La erupción volcánica iniciada el 19 de septiembre de 2021, ocupó 1.220 hectáreas de suelo, lo que equivale, aproximadamente, a 1.743 campos de fútbol, representando el 1,72% del territorio insular. Dada la magnitud de la tragedia, lo sensato es convencernos todos que reconstruir lo cubierto por la lava es prácticamente imposible desde el punto de vista técnico y material e inasumible económicamente por parte de las administraciones públicas.

Eslóganes promovidos en su momento por el Cabildo, del tipo “más fuertes que el volcán”, del que incluso se hicieron pegatinas que ocupaban masivamente las lunas de los vehículos y los escaparates de los comercios, no dejaban de ser un burdo reclamo populista, creando falsas expectativas en miles de personas afectadas.

El principal protagonista, artífice o promotor de los diversos proyectos iniciados desde la finalización de la erupción, vinculados a la mal denominada “reconstrucción de La Palma”, ha sido y es, el Cabildo. Eso sí, con la necesaria colaboración económica del gobierno central y el autonómico, que han aportado la inmensa mayoría de fondos y que estimamos en torno a 2.000 millones de euros.

La erupción volcánica y la crisis posterior han sido la mejor excusa que ha tenido el Cabildo para intentar seguir introduciendo a la isla en el mercado turístico internacional o, lo que es lo mismo, propiciar un giro a la economía insular, en el sentido de que el turismo sea el sector sobre el que pivote la estructura económica de La Palma.

En este sentido, el penúltimo despropósito ideado por algunas mentes privilegiadas de la administración pública ha sido la iniciativa de un proyecto a ejecutar en el entorno de la ermita de la Virgen del Pino, denominado ‘Centro de Visitantes Macaronésico Forestal Pino de la Virgen’, contando con un presupuesto próximo a 430.000 euros. Los promotores del proyecto no debieron darse cuenta, pero se tarda más en leer el cartel informativo del proyecto que en ejecutar la obra.

La Palma tiene 21 problemas. Nos estamos refiriendo a los 21 consejeros que se sientan en el salón de plenos del Cabildo. Estos tres partidos llevan muchos años proponiendo, básicamente, lo mismo y por ello, están votando por unanimidad numerosos asuntos trascendentales para la isla. En el salón de plenos del Cabildo no existe oposición política real porque los tres quieren 25.000 camas turísticas en La Palma y así lo acordaron hace más de 20 años.

Han decidido por unanimidad instar al Gobierno de España a que modifique la ley de contratos del sector público y así poder seguir contratando bajo el amparo de una supuesta emergencia y con ello, suavizar la fiscalización administrativa y favorecer la opacidad y falta de transparencia en los expedientes de contratación.

Asimismo, han votado por unanimidad la declaración de “interés insular” al proyecto turístico ‘Dichosa Wellness Clinic’, en el Valle de Aridane, donde, en ningún momento, se ha argumentado con una mínima solidez y objetividad, lo que el Cabildo entiende por “interés insular” y por qué se le otorga al mencionado proyecto.

Ninguno quiere impulsar una reorganización administrativa en la isla, con el objetivo de que existan sólo tres municipios en La Palma. Ninguno ha abierto un debate serio sobre el preocupante futuro del sector platanero y la urgencia de dar un giro al sector primario, para vincularlo al mercado local y reducir la dependencia alimentaria de la isla, como un asunto estratégico de primera magnitud. Todos han estado apoyando de una manera u otra y de forma recurrente, la gestión catastrófica que estamos haciendo de los residuos desde finales de los años 80 del siglo pasado, incumpliendo gran parte de la normativa reguladora y así, podríamos continuar.

Los tres partidos han apoyado el destrozo irreversible que se está ocasionando en las coladas del volcán, que siendo uno de los suelos más jóvenes del planeta, se está actuando sobre este espacio como si se tratara de un solar. Hay zonas que se han convertido en escombreras, dejando abandonada, incluso, maquinaria pesada. Todo esto lo estamos observando cada día con el increíble, cómplice y bochornoso silencio de la comunidad científica, la Reserva de la Biosfera de La Palma y de las universidades públicas de Canarias.

Mención especial tenemos que hacer al tema de las carreteras. Estamos sufriendo en La Palma la “legislatura de las carreteras”. La totalidad del pleno del Cabildo está defendiendo una política suicida en materia de carreteras, que ha originado un desastre en Tazacorte o Tijarafe y si nadie lo remedia, seguirá originando una catástrofe ambiental y paisajística para todo el noroeste de la isla, desde El Time hasta Llano Negro, en Garafía, y con unas previsibles consecuencias que se volverán en contra de los intereses económicos y sociales de la comarca.

Quisiéramos hacer mención a la obra que se está finalizando actualmente en la conocida como ‘Curva de los Castañeros’, en la carretera general de la cumbre. Esta obra no va de seguridad vial, como afirma el Cabildo. El verdadero sentido de la carretera es que constituye la puerta de entrada al Valle de Aridane, porque la pretensión última de algunos es la urbanización turística de Las Hoyas, del área entre Puerto Naos y el Charco Verde y alguna actuación en el Puerto de Tazacorte, el entorno del Club de Tenis o Las Manchas y con ello, destruir para siempre uno de los suelos agrícolas de más calidad en Canarias.

Se trata de poder conectar con la futura circunvalación de El Paso, un segundo túnel en la cumbre, el desdoblamiento de la carretera entre Los Llanos y El Paso, con un tercer carril y todo ello, junto a la conexión prevista entre El Remo y Fuencaliente y las nuevas carreteras construidas sobre la lava, con el fin de transformar por completo el Valle de Aridane hacia una economía y un territorio al servicio del mismo turismo que ha sumido al Archipiélago en un estado de emergencia social, económica y territorial y en muchos aspectos, próxima al colapso.

El Decreto Ley 3/2026, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, en su primera página, señala textualmente que “…nuestra economía, condicionada por el significativo peso de la actividad turística, nos hace mucho más vulnerables a los efectos, directos e indirectos, de estas crisis…”.

Pues bien, en estas dos líneas, que no están escritas por peligrosos grupos de extrema izquierda, ecologistas utópicos o independentistas, el propio Gobierno de Canarias está reconociendo la debilidad y fragilidad del modelo económico del Archipiélago, que es el mismo que el Cabildo de La Palma, junto con empresarios vinculados al CIT Insular de La Palma o Fedepalma, llevan años queriendo introducir en esta isla. 

El mencionado párrafo del Decreto Ley 3/2026, lo ha redactado el mismo gobierno que calificaba de “éxito” hace pocos meses, que Canarias hubiera recibido más de 18 millones de turistas en el año 2025. Las dos afirmaciones son antagónicas entre sí. No se puede celebrar el récord anual en la entrada de turistas en el Archipiélago y al mismo tiempo, definir como vulnerable dicho modelo. Una afirmación o la otra. Desgraciadamente, en la política canaria y entre parte del empresariado, la coherencia en los discursos públicos brilla por su ausencia y por eso el Boletín Oficial de Canarias soporta todo lo que se escriba en él. 

La gestión llevada a cabo o impulsada por el Cabildo de La Palma en estos últimos cinco años y vinculada con la gestión de la crisis posterior a la erupción volcánica, ha sido despilfarradora de recursos económicos y no económicos, ineficaz y poco eficiente en la consecución de los objetivos y muchas veces opaca y poco transparente en el otorgamiento de líneas de ayudas a personas, agricultores, empresarios y entidades. La aparente mejoría en términos de empleo que se está generando en la isla, es solo eso, aparente y coyuntural.

Este Cabildo y los anteriores, han sido y son el principal obstáculo para poder desarrollar en esta isla otra forma de organizar la administración, el territorio y la economía, que no nos lleve al precipicio al que vamos encaminados. De seguir así, no se trata de saber si llegará el colapso económico, social y ambiental, sino cuándo.

*Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es economista

En el año 2020, los investigadores Marc Guinjoan y Toni Rodon, de las Universidades Oberta de Cataluña y Pompeu Fabra, publicaron un novedoso estudio, en el que, analizando en torno a 2.000 municipios de España, concluyeron que los alcaldes que habían duplicado la cantidad de dinero “per cápita”, destinado a fiestas locales durante el último año de la legislatura, obtuvieron un beneficio electoral de aproximadamente, un 2,50% en las siguientes elecciones.

Por el contrario, dicho informe también señala que quienes recortaron a la mitad el gasto en festejos, fueron penalizados en sus expectativas electorales, con un 1,20%. Estos datos son muy relevantes porque en municipios relativamente pequeños, dichos porcentajes pueden decantar por uno o dos concejales, las alternativas de gobierno y la configuración definitiva del pleno.

En la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley de Cabildos Insulares, no se cita, explícitamente, entre sus respectivas competencias, la promoción u organización de festejos u otros eventos similares. Sin embargo, la práctica habitual, es “camuflar” la partida económica de fiestas, en el “cajón de sastre” en que se han convertido las concejalías de cultura de los ayuntamientos de La Palma. De manera deliberada y consciente, se está “estirando el elástico” del concepto de cultura más allá de lo razonable.

Esta orgía de eventos y fiestas de todo tipo, muchas veces celebradas en fechas alejadas de los periodos festivos tradicionales, no responde, en la mayoría de los casos, a una demanda social manifestada de manera clara y objetivable.

Constituye parte de una estrategia política, deliberadamente diseñada, no sólo para influir en la intención de voto de los ciudadanos, sino para intentar mantenernos anestesiados y distraídos y así dificultar nuestra capacidad de análisis y reflexión en torno a la gravedad de la realidad de la que formamos parte y que hemos creado entre todos. Este comportamiento político ya se puso en práctica y con notable éxito, durante los años del imperio romano, hace muchos siglos, con aquello que se denominó “pan y circo”.

Los argumentos de alcaldes y concejales cuando intentan justificar la gran cantidad de eventos y fiestas que se celebran, giran en torno al previsible impacto positivo en la economía local y el empleo, pero lo cierto, es que no existen informes mínimamente rigurosos, que expongan esos supuestos beneficios para el municipio o la isla en su conjunto.

En este sentido, gran parte de las modificaciones presupuestarias que realizan los ayuntamientos de La Palma y de Canarias, durante la segunda mitad de las diversas legislaturas, tienen como objetivo principal, ampliar el crédito disponible para la organización o promoción de eventos y festejos de dudosa calidad y que no suponen, en general, un enriquecimiento cultural para el entorno.

Podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que la masiva organización de fiestas y eventos, muchos de ellos camuflados bajo el paraguas religioso, patrocinados u organizados por las administraciones públicas, constituye también un pilar necesario y fundamental del perverso modelo económico que se está diseñando y ejecutando en La Palma, con el objetivo de que la sociedad pierda capacidad crítica sobre lo que se está decidiendo para esta isla y para Canarias en su conjunto.

El dispendio económico que se realiza del presupuesto público en este tipo de acciones, es, hasta cierto punto, lógico en el marco del circo, el populismo, la demagogia, la superficialidad y el electoralismo permanente que domina la política que se viene practicando en La Palma y Canarias durante los últimos años.

Por poner un ejemplo clarificador de lo que estamos exponiendo en este breve artículo de opinión, no podemos dejar de referirnos a la reciente celebración de un acto denominado “Batucada Fest”, durante un fin de semana completo, en el municipio de Los Llanos de Aridane.

Un evento que, desde nuestro punto de vista, no aporta nada relevante en el ámbito de la cultura y con la gravedad, de que se viene celebrando durante la primera semana de escolarización de niños y jóvenes, constituyendo una manifiesta irresponsabilidad de este Ayuntamiento y que da continuidad a la forma de trabajar de las anteriores corporaciones de este municipio.

Medio en broma, medio en serio, si una persona residente en La Palma quisiera asistir o participar en varios eventos celebrados en las mismas fechas y en distintos municipios de la isla, debería diseñar un aplicativo informático, en forma de cuadrante, para poder organizarse y aprovechar al máximo, la mayor cantidad de celebraciones y festejos que le sea posible.

Muchas veces, tenemos la sensación que en La Palma y en Canarias en su conjunto, estamos viviendo y afrontando la realidad como la orquesta del Titanic, que se dice que mientras el barco se hundía, la orquesta seguía tocando hasta que se hundió con él.

Aunque Canarias y La Palma están inmersas en un modelo de crecimiento económico insostenible y que si no lo impedimos nos llevará al colapso, seguimos viviendo y tomando decisiones como si no hubiera un mañana. 

Una sociedad anestesiada y pendiente del circo permanente que nos ofrecen desde las instituciones locales de La Palma y Canarias, hace que la aparente democracia que disfrutamos, sea de muy baja calidad.

Para hablar de calidad y madurez democrática, también debemos referirnos al acceso a la información pública e institucional y en este sentido, acceder a la información relevante de las administraciones públicas locales a través de sus webs, como la vinculada con la gestión presupuestaria, expedientes estratégicos o las convocatorias y actas de las sesiones de los consejos de gobierno o plenos, se hace muy complejo, bien porque las propias administraciones la ocultan, incumpliendo la normativa sobre acceso a la información pública y transparencia o bien porque el ciudadano tendría que ser muy habilidoso con la informática, para poder obtenerla de una manera razonablemente sencilla.

Otra estrategia que ponen en práctica algunas administraciones, para dificultar la participación ciudadana en la tramitación administrativa de determinados proyectos para La Palma o Canarias, es abrir la preceptiva consulta pública en periodos vacacionales o cuando muchos ciudadanos “están en otras cosas”, como el Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane o la conexión viaria entre el Remo y La Zamora, cuya documentación fue puesta a disposición de los ciudadanos, en periodos que abarcaba la Navidad.

Además, y para mayor gravedad, casi dos años después, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane sigue sin responder a la totalidad de las observaciones y propuestas realizadas por algunos ciudadanos, al mencionado documento.

Mientras estamos pendientes de fiestas, conciertos, romerías y eventos de todo tipo, en algunos despachos oficiales del Cabildo de La Palma, de los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias, se siguen tomando decisiones que están profundizando y agravando la crisis estructural que padecemos y que pueden llevar a La Palma y a Canarias en su conjunto, al colapso social, económico, territorial y ambiental y convertirnos en una región fallida.

Ojalá nos equivoquemos, pero es casi una certeza matemática.

*Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es economista

Las imágenes que hemos estado viendo de los voraces incendios durante el mes de agosto en gran parte de la península, nos han sumido a todos en una sensación de impotencia, desolación, rabia y profunda tristeza.

A pesar de estas dramáticas circunstancias, desde el primer momento, también hemos tenido que asistir, atónitos, al bochornoso espectáculo de bronca permanente entre los diversos partidos políticos en las comunidades autónomas afectadas y el Estado por la ejecución de las competencias de cada uno, agrandando de nuevo, la preocupante brecha y desafección que existe entre la sociedad y la clase política.

La propuesta que ha hecho el presidente del Gobierno de España, en el sentido de impulsar a partir del mes de septiembre, un “Pacto de Estado” contra la emergencia climática y así afrontar con más garantías este tipo de catástrofes en el futuro, es una medida errónea y desacertada por cuatro motivos.

En primer lugar, no es lo que quieren oír, en estos momentos, los miles de afectados por los incendios y gran parte de la sociedad española. En segundo lugar, este gobierno ha tenido la posibilidad de abordar en serio la emergencia climática desde hace mucho tiempo y no lo ha hecho. En tercer lugar y teniendo en cuenta el circo en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados, es inviable la puesta en marcha de cualquier pacto de estado sobre cualquier asunto que se pueda plantear y por último, los cambios que se están produciendo en el clima debido a la acción humana, no constituyen, desde nuestro punto de vista, la principal causa del origen y la virulencia que están adquiriendo los incendios forestales en España, de los que también tenemos experiencia en Canarias y La Palma.

Los datos oficiales constatan que una gran parte de los incendios se originan por la acción del ser humano, ya sea por negligencia, imprudencia o intencionados. También pueden influir causas naturales o bien, directamente, se desconocen sus causas.

Las imágenes de televisión y numerosos testimonios de afectados y analistas, ponen sobre la mesa, que el despoblamiento del medio rural o las limitaciones a la ganadería extensiva, son algunos de los múltiples factores que condicionan la cantidad y gravedad de los incendios forestales.

Canarias y La Palma no son ajenas a esta realidad y por ello, queremos poner de manifiesto que la gran dimensión que están alcanzando los incendios forestales en Canarias, en los últimos años, también es una consecuencia de las características del modelo socioeconómico dominante en el Archipiélago y al que se encamina, inexorablemente, la isla de La Palma.

El hecho de que la mayor parte de la economía de Canarias esté vinculada con el sector turístico y con una actividad importadora de alimentos y otros insumos productivos, ha influido en el abandono progresivo de las medianías y por tanto, incidiendo en la mayor gravedad de los incendios forestales, cuando éstos se inician.

Detrás del paisaje de parcelas abandonadas para el cultivo y ocupadas por el matorral, plantas invasoras o monte, se esconde un trasfondo económico y poblacional, que nos puede servir para analizar las medidas de desarrollo económico local, que se han llevado a cabo en La Palma en los últimos años y así obtener algunas conclusiones.

La principal enseñanza que recibimos de todo este proceso es que en las medianías y municipios del norte de La Palma no han sido suficientes las medidas de desarrollo estrictamente económicas ni la “supuesta” mejora de las comunicaciones para revertir la dinámica poblacional negativa, el envejecimiento progresivo de la población y el escaso pulso económico.

Es decir, las posibilidades de encontrar un empleo o de iniciar una actividad empresarial por cuenta propia en el entorno rural de esta isla, no es el factor determinante para la fijación de la población y el crecimiento de ésta.

Hay otros elementos que están siendo más importantes y se refieren a los vinculados con la prestación de servicios de proximidad o para atender necesidades y problemas sociales y personales.

Nos referimos a la plena y fácil accesibilidad que debe tener toda la población a un centro de salud o un consultorio médico con una mayor y mejor cartera de servicios, centros educativos o servicios de todo tipo y que son básicos para la población.

Debemos aprender de lo que hemos hecho mal en los últimos 40 años en materia de desarrollo rural y reconducir alguna de las políticas aplicadas, en el sentido de otorgar más importancia a las medidas vinculadas a las necesidades personales y servicios a la comunidad y cuando estos cimientos sean sólidos, implementar medidas de carácter más económico y empresarial. Lo económico debe supeditarse a lo social. Es decir, hay que priorizar las acciones que satisfagan necesidades sociales básicas.

Dado que atender y sufragar muchas necesidades en materia de sanidad, educación, vivienda o servicios comunitarios excede de las competencias municipales o del Cabildo, se hace indispensable la necesaria cooperación con otras administraciones públicas, en el marco del diseño y ejecución de planes integrales de desarrollo.

El desarrollo económico que se vaya a plantear en los municipios y comarcas de marcado carácter rural debe construirse sobre la base de unas necesidades sociales plenamente satisfechas para toda la población.

Dado que el crecimiento de la actividad turística previsto en el conjunto de la isla responde al mismo patrón y características que el que ha fracasado en otras islas del archipiélago, se hace necesario impedir el crecimiento turístico en Fuencaliente y en el Valle de Aridane, porque condicionaría negativamente el desarrollo social y económico del norte de La Palma, ampliando los desequilibrios dentro de la isla.

La recuperación y consolidación social y económica de diversas zonas del norte de la isla y con ello, minimizar la posibilidad de que en algún momento podamos sufrir una tragedia comparable a la que ha ocurrido en la península, en relación a los incendios forestales y en el entorno rural, se debe apoyar necesariamente sobre dos pilares de idéntica importancia.

El primero, garantizar en todo momento el mismo nivel de prestaciones sociales y servicios públicos que en el conjunto de la isla, y en segundo lugar, diseñar y ejecutar una política real, potente y estable en el tiempo, de apoyo a la agricultura de mercado interior y así disminuir la dependencia alimentaria, facilitar la ganadería extensiva e impulsar la creación de pequeñas empresas vinculadas al sector primario.

*Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es economista

Desde el punto de vista exclusivamente geográfico y territorial, menos del 1,73% de la superficie de la isla, ha sido la zona directamente afectada por la erupción volcánica de septiembre de 2021 y toda esa área de 1.220 hectáreas, en el Valle de Aridane. Aun así, su impacto en viviendas, propiedades, fincas, empresas, negocios e infraestructuras públicas, ha supuesto un daño inmenso, en términos personales y económicos.

Muy pronto, el Cabildo de La Palma acuñó una expresión falsa y engañosa de una supuesta “reconstrucción de La Palma”, que no deja de ser un “eslogan político”, propio de la dinámica populista en que se ha convertido gran parte de la manera de hacer política en La Palma y Canarias y con el que generar falsas expectativas e ilusiones en los ciudadanos del Valle directamente afectados en sus proyectos de vida.

Dicho eslogan, se ha utilizado también como un mensaje al resto de las administraciones públicas autonómica y central, para reclamar la llegada de casi dos mil millones de euros, cuya gestión ha sido opaca, con un abuso de la contratación administrativa por emergencia e ineficaz y que debería ser motivo por el que en el Parlamento de Canarias y en el Congreso de los Diputados, se hubiesen constituido sendas comisiones de investigación, que fiscalizara políticamente el destino de tantos millones de euros públicos, que no han sido capaces de solucionar la necesidad más importante generada en esta catástrofe, que es la vivienda.

Lo hemos señalado en diversos escritos y cada vez que hemos tenido oportunidad. La erupción volcánica ha sido la excusa más importante que ha tenido el Cabildo de La Palma y otros agentes empresariales, que son los que realmente “mandan” en esta isla, para seguir tomando decisiones y ejecutando proyectos en el Valle, para consolidar definitivamente un modelo turístico, que es el responsable del colapso económico, social, territorial y ambiental, al que se encamina, inexorablemente, nuestro Archipiélago, si no lo logramos evitar.

Es urgente y necesario parar la destrucción irreversible de gran parte del campo de lava originado por la erupción volcánica, donde ya existen escombreras y depósitos de vehículos pesados y maquinaria semiabandonada. Salvo algunas voces aisladas, se ha generado un silencio cómplice y decepcionante de la universidad o entre la comunidad científica canaria y española ante este atropello al patrimonio de la isla, que constituye uno de los territorios más jóvenes del planeta y por tanto, de indudable interés natural y geológico.

Por razones administrativas, económicas y de gestión, la “tendencia natural” del Valle de Aridane, es que se inicie un proceso de integración municipal. Más pronto que tarde, el Valle de Aridane debe ser una sola entidad municipal y la isla en su conjunto, no debería tener más de tres ayuntamientos. Me atrevería a aventurar, que las únicas reticencias a este proceso, vendrían por parte de los partidos políticos.

Es un error estratégico seguir “sorribando” nuevas fincas plataneras sobre el reciente creado malpaís. Implica seguir incidiendo en un modelo de agricultura, cuya rentabilidad depende de ayudas europeas y que mira, exclusivamente, al mercado exterior.

El nuevo modelo agrario debe pivotar en torno a una agricultura de mercado local, de calidad y ecológica, adaptada a los cambios en el clima, que satisfaga las necesidades de la población y que reduzca la gravísima dependencia alimentaria que tiene La Palma.

Debemos ser capaces de llegar en el Valle y en el conjunto de la isla, a formalizar un pacto por la salvaguarda del suelo agrícola o con potencialidades agrícolas, como elemento necesario y estratégico para garantizar la autosuficiencia alimentaria básica de La Palma.

En este sentido, debemos denunciar el atropello que supone el Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane, al pretender arrasar con el mejor suelo agrícola de Canarias, entre Puerto Naos y el Charco Verde y que no les haya hecho decir “esta boca es mía”, a las asociaciones agrarias que dicen defender el sector primario.

Se deben idear y articular medidas de carácter económico, fiscal o de otro tipo, con el objeto de incentivar la retirada definitiva de invernaderos de las fincas plataneras en el Valle de Aridane.

En relación al sector turístico alojativo y por la información que hemos podido obtener, sólo en el suroeste de la isla, la previsión mínima de nuevas camas turísticas es la siguiente: 

A esta previsión de proyectos y nuevas camas, que seguro serán más, se deben añadir dos nuevas carreteras en el Valle de Aridane y la última ocurrencia del Cabildo de plantear un desdoblamiento de la carretera en la zona de “Los Castañeros”, en la parte alta de El Paso o la circunvalación del núcleo urbano de este municipio y así, seguir consolidando al Valle de Aridane y La Palma como un scalextric a escala real y de paso, seguir deteriorando de manera irreversible, un espacio que es un referente paisajístico, ecológico y emocional en la isla y todo ello, al servicio exclusivamente de la industria turística.

Las nuevas camas turísticas se deben limitar a las que se generen con la rehabilitación de inmuebles de tipología tradicional canaria o que presenten interés cultural o arquitectónico y se hace necesario, en el marco de las competencias de las administraciones públicas insulares, el establecimiento de una moratoria a la creación de nuevas viviendas vacacionales, dado que su crecimiento, es una de las razones más importantes de la crisis de la vivienda en el Valle y en la isla en su conjunto.

Si se llevaran a cabo las pretensiones turísticas y de creación de nuevas camas por parte de los tres municipios del Valle, sería la puntilla definitiva que agravaría la crisis social y económica que arrastra desde hace años la comarca noroeste de la isla. Sería un proceso similar al que supuso para municipios como Garafía, la construcción, en su momento, de la nueva carretera y el auge del regadío en las fincas plataneras del Valle de Aridane, en los años 60 y 70.

Hoy por hoy, una de las mayores amenazas para gran parte de la mitad norte de La Palma, es el previsto crecimiento de la actividad turística en el litoral de Los Llanos, Tazacorte y Fuencaliente.

Otra gestión de los residuos posibilitaría la creación de un entramado de microempresas vinculadas a la reutilización, recuperación de materiales, el comercio local de productos usados o la gestión con aprovechamiento económico posterior de los residuos orgánicos.

En el ámbito del urbanismo y la ordenación del suelo, debemos tender a la concentración edificatoria e ir abandonando la dispersión territorial, por razones ambientales, estratégicas y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. En este sentido, habría que valorar la posibilidad de permitir la ampliación en altura de las nuevas edificaciones que se construyan en los núcleos urbanos de El Paso, Los Llanos y Tazacorte.

Todavía estamos a tiempo de reconducir esta peligrosa dinámica en el Valle y en la isla y para ello, debemos abandonar algunas decisiones tomadas, ideas y proyectos y afrontar otras nuevas, valientes y estratégicas, de las que se han esbozado algunas de ellas en este escrito. Nosotros, los ciudadanos, debemos ser, como no puede ser de otra manera, agentes participantes, activos y decisores, en este proceso. Nos va el presente y el futuro.

Pedro Higinio Álvarez Rodríguez, economista

La página 46 del periódico Diario de Avisos, de fecha 7 de octubre de 2018, abría con el siguiente titular: “Sin carretera entre Fuencaliente y El Remo no habrá hotel en Las Hoyas”.

La mencionada noticia se refería a que el grupo Princess había pedido esta vía de interés regional para impulsar su gran complejo turístico en la costa de Tazacorte. Es decir, que en el suelo junto al Faro de Las Hoyas que en la actualidad está lleno de maleza y rabo de gato y que hace años constituía parte del mejor suelo agrícola de Canarias, no se construiría el hotel, si antes no se acometía la conexión entre El Remo y Fuencaliente.

Tal y como se reconoce en el proyecto de trazado, en sus antecedentes y en diversos documentos jurídicos emitidos por el Gobierno de Canarias desde el año 2022, en relación a este expediente, el motivo más importante para ejecutar la obra mencionada, es facilitar y posibilitar el crecimiento del sector turístico en el litoral suroeste de la isla de La Palma, argumento que se trata de enmascarar o disimular con infundados problemas de comunicaciones, aislamiento, inundaciones o futuras erupciones volcánicas.

Asimismo, el documento que se ha presentado a información pública señala que esta conexión terrestre entre El Remo y Fuencaliente constituye una “ancestral aspiración palmera” y hay que reconocer que tienen algo de razón, pero en realidad, se trata de una ancestral aspiración de los inversores turísticos y de los sucesivos gobiernos que ha tenido el Cabildo de La Palma desde el último cuarto del siglo XX.

Es un documento tramposo, porque en la Orden del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, de fecha 26 de julio de 2022, por la que se inicia el expediente de contratación del servicio de “redacción del proyecto de trazado y construcción de la ”variante El Remo-La Zamora“, ya se planteaba la opción de un túnel. Si esto es así, ¿por qué se plantean por el equipo redactor más alternativas de trazado en el documento del proyecto, si la decisión política ya estaba tomada desde ese año, si no antes?

La construcción de carreteras no garantiza el desarrollo económico ni la creación de empleo en territorios insulares pequeños. El supuesto ahorro de tiempo no es una razón ni motivo relevante que vaya a mejorar la competitividad económica del Valle de Aridane, ni de su sector platanero, ni de la isla en su conjunto.

La ejecución de la conexión El Remo con La Zamora supone la afección o desaparición de una superficie importante de uno de los mejores suelos agrícolas de Canarias. Se trata de unas fincas de la máxima productividad agraria, debido a sus horas de sol, temperatura media anual, riqueza del suelo y calidad del agua de riego, donde se produce un 90,48 % más de kilos de fruta por fanega y hay un 37,50 % más de plantas por fanega, al aire libre, que la media de Canarias.

En este sentido y una vez más, es sorprendente y sospechoso que las entidades agrícolas, que en La Palma dicen defender al sector primario, estén manteniendo un cobarde y lamentable silencio ante este nuevo atropello hacia uno de los suelos más productivos y de mejor calidad agrícola del archipiélago.

En un contexto insular y regional de indudables necesidades sociales, de vivienda, sanitarias o educativas, destinar 328.695.463,60 euros a este proyecto es una auténtica indecencia política y constituye un ejemplo más del trasvase permanente de recursos públicos para beneficio, casi exclusivo, de la industria turística.

Una industria turística, que, aunque parte del empresariado de las islas, lo pretenda enmascarar con un manifiesto denominado “en defensa de la industria turística canaria” y dado a conocer el pasado mes de enero, lleno de falsedades, medias verdades y palabras bonitas y vacías, es la responsable de que Canarias sea, desgraciadamente, líder en España en indicadores vinculados al desempleo, pobreza, desigualdad social, desigual reparto de la renta, baja calidad de vida, deterioro ambiental irreversible, dependencia económica, vulnerabilidad geoestratégica o corrupción urbanística en los ámbitos público y privado.

¿Seguirán pensando lo mismo los que afirman que el turismo en Canarias y La Palma no recibe ayudas públicas? A estos negacionistas de las ayudas públicas que recibe el turismo los animo a que se lean las resoluciones publicadas anualmente por el Ministerio de Hacienda, sobre la concesión de subvenciones directas a proyectos turísticos en el marco del programa de Incentivos Económicos Regionales del Gobierno de España.

Este año 2025 y una vez finalizado el tradicional ‘akelarre’ anual de Fitur, el Cabildo de La Palma ya está desatado y por razones electorales debe impulsar y facilitar la ejecución de todos los proyectos turísticos que sea capaz y haciendo lo que sea necesario hacer.

En este sentido, la ejecución de esta obra es vital para facilitar a los inversores la rentabilidad de sus proyectos en el Valle de Aridane y Fuencaliente. Por la información que hemos podido obtener, sólo en el suroeste de la isla, la previsión mínima es de 4.658 nuevas camas turísticas y dos nuevas carreteras en el Valle de Aridane y así, seguir consolidando a La Palma como un scalextric a escala real y todo ello al servicio del turismo.

Por todo ello y otras razones de índole ambiental, la decisión más sensata para empezar a trabajar en La Palma en otra dirección y con otros criterios en materia de desarrollo económico, es la no ejecución del trazado ‘LP-2. Variante El Remo-La Zamora’ y abandonar definitivamente esta idea.

*Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es economista

El denominado “síndrome de la rana hervida”, es una analogía que a menudo se usa para describir lo que puede ocurrir, cuando un problema se desarrolla tan lentamente, que sus daños no son fáciles de percibir de manera inmediata y esa falta de conciencia de los mismos, hace que difícilmente, haya reacciones a corto plazo o que éstas sean tardías o débiles para evitar, revertir o minimizar los posibles perjuicios que se puedan ocasionar.

La premisa es que, si una rana se pone repentinamente en agua hirviendo, saltará y puede seguir viviendo, pero si la rana se introduce en agua tibia que luego se lleva al punto de ebullición lentamente, no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte.

Algo parecido estamos percibiendo que está ocurriendo en La Palma, referente al modelo de desarrollo económico que siempre se ha pretendido para esta isla, desde determinados estamentos políticos y empresariales desde la década de los años 60 y 70 y que no es otro, que el que ha colapsado en Canarias, aunque algunos afirmen, incluso en sede parlamentaria, que es un “modelo de éxito”. Éxito para algunos, evidentemente.

Un modelo económico, que ha propiciado que el archipiélago canario, donde la actividad turística es mayoritaria en su estructura económica, conjuntamente con una agricultura de exportación ajena al mercado local y dependiente de ayudas públicas para su rentabilidad, sea líder en indicadores vinculados al desempleo, pobreza, desigualdad social, reparto de la renta, baja calidad de vida, deterioro ambiental irreversible, dependencia económica, vulnerabilidad geoestratégica o corrupción urbanística en los ámbitos público y privado. 

En La Palma, sólo el movimiento ecologista y diversas entidades sociales, han estado advirtiendo de esta situación desde finales de los años ochenta y planteando desde entonces, estrategias y acciones para cambiar nuestro rumbo social y económico.

Alternativas que han estado defendiéndose hasta la actualidad y que, sistemáticamente, han sido rechazadas y ridiculizadas por la élite política y empresarial de esta isla.

Con el paso del tiempo y analizando el posicionamiento de los diferentes actores que operan en el territorio, vamos teniendo claro el papel que juega cada uno de ellos en el objetivo de introducir progresivamente a la isla, en esta fracasada dinámica turística global.

Las ideas, proyectos, el contacto con promotores, inversores e intermediarios locales, salen de algunos despachos de Fedeplma y del Centro de Iniciativas Turísticas de La Palma. El dinero público para financiar las actuaciones necesarias para la implantación del modelo sale de los presupuestos del Gobierno Autónomo y del Gobierno central y por último, el “facilitador y cooperador necesario” de todo el proceso, es el Cabildo de La Palma, con alguna colaboración del Parlamento de Canarias, por aquello de los “equilibrios insulares”.

El proyecto de presupuesto de Canarias, para el año 2025, documento que refleja en el papel, las intenciones políticas del gobierno regional para el próximo año, establece para La Palma inversiones directas por un valor de 116.777.813 euros.

La inversión que se pretende realizar en proyectos, actuaciones y trámites vinculados a las carreteras, representa el 27,04 % del total de la cantidad prevista invertir en La Palma y con ello, propiciando que la isla se vaya convirtiendo, progresivamente, en un auténtico “scalextric” a escala real.

Sin contar las descontroladas actuaciones que se han llevado a cabo como consecuencia de la erupción volcánica de 2021, en el mal llamado proceso de reconstrucción de la isla, el Gobierno de Canarias, en 2025, destina para la isla de La Palma, en materia de carreteras, 31.581.106 euros.

La “novedad” para el próximo año, es que ya aparece una partida nueva para el tramo entre Los Llanos de Aridane y Tijarafe, con 19.050.015 de euros y así, continuar con el disparate ambiental irreversible, que están suponiendo las obras en el actual trazado dentro del municipio de Tijarafe.

La exagerada inversión en la construcción de nuevas carreteras es un error estratégico gravísimo que están cometiendo el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, sistemáticamente en todas las islas y en el caso de La Palma, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos representados en el Pleno del Cabildo.

Los tres partidos políticos representados en el Pleno del Cabildo de La Palma piensan lo mismo, desean lo mismo y votan lo mismo, en relación a las cuestiones estratégicas de la isla y no sólo sobre las carreteras, sino sobre el modelo turístico, la gestión de residuos, energía o el futuro del plátano, entre otros temas. Hace ya muchos años, que el debate político en el Cabildo es algo parecido al “juego de la silla” y donde la oposición real ha dejado de existir, si es que alguna vez existió.

Son los mismos partidos políticos que suscribieron antes de las últimas elecciones locales, el denominado “Pacto por el Desarrollo del Turismo de La Palma”. Son los que firmaron un documento conjunto a principios de los años 2000, para que el techo de camas nuevas en la isla, se estableciera en 25.000, con cinco campos de golf, un aeropuerto sobredimensionado o un puerto en Tazacorte que sólo sirve para ir a pasear y que los niños aprendan a patinar o montar en bicicleta y son los mismos partidos que defienden el disparate económico y ambiental de la conexión entre La Zamora y El Remo, proyecto que ya se encuentra en información pública desde el día 4 de noviembre y cuyo único objetivo es posibilitar y facilitar el desarrollo turístico en el litoral del Valle de Aridane y la costa de Fuencaliente.

Curiosamente, el periodo de información pública y presentación de alegaciones coincide con las fechas navideñas, igual que hizo el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane con su Plan General, el año pasado y así, dificultar el necesario debate público que merecen este tipo de actuaciones. 

Son los mismos partidos políticos que han declarado de “interés insular” el proyecto urbanístico de la “Dichosa Wellness Clinic” en el Valle de Aridane o apoyando y agilizando la tramitación administrativa del “Eco Resort Camino Real La Pavona”, en Breña Alta y otros proyectos futuros, modificando ordenanzas insulares y todo lo que haga falta modificar, para facilitar el trabajo y el camino a los especuladores del turismo en la isla.

La crisis originada por la erupción volcánica de 2021 ha sido la última excusa que le ha servido al Cabildo, con el apoyo del Gobierno Autónomo y el Gobierno Central, para trasladar a la población y al resto de administraciones públicas, que la única alternativa que hay para La Palma para su futuro, es incidir en el mismo modelo económico que está llevando al Archipiélago al colapso económico, social y ambiental.

En las presentaciones de los sucesivos informes trimestrales sobre la coyuntura económica de la isla, encargados por Fedepalma, se va “abriendo camino un argumentario” muy concreto, cual es, que el turismo, tal como lo conocemos en el resto de Canarias, es la única alternativa viable para garantizar el empleo y la riqueza de La Palma, para los próximos años.

Más determinante que el documento del Pacto Turístico, es un informe presentado en el mes de mayo de 2019 y elaborado por Fedepalma, denominado “Ganemos el Futuro: una propuesta para la isla de La Palma”, donde ya se le indicaba a las administraciones públicas competentes, la necesidad de impulsar diversos proyectos y actuaciones necesarias para ir implantando el modelo turístico en La Palma y que con el tiempo se han ido concretando en los presupuestos públicos (conexión El Remo-Fuencaliente, carreteras en el Noroeste de la isla, nueva carretera en la Cumbre o diversas actuaciones alojativas con sus correspondientes campos de golf).

Debemos acabar con el mito de que el sector turístico en Canarias y en La Palma, no recibe subvenciones ni otras ayudas públicas. Esta afirmación es totalmente falsa y que algunos dirigentes del empresariado canario y palmero la sigan manteniendo, demuestra mala fe o desinformación y a cuál más grave.

La ampliación del aeropuerto es una subvención al turismo, el fallido puerto de Tazacorte y su nueva vía de acceso, es una subvención al turismo, el millonario gasto del Cabildo de La Palma en promoción exterior, es una subvención turística, los poco transparentes acuerdos a los que se llega año tras año en Fitur y otras ferias internacionales, son subvenciones y ayudas, algunos de los proyectos de financiación recogidos en el “Fondo de Coordinación y Cooperación Municipal” o la “Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares”, documento de 60 páginas que se puede consultar en el BOC del pasado día 29 de noviembre, son ayudas al sector turístico y así podríamos seguir.

En numerosos escritos elaborados con anterioridad, hemos puesto negro sobre blanco nuestra opinión de lo que deberíamos hacer en La Palma para revertir la situación en la que nos encontramos y que pasa por trabajar en otro modelo económico drásticamente distinto al actual y al que nos pretenden imponer.

Un nuevo modelo económico y social, que tiene que pasar, necesariamente, por la reconversión ecológica de la economía insular y abordando cambios en el ámbito institucional y en el proceso de toma de decisiones y todo ello, con el marco competencial y normativo que nos hemos dado en nuestra región.

Lo que queda de esta legislatura es un tiempo crucial para esta isla. No nos pueden seguir enfrentando a la falsa y tramposa disyuntiva de elegir entre lo malo y lo peor. Hay otras salidas y llevamos años poniéndolas encima de la mesa.

Ya lo decía el escritor, teólogo y filósofo cristiano Agustín de Hipona en el siglo IV y V d.C. “A fuerza de verlo todo, se termina por soportarlo todo. A fuerza de soportarlo todo, se termina por tolerarlo todo. A fuerza de tolerarlo todo, terminas aceptándolo todo y a fuerza de aceptarlo todo, finalmente, lo aprobamos todo”.

Posiblemente, los planes de ordenación del territorio son los documentos de gestión pública de carácter plurianual más importantes de cualquier municipio. En este sentido, desde el pasado 24 de noviembre, se encuentra en exposición y consulta ciudadana, el Avance y Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane (PGO), donde se determinan los ejes estructurantes de su desarrollo económico y social para los próximos años.

En política, las casualidades raramente existen y es mucha casualidad que el anuncio haya salido el mismo día en el Boletín Oficial de Canarias y en el de la Provincia y por ello, haciendo coincidir la mayor parte del periodo de consulta y elaboración de alegaciones, con el periodo de tiempo donde la sociedad que hemos creado entre todos, nos obliga a que seamos felices, nos divirtamos, gastemos el dinero que no tenemos y deseemos lo mejor al prójimo y así, seguir ignorando asuntos que tanto nos afectan y dejando que otros decidan por nosotros.

El actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se ha contagiado muy pronto del delirio desarrollista que ha caracterizado a las anteriores corporaciones y por ello, la opción económica que defiende para el litoral del municipio es la de urbanizar y desarrollar la actividad turística y residencial en la franja costera que va desde el núcleo de Puerto Naos hasta el sur del Charco Verde y de la carretera hacia el mar.

Pero nada de esto es nuevo, ya que desde la elaboración de los primeros documentos de planificación territorial que se han propuesto o aprobado para La Palma, desde los años 70 y 80 del siglo XX, el litoral de Los Llanos de Aridane siempre ha sido ‘objeto de deseo’ para su urbanización y la creación de miles de camas turísticas.

Se trata de unas fincas de la máxima productividad agraria, debido a sus horas de sol, temperatura media anual, riqueza del suelo y calidad del agua de riego, donde se produce un 90,48 % más de kilos de fruta por fanega y hay un 37,50 % más de plantas por fanega, al aire libre, que la media de Canarias.

Ante este nuevo intento de atropello contra un suelo agrícola de máxima calidad, ¿no tienen nada que decir las entidades agrarias de La Palma? ¿no tiene nada que opinar la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, por la descapitalización irreversible que supondría arrasar con parte de las mejores fincas plataneras y agrícolas del Archipiélago?

De manera paralela a la tramitación administrativa del PGO y sobre parte del mismo suelo costero, desde hace algunos meses se viene avanzando por parte del Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en un expediente administrativo denominado ‘Instrumento de Planificación Singular Turística para la Ordenación Estructural y Pormenorizada del Litoral de los Llanos de Aridane’.

Lo que se pretende con el mismo es urbanizar un área que abarca una extensión de 28,25 hectáreas y que representa, aproximadamente, la superficie de 40 campos de fútbol, entre el Hotel Sol y Punta Cho Bito, próximo al Charco Verde y por debajo de la actual carretera que conecta Puerto Naos con El Remo, con el objeto de construir 2.600 camas turísticas.

Este PGO de Los Llanos de Aridane, es, una vez más, la punta de lanza para convertir gran parte del litoral y de las medianías desde Fuencaliente hasta el Puerto de Tazacorte en un espacio turístico y los argumentos de los decisores públicos se centran, esta vez, en el marco del mal llamado proceso de reconstrucción de La Palma, una vez finalizada la erupción volcánica de 2021.

La iniciativa para urbanizar este espacio en los Llanos de Aridane no está aislada de otros proyectos, ya que conforma una pieza más del ‘pack desarrollista’ formado por la carretera desde El Remo hasta Fuencaliente, la vía de circunvalación y acceso al Puerto de Tazacorte, la nueva carretera desde el túnel de la Cumbre y otras iniciativas turísticas impulsadas o apoyadas por los otros ayuntamientos del Valle, con el objetivo de dar un vuelco a la realidad social, territorial, económica y cultural del Valle de Aridane y con graves implicaciones en la calidad del empleo creado, el uso del agua, la generación de residuos o el consumo energético. Supone seguir afianzando el mismo modelo productivo que está colapsando en otras islas y que nos está llevando en Canarias a la situación de crisis social, económica y ambiental que estamos sufriendo.

Si estas zonas del litoral de Los Llanos de Aridane no se han urbanizado todavía, es principalmente, porque la rentabilidad del plátano en dichas zonas, es tan alta, que no compensa su venta para la urbanización. Estas zonas deben salvaguardarse para siempre de su urbanización, ya que constituyen un activo económico, paisajístico y social de primera magnitud para el uso y disfrute de las generaciones venideras. Ni Canarias ni La Palma, se pueden permitir el lujo de perder una fanega más de suelo productivo agrario.

Seguimos defendiendo que los agricultores del plátano al aire libre y que practiquen una agricultura integrada o ecológica deben tener derecho a recibir una compensación monetaria directa, independientemente de la recibida por kilo comercializado, debido al beneficio paisajístico que genera su actividad y que es una de las señas de identidad de La Palma.

Este tipo de actuaciones de gran impacto territorial con implicaciones en la sociedad y en la economía de la isla, hace que debamos poner de nuevo sobre la mesa de debate, la posibilidad de retirar a los ayuntamientos las competencias urbanísticas que tienen actualmente para impulsar y aprobar este tipo de planeamiento que califiquen suelos como turísticos y que éstas pasen al Gobierno autónomo, que debe legislar y tomar decisiones desde un ámbito regional, posibilitando un auténtico debate público, previo a la toma de decisiones.

Un ayuntamiento, que en este caso es el de Los Llanos de Aridane, de manera unilateral, no puede ni debe tomar decisiones sobre el territorio que afecten de manera tan importante a la isla en su conjunto.

Desde mi punto de vista, la planificación territorial debe hacerse desde la base de un proceso previo de integración municipal, para que el Valle de Aridane sea un solo municipio, con la unión de El Paso, Los Llanos y Tazacorte y que la isla de La Palma no tenga más de tres ayuntamientos en el horizonte temporal de 2030.

Y en el marco de la planificación insular, impulsar y formalizar un pacto para garantizar la protección efectiva y activa del suelo agrícola en el Valle de Aridane, la protección real de las coladas volcánicas y limitar la dispersión urbanística residencial y turística, colmatando previamente, los núcleos urbanos existentes.

Este avance de planeamiento para Los Llanos de Aridane supone seguir profundizando en un modelo de desarrollo económico que ha hecho de Canarias una de las regiones españolas y europeas con los peores indicadores de desempleo y precariedad laboral, desigualdad social, crisis ambiental, vulnerabilidad geoestratégica o corrupción.

* Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es economista

El proyecto de presupuesto de Canarias, para el año 2024, documento que refleja en el papel las intenciones políticas del Gobierno regional para el próximo año, establece para La Palma inversiones directas u operaciones de capital, por un valor de 126.753.679 euros. Sin embargo, al ver el importe de algunas partidas respecto de otras, observamos una vez más, que el ser humano es el único animal en este planeta, que tropieza con la misma piedra las veces que haga falta.

En este sentido y haciendo un breve desglose parcial por proyectos a ejecutar, hemos conocido los siguientes datos:

La inversión que se pretende realizar en proyectos, actuaciones y trámites vinculados a las carreteras, representa el 27,78 % del total de la cantidad prevista invertir en La Palma, pero si a dicho importe, además, se le añade lo destinado directamente al sector turístico, alcanza el 31,38 %.

Sin contar las descontroladas actuaciones que se han llevado a cabo como consecuencia de la reciente erupción volcánica, el Gobierno de Canarias, en 2024, destina para la isla de La Palma, en materia de carreteras, 35.210.000 euros. Es una política de inversiones equivocada que generará graves consecuencias negativas e irreversibles en los próximos años, en los ámbitos del empleo, la sociedad y los recursos naturales en la isla.

La exagerada inversión en la construcción de nuevas carreteras, es un error gravísimo que están cometiendo el Gobierno de Canarias y el Gobierno Central, sistemáticamente, en todas las islas y en el caso de La Palma, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos representados en el Pleno del Cabildo. La mayoría de carreteras nuevas, forman parte del proceso de cambio de modelo productivo que se pretende para esta isla desde la década de los años 70 y 80, que no es otro, que el que ha fracasado en Canarias en su conjunto, el turismo.

Un modelo turístico que destruye, de manera irreversible, el mejor suelo agrícola de Canarias, creador de un empleo de alta precariedad, bajos salarios, creador de situaciones graves de desestructuración social, vulnerable ante shocks externos, dependiente de agentes foráneos en los procesos de toma de decisiones, acelerador de la emergencia climática y generador del caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de actuaciones corruptas e ilegales en los ámbitos público y privados.

Y esto es así, porque en el Parlamento de Canarias y en el Cabildo de La Palma, CC, PSOE y PP, son lo mismo, defienden lo mismo y proponen lo mismo. Cada cuatro años, asistimos sistemáticamente, a una bochornosa y ridícula obra de teatro, que más bien se parece al juego de la silla, al que jugábamos de pequeños, que a un debate público adulto, fundamentado y riguroso, para conformar los diversos gobiernos en la Corporación Insular o a nivel regional.

Es el mismo modelo que es responsable que Canarias tenga una de las tasas de paro más altas de España y del conjunto de regiones europeas, con un 15,20 % en el tercer trimestre de 2023, una tasa de paro juvenil del 31,70 % en el mismo periodo o que casi la mitad del desempleo lo sea de larga duración y sea responsable, en gran medida, de los insoportables datos de marginalidad social y pobreza que sufrimos en estas islas.

Si tan bueno y positivo ha sido el turismo para Canarias, ¿cómo es que el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, sitúa a Canarias a la cola de España? ¿qué tienen que decir los empresarios y políticos que sacan pecho cada vez que las islas superan las cifras de entrada de turistas cada año?

Cuando entró en funcionamiento, en torno al año 2004, el puente de Los Tilos, San Andrés y Sauces, tenía, oficialmente, 5.012 habitantes. En el año 2022, la población era de 4.170 personas, lo que representa un descenso del 16,80 %. Evidentemente, dicha infraestructura no es la única responsable del descenso de la población del municipio, pero los defensores de dicha obra no pueden justificar, de ninguna manera, que el puente haya ayudado a fijar la población.

Hemos dicho en reiteradas ocasiones, que al igual que ha ocurrido en Garafía, la construcción de nuevas carreteras, que siempre nos las venden como “mejoras en las comunicaciones”, también facilita la salida de la población de las comarcas que se pretenden desarrollar, si no se aplican con carácter previo, medidas de ámbito social o económico y eso es lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo en La Palma.

Con total seguridad, nuestros políticos, seguirán utilizando el drama del desempleo y empleando eufemismos y vaguedades, como que “la isla no puede perder inversiones”, para justificar estos proyectos y obras en curso, que en su mayoría ya estaban diseñadas desde hace algunos años y que no se han materializado por diversas razones. Pero es un argumento falso y tramposo.

Salvo para la mayoría de los políticos palmeros y parlamentarios canarios, que viven en una realidad paralela e imaginaria, la construcción de nuevas carreteras no garantiza por sí mismo el desarrollo económico y social de territorios insulares pequeños como nuestro archipiélago. Así lo demuestra la realidad y numerosos informes de analistas y diversas entidades de investigación, cuya lectura sería muy conveniente para los decisores públicos canarios. Pueden ayudar, bien dimensionadas, pero en el marco de un plan de desarrollo insular previo, que en el caso de La Palma, no conocemos, porque no existe.

Las pretensiones del desarrollo turístico en gran parte del territorio de La Palma están motivadas por el negocio urbanístico y en muchos casos por el ‘pelotazo urbanístico’ y así, son numerosos los procesos judiciales que han sido abiertos en estos últimos años, vinculados a políticos y promotores de proyectos turísticos y urbanísticos, planteados desde diversas corporaciones locales de la isla y desde el propio Cabildo.

La obsesión que han tenido los sucesivos gobiernos de Canarias y del Cabildo de La Palma por la construcción de nuevas carreteras, gran parte de ellas al servicio de un modelo productivo turístico lesivo para la sociedad y el territorio, se explica, parcialmente, por las reminiscencias del franquismo que quedan en la isla. Es una forma de entender la obra pública y concretamente las infraestructuras de transporte sobredimensionadas, como la visualización de una falsa gestión pública, con el objetivo primordial de propiciar en la sociedad, un rédito electoral a corto plazo, pero con un trasfondo muy claro, cual es, el cambio de modelo productivo en La Palma hacia el turismo.

En la isla, no hay un liderazgo político claro, motivador, identificable e ilusionante para los ciudadanos. No hay un proyecto de isla para los próximos años, ni planteado, ni debatido, ni consensuado. Ha habido intentos, pero como hemos señalado en otros artículos publicados en meses anteriores, en La Palma no sabemos debatir, nos cuesta aceptar a los que piensan diferente y por supuesto, no somos capaces de llegar a acuerdos estratégicos en beneficio de nuestra isla.

En La Palma y en Canarias, la viabilidad de su futuro pasa, necesariamente, por no seguir llevando a estas islas por una senda económica basada en la construcción de infraestructuras y en una forma de crecimiento turístico que nos ha convertido en una región que ocupa los primeros puestos de España y de la Unión Europea en desempleo, desigualdad, pobreza, dependencia exterior, deterioro ambiental y vulnerabilidad geoestratégica.

El iniciar otro camino es difícil. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero no tenemos otra alternativa, ni como isla ni como región.

*Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es economista

El incendio forestal que se originó en días pasados en el municipio de Puntagorda y que está arrasando parte del territorio insular, ya ha generado, a la espera de los datos concretos que faciliten las administraciones públicas, una crisis social, económica y ambiental gravísima, que se añade a las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID y la reciente erupción volcánica.

Con este artículo de opinión, queremos volver a incidir en la tesis de que la gran dimensión que están alcanzando los incendios forestales en Canarias, en los últimos años, es una consecuencia directa del modelo socioeconómico dominante en el Archipiélago. Una estrategia de desarrollo económico equivocada que le ha dado y le sigue dando la espalda a la realidad territorial y ecológica de las islas.

Detrás de la ‘fotografía’ de parcelas abandonadas para el cultivo y ocupadas por el matorral y el monte bajo, se esconde un trasfondo económico y poblacional, que nos debe servir para analizar las medidas de desarrollo económico que se han llevado a cabo en diversas islas y así obtener algunas conclusiones a la hora del diseño de las políticas públicas a aplicar en La Palma.

El hecho de que un porcentaje importante del PIB de Canarias, esté vinculado con el sector turístico denominado ‘de sol y playa’ o ‘de masas’ y con una actividad importadora muy relevante de alimentos y otros insumos productivos, ha ocasionado progresivamente el abandono de las medianías y por tanto, incidiendo en la mayor gravedad de los incendios forestales cuando éstos se producen.

Un modelo turístico que destruye, de manera irreversible, el mejor suelo agrícola de Canarias, generador de poco empleo neto, con alta temporalidad y bajos salarios, creador de situaciones graves de precariedad social, vulnerable ante shocks externos, dependiente de agentes foráneos en los procesos de toma de decisiones y responsable del deterioro de las condiciones de vida de más del 30% de la población.

Esta situación de precariedad social y económica, no se debe exclusivamente a crisis coyunturales, como la que se inició en España en el tercer trimestre de 2008, o la derivada del COVID, sino tiene que ver con factores y elementos de carácter más estructural y que están vinculados directamente con el modelo de crecimiento económico dominante en el Archipiélago, basado en la construcción, el turismo y la importación.

Al igual que sucedió a raíz de la crisis volcánica, nos tememos que con la excusa del desastre generado por este incendio, algunos responsables públicos de la isla, tendrán una nueva oportunidad para argumentar la necesidad de que La Palma se introduzca, de manera definitiva, en una economía donde el sector turístico sea el estructurante de su tejido productivo.

Pero está decisión ya está tomada y lo veremos en la presente legislatura. Los grupos políticos que conforman el actual Pleno del Cabildo de La Palma, junto con una delegación sindical, autodenominada como representativa de los trabajadores de la isla, firmaron antes de las elecciones del 28 de mayo, un documento impulsado por una parte del empresariado insular denominado

“Pacto por el desarrollo del turismo de La Palma”, un documento donde se señala textualmente, que se “...tiene la firme voluntad de apostar por el desarrollo turístico de la isla de La Palma, como motor principal del empleo y la economía...”.

Los ciudadanos deben saber que las tres formaciones políticas representadas actualmente en el Pleno del Cabildo de La Palma, piensan lo mismo y son lo mismo respecto a algunos proyectos e ideas que, de manera conjunta, van a reorientar la estructura productiva de la isla, hacia el mismo modelo turístico que ha colapsado en Canarias.

Estas tres formaciones políticas, pretenden sustituir gran parte del suelo platanero del Valle de Aridane por 6.900 camas nuevas y un campo de golf además de un complejo hotelero en Las Manchas. Estas tres formaciones políticas están de acuerdo en construir una nueva carretera que una El Remo y La Zamora. Estas tres formaciones políticas están ejecutando y apoyando el desastre estratégico derivado de la ejecución del nuevo acceso al Puerto de Tazacorte. Estas tres formaciones políticas están ejecutando o han apoyado la denominada “carretera de la costa” y han hecho actuaciones que han destrozado de manera irreversible, parte del delta lávico generado en la erupción volcánica.

Estas tres formaciones políticas apoyan la construcción de una nueva carretera entre Las Tricias y Llano Negro, en Garafía. Estas tres formaciones políticas están impulsando o apoyando la operación urbanística de 2.600 camas al sur del Hotel Sol en Puerto Naos en una superficie equivalente a 40 campos de fútbol. Estas tres formaciones políticas apoyan la operación urbanística en La Pavona de Breña Alta, con la construcción de un campo de golf y 1.400 camas. Estas tres formaciones políticas están hablando de seguir ampliando un muelle en Tazacorte, que para lo único que ha servido su ampliación, es para que los niños aprendan a montar en bicicleta o venga un barco una vez al año con espectadores al Love Festival.

Este tipo de proyectos, ahonda y configura un modelo turístico, del que hemos hablado en otros escritos, causante de graves perjuicios sociales, ambientales y económicos para las islas y es causa también, de la gravedad de los últimos incendios forestales en Tenerife, Gran Canaria o La Palma.

Pero el turismo, tal como lo conocemos en diversas zonas de Canarias, no es la solución para La Palma. Ese turismo no va a ser nuestra salvación, por más que lo repitan, de manera machacona, algunos responsables políticos y empresariales de nuestra isla. No se nos puede seguir obligando a elegir entre lo malo y lo peor.

Si queremos evitar que La Palma sea un territorio fallido en los próximos años, necesitamos transitar por otro camino que suponga dar un giro de 180º a la economía de nuestra isla.

Por ello, es necesario y urgente, el diseño y la ejecución en el tiempo, de una “estrategia insular”, que posibilite una reconversión ecológica de la estructura económica de La Palma, con el objetivo de adaptar el tejido productivo, la estructura administrativa de la isla y la gestión de los asuntos públicos, a un entorno geopolítico complejo, amenazante e imprevisible y a los cambios que ya se están produciendo en el planeta, derivados de las alteraciones del clima, cuyas repercusiones negativas en la economía, el territorio y las personas, ya estamos observando en la actualidad y que se agravarán, irremediablemente, con el paso del tiempo.

Se trata de adaptar de una manera progresiva, la economía de La Palma a la realidad ecológica de la isla y a la dinámica de un entorno cambiante y no seguir profundizando en un modelo de desarrollo fracasado en otras islas y regiones españolas, que nos va a conducir inexorablemente a un futuro de mayor precariedad social y laboral, generando un deterioro irreversible en el territorio insular y dependiendo peligrosamente, de las circunstancias y decisiones externas.

En definitiva, ha llegado la hora de que la evidencia científica y la buena gestión, condicionen e influyan en la acción política de nuestros gobernantes y así poder enfrentarnos con mayor probabilidad de éxito, a un presente complejo y un futuro incierto y lleno de incógnitas.

En definitiva, se está poniendo a La Palma en la necesidad de elegir entre el mismo modelo turístico que el resto de Canarias o la precariedad y la ruina y ante esta elección falsa, interesada y perversa, debemos y podemos decir, que existe un tercer camino, difícil y complejo, pero es el único sensato, basado en un nuevo paradigma territorial y económico, que haga posible la construcción de un entramado productivo y social en nuestra isla, fuerte y capaz de afrontar las sacudidas que nos está dando la realidad y que, indudablemente, se van a seguir produciendo en el futuro.

En definitiva, podemos afirmar que si la economía de La Palma, va orientándose hacia la misma forma de entender el turismo que otras islas, nuestro futuro social, económico y ambiental estará muy comprometido. Ojalá nos equivoquemos, pero es casi una certeza matemática.

*Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es economista

El pasado día 14 de diciembre, el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, publicó el dictamen elaborado por la Comisión de estudio sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma, que había sido constituida previamente en el mes de febrero. Con posterioridad, el día 20 de diciembre, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Parlamento.

La sensación que nos deja el documento es decepcionante. En sus 15 páginas de extensión, es verdad que se exponen con cierta rigurosidad, los efectos devastadores de la erupción sobre los terrenos directamente afectados, la cuantía de las ayudas transferidas a la isla, información sobre la gestión de la emergencia y un listado de actuaciones que apenas tienen vinculación con la cuestión de fondo y estratégica, cual es, qué isla queremos para el presente y el futuro.

Es más, el documento recurre de nuevo, a utilizar palabras y expresiones ambiguas sin contenido sólido, lugares comunes, que permiten entender, simultáneamente, unas cosas y las contrarias y que podrían ser asumidas, por ejemplo, por personas que a priori, defendieran planteamientos divergentes. Pero esto, desgraciadamente, no es nuevo, porque siempre ocurre lo mismo con la mayoría de los documentos estratégicos y de cierto alcance, que emanan de nuestras instituciones públicas.

Así, se habla en la página 3 de “...impulsar un futuro esperanzador para la isla...”, en la página 5, de “...un futuro mejor para las generaciones actuales y las próximas generaciones...”, “...todo el mundo ve en esta situación una oportunidad...” o “...se trata de ser más fuertes que el volcán para construir sobre sus restos, una sociedad mejor y más próspera...”

y en la página 7, expresiones tales como “...el final de la erupción es valorado con esperanza, porque puede suponer el comienzo de un futuro más próspero para la isla de La Palma...”.

Respecto al futuro y las propuestas estratégicas planteadas, que era uno de los principales objetivos a abordar por la Comisión, la ambigüedad e indefinición, siguen siendo las señas de identidad del documento. En este sentido se habla de “...plan estratégico para la isla...”, “...plan integrado de reconstrucción y recuperación de la isla...” o “...plan de recuperación y transformación de la isla de La Palma...”.

Asimismo, entre las resoluciones aprobadas en el marco del Debate sobre Política General, celebrado en el Parlamento de Canarias a finales del mes de marzo de 2022 y publicadas en el Boletín Oficial del 8 de Abril, también se menciona un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica de La Palma y se esbozan algunos elementos interesantes, como la necesidad de una reconversión de la agroindustria insular, la diversificación de la actividad turística, reconducir algunas dinámicas de la ocupación territorial y el desarrollo residencial, con el objetivo de lograr un modelo urbano más compacto o impulsar la economía circular y las energías renovables.

Evidentemente y como podíamos suponer, se ha hecho muy poquito en relación al mencionado plan. No se conoce tal documento, ni su plan de ejecución temporal, ni el detalle de la consignación presupuestaria. Tan solo podemos recurrir a la página web del Cabildo de La Palma, donde tenemos a nuestra disposición una sencilla presentación digital.

Esperábamos que la Comisión concretara un poco más cuando abordara la estrategia de futuro para la isla, pero lamentablemente, no ha sido así.

Sin embargo, mientras todo esto ha ocurrido en el Parlamento de Canarias durante los últimos 10 meses, el Cabildo de La Palma ha seguido, junto con los ayuntamientos del Valle de Aridane y con financiación del resto de administraciones públicas suprainsulares, actuando o planificando acciones que, en su mayoría, ya estaban planteadas desde la década de los 70 y 80, con el objetivo de convertir el suroeste de la isla, en un territorio, donde la actividad turística, tal como la conocemos en Canarias, sea sobre la que pivote la economía insular.

Una planificación, donde existe planeamiento previsto en el Valle, para la creación de 10.000 camas nuevas o un campo de golf. Amén de nuevas carreteras destructoras del mejor suelo agrícola del Archipiélago y donde observamos atónitos, cómo la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias sigue guardando un sorprendente y lamentable silencio.

El futuro de La Palma se va a decidir, en parte, para bien o para mal, en lo que hagamos en el litoral de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Fuencaliente.

Una forma de desarrollar el turismo, que, según informes encargados por el propio Gobierno de Canarias, es el principal responsable de que lideremos en España, año tras año, los datos de desempleo estructural, marginalidad social o pobreza.

Una vez más, queremos exponer las acciones y decisiones que, desde nuestro planteamiento, habría que haber tomado ya, para empezar a dar un giro de 180 grados al modelo de isla que tendremos, de seguir con lo que se está ejecutando y planificando en la actualidad.

Se deben paralizar las acciones y obras que están ocasionando un deterioro irreversible en las coladas y en la isla baja e iniciar un procedimiento de protección efectiva de ese nuevo territorio, uno de los más jóvenes del planeta.

Se debe iniciar un trabajo político y administrativo con las corporaciones locales de La Palma para que la isla, en 2030, tenga sólo tres ayuntamientos y por supuesto, que el Valle de Aridane, sea un solo municipio.

Es urgente paralizar las obras de la denominada “carretera de la costa”, en el Valle de Aridane, la de circunvalación de Tazacorte, las que se iniciarán en el municipio de Tijarafe y el nuevo acceso al Puerto de Tazacorte, abandonar la idea de la circunvalación de El Paso y paralizar, definitivamente, el disparate de conectar El Remo con La Zamora, proyecto que ya ha iniciado los trámites administrativos de licitación.

La Palma debe disponer de una auditoría integral sobre la política de gestión de residuos, energía y movilidad, con el objeto de vincular todo ello a la protección ambiental y la creación de empresas y empleos cualificados.

Las competencias urbanísticas sobre los suelos no urbanos de los municipios deberían estar en manos del Cabildo y del Gobierno de Canarias y proceder, posteriormente, a la desclasificación de los suelos turísticos, para clasificarlos nuevamente, como terrenos rústicos.

En este sentido, las nuevas camas turísticas, así como la construcción residencial que se creará en el futuro, sólo se deberían establecer en los núcleos urbanos ya consolidados con el objetivo de lograr su total ocupación y colmatación, evitando, en la medida de lo posible, la dispersión edificatoria.

Debemos abordar con determinación, la gestión del agua en La Palma, tanto de titularidad pública como privada, con el fin último de lograr que toda el agua en la isla sea de gestión pública. En el siglo XXI, en España, supone una grave anomalía histórica, que haya propietarios y entidades, por muy históricas que sean, que tengan en propiedad agua que cae del cielo y sale de la montaña y que especulen con dicho recurso.

Debemos alcanzar un pacto insular por la protección jurídica del suelo agrario e iniciar un proceso de reconversión agrícola, para ir sustituyendo, progresivamente, el plátano por otros productos de demanda local y regional, generador de mayor valor añadido e intensivo en mano de obra.

En definitiva y retomando el objeto inicial de este breve artículo, esta Comisión parlamentaria sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma, no ha cumplido con los objetivos ni con las expectativas inicialmente planteadas, en lo que se refiere a diseñar líneas concretas de actuación, argumentadas y sólidas, sobre las que se base el devenir de La Palma e ir diseñando un modelo social y económico, menos dependiente de la coyuntura internacional y de decisores externos, que permita que más ciudadanos puedan trabajar, que se adapte al desafío del cambio climático y que no suponga un deterioro irreversible de los recursos naturales.

Dicha comisión, visto los pobres resultados obtenidos, ha supuesto un derroche de recursos, tiempo y dinero público. Para este viaje, no hacían falta estas alforjas.

* Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es economista y compareció en la sesión del 7 de septiembre de 2022 en la Comisión sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma

OPINIÓN - Desde prácticamente el inicio de la erupción, han llegado a la isla millones de euros provenientes de las distintas administraciones públicas. Un dinero, que desde nuestro punto de vista, se está gastando sin existir un trabajo previo de planificación y valoración de las necesidades, que está siendo invertido de una manera casi improvisada

A las pocas semanas de iniciada la erupción volcánica, ocurrida el 19 de septiembre de 2021, diversos responsables políticos, empresariales y del ámbito social, hablaban de la necesidad de que la isla saliera fortalecida de dicha crisis y que ello supusiera un cambio en la orientación de su modelo de desarrollo. En definitiva, se generó un debate, que dura hasta hoy, sobre el presente y futuro de La Palma y esto siempre es positivo que ocurra en cualquier sociedad madura y democrática.

Desde prácticamente el inicio de la erupción, han llegado a la isla millones de euros provenientes de las distintas administraciones públicas. Un dinero, que desde nuestro punto de vista, se está gastando sin existir un trabajo previo de planificación y valoración de las necesidades, que está siendo invertido de una manera casi improvisada y que no está siendo fiscalizado adecuadamente por los correspondientes mecanismos de control interno de la administración.

Lo único urgente debería ser atender de manera adecuada, el problema de la vivienda para los afectados, ya que casi todo lo demás, necesita argumentos, tranquilidad y sosiego para tomar las mejores decisiones posibles.

Con la excusa del volcán, las diversas administraciones públicas apoyándose en una supuesta emergencia, han procedido a desempolvar viejos proyectos e ideas, que en su conjunto, están conformando un ‘puzle’, que convertiría al Valle de Aridane en un territorio donde la actividad económica giraría en torno a un modelo turístico, que ha fracasado en algunas islas del Archipiélago. Un modelo turístico que es el responsable de que Canarias lidere los datos de España en desempleo, marginalidad y desigualdad social y un deterioro ambiental irreversible.

El modelo económico actual de La Palma, es débil, dependiente del exterior, vulnerable, no permite que todas las personas que desean trabajar, lo puedan hacer, generador de poco valor añadido y responsable del deterioro de las condiciones de vida de más del 30 % de la población.

Pero el turismo, tal como lo conocemos en diversas zonas de Canarias, no es la solución. Ese turismo no va a ser nuestra salvación, por más que lo repitan, de manera machacona, algunos responsables políticos de nuestra isla. No se nos puede seguir obligando a elegir entre lo malo y lo peor. Si queremos evitar que La Palma sea un territorio fallido para los próximos años, necesitamos otra vía que suponga dar un giro de 180 º a la economía y la sociedad de nuestra isla.

Por ello, es necesario y urgente, el diseño y la ejecución en el tiempo, de una ‘estrategia insular“, que posibilite una reconversión ecológica de la estructura económica de La Palma, con el objetivo de adaptar el tejido productivo, las relaciones sociales y la gestión de los asuntos públicos en esta isla, a un entorno geopolítico complejo, amenazante e imprevisible y a los cambios que ya se están produciendo en el planeta, derivados de las alteraciones del clima, cuyas repercusiones negativas en la economía, el territorio y las personas, ya estamos observando en la actualidad y que se agravarán, irremediablemente, con el paso del tiempo.

Como mínimo y de manera urgente, deberíamos abordar los siguientes retos, que consideramos estratégicos para esta isla:

Con carácter inmediato, se debe proceder a otorgar la máxima protección jurídica a las coladas y la fajana generadas por la erupción volcánica y regenerar en la medida de lo posible, el daño que ya se ha hecho, ya que constituyen un recurso turístico, cultural y científico de primera magnitud y más aún, cuando se pretende que se instale en La Palma el Centro Vulcanológico Nacional. En este sentido, las infraestructuras de comunicaciones y acceso a las viviendas, barrios y los núcleos de la costa, deben ser blandas con el territorio y reversibles.

Debemos renunciar a la construcción de nuevas carreteras y paralizar las que actualmente se están ejecutando en Tazacorte, en las coladas generadas por el volcán o en el término municipal de Tijarafe. Hay que abandonar de una vez por todas, las pretensiones de conectar El Remo con La Zamora, la denominada ‘carretera de la costa’ o la ‘circunvalación de El Paso’. Además, esta sociedad no se puede permitir seguir enterrando y despilfarrando millones de euros en un muelle de Tazacorte, cuya inutilidad es más que evidente y sin que nadie, todavía, haya asumido responsabilidades políticas.

El Valle de Aridane debe ser un solo municipio. En el horizonte de 2030, La Palma debería contar con sólo tres municipios. Una reorganización política y administrativa, que también implique una devolución de competencias en el ámbito de la gestión del territorio, por parte de los ayuntamientos en beneficio del Cabildo de La Palma y del Gobierno de Canarias. La ordenación urbanística debe estar alejada de los alcaldes.

Debemos alcanzar un ‘pacto insular’ amplio, para la protección jurídica, efectiva y real del suelo agrario o potencialmente de uso agrícola, como recurso estratégico de primer orden, que lo preserve de nuevas construcciones de carácter residencial sin vínculos y ajenos al sector primario.

Necesitamos hacer cambios profundos y de calado en la gestión y propiedad del agua y abordar con otros criterios de gestión, los residuos, la movilidad y los recursos energéticos.

En el mejor de los escenarios posibles, las ayudas al plátano no van a crecer y ello, en un contexto donde la Unión Europea está mirando más al este del continente que a los intereses de las regiones ultraperiféricas. Por ello, es necesario un plan para la reconversión y sustitución progresiva del cultivo del plátano, en otro tipo de agricultura de carácter ecológico y cuyo objetivo fundamental sea el mercado insular y regional y así aumentar nuestro grado de autosuficiencia alimentaria.

La creación de nuevas camas turísticas, debe adaptarse a la disponibilidad de inmuebles tradicionales que se puedan rehabilitar y permitir la nueva construcción sólo de las que contribuyan a la colmatación y consolidación de los núcleos urbanos ya existentes.

La nueva construcción residencial, sólo debe ocupar los suelos urbanos y la periferia de los mismos, que existen en el Valle y en el conjunto de la isla y así evitar la dispersión urbana en el suelo rústico y los entornos rurales.

Con todas estas medidas, se trata de adaptar de una manera progresiva, la economía de La Palma a la realidad ecológica de la isla y a la dinámica de un entorno cambiante y no seguir profundizando en un modelo de desarrollo fracasado en otras islas y regiones españolas, que nos va a conducir inexorablemente a un futuro de mayor precariedad social y laboral, generando un deterioro irreversible en el territorio insular y dependiendo peligrosamente, de las circunstancias y decisiones externas.

En definitiva, ha llegado la hora de que la evidencia científica y la buena gestión, condicionen e influyan en la acción política de nuestros gobernantes y así poder enfrentarnos con mayor probabilidad de éxito, a un presente complejo y un futuro incierto y lleno de incógnitas.

Todavía estamos a tiempo de reconducir la realidad. Se necesitan medidas novedosas y muchas veces, impopulares y políticos valientes que las ejecuten y, sobre todo, un cambio en la conciencia de todos nosotros, que posibilite tal transformación estratégica, diseñando un modelo de isla consensuado y aceptado, que ayude a tener un futuro viable y en la medida de lo posible, con mayor grado de autonomía frente a decisiones y shocks externos.

* Pedro Higinio Álvarez Rodríguez  es economista

Mientras se está terminando de elaborar este artículo, ha comenzado, por la vía de emergencia, la obra que se ha dado en llamar “carretera de la costa”, incluida en las acciones del denominado erróneamente “proceso de reconstrucción de La Palma” y con un coste inicial estimado en 39 millones de euros.

La intención de conectar el municipio de Tazacorte con Puerto Naos, mediante esta nueva macrocarretera, atravesando una de las coladas del volcán y numerosas fanegas de plataneras altamente productivas, es el penúltimo despropósito de las Administraciones Públicas implicadas en las tareas de recuperación social y económica del Valle de Aridane, para intentar paliar las consecuencias de la reciente erupción volcánica en la isla de La Palma.

La proyección de esta infraestructura, forma parte del objetivo que siempre han tenido los decisores públicos y algunos grupos empresariales, de conectar con vías denominadas “rápidas”, el aeropuerto de La Palma con el suroeste de la isla y por ello, cobra sentido, para sus defensores, la ejecución o proyección de otras carreteras, como la circunvalación de Los Llanos, el desastre que está suponiendo la circunvalación de Tazacorte, la que está proyectada para El Paso, así como la que uniría El Remo con La Zamora, en Fuencaliente.

Nadie discute la necesidad de recuperar la conectividad entre los diversos núcleos urbanos del Valle y la apertura de la actividad residencial y económica en Puerto Naos, pero en el siglo XXI, a estas alturas de la historia y con los avances que se han producido en la ingeniería y arquitectura, debe existir la posibilidad de la realización de infraestructuras de comunicación intraterritorial, que sean “blandas con el territorio” ocupado ahora por las coladas volcánicas.

El proyecto de “carretera de la costa”, es una pieza más de un único puzzle territorial, cuyo objetivo final es convertir el Valle de Aridane y Fuencaliente, en un espacio físico, económico y social, donde la actividad turística, tal como la conocemos en gran parte del resto del Archipiélago, sea el sector económico preponderante y para ello, se está utilizando la erupción volcánica y la desafortunada y falsa expresión de “reconstruir La Palma”, con tal objetivo.

Un modelo turístico que destruye, de manera irreversible, el mejor suelo agrícola de Canarias, generador de poco empleo neto, con alta temporalidad y bajos salarios, creador de situaciones graves de precariedad social, vulnerable ante shocks externos y dependiente de agentes foráneos en los procesos de toma de decisiones.

Hoy por hoy y con distintos grados de negociación política y tramitación administrativa, estimamos que sólo en el Valle de Aridane, está prevista la construcción de aproximadamente 6.900 camas y un campo de golf.

De todas ellas, debemos poner el foco, sobre todo, en las 2.600 camas previstas junto al Hotel Sol de Puerto Naos y que forman parte de la urbanización casi total, del espacio agrícola existente entre Puerto Naos y el Charco Verde, por debajo de la actual carretera.

A buen seguro, tanto el Cabildo de La Palma, como el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, tratarán de impulsar este proyecto, utilizando para ello, el argumento de la emergencia derivada de la erupción volcánica. De hecho, uno de los últimos trámites de este expediente, se incluyó en el orden del día de la sesión plenaria del Cabildo, celebrada el 21 de marzo.

Estas pretensiones para el Valle de Aridane, no son recientes en el tiempo, ni mucho menos, sino que se remontan a los años 60 del siglo XX, en el marco del denominado documento de planificación “Metra 6”, del entonces Ministerio de Turismo, donde se planteaba para la isla, un número tan descomunal de camas turísticas, que hubiera supuesto una ruptura total con la realidad insular de esos años.

Es el mismo modelo que es responsable que Canarias tenga una de las tasas de paro más altas de España y del conjunto de regiones europeas, con un 18,94% a finales de 2021, una tasa de paro juvenil del 52,16%, lidere el desempleo de larga duración y sea responsable, en parte, de los insoportables datos de marginalidad social y pobreza que sufrimos en estas islas.

La construcción de carreteras no garantiza “per se”, el desarrollo económico ni la creación de empleo. Es uno de los hechos que más se han estudiado en la disciplina de la economía regional y comprobado en la realidad de los territorios. Pueden ayudar, pero en el marco de un plan de desarrollo insular previo, que en el caso de La Palma, no conocemos, porque no existe.

No hay un proyecto de isla para los próximos años, ni planteado, ni debatido, ni consensuado. Ha habido intentos, pero como señalábamos en un artículo anterior, en La Palma no sabemos debatir, nos cuesta aceptar a los que piensan diferente y por supuesto, no somos capaces de llegar a acuerdos estratégicos en beneficio de nuestra isla.

La exagerada inversión en la construcción de nuevas carreteras, es un error gravísimo que están cometiendo el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, sistemáticamente, en todas las islas. Sin contar las actuaciones que se pretenden llevar a cabo como consecuencia de la erupción volcánica, el Gobierno de Canarias, destina para la isla de La Palma, en materia de inversiones para 2022, algo más de 26 millones de euros, sólo para carreteras. Es una política de inversiones equivocada y que sufriremos las consecuencias negativas en los próximos años.

Declarar la urgencia o la emergencia de alguna de las obras que se están realizando en la comarca de Aridane, no se justifica bajo ningún tipo de argumento razonable y se está utilizando la erupción con este fin.

Gran parte de las obras que están llevando a cabo las Administraciones Públicas, están originando la destrucción irreversible de un patrimonio geológico de valor incalculable y todo ello, ante el “sorprendente silencio” de los científicos canarios y del resto de España.

Son los mismos científicos, que durante todo el periodo de tiempo que duró la erupción, ponían en valor las oportunidades que se generaban para el estudio de futuras erupciones volcánicas en el mundo, para el conocimiento del interior del planeta o del origen geológico del Archipiélago.

Ahora, de manera cómplice, callan ante el atropello ambiental que se está produciendo cada día en las coladas, con la actuación de la Administración Pública, hipotecando de por vida, un potente recurso turístico, para La Palma y Canarias y nos atrevemos a decir, que para la ciencia de los volcanes en el mundo.

Las pretensiones del desarrollo turístico en el suroeste de La Palma, están motivadas por el negocio urbanístico y en muchos casos por el “pelotazo urbanístico” y así, son numerosos los procesos judiciales que ha sido abiertos en estos últimos años, vinculados a promotores y políticos, en proyectos turísticos y urbanísticos planteados desde el municipio de Tazacorte hasta Fuencaliente, con la participación cómplice, de las respectivas corporaciones locales del Valle de Aridane.

Lo que está ocurriendo en estos meses y el hecho de que los agentes sociales, políticos y económicos hayamos terminado de poner las cartas de nuestras intenciones, boca arriba, nos recuerda al proceso que se inició, a finales de los años 80 del siglo pasado en la zona de “El Rincón”, en el Valle de La Orotava. Una lucha ciudadana, para salvaguardar un paisaje único y plantear otro modelo de desarrollo para esa zona de la isla de Tenerife y en el que se implicaron colectivos sociales, profesionales y hasta diferentes departamentos de la Universidad de La Laguna.

Después de cuatro meses de finalizada la erupción volcánica, constatamos que el proceso de recuperación social, económica y territorial del Valle de Aridane, le está quedando grande a las administraciones públicas implicadas. Una dinámica plagada de mentiras, promesas incumplidas, improvisación, algunas ocurrencias y un escandaloso derroche de dinero público, amparándose en una supuesta emergencia de obras innecesarias y poder así dificultar la participación pública en la toma de decisiones y saltarse los necesarios controles internos y fiscalización del gasto, en la propia Administración.

Unas tareas de recuperación que han ignorado, en todo momento, las recomendaciones del Consejo Económico y Social de Canarias, planteadas en su informe de 22 de diciembre de 2021, en el sentido de aprovechar las circunstancias actuales, para sentar las bases de otro modelo de desarrollo para La Palma y que deja claro que lo verdaderamente urgente es la atención integral a los damnificados y lo demás, necesita y requiere sosiego y debate.

El Cabildo de La Palma y los ayuntamientos del Valle, con los recursos del Gobierno de Canarias y del Estado, están utilizando la erupción volcánica y la necesidad de recuperar parcialmente, el Valle de Aridane, para “colar por la puerta de atrás” y sin el necesario control administrativo y la obligatoriedad de la participación pública y social, obras de infraestructura, como la carretera de la costa y que suponen romper un modelo económico, social y territorial, mejorable, por supuesto, por otro basado en los servicios turísticos a gran escala y que ha evidenciado su fracaso en otras islas.

La proximidad del año 2023, que tendrá un marcado carácter electoral, no va a ayudar en nada, al diseño de otro modelo de desarrollo para el Valle de Aridane y para la isla en su conjunto. La premura por “hacer cosas” y justificarse ante la ciudadanía y la inevitable confrontación partidista, inducirá a que se tomen decisiones erróneas, sin el necesario debate, análisis y planificación.

La realidad de algunas actuaciones y decisiones que se están tomando en el Valle de Aridane, como las obras en carreteras, van a condicionar, negativamente y de manera irreversible, el futuro del Valle de Aridane.

Del Parlamento de Canarias y de los grupos políticos que conforman el Pleno, podemos esperar muy poco. Una vez finalizada la erupción, se creó una “Comisión de Estudio” de los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma, que cuando finalice sus trabajos en verano, no tendrá más remedio que asumir y “bendecir”, todas las actuaciones negativas e irreversibles, que se están realizando en el Valle de Aridane.

Por otro lado, a raíz del “Debate sobre Política General”, celebrado en el Parlamento de Canarias, en el mes de marzo, las resoluciones aprobadas que se refieren a la gestión de la crisis volcánica en La Palma y las medidas de ayuda, están redactadas, como es costumbre, con un lenguaje ambiguo y abierto, con el que se puede entender una cosa y la contraria.

Desde esta atalaya de opinión, exigimos a las Administraciones Públicas implicadas, no seguir adelante con las obras de la carretera de la costa para conectar el norte y el sur de la colada, paralizar las obras de la circunvalación de Tazacorte y abandonar la idea de la denominada “vía de circunvalación de El Paso” y la conexión El Remo con La Zamora.

Todas ellas por innecesarias, desgarradoras del territorio, despilfarradoras de recursos públicos y con el único objetivo de dar un giro irreversible al modelo económico en el Valle de Aridane y La Palma.

Salvo para la mayoría de los políticos palmeros, que viven en una realidad paralela e imaginaria, no hemos afirmado nunca que la dinámica social y económica de La Palma sea inmejorable y positiva. No se nos debe seguir poniendo en la tesitura de elegir entre nuestra mejorable realidad insular y el futuro que nos plantean los decisores públicos de La Palma, con sus nefastas decisiones y propuestas. No se nos puede seguir obligando a elegir entre lo malo y lo peor.

Creemos que la manera en la que se está gestionando la crisis volcánica, las decisiones tomadas, el oscurantismo, la falta de visión estratégica, la dificultad para la participación real y efectiva de la sociedad, en sentido amplio o la falta de control en el uso de los recursos públicos, hacen más que justificada la necesidad que se produzca la dimisión de algunos políticos de La Palma, pero claro, el verbo dimitir, no creemos que forme parte de su diccionario de uso particular y no albergamos esperanza alguna que esas dimisiones se produzcan. Ni siquiera unas simples disculpas.

Pedro Higinio Álvarez Rodríguez

Economista 

La erupción volcánica en La Palma, ha supuesto un shock para el conjunto de la población, generando una tragedia social de dimensiones desconocidas en la historia de la isla.

Nos ha “bajado a todos del pedestal de seguridad vital” en el que estábamos instalados y nos ha hecho poner los pies en la tierra, en el sentido de que se ha puesto de manifiesto nuestra debilidad como individuos y como sociedad, frente al entorno en el que vivimos.

En la fecha en la que terminamos de elaborar este artículo y según los datos oficiales disponibles, se estima que la superficie ocupada por la colada, es de 1.220 hectáreas (1.743 campos de fútbol), se ha procedido a la evacuación de 7.000 personas y en torno a 1.676 edificaciones han desaparecido o se han visto seriamente afectadas, de las que el 80,25% son viviendas.

Asimismo, el último informe del Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC), refleja que son 2.329 las personas empadronadas en viviendas afectadas por el volcán y con una edad media de 47,4 años de edad.

Con respecto a la agricultura y según los datos publicados por el Cabildo de La Palma, en torno a 370 hectáreas de cultivo han desaparecido, correspondiendo a plataneras, el 61,90%  de las mismas, además de las pérdidas en ganadería, pesca y huertos familiares y los daños derivados de la acumulación de ceniza volcánica en las explotaciones no sepultadas por la lava.

En relación al sector turístico y la actividad industrial, se estima, según la misma publicación del Cabildo, que se han visto afectados 119 establecimientos.

Más allá de la objetividad de los datos, todavía es pronto para conocer el alcance y las implicaciones reales a medio y largo plazo de la erupción, en los ámbitos económico, poblacional o urbanístico, pero a buen seguro, serán muy importantes y condicionarán el devenir del Valle de Aridane y de la isla, durante los próximos años.

Aún así, en una primera aproximación a las consecuencias económicas de la tragedia, ya sabemos que el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha crecido entre Septiembre y Diciembre, en 647 personas, que representan un 8,32%, sin tener en cuenta a los trabajadores acogidos a expedientes temporales de regulación de empleo. El dato del mes de Diciembre es particularmente preocupante porque La Palma, es uno de los pocos territorios donde se registró un aumento del paro, en un contexto regional y nacional positivo.

En las próximas semanas, debemos estar atentos a la evolución de otros indicadores, como la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al 4º trimestre de 2021, la llegada de turistas a la isla, la venta de vehículos, el consumo eléctrico en las empresas o el índice de confianza empresarial, para comenzar a calibrar el verdadero alcance de la crisis. 

¿Y cómo debemos plantear el presente y el futuro de la comarca? De entrada, nos parece poco acertada la utilización de la expresión “reconstrucción de la isla”. Es una frase adoptada por las administraciones públicas, que no es más que un eslogan político y además falso, propio de los mensajes de twitter, que es lo que caracteriza, desgraciadamente, el debate en la política española y canaria, desde hace bastante tiempo.

Dejando muy claro que la tragedia humana de miles de personas, es lo que hay que abordar con rapidez y eficacia, la realidad es que la erupción ha afectado al 1,72% del territorio de la isla y no más, aún sabiendo que las pérdidas económicas puedan superar los 1.000 millones de euros y que pasará mucho tiempo para que el Valle de Aridane recupere el pulso social y económico perdido.

Lo que pretende este breve artículo es plantear un análisis de “brocha gruesa” y aportar nuestras reflexiones, a la hora de abordar la estrategia a seguir para la recuperación social, económica y territorial del Valle de Aridane, por sus importantes implicaciones en el resto de la isla.

Se trata de diseñar y ejecutar durante los próximos años, un plan de desarrollo económico, social y territorial, que suponga un giro de 180º, respecto de lo que se tiene planificado desde hace mucho tiempo para esta zona de La Palma y que sirva de brújula y referencia para la isla en su conjunto.

Pero claro, el camino no es fácil y para iniciar este proceso de reorientación del modelo de desarrollo, hay que superar muchos obstáculos, debilidades e intereses creados en los ámbitos político y empresarial. De hecho, todavía no se había declarado la finalización oficial de la erupción y ya algunos especuladores y agentes individuales con fuertes intereses en el Valle, estaban frotándose las manos y dejándose ver por determinados despachos oficiales.

La fragmentación del Valle de Aridane en tres municipios, es un obstáculo para la recuperación y diseño de otro modelo de desarrollo. Esta crisis generada por la erupción volcánica, pone de manifiesto la necesidad de una progresiva integración municipal en la comarca y en La Palma, cuya conveniencia ya argumentábamos en otro artículo anterior, con el objetivo de que el Valle de Aridane, sea un solo municipio y que en 2030, la isla cuente con sólo 3 ayuntamientos.

No percibimos un auténtico liderazgo político, empresarial, ni social, necesario para afrontar la gestión de un complicado presente y un incierto y cambiante futuro en nuestra isla. ¿Cómo es posible que existan varios colectivos distintos de ciudadanos afectados por el mismo volcán?.

El volcán está sirviendo de excusa para que algunos planteen iniciativas urbanísticas de marcado carácter especulativo al sur de la colada volcánica o se desempolven proyectos como la circunvalación de El Paso o la carretera entre La Zamora y El Remo, que para lo único que va a servir es para transformar de manera irreversible el sur de la isla y el litoral del Valle de Aridane e implantar un modelo turístico destructor del mejor suelo agrícola de Canarias, creador de poco empleo neto y de baja calidad, generador de situaciones de precariedad social, vulnerable ante crisis externas y dependiente de agentes foráneos en la toma de decisiones.

En La Palma, no sabemos debatir sobre los asuntos que nos afectan a todos. Las opiniones se valoran y se tienen en cuenta, en función de quien las dice y no sobre el contenido y alcance real de las propuestas planteadas.

Asimismo, un hándicap que tendrá este proceso de recuperación, es que el año 2023 será año electoral y esto significa que las medidas que se vayan tomando, serán objeto de contienda política y partidaria. Lo verdaderamente urgente, es solucionar el grave problema de la pérdida de las viviendas de cientos de familias. Lo demás necesita, necesariamente, sosiego y reflexión conjunta en el seno de la sociedad.

¿Qué pretendemos aportar con este breve escrito? Desde nuestro punto de vista, las líneas estratégicas sobre las que se debe actuar para la recuperación del Valle y la reorientación del modelo de desarrollo insular, son las siguientes:

Se debe, necesariamente, contar con la participación activa de los agentes sociales y económicos, en un proceso realmente participativo y consensuado, que vaya más allá de lo planteado hasta el momento por el Cabildo de La Palma o el Ayuntamiento de los Llanos. Los procesos de participación pública establecidos por la normativa que regula los trámites administrativos, no son suficientes para hablar de una auténtica democracia en los procesos de decisión política, que pretendan la recuperación económica y social del Valle de Aridane.

El nuevo modelo de gestión territorial, debe tender a una consolidación y colmatación de los núcleos urbanos ya existentes, tanto en su interior como en la periferia inmediata, evitando la dispersión urbanística de uso residencial. Las razones de primar la concentración urbanística frente al “picoteo” del territorio, se vinculan, sobre todo, con la mayor eficiencia del gasto público en la prestación de servicios municipales y la optimización en la construcción de infraestructuras de transporte y comunicación.

El suelo ocupado por la lava, debe destinarse, en la medida de lo técnicamente posible, a la actividad agrícola. Asimismo, es urgente salvaguardar y recuperar las fincas plataneras del litoral que no se hayan visto afectadas por la lava.

Debemos replantear la gestión del agua en el Valle de Aridane. El sistema actual es anacrónico, feudal e injusto y por ello, la administración pública debe tener el control de los recursos hídricos en el Valle de Aridane, que garantice cantidad y calidad suficientes a unos precios razonables.

Se debe dar un salto cualitativo en la gestión de los residuos desde el punto de vista ambiental y debemos vincularla a la creación de empleo cualificado, que pivote en torno a pequeñas empresas y microempresas.       

En definitiva, la erupción volcánica y sus catastróficas consecuencias, han puesto una vez más de manifiesto, que el modelo económico desarrollado en gran parte de Canarias, que es el mismo que algunos quieren implantar en La Palma, no puede seguir ignorando y dando la espalda a la realidad física y ecológica de las islas.

No se trata de un afán proteccionista de ecologistas radicales o profetas del fin del mundo, sino una premisa necesaria a la hora de la planificación económica y territorial, indispensable para mejorar el bienestar del presente y salvaguardar el de las generaciones futuras.

*Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es economista