Estos días hemos tenido la posibilidad de acceder, por fin, al informe de cobertura del sistema eléctrico de Canarias para el periodo 2024-2028. Un documento técnico, sí, pero que en el fondo nos habla de algo profundamente político y humano: la seguridad de nuestro suministro eléctrico, y con ella, nuestra forma de vida.

El diagnóstico es tan claro como preocupante: si no se instala nueva generación térmica de forma urgente, el sistema eléctrico canario no podrá cubrir la demanda en los próximos años con garantías. Así lo afirma Red Eléctrica de España, que calcula cuánto hay que reforzar en cada isla para evitar apagones y mantener la estabilidad del sistema. El problema es que, una vez más, la única solución que se nos ofrece es mirar hacia atrás.

Porque el planteamiento del informe, aunque preciso desde el punto de vista normativo, parte de una lógica antigua: añadir más grupos térmicos, los de siempre, para mantener todo como está. Apenas se menciona la gestión de la demanda, el autoconsumo, los vehículos eléctricos, los bombeos reversibles o las baterías. Se reconoce que la energía solar y eólica crecerán, pero también se advierte de que podrían ser un problema por su variabilidad.

¿Y si dejáramos de ver la variabilidad como una amenaza y empezáramos a tratarla como una oportunidad? ¿Y si por fin empezamos a diseñar un sistema más moderno, más distribuido, más resiliente?

En este sentido, el informe no está a la altura del momento histórico que vivimos. Nos enfrentamos a una emergencia climática que exige decisiones valientes. Y sin embargo, lo que se nos propone es seguir ampliando el mismo tipo de generación que nos ha traído hasta aquí. Como si con cada grupo térmico nuevo se pudiese alargar indefinidamente un modelo energético que ya no da más de sí.

Esto no va solo de cifras y megavatios. Va de entender que Canarias puede y debe ser un referente internacional en sostenibilidad energética. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos tecnología, y sobre todo, tenemos urgencia y motivación para hacer las cosas de otra manera.

El informe señala que ya en 2024 comenzarán los problemas. Pero esa urgencia no puede ser la excusa para no cambiar nada. Al contrario, es la oportunidad perfecta para hacer las cosas bien. Para repensar el sistema con audacia, con sentido común y con el foco puesto en el largo plazo.

No basta con cubrir la demanda. Hay que hacerlo sin hipotecar el futuro. No podemos seguir respondiendo a los desafíos del presente con recetas del pasado. Necesitamos una planificación que ponga por delante la flexibilidad, el almacenamiento, la inteligencia de red y la adaptación de la demanda. Una estrategia que mire a 2040, no a 1990.

Estamos a tiempo. Pero solo si dejamos de parchear y empezamos a transformar. Porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?

No nos engañemos: infraestructuras y anuncios no bastan. Es imprescindible multiplicar el ritmo de implantación de energías renovables muy por encima del actual. En esa tarea nos encontrarán, junto a otros compañeros del ecologismo y de la política, perseverando —aunque no siempre seamos comprendidos— en la convicción de que esta es la senda correcta

La mayoría de las veces lo que sucede no conviene, pero hay ocasiones en que los acontecimientos, de manera virtuosa, terminan encadenándose con una coherencia inesperada, como si discretamente se orientaran hacia un desenlace favorable. 

Aunque todavía no contamos con la certificación oficial del Boletín Oficial del Estado —que, por cierto, se está haciendo esperar más de lo razonable—, la noticia se ha extendido ya por los medios: Endesa renuncia a ser titular de los futuros grupos térmicos en buena parte del archipiélago; dicho con formalidad, retira su candidatura en el proceso de concurrencia competitiva en gran parte de las islas.

No es ningún secreto que hemos recibido la noticia con satisfacción. Ya no se nos atemoriza con la interrupción del suministro. Sorprende, en cambio, el súbito cambio de registro de algunos responsables políticos. Tras dos años de advertencias sombrías, en las que se nos anunciaba poco menos que una hecatombe en forma de apagón inevitable si no se renovaban los grupos térmicos, asistimos ahora a una reacción mesurada. Incluso se desliza que los grupos actuales podrían operar más allá de los 25 años fijados en el Real Decreto 737/2015. No está mal que las certezas de ayer se conviertan hoy en matices.

Lo que ha seguido es, si cabe, más relevante: el anuncio por parte del consejero de medidas que parecían dormir en el cajón de los proyectos postergados y que, por fin, ven la luz. Da la impresión de que la agenda verde comienza a alzar el vuelo frente a la inercia fósil que hasta ahora marcaba el paso.

Entre esas medidas destaca el inicio de la tramitación de la central de bombeo reversible de Güímar, en Tenerife, así como los primeros pasos de otro bombeo en La Palma, previsiblemente en la zona de la Laguna de Barlovento. Es exactamente lo que deseábamos escuchar. La experiencia de Gorona del Viento y el intenso debate suscitado por Salto de Chira nos enseñan que no son proyectos sencillos. Pero también que constituyen herramientas decisivas para que la transición energética deje de ser una declaración retórica y se convierta en realidad material.

Que la sociedad canaria decida adentrarse sin ambages en este camino envía una señal inequívoca a quienes aún contemplan el horizonte fósil como un negocio duradero: sus beneficios serán necesariamente transitorios. Y eso, lejos de ser una amenaza, es una magnífica noticia.

A ello se suma la expectativa de una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para abordar la retribución del almacenamiento en baterías grid-forming, pieza clave para estabilizar el sistema eléctrico y reducir aún más la dependencia de la potencia térmica rodante.

Si añadimos la próxima interconexión Tenerife–La Gomera y la futura conexión entre Gran Canaria y Fuerteventura, el panorama empieza a dibujar condiciones propicias para acelerar la instalación de renovables y avanzar con decisión en la descarbonización del archipiélago.

Pero no nos engañemos: infraestructuras y anuncios no bastan. Es imprescindible multiplicar el ritmo de implantación de energías renovables muy por encima del actual. En esa tarea nos encontrarán, junto a otros compañeros del ecologismo y de la política, perseverando —aunque no siempre seamos comprendidos— en la convicción de que esta es la senda correcta.

Tal vez estemos ante un punto de inflexión. Y, esta vez, puede que lo que sucede realmente convenga.

Estamos conociendo datos sensibles y de gran trascendencia social no por vías institucionales, sino a través de filtraciones o declaraciones indirectas

¿Cuántos grupos térmicos se crearán en cada isla, con qué combustible se alimentarán, cuál será su ubicación?; ¿se va a desmantelar la central de Las Salinas en Fuerteventura, y Candelaria en Tenerife? ¿Se va a reforzar, sin embargo, la central de Jinámar? ¿Qué peso tienen las restricciones urbanísticas en cada lugar? No son detalles menores.  

Durante la última semana, la ciudadanía canaria ha visto cómo los principales periódicos de las islas publicaban información fragmentada e incompleta de la adjudicación a las empresas seleccionadas en el proceso de concurrencia competitiva para la instalación de grupos térmicos alimentados de combustibles fósiles, todo ello acompañado de la opinión del Gobierno canario. Es un tema de enorme trascendencia, no sólo por saber qué territorios y núcleos de población van a ser los damnificados por estas instalaciones contaminantes, sino también por una cuestión que nos alarma a muchos: que mientras avanza el cambio climático, Canarias no encuentre otro camino que el de reforzar sus equipos térmicos alimentados por combustibles fósiles. Persisten múltiples interrogantes sin respuesta oficial.

Se puede justificar que, al ser el proceso de concurrencia competitiva un procedimiento administrativo, conlleva una serie de pasos reglados con limitaciones informativas, y que ahora toca las alegaciones de las empresas adjudicatarias, y son las ellas las que deben disponer de la información que les afecta directamente. Vale que la prensa haya obtenido estas informaciones y las airee, es su papel; vale que el Gobierno canario tenga su opinión al respecto y la filtre. Pero, y la opinión pública, ¿en qué papel queda? Es como si de repente desaparecieran los derechos de información para la mayoría y los poderes fácticos, empresas, Gobierno y prensa se adueñaran de un proceso que nos atañe a todos, y la ciudadanía se ve relegada a espectador de un proceso decisivo para el presente y el futuro del archipiélago. 

Estamos conociendo datos sensibles y de gran trascendencia social no por vías institucionales, sino a través de filtraciones o declaraciones indirectas. Esta situación revela un problema de fondo: falta de transparencia en un asunto que marcará la vida de las islas durante décadas. Un grupo térmico no es una infraestructura inocua ni comparable a un simple emplazamiento industrial: implica emisiones, impacto acústico, efecto sobre la salud de las comunidades cercanas y condiciona la planificación territorial. Por ello, la ubicación exacta, su concentración por islas, su proximidad a áreas pobladas o su integración en centrales existentes son factores decisivos que la ciudadanía tiene derecho a conocer. 

La falta de información, en este caso, se suma a un proceso tardío y con muchas dudas sobre su idoneidad, que muchos pensamos que nunca debió empezarse, por ser un torpedo en la línea de flotación de la transición energética canaria.  

Así, la información que llega no incluye la explicación de cómo estos grupos van a compatibilizarse con el avance imprescindible de las renovables, mucho nos tememos que el Gobierno canario está improvisando sobre esta cuestión ¿Se está considerando la entrada en funcionamiento de Salto de Chira para ajustar el número de nuevos grupos previstos en Gran Canaria? ¿El Gobierno canario ha tirado la toalla sobre la posibilidad de nuevas centrales de bombeo?¿Cómo se pretende compatibilizar estos grupos con las decenas de baterías stand alone previstas instalar en las islas? ¿Resolverán estos grupos el problema actual de un 16% de los vertidos de renovables? Cada una de estas cuestiones tiene profundas implicaciones ambientales, sociales y económicas. 

La transición ecológica que necesita Canarias no puede construirse sobre decisiones opacas ni sobre una narrativa donde la sociedad aparece ante hechos consumados. La planificación energética es una cuestión estructural: determina la calidad de vida, el tipo de desarrollo económico, el uso del territorio, la salud pública y la orientación real del cambio de modelo. 

Por ello, exigimos que se haga público el contenido completo de esta fase de adjudicación del proceso de concurrencia competitiva. Esta asimetría informativa no sólo es injusta: contradice los principios de participación y transparencia que deberían guiar cualquier política energética moderna. 

Si queremos una transición ecológica socialmente legitimada, el primer paso es simple y urgente: transparencia. La opinión pública canaria merece conocer con exactitud qué se está decidiendo en su nombre.

Esta semana, el Boletín Oficial del Estado ha hecho oficial lo que muchos temíamos en silencio: los puertos de interés general de Canarias quedan exentos, de forma temporal, del cumplimiento del reglamento europeo que obliga a reducir las emisiones contaminantes en el transporte marítimo. Una decisión que, aunque legalmente encuadrada en el concepto de región ultraperiférica, nos coloca, una vez más, en los márgenes de la ambición climática europea.

Los barcos de más de 5.000 toneladas que lleguen a nuestros puertos seguirán funcionando con motores fósiles incluso estando atracados, mientras en otros lugares de Europa, de norte a sur, de este a oeste, ya se les exige conectarse a la red eléctrica del puerto o emplear tecnologías de emisión cero. Aquí, en nuestras costas, seguirá escuchándose el murmullo constante y tóxico de los generadores quemando fuelóleo.

Y la pregunta que flota en el aire, como el humo de esos motores, es simple y amarga: ¿por qué?

Entendemos, por supuesto, las particularidades logísticas y económicas que supone operar en un territorio fragmentado, insular y alejado del continente. Pero no debemos confundir “excepcionalidad” con “excusa”. Canarias no puede permitirse quedarse rezagada en la lucha contra el cambio climático. No por razones ideológicas, sino por pura supervivencia.

El cambio climático no es un futuro hipotético para este archipiélago. Es una realidad diaria. Lo vemos en los incendios forestales más agresivos, en las sequías más prolongadas, en el estrés hídrico que se acentúa, en el calentamiento de nuestras aguas marinas que altera los ecosistemas de manera irreversible. Necesitamos actuar con más determinación, no con menos.

Una de las medidas más eficaces para reducir la huella ambiental de los puertos es el llamado cold ironing: permitir que los buques apaguen sus motores y se conecten a la red eléctrica terrestre. Esto no solo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la contaminación acústica y atmosférica en las ciudades portuarias. Imaginemos un puerto sin el zumbido constante del diésel, sin el olor acre del combustible, con un aire más limpio para respirar. Eso no es un lujo europeo, es una necesidad canaria.

Sin embargo, al quedar exentos de esta obligación, ¿qué incentivo tienen ahora nuestras autoridades portuarias para avanzar en la electrificación? ¿Quién invertirá en las infraestructuras necesarias si no hay una exigencia legal que lo respalde?

Algunos defenderán esta exención como una medida prudente, que protege la competitividad de nuestros puertos frente a sobrecostes que podrían derivarse de la transición. Pero debemos rechazar ese falso dilema. La transición ecológica no es un coste: es una inversión. Cada euro que se destina hoy a reducir emisiones es un euro que mañana no gastaremos en mitigar desastres, en tratar enfermedades respiratorias, en recuperar ecosistemas destruidos.

Además, el liderazgo ambiental también atrae inversión, talento y turismo de calidad. Ser un referente en sostenibilidad portuaria no es una carga: es una bandera que deberíamos querer ondear con orgullo.

La exención es, por ahora, temporal. Pero la experiencia nos dice que muchas medidas “temporales” se vuelven estructurales por inercia. Y eso es precisamente lo que no nos podemos permitir. El tiempo corre en nuestra contra. Cada año que retrasamos la descarbonización de nuestras infraestructuras es un año en que hipotecamos el bienestar de las generaciones futuras.

No podemos permitir que los motores sigan rugiendo por simple comodidad institucional o por temor a incomodar a los grandes operadores marítimos. No es justo. No es responsable. No es digno de un territorio que aspira a ser vanguardia en energías limpias.

Ojalá esta decisión no sea el fin del camino, sino apenas un desvío. Ojalá las administraciones públicas de Canarias, sus autoridades portuarias y su ciudadanía sepan ver más allá del BOE, y comprendan que el verdadero futuro, el que merecen nuestras islas, se construye con valentía, con visión y con respeto profundo por la Tierra que habitamos.

Porque el verdadero progreso no hace ruido. Es silencioso como un barco atracado que respira electricidad limpia. Y ese silencio, amigos, es el que deberíamos estar escuchando ya.

Este discurso de reducción de compras de gas natural no es coherente ni con su estrategia en Península ni mucho menos con la que pretende desarrollar en Canarias vistas sus ofertas al proceso de concurrencia competitiva. La filial de la empresa pública italiana Enel en España sabe perfectamente que la dependencia del gas natural como combustible que asegure el suministro eléctrico en Península va a aumentar como consecuencia del cierre nuclear. Y, con el mal planteado proceso de concurrencia competitiva en los Territorios No Peninsulares (TNP), también.

La eléctrica nos vende la idea de que está en plena transición ecológica, que su amor por el gas es cada vez menor y que la electricidad verde será la gran protagonista del futuro. Pero, mientras tanto, sigue defendiendo la entrada del gas natural licuado (GNL) en Canarias, ese territorio que podría ser un paraíso de las renovables pero que, gracias a estrategias como la suya y con el ya famoso proceso de concurrencia competitiva, sigue atado a combustibles fósiles. Parece que el discurso de la descarbonización avanza más rápido que los hechos.

El problema es que dejar el gas no es tan fácil cuando se han firmado contratos con cláusulas “take or pay”, lo que en términos coloquiales significa “o compras o pagas igual”. Endesa está atrapada en su propia estrategia: si la demanda de gas cae antes de lo previsto, tendrán que seguir pagando por un combustible que ya nadie quiere. Pero claro, para evitar este ridículo financiero, no hay nada mejor que intentar mantener el negocio a flote el máximo tiempo posible. ¿Y qué mejor lugar para ello que Canarias con su remuneración adicional que le aporta emolumentos extra?

La historia de la introducción del gas en Canarias es el ejemplo perfecto de cómo disfrazar el retraso de la transición energética con discursos llenos de eufemismos. En lugar de apostar de forma contundente por la energía solar, eólica y el almacenamiento, Endesa insiste en que el gas es “necesario” para garantizar la estabilidad del sistema. No mencionan, por supuesto, que instalar infraestructura gasista en las islas significa atarse durante décadas a un combustible que inevitablemente encarecerá los costes y retrasará la llegada de un modelo 100% renovable.

Pero si el panorama ya era preocupante, la dependencia del gas añade dos factores de riesgo aún mayores: uno, la incertidumbre geopolítica; dos, un potencial incremento muy significativo de los precios. Los contratos de Endesa están vinculados a proveedores en regiones con inestabilidad política, conflictos y cambios estratégicos impredecibles. Argelia, Nigeria, Qatar y Estados Unidos no son precisamente sinónimos de estabilidad en el suministro. Desde tensiones diplomáticas hasta conflictos abiertos, la continuidad del gas está sujeta a factores externos que pueden disparar los precios o incluso cortar el suministro de un día para otro.

En un mundo donde los conflictos energéticos han pasado de ser problemas lejanos a crisis globales, la apuesta de Endesa por seguir dependiendo del gas es poco menos que una ruleta rusa. Ya lo hemos visto con las tensiones entre Europa y Rusia, que provocaron un aumento sin precedentes en los precios del gas, afectando directamente a los consumidores. ¿De verdad queremos seguir jugando a este peligroso juego cuando tenemos el sol y el viento a nuestro favor? Más aún: ¿cuál es el coste de desviar inversiones desde las renovables hacia las infraestructuras y la potencia instalada de gas?

Pero no se preocupen, que para 2040 habrán roto del todo con el gas. O al menos eso dicen. Hasta entonces, seguirán exprimiendo al máximo esta relación, intentando convencernos de que el gas es solo un mal necesario y que su compromiso con las energías limpias es incuestionable. Y mientras tanto, Canarias y otros territorios seguirán pagando las consecuencias de una transición que se vende como ejemplar pero que, en la práctica, sigue anclada en el pasado.

A este ritmo, cuando Endesa finalmente decida “romper” con el gas, el resto del mundo ya habrá pasado página hace mucho tiempo. Estaremos a merced de fondos soberanos que descuentan que Europa (y, entre los diferentes países, España) incrementará su dependencia de los combustibles fósiles. Solo queda esperar que, para entonces, la sociedad no haya caído en la trampa de otra historia de amor tóxica con un nuevo combustible “de transición”.

No es de recibo que en los medios de comunicación se venda que existe una isla en Dinamarca que ha conseguido la descarbonización a base de aerogeneradores terrestres y marinos y placas fotovoltaicas, por muy participativo que sea el sistema, y se obvie la parte más importante de todas, que esta isla está conectada eléctricamente con el continente. Está muy bien que la isla, la mayor parte del tiempo tenga excedente y utilice esta conexión para evacuarlo, pero lo que se omite es que la gestionabilidad necesaria, así como la necesaria inercia y corrientes de cortocircuito del sistema las proporciona la red continental. En otras palabras, si desconectamos el cable con el continente el sistema no podría funcionar, así de crudo, así de sencillo.

Si las informaciones publicadas fueran ciertas, a lo largo de 2025 podríamos escribir un artículo similar para la isla de La Gomera, dado que con el enlace submarino que va a tener con la isla de Tenerife y los 12 MW que ya tiene instalados de eólica terrestre y que están por encima de la punta necesaria de la isla, le va a permitir en muchas ocasiones, evacuar excedentes hacia Tenerife, con lo cual y siguiendo los cánones de los periodistas que han escrito sobre la isla danesa, tendríamos una isla autosuficiente en buena parte del tiempo.

La cuestión es que los 12 MW ya están perfectamente operativos, pero sin embargo la realidad actual hace que La Gomera no los pueda aprovechar por una sencilla razón, que es la necesaria gestionabilidad que no proporcionarían esos 12 MW conectados a la red. En cambio, cuando esté conectada a Tenerife todo cambia absolutamente.

Pues exactamente lo mismo ocurre con Samsø: si quitamos el enlace con Dinamarca, el sistema se torna insostenible.

Por lo tanto, está bien estudiar el sistema participativo de los daneses, está bien analizar sus no inhibiciones para colocar energía eólica terrestre, también su no inhibición para instalar energía eólica marina, tan denostada en Canarias, pero poco más se puede aprovechar, porque lamentablemente La Palma no está conectada eléctricamente con un sistema mayor, ni se espera que lo esté ni a corto ni a medio plazo.

Nos consta la buena voluntad de las instituciones palmeras, así como de sus movimientos sociales en pos de la búsqueda de una solución para su descarbonización, pero modestamente, desde nuestro punto de vista, se miran en los espejos equivocados.

Todo sistema eléctrico y, sobre todo, si es aislado como es el caso de La Palma, debe de cumplir tres requisitos fundamentales:

Lamentablemente, con un sistema basado únicamente en eólica, fotovoltaica y baterías solo podríamos intentar cumplir, y no adecuadamente, el primer requisito. Los otros dos se quedarían sin cumplir porque no se tendrían los medios para ello.

Por lo tanto, a la Palma solo le quedan dos opciones:

Con la segunda opción se consigue tener un sistema eléctrico 100% renovable, con los excedentes necesarios para fabricar el hidrógeno verde a partir del cual se puede generar el combustible necesario para la movilidad, tanto terrestre como marítima y aérea.

Entendemos que la decisión pueda ser complicada, pero el problema es que ya no hay tiempo. Ya hemos alcanzado el grado y medio de aumento de la temperatura, por lo que ya estamos tardando en disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y lo tenemos que hacer absolutamente en todos los territorios, por muy pequeños que nos sintamos y por poco peso que pensamos que tenemos en los azares del planeta.

Vaya por delante que este proceso de concurrencia competitivo no es, en absoluto, un proceso para permitir o no permitir la instalación de grupos, es simplemente lo que el texto anterior indica, es decir, que aquellos proyectos que sean elegidos podrán disfrutar, durante su vida útil, de una retribución económica muy por encima de la que obtendría en condiciones normales de venta de energía. Esto es así porque el legislador ha entendido que generar electricidad en los territorios extrapeninsulares, entre ellos Canarias, es excesivamente costoso y, por tanto, debería tener una financiación especial, que es sufragada en un 50% por el sistema eléctrico y en otro 50% con cargo a los presupuestos del Estado. Esta sobreremuneración supone un sobrecosto del sistema eléctrico canario que suele estar de media sobre los 1.000 millones de euros al año y que se sufraga de la manera indicada entre todos los españoles. Si los canarios tuviéramos que pagar este sobrecosto, nuestras facturas se encarecerían entre un 300 y un 400% de lo que pagamos ahora.

Por tanto, sin esta remuneración extra, la central de Totisa deja de tener uno de sus principales acicates financieros que la empresa consideraba y aunque aún existe la posibilidad de que continue con su proyecto, la posibilidad de que esto ocurra ha bajado muchos enteros.

Evidentemente, para todos aquellos que nos opusimos desde el primer momento a este proyecto, hemos recibido con mucha satisfacción esta exclusión y todo lo que ella significa, pero no deja de sorprendernos que el motivo haya sido simplemente no haber depositado el aval adecuado en tiempo y forma, dado que en el listado provisional de admitidos y excluidos ya se indicaba este extremo y se le había dado un plazo razonable para subsanarlo.

Ahora la empresa ha comunicado que reclamará esta decisión por los causes oportunos, pero ya el proyecto ha quedado gravemente tocado.

Con todo lo expresado pareciera que el muelle de Las Palmas queda libre de tener en su seno una central contaminadora, amparándose en una normativa europea que ya ha sido modificada y que al parecer la autoridad portuaria no lo quiere reconocer. Nada más lejos de la realidad dado que en el listado mencionado aparece un nuevo jugador sobre el tablero y que no es otro que la empresa Sampol Ingeniería y Obras S.A. que aparece  incluida en el listado de aceptados al proceso, con dos proyectos denominados “Proyecto GC-Muelle Grande 1 y 2” en Gran Canaria y otros dos en Tenerife denominados “Proyecto TF-Dique del Este 1 y 2”, además de 7 proyectos más en el muelle de Granadilla.

Este nuevo actor exhibe un músculo financiero mucho más potente que el de Totisa dado que tiene aceptado en los admitidos un total de 11 proyectos en Tenerife, dos en Gran Canaria y seis en Fuerteventura, aparte de los presentados y admitidos en Baleares.

Es verdad que desconocemos las características de los proyectos de los 19 grupos de Sampol mencionados, pero dada la idiosincrasia del proceso mucho nos tememos que también serán grupos térmicos con un alto poder contaminador, por lo que habrá que estar muy atentos a la tramitación de estos proyectos, si al final se les concede la retribución adicional.

Pero vayamos por partes. En lo referente al apoyo eléctrico desde tierra a los buques atracados, aparece el artículo 9, del citado reglamento 2023/1804, que en su punto 1 recoge el siguiente literal: “Los Estados miembros velarán por que en los puertos marítimos de la RTE-T (Red Transeuropea de Transporte) haya un suministro mínimo de electricidad en puerto para los buques portacontenedores de navegación marítima y los buques de pasaje de navegación marítima”. 

Este texto, que en principio podría parecer que nos obliga a esta cuestión, es corregido inmediatamente en el mismo artículo, en el punto 3, con la siguiente declaración: “Cuando el puerto marítimo de la red básica de la RTE-T o de la red global de la RTE-T esté situado en una isla, o en una de las regiones ultraperiféricas a que se refiere el artículo 349 del TFUE o en el territorio de Ceuta y Melilla, sin conexión directa a la red eléctrica del continente o, en el caso de una región ultraperiférica o de Ceuta y Melilla, a la red eléctrica de un país vecino, no se aplicará el apartado 1 del presente artículo hasta que se haya completado dicha conexión o hasta que exista suficiente capacidad eléctrica generada localmente a partir de fuentes de energía no fósiles para satisfacer las necesidades de la isla, de la región ultraperiférica o de Ceuta y Melilla, según corresponda”.

De lo expuesto, nos interesa recalcar especialmente lo siguiente: “…hasta que exista suficiente capacidad eléctrica generada localmente a partir de fuentes de energía no fósiles para satisfacer las necesidades de la isla…”. Es decir, el legislador exime del cumplimiento del imperativo del punto 1, cuando no se pueda cumplir con generación no fósil, es más, lo que viene a decir es que no vale cualquier método de generación eléctrica para dotar a los muelles de potencia eléctrica para el fin mencionado y mucho menos con métodos fósiles, como sería la central eléctrica de TOTISA alimentada por gas natural. Por tanto, Europa, a día de hoy, no solo no sirve de excusa para la central eléctrica, sino que es todo un argumento contrario a la implantación de la misma.

La otra derivada argumental a favor de TOTISA es la necesidad de implementar el suministro de GNL a los buques en un tiempo estipulado. A este respecto el legislador en el nuevo reglamento expone en el artículo 11 lo siguiente: “Objetivos de suministro de metano licuado en puertos marítimos:

Hacemos la observación, importantísima, de que se habla de “METANO LICUADO”, que según la definición que viene en el mismo reglamento sería: “metano licuado: GNL, biogás licuado o metano licuado sintético, incluidas las mezclas de dichos combustibles”. En otras palabras, el GNL deja de tener entidad propia para Europa en tanto combustible para barcos, pasándose a una nueva definición con el término METANO LICUADO que engloba a todos los combustibles mencionados. Esto tiene su razón de ser, como también recoge el mismo reglamento dado que: “Es probable que el metano licuado siga desempeñando un papel importante en el transporte marítimo, donde actualmente no hay ninguna tecnología económicamente viable de propulsión de emisión cero. Sin embargo, el metano licuado de fuentes fósiles debe eliminarse gradualmente en el transporte marítimo lo antes posible y sustituirse por alternativas más sostenibles. La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente señala que los buques de navegación marítima de emisión cero estarán listos para su comercialización de aquí a 2030 y ya hay en marcha proyectos para estos buques”.

En otras palabras, Europa ya considera al GNL como combustible a extinguir “LO ANTES POSIBLE”, por lo que carece de todo sentido dedicarnos a construir instalaciones nuevas que tengan su base en este combustible fósil.

Con todo lo comentado y con la nueva reglamentación en la mano las instalaciones de TOTISA no solo dejan de tener argumentación a favor desde Europa, sino que son las mismas instancias europeas las que plantean lo inapropiado de estas construcciones, alentando, como no podía ser de otra manera, a los estados miembros, para que transiten hacia una economía descarbonizada y libre de emisiones lo antes posible, sin dejar a nadie atrás y sin que estas pretensiones, puedan servir para ser utilizadas como coartada de otros fines más allá del bien común y el de nuestro planeta.

Queremos pensar que este tipo de declaraciones vienen más motivadas por un asesoramiento técnico muy deficiente, que, por un intento de manipular la opinión pública para defender un proyecto, como el de TOTISA que, a todas luces, es nefasto para la ciudad y lo que es peor, es completamente innecesario. Las declaraciones son desafortunadas por los siguientes motivos:

El proyecto de TOTISA es una sinrazón a todas luces, ya no solo por problemas sanitarios, que también, ya no solo por problemas de contaminación, que también, ya no solo por intereses económicos de una empresa privada que solo busca el beneficio propio, que también, sino porque es ineficiente desde el punto de vista técnico, porque crea una dependencia parasitaria de un elemento estratégico como es el puerto y porque no da una solución plausible a las necesidades de los habitante de Las Palmas ni de la isla en general.

Efectivamente, la principal causa del calentamiento global es la emisión de ingentes cantidades de gases de efecto invernadero que la sociedad humana no deja de lanzar a la atmosfera, lo que hace que este efecto invernadero se recrudezca y por tanto aumente la temperatura del planeta. Esta ingente cantidad de gases emitidos proceden de todos los sectores productivos, pero es el de los procesos energéticos el que tiene un calado mayor. Según el Anuario Energético de Canarias del 2022 las emisiones en nuestra comunidad en ese año ascendieron a 12.698.000 toneladas de CO2 equivalentes  de las cuales 6.147.000 toneladas corresponden al transporte y 4.572.000 toneladas a las centrales térmicas. En otras palabras, si hacemos un transporte sostenible y unas centrales renovables, dejaríamos las emisiones del archipiélago en apenas 1.979.000 toneladas, es decir, a tan solo un 15% de las emisiones actuales.

¿Tenemos la tecnología para hacerlo? La tenemos. Una penetración masiva de renovables, apoyada por una distribución adecuada de bombeos reversibles, nos daría las centrales de producción eléctrica libre de emisiones. Apoyándonos en esas centrales renovables, electrificando la mayor parte de los sectores y apoyándonos en una economía energética del hidrógeno verde, con todos sus derivados, tendríamos, también, un transporte cero emisiones.

¿Saldría mucho más caro el nuevo modelo? En absoluto. Pasada la inversión inicial el nuevo modelo saldría mucho más barato, dado que se prescinde de cualquier tipo de combustible, que es donde se va la mayor parte del gasto del sistema actual. Además, nuestra independencia energética se vería potenciada, al no depender de los vaivenes geoestratégicos que se dan a nivel mundial, produciendo estabilidad económica e ingentes beneficios de valor añadido, al tener minisistemas energéticos aislados y renovables, que pueden ser fuente de estudio y referencia a nivel internacional.

¿Tenemos algún estudio serio realizado de cómo podría ser el proceso de implantación? Lo tenemos. Como paso previo para elaborar el PTECAN, el Instituto Tecnológico de Canarias, llevó a cabo un estudio pormenorizado por islas, que se plasmó en ocho documentos denominados: Estrategia de Apoyo al PTECan y que consisten en los siguientes:

- Estrategia para el autoconsumo fotovoltaico en Canarias.

- Estrategia de almacenamiento energético en Canarias.

- Estrategia del vehículo eléctrico en Canarias.

- Estrategia de la generación gestionable de Canarias.

- Estrategia de la geotermia de Canarias.

- Estrategia de las energías renovables marinas de Canarias.

- Estrategia del hidrógeno verde de Canarias.

- Estrategia para la gestión de demanda y redes inteligentes de Canarias.

Este estudio incluye un cronograma hasta el 2040 que debería ser actualizado porque comienza en 2022, pero que es totalmente válido.

¿Qué impide ejecutarlo?  Simplemente la falta de voluntad política. La visión miope que tienen los políticos de no ver más allá de una legislatura y la falta de concienciación de la sociedad del momento crítico en el que nos encontramos y en el que no podemos estar con paños calientes, pensando en cuestiones colaterales que nada tienen que ver con la resolución del problema.

Los tiempos en los que podíamos entablar eternos debates sobre cuestiones como el paisaje, la democratización energética, el decrecimiento y otras, ya han pasado. Posiblemente en el futuro se puedan retomar, pero es que la emergencia vital de nuestra supervivencia como especie es de tal envergadura, que solo podemos tener en nuestro punto de vista, disminuir las emisiones de una manera inmediata y por el método más eficaz que tengamos a nuestro alcance, siempre con la vista puesta en la salvaguarda de la integridad física de las personas.

De un lado teníamos a la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, que, con la información aportada por la empresa, concluye que es una actividad carente de efectos adversos significativos y por lo tanto se puede acoger a un procedimiento de estudio de impacto ambiental SIMPLIFICADO y no a uno ordinario como es preceptivo en estos casos.

De otro tenemos a la Dirección General de Salud Pública que, ante un requerimiento el 20 de julio de 2022 en el que se le pide la emisión de un informe sanitario del proyecto, responde el 16 de agosto de 2022 con un informe desfavorable, estimándose la necesidad de una evaluación ambiental ORDINARIA. El informe es de una contundencia tal que se pueden leer enunciados como el siguiente: “La calidad del aire, junto al riesgo de accidente, incendio y explosión, por sus consecuencias catastróficas, son los de mayor peso para la salud pública por la proximidad de la población”.

No contenta con la respuesta de Sanidad, la Viceconsejería mencionada vuelve a la carga con formas que denigran la lealtad institucional, recibiendo una respuesta más contundente si cabe en los siguientes términos: “En consecuencia, ante la ausencia de alegaciones fundamentadas técnicamente por el promotor sobre el contenido del informe sanitario emitido el pasado 16/08/2022, la Dirección General de Salud Pública en el plazo de (5) días requerido, se ratifica en el contenido del mismo, e informa motivadamente, que el referido proyecto en la ubicación propuesta, supondrá un impacto local permanente para la ciudad con efectos negativos para la salud de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Evidentemente antes estos razonamientos y otras cuestiones posteriores, todo parecía indicar que el proyecto referido pasaría a dormir el sueño de los justos, porque a todas luces una instalación de tal calibre no se sostiene en un enclave tan cercano a un núcleo tan poblado como es el de la capital de Gran Canaria.

Pero he aquí que el “sentido común” no suele ser el más “común de los sentidos” cuando hay intereses empresariales y económicos de por medio, porque según parece, el proyecto de TOTISA vuelve a estar en el candelero, auspiciado por la misma administración, a pesar de haber cambiado el signo político y los titulares protagonistas, volviéndose la tramitación a solicitar los oportunos informes de las administraciones afectadas.

No cabe duda de que hay que reconocerle a la empresa protagonista grandes dosis de perseverancia, de influencia política, independientemente del signo de la misma y una gran visión estratégica, al comenzar a tramitar su proyecto AÑOS antes de que salieran la Emergencia Energética y el Proyecto de Concurrencia Competitiva para dotar de grupos térmicos las centrales de Canarias.

Naturalmente el problema no es de esta empresa, el problema está en una clase política que cuando está en el poder transforma drásticamente sus objetivos y, en vez de pensar en la salud y el bienestar de sus conciudadanos, apuestan por proyectos perniciosos, contaminantes, altamente peligrosos y sobradamente contrarios a los intereses de aquellos que les han votado.

Comenzando por lo último, el cero de La Gomera que, según él mismo indica, se prolongó durante 72 horas, no fue debido a las causas que este señor expone. 

En primer lugar, la salida de un cero en una isla como la Gomera se puede realizar en tres o cuatro horas como máximo, siempre y cuando haya grupos que se puedan arrancar. Según informaciones periodísticas, el cero de la Gomera se produjo por un incendio en la sala de servicios auxiliares de la Central del Palmar, sala donde estaban concentrados TODOS los servicios auxiliares de TODOS los grupos. Evidentemente si nos quedamos sin TODOS los grupos el apagón es de época y sin embargo fue relativamente corto para la envergadura del problema que se planteó, derivado de la falta de diversificación en  la colocación de esos servicios auxiliares. 

En segundo lugar, si la situación de la Gomera es tan precaria como el Sr. Curbelo intenta transmitir, lo razonable es que alguno de los grupos de emergencia que se van a instalar en breve en las islas, hubiesen ido para esta isla y esto no va a ocurrir.

En tercer lugar, la conexión con Tenerife se va a realizar mediante un doble cable submarino de 66 KV que permitiría abastecer más del doble de la demanda que precisa La Gomera, por lo que en vez de estar pensando en renovar grupos térmicos de combustibles fósiles, se debería estar pensando en una verdadera transición energética, dado que con el nuevo enlace la necesidad de la central del Palmar quedara de una manera testimonial para cuando ocurra una hecatombe y el cable submarino se averíe.

Continuando con lo de los parques eólicos, conviene resaltar una situación bastante curiosa que consiste en una inversión bastante avispada ante una situación que está por venir. Sobre marzo del año pasado se inauguraron cinco parques eólicos con una potencia total de 12 MW, que según los políticos iban a dar suficiente energía para satisfacer las necesidades de la isla. De entrada, resulta curioso que una isla con una punta de 10 MW y un valle de 8 MW, se instalen 12 MW de eólica. Pero es que, si tenemos en cuenta que el operador del sistema solo va a permitir el 50% de generación no gestionable, solo se podrían acoplar a la red 5 MW en la punta y 4 MW en el valle de los 12 instalados. Esto hubiese sido una inversión calamitosa, si no hubiera estado por medio la instalación del cable submarino, porque esto va a permitir que en el nuevo sistema eléctrico Tenerife-La Gomera, con una punta de más de 500 MW, podamos tener un cupo de mas de 250 MW de energía no gestionable. En otras palabras, los parques eólicos de La Gomera, no solo se van a aprovechar en la isla, sino que servirán para alimentar también la isla de Tenerife.

Teniendo en cuenta lo anterior ya nos estamos viendo a los políticos gomeros alardear de que su isla es 100% renovable cuando la producción parcial de los eólicos iguale o supere la demanda de La Gomera, olvidando que la conexión con Tenerife es lo que permite que esos eólicos puedan verter a la red. Es algo así como si mañana los políticos de Arico, que es donde están instalados buena parte de los eólicos de Tenerife, comiencen a decir que su municipio es 100% renovable, olvidando que solo son parte de un sistema eléctrico mayor.

No dudamos que el señor Curbelo es una persona perfectamente informada en todos los temas que trata y es por ello que quizás le roguemos que sea un poquito más riguroso en las declaraciones que realiza.

Nadie cuestiona que estos nuevos motores son mucho más eficientes que la media del parque térmico instalado en Canarias tanto en términos de consumo de combustible como en materia de emisiones de CO2, NOx, SOx y partículas. Habrá que examinar el detalle de los proyectos que la Consejería de Transición Ecológica resuelva como ganadores en materia de impactos medioambientales, sociales y territoriales, pero su teórica transitoriedad no será tal. Nadie se puede creer que una inversión total de no menos de 200 millones de euros se desmonte dentro de tres años teniendo en cuenta las dificultades que cada vez pone más el mercado de fondos prestables para la financiación de actividades que son netamente emisoras (la taxonomía europea de finanzas sostenibles).

Éste no es el debate. Colocarlo ahí es un error o, más bien, una maniobra de distracción. La cuestión fundamental es por qué ahora se facilita con la construcción de una “autopista regulatoria” una nueva generación fósil cuando en los últimos años se ha obligado a ir a la nueva generación renovable y la descontaminación de la demanda (especialmente industrial y turística) por una senda tortuosa plagada de dilaciones, retrasos administrativos y multitud de procedimientos garantistas mientras las emisiones GEI seguían creciendo. Para que nos hagamos una idea: Canarias incrementó sus emisiones GEI en un 49% entre 1990 y 2022 según el Observatorio de Sostenibilidad publicado en 2023.

Lo que hoy es “urgente” a juicio de los gobernantes nacionales y canarios es, fundamentalmente, responsabilidad suya. Si sus esfuerzos se hubieran concentrado en un despliegue rápido de las instalaciones renovables, el bombeo reversible y los gases renovables, hoy no estaríamos llamando “urgente” a lo que es claramente un paso atrás en la transición energética. Tampoco habría hecho falta crear el relato de la “emergencia energética” a partir del apagón de La Gomera del verano pasado cuyo origen no tiene nada que ver con el estado de los grupos de generación, de hecho ninguno de los grupos de emergencia se instala en esa isla. 

Los resultados entre 2022 y 2023 han sido pírricos. Mientras en la Península 2023 ha sido un año histórico en incorporación de nueva potencia renovable (la potencia instalada de solar fotovoltaica ha aumentado en 5.594 MW y la potencia eólica en 661 MW, las mayores cifras desde que se cuenta con registros), en Canarias apenas ha aumentado en 2 puntos porcentuales la potencia instalada de renovables con respecto al total, pasando del 25% al 27%. Sin embargo, en términos de cuota de consumo de electricidad procedente de fuentes renovables, la realidad es aún peor: apenas un 19% frente al 50,3% de la Península.

En paralelo, la ejecución de los 467 millones de euros del Plan de Recuperación asignados a Canarias atestigua hasta qué punto las cosas no han ido a la velocidad que se necesitaba. La decisión de gestionar los fondos europeos no como planes de inversión sino como expedientes administrativos ordinarios ha llevado a que no se haya resuelto prácticamente nada relevante tanto del monto de inversión transferido por el Gobierno central como por los propios recursos del Gobierno de Canarias. Están atascados los proyectos de eficiencia energética, almacenamiento, gases renovables, comunidades energéticas o descarbonización de puertos, entre otros.

Por consiguiente, no nos podemos extrañar de que ahora hablemos de “emergencia” cuando no se ha hecho ningún esfuerzo eficiente para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Después de este primer paso de los grupos d emergencia nos pretenden abocar al siguiente que sería la apertura del proceso de concurrencia competitiva para grupos de generación “A” donde, como mínimo, veríamos algún progreso en 2027. Los mismos que acusaban a los bombeos reversibles de ser lentos y caros son los que ven “razonable” que se ponga en marcha la maquinaria de la concurrencia para invertir en teóricas tecnologías aún no existentes.

No podemos dejar de señalar el papelón para la posterioridad de un sector del movimiento ecologista canario que ha priorizado una supuesta amenaza al paisaje de las renovables e instalaciones de almacenamiento sobre la urgencia de la descarbonización y también la negativa de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura ante la necesidad de avanzar en la instalación de renovables en sus territorios, todos ellos no han estado a la altura de lo que está en juego, la amenaza a la vida en las islas por el uso de los combustibles fósiles. 

Hoy es perfectamente legítimo sentirse engañados tanto por la Administración central como la regional por tantos años perdidos en dilaciones administrativas, falta de planificación real, discursos grandilocuentes y huidas hacia adelante. La situación técnica insostenible del sistema eléctrico canario es conocida desde hace muchos años, a la par que la situación económica mientras seguía creciendo sin control efectivo la partida de extra costes de generación para alegría de Endesa.

Años en los que los esfuerzos realizados tanto por actores privados como públicos para acelerar la descarbonización de la demanda y la implantación de renovables gestionables han supuesto un durísimo desgaste económico, financiero y social. Pese al desánimo que causan las imposiciones políticas, es el momento para seguir perseverando en la transición y la reivindicación ciudadana de que hay otra forma de hacer las cosas, y que esta forma es mejor que la realidad actual.

 En resumen, con la propuesta aprobada y publicada el día 10 de mayo en el BOE ni el Gobierno de España, ni el Gobierno canario anterior ni el actual han cumplido con su obligación de velar por la protección de la población canaria frente a los efectos adversos del calentamiento global que ya se sufre en las islas, por lo que seguiremos reclamando en este sentido. Hacemos un llamamiento a la cordura de todos los actores en esta coyuntura, cordura que  ahora significa tomar la senda de la implantación acelerada de las renovables.  

Cualquiera que se haya aproximado con unos conocimientos técnicos mínimos sobre gestión de redes eléctricas, a esta cuestión, habrá podido entender que no podía ser de otra manera.

El negocio tradicional de una central hidroeléctrica de bombeo puro siempre ha consistido en bombear agua cuando la tarifa es más barata para luego turbinarla cuando es más cara, obteniendo evidentemente el beneficio económico en ese diferencial. Obviamente si ya el funcionamiento no está orientado hacia este aspecto, sino a la seguridad del suministro y a la integración de renovables, se da la circunstancia que pierde atractivo económico porque en muchas ocasiones se tendrá que bombear con tarifas altas y turbinar con tarifas bajas, porque ya los objetivos no serán el beneficio económico directo, sino un fin mucho mayor en cuanto al sistema eléctrico en general.

Del texto emitido por la Comisión Europea y denominado: “DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 8.12.2023 por la que se concede al Reino de España una excepción con respecto a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con Canarias”, conviene resaltar lo siguiente:

“Sin embargo, teniendo en cuenta la condición de región ultraperiférica y la orografía de Canarias, con limitadas opciones de conexión entre las distintas islas, la Comisión considera que está justificada una excepción con respecto al artículo 54, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/944, con arreglo al artículo 66 de la Directiva, limitada a las instalaciones hidráulicas de bombeo.”

Pero también hay otras cuestiones colaterales como por ejemplo con respecto a aquellos que ponen en duda la eficacia de los bombeos, a pesar de ser el 90% de las instalaciones de almacenamiento de los sistemas eléctricos, con una sutil colocación entre comillas tal y como sigue: “Se refirieron a ”expertos consultados“, según los cuales la energía almacenada será principalmente energía procedente de combustibles fósiles producida por antiguas instalaciones térmicas existentes que no pueden cerrarse por la noche”. Evidentemente este aspecto se zanja de una manera absoluta con un enunciado afirmativo en el siguiente sentido:

“Las instalaciones hidráulicas de bombeo permiten aumentar la seguridad del suministro y la integración de las energías renovables proporcionando una fuente de flexibilidad renovable al sistema eléctrico, lo que contribuye a equilibrar el exceso de oferta y a evitar restricciones. Esta tecnología se considera fundamental para una integración óptima de las fuentes renovables intermitentes (por ejemplo, eólica y solar”.

En definitiva, una gran noticia para los que abogamos por la descarbonización de Canarias en general y Gran Canaria en particular, en tiempo y forma, de tal manera que pueda significar el pistoletazo de salida de futuros enclaves en esta y otras islas que nos permitan cumplir con el PTECAN, en su forma actual y conseguir un territorio sin emisiones netas de CO2 antes del 2040.

Desde hace breves fechas está colgado para información pública en la web de la Secretaría de  Estado de Energía un documento denominado Propuesta de resolución por la que se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. Con este pomposo nombre se da la señal de salida para comenzar a sustituir los grupos de generación térmica de los territorios no peninsulares y, por tanto, del archipiélago canario. 

Mas allá de atender a una extemporánea y fuera de lugar emergencia energética que el Gobierno de Canarias se sacó de la manga o el clima de alarma social generado por la misma, este documento lo que viene a significar es que, en un periodo máximo de cinco años, vamos a tener mas de 1.170 MW de nueva hornada, que por supuesto, van a tener una vida útil regulatoria de 25 años, por lo que tendremos que sufrirlos al menos hasta 2053. 

Distribuidos por islas, serían: 

- Gran Canaria: 360 MW hasta 24 grupos 

- Tenerife: 500 MW hasta 33 grupos 

- Lanzarote: 80 MW hasta 16 grupos 

- Fuerteventura: 90 MW hasta 18 grupos 

- La Palma: 52 MW hasta 21 grupos 

- La Gomera: 2,5 MW hasta 2 grupos 

- El Hierro: 9 MW hasta 9 grupos 

Lo que hace un total de 123 grupos de diferentes potencias nominales, consumiendo, todo parece indicar, gas natural y, por tanto, contaminando nuestra atmósfera, al menos hasta el años 2053. 

A poco que se haya seguido los últimos avatares de la política energética canaria, se puede apreciar a todas luces que todo este planteamiento atenta contra todo lo planificado y legislado hasta el momento, ya que, por lo pronto, el objetivo de la descarbonización para el año 2040 del archipiélago ha sido borrado de un plumazo. 

Pero no solo contradice lo planificado y legislado en Canarias, sino también lo legislado a nivel nacional, ya que en el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, se especifica taxativamente lo siguiente: “Se desarrolla un procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de la resolución de compatibilidad prevista en la Ley 17/2013, de 29 de octubre, que será concedida teniendo en cuenta las necesidades de potencia puestas de manifiesto por el operador del sistema, las características técnicas que sean más apropiadas para estos sistemas y la opción económicamente más ventajosa para el conjunto del sistema”. 

Se ha seguido a pies juntillas lo expuesto por el operador del sistema, pero los otros dos condicionantes no se han cumplido. En primer lugar, parece obvio que, si existe un estudio concienzudo en el que se basa el PTECAN y desarrollado por el Instituto Tecnológico de  Canarias, se debería haber tenido en cuenta para determinar cuáles son “las características  técnicas que sean más apropiadas para estos sistemas” y ni uno solo de sus postulados se han considerado. Por otro lado, dado la espiral de precios protagonizada en recientes fechas por el gas natural, los problemas geoestratégicos que ha causado este combustible del calibre a los sufridos por ejemplo por Alemania y la dependencia que crea en nuestro archipiélago, no parece que se cumpla el condicionante de “la opción económicamente más ventajosa para el conjunto del sistema”. 

En definitiva, un proceso viciado desde el primer momento y contra el que se deberían llevar a cabo todas las alegaciones posibles (hay fecha hasta el 30 de noviembre), porque entendemos  que no es de recibo que se nos pretenda colar por la puerta de atrás el perpetuar los combustibles fósiles en la generación eléctrica del archipiélago.

El 30 de julio pasado tuvo lugar un incendio en la central de Endesa en El Palmar, en La Gomera, que dejó a la isla tres días sin luz. Tal como el consejero Zapata ha reconocido, en prensa y en sede parlamentaria, este accidente tuvo lugar en la sala de Servicios Auxiliares de la central, y no en sus Grupos Térmicos, y es responsabilidad exclusiva de la empresa titular que estos servicios se encuentren en buen estado y funcionen correctamente al igual que los grupos térmicos. En caso contrario, la empresa titular debe comunicarlo al Operador y, en su caso, llevar a cabo “las inversiones de renovación y mejora de la eficiencia que no supongan aumento de capacidad”, tal como aparece reflejado en el artículo 1 de la ley 17/2013. Por ello, a la vista de la incertidumbre que ha podido levantar este accidente sobre la gestión de las centrales por el titular, correspondería en primer lugar llevar a cabo una auditoría independiente sobre todas las centrales.   

Pero la reacción del Gobierno canario no ha sido esa. Con el cero de la Gomera ha encontrado un motivo para convencernos de que todos debemos cerrar filas por la renovación generalizada de los grupos térmicos de las centrales térmicas de las islas, cuando aún no sabemos exactamente el estado de equipos y otras instalaciones dentro de las centrales.

¿Y cuál es el inconveniente de esta renovación? Pues que no podemos olvidar que estamos en un proceso de descarbonización. Y, si queremos que la transición a las renovables no sea una simple mascarada, se debe reducir de forma gradual la potencia de las centrales térmicas y aumentar progresivamente la potencia de renovables, como aparece reflejado en las estrategias del ITC para la descarbonización de Canarias. Y es este principio elemental el que se vulnera al pretender renovar la potencia de las centrales térmicas. 

Y, ¿por qué hablamos de vulneración? Porque instalar grupos térmicos tiene sus inconvenientes, sus servidumbres. Desde el momento en que se instalen grupos nuevos habrá que respetarle a los titulares de los mismos, sea Endesa o cualquier otra empresa, la vida útil regulatoria de los mismos, que puede alcanzar hasta los 30 años. Y esto conlleva la ralentización de la implantación de las renovables, cuestión que no ocurriría si la generación gestionable que requiere el sistema lo llevan a cabo las centrales de bombeo en lugar de las centrales térmicas. 

El Gobierno canario pide al Ejecutivo central que, para garantizar la seguridad del suministro, debe saltarse todas las barreras legales y administrativas existentes para que este proceso de renovación de las centrales sea rápido en Canarias. Pero la pregunta que surge es ¿por qué no se exige a Madrid la misma celeridad para la implantación de centrales de bombeo reversible y la interconexion entre islas? Estas infraestructuras son básicas para avanzar rápidamente en la penetración de renovables. No se entiende que no se simplifiquen los procedimientos para avanzar rápidamente en la transición y, sin embargo, se proponga esta agilización para unos nuevos grupos térmicos que van a retrasar de forma muy seria la descarbonización.  

En mayo de 2021 el Parlamento canario, por unanimidad, aprobó una PNL donde se instaba al Gobierno canario a tomar medidas para el desmantelamiento urgente de las centrales térmicas por la crisis climática. Dos años y medio después, cuando asistimos a una palpable agudización del calentamiento global que ya afecta directamente a los ciudadanos de las islas, el ejecutivo canario pretende contar con el apoyo de los diputados canarios para que respalden esta iniciativa por la renovación urgente de las centrales térmicas, que de llevarse a cabo retrasaría por décadas la transición a las renovables en las islas.

Señores diputados, hay otro camino para garantizar la seguridad del suministro sin poner en peligro  el proceso de descarbonización en Canarias.

Por otro lado, han salido voces abogando por la sustitución de los grupos obsoletos, no solo en La Gomera sino también en el resto de las islas, por grupos nuevos, pero continuando con la dependencia de los combustibles fósiles, esgrimiendo la falacia de que hoy por hoy las centrales térmicas son insustituibles y los sistemas 100% renovables son una quimera. 

Es lamentable cómo los detractores de las renovables insisten en que la total descarbonización de nuestra economía es imposible, contradiciendo los criterios de España y Europa que ya han puesto fecha de caducidad a las economías basadas en combustibles tremendamente nocivos para el medio ambiente. 

Para más inri, se menosprecia el estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que tasa el fin de los combustibles fósiles en nuestras islas para el 2040. 

Este estudio, que no solo abarca el sistema eléctrico de las islas, sino también la movilidad terrestre, marítima y aérea, entre otros sectores económicos, consigue cerrar el círculo, concatenando todas y cada una de las diferentes tecnologías sostenibles, en un perfecto constructo que, funcionando al unísono, consiguen lograr el fin buscado. Así y concretamente para el sistema eléctrico de La Gomera se plantea: 

A todo esto, hay que añadirle 15 MW de generación de categoría “A” qué bien pudieran ser centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo puro como por ejemplo la que se podría realizar entre la presa de El Quebrandon y E. La Encantadora que podría tener una potencia nominal de 45 MW y una capacidad de almacenamiento de 562,73 MWh. El círculo perfecto del sistema eléctrico de La Gomera quedaría cerrado con la doble interconexión de 66 kV con Tenerife, la cual ya está en construcción. 

Es muy importante subrayar que sólo instalar fotovoltaica y eólica sin que haya un sistema de almacenamiento no sirve para dar estabilidad a la red y garantizar el suministro. Si bien es cierto que en determinadas horas del día la generación renovable supera a la convencional, el reto no es que haya este tipo de “picos” de generación, sino que haya una constancia y estabilidad a lo largo de todo el día. Sólo de esta forma habrá una descarbonización total, se podrán sustituir completamente los grupos de generación fósil y no será necesario traer nuevos combustibles como el gas natural, ahorrándonos consiguientemente las cuantiosas inversiones que serían necesarias.

La generación fotovoltaica o eólica no tienen inercia, una de las cualidades físicas imprescindibles para hacer funcionar cualquier sistema eléctrico. La inercia la dan generadores síncronos, donde se encuentra no sólo la tecnología fósil sino también el bombeo. Por eso es importante el bombeo y más aún si es con carácter reversible para que funcione como sistema de almacenamiento.

En resumidas cuentas, estamos todos de acuerdo que La Gomera necesita medidas urgentes para paliar un sistema eléctrico deficitario. En lo que diferimos es en las medidas a aplicar. Por un lado, están los que apuestan por trasladar el auténtico problema, una economía sostenible, a un futuro incierto dependiente de combustibles fósiles; y, por otro, los que queremos aprovechar la coyuntura actual para dar un golpe de timón y a la vez que se da una solución segura, solvente y duradera al sistema eléctrico de La Gomera, se transita por la senda correcta del mayor reto al que nos enfrentamos, el Cambio Climático Antropogénico.

Evidentemente el hecho de que sucedan apagones totales en las islas no responde a cuestiones circunstanciales sino a un fenómeno sistémico en el diseño de los sistemas eléctricos insulares, pensando más en la eficiencia económica que en la seguridad energética.

Los sistemas eléctricos de Canarias han sido diseñados de una forma radial, en la que suele existir un solo punto de generación importante y de ese punto salen todas las líneas que proporcionan el servicio a las islas. De esta forma tenemos las centrales de Guinchos en La Palma, Llanos Blancos en El Hierro, El Palmar en La Gomera, Las Salinas en Fuerteventura y Punta Grande en Lanzarote que responden exactamente a este esquema. Mientras que en Tenerife y Gran Canaria se comenzó con Candelaria y Jinámar, se diversificó después con Granadilla y Barranco de Tirajana, pero se está volviendo al sistema radial al potenciar enormemente estas últimas en detrimento de las primeras.

No cabe duda de que el ahorro de costes y eficiencia económica es importante, pero también el riesgo que se asume no se puede obviar. Cualquier incidente más o menos grave en una de estas centrales, condena a la isla que alimenta a un apagón prolongado en el tiempo. Los “ceros” energéticos pasados de Tenerife y La Palma han devengado sanciones por importe de 31,66 millones de euros contra Endesa-Unelco, pero todas ellas están recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Obviamente el plan que se tiene de renovar grupos en las centrales actuales no soluciona el problema, sino que persiste en él de una manera denodada y pone en tela de juicio la racionalidad de quienes están tomando esas decisiones. Persistir en la “centralización” de la generación perjudica también a la transformación del mix de generación hacia renovables, las cuales se hacen completamente dependientes de las centrales de generación fósil si no existe almacenamiento que regule firmeza, tensión y frecuencia en el sistema.

Naturalmente la solución pasa por una generación descentralizada, donde tengamos muchos aportes de generación en distintos sitios de tal forma que una incidencia en uno determinado de ellos es rápidamente suplida con la acción de los demás. Si a esto le sumamos utilizar generación con recursos autóctonos, tenemos la piedra filosofal de la seguridad energética para nuestros sistemas eléctricos.

Si además enunciamos la enorme sorpresa de los habitantes de La Gomera al verse sin electricidad y sin embargo comprobar cómo los eólicos y muchos autoconsumos conectados a red no podían funcionar, por necesitar la referencia de una red troncal, tenemos los argumentos necesarios para abogar por la solución idónea para estos problemas.

Esta solución pasa necesariamente por utilizar las energías renovables no gestionables como la eólica y la fotovoltaica que ya proporcionan la necesaria generación distribuida. Pero también por dos cuestiones fundamentales: la necesaria gestionabilidad aportada por las centrales hidroeléctricas reversibles y por la más que recomendable interconexión de aquellos sistemas que se pueden interconectar. 

Huelga decir que, si el doble circuito submarino de 66 KV que se está construyendo entre Tenerife y La Gomera hubiese estado operativo, el “cero” no hubiese tenido lugar. Esto da visión de la necesidad de desarrollar cuanto antes las infraestructuras de red de alta tensión que están en la Planificación de la Red de Transporte actual, pero también para acelerar las futuras en la medida que el actual marco regulatorio permite (con problemas relevantes como tiempos muy prolongados de tramitación).

En resumidas cuentas, los ceros energéticos no son una cuestión del pasado ni mucho menos, por eso solo queda esperar a ver dónde tiene lugar el siguiente. Más de la mitad de los grupos térmicos que están funcionando en este momento ya han rebasado su vida útil (25 años). Por ejemplo, en La Gomera, 10 de los 18,7 MW de potencia neta han rebasado con creces esta vida útil. Y en términos globales tanto de grupos térmicos como ciclos combinados y las instalaciones de producción, el 66,2% del valor de los activos está amortizado según las últimas Cuentas Anuales de Unelco correspondientes a 2022.

Pero renovar estos equipos que están fuera de su vida útil tampoco es la solución, sino prolongar el problema hacia el futuro.

En Salto a la Transición ecológica, aunque no se nos escapa la importancia que el turismo tiene en nuestra economía,  discrepamos con  estos agentes sociales y políticos y con el Gobierno canario en su postura de quedar exentos de forma incondicional de estos derechos y tasa. Se cae en una contradicción insalvable, cuando por un lado se aprueban leyes como la Estrategia Canaria de Acción Climática para hacer frente a los efectos previstos del calentamiento global, como  altas temperaturas, sequias y perdida de playas y por otro lado, pedimos a Europa licencia para poder seguir emitiendo de forma indefinida GEI. Es como caminar a la vez en direcciones opuestas. Y estamos seguros que así también lo entiende Europa, muestra de ello es que quedar al margen de los Derechos de emisión en los vuelos entre islas y la Península solo se concede hasta 2030, y la negociación sobre la tasa del queroseno todavía no se ha cerrado. Por lo tanto,  proponemos  que estas exenciones venga condicionadas al cumplimiento riguroso de un calendario de descarbonizacion, donde establezcamos nuestros deberes y obligaciones en  tiempos de  crisis climática.

Mientras no se logre sustituir el queroseno actual por combustibles sintéticos, este calendario de descarbonizacion deberá establecer metas claras por años de reducción de emisiones de GEI  y de generación de energía renovable en el conjunto de toda la actividad residencial, transporte y en general la actividad productiva de todo tipo en Canarias. Del cumplimiento de estos ítems debe depender que Europa siga concediéndonos  esta exención en los Derechos de emisión y en  la tasa sobre el queroseno.

Y empezamos mal, el  Gobierno canario ha acatado sin rechistar la  propuesta del Gobierno de España de renovar en el año 2026 y 2027 las centrales térmicas de ENDESA, con ello permite que estas centrales sigan emitiendo gases de efecto invernadero hasta el 2060 y ralentiza todo el proceso de descarbonizacion en las islas. En paralelo en un ejercicio de indolencia política el Gobierno canario en funciones ha renunciado en precampaña política  a la implantación de eólica offshore prevista en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, dejando prácticamente sólo a Gran Canaria con esta tecnología hasta 2030, según se recoge en el PTCAN, en período ahora mismo de información pública.

Un sector importante del ecologismo canario propone para llevar a cabo el control de la demanda turística la Moratoria turística. Esta propuesta no es nueva en Canarias. El proceso de Moratoria de hace unas décadas  fracasó y se saldó con la aprobación especulativa  de nuevas camas turísticas y un rosario de demandas por daños y perjuicios a la Administración. De hecho a la fecha de hoy  hay operadores de la construcción con grandes bolsas de suelo turístico para ponerlo en el mercado cuando las circunstancias lo aconsejen. De plantearse otra vez tendría que tenerse en cuenta toda la experiencia acumulada anterior para no repetir errores. Pero es importante que todo el ecologismo canario no desaproveche la oportunidad que supone  la negociación sobre la  implantación de los derechos de emisión de CO2 y la tasa sobre el queroseno para avanzar en la Transición energética y para el control efectivo de la demanda turística.

En cuanto a la ecotasa, estamos totalmente de acuerdo en su implantación,  serviría para llevar a cabo inversiones que compensaran las afecciones sobre el territorio y los recursos que consume el sector turístico. Pero la consideramos insuficiente para afrontar las  voluminosas cifras de emisión de GEI procedente de los viajes turísticos. Para esto lo que corresponde es el cumplimiento de un calendario de descarbonizacion que incluya el desmantelamiento de las centrales térmicas y otras medidas de calado en la movilidad y en el resto de la economía, y que el cumplimiento de este calendario condicione la exención transitoria de los Derechos de emisión y la tasa sobre el queroseno.

Damos por hecho que el gobierno canario que se forme seguirá manteniendo la agenda verde frente a la crisis climática, y en este sentido tendrá dos objetivos difíciles de conciliar, por un lado llevar a cabo las actuaciones que correspondan en coherencia con dicha agenda verde y por otro, tratar de encapsular la actividad turística ante cualquier eventualidad que pueda afectarle.  

La actividad turística,  en comparación con otras como la agrícola o la industrial, no es ni especialmente emisora de Gases de Efecto Invernadero , ni consumidora de recursos y es posible aplicar  soluciones a la mayoría de sus efectos medioambientales negativos con las tecnologías actualmente disponibles, siempre lógicamente que no sobrepasemos un volumen de turistas inmanejable. Pero siendo honestos, hay una variable que echa por tierra todo lo anterior, el queroseno. 

La mayoría de nuestros visitantes para llegar a Canarias usan vuelos de larga distancia. Y estos vuelos y en general todo el transporte aéreo  está en la lupa de todos las instancias científicas, políticas y de los movimientos sociales comprometidos con la lucha contra el calentamiento global, por la incidencia del consumo de queroseno en el Calentamiento global. 

Por otro lado, la posibilidad de sustituir el  queroseno por otros combustibles sintéticos que tengan  como base el Hidrogeno verde se encuentran en las primeras fases de investigación, por lo que no podemos considerarlo alternativa viable para aplicar en estos cruciales años de emergencia climática.

En cuanto a la cuestión medioambiental se refiere, tenemos la fortuna de vivir  en territorio europeo, pues Europa, pese a las fortísima presión de los lobbies energéticos,  se mantiene, como uno de los líderes mundiales en la lucha contra el calentamiento global, como queda bien reflejado  en las cumbres mundiales del Clima, donde Europa presenta siempre las opciones más avanzadas. 

Como muestra de lo anterior y descendiendo a nuestro entorno inmediato, Europa  en el año 2005 implantó una figura que son los Derechos de emisión de CO2 que son como unos permisos que pagan las  grandes empresas y productores de energía por sus emisiones contaminantes, y que “estimulan” a estos pagadores a buscar fórmulas alternativas al CO2 para evitar estos pagos de derechos. La paulatina conciencia por un lado del avance del Calentamiento global y  la constatación de que los vuelos aéreos emiten una gran cantidad de CO2 ha llevado a que, a partir del 1 de enero del 2023, el tráfico aéreo y marítimo se sume al  pago de estos derechos, esto indudablemente traerá consigo un encarecimiento de los billetes.  Ante esta situación los empresarios turísticos canarios han liderado un movimiento social y político en las islas para quedar exentos de esta figura, y el gobierno canario, actualmente en funciones, ejerciendo como portavoz del mismo  ha negociado la exención en el  pago de estos derechos a los vuelos que tienen como origen o destino nuestras islas, logrando que quedemos exentos hasta 2030 en los vuelos interinsulares y los que conectan Canarias con la Península. 

Por otro lado, a finales de 2020,  un informe de la Agencia Europea de Seguridad Aérea corrobora una investigación científica que afirma que el impacto climático de la quema de queroseno en altitud es tres veces superior a lo que se creía y la Comisión Europea reconoce este hecho que modifica los datos oficiales, pues esta  investigación    demuestra  que el queroseno es más dañino de lo que se pensaba, pues además de CO2 emite otros gases como los óxidos de nitrógeno (NOx) y sus derivados, el hollín, los aerosoles de sulfatos y el vapor de agua, así como el impacto de una mayor nubosidad inducida debido a la estelas de condensación. La Comisión Europea reacciona y decide crear la llamada tasa sobre el queroseno, que aún no ha entrado en vigor. Es probable que la prohibición de vuelos cortos en Francia desde el miércoles 24 pasado sea una reacción a esta nueva tasa y derechos, para evitar así el pago de los mismos, no conviene olvidar que estos vuelos los realiza mayoritariamente Air France, empresa pública. Pues bien, la reacción en Canarias ante esta tasa sobre el queroseno ha sido una vez más de rechazo y por ahora parece haber logrado quedar al margen de su pago.