Hace apenas año y medio entró en vigor la primera Ley de Vivienda de la democracia, que ha puesto punto final a la anomalía de no haber desarrollado en 45 años el artículo 47 de la Constitución Española. Esta ley ha puesto el sello de defunción de una política fracasada que ha durado demasiado tiempo, basada en recortes, desregulación y privatización de millones de viviendas protegidas, que ha convertido el acceso a la vivienda en la nueva división de clases: un privilegio de pocos, en lugar de un derecho de todos.  

Revertir esta situación se ha convertido en la absoluta prioridad del Gobierno que preside Pedro Sánchez. No son palabras, son hechos: se creó un ministerio específico, se aprobó la Ley de Vivienda y se están exprimiendo todas las competencias estatales, poniendo todos los recursos del Estado al servicio del derecho a la vivienda. 

La Ley de Vivienda es un marco innovador que tiene como principal objetivo aumentar la oferta, especialmente la pública, para corregir los desequilibrios y destensar el mercado residencial. Prueba de ello es el artículo 18 de la Ley, que obliga a las administraciones que declaren zonas tensionadas a desarrollar un plan específico, apoyado por el Estado, de aumento de la oferta y ayudas para el acceso a la vivienda. Esa es la solución estructural a la crisis de vivienda: construir un parque de vivienda público permanente, patrimonio de todos los ciudadanos. 

Hasta que consigamos esas soluciones estructurales, que requieren de tiempo, hay que intervenir el mercado, con medidas como la regulación de precios. El objetivo no es otro que garantizar la función social de la vivienda y evitar la especulación, como nos mandata nuestra Constitución y ha ratificado el Tribunal Constitucional en dos sentencias que desestiman los recursos del Partido Popular. 

La Ley de Vivienda no es solo plenamente constitucional, sino que ha demostrado que funciona: reduce los precios del alquiler y aumenta la estabilidad de los contratos porque los propietarios ya no tienen incentivos perversos para cambiar de inquilinos. En Cataluña, los precios han bajado un 3,7% y, en Barcelona, hasta un 6,4% en un año, rompiendo 11 trimestres consecutivos de incrementos. Además, los inquilinos disfrutan de contratos más estables, con mayor seguridad residencial y menor rotación, evitando que los residentes sean expulsados de sus barrios. En paralelo, se beneficia también a los pequeños propietarios con incentivos fiscales de hasta el 90% si bajan un 5% el alquiler.

Al contrario de lo que muchos auguraron, la regulación no ha reducido la oferta de obra nueva. En 2024, tanto en Cataluña como en España, se registró récord de construcción de la última década. Por primera vez en mucho tiempo, se ha acompasado la construcción de viviendas con la creación de nuevos hogares, reduciendo el déficit habitacional. El parque de vivienda social ha pasado del 2,5% al 3,4% en los últimos cinco años. 

En paralelo, estamos trabajando decididamente para acabar con los pisos turísticos ilegales y con el fraude en los alquileres de temporada, un fenómeno que se está dando en todo el país. Medidas como la Ventana Única Digital servirán acabar con esos fenómenos. Los pisos tienen que ser para vivir.

La Ley de Vivienda funciona. Por eso, instamos firmemente a todas las autonomías a aplicarla, como ha hecho Cataluña y como ya están haciendo País Vasco, Navarra o Asturias. Lo han pedido los municipios de La Coruña, Las Palmas y una decena de ciudades madrileñas. Cuesta entender que haya quien insista en boicotear por puros intereses partidistas una norma que funciona.

No hay tiempo que perder. Este Gobierno tiene una política de vivienda ambiciosa, valiente e integral, que aprende de los errores del pasado y converge con las mejores prácticas europeas. El Gobierno está apostando firmemente por construir más viviendas, generar mejor regulación y ofrecer mayores ayudas, poniendo todos los recursos del Estado al servicio del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. No vamos a parar hasta consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar. 

Agradezco a mis padres que me educaron en el esfuerzo, el trabajo y la humildad; y en el respeto a mis mayores. Hoy esos valores me inspiran en la importancia de preservar la vertebración entre generaciones como garantía de la igualdad de oportunidades. Entre otros motivos, porque el futuro de España pasa por el talento y la capacitación de las personas más jóvenes. Y uno de los principales retos que tenemos como país estriba, precisamente, en dar cobertura a una juventud plena, emancipada e independiente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha expresado con claridad desde el principio de la legislatura: la juventud reclama oportunidades y este Gobierno va a dárselas.  

El Día Internacional de la Juventud, que se conmemora hoy, nos permite recordar que la cohesión intergeneracional, indisociable de la cohesión social y territorial, ha sido clave para materializar el éxito colectivo en la historia reciente de España. Desde la empatía de quien, por edad, se siente aún cercana a la experiencia de las mujeres y hombres jóvenes, confieso que me marcó el hecho de disfrutar de oportunidades que mis padres y abuelos nunca tuvieron en una región, Castilla-La Mancha, en la que yo misma tuve el privilegio de ser directora general de Juventud. 

Tengo muy presente lo que para mí representó, gracias al despliegue del sistema autonómico, el acceso a la universidad. No solo como un proceso de aprendizaje y de formación académica, sino como una palanca para hacer efectivo el ascensor social. Pertenezco a una generación que ha podido cursar estudios superiores en un país como España, que ahora dispone de medio centenar de universidades públicas. Esto parece una obviedad, pero no lo era hace tan solo unas décadas, en las que el acceso a estudios terciarios estaba vetado en función de la renta o de la clase social en la que tuvieras la suerte de nacer.

La equidad, por tanto, debe seguir siendo un elemento clave en las políticas transversales dirigidas a la cohesión intergeneracional. Este es un axioma que el Gobierno tiene muy claro no solo fruto de profundas convicciones soldadas a la defensa del Estado de Bienestar, sino por una elemental razón pragmática: si unimos todas las fuerzas de las distintas generaciones y el impulso de las más jóvenes lograremos los avances que deseamos. 

Justo por eso comprendo en toda su dimensión las preocupaciones de una juventud golpeada por tres crisis, desde la de hace una década a la desatada a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia pasando por la pandemia. El grueso de los problemas de la juventud entronca con el desempleo y la precariedad laboral. Y es evidente que estos factores han incrustado en la psicología colectiva una sensación de desesperanza y de carencia de expectativas hasta el punto de considerar que la juventud de ahora no dispondrá de más posibilidades que las que disfrutaron sus padres. 

Desde el reconocimiento a las dificultades del presente, combato esta idea. Sencillamente, porque no es cierta. Me niego a asumir la máxima de que esta generación no va a vivir mejor que sus progenitores. Y defiendo sin ambages la importancia de las instituciones a la hora de velar por los más jóvenes. 

Amelia Valcárcel, una de las voces más representativas de la lucha por la igualdad, suele hacer hincapié en el concepto de liderazgo para alentar a la juventud a afrontar su propio futuro en un mundo siempre complejo y en tránsito. La realidad de este colectivo será la que determinemos entre todos y todas. Pero necesitamos liderazgos para encarar los desafíos globales que hay por delante. Liderazgos para transformar, no solo para que alguien nos siga. 

Durante esta legislatura estamos haciendo una apuesta por la intervención de lo público para proteger a las clases medias y trabajadoras, y para afrontar una transformación del aparato productivo que pasa por la ciencia, el talento y la innovación. Estamos hablando de un proyecto de luces largas que va a protagonizar la juventud de hoy y también la del mañana. Por eso el Plan de Recuperación sitúa la justicia intergeneracional como un objetivo preferente para alcanzar un modelo económico y social sostenible.

Según la encuesta 'El futuro es ahora' (2021), la mitad de la juventud española está de acuerdo con la afirmación de que España es un país avanzado en la reducción de las desigualdades. Este Gobierno tiene muy presente que el futuro de nuestro país pasa por atender los problemas y las necesidades de la juventud. De ahí la adopción de medidas, dentro del plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, como la limitación de la subida del alquiler o la bonificación al 100% de todos los abonos en Cercanías, Rodalies y media distancia.

España está siendo capaz de liderar un cambio en la Unión Europea para afrontar la crisis de una manera distinta a la de 2008. Las recetas para el ‘crack’ de hace una década fueron paliativas, coyunturales y cortoplacistas. La tasa de desempleo juvenil llegó a ser del 55% en nuestro país en el segundo trimestre de 2013, lo que provocó un éxodo de jóvenes para encontrar trabajo en el exterior.

Ahora hemos decidido convertir las políticas para la juventud en política de Estado. No solo haciendo frente a las turbulencias del presente, sino manteniendo la senda de modernización trazada. Estamos liderando una revolución de lo público y lo privado, a través de los fondos de recuperación y de planes estratégicos como los del sector aeroespacial y el de los semiconductores, que se traducen en empleos de calidad y que generan oportunidades de vida. 

Como resultado de esta apuesta modernizadora y de la aplicación de la reforma laboral, la última EPA ha certificado una mejora sustancial en la contratación de los jóvenes. De hecho, uno de cada dos contratos que se han creado son para este segmento de la población. Esto no había pasado nunca en nuestro país. En tan solo 15 meses hemos reducido la tasa de paro juvenil más de diez puntos. Y nunca en la historia se había creado tanto empleo indefinido, lo que contribuye a que los jóvenes puedan emanciparse. 

A ello se suman dos conquistas de calado. Por un lado, la determinación con la que hacemos efectivo el derecho a la vivienda, tanto con una nueva norma en la materia como con medidas como el Bono Alquiler para jóvenes de hasta 250 euros al mes durante dos años. Por otro, la subida del salario mínimo hasta 1.000 euros, que es una cifra por la que mi generación peleó duramente. No nos conformamos. En otoño, el Consejo de Ministros abordará la subida del SMI para que alcance el 60% del salario medio. 

Las nuevas leyes de Universidades, de Educación y de Formación Profesional, además de potenciar el sistema público de enseñanza a todos los niveles, adecúan los niveles de cualificación de la población activa a las necesidades de los sectores productivos. Con una novedad sin precedentes: el alza de las becas hasta más de 2.000 millones de euros, que se añade a una beca complementaria de 400 euros hasta final de año para alrededor de un millón de estudiantes. “Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen”, sostenía Concepción Arenal. En esta materia, ya no es imposible lo que hasta hace unos años lo parecía. A más becas, más oportunidades y más igualdad. 

Con ello no quiero obviar los retos pendientes para nuestros jóvenes. Hay que salir de la crisis mejor de lo que se entró en ella, con una economía y un Estado de Bienestar más prósperos, sostenibles y resistentes que antes. Y los pilares de esta transformación, como la educación, la transición ecológica o la industria digital, son clave para el pegamento social que supone blindar el futuro de la juventud. Pertenezco a un Gobierno inconformista que está esperanzado en una generación que va a conseguir vivir más feliz de lo que lo hayan hecho nuestros padres. Es algo que dependerá de nosotros y de nosotras. Dependerá de vosotros y vosotras, la juventud española. Sois imprescindibles y necesitamos contar con vosotros para transformar España. Nada está escrito.

Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. El conocido aforismo de Arthur Miller resulta especialmente indicado para subrayar la labor fundamental que desempeña el periodismo en la forja colectiva de democracias como la española. El ejercicio libre de los medios de comunicación, en el marco de un Estado de Derecho que ampara la libertad de expresión, constituye una piedra angular de la sociedad.

Con motivo del Día del Periodista, que se conmemora el 24 de enero, quiero reconocer en mi nombre y en el de todo el Gobierno el papel que desempeñan los profesionales de la comunicación en aras de garantizar el derecho que asiste a los ciudadanos a acceder a una información libre y veraz. 

Los periodistas son los ojos y los oídos de la ciudadanía. Informan, interpretan, analizan, contextualizan. Sin ellos no sería posible articular nuestro sistema democrático, siendo esencial su doble función informativa y fiscalizadora de los gobernantes y de los acontecimientos que sacuden nuestro tiempo.  

Periodista es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Lo dijo el periodista italiano Eugenio Scalfari y conviene recalcarlo como paradigma de la tarea indispensable y compleja que tiene encomendada esta profesión.

La Constitución Española, en su artículo 20, reconoce y protege las libertades de expresión y de prensa como parte de los derechos fundamentales para garantizar las libertades públicas. Este axioma democrático resulta pertinente ponerlo en valor ahora más que nunca teniendo en cuenta los desafíos de extraordinaria envergadura que afronta el periodismo.

Al doble reto que plantea la transformación digital y los cambios en los hábitos de consumo se une la competencia desleal con empresas que operan en el negocio de la comunicación con el único interés de extraer un lucro económico, aunque sea a costa de erosionar el prestigio del oficio periodístico y de alimentar el fango de las noticias falsas.

Las fake news, ligadas al concepto de posverdad, no alude solo a las noticias falsas. Son medias verdades que imitan el contenido de las noticias en su forma, pero con la intención explícita de engañar. Existen diferentes tipos de desinformación: las monetaria, política y satírica. Su éxito depende de la capacidad de persuasión y del estímulo de emociones humanas. Los creadores de noticias falsas engañan sobre los cometidos y eluden la disciplina y el rigor inherentes a la prensa.

No cabe ambigüedad frente a corporaciones y particulares que no solo están dispuestos a degradar hasta niveles insondables la credibilidad del buen periodismo, sino que no muestran ningún tipo de escrúpulo a la hora de manipular a la audiencia, emponzoñar la vida pública e incluso desestabilizar el curso de los acontecimientos políticos e institucionales.

Podemos considerar las campañas de desinformación, máxime teniendo en cuenta como una amenaza que debemos tomarnos muy en serio. En consecuencia, debemos ser claros a la hora de advertir de la potencial peligrosidad de este fenómeno no solo para el normal desarrollo de la profesión periodística sino para la propia estabilidad de la democracia.

El sesgo deliberado en pseudoinformaciones lanzadas aprovechando el estallido del Covid-19 y las interferencias en distintas procesos electorales en Estados Unidos muestran la gravedad de una lacra que golpea al periodismo y cercena el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a recibir una información ajustada a los hechos. La pandemia de la desinformación se nutre del ruido que generan textos o piezas periodísticas que se presentan con apariencia de veracidad y también de la carencia de filtros adecuados. Urge frenar lo primero y corregir lo segundo.

El auge de las redes sociales ha exacerbado este fenómeno, pero no cabe culpabilizar a ningún soporte. Debemos apelar al principio de responsabilidad individual y también a la mejora de los mecanismos de verificación y de fact-checking. La libertad de prensa es sagrada en democracia, pero este ejercicio entraña deberes y responsabilidades. En este sentido, la Carta de Naciones contempla dos exigencias indeclinables. Por un lado, asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Por otro, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

Los demócratas debemos defender, ahora más que nunca, el periodismo libre frente a la farsa intencionada de quienes aspiran a contribuir fabricando las mal llamadas noticias falsas. Si una información parte de una falsedad ya no puede considerarse como tal, de modo que podemos concluir que no hay periodismo sin respeto estricto a la verdad. 

Según el reciente Barómetro Uteca sobre la Percepción Social de la Televisión en Abierto, casi el 70% de los españoles cree que los periodistas son la mejor garantía para combatir las fake news. Hay que poner en valor esta toma de conciencia por parte de la ciudadanía de nuestro país porque revela el compromiso con el modelo de libertades que los españoles nos dimos en 1978.

En paralelo a la valoración del trabajo que realizan los periodistas, debo hacer hincapié en la necesidad de proteger y respetar a los medios. En una democracia no cabe ni la intimidación, ni las presiones, ni las coacciones de ningún tipo. El respeto escrupuloso al cometido que desempeñan los profesionales de la información forma parte indisociable de las responsabilidades institucionales.  

El polaco Ryszard Kapuscinski, maestro de reporteros, sostenía que “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”.

Esto significa anteponer los hechos a la tergiversación; la seriedad, al morbo; y la calidad, a la inmediatez. Nada de esto sería posible sin la divisa de la ética profesional, un imperativo moral insoslayable, y sin mostrar respeto a las bases deontológicas de un oficio que García Márquez consideraba el mejor del mundo.

El periodismo es una pasión insaciable ante la realidad. Debemos reivindicar la vigencia de una actividad imprescindible para vertebrar la democracia. Y debemos hacerlo dignificando el trabajo de los hombres y mujeres que ejercen esta profesión, pero también combatiendo a quienes no tienen otro interés que el de manipular y desestabilizar.