La Segunda República española fue la última democracia en proclamarse en Europa después de la Gran Guerra, y la última en consumar su derrumbamiento — a fines de marzo de 1939, pocos días más tarde de la desmembración de Checoslovaquia—  antes del estallido del segundo conflicto mundial. En aquellos tiempos, el Viejo Continente no era un lugar adecuado para que prosperasen los regímenes políticos pluralistas: en 1920 había 28 regímenes democráticos en Europa, de los que solo pervivían 12 a la altura de 1938. Ninguno fue derrocado por una revolución comunista o socialista entre 1920 y 1945, pero la amenaza bolchevique, real o ficticia, fue un argumento que propició y justificó la implantación de numerosos y variados regímenes autoritarios, en tres oleadas sucesivas: a mediados de los años veinte, entre 1932 y 1934, y a partir de 1935. Este viraje hacia la dictadura se reflejó en los dieciséis golpes de Estado triunfantes protagonizados por las fuerzas de la derecha en aquellos años, frente a ninguno con éxito de los levantamientos ejecutados por parte de las organizaciones de izquierda.

Si tenemos que describir el contexto europeo de la posguerra, debiéramos hablar del desencadenamiento, a partir de 1917, de una oleada revolucionaria que en realidad fue más nacionalista que marxista, pero también de una amplia respuesta contrarrevolucionaria que se plasmó en la hegemonía del autoritarismo en el Este y el Sur del continente. La amenaza dictatorial no vino tanto de una improbable revolución comunista —propuesta por un sector del escindido movimiento obrero— como de una movilización contrarrevolucionaria, ya fuera en su acepción de régimen autoritario, corporativo y modernizador —casos de Portugal o Austria— o en una alternativa dictatorial de masas con un carácter declaradamente fascista, como los casos de Italia o Alemania. El origen y la naturaleza de este tipo de dictaduras es motivo de estudio desde hace décadas pero, desde finales del siglo pasado, los análisis comparados han dejado de centrarse en acontecimientos concretos —como la propia guerra, la posguerra, la revolución rusa, la crisis del 29 o la llegada de Hitler al poder, con ser estos importantes— para atender a cuestiones a más largo plazo, que tienen que ver con la naturaleza de las coaliciones políticas nacionales que se establecieron en los diversos países desde fines del siglo XIX, y su ulterior distorsión y reformulación a raíz de la aparición de la clase obrera como fuerza política abocada a la transformación revolucionaria del “orden burgués”. Los tipos de régimen que se fueron implantando derivaban de diferentes grados de consolidación del liberalismo y de distintos modelos de participación obrera en la política anterior a la Gran Guerra, se apoyaban en variadas alianzas de clase, adoptaban diferentes respuestas ante la crisis económica y exhibían planteamientos ideológicos y éticos muy distintos. En el caso español, la convergencia estratégica entre el obrerismo socialista y la burguesía reformista de inclinación republicana precipitó la crisis de la monarquía y el establecimiento, casi de forma sorpresiva, de una “república de trabajadores de todas clases” que, al menos en sus inicios, mostró una decidida voluntad de transformación de la realidad nacional, en un sentido claramente modernizador.

A pesar de su breve duración, la agitada trayectoria histórica de la Segunda República no se puede interpretar como un hecho excepcional dentro del tormentoso contexto político internacional de los años treinta. Por el contrario, el ‘caso’ español presenta similitudes con otras crisis de las democracias que acontecieron en la Europa de entreguerras, como fueron los casos sucesivos de Italia, Portugal, Alemania, Austria o Checoslovaquia, etc. Países con de-mocracias consolidadas en distinto grado, y con sistemas de partidos muy diferentes entre sí, vivieron desenlaces semejantes al español, aunque por otras vías, que no pasaron necesariamente por el trance de una guerra civil abierta. Hubo muchas variables de interés, entre las que se encuentran el nivel de desarrollo social y económico del área en el que el país se insertaba, el grado de consolidación de la cultura política pluralista en el juego político y en las instituciones existentes, la capacidad del régimen democrático para aportar una mejora tangible en la vida material de la mayoría de los ciudadanos, o el grado en que su actuación amenazaba los intereses de determinados grupos sociales o de presión.

Las experiencias de ciertos países en los años veinte y treinta demuestran que la crisis socioeconómica y la democracia no son factores mutuamente excluyentes. El alcance y la extensión de la crisis política, social o económica pueden ser factores importantes, pero no decisivos en la frustración de una democracia, ya que esta puede movilizar todos sus recursos para conjurar esta amenaza y evitar que degenere en una crisis de régimen. Por ejemplo, el crac de 1929 golpeó duramente a los Estados Unidos sin que su estructura política sufriera conmociones peculiarmente violentas en comparación a países europeos como la Alemania de Weimar, considerada por muchos como el paradigma de la democracia en crisis: el régimen democrático germano logró sobrevivir en los primeros años veinte a un origen considerado espurio por una buena parte de la opinión pública conservadora cautivada por la ‘Dolchtosslegende‘ —la leyenda de la puñalada por la espalda que un Ejército invicto habría recibido de manos de la revolución—, a una serie de  movimientos centrífugos en los ‘Länder‘, a la semilealtad de la ‘Reichswehr‘ y a incontables movimientos desestabilizadores de carácter revolucionario y contrarrevolucionario. Estabilizada bajo un débil consenso en el segundo lustro de la década, se derrumbó inopinadamente ante el embate conjugado de la depresión económica y el renovado auge de los extremismos políticos. Problemas de legitimidad y de radicalización políticas afectaron también a países de honda raigambre parlamentaria como Francia o Bélgica, o a jóvenes democracias como Finlandia o Checoslovaquia, pero sus sistemas políticos superaron el embate y solo se vieron alterados de forma duradera por la agresión extranjera en los prolegómenos o durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no es necesario describir las numerosas conmociones políticas —y las subsiguientes secuelas autoritarias— sufridas por países predominantemente agrarios y con sistemas oligárquicos formalmente parlamentarios como Hungría, Yugoslavia, Polonia, Bulgaria o Rumanía. O naciones que, como Italia, Grecia o Portugal, fracasaron en su intento de transformación de un sistema liberal tradicional en uno democrático de masas, y cayeron por mayor o menor tiempo en uno o varios períodos de carácter dictatorial.

El fascismo fue uno de los movimientos de masas que movilizó con mayor eficacia la contestación ideológica y política organizada en contra del sistema democrático, acusado de ineficacia en la gestión de las transformaciones de todo orden acaecidas durante la posguerra. En los años treinta, el fascismo en sus diversas manifestaciones se fue extendiendo más allá de Italia, en dirección a las frágiles democracias de Europa Central y Oriental, donde úni-camente Checoslovaquia resistió la implantación de cualquier tipo de dictadura o el desencadenamiento de una guerra civil. Fue entonces cuando el fascismo se convirtió en España —como en otros lugares— en un imperati-vo categórico para todas las fuerzas políticas, que tuvieron que situarse necesariamente a favor o en contra, apoyándolo, tolerándolo u oponiéndose a él.

La frustración de la experiencia democrática republicana en España debe enmarcarse en la crisis global del parlamentarismo demoliberal, evidenciada en sus dificultades para asimilar la efervescencia ideológica y las disfunciones políticas y sociales que trajo consigo el definitivo ingreso de las masas en la vida colectiva de las naciones a partir de la posguerra. Fue entonces cuando se planteó en toda su crudeza el enfrentamiento entre las posibles salidas sociales y políticas al impás en que estaba sumido el capitalismo: el colectivismo comunista, el populismo ultranacionalista o la profundización democrática y social del marco parlamentario liberal. Este fue el camino emprendido por el régimen republicano español, que trató de ampliar la capacidad de convocatoria de la democracia ‘burguesa’ adaptando el sistema de partidos a los requerimientos de la nueva política de masas, conciliando el reforzamiento de competencias del poder ejecutivo con el respeto a las funciones fiscalizadoras de un sistema parlamentario más eficaz y representativo, y concertando una alianza interclasista que sustituyera al tradicional bloque oligárquico que había detentado el poder durante la monarquía y que fuera capaz de conjurar cualquier amenaza autoritaria procedente de los extremos del espectro político.

También es preciso resaltar las especificidades de la experiencia democrática española, que tienen que ver con los profundos problemas y conflictos previos al período republicano, y al modo en que el nuevo régimen decidió afrontarlos. A diferencia del resto de las democracias más o menos formales que nacieron y murieron en los años de entreguerras, la República española no era el resultado directo de una derrota o de una victoria militar, aunque sí puede interpretarse como el fruto tardío de un sentimiento nacional herido tras el Desastre de 1898, y que figura en los prolegómenos de la reacción política e intelectual previa a la constitución del nuevo régimen. Algunas singularidades del ‘caso’ español pueden residir en lo tardío de la culminación de su proceso de reforma sociopolítica (al menos tres decenios desde los primeros atisbos de problemas graves en el sistema de la Restauración) y en la incapacidad del régimen republicano a la hora de dotarse de un sistema político eficaz que estableciera una nueva hegemonía social e ideológica bajo fundamentos sólidos y duraderos. Por otra parte, el punto álgido del enfrentamiento dialéctico entre reforma, revolución y reacción llegó a nuestro país con una década de retraso respecto de la gran oleada revolucionaria y contrarrevolucionaria de inicios de los años veinte, que constituyó el primer desafío para las frágiles democracias establecidas tras la Gran Guerra. Este desfase cronológico contribuyó a agudizar los efectos del conflicto en España, puesto que el cambio democrático se produjo en la etapa de crisis económica y de exacerbación de las tensiones ideológicas entre fascismo y antifascismo que alumbró la segunda hornada de dictaduras.

La gravedad del conflicto político español de la época no resulta excepcional, si lo comparamos con las conmociones revolucionarias y contrarrevolucionarias que sufrieron los estados herederos de los imperios desaparecidos con la Primera Guerra Mundial. La Segunda República sufrió niveles altos de violencia —sobre todo de violencia política organizada—, pero también lo tuvieron por períodos más o menos largos de su historia otras democracias más o menos formales, como la Italia prefascista, las primeras repúblicas austríaca y portuguesa o la República de Weimar. Y ello sin contar con el cruento y difícil reacomodo político de ‘Estados sucesores’ como la Hungría de Horthy, la Polonia tutelada por Pilsudski, la Finlandia de Mannerheim o los nuevos estados bálticos. Lo que, en un principio, hace destacable el caso español es que sufriera una crisis caracterizada por la inusitada rapidez de su profundización y desarrollo, el dramatismo de sus episodios finales (además de las profundas polarizaciones, rupturas sociales y conflictos violentos en el corto espacio de un lustro) y la peculiar resolución dada a la misma: una cruenta y larga guerra civil librada por medios convencionales entre dos bandos antagónicos apoyados por potencias extranjeras, e inmersa de lleno en un contexto internacional previo abocado al conflicto armado. Sin embargo, la interpretación de la “crisis española de los años treinta” como un episodio más de la confrontación global entre fascismo, comunismo y democracia no explica de forma satisfactoria el conjunto de factores domésticos (conflictos en torno a la propiedad, el trabajo o símbolos de orden nacional y religioso; dudosa lealtad de algunas instituciones del Estado; radicalización de los extremos políticos; inestabilidad de los gobiernos…) que comprometieron la viabilidad del régimen republicano. La crisis de la Segunda República consistió básicamente en una sucesión de problemas irresueltos de orden interior, donde el ambiente internacional no ejerció un influjo directo ni decisivo, sino que actuó como un reflejo que catalizó polémicamente las tensiones preexistentes, anejas al proceso reformista y rectificador en el que se empeñó sucesivamente el régimen nacido el 14 de abril de 1931. La implicación extranjera pudo ser decisiva durante la Guerra Civil, pero resultó insignificante durante el período anterior. Lo cierto es que, entre 1934 y 1941 —y en ello hay un punto de honor que a menudo se olvida—, ningún régimen político europeo, ni democrático ni autoritario, resistió de manera tan decidida y prolongada la agresión de las potencias fascistas y sus aliados domésticos como la Segunda República española.

CRONOLOGÍA

1931

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1933

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1935

1936