Hablar de impuestos en España está de moda. Los que defendemos que urge reformar un sistema tributario que se ha quedado obsoleto, resultando cada vez más injusto, deberíamos estar contentos. Pues no lo estamos. Y creo hablar por boca de la mayoría de especialistas en la materia. Porque se ha puesto de moda un discurso que solo intenta seducirnos, que está plagado de medias verdades y, sí, también de muchas mentiras.

El Partido Popular lleva años convirtiendo la “política de bajada de impuestos” en su principal bandera y eslogan. Pero los impuestos son el instrumento para financiar los bienes y servicios que una sociedad decide que sean públicos. Y el fin es prestar esos servicios. La política debe, primero, fijar la cantidad y/o calidad de estos. Y a continuación establecer la más eficiente y justa forma de financiarlos. El PP presenta, pues, su política bajo un enunciado engañoso, falso. Si, en nuestra comunidad de vecinos, alguien hiciera campaña para que le eligiéramos prometiendo una bajada de cuota, todos asumiríamos que reduciría el horario de calefacción, limitaría el uso del ascensor, etc. Pues con las cuentas públicas pasa lo mismo.

Además, el falso enunciado se justifica acomodándolo a cualquier coyuntura económica. Si las cosas van medianamente bien y se recauda mucho, hay que devolver el dinero a los ciudadanos. Si las cosas van mal, hay que reducirles la carga para que les vaya mejor. No hace falta progresar mucho en la carrera de Economía para adivinar que alguno de los razonamientos es falso. Lo último es esto de que ante la elevada inflación también hay que bajar impuestos (si se tiene corazón…).

Resulta novedoso, y un tanto extraño, que para defenderse de estos burdos discursos se citen fuentes autorizadas de los organismos internacionales (FMI, OCDE…). Y no crean ustedes que esos organismos han mutado en defensores a ultranza de la socialdemocracia, no. Siguen defendiendo con firmeza las bases del capitalismo más clásico, pero son cada vez más conscientes de que Estados débiles y sociedades cada vez más desiguales amenazan de manera creciente las propias bases del sistema.

Si alguien fuese rebatiendo mis argumentos según va leyendo esto, intuyo su siguiente réplica. Nosotros, me dirían, vamos a prestar más y mejores servicios públicos, aun bajando impuestos, porque “vamos a gestionar mejor”. Esto no es ni verdad ni mentira, es una promesa electoral. Calificándolo así, algunos ya me dirán que está más cerca de la mentira… Ojalá se mejore la gestión, digo yo, pues hay mucho margen de mejora en nuestro sector público. Pero, acudiendo a la historia reciente, resulta imposible creer que, en muy poco tiempo, solo cambiando de gobierno, se puedan conseguir logros que permitan bajadas de impuestos. No hay evidencia seria de que, en la alternancia de poder del bipartidismo, el PP haya gestionado mejor la cosa pública; por no hablar de los casos de corrupción que hacen tan difícil creer en esas buenas intenciones. En la etapa más reciente, no consiguieron acabar con el elevado déficit estructural, ni recurriendo (contra todas sus promesas electorales) a fuertes subidas de impuestos, ni apoyándose en años de bonanza económica, como los cuatro últimos de su mandato. En cualquier caso, hay que poner como gran objetivo la mejora de la eficiencia del sector público. Pero los resultados de estas actuaciones tardan tiempo, tiempo que no tenemos para salvaguardar las prestaciones de nuestro estado de bienestar.

Pero no solo esta “política de bajada de impuestos” se presenta con un enunciado falso, sino que muchas veces se apoya directamente en mentiras. Solo citaré unos ejemplos. “Bajando los impuestos sube la recaudación”. Esta es una mentira burda, por más que haya habido argumentos pseudocientíficos para apoyarla. Otras mentiras se concentran en los impuestos que gravan el capital de los más ricos. “El impuesto de sucesiones hace que mucha gente tenga que renunciar a las herencias”. Falso, además de absurdo. Las renuncias obedecen a otros factores, destacando las herencias que contienen hipotecas o deudas elevadas. “El impuesto de patrimonio es una reliquia que solo se paga en pocos países (y pequeños)”. Es una media verdad, más engañosa que muchas mentiras. Cierto es que no existe una figura normativa específica similar a la española en muchos países, pero la gran mayoría grava el patrimonio en tributos de diversa índole. Por no hablar de los calificativos de “confiscatorio”, aplicados al sistema tributario español, por políticos que ignoran la existencia de Francia, Alemania, Italia… países con presión fiscal muy superior a la nuestra.

La difusión de mentiras a través de los medios de información no es un fenómeno nuevo. Pero la proliferación de medios y opinadores ha convertido en una tarea titánica la de protegerse contra el efecto de las mentiras. Una columna es poca cosa para combatir la repetición machacona y el fantástico eco con el que muchísimos medios difunden esas mentiras. Pero hay que seguir tirando con nuestra honda contra ese Goliat. Porque una mentira cien mil veces repetida no se convierte en verdad. Los medios como maldita.es u otros que trabajan desmintiendo bulos nos ayudan mucho, pues solos no nos podemos proteger. 

La oposición nos engaña en esta materia. Y nos seduce con mensajes sencillos (simplones) pero que resultan atractivos. A quién no le gustaría pagar menos y recibir más. La repetición de estos mensajes va calando, en especial en aquellos cerebros que no han recibido unos conocimientos adecuados para rechazar estos bulos. Pero también el Gobierno contribuye a su difusión, al rehuir este debate. Convencidos de que hablar seriamente de temas como impuestos, pensiones… solo conduce a perder elecciones. En la última campaña electoral en la Comunidad de Madrid, el candidato socialista renunció a hablar de este tema, asumió que ni se podía hablar de modificar tributos… y el resto ya es historia. Yo no sé si se ganan o se pierden elecciones hablando de estos temas. Pero sí sé que debemos educar en las escuelas sobre estas materias para tener un criterio informado que nos proteja contra las mentiras. Y sé que debemos reformar con urgencia nuestro sistema tributario, adaptando un sistema obsoleto a la realidad del siglo XXI, pues si no nos vemos abocados a seguir retocando (recortando) a la baja las prestaciones de nuestro estado del bienestar. 

El Comité de personas expertas nombrado por el Gobierno dio a conocer su Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. Contiene un detallado diagnóstico del sistema tributario español y propone medidas sobre algunos tributos. Medidas que cabe calificar de moderadas, fruto del consenso entre un grupo muy amplio de expertos con especializaciones diversas.

El Gobierno, convocando dicho Comité, buscaba ganar tiempo antes de abordar un tema muy sensible para la sociedad. Pero, agotado ya ese amplio periodo, la pelota volvió al tejado del Gobierno. Y su respuesta ha sido descorazonadora, indicando que ahora no toca hablar de este tema.

Es decepcionante que la clase política nos hurte de un debate sereno y fructífero sobre esta cuestión capital para nuestro presente y futuro. La oposición hace un discurso ramplón: identifica cualquier intento de hablar de cambios en los tributos con un “hachazo fiscal”. El debate debiera centrarse sobre la cuantía y la calidad de los servicios públicos que queremos sostener entre todos, siendo esta la base para definir un sistema tributario justo que financie adecuadamente esos servicios. Así lo subraya también el Comité: “Un elemento clave es que la sociedad asuma y comparta la necesidad de coherencia global entre el nivel de prestación de servicios públicos y… la carga impositiva”. Pero la oposición dirige el debate hacia la parte más árida, la financiación vía impuestos, para ocultar la consecuencia última de su propuesta política, que no es otra que la de minorar la oferta pública de educación, sanidad o servicios sociales. 

Y el Gobierno, con su renuncia a hablar de este tema (ahora no toca), hace el juego a este discurso ramplón de la oposición, pues parece aceptar que cualquier reforma que mejore y modernice nuestro sistema fiscal es nociva para los ciudadanos. Renuncia a debatir, a hacer pedagogía, a convencer. Y juega a confundir, intencionadamente, medidas que pudieran suponer una subida rápida y coyuntural de los impuestos, que efectivamente no tocan ahora, con un debate para abordar una reforma integral de nuestro obsoleto sistema tributario, que sí toca, y cada vez con más urgencia.

Hace mucho que toca hablar seriamente de este tema. Y este sigue siendo un buen momento para hacerlo y abordar una reforma fiscal. Estos son los principales motivos:

El Comité hizo un diagnóstico prolijo y proporcionó algunas propuestas de mejora del sistema tributario, aunque haya obviado hacerlas sobre algunos de los tributos fundamentales.  Bastantes propuestas ya figuraban en informes de anteriores comités convocados por gobiernos liderados por el ahora primer partido de la oposición. Debiera servir para iniciar una reforma aceptada por una amplia representación de parlamentarios.

La guerra nos ha conmocionado a todos. Ha modificado trágicamente la vida de millones de personas. En el terreno de la economía española, amenaza seriamente la recuperación que ya vislumbrábamos. Y sí, puede ser conveniente algún alivio fiscal, siempre que se informe con claridad de su carácter coyuntural y reversible. Pero, por dura que sea esa realidad, no puede convertirse en una excusa para abandonar la senda de reformas que debe permitir a este país dar un salto adelante y sacar ventajas de las nuevas realidades económicas. Y una de las reformas urgentes es la del sistema tributario. Una reforma de las estructuras del sistema para, adaptándose a los tiempos, aumentar su potencial y hacerlo más justo. Ya tocaba hace bastante, pero ahora toca más si cabe.

La desigualdad ha aumentado en las últimas décadas. También se ha acentuado el interés por medirla y analizarla. Y se ha constatado, por si no estaba ya claro, que altos niveles de desigualdad tienen efectos nocivos sobre nuestras sociedades. Aleja la igualdad de oportunidades, necesaria para dotar de justicia social al sistema económico. Constituye un freno al crecimiento y al desarrollo de las sociedades. Y plantea una seria amenaza a la continuidad de los sistemas democráticos. 

Tras la gran recesión de 2008 la desigualdad aumentó notablemente. La crisis creada por la pandemia, pese a su origen más “igualitario” (el virus no mira la renta antes de atacar), tiene también consecuencias económicas más dañinas sobre los segmentos más débiles de la sociedad. 

El sector público juega, en los países más desarrollados, un papel crucial para mitigar la desigualdad, a través de sus políticas de carácter redistributivo. En España, un estudio reciente concluía que, antes de la pandemia, impuestos y prestaciones sociales reducían en un 35% la desigualdad en la distribución de la renta de los hogares. 

La política económica ha generado una respuesta contundente a la pandemia, actuando las políticas fiscal y monetaria al alimón de manera enormemente expansiva, añadiendo instrumentos extraordinarios de gran potencia a los que ya se venían utilizando de manera habitual. Ello quiere decir que, con seguridad, la actuación del sector público reduce hoy la desigualdad en un porcentaje mayor al mencionado. Así, otro estudio más reciente indica que, en pleno confinamiento (primavera de 2020), las prestaciones por desempleo, junto con las transferencias proporcionadas a los trabajadores en ERTE, permitieron amortiguar un 80% de las desigualdades salariales creadas en aquella dramática coyuntura. 

Podemos explicarlo de otra manera. Los ciudadanos observamos directamente los muy negativos efectos que ha tenido el virus hoy en términos de salud física y mental. Y vemos los muchos proyectos económicos que han tenido que abandonarse y los trabajadores que vieron mermarse sus rentas salariales. Lo que no vemos, porque no es directamente observable, es lo que hubiera sucedido en ausencia de las políticas públicas. Lo que hubiera pasado si no contáramos con un estado del bienestar construido en los últimos 40 años ni con la actuación decidida de la política económica en el presente. Los datos anteriores apenas permiten hacerse una mínima idea de la catástrofe a la que nos hubiéramos enfrentado.

La respuesta económica a la crisis sanitaria ha implicado un fuerte incremento del gasto público. Se ha afrontado la compra de vacunas, se han aumentado las prestaciones sociales y las ayudas económicas; se han potenciado los ERTEs, rebajando notablemente el coste para las empresas de mantener estos trabajadores en su nómina. Y se han aprobado ayudas a nivel europeo sin precedentes. Este formidable aumento del gasto público se ha financiado con deuda pública. Y a diferencia de lo sucedido hace una década, esa deuda pública aún no ha tenido impactos negativos pues ha sido comprada por el Banco Central Europeo dentro del diseño de esa política monetaria fuertemente expansiva.

Pero ese esfuerzo económico a base de gasto financiado con deuda pública no puede mantenerse durante mucho más tiempo. La política monetaria debe girar si no queremos que las tasas de inflación actuales se consoliden. Y si hay algo que exacerba la desigualdad en una sociedad son las fuertes subidas de precios. En el terreno fiscal, hay que retomar progresivamente la senda de la estabilidad presupuestaria. Ojalá que la reforma de las reglas fiscales que está en estudio en el marco de la Unión Europea concluya con un acuerdo exitoso que nos conduzca a reglas más eficaces, transparentes y sencillas de aplicar. Retomar las vigentes, ahora suspendidas, sería un lastre para la recuperación de la economía.

En el ámbito nacional, es el momento de diseñar una estrategia fiscal de alcance. Que, entre otros objetivos, persiga revertir el avance de la desigualdad. Por razones de justicia y de economía. Para lograrlo debemos garantizar la financiación de un estado del bienestar que genere cuando menos las mismas prestaciones que el actual. Debemos hacerlo al mismo tiempo que reducimos nuestra ratio de deuda pública (si no queremos ser sumamente injustos con las generaciones más jóvenes). 

El envejecimiento de nuestra población implica que hay que gastar más (y también mejor, reforzando los pasos ya dados en materia de evaluación de las políticas públicas) para dar las mismas prestaciones. Por si no era ya evidente, la pandemia permite visualizar, a golpe de sufrimiento, los costes necesarios para atender debidamente a la población mayor.

Así pues, llega el momento de una profunda reforma fiscal que eleve la capacidad recaudatoria de nuestro sistema. Los políticos que sostienen lo contrario deben quitarse la careta y mostrar las consecuencias de lo que pregonan: una fuerte disminución de la cantidad y la calidad de los servicios sanitarios, educativos y sociales, en paralelo a un fuerte incremento de la desigualdad. Un escenario futuro con algunos ganadores (los más ricos) y muchos perdedores, y que supone una seria amenaza para la estabilidad de nuestra democracia.

Además, dado que para mitigar la desigualdad el Estado se apoya ahora mayoritariamente en las prestaciones, debemos acentuar el potencial redistributivo de los impuestos, dotándolos de una mayor progresividad. A este respecto, el IRPF es el impuesto que admite un mayor margen de adaptación. El impuesto de sucesiones tiene un potencial recaudatorio reducido, pero es la figura tributaria creada específicamente para contribuir a la igualdad de oportunidades, dado que una gran parte de la riqueza es heredada. El diseño del impuesto es muy mejorable en España, pero los políticos que utilizan su margen para anular esta figura hacen una declaración explícita de su aprecio por sociedades más desiguales. 

Confiemos en que los expertos que ha reunido el Gobierno acierten y proporcionen las claves para incrementar la capacidad recaudatoria de nuestros tributos. Eso permitiría seguir financiando un sistema de bienestar que, sobre todo por la vía de las prestaciones, ya contribuye a contener las desigualdades. Esperemos también que estos asesores den las pistas para potenciar la contribución de los impuestos a la redistribución de la renta. Pero luego nuestro Gobierno no debería perder más tiempo.