia canaria” puesto que son fuerzas cuyas estructuras no responden a instancias foráneas de ningún tipo. Se sitúan a la izquierda de la parte alta del diagrama y son fuerzas canaristas. A la izquierda también pero en la parte central del eje vertical, estarían aquellas organizaciones de carácter federal o confederal (habrá que volver sobre esto) las cuales mantienen lazos estructurales con organizaciones similares del Estado español. Son fuerzas estatalistas. Por último, en la parte inferior del diagrama estarían aquellas fuerzas que, en mi opinión, están claramente subordinadas a sus respectivas centrales en Madrid. Son sucursalistas: allí deciden y aquí obedecen. 

¿Cómo juzgar el viraje repentino de Podemos hace unos días desde la propuesta de una coalición electoral plural con nombre nuevo e inclusivo hacia la imposición del nombre de esa organización en la papeleta? Es imposible no reconocer una consigna directa de su dirección en Madrid. Resulta también muy difícil no recordar algunos movimientos similares de la dirección madrileña de Podemos en todos aquellos lugares donde hubiera voluntad de afirmar una identidad propia: Euskadi, Catalunya, Galiza, País Valencià, Andalucía… y ahora Canarias. La tradición de Izquierda Unida o el PCE no es muy diferente. El nacionalismo español, ya sea de izquierdas o de derechas, no está dispuesto a ceder lo verdaderamente importante: la soberanía política, la capacidad de nombrarte a ti mismo y que no te nombren otros, firmar acuerdos aquí sin mandarlos a que se firmen en Madrid, etc. 

Sólo las mentes más rígidas no son capaces de distinguir los distintos tonos de la época compleja que vivimos. Como dijera en su cita más conocida Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos.” También surgen criaturas más agradables, que conviene cuidar y atender. En este momento seminal del canarismo popular, se puede comprender sin demasiada dificultad que canaristas y estatalistas hacen bien en converger mediante acuerdos justos y razonables; que la “obediencia canaria” no es mal instrumento ni mala seña de identidad para lograr lo verdaderamente esencial: la obediencia a Canarias, es decir, a su pueblo, a sus mayorías sociales y ponerse al servicio de la causa de la construcción de una vida digna en nuestro país del noroeste atlántico africano. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la última reunión del Comité Regional (sic) del PSOE, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el 14 de enero, cerraba su intervención arguyendo que “da igual que se llame canarismo, canariedad, canaristas…”: su partido es tan defensor de los intereses de Canarias como los partidos que se reconocen en esos conceptos. Más allá del ardid retórico de presentar al canarismo como un rebumbio ininteligible, habremos de admitir dos aspectos que desgranaré a continuación. 

En primer lugar, hace no demasiado era totalmente impensable que la principal figura política de este país canario aludiera al “canarismo” ni siquiera como posibilidad. El concepto como tal no era manejado por absolutamente nadie. Pertenecía -en su primera formulación- a una época ya lejana y no parecía que fuera a jugar ningún papel en el estéril campo del pensamiento “nacionalista” canario, si es que tal cosa ha existido desde 1993 en adelante, más allá de las notables pero escasísimas excepciones habituales. 

Seguidamente, el socialismo en Canarias no puede seguir haciendo caso omiso -en curiosa coincidencia con Coalición Canaria, el partido canarista por excelencia desde su creación- y pasar de largo ante un debate que necesariamente deberá afrontar en algún momento: la redefinición de Canarias y su propio proyecto político desde claves propias. Cuando se atrevan a tener esa discusión ideológica e intelectual, tal vez adquieran las características propias de una tradición política que merece volver a ser mucho más que un apéndice de Ferraz. En otras palabras, pasar de ser el PSOE en Canarias para ser un verdadero Partido Socialista Canario. 

En cualquier caso, como admito que en cualquier momento constituyente, la inestabilidad de los significantes, amén de muchas otras variables, no ayuda a orientarse con certeza en cuanto a algunos debates y conceptos, me propongo fijar aquí algunos elementos por si pudieran servir de ayuda en cuanto a ese debate tan forzoso como necesario. A riesgo de repetirme y de incurrir en cierta ligereza, diré para empezar que la canariedad es la identidad cultural del pueblo canario; que esta es una construcción histórica inacabada e inacabable que se va enriqueciendo no solo con la propia evolución del sustrato cultural ya asentado tras siglos en nuestra sociedad, sino con los innumerables aportes que llegaron y siguen llegando del exterior. 

Además, en una sociedad tan compleja como la canaria, con actores sociales tan diversos, además de por su propia fragmentación territorial, generacional, de género, etc., no es en absoluto descabellado hablar mejor de canariedades antes que de canariedad. Estas canariedades son patrimonio del pueblo canario en su conjunto, más allá de ideologías, y también de la humanidad entera, como cualquier otra identidad cultural del planeta. Merecen ser protegidas, celebradas, conservadas, rediscutidas y transmitidas en sus mejores versiones, como el tesoro que son para ser entregadas a las futuras generaciones, las cuales deben sumarse activamente a la tarea constante e ingente de su redefinición para libremente dejar su impronta en un esfuerzo inagotable. 

Tan plurales como las canariedades lo son los canarismos. Al igual que con los catalanismos, valencianismos, andalucismos, etc., hablamos ahora de ideologías políticas. Consciente de la tremenda importancia que el hecho geográfico tiene en la conformación de la subjetividad colectiva canaria, he entendido siempre que los distintos canarismos se asientan sobre un pilar elemental: son fuerzas de todo tipo cuyas estructuras se asientan en las Islas Canarias. Sus propuestas, proyectos, programas, candidatos, alianzas, etc. se deciden en el archipiélago. No es un mero asunto cartográfico. Simplemente, cuando las decisiones que nos atañen se toman fuera de Canarias, no revisten la más mínima norma elemental del funcionamiento democrático. Es cierto que hay fuerzas que cumplen con este elemental requisito posicional pero que todavía no han hecho ninguna reflexión al respecto. Son canaristas por circunstancias, es forzoso admitirlo, pero uno no siempre elige el lado del que te coloca la Historia. 

También he querido definir los canarismos como habitantes de un espacio político comprometido no solo con la defensa del autogobierno sino también con el bienestar de la ciudadanía canaria. Y es aquí donde encontramos no pocas de las razones para la pluralidad interna de dicho espacio. En demasiadas ocasiones, ese “bienestar” se ha entendido estrictamente como la defensa de las singularidades económicas y fiscales de las Islas. Además, para rizar el rizo, dichas singularidades no siempre han sido interpretadas como instrumentos para la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía canaria sino como herramientas al servicio de lobbies, minorías extractivas, atractivos para la inversión foránea de dudoso beneficio para la sociedad isleña, etc. Es normal, por tanto que afloren distintas visiones, sensibilidades en torno al canarismo, como sucede en tantas otras latitudes. 

En mi opinión, podemos distinguir dos grandes corrientes dentro del canarismo actual fácilmente reconocibles. En primer lugar, una hegemónica, más desarrollada, que es la del canarismo autonomista que representan Coalición Canaria y Nueva Canarias. Su aceptación del marco del Estado de las Autonomías, la Constitución del 78, el modelo económico actual, la importancia que conceden a las singularidades económicas y fiscales sin apenas cuestionamiento crítico, su nula atención a los elementos de una hipotética construcción nacional o la identidad cultural más allá de cierto tradicionalismo, etc. los ubican en un espacio de moderación y conformidad con el status quo actual, en el que comparten muchísimos elementos, como no podía ser de otra forma, al venir ambas del mismo tronco común. Las diferencias y matices que los separan podrían desaparecer mañana mismo -si se dieran ciertas condiciones- y no son mayores que las que hay dentro de la propia Coalición Canaria o dentro del PSOE-Canarias, canalizándose estas mediante el debate en los órganos internos. 

Por otro lado, se intuye el nacimiento de un canarismo popular que recoge algunos elementos del nacionalismo de izquierdas histórico de la etapa anterior a 1993 pero que comienza a nuclearse en torno a ideas y construcciones nuevas. Es prioritario reconocer que este no se reconoce en absoluto en el canarismo autonomista y nace como su antagonista, para combatirlo, aunque una vez supere esta fase embrionaria deberá admitir que su principal antagonista no es otro que el sucursalismo español. Quiere ser alternativo, contestatario y a la vez participar de la política institucional desde marcos propios e innovadores como ni se imagina el canarismo autonomista. Mantiene una visión muy crítica con el modelo económico instaurado en Canarias y comienza a dibujar un horizonte de superación de la autonomía, a la que se juzga como causante y/o mantenedora de alguno de los principales problemas de las islas: dependencia, subdesarrollo, paro, precariedad, emigración, sobrepoblación, etc. Aunque hace gala de una voluntad de constituirse como fuerza soberana, no deja de tener lazos, relaciones, canales de comunicación -no siempre cordiales- con fuerzas que sin ser estrictamente sucursalistas, sí que están integradas en estructuras estatales de corte federal no muy distintas a las del PSOE, por poner un ejemplo. 

Y es que los canarismos no pueden negarse a jugar sus respectivos papeles históricos: canarizar tanto como se pueda a aquellas fuerzas menos hostiles al objetivo político de “que todo lo que suceda en Canarias se decida en Canarias” para avanzar hacia el “aquí vivimos, aquí decidimos” que nos empodere como pueblo. He ahí que el canarismo pone tareas a todo el mundo, a su debido nivel, para que se hagan cargo de ellas. El canarismo popular debe atraer a la izquierda menos anticanaria hacia posiciones más civilizadas y democráticas para construir un nuevo soberanismo para el siglo XXI. Coalición Canaria y Nueva Canarias deben ser conscientes de la necesidad de construir un gran partido nacional canario -aportándose mutuamente implantación territorial y centralidad ideológica- desde el que canaricen a los partidos hoy sucursalistas para que cuestionen sus respectivos cordones umbilicales con Ferraz y Génova. Todos deben trabajar sin descanso para derrotar la dependencia y el subdesarrollo. 

De esto también trata la política, más allá del regate corto, la próxima cita electoral, la mirada exclusivamente táctica. Existe también el pensamiento estratégico para quien sepa comprenderlo y cultivarlo. Sin él, el canarismo no pasará de ser una moda a la que sustituirá otra, sin mayor sustancia ni trascendencia. Sin embargo, si los distintos canarismos desarrollan una perspectiva propia, de medio y largo plazo, en la voluntad de transformar no solo el sistema de partidos sino Canarias entera, llegará un día en que decir canarista sea algo perfectamente innecesario y redundante. No podemos aspirar a una victoria más rotunda. 

Sin afán de ser exhaustivo, creo que no yerro si digo que dicha fórmula se empezó a usar con cierto éxito a raíz de los debates conducentes a la constitución de Coalición Canaria en 1993. Seguramente circularía desde algún tiempo antes pero fue en la atmósfera del nacimiento de la primera fuerza canarista transversal cuando se habló abiertamente de la creación de una fuerza de “estricta obediencia canaria” en oposición a fuerzas abiertamente sucursalistas. Con ello se quería de alguna manera expresar de manera condensada la idea de que en Canarias debíamos contar con fuerzas cuya foco de atención, prioridades, proyecto político estuviera radicado en el archipiélago y no fuera del mismo. No era sino el reverso de siglos de historia en los que las élites de todo tipo radicadas en Canarias trasladaban al resto de ámbitos de la vida su sempiterna desubicación cognitiva, por la que sus pies estaban en las islas pero su mente estaba en Europa. 

Ahora bien, sin menospreciar la efectividad de la fórmula en cuestión, no podemos quedarnos del todo satisfechos si no somos capaces de abordar los aspectos menos convincentes de la misma. En el epílogo a mi libro Canarismo. Sobre nacionalistas y otras especies amenazadas, un incisivo Pablo Utray -alter ego del profesor de Filosofía Política, Pablo Ródenas- me preguntaba lo siguiente: “¿Qué debe significar ”obediencia canaria“ o ”que las cosas de Canarias se decidan en Canarias“? Si una pequeñísima oligarquía económica canaria, prolongada en lo político y lo administrativo, y además de en lo militar y lo religioso, decide todo en connivencia y bajo las órdenes de sus pares en Madrid, Bruselas y Washington, ¿significa que ”Canarias decide“ o más bien que el régimen dominante pervive ”lampedusianamente“, haciendo que ”todo cambie para que todo siga igual?“. Argumenté entonces que una obediencia canaria que no respondiera al interés general, al bien común, si ese poder ejercido desde Canarias se hace en contra de las mayorías sociales canarias y a favor de las oligarquías extractivas en connivencia con los poderes ejercidos desde dichas capitales… no representaría un cambio sustancial con respecto a los últimos cinco siglos. Sigo pensando lo mismo. 

Toca ahora, por fin, tratar de responder a la pregunta con la que titulo este artículo. Adelanto desde ya mismo que no creo que sean exactamente lo mismo aunque sí en parte. Precisando, creo que no puede haber canarismo sin obediencia canaria pero el canarismo debe ser mucho más que la obediencia canaria. Y como brújula para orientarnos en el laberinto de la política canaria propongo una doble mirada. Por un lado, debemos atender al eje izquierda-derecha o redistribución-acumulación. Por otro lado, prestaremos atención al eje soberanía-dependencia o Canarias-España. Cualquier análisis que no contemple como mínimo esta doble mirada será forzosamente incompleto o excesivamente simplificador. 

A mi juicio, la fórmula “de obediencia canaria” va a ser acusada siempre, no sin razón, de imprecisión o de ser un subterfugio para enmascarar el viejo centralismo con nuevos ropajes. Si no un cambio lampedusiano, sí un cambio insuficiente. Si entendemos exclusivamente por “fuerzas de obediencia canaria” aquellas fuerzas políticas que no responden a estructuras radicadas fuera de las islas, perfectamente podríamos incluir entre ellas a Unidos por Gran Canaria, la Agrupación Socialista Gomera y Gana Fuerteventura, si finalmente esta última fuerza no vuelve al Partido Popular. Por tanto, su principal debilidad sería la de agrupar a fuerzas demasiado dispares si centramos nuestra mirada únicamente en el eje izquierda-derecha. Puede servir, de alguna manera, como así ocurre con una de las dimensiones del canarismo, que es, además de muchas otras cosas, una categoría de análisis para describir un espacio político muy heterogéneo. Sin embargo, nada dice esa “obediencia canaria” por sí misma en cuanto al tipo de sociedad que se propone, qué va a ocurrir con el modelo de desarrollo, la protección social, el papel de lo público, etc., donde los extremos del espacio canarista (UxGC y CC-TF y, por otro lado, el Proyecto Drago, por ejemplo) apenas hallarían elementos de coincidencia. 

En cambio, los partidarios de la “obediencia madrileña” -ya por convicción, ya por ingenuidad- encuentran en la fórmula “obediencia canaria” un flanco débil por el que tratarían de defender el unionismo y el dependentismo al ser, por lo visto, intrínsecamente más progresistas y avanzados. Escurren así convenientemente el bulto de tener que explicar por qué es mejor y más democrático que los asuntos canarios se decidan fuera de Canarias. De paso, caricaturizan a su antojo a los canaristas como gente que se pelea por una bandera o un timple mientras que ellos aparecen como seres centrados en lo verdaderamente importante, que no se distrae con tonterías. “El nacionalismo no es una ideología”, dicen. Ellos dicen lo que es una ideología y lo que no. ¿Puede haber un acto más ideológico? Cuentan a su favor, si no con la razón, sí con la fuerza de la tradición y el nacionalismo español que gangrena todo el Estado español, sus instituciones, su cultura, etc. en su propio beneficio.

No es fácil aunar en una sola fórmula la voluntad de defender un buen autogobierno para Canarias, sorteando la complejidad de términos poco abarcadores y en cierta medida excluyentes como izquierda o nacionalista. Vivimos en tiempos líquidos, de identificaciones débiles, en las que la rigidez de las grandes categorías suele encontrar numerosas dificultades a la hora de aunar pueblo, ciudadanía detrás de valores que merecen ser defendidos por mayorías sociales amplias, más allá de etiquetas políticas en sentido estricto. Es hora de encontrarnos en terrenos donde compartamos ideas, visiones, sentimientos, menos estancados en una sociedad dividida casi al cincuenta por ciento entre izquierda y derecha. 

¿No merecen la sostenibilidad, la igualdad de género, el bienestar, una cultura propia… ser defendidas por mucha más gente que la que se pueda definir a sí misma como de izquierda o nacionalista, por ejemplo? ¿Qué es lo que quiere decir la inmensa mayoría de la gente que en Canarias se declaran nacionalistas? ¿Que están comprometidos con un proyecto de construcción nacional? De todos los engaños posibles, el autoengaño es el más patético. Si siempre necesitaremos categorías, busquemos aquellas que unan en mayor medida de la que separan, sin por ello caer en una oportunista indefinición. 

Por ello, con toda prudencia pero con el mejor de los deseos, desde fuera de cualquier proyecto partidista pero desde dentro de la sociedad civil canarista, me atrevo a proponer la definición de canarismo popular para las personas que auspician el incipiente Proyecto Drago. Tampoco es perfecta pero sí creo que encarna mejor las aspiraciones que creo adivinar tras las gentes de Alberto Rodríguez. Ojalá contribuya a encarnar la no siempre bien defendida voluntad del pueblo canario por construir su propio futuro en bienestar y libertad. 

Meses atrás había nacido la Unidad Popular del País Canario (UPPC). La integraban el ya mencionado PUCC de Francisco Tovar y Pablo Ródenas, el Partido Popular Canario (PPC) y el Partido Socialista de Canarias (PSC). El primero de los partidos era una fuerza inequívocamente marxista pero antidogmático, a la izquierda del PCE, que venía de realizar un fuerte viraje hacia el autodeterminismo. El PPC constituía una experiencia claramente nacionalista, liberal-progresista y que lideraban personalidades reconocidas como Victoriano Ríos o Juan Pedro Dávila. Por último, el PSC de Manuel Bermejo y César Rodríguez Placeres era una escisión canaria del Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván cuando éste decidió disolver su partido dentro del PSOE. 

Volvamos a ese discreto local en Tomás Morales. Sobre el programa de la coalición, Pablo Ródenas, afín a Guerra, subía la apuesta: “alrededor [de este programa] queremos que el pueblo canario se agrupe. (…) No queremos una UPPC exclusivamente formada por partidos”. Esta experiencia de alianza transversal, en la que se intuían ecos del pensamiento del primer Laclau, no duró lo suficiente como para poder medirse electoralmente. Tal vez nació muy adelantada a su tiempo. Hubo que aprender antes de la frustrada experiencia de la Unión del Pueblo Canario (UPC), una coalición electoral claramente de izquierda radical autodeterminista, ésta sí, exclusivamente formada por partidos, con tanto apoyo popular como no muy largo recorrido temporal. La épica de la segunda oculta el interés de la primera. 

Cinco años después, en 1983, la autonomía de Canarias empieza a dar sus primeros pasos con el PSOE en la presidencia del Gobierno canario. Entre la bruma de Valleseco, el intelectual Ángel Sánchez, hace las últimas correcciones a sus imprescindibles Ensayos sobre cultura canaria. Lleva en mente a Franz Fanon, Víctor Ramírez, Camus, García Cabrera, Sartre, Juan Jiménez,… Allí leemos acerca “[d]el resorte sentimental del canarismo como mecanismo de enganche más utilitario que ideológico, más convencional que revolucionario”. Las masas canarias son manipuladas y mantenidas en la subcultura, también colonizadas por el nacionalismo. El canarismo como canariedad explosiva y, por tanto, frágil. Torpe mecanismo de defensa para un pueblo que se sigue buscando.

Sentimiento y conciencia

Lo que Sánchez denuncia guarda relación con lo que ya en 1980 otro intelectual, Manuel Alemán, definiera en el también imprescindible Psicología del hombre canario. El mar de Agaete con el Teide al fondo se asoma por la ventana. Distinguía entonces entre el “sentimiento ingenuo” de la canariedad, que sólo vivencia aspectos periféricos de la misma, como el paisaje y el clima, y el “sentimiento emocional”, una exaltación frenética de lo canario sin el contexto de nuestra verdad identitaria. Sin sentimiento de canariedad no hay conciencia de canariedad. Ni canarismo alguno, se podría añadir. Sin embargo, debe ser un sentimiento empático, que conecte con el “ser” canario, desde una mirada apreciativa, el que alumbre el camino hasta la canariedad consciente.

Pero volvamos a la lucha partidaria. Pasan los años y en 1993 fuerzas autonomistas, nacionalistas, insularistas, municipalistas,… dan lugar al nacimiento de Coalición Canaria, definida entonces como una opción política de “estricta obediencia canaria”. Su alto grado de transversalidad a todos los niveles, paradójicamente, no se ve correspondido con un nombre que pueda reflejarlo de manera adecuada. Se tira de lo que hay. El adjetivo “nacionalista” es bien conocido, con trayectoria sobre todo en el ala izquierda de la coalición. Sin embargo, no describe con precisión la página de la Historia reciente de Canarias que entonces se abría ni se piensa en la problemática polisemia del término. A nadie se le ocurrió en aquel momento hablar de canarismo para describir ese movimiento hacia la centralidad hegemónica y el desarrollo de la autonomía nítidamente vernáculo. Parecía de más categoría imaginar que en Canarias había un nacionalismo equivalente al del País Vasco y Cataluña. Parafraseando a Juan Manuel Trujillo, Canarias no comprendía que no se comprendía.

El canarismo realmente existente se fractura en 2005 y su proyecto político entra en una vía muerta. Son años de escasa imaginación y menor pegada. En 2018, Pablo Utray -claramente influido por Guerra, Ródenas y Stratós- define en su Libertad de actuar el canarismo como un significante vacío, flotante, que deviene un macrorrelato, el cual, a su vez, permite la existencia de múltiples microrrelatos. Frente al canarismo españolista ofensivo (ultraespañolismo) y el canarismo antiespañolista reactivo (ultracanarismo), es preciso impulsar el canarismo democrático, pluralista, incluyente, mestizo, decolonial, no dependiente, interdependiente y tricontinental. Por si esto fuera poco, tiene delante de sí, la tarea pendiente de entablar el “buen pleito nacional-popular canario”. He aquí una brújula. 

Distintas sensibilidades

Avancemos. El periodista Enrique Bethencourt, en largos paseos por Las Canteras, intuye con fino olfato que un ciclo se ha agotado, que se avecina un momento de cambio en lo que se viene llamando “nacionalismo”. Cuando publica en 2020 su Nacionalismo canario 3.0., el autor aventura ya buena parte de las ideas para un nacionalismo distinto, nuevo. Seguramente lleva a Utray en mente. O a Ródenas. En ese mismo volumen, un huidizo y caótico prologuista esboza tímidamente una definición actualizada del canarismo para la etapa venidera: un campo político-electoral, ideológico-cultural y social, que en el eje Canarias-España recoge distintas sensibilidades desde el autonomismo hasta el independentismo estatal; en el eje izquierda-derecha, se ubica desde la socialdemocracia hasta el socioliberalismo. Su proyecto será la articulación del país canario, la defensa de los intereses de la mayoría social, su bienestar y la reivindicación de la canariedad. Este canarismo redefinido debe disputar la centralidad hegemónica como difícilmente podrá hacer por sí sola la izquierda en nuestro país. 

Nueve de abril de 2022. V Congreso de Nueva Canarias. Terrero de lucha deconstruido. El partido, mayoritariamente implantado en Gran Canaria, asume el canarismo como su espacio de alianzas natural y necesario, evolución de su propio nacionalismo. Como escribió Borges, “Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso; que la historia copie a la literatura ya es inconcebible…”. Declararse canaristas es un movimiento inteligente, ágil y, sobre todo, valiente. Debe ser acompañado ahora por los hechos. El microrrelato del “canarismo progresista” no puede ocultar una evidencia: un espectro de partidos exclusivamente progresistas sería muy coherente pero en Canarias, poco amplio y limitado. Un espectro más amplio y ambicioso debe asumir cierto nivel manejable de disenso y hasta de entropía, que desborde para ser masivo y popular. Se hace preciso llegar a acuerdos, trabar alianzas con otros microrrelatos del canarismo en un ejercicio de seducción inteligente desde la honestidad, que vaya mucho más allá del mero marketing electoral. Dejar de ser lo que se es sin dejar de ser lo que se es. A Canarias no la salvarán los progresistas, la salvará el pueblo, es decir, una ciudadanía democrática, autoconsciente y comprometida. Todas las miradas se fijan ahora en Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario: ¿asumirán el desafío histórico de contribuir a articular el amplio espectro del canarismo transversal? 

José Miguel Martín es coordinador de Canarismo y Democracia.

Entre muchas de estas ocho sensibilidades cabe la “doble militancia”: hay muchos autonomistas que son también insularistas o municipalistas y también muchos nacionalistas que, además, son soberanistas o autodeterministas. En estos últimos, se percibe muchas veces una práctica política eminentemente autonomista, aunque puedan albergar deseos más o menos postergados de avanzar hacia otros niveles de autogobierno. El contexto social dificulta proyectar horizontes más ambiciosos. En esta cartografía soy partidario de fijar más la mirada en los hechos que en las íntimas aspiraciones o los documentos políticos que tan poca gente lee o las proclamas más o menos exaltadas. Una prevención: este bosquejo de análisis tiene por objeto a todas las siglas del canarismo, sin que se deba establecer una correspondencia unívoca entre una fuerza y una determinada tendencia. Dicho de otra manera, en todos los partidos hay de todo y, en mi opinión, en todos, es mayoría el autonomismo.  

Hegemonía del autonomismo

 Dejando atrás el regionalismo nunca alcanzado durante el XIX y los frustrados ideales autonomistas en sentido federalizante de la I República Española o los también frustrados proyectos de Estatuto de Autonomía de Arozena (1919), Franchy y Roca y, por otro lado, Gil-Roldán (1936), lo cierto es que el canarismo autonomista empieza a vivir su edad de oro a raíz de la constitución de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) en 1985. Posteriormente, en 1993, dará un salto cuantitativo con el nacimiento de CC tras la alianza de las AIC con el Centro Democrático y Social de Lorenzo Olarte, luego Centro Canario Nacionalista (CCN), e Iniciativa Canaria (ICAN). La posterior incorporación del Partido Nacionalista Canario (PNC) añadiría algo de pedigrí nacionalista, necesario y útil, pero de modesta influencia real.

La mayor tradición y definición ideológica de la izquierda nacionalista de ese momento acabó por decidir la disputa terminológica e imponer la denominación “nacionalista” para una alianza que, en la mayoría de sus aspectos programáticos, era claramente autonomista: no cuestionamiento de la españolidad de Canarias, acatamiento de la monarquía y, obviamente, del Estado de las Autonomías como fórmula de organización territorial. Objetivamente, su horizonte político era el máximo desarrollo autonómico acorde con el alicorto Estatuto de 1982 y su terrero de lucha, la defensa de las singularidades económicas de Canarias ante Madrid y, posteriormente, Bruselas. Jamás se planteó un movimiento de reforma o ruptura en clave de construcción nacional. La sociedad canaria ya no estaba mayoritariamente en eso, si es que alguna vez lo estuvo. 

Se dejó sentir a partir de entonces, y aún ahora, una voluntad de construcción autonómica a la que el sucursalismo autonomista, que también existe, aunque sea a control remoto, no supo responder adecuadamente. Los sectores hasta entonces más abiertamente nacionalistas dentro de CC se incorporaron sin demasiada dificultad a la gestión de la autonomía otorgada. En términos prácticos, esto no supuso una contradicción insalvable para aquellos que venían de la actividad política de décadas anteriores, en las que el nacionalismo (autodeterminista, independentista, …) era indudablemente hegemónico dentro del canarismo, tal vez precisamente por la falta de un marco de construcción nacional realista que contraponer al marco estatutario.

Solamente en momentos puntuales, el pico de demanda del autogobierno alcanzó ribetes verdaderamente nacionalistas: la polémica por los descrestes siendo presidente Lorenzo Olarte, con amenaza del Gobierno de España de aplicarnos el célebre artículo 155 y derogar nuestro autogobierno y, por otro lado, bajo la presidencia de Paulino Rivero, durante la lucha contra las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas canarias. Fue entonces cuando se planteó tímidamente avanzar hacia modelos como el del Estado Libre Asociado de inspiración puertorriqueña o alcanzar la Plena Autonomía Interna, respectivamente. La sociedad canaria, siempre amiga de la moderación, no recogió el guante. 

Necesaria autocrítica del nacionalismo

 Tras la victoria pírrica acerca del nombre de la cosa, han venido décadas de praxis política autonomista en las que el canarismo, en Canarias y en Madrid, ha retrocedido terreno para acomodarse a la batalla de los presupuestos estatales y el modelo de financiación sin ir mucho más allá. Ni siquiera el propio desarrollo del Estatuto de 2018 parece ser una prioridad, si exceptuamos las competencias en materia de costas. Sin restar ni un ápice de importancia a estos trascendentales asuntos, es obvio que, como proyecto, quedan lejos de las aspiraciones de construcción nacional que se observan en otras naciones sin estado, tendentes siempre a desbordar o trascender los marcos políticos asignados por los respectivos poderes centrales. Ha faltado iniciativa, voluntad y capacidad -también apoyo popular- para “imaginar” la nación, como diría Benedict Anderson. El nacionalismo canario no ha sabido ser nacionalista. Ahí, el autonomismo pisa más en firme puesto que su proyecto es también más tangible: lograr mejoras y compensaciones por la singularidad de Canarias en un marco hasta ahora prácticamente inamovible.

En este momento, se hace necesaria una precisión. Incluso para un nacionalista como yo, no se debe criticar al autonomismo por ser autonomista, por hacer más o menos bien su trabajo, aunque ciertamente en demasiadas ocasiones limitado a las demandas de carácter económico al poder central. Es de justicia reconocer que el autogobierno que hoy disfrutamos y que, con sus luces y sombras, es claramente un avance histórico para nuestro pueblo, es fruto del autonomismo imperante desde 1993 hasta la actualidad. No se les puede culpar de ser tan parecidos a una sociedad que vive sin contradicción alguna sus legítimos sentimientos identitarios canario y español, sea de manera dual simétrica o asimétrica; que es mayoritariamente partidaria de encauzar los conflictos políticos de manera sosegada y gradual, sin sobresaltos. En todo caso, desde las filas del nacionalismo, es cada vez más insoslayable una autocrítica que sitúe el problema donde realmente debe estar: ¿por qué languidece de manera tan evidente el proyecto de la construcción nacional de Canarias? ¿Qué deben hacer los nacionalistas para disputar la hegemonía del canarismo a los autonomistas? ¿Cuál es el proyecto político del nacionalismo canario en este momento histórico? ¿Existe o es simplemente el proyecto autonomista? Son preguntas que algún día, más temprano que tarde, habrá que enfrentar.

Sinergias necesarias

 Soy un firme defensor de la imprescindible colaboración entre autonomismo y nacionalismo y, por ende, de todas las familias del canarismo. Creo que hay que trabajar para consolidar una fuerza de amplio espectro ideológico que luche por la centralidad hegemónica perdida, hoy en manos de la socialdemocracia sucursalista. No veo posibilidades de dar esa batalla si no es desde niveles de convergencia superiores a los actuales, casi inexistentes. A partir de ahí, concibo la relación entre todas estas tendencias como una competición virtuosa, la cual desemboque no sólo en una única papeleta sino en un debate ideológico más rico e ilusionante que el que hemos padecido en la última década. No sin razón, se percibe en la sociedad que el canarismo tiene como proyecto único la defensa de la Disposición Adicional del Régimen Económico y Fiscal (REF) sin albergar un proyecto de país que pueda concitar mayores esperanzas: un proyecto que vaya más allá del “Virgencita, que me quede como estoy”. Alguna luz de esa esperanza hemos visto en el reciente Debate sobre el Estado de la Nacionalidad.

Sin embargo, opino que buena parte de las sinergias del canarismo reformado y regenerado para el segundo cuarto del siglo XXI están por explorar. Transitan desde las mejores experiencias de 1993 en adelante hacia el encuentro con sus fortalezas actuales y futuras oportunidades, ejemplos de otras sociedades de las que podamos aprender, un debate ideológico anclado en la realidad, pero sin miedo a volar con audacia cuando sea necesario. Desde el autonomismo, con frecuencia se ha tachado al nacionalismo como irrealista o radical. Desde el nacionalismo, se ha tildado al autonomismo de excesivamente moderado y conformista. Seguramente, como suele suceder, todos tengan su parte de razón, pero hay que encontrar la razón, ésa que nos haga comprender que en la colaboración seremos capaces de redefinir el proyecto de una Canarias con niveles de democracia y bienestar mejores que los actuales. ¿Por qué no empezar levantando un Bloque Canarista en Madrid?

Durante el sobrio acto de clausura, García Ramos definió al PNC como “un partido de cuadros”. En mi opinión, todos los partidos lo son, de alguna manera, en la medida en que los “partidos de masas” ya no existen y la cartelización de los mismos es un fenómeno de carácter generalizado. Sin embargo, al contrario que a otros, al PNC le espera una función de suma importancia, más allá de competir agónicamente como el resto de fuerzas por alcanzar el poder. El PNC debe configurarse como el auténtico referente intelectual del nacionalismo dentro de un espacio político como el canarismo que, en la actualidad, está hegemonizado por el autonomismo. 

El autonomismo -a grandes rasgos, la defensa del modelo de la España de las Autonomías y la defensa de una participación de Canarias en la misma de manera justa y equitativa- viene siendo desde 1993 la cultura política preponderante en el canarismo. Nuestro autogobierno ha avanzado sobre todo en base a un proyecto político moderado, con amplio apoyo popular, que se ha encargado de vehicular el desarrollo de las transferencias, su gestión desde Canarias y vigilar el que el archipiélago reciba un trato justo en materia de financiación, cumplimiento del REF, etc. sin plantear nunca de manera consistente la superación de dicho modelo. En ese sentido, se perciben notables diferencias con Euskadi y Cataluña, que sí han contado con partidos fuertemente nacionalistas, comprometidos con la construcción nacional de sus respectivos países. 

Complementariedad

Lejos de presentar autonomismo y nacionalismo como tendencias enfrentadas, creo sinceramente en su necesaria colaboración desde el respeto y la complementariedad. Los nacionalistas no debemos ser anti-autonomistas sino post-autonomistas. Ambas tendencias deben confluir en una opción de amplio espectro aún por construir, en una segunda fase de desarrollo del canarismo nacido en 1993. A esta opción están invitados los insularismos no fratricidas, o sea no insolidarios, también los municipalismos no ombliguistas, que compartan una visión de país canario y el resto de familias del canarismo. Creo que el renovado PNC puede aportar muchísimo en este proceso, señalando horizontes, elevando el nivel del debate, ampliando las fronteras ideológicas como partido con vocación pluralista, que no quiere limitarse a acoger exclusivamente a una sola tendencia ideológica en el eje izquierda-derecha.

Juan Manuel García Ramos ha liderado un cambio de guardia ordenada, sin conflictos. En este sentido ha sido, una vez más, ejemplar. Espero que no sea su último servicio a la causa del nacionalismo canario. El Parlamento canario perdería mucho si finalmente no continuara ocupando su escaño. Pocos parlamentarios aportan el nivel intelectual y la referencia histórica que él viene encarnando desde hace décadas. Es muy necesario que se siga oyendo la voz del PNC en la sede de la soberanía popular canaria. Finalmente, deseo que su pase a la reserva sea acompañado por un Homenaje Nacional, en el que todos los canaristas, nacionalistas o no, podamos agradecerle su entrega. 

El nombre de “frente amplio” no es precisamente nuevo. Su origen puede rastrearse en la resistencia a las dictaduras de Brasil y Uruguay, a finales de los años sesenta y a comienzos de los setenta del siglo pasado, respectivamente. Remite a una tradición política inequívocamente de izquierda. Otras experiencias, como la peronista o la boliviana, conjugan elementos de diverso tipo y deben quedar fuera de este artículo. Sólo en Uruguay, donde también participan sectores liberales y demócrata-cristianos en el Frente Amplio, ha sido ésta una fórmula de éxito electoral. En otros países latinoamericanos (Perú, México, Guatemala, Panamá, Argentina, Paraguay, etc.) los distintos frentes amplios se han movido entre la representación minoritaria de algunas familias de la izquierda y la irrelevancia. En el caso español, la fórmula “Frente Popular”, más común en el siglo XX europeo, no parece haber sido barajada por razones obvias. En mi opinión, todo indica que ese “Frente Amplio”, si llegara a constituirse, se situaría, a pesar de los deseos de Yolanda Díaz, exclusivamente a la izquierda del PSOE.

En cualquier caso, hay que entender que con “frente amplio” se alude sobre todo a la voluntad de desbordar el hábitat natural de una determinada fuerza política, estableciendo alianzas y complicidades con sectores afines. No siempre es posible. En un sentido débil, a veces se intenta lograr este objetivo añadiendo la coletilla al nombre del partido queriendo dar a entender que se ha producido algún tipo de alianza o suma, en ocasiones de cuestionable amplitud. En un sentido fuerte, se llega a cuestionar la propia denominación, para disolverla en una marca que evocaría algún tipo de espacio mayor, en un esquema no siempre perfecto de círculos concéntricos.

La primera fórmula no pasa de truco de marketing electoral de dudosos resultados. La segunda, sea cual sea la denominación que adopte, requiere disponer de un espacio mayor al que dirigirse, algo que no está al alcance de todas las fuerzas políticas ni está disponible en todos los periodos. Aunque no deja de haber conformismos y actitudes acomodaticias, lo lógico es que una fuerza quiera ensanchar su campo electoral más allá de su tradicional nicho de votantes. Sin embargo, esta última fórmula plantea un problema de difícil solución: la voluntad de algunos partidos u organizaciones de seguir manteniendo su identidad y actividad propias más allá de esa nueva marca.

A pesar de esto último, encuentro en la segunda perspectiva un elemento de no poco interés: cierta tensión que permite discutir la forma partido, la cual debe ser reelaborada seriamente en beneficio de la democracia, de la política y de los propios partidos. No se puede andar recomenzando todo cada cuatro años, pero sí se puede debatir acerca de todo, si se hace con voluntad de construir y avanzar. No hay que temer derribar los estrechos marcos que muchas veces imponen las siglas, las ideologías en sentido fuerte, las inercias heredadas, etc. para ganar sectores y conquistar espacios. Una política con aspiraciones se guía por un espíritu así antes que por el conformismo y el cortoplacismo. 

En mi opinión, es más provechoso poner el acento en los principios y en los valores, que no son negociables, antes que en el patriotismo de las siglas pero tampoco es menor el interés que debe despertar el espacio sociológico, político-electoral, ideológico-cultural… al que se quiere representar. Hay que poner encima de la mesa de qué se habla cuando se habla de transversalidad en Canarias, cómo superar la política de bloques estatal de manera satisfactoria o cómo sortear la eterna división entre leones y ratones de nuestro sistema de partidos, por ejemplo. Echo en falta reflexiones en esta línea en el marco del canarismo, siempre pendiente de un tacticismo más bien poco fructífero a la vista de los resultados.

Desde mi punto de vista, pensar en clave estratégica, de país, significa hoy avanzar hacia la constitución de una fuerza canarista de amplio espectro que dispute la centralidad hegemónica en un marco de ideas compartidas, no sólo entre las partes integrantes de dicha fuerza sino principalmente con la sociedad canaria, que se define mayoritariamente en torno a valores progresistas. Además, el canarismo para el siglo XXI debe tener vocación de punto de encuentro entre nacionalistas, autonomistas, regionalistas, federalistas, insularistas en positivo, soberanistas, etc. y esto no tiene por qué suponer la más mínima rebaja en las aspiraciones y demandas políticas concretas, las cuales -es bien sabido- no vienen definidas por el nombre de la criatura. Esto no siempre se ha entendido bien o simplemente no se ha querido entender. En suma, el amplio espectro significa gestión de una razonable transversalidad y constante búsqueda de grandes consensos. Quienes deseen profundizar en este concepto y su alcance tienen numerosas experiencias en las que mirarse, pero haré referencia a dos que, salvadas todas las distancias, que no son pocas, considero especialmente valiosas.

En primer lugar, el Partido Nacionalista Vasco, que en su “Diagnóstico del momento para construir el futuro de Euskadi”, presentado ante su pasada Asamblea General, devuelve la imagen de un partido instalado en la centralidad política y con una visión de presente y futuro para su país en clave progresista, de construcción nacional. Superada definitivamente la escisión de Eusko Alkartasuna, debilitada en Bildu, el PNV se presenta ante su sociedad como el auténtico partido de amplio espectro, representante de muy diversos grupos sociales y defensor de los derechos nacionales de Euskadi en sintonía con los tiempos; capaz de llegar a acuerdos en Madrid con quien detente en cada momento el Gobierno español para desarrollar el autogobierno vasco pero que jamás pactaría ni se dejaría apoyar por la ultraderecha recentralizadora española de Vox. Flexibilidad en la táctica y firmeza en los principios.

En segundo lugar, el Bloc Québécois representa, en mi opinión, otra experiencia de interés. Nació de la profunda insatisfacción de diputados quebequeses del Partido Conservador y el Partido Liberal en 1987 ante el irrespeto a los derechos nacionales del Québec durante la reforma constitucional canadiense pero no fue hasta 1991 cuando se constituyó formalmente como partido. Supo conectar en ese momento con demandas muy enraizadas en la sociedad quebequesa. Se articuló como una fuerza que se presenta exclusivamente a las elecciones federales, en un exquisito reparto de roles con el Parti Québécois, socio-liberalismo, y Québec Solidaire, soberanismo de izquierdas, los cuales concurren exclusivamente en las elecciones de la provincia francófona. Hoy encarna una opción de contenidos inequívocamente progresistas. Así se expresa en su “Plateforme Politique Bloc 2021” con la que compitió en las pasadas elecciones de septiembre y en la que reafirmó su papel de interlocutor nacionalista exclusivo ante Ottawa. Desde ese papel arrastra al resto del sistema de partidos quebequeses hacia posturas aun más descentralizadoras y condiciona de manera importante la agenda federal. 

Quienes estudien ambos documentos encontrarán un marco de ideas y propuestas en las que el canarismo, auténtico “frente amplio” del nacionalismo transecular, puede perfectamente reconocerse y transitar: un proyecto político defensor de la sanidad y la educación públicas, a favor de la justicia y los derechos sociales, la igualdad de género y el respeto a las diversidades de todo tipo en nuestras sociedades plurales; comprometido con la sostenibilidad y contra el cambio climático, por la defensa de los derechos culturales y las identidades nacionales en el marco de la globalización, de salvaguarda de la democracia y sus valores; por una economía circular, equilibrada entre el sector público y el privado, diversificada y al servicio de la sociedad; por la investigación, el conocimiento, la revolución digital, etc.

Ésta es la verdadera amplitud a la que debería aspirar el canarismo: reconocer con audacia la oportunidad del amplio espectro. Identificar las respectivas zonas de confort como las trampas que realmente son. Renovar, imaginar, repensar,… absolutamente todo en una conversación sin límites ni exclusiones. Gestionar la complejidad, el disenso y la complementariedad ideológica y territorial antes que agonizar en una estéril competitividad. Más pensamiento sistémico y menos pensamiento individual; más perspectiva intergeneracional, desde la empatía con la ciudadanía canaria que herederá en los próximos cincuenta años los desafíos del presente, y menos perspectiva intrageneracional, desde la voluntad de concentrar indefinidamente todas las oportunidades en minorías etarias muy determinadas.

Que los principales partidos del canarismo (Coalición Canaria, Nueva Canarias y Partido Nacionalista Canario) salgan de su actual aletargamiento dependerá no sólo de que sean capaces de atender y seducir a la sociedad civil sino también de traducir correctamente otras experiencias y leer la realidad propia. También de que sepan aprender de sus errores del pasado y de los indicadores que ya anuncian el futuro. Las próximas elecciones generales serán un buen momento para despejar éstas y otras incógnitas.

José Miguel Martín es coordinador de Canarismo y Democracia

 Sobre este ámbito, unas primeras apreciaciones muy evidentes: el PSOE consolida su hegemonía desde una centralidad y presencia territorial indiscutibles. Por otro lado, pase lo que pase, Casimiro Curbelo tendrá tres diputados. Por último, el canarismo sigue en caída más o menos libre. Moverse en una horquilla de entre diecisiete y veintidós diputados sobre un total de setenta aleja al canarismo del horizonte de representación de un tercio de la sociedad canaria para acercarlo al cuarto de la misma. Dicho de otra forma, el sucursalismo puede extenderse a las tres cuartas partes de la cámara. Se impone una reflexión profunda, sosegada, autocrítica y de largo alcance.

Pero detengámonos ahora en algunos elementos que no pueden dejar de considerarse. Se consolida un sistema de partidos dual en nuestro Parlamento por el que un primer grupo de partidos, grandes, con amplia implantación territorial, concitan la mayoría de los apoyos electorales. Obviamente, me refiero al PSOE con CC y PP en una disputada segunda posición. Este bloque de “leones” alcanzó cincuenta y seis diputados en las pasadas elecciones (un ochenta por ciento de la cámara) y en ésta se movería, atendiendo a los datos del Sociobarómetro y con la debida prudencia, en una horquilla de entre cincuenta y cuatro y sesenta y cinco diputados. Tomando el valor medio como referencia, sesenta diputados de los setenta posibles, es decir, casi un ochenta y seis por ciento del total. Con la anterior composición del Parlamento, de sesenta diputados, los leones obtuvieron cuarenta y tres diputados en 2015, casi un setenta y dos por ciento. Se desmiente así a quienes pensaban que la tímida reforma electoral supondría el caos parlamentario.

En segundo lugar, tendríamos una serie de partidos, (los “ratones”) que se disputarían el resto de escaños, entre ocho y once según el SBC de noviembre de 2021. Hablamos de Nueva Canarias (NC), Agrupación Socialista Gomera (ASG), Podemos y Vox, que vendría a ocupar el lugar en el Parlamento de Ciudadanos. Son partidos más pequeños y con menor implantación territorial. Sus posibilidades de intervención política vienen dadas casi exclusivamente de la posibilidad de convertirse en apoyo imprescindible de alguno(s) de los leones. Sin embargo, su papel no es despreciable. En esta legislatura, los ratoncitos han conseguido enviar al ostracismo a dos leones que siguen sin levantar cabeza. Contribuyen a dar estabilidad política, al igual que hacen los nacionalismos a nivel estatal, y, como vemos en el caso de ASG, sus réditos en términos de poder político en función del voto recibido son astronómicos. En 2011 este bloque fue habitado exclusivamente por NC y sus tres diputados mientras que en 2015 llegó a alcanzar los quince diputados, principalmente por la entrada con fuerza del primer Podemos.

Nada parece alterar este orden “natural” de leones y ratones. No hay desplazamientos entre bloques. No hay ascensor de subida ni de bajada. Como en la Edad Media, uno se muere en la clase social en la que nace. Todo lo más, los ratones pueden soñar con que algún león los necesite circunstancialmente pero siempre llevando en mente que, en cualquier momento, pueden acabar en su barriga. Si por algún motivo, los leones se llegaran a entender, serán los ratones los que acaben en el ostracismo. 

Sí es más animado el escenario intrabloque: no todo el mundo puede ser cabeza de ratón y hay quien sólo vive para eso, sin mayores aspiraciones. También los hay que se tienen que conformar con ser cola de león, muy a su pesar. Y por seguir con la metáfora extendida, a riesgo de cansar a quien haya llegado a este punto del artículo, tampoco muchos ratones hacen un león. De la misma manera, el que aparezcan más ratoncitos en la jaula podría tener un efecto parecido al que tendrá la aparición de más partidos nacionalistas, regionalistas, provincialistas, municipalistas, etc. en las Cortes: a mayor oferta, mayor depreciación de la demanda. Le será muy barato al gran león de la centralidad hegemónica conseguir apoyos en geometría variable insular sin que, en ningún caso, se discuta a quién corresponde el filete, hueso incluido, dejando las migajas para los ilusos ratoncitos. Y para el canarismo pero también para Canarias, la italianización de su parlamento sería un paso atrás, un rebumbio de partidos que en buena medida la constitución de Coalición Canaria en su momento contribuyó a evitar.

 Dentro de seis meses habrá otro SBC. Unos subirán y otros bajarán pero seguirá habiendo leones y ratones sin cambio de papeles. Y Casimiro, hábil roedor, seguirá teniendo tres diputados. Aquí acaba este artículo, que las personas más sagaces habrán sabido interpretar que no va ni de leones ni de ratones, sino del elefante en la sala, que, como buen paquidermo de amplio espectro, sigue haciéndose esperar.

José Miguel Martín es coordinador de Canarismo y Democracia.

Personalmente pienso que nos movemos en una horquilla que va desde la coincidencia con las próximas elecciones andaluzas -probablemente antes del próximo verano- a la coincidencia con las elecciones autonómicas y locales el último domingo de mayo de 2023. O sea, que más allá de Pablo Iglesias e Iván Redondo, estamos ya de alguna manera en periodo preelectoral. A partir de ahí, todas las opciones posibles (también la de una hipotética “no coincidencia”) tienen ventajas e inconvenientes y serán muchos los factores de todo tipo que acabarán inclinando la balanza de costes y beneficios en un sentido u otro. O sea, un rebumbio en el que es fácil perderse. 

No sé si exagero diciendo que hasta Christine Lagarde y el Banco Central Europeo saben que va a haber adelanto electoral. Tal vez, pero es difícil rechazar tajantemente que lo que se decida en su próxima reunión del 16 de diciembre será una de las piezas más a analizar de cara a calibrar el ritmo y devenir de los acontecimientos. Una retirada de estímulos económicos en clave acelerada, o sea antes del próximo marzo, puede invitar a celebrar elecciones cuanto antes. Pasar el Rubicón de marzo tal vez aconsejaría esperar a finales de 2022, prorrogando los actuales presupuestos.

En paralelo, en clave estatal, no se puede dejar de examinar la evolución de la “Operación Yolanda Díaz” y la reconstrucción del espacio a la izquierda del PSOE, el desarrollo de la estructura “España Vaciada”, las diatribas internas del Partido Popular y sus liderazgos emergentes, el reparto del voto entre las fuerzas de la derecha recentralizadora, el margen temporal entre la llegada de los fondos de reconstrucción y el comienzo de los recortes, los resultados electorales en Andalucía y probablemente Castilla-León y País Valencià, la política de bloques y su devenir en las encuestas, la estabilidad del gobierno catalán, etc.

Agenda política

Desde el canarismo crítico y apartidista, no puedo dejar de mirar con simpatía y hasta cierta envidia cuando Águeda Micó, secretaria general de Més-Compromís, defendía en julio pasado un adelanto electoral en el País Valencià afirmando que “tenemos oportunidad de marcar agenda política propia” y que debían centrarse en sus “problemas como pueblo” y no votar en clave estatal. No digo que aquí tengamos que imitar forzosamente esa postura y reclamar un adelanto electoral pero sí echo en falta en el canarismo esa perspectiva autocentrada del valencianismo, que exige casi de manera natural construir un marco político propio.

Se recordará que en 2019, el socialista Ximo Puig hizo coincidir las elecciones valencianas con las generales con el fin de aprovechar la marea y dejar que Pedro Sánchez hiciera el resto; por otro lado, Més-Compromís no es precisamente una fuerza que esté en la marginalidad dedicada a la política de ficción. En la segunda edición del Pacto del Botánico, Més-Compromís ostenta, además de una de las vicepresidencias, cuatro consejerías: Igualdad y Políticas Inclusivas, Economía, Educación y Agricultura y Medio Ambiente. Tienen un diputado en Madrid y una nada desdeñable visibilidad a nivel estatal, derivada de, entre otros motivos, su alianza estratégica con Más País. Ambos datos son elocuentes.

En definitiva, nos movamos en el escenario corto (primavera de 2022) o en el largo (primavera de 2023), lo único que se puede afirmar con una certeza casi cartesiana es que cada día que pasa, las elecciones están más cerca. El canarismo, desde su nacimiento en la etapa moderna en 1993, no ha creado think tanks ni institutos de pensamiento estratégico, etc. que puedan apuntalar un discurso coherente y sostenido en el tiempo, para opinar con solidez al respecto de ésta y muchas otras cuestiones. Llegamos tarde a bastantes tareas, no sé si también a la constitución del Frente Amplio Canarista tan necesario para la defensa de los intereses canarios frente a Madrid, como vemos cada semana, Sin embargo, con todos nuestros límites e imperfecciones, parafraseando a Micó, no renunciemos a marcar una agenda política propia en la convicción de que es la mejor manera de centrarnos en nuestros problemas como pueblo.